Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad»

El 17 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad»

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de abril de 2009 (ponente: Lutz Ribbe).

En su 453o Pleno de los días 13 y 14 de mayo de 2009 (sesión del 14 de mayo de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 153 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1.1. El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y suscribe los objetivos que figuran en ella de reducir la deforestación o la degradación tropical en al menos un 50 % para 2020 y detenerla antes de 2030. Espera de la UE una actuación mucho más enérgica que en el pasado.

1.2. Aunque la evolución descrita pueda achacarse en algunos casos a la población local – por ejemplo, la agricultura de subsistencia –, el núcleo principal de la degradación obedece a otras causas. La mayoría de las veces son personas o consorcios con actividades en parte a escala mundial y que se embolsan ganancias a veces exorbitantes en detrimento del medio ambiente, el clima, la biodiversidad y la población local, dejando tras sí, en el sentido más auténtico de la expresión, tierra quemada.

1.3. El hecho de que se haya podido llegar a esta situación obedece no sólo a los motivos económicos directos señalados por la Comisión en combinación con condiciones de propiedad del suelo no aclaradas y sistemas administrativos corruptos o ineficaces. También los países a los que se exportan los productos tienen una gran parte de responsabilidad, incluida la UE. El CESE, por consiguiente, celebra que la Comisión desee analizar la correspondiente contribución directa e indirecta de la UE y extraer las consecuencias que se impongan.

1.4. Es una buena decisión que la UE adopte una posición de liderazgo en la lucha contra la deforestación. Es evidente que para ello la comunidad internacional debe aportar también contribuciones financieras. El CESE, no obstante, exhorta a todos los responsables políticos a respetar determinados principios. En general, debería aplicarse siempre el principio de «quien contamina, paga»: es decir, que todo aquel que – legalmente – adopte una medida atentatoria contra el medio ambiente debe acarrear con los necesarios costes de reparación. Por ello, la «internalización de los costes externos», reclamada a menudo por el CESE, debe adoptarse por fin a escala mundial y hacerse compatible con los principios de la OMC. El principio de «quien contamina, paga» no ha de edulcorarse convirtiéndolo en el principio de que «el erario público paga», en virtud del cual el contribuyente – es decir, los poderes públicos – pagarían por la omisión de reparación ambiental.

1.5. Convendría aclarar a los países que quieren beneficiarse de instrumentos de financiación destinados a reducir la deforestación o la degradación forestal que su interés no está en un «tráfico de indulgencias», sino en un desarrollo sostenible. La lucha contra la tala y el comercio ilegales de madera debe ser la primera piedra de toque en este contexto. No tiene sentido transferir fondos a los países que ni siquiera están dispuestos a luchar activamente, con o sin apoyo de la UE, contra las talas ilegales de árboles.

1.6. Aunque no se hayan desarrollado definitivamente las distintas medidas que la UE pretende adoptar para solucionar este problema mundial, se hace ya evidente en la actualidad que se tratará de medidas de carácter preferentemente voluntario (1). Resulta, sin embargo, que la comunidad mundial, que apuesta por la liberalización y la globalización, tropieza rápidamente con límites cuando el objetivo es la lucha mundial contra la explotación ambiental y social. Ya que se carece de instrumentos eficaces a escala mundial para tal fin, se exhorta a la UE a que al menos vele por que, en el marco de la OMC, no se siga calificando de «obstáculos comerciales» a las iniciativas correspondientes.

1.7. El CESE puede comprender en principio el «enfoque de la voluntariedad“, pero espera de la UE que a más tardar dentro de tres años evalúe en un informe intermedio si las medidas tienen también efectos concretos y se cumplen los objetivos. Si se pusiera de manifiesto que la deforestación y degradación forestal continúan, se deberían prever acciones” más duras».

1.8. Los sistemas de certificación son una primera posibilidad para conseguir mejoras. Deberían aplicarse no sólo a todas las maderas y productos de la madera importados, sino también a otros productos procedentes de las correspondientes regiones (por ejemplo, piensos o biomasa para explotación energética).

