(13 bis)

En caso de violación de una medida europea de vigilancia, la autoridad de expedición podrá decidir dictar una orden de detención europea para trasladar al sospechoso al Estado de emisión. En estas circunstancias, que deberán limitarse estrictamente a la aplicación de la presente Decisión marco, la Decisión marco 2002/584/JAI, cubre todos los delitos en relación con los cuales puede dictarse una orden europea de vigilancia.

(17 bis)

Es necesario un repertorio común uniforme de garantías procesales como requisito previo para conseguir una aplicación equitativa y eficaz de las medidas relacionadas con la cooperación judicial en asuntos penales. Teniendo debidamente en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo, el Consejo debe adoptar con carácter inmediato un instrumento jurídico sobre garantías procesales en los procedimientos penales, basado en el principio de la presunción de inocencia, que debe incluir como mínimo la autorización de la autoridad judicial para cualquier restricción o privación de libertad, el derecho a una «carta de derechos», a la defensa jurídica, a la práctica de las pruebas, a ser informado sobre la naturaleza o los motivos de las imputaciones y los fundamentos de las sospechas, al derecho de acceso a todos los documentos pertinentes en una lengua que el interesado entienda y a un intérprete.

a)

«Resolución sobre medidas de vigilancia», una resolución ejecutiva adoptada en el transcurso de una actuación penal por una autoridad competente del Estado de emisión, adoptada con arreglo a su Derecho y procedimientos nacionales que imponga a una persona física una o más medidas de vigilancia como alternativa a la detención provisional.

a)

«Resolución sobre medidas de vigilancia», una resolución ejecutiva adoptada en el transcurso de una actuación penal por una autoridad judicial competente del Estado de emisión, adoptada con arreglo a su Derecho y procedimientos nacionales que imponga a una persona física una o más medidas de vigilancia como alternativa a la detención provisional.

(d bis)

«autoridad competente en el Estado de emisión»: el tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal competente, con arreglo a la normativa nacional, para dictar una resolución sobre medidas de vigilancia;

(d ter)

«autoridad competente en el Estado de ejecución»: el tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal competente, con arreglo a la normativa nacional, para ejecutar y hacer el seguimiento de una resolución sobre medidas de vigilancia;

f bis)

Obligación de depositar una suma determinada o dar otro tipo de garantía, en un determinado número de plazos o en un pago único.

c)

Obligación de depositar una suma determinada o dar otro tipo de garantía, en un número determinado de plazos o en un pago único.

—

pertenencia a una organización delictiva

—

terrorismo

—

trata de seres humanos

—

explotación sexual de niños y pornografía infantil

—

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

—

tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos

—

corrupción

—

fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas

—

blanqueo del producto del delito

—

falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro

—

delitos informáticos

—

delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas

—

ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal

—

homicidio voluntario, agresión con lesiones graves

—

tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos

—

secuestro, detención ilegal y toma de rehenes

—

racismo y xenofobia

—

robo organizado o a mano armada

—

tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte

—

estafa

—

chantaje y extorsión

—

violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías

—

falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos

—

falsificación de medios de pago

—

tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,

—

tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares

—

tráfico de vehículos robados

—

violación

—

incendio voluntario

—

delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional

—

secuestro de aeronaves y buques

—

sabotaje.

(d)

en los casos mencionados en el artículo 14, apartado 3, y, de haber presentado el Estado de ejecución una declaración con arreglo al artículo 14, apartado 4, en los casos contemplados en el artículo 14, apartado 1, si la resolución sobre medidas de vigilancia se refiere a hechos no constitutivos de infracción según el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en materia fiscal, aduanera y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la resolución aduciendo que el Derecho del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de tasas o impuestos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos de aduana o de cambio que el Derecho del Estado de emisión.

2.

Si las presuntas infracciones señaladas en el punto 1 se corresponden con alguna de las siguientes presuntas infracciones, definidas con arreglo al Derecho del Estado de emisión, y están castigadas en él con una pena privativa de libertad o medida de privación de libertad de un máximo de al menos tres años, confírmelo marcando las casillas correspondientes:

3.

En caso de que las presuntas infracciones señaladas en el punto 1 no estén contempladas en el punto 2 o si la resolución, así como el certificado, se remiten a un Estado miembro, que declaró que comprobará la doble tipificación (artículo 14, apartado 4, de la Decisión marco), descríbanse con precisión las presuntas infracciones de que se trate: