18.3.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 71/1

(1)

La contaminación química de las aguas superficiales representa una amenaza para el medio acuático con efectos tales como toxicidad aguda y crónica para los organismos acuáticos, acumulación en el ecosistema y pérdidas de hábitats y de biodiversidad, así como para la salud humana. Es preciso identificar las causas de la contaminación y tratar las emisiones preferentemente en la fuente misma, de la forma más eficaz en términos económicos y ambientales.

(2)

La Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (3) dispone que el medio ambiente y la salud y la calidad de vida son prioridades ambientales clave de dicho Programa y subraya, en particular, la necesidad de establecer una normativa más específica en el ámbito de la política de aguas.

(3)

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (4) establece una estrategia para luchar contra la contaminación del agua, exige nuevas medidas específicas de controles de la contaminación y normas de calidad ambiental (NCA). La presente Directiva establece NCA de conformidad con las disposiciones y objetivos de la Directiva 2000/60/CE.

(4)

De conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros deben aplicar las medidas necesarias con arreglo al artículo 16, apartados 1 y 8 de dicha Directiva, con el objeto de reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente las emisiones, los vertidos y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

(5)

Desde el año 2000 se han adoptado numerosos actos comunitarios que constituyen medidas de control de emisiones de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para sustancias prioritarias concretas. Además de ello, muchas medidas de protección medioambiental están reguladas por otra normativa comunitaria vigente. Debe darse prioridad, por tanto, a la aplicación y la revisión de los instrumentos vigentes en lugar de establecer nuevos controles.

(6)

En lo que se refiere a los controles de emisiones de sustancias prioritarias desde fuentes puntuales y difusas a que se refiere el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, parece más rentable y proporcionado que los Estados miembros, además de aplicar otra legislación comunitaria existente, incluyan, si procede, medidas de control adecuadas, con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2000/60/CE, en el programa de medidas que debe elaborarse para cada demarcación hidrográfica de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE.

(7)

La Decisión no 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (5), establece la primera lista de 33 sustancias o grupos de sustancias clasificadas en orden prioritario que van a ser objeto de medidas a escala comunitaria. Entre dichas sustancias prioritarias, algunas se han identificado como sustancias peligrosas prioritarias para las que los Estados miembros deben aplicar las medidas necesarias con el objeto de interrumpir o suprimir gradualmente las emisiones, los vertidos y las pérdidas. Algunas sustancias estaban en curso de revisión y deben clasificarse. La Comisión debe seguir revisando la lista de sustancias prioritarias, otorgando prioridad a aquellas sustancias que puedan ser objeto de medidas sobre la base de criterios acordados que demuestren la existencia de riesgo para el medio acuático o a través de él, con arreglo al calendario previsto en el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, y debe presentar propuestas al respecto según resulte adecuado.

(8)

Desde el punto de vista del interés comunitario y por mor de una normativa de protección de las aguas superficiales más eficaz, conviene que se establezcan NCA para los contaminantes clasificados como sustancias prioritarias a escala comunitaria y se permita a los Estados miembros imponer, si procede, normas para los restantes contaminantes a escala nacional, siempre que se apliquen las normas comunitarias pertinentes. No obstante, ocho contaminantes que están regulados por la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464/CEE (6) y que forman parte del grupo de sustancias para las que los Estados miembros deben aplicar medidas con el objeto de alcanzar un buen estado químico para 2015, supeditado a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la Directiva 2000/60/CE, no se incluyeron en la lista de sustancias prioritarias. No obstante, las normas comunes establecidas para esos contaminantes demostraron ser útiles y conviene mantener su regulación a escala comunitaria.

(9)

Por consiguiente, las disposiciones sobre los actuales objetivos de calidad ambiental, establecidas en la Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos (7), la Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio (8), la Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos (9), la Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano (10) y la Directiva 86/280/CEE, son superfluas y deben suprimirse.

(10)

La contaminación química puede afectar al medio acuático a corto y a largo plazo, y, por tanto, los datos de efectos agudos y crónicos deben servir de base para establecer las NCA. Para garantizar una protección adecuada del medio acuático y la salud humana, deben establecerse NCA expresadas en medias anuales a un nivel que proporcione protección contra la exposición a largo plazo y concentraciones máximas admisibles para la protección contra la exposición a corto plazo.

(11)

De conformidad con las reglas establecidas en la sección 1.3.4 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE, al evaluar el cumplimiento de las NCA, incluyendo las expresadas como concentraciones máximas admisibles, los Estados miembros pueden adoptar métodos estadísticos, tal como el cálculo de percentiles, para resolver los problemas que plantean los valores atípicos (desviaciones extremas con respecto a la media) y los falsos positivos, a fin de garantizar un nivel aceptable de confianza y precisión. Para garantizar la comparabilidad del control entre los Estados miembros, conviene prever la fijación de reglas detalladas para dichos métodos estadísticos mediante el procedimiento de comité.

(12)

El establecimiento de los valores de las NCA a escala comunitaria relativos a la mayoría de las sustancias debe limitarse, en esta fase, a las aguas superficiales únicamente. No obstante, en lo que se refiere al hexaclorobenceno, al hexaclorobutadieno y al mercurio, no es posible garantizar la protección contra los efectos indirectos y la intoxicación secundaria a escala comunitaria mediante NCA exclusivamente destinadas a las aguas superficiales. Por consiguiente, es adecuado establecer NCA para la biota a escala comunitaria para estas tres sustancias. Para que los Estados miembros dispongan de flexibilidad en función de su estrategia de control, deben ser capaces de controlar y aplicar esas NCA para la biota o establecer NCA más estrictas para las aguas superficiales que proporcionen el mismo grado de protección.

(13)

Además, los Estados miembros deben poder establecer NCA para los sedimentos y la biota a escala nacional y aplicar estos NCA en lugar de los NCA para el agua establecidos en la presente Directiva. Tales NCA deben establecerse mediante un procedimiento transparente que implique notificaciones a la Comisión y a otros Estados miembros para asegurar un grado de protección equivalente a las NCA comunitarias para las aguas. La Comisión debe resumir estas notificaciones en sus informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/60/CE. Además, dado que los sedimentos y la biota siguen siendo medios importantes para que los Estados miembros controlen ciertas sustancias a fin de evaluar el impacto a largo plazo de la actividad antropogénica y las tendencias, los Estados miembros deben tomar medidas, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, para que no se superen de manera significativa los niveles actuales de contaminación de la biota y los sedimentos.

(14)

Los Estados miembros tienen que cumplir la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (11) y gestionar las masas de aguas superficiales utilizadas para la producción de agua potable de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2000/60/CE. La presente Directiva debe aplicarse, por tanto, sin perjuicio de aquellos requisitos que pueden requerir normas más estrictas.

(15)

En las inmediaciones de vertidos de fuentes puntuales las concentraciones de contaminantes son normalmente superiores a las concentraciones de fondo en las aguas. Así pues, los Estados miembros deben poder hacer uso de las zonas de mezcla, en la medida en que no afecten al cumplimiento de las NCA correspondientes en el resto de la masa de