1.9. El ejemplo de la deforestación y degradación forestal muestra también lamentablemente, a juicio del CESE, que la política de desarrollo ha fracasado casi por completo, al menos en las regiones objeto de debate en el presente contexto. No se han desarrollado modelos innovadores y prometedores, adaptados regionalmente, cuyas consecuencias habrían tenido una evolución distinta de la del actual saqueo de los recursos naturales. No obstante, nunca es demasiado tarde para fomentar planteamientos pertinentes que cuenten con la población local y vayan destinados a ella. La UE debería integrar en sus reflexiones estratégicas iniciativas idóneas para el desarrollo de estructuras democráticas y el apoyo de la sociedad civil. El CESE vuelve a brindar su colaboración para tales planteamientos.

2.1. En la Comunicación de la Comisión no se abordan las superficies forestales de la UE. Se examina por el contrario la cuestión de cómo proteger mejor con vistas al futuro las superficies forestales sobre las que no existen actualmente acuerdos internacionales, como, por ejemplo, en el marco del acuerdo sobre protección del clima.

2.2. Según estimaciones de la FAO, cada año se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques, lo que representa aproximadamente la superficie de Grecia. El 96 % de la deforestación se produce en regiones tropicales y la mayor pérdida neta de cobertura forestal se registró entre 2000 y 2005 en diez países (2).

2.3. Las razones de la deforestación constante son, por una parte, complejas y múltiples y, por otra, al mismo tiempo, relativamente simples. Observaciones como las de la Comunicación de la Comisión: «Los bosques se destruyen porque a corto plazo es más rentable utilizar la tierra para otros usos que preservarlos», o bien: «Otros usos del suelo rentables, para obtener, por ejemplo, productos de base con un elevado valor comercial, constituyen incentivos a la deforestación» ponen de relieve que unos usos que no son en absoluto sostenibles pueden reportar rendimientos económicos extraordinariamente elevados. «Debe reconocerse explícitamente que uno de los factores principales de la deforestación es económico».

2.4. Otro de los factores que se señalan como causantes de la incesante pérdida forestal actual es el desarrollo de infraestructuras. Además, la Comisión escribe: «La principal causa subyacente es una gobernanza ineficaz, junto con políticas de ordenación territorial mal aplicadas y regímenes de propiedad inciertos».

2.6. La Comisión presenta en su Comunicación estimaciones sobre el valor económico de los bosques tropicales. Se remite, por ejemplo, a cálculos según los cuales, de mantenerse la tendencia actual, el valor de la pérdida ascendería en 2050 al 5 % del PIB mundial (3) y señala el importante potencial de mitigación de gases de efecto invernadero que podría explotarse a precios del carbono relativamente bajos por tonelada de CO2 ahorrada.

2.7. La Comisión afirma de modo inequívoco que «Ha llegado el momento de tomar medidas drásticas». Indica que el objetivo es «detener la pérdida de cobertura forestal mundial de aquí a 2030 y reducir la deforestación tropical en al menos un 50 % para 2020 en relación con los niveles actuales». Tiene la intención de incluir este objetivo en las negociaciones sobre el clima posteriores a Kioto.

2.8. Resumiendo: la Comisión estima indispensable la protección de los bosques a escala mundial y afirma que «la UE tiene que asumir el liderazgo para dar una respuesta política global a la deforestación».

2.9. Respecto de la posible contribución de la UE, en la Comunicación de la Comisión se indican diversos ámbitos de acción en el marco de la política actual. En dicho marco:

2.10. Más allá de la política actual, la Comisión centra su atención en la cuestión del volumen, fuentes de financiación de las medidas contra la deforestación y mecanismos para afrontar el desafío de la deforestación.

2.11. En el contexto del acuerdo global sobre el clima, la UE persigue el objetivo de establecer para el período 2013-2020 un sistema de incentivos apoyado a escala internacional para reducir la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo.

3.1. El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y, en relación con ella, el hecho de que la UE se sienta obligada a asumir un papel de liderazgo en la solución de un problema conocido desde hace decenios y debatido en múltiples ocasiones. Las próximas negociaciones para alcanzar un acuerdo global sobre el clima son un buen marco para tal fin.

