27.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/58

1.

subraya especialmente que los entes locales y regionales serán los primeros que ejecuten la legislación europea relativa al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), y reitera las recomendaciones realizadas en su primer dictamen sobre el SECA aprobado en el 74o Pleno (CDR 177/2007 fin);

2.

identifica en este segundo dictamen sobre el SECA otras cuestiones específicas relacionadas con el plan de política de asilo en general y la legislación propuesta en particular, al tiempo que reitera los resultados originales;

3.

muestra su preocupación por el hecho de que los documentos objeto de examen en el presente dictamen no hacen una referencia adecuada a la dimensión local y regional. La inclusión de la dimensión local y regional es necesaria, tanto para la aplicación eficaz del SECA II como para el cumplimiento del principio de subsidiariedad;

4.

acoge con satisfacción el hecho de que se reconozca que, en este ámbito político, la armonización debe vincularse a la existencia de unas normas más estrictas «sólo de manera limitada». En particular, el Comité observa que puede haber costes derivados para los entes locales y regionales;

5.

señala que, en la medida en que el SECA se aplica a solicitantes de asilo y refugiados, debería seguir basado en los principios de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y que no debería permitirse ni insinuarse ninguna relajación de las normas;

6.

acoge con satisfacción el hecho de que una característica clave del plan de política de asilo y de la legislación asociada sea la unificación de las estrategias existentes en materia de asilo y de las distintas formas de protección subsidiaria. Esto es importante porque así se reconocen las limitaciones de la definición de refugiado y porque muchas personas que solicitan protección internacional pueden no ser refugiados en el sentido estricto (por ejemplo, personas que huyen de catástrofes naturales). Los procedimientos y requisitos de acogida aplicables, así como el estatuto concedido, deberían garantizar la igualdad de trato de estas personas;

7.

considera que, si la armonización se lleva a cabo con éxito, permitirá aliviar la carga desproporcionada a la que se enfrentan determinados entes locales y regionales como consecuencia de su situación geográfica o fronteriza, a lo que hay que sumar las diferencias existentes en las estrategias nacionales. El hecho de que en un Estado miembro los procesos y condiciones de acogida, o la aplicación de criterios de normas mínimas para la protección internacional, sean más estrictos (o así se perciba) que en otro podría contribuir al fenómeno de la migración secundaria en la UE. Esto complica la aplicación del SECA y podría suponer cargas indebidas para algunos Estados miembros y entes locales y regionales;

8.

destaca que la migración forzada se debe más a circunstancias externas a la UE que a las condiciones dentro de sus fronteras;

9.

recomienda a los Estados miembros que, cuando el acceso a la vivienda, el bienestar, la sanidad, la educación y el mercado de trabajo estén bajo la administración de entes locales o regionales, reconozcan la necesidad de ser solidarios y compartir la carga a escala subnacional;

10.

considera que, a fin de que la política de armonización europea tenga éxito, los entes locales y regionales podrían requerir apoyo europeo directo adicional o garantías de que se beneficiarán de manera proporcional de los fondos asignados a los Estados miembros;

11.

reconoce que hay una serie de cargas desproporcionadas resultantes de una localización geográfica en las fronteras de la UE y de características demográficas que pueden obstaculizar la eficacia de la armonización y, por ello, conviene en que la mayor armonización de las normas nacionales a través del SECA debe ir acompañada de un incremento de la cooperación práctica, al objeto de repartir la responsabilidad del asilo entre los Estados miembros y las regiones de forma equitativa;

12.

muestra su preocupación por el hecho de que el plan de política de asilo no aborde cuestiones como el funcionamiento de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex), la armonización o la cooperación práctica. La mayor atención prestada en las propuestas sobre el SECA a los derechos humanos en general, y a los derechos humanos de las personas vulnerables en particular, debería reflejarse en las normas de regulación de Frontex;

13.

subraya la necesidad de mejorar la comunicación a nivel local y regional en lo que se refiere a la diferencia entre migración forzada y no forzada, y entre receptores y solicitantes de protección internacional, a fin de garantizar que las comunidades dispongan de mensajes documentados y positivos sobre los beneficiarios de la protección internacional;

14.

acoge con satisfacción el hecho de que en esta Directiva se combinen medidas para cubrir las normas de acogida, tanto para solicitantes de asilo como para solicitantes de protección subsidiaria;

15.

