a)

Considera que el procedimiento seguido para la celebración del Acuerdo carece de legitimidad democrática, ya que no hubo en ningún momento control democrático significativo ni aprobación parlamentaria; señala que el Consejo escoge sistemáticamente este procedimiento para la celebración de acuerdos internacionales que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea;

b)

Señala que, a pesar de sus reiteradas peticiones, el Parlamento no ha sido informado o consultado sobre la adopción del mandato, el desarrollo de las negociaciones o las conclusiones del Acuerdo y, en consecuencia, considera que el procedimiento seguido por el Consejo no respeta el principio de cooperación leal;

c)

Señala que sólo se requiere la aprobación parlamentaria en diez de los veintisiete Estados miembros de la UE, sin que exista ninguna posibilidad de proponer una modificación; considera que este procedimiento es claramente insuficiente, y señala que las futuras modificaciones de los términos del Acuerdo se harán sin la aprobación de los Parlamentos nacionales;

d)

Manifiesta sus dudas en cuanto al fundamento jurídico elegido por el Consejo para un acuerdo internacional que se centra exclusivamente en las necesidades de seguridad interna de un tercer Estado y que no tiene ningún valor añadido en lo que respecta a la seguridad de la UE, de sus Estados miembros o de los ciudadanos de la UE; por tanto, se reserva el derecho de recurrir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en caso de que un tercero cuestione la legitimidad del Acuerdo;

e)

Pide al Consejo y a la Comisión la plena participación del Parlamento y de los Parlamentos nacionales en la aprobación de un mandato para negociar y celebrar cualquier acuerdo futuro sobre la transferencia de datos personales, en particular en las conversaciones en curso con Corea del Sur sobre la transferencia de datos PNR;

f)

Señala que, a lo largo del texto del Acuerdo se menciona una amplia gama de objetivos, y se utilizan diferentes términos uno al lado del otro:

g)

Considera que la delimitación de los fines es totalmente insuficiente, lo que hace imposible establecer si las medidas están justificadas y son proporcionadas, y que, en consecuencia, puede que el Acuerdo no sea conforme ni a las normas de protección de datos de la UE ni a las internacionales, ni al artículo 8 del CEDH, lo que exige una precisa limitación de los fines; considera que, por ello, el Acuerdo puede ser objeto de recurso;

h)

Acoge con satisfacción el hecho de que la Ley de Protección de la Intimidad (Privacy Act) de Australia se aplicará íntegramente a los ciudadanos de la UE, pero manifiesta su preocupación por las posibles excepciones y exenciones que pueden dejar a los ciudadanos de la UE con una protección jurídica incompleta; considera que el Acuerdo debe ser plenamente compatible no sólo con las leyes australianas de protección de datos, sino también, y principalmente, con la legislación de la UE; insiste en que el mero cumplimiento del Acuerdo no puede sustituir a una decisión oficial de idoneidad («adequacy finding»), y que no es suficiente que las leyes de protección de datos, las políticas y principios de la Unión Europea y Australia compartan una base común;

i)

Acoge con satisfacción la decisión de que sólo se divulgarán datos en masa cuando sean anónimos;

j)

Observa, en cuanto a los derechos de los interesados, que el Acuerdo establece que Australia introducirá un sistema accesible a las personas físicas independientemente de su nacionalidad y de su país de residencia, que deseen ejercer sus derechos; con el fin de informar a los pasajeros, debe acogerse con satisfacción la disposición del servicio aduanero de Australia de informar al público sobre el tratamiento de los datos (PNR);

k)

Observa que, a diferencia del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007) (6), en el caso de producirse un litigio entre las partes del Acuerdo de Australia, se ha previsto un mecanismo de resolución de conflictos, y las autoridades de protección de datos de la UE podrán ejercer sus facultades para suspender los flujos de datos con objeto de proteger a las personas físicas con respecto al tratamiento de sus datos personales, cuando existan probabilidades de que no se cumplan las disposiciones del Acuerdo;

l)

Acoge con satisfacción la participación de las autoridades de protección de datos en el examen conjunto, pero lamenta que no se haya fijado un plazo concreto para ese examen; pide a la Comisión y al Consejo que exijan una revisión antes de junio de 2010, y que presenten las conclusiones de dicha revisión al Parlamento;

m)

Acoge con satisfacción, en cuanto a las transferencias a partir de ahora, el hecho de que haya pocas posibilidades para su posterior transferencia, en particular, ya que las transferencias sólo pueden tener lugar caso por caso y que el servicio de aduanas de Australia mantiene un registro de todas las divulgaciones;

n)

Señala que, en virtud del artículo 2, apartado 2, no se almacenarán los datos, pero el anexo, punto 12, se menciona un período de retención de cinco años y medio; si bien este período es más corto que en los acuerdos con los EE.UU., el Parlamento considera que no se puede establecer la proporcionalidad de un período de retención de cinco años y medio y que no se especifica claramente con qué fines se almacenan los datos de los pasajeros;

o)

Observa, en cuanto a los datos sensibles, que el servicio de aduanas de Australia ha declarado expresamente que no los quiere ni los necesita, lo que plantea la pregunta de por qué otros países como Canadá y EE.UU. sí los necesitan, y ello da mayores garantías de que en realidad el servicio de aduanas de Australia filtrará y borrará cualquier información sensible que pueda recibir; no obstante, el hecho de que los responsables del control de los datos para el filtrado de los datos sensibles procedentes de la UE sean los propios receptores de los datos, es decir, los servicios de aduanas de Australia, es coherente con las normas de protección de datos, como las que se contemplan en el Convenio 108, de 28 de enero de 1981, del Consejo de Europa (7) y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8);

p)

Insiste en que un canje de notas diplomáticas es un método inaceptable para modificar la lista de departamentos y organismos que pueden tener acceso a los datos PNR;

q)

Lamenta que, teniendo en cuenta las categorías de datos transferidos por el servicio de aduanas de Australia, los datos solicitados pertenecen a las mismas categorías de datos que los del citado Acuerdo de 2007 con los EE.UU. (los 34 campos de datos se agruparon en 19 categorías de datos, dando la impresión de que la cantidad de datos transferibles se había reducido notablemente, lo que en realidad no era el caso); no se justifica una colección tan amplia de datos y debe considerarse desproporcionada;