3.2. El CESE quisiera en primer lugar manifestar su gran preocupación en el sentido de que es lamentable que la comunidad internacional haya asistido hasta ahora más o menos pasivamente a la destrucción forestal. Razones que aconsejaran haber intervenido antes existen en medida más que sobrada. La desaparición de las especies resultante de la deforestación o degradación forestal o la destrucción de los medios inmediatos de subsistencia de las poblaciones indígenas, la explotación indudable de los trabajadores o la expulsión de pequeños agricultores de sus tierras de producción ancestrales no son en modo alguno descubrimientos de última ahora. La protección del clima, por consiguiente, es sólo una nueva y suplementaria ocasión de abordar un problema antiguo con – esperemos – nuevo impulso.

3.3. El CESE comprende aún en cierto modo la postura de la Comisión cuando observa que la Comunicación presentada «no pretende dar respuestas definitivas a las numerosas cuestiones que plantea la deforestación». Pero espera de ella que no siga dando largas al asunto. La actuación se impone.

3.4. El Comité celebra las afirmaciones claras de la Comisión con respecto a las razones de la destrucción forestal. La Comisión revela que existen intereses económicos a corto plazo que hacen surgir estas formas de uso de la tierra absolutamente no sostenibles. Al mismo tiempo que regímenes de propiedad a veces completamente por aclarar, sistemas de administración inexistentes, poco eficaces o, en ocasiones, totalmente corruptos, se producen destrucciones que no sólo son sumamente problemáticas desde el punto de vista mundial, sino que suelen ignorar también por entero las necesidades de la población local.

3.5. El CESE reconoce naturalmente que en todas las regiones de nuestro planeta se deben ofrecer a las personas posibilidades de desarrollo económico. El CESE intenta desde hace años encontrar soluciones, en estrecho diálogo con grupos de la sociedad civil, por ejemplo en América Latina y Centroamérica, India y China. Pero lo que sucede en el marco de la deforestación y degradación forestal a escala mundial, objeto de la Comunicación de la Comisión, no tiene nada que ver con un desarrollo regional adecuado. Es explotación inaceptable del ser humano y del medio ambiente, sin el más mínimo atisbo de enfoque de desarrollo sostenible.

3.6. En los países que sufren una deforestación masiva se produce el fenómeno recurrente de un gran número de agricultores que talan e incendian los bosques para destinar el suelo a usos agrícolas y ganaderos. La injusta distribución de tierras y la ausencia de una política agraria en estos territorios provoca este derroche no sostenible de los recursos forestales.

3.7. Las explotaciones que se llevan a cabo suelen ser beneficiosas sólo para un número muy escaso de personas o empresas con actividades en parte a escala mundial, que se embolsan ganancias a veces exorbitantes en detrimento del medio ambiente, el clima la biodiversidad y la población local, y dejan tras sí en el sentido más auténtico de la palabra tierra quemada. Existen muchos ejemplos positivos que merecen fomentarse y muestran que también son posibles otros enfoques (4), esto es, que se pueden explotar de modo sostenible los recursos locales y, con ello, brindar a la población local nuevas perspectivas de ingresos y desarrollo.

3.8. Aunque las repercusiones de esta explotación abusiva son ante todo perceptibles in situ de manera inmediata y espectacular, tienen también – véanse cambio climático y pérdida de biodiversidad – una dimensión global. Es decir: la destrucción nos afecta a todos. Y todos tenemos que contribuir a solucionar los problemas.

3.9. De poco sirve que los países desarrollados se carguen de razón al denunciar la dramática situación de los países en desarrollo. En efecto, nosotros somos también parte del problema: una parte importante de los productos explotados – principalmente, materias primas brutas o productos apenas transformados – no encuentra salida comercial al nivel local, sino en lugares la mayoría de las veces muy alejados, a menudo en los países desarrollados. Existe, pues, una demanda de estos productos «baratos», también de Europa.

3.10. Por ello, es totalmente acertado que la Comisión intente en líneas generales responder a tres cuestiones:

3.11. El CESE celebra que la Comisión – junto con otras instituciones – dedique esfuerzos a enriquecer el debate sobre la protección del clima y la biodiversidad con datos económicos. Son ejemplos en tal sentido el informe STERN, según el cual despreocuparse de la protección del clima nos costará más caro que un ambicioso cambio de rumbo, o el informe Sukhdev, citado en el documento de la Comisión, que ofrece información sobre los valores económicos que pueden atribuirse a una biodiversidad intacta.