señala que, en la armonización de las normas de acogida, la asistencia social prestada a los solicitantes de asilo relativa a vivienda, servicios de bienestar, sanidad, educación y acceso al mercado de trabajo en todo caso debería proporcionarse a un nivel no superior al prestado a la población nacional;

16.

considera que las garantías sobre derechos humanos que se proponen, incluidas las medidas especiales para personas vulnerables, deberían aplicarse a todas las formas de tramitación, incluida la tramitación extraterritorial como la que se prevé en el apartado 5.2.3 del plan de política de asilo. Cualquier avance en esta dirección requerirá un control exhaustivo, especialmente en relación con su legalidad, eficacia y oportunidad;

17.

acoge con gran satisfacción el reconocimiento que se hace en el artículo 8, apartado 1, según el cual no se podrá internar a una persona por la única razón de que sea un solicitante de protección internacional, como solicitó el Comité en el punto 16 de su primer dictamen sobre el Sistema Europeo Común de Asilo. El Comité reconoce que pueden existir buenas razones para que las autoridades competentes internen a algunos solicitantes, como, por ejemplo, a aquellos que presentan mayor posibilidad de fuga;

18.

conviene en que estas propuestas pueden beneficiar tanto al solicitante de asilo como al Estado miembro, aunque reconoce que se trata de una propuesta controvertida para algunos Estados miembros, especialmente aquellos con desempleo creciente y sujetos a presión debido a su situación geográfica. El Comité se congratula de que el artículo 15.2 de la Directiva de acogida refundida también deje claro que «los Estados miembros decidirán las condiciones en las que puede concederse al solicitante el acceso al mercado de trabajo»;

19.

reitera sus puntos de vista sobre la política de integración expresados en los puntos 34-38 de su primer Dictamen sobre el Sistema Europeo Común de Asilo, y llama la atención sobre su Dictamen de 11 de octubre de 2007 sobre la «Aplicación del planteamiento global sobre la migración a las fronteras de la UE» (CDR 64/2007 fin); las conclusiones de la conferencia celebrada en Tenerife en octubre de 2007 sobre «El papel de las regiones y ciudades en la gestión de los flujos migratorios», organizada conjuntamente por el Comité de las Regiones y el Gobierno de Canarias; el Dictamen de 15 de junio de 2006 sobre el tema «La protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación» (CDR 53/2006), en el que se abordó la política de integración; y el Dictamen de 12 de febrero de 2009 sobre «Los entes regionales y locales en primera línea de las políticas de integración» (CDR 212/2008); así como sobre las conclusiones del seminario celebrado en Atenas en octubre de 2008 sobre «El papel de las ciudades y regiones en la integración de los inmigrantes», organizado por el Comité de las Regiones y la Unión local de municipios y comunidades del Ática;

20.

reafirma la recomendación realizada en el punto 4 de su primer dictamen sobre el Sistema Europeo Común de Asilo de que la legislación europea debería exigir que cada Estado miembro cree un sistema de redes de entes locales para integrar de manera consciente a los refugiados;

21.

considera problemático establecer la validez de las disposiciones nacionales en materia de prestaciones sociales para los solicitantes de asilo y sugiere en cambio que se reflexione sobre la posibilidad de garantizar una asistencia básica con arreglo a unos estándares mínimos uniformes a nivel europeo;

22.

reconoce que las disposiciones relativas a las prestaciones materiales revisten una importancia particular para los entes locales y regionales, que desempeñan un papel importante a la hora de prestar servicios de vivienda, bienestar, sanidad y educación. Aunque los Estados miembros pueden disponer libremente sobre la aplicación de estas normas, deberían asegurarse de que los entes locales y regionales dispongan de medios financieros adecuados cuando deban desempeñar obligaciones adicionales;

23.

subraya la necesidad de formación del personal de los entes locales y regionales encargado de evaluar los recursos con los que cuentan los solicitantes, tal como se sugiere en estas disposiciones, a fin de garantizar que los propios solicitantes de protección internacional no contribuirán al coste de las condiciones materiales de acogida o de la asistencia sanitaria si no es necesario;

24.

reitera su profunda preocupación por las personas vulnerables (puntos 29-33 de su primer dictamen sobre el SECA), y acoge con satisfacción los pasos dados con vistas a abordar esta cuestión. En particular, el Comité llama la atención sobre las necesidades sanitarias de los solicitantes de protección internacional en condiciones que han dado lugar a lesiones, malnutrición y trastornos psicológicos. Dado que a menudo los servicios sanitarios se prestan a nivel local o regional, hay que investigar, determinar y aliviar las cargas que soportan determinadas regiones;

25.

la armonización del trato dado a los solicitantes de asilo que han fracasado en su empeño podría ayudar a reducir la migración secundaria. No obstante, debe permitirse actuar a fin de incentivar a los interesados a marcharse voluntariamente. Estas acciones no deberían afectar necesariamente a la asistencia médica o a la ayuda de subsistencia facilitada a las personas de este grupo;

26.

señala que la indigencia forzosa y la denegación de atención sanitaria nunca deberían utilizarse para llevar a cabo políticas en materia de inmigración y asilo con vistas a la expulsión de los solicitantes a los que se les ha denegado protección internacional;

27.

acoge con satisfacción el hecho de que la Directiva de acogida y los demás instrumentos de refundición del SECA II contemplen una definición clara de un menor, en concreto «el nacional de un tercer país o apátrida menor de 18 años». De igual modo, cabe aplaudir el hecho de que cada uno de los instrumentos prevea garantías adicionales para los menores. Sin embargo, aunque una persona identificada como menor se beneficiará de estas garantías, no existe una protección suficiente para los solicitantes de protección internacional cuya edad sea puesta en tela de juicio por el Estado miembro que recibe al solicitante, tramita la solicitud y toma una decisión, o aplica los criterios de Dublín;

28.

señala que las condiciones materiales de acogida serán la primera parte del SECA que los solicitantes de protección internacional experimentarán. Por tanto, resulta vital que, en los casos en que se cuestione la edad de un solicitante, sean tratados como menores hasta que se demuestre que no lo son (con el debido respeto de los derechos y la seguridad de los demás solicitantes de protección internacional); que en todo momento reciban un trato humano y digno; y que se apliquen las garantías jurídicas a los procedimientos de determinación de la edad, en particular cuando se recurra a exámenes médicos. Si en este punto se evalúa de manera errónea la edad del solicitante, al menor solicitante de protección internacional se le podrían denegar de manera equivocada los mayores niveles de protección que la legislación sobre el SECA II pretende consagrar para los menores;

29.

reconoce la presión extraordinaria que se ejerce sobre algunos entes locales y regionales para la prestación de servicios a menores no acompañados o a un gran número de menores, y recomienda que se proporcione a dichos entes los recursos adecuados;

30.

señala que reviste una importancia particular para las regiones, dado que, de conformidad con el sistema de Dublín, los solicitantes de asilo pueden ser trasladados al primer Estado miembro por el que entraron, lo que ejerce presión sobre los Estados miembros y regiones que se encuentran en las fronteras exteriores de la UE y que constituyen los principales puntos de entrada;

31.

respalda el objetivo de mejorar la eficacia del sistema, pero solo cuando sea coherente con la aplicación de las normas y procedimientos armonizados en materia de acogida y normas mínimas. Esto garantizará que un Estado miembro que traslade nacionales de terceros países a otro Estado miembro no incumpla sus propias obligaciones derivadas del Derecho humanitario internacional, incluido el derecho a respetar la vida familiar, el mejor interés del menor y la prohibición de devolución, incluida la devolución indirecta, de conformidad con el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el artículo 33 de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y el artículo 3 de la Convención de 1984 contra la Tortura. Las disposiciones de la propuesta de Reglamento solo deberían entrar en vigor una vez que se hayan aplicado plenamente las Directivas revisadas sobre acogida, procedimientos y normas mínimas;

32.

aplaude el artículo 6 sobre la protección de los menores no acompañados, que aborda en parte las preocupaciones planteadas en los punto 29-33 del primer dictamen del Comité sobre el Sistema Europeo Común de Asilo. Se deberían introducir garantías efectivas para otras personas vulnerables, como mujeres embarazadas y personas con discapacidades. El Reglamento también debería abordar las deficiencias que existen en relación con el mantenimiento de la unidad familiar;

33.

acoge con satisfacción el reconocimiento que se hace en el artículo 27 de que en ningún caso debe internarse a una persona por la única razón de que solicite protección internacional, lo que recoge la sugerencia realizada por el Comité en el punto 16 de su primer dictamen sobre el Sistema Europeo Común de Asilo;

34.