3.12. Estos estudios y estimaciones, no obstante, son también buenos ejemplos de que los valores económicos que describen existen por el momento sólo en el papel. En efecto, no enriquecen el PIB, no quedan reflejados en los balances económicos empresariales y no cotizan en bolsa. Por el contrario, el ejemplo de la destrucción forestal pone más que de manifiesto que existen extremas disparidades entre afán de lucro a corto plazo (= causa de la destrucción forestal) e intereses económicos globales a largo plazo (= preservación forestal por razones de clima y biodiversidad).

3.13. La explotación abusiva de nuestros recursos se produce en detrimento de todos. Estamos, por ello, en primer lugar ante el gran desafío de llevar a cabo definitiva y concretamente la «internalización de los costes externos» y, así, ayudar a que se imponga en los hechos el cacareado principio de quien contamina, paga. Los estudios citados y otras cifras mencionadas en el documento de la Comisión son buenos indicadores de las sumas que están en juego.

3.14. El CESE es consciente de que también se debe reflexionar – al igual que lo hace el documento de la Comisión – sobre sistemas de incentivos que permitan detener la destrucción forestal. El CESE, sin embargo, considera importante señalar que en este contexto es necesario respetar un importante principio: una transferencia de fondos públicos, un «incentivo», dirigidos a empresas o particulares, no pueden concederse para que no se aplique una medida perjudicial para el bien común. Se debe procurar siempre que las condiciones marco se establezcan a escala global de tal modo que se excluyan o se eviten las correspondientes medidas nocivas. Este importante principio debe servir de guía a la UE, y también en las negociaciones de Copenhague. Al actuar tenemos que aplicar de modo consecuente el principio de «quien contamina, paga» y no suavizarlo convirtiéndolo en el principio de que «el erario público paga», para poner fin a las destrucciones.

3.15. Convendría, por consiguiente, aclarar a los países que en adelante deseen beneficiarse de los correspondientes instrumentos financieros que su interés no está en un «tráfico de indulgencias», sino en un desarrollo sostenible. En el ámbito de la deforestación, la cuestión de la lucha contra la deforestación y degradación forestal ilegales podría ser una especie de «primera piedra de toque». Los países en cuestión deberían explicar con claridad que trabajan seriamente – con o sin ayuda de la comunidad internacional – para poner fin a estas prácticas ilegales. El CESE estima importante observar que el objetivo no es legalizar las actuaciones ilegales, sino prohibirlas. Sólo esto significaría ya una considerable mejora de la situación.

3.16. Por otra parte, los países afectados deberían declarar su interés por una evolución innovadora sostenible, adaptada regionalmente, que contrarreste la deforestación o la degradación forestal.

4.1. La Comunicación de la Comisión sigue siendo en muchos casos bastante poco concreta, lo cual es en parte atribuible a la ausencia de una base de datos y conocimientos y, en parte, también a nociones aún no definitivamente elaboradas.

4.2. La UE corre cada vez más el riesgo de que se le pueda reprochar falta de interés si no empieza a trabajar con mucho mayor ahínco en planes que impidan la destrucción forestal.

4.3. Los responsables en la política y la administración han asistido ya durante mucho tiempo como espectadores a la destrucción de los bosques y también a la llegada a nuestros puertos de productos obtenidos de modo ilegal. Aunque suele ser difícil remontar el curso hasta llegar al origen de los suministros, a causa de su utilización en otros productos o la modificación de los códigos, parece ser que lo que realmente falta es la voluntad de subsanar tal situación. El CESE espera que en esta cuestión, esencial para el mundo, la UE intervenga con mucho mayor interés. El CESE celebró recientemente que la UE se proponga renunciar por completo a productos derivados de la foca, aunque el Gobierno canadiense autorice legalmente la caza de este animal. La sociedad civil espera en estas condiciones que se proceda del mismo modo riguroso con la protección de los bosques.

4.4. Poco concreta es la Comunicación, por ejemplo, con respecto a la cuestión de en qué medida las importaciones de piensos que llegan en grandes cantidades a la UE son responsables, directa o indirectamente, de la devastación de los bosques (5). Sobre esta cuestión se debate una y otra vez con opiniones enfrentadas y en el documento de la Comisión también se hacen afirmaciones al respecto (véase el punto 2.9). El CESE ruega a la Comisión que, a fin de aclarar este asunto, inicie con la mayor urgencia su anunciado estudio sobre el «impacto del consumo en la UE de los alimentos y productos no alimentarios importados (por ejemplo, carne, soja, aceite de palma y minerales metálicos) que podrían contribuir a la deforestación».

4.5. Del mismo modo que la UE ha desarrollado criterios de sostenibilidad para la producción de la materia prima de los «agrocombustibles», el Comité considera que se deberían elaborar lo antes posible criterios de sostenibilidad para piensos, madera o productos derivados de la madera, etc. Estos planteamientos son importantes y correctos, aunque – en vista de las inciertas condiciones de propiedad del suelo y de las malas administraciones – todavía esté por determinar cómo poner en marcha y aplicar tales criterios. No obstante, para que los criterios idóneos de sostenibilidad sean eficaces a largo plazo, será necesario integrarlos con carácter vinculante en las reglas de juego del comercio mundial.

4.6. El ejemplo de la deforestación es una buena prueba de que la comunidad mundial, que apuesta por la liberalización y la globalización, tropieza rápidamente con límites cuando el objetivo es la lucha mundial contra la explotación ambiental y social. Ya que se carece a tal fin de instrumentos eficaces a escala mundial, se exhorta a la UE a que al menos vele por que, en el marco de la OMC, no se sigan calificando de «obstáculos comerciales» las iniciativas correspondientes.

4.7. El CESE es consciente también de que todavía no se dispone de nociones claras con respecto a la financiación de las medidas. Se deberá tratar al respecto de aprovechar oportunamente las negociaciones sobre la protección del clima.

4.8. Pero no se trata sólo con vistas al futuro de organizar una transferencia de fondos con arreglo a determinados criterios (véase más arriba). Antes de que se puedan concluir con éxito las negociaciones en cuestión, en los países afectados se deberán crear importantes condiciones para solucionar los problemas: sin derechos efectivos de participación democrática de las personas in situ sobre el desarrollo de su región, sin reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas (como mínimo, unos 60 millones de personas) o de los pequeños agricultores y sin administraciones (exentas de corrupción) que funcionen, no se podrá poner fin a la explotación abusiva, a menudo ilegal, ni elaborar planes de desarrollo adecuados. La Comunicación de la Comisión hace apenas observaciones al respecto, algo que debe considerarse como un importante punto débil.

4.9. El ejemplo de la deforestación y degradación forestal muestra también, a juicio del CESE, que por desgracia la política de desarrollo ha fracasado ampliamente, al menos en las regiones objeto de debate en el presente contexto. No se han desarrollado modelos innovadores y prometedores, adaptados regionalmente, cuyas consecuencias habrían tenido una evolución distinta de la del actual saqueo de los recursos naturales. No obstante, nunca es demasiado tarde para fomentar planteamientos pertinentes que cuenten con la población local y vayan destinados a ella. La UE debería integrar en sus reflexiones estratégicas iniciativas idóneas para el desarrollo de estructuras democráticas y el apoyo de la sociedad civil. El CESE vuelve a brindar su colaboración para tales planteamientos.

Bruselas, 14 de mayo de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

(1) Véase el anteproyecto de Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados» (NAT/420 – APA R/CESE 543/2009).

(2) Brasil, Indonesia, Sudán, Myanmar, Zambia, República Unida de Tanzania, Nigeria, República Democrática del Congo, Zimbabue y Venezuela.

(3) Informe intermedio «La economía de ecosistemas y de la biodiversidad», Sr. Pavan Sukhdev.

(4) Por ejemplo: el proyecto de cooperación «Rainforestation farming» de las universidades de Hohenheim (Alemania) y Leyte State University (Filipinas); véase: http://troz.uni-hohenheim.de/innovations/InnovXtr/RFFS.