respalda los procedimientos propuestos en el artículo 31 para la suspensión de las disposiciones contenidas en este Reglamento en los casos en que un Estado miembro se enfrente a una situación particularmente urgente que imponga una carga excepcionalmente pesada a sus capacidades de recepción;

35.

sugiere que se cree un medio formal de comunicación entre las regiones y la Comisión Europea para poner de relieve situaciones que puedan dar lugar al uso de su discreción conforme al artículo 31, apartado 2, cuando las condiciones en el Estado miembro en general no satisfagan el nivel previsto en el apartado 1 de dicho artículo. Sin embargo, y a fin de evitar un uso abusivo de estas disposiciones, la Comisión debería controlar de cerca la situación y considerar si se trata de una situación verdaderamente urgente, o si el incumplimiento de la Directiva por la que se establecen normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo y la Directiva 2005/85/CE debería dar lugar a un procedimiento de infracción, de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE;

36.

acoge con satisfacción el hecho de que se reconozca que la armonización de las normas procesales debe ir acompañada de «mejores normas» en la tramitación de solicitudes de protección internacional. Esto permite reducir el tiempo que se necesita para tomar una decisión. Unos periodos de evaluación largos pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar mental, lo que podría traducirse en un uso importante de recursos locales y regionales. Incluso cuando las decisiones se toman como parte de una estrategia nacional (más que regional), los retrasos pueden traducirse en una presión indebida sobre los entes locales y regionales en los que se celebran las vistas o juicios;

37.

acoge con satisfacción el hecho de que se reconozca que las normas mínimas deben ir acompañadas de «mejores normas». Dado el contexto humanitario de cualquier legislación relativa a la cuestión de los refugiados, se debería dar prioridad a encontrar soluciones al problema de la incoherencia en el reconocimiento de los refugiados por encima de soluciones al problema de la migración secundaria causada por las diferencias en las prestaciones sociales y el acceso al mercado de trabajo. Las consecuencias de una denegación injusta de protección internacional son especialmente graves;

38.

acoge con satisfacción el mayor hincapié que se hace en la protección subsidiaria. El Comité aplaude la atención prestada en el apartado 3.3 del plan de política de asilo a las mejoras en la aplicación de la llamada «alternativa de huida interna», en particular. Esta «alternativa» nunca debería usarse para enmascarar la devolución;

39.

reconoce que las mejoras en la calidad de la toma de decisiones sobre asilo y protección subsidiaria, que incluyen el intercambio de mejores prácticas sobre la interpretación de la legislación en vigor y de las propuestas legislativas, reducirán el número de recursos (que en algunos Estados miembros es elevado). También podrían contribuir a aumentar el número de regresos voluntarios de aquellos solicitantes a los que se les haya denegado la protección internacional. El éxito en estos dos ámbitos reducirá la presión desproporcionada a que están sometidas las regiones a la hora de prestar apoyo a personas a las que se les ha negado asistencia a escala nacional;

40.

reitera que, de conformidad con el Derecho internacional, las personas desplazadas tienen derecho a solicitar protección internacional, incluso aunque hayan entrado ilegalmente en la UE; e insiste en que, por lo tanto, el modo de entrada en la UE no debería perjudicar a los solicitantes de protección internacional, en particular a las víctimas del tráfico de personas;

41.

observa que la «credibilidad» no forma parte de la definición internacional o europea de refugiado, pero que muchas solicitudes de protección internacional son rechazadas, no obstante, por motivos de credibilidad. Los solicitantes a los que se les ha denegado protección internacional podrían necesitar apoyo adicional de los entes locales y regionales antes de abandonar la UE y, por tanto, resulta esencial que las solicitudes no sea rechazadas indebidamente por motivos de credibilidad;

42.

recomienda que la Directiva sobre normas mínimas refundida establezca de manera más clara que las disposiciones sobre credibilidad (actualmente artículo 4, apartado 5) son complementarias de la definición de refugiado: explican las circunstancias en las que las declaraciones no justificadas de una persona pueden ser admitidas como prueba a fin de contribuir al grado de prueba necesario para demostrar hechos que obliguen a solicitar protección internacional;

43.

subraya la necesidad de crear redes a escala local y regional para intercambiar información y mejores prácticas sobre cuestiones de asilo, y de proporcionar recursos financieros adecuados a las actividades de estas redes;

44.

acoge con satisfacción la decisión de crear una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), y considera que ello contribuirá activamente a la mejora de las normas internacionales y a una mayor coherencia de enfoques;

45.

considera que se debería incluir al Comité de las Regiones en el apartado 17 de la propuesta de Reglamento, en la rúbrica «otros organismos comunitarios» (artículo 49);

46.

subraya la importancia de llevar a cabo investigaciones y estudios comparativos para mejorar la base de conocimientos, tanto a nivel político como práctico, y que los entes locales y regionales desempeñarán un papel fundamental a este respecto. Se debería incluir una mención a los entes locales y regionales en relación con el «intercambio de información y buenas prácticas» (artículo 3) y la «recogida e intercambios de información» (artículo 11);

47.

pide claridad en el marco reglamentario propuesto y en los indicadores de medición de la eficacia del desarrollo de políticas y de la prestación de servicios;

48.

recomienda que se desarrollen programas de financiación a los que puedan acceder los entes locales y regionales. a fin de mejorar la percepción que tiene el público sobre las cuestiones de asilo en zonas donde esto podría mejorar la información y la integración en la comunidad. El foro consultivo debería incluir a los entes locales y regionales y al Comité de las Regiones;

49.

recomienda igualmente que la OEAA desempeñe un papel fundamental en el establecimiento de relaciones con terceros países, ONG y organismos internacionales;

50.

subraya firmemente la contribución de los entes locales y regionales a la consecución de un alto nivel de gestión práctica de los solicitantes de asilo y refugiados. Asimismo, el desarrollo de formación para el personal en las fronteras, los centros de acogida y las instalaciones de reasentamiento es crucial para el fomento de programas de protección internacional;

51.

expresa su honda preocupación ante la falta de representación de entes locales y regionales en el Consejo de Administración, y recomienda que se refuercen los mecanismos administrativos de la OEAA mediante la inclusión de una representación del CDR, y que se lleven a cabo consultas con regularidad;

52.

señala que aunque la solidaridad entre Estados miembros se considera un elemento fundamental de las propuestas, en particular en lo que se refiere a las modificación del Reglamento de Dublín II, las propuestas siguen dejando un margen de maniobra considerable a los Estados miembros a la hora de aplicar las políticas. Es importante reconocer que, al igual que existe una necesidad de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados miembros, esto también es necesario a nivel interno;

53.

reitera su satisfacción por el apoyo práctico ofrecido a los Estados miembros por el Fondo Europeo para los Refugiados y el Fondo para el retorno de los refugiados, como se expresa en el punto 46 del primer Informe del Comité sobre el SECA. Estos fondos revestirán una importancia especial para aplicar con éxito las Directivas sobre acogida y procedimientos. El Comité quiere garantías de que los entes locales y regionales tendrán acceso directo a estos fondos y que podrán participar en el control de la asignación de la ayuda a través de ellos;

54.

acoge con cautela la posibilidad de tramitar de manera conjunta los casos específicos de la UE, siempre desde el máximo respeto por los derechos humanos y el principio de que cada caso debe ser examinado de manera individual;

55.

señala la importancia del reasentamiento voluntario y acoge con satisfacción las propuestas con vistas a lograr mejoras. El Comité pide que se confirme que se establecerán mecanismos para consultar a los entes locales y regionales a este respecto, dada la importancia del papel que desempeñan en la integración acertada de los refugiados y otros beneficiarios de protección internacional. El Comité señala que, bien gestionado, el reasentamiento voluntario permitirá a las regiones beneficiarse de una migración gestionada de manera constructiva;

56.

acoge favorablemente las comunicaciones de la CE, y considera que esta iniciativa fomentará la solidaridad en las prácticas de reasentamiento y mejorará las normas en todos los Estados miembros, en particular en lo que se refiere al papel de los entes locales en la acogida, reasentamiento e integración de las personas reasentadas;

57.

acoge con especial satisfacción la transformación del Grupo de Expertos en Reasentamiento y destaca el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en los procesos de acogida y reasentamiento, y que su contribución a la identificación de las necesidades, prioridades anuales e intercambio de buenas prácticas se reconozca como experiencia de las partes interesadas en el seno de este Grupo;

58.

pide que se destinen recursos suficientes, de la financiación propuesta por la Comisión Europea para ayudar a las personas reasentadas, a los entes locales y regionales que han de desempeñar un papel clave en la aplicación exitosa del programa de reasentamiento de la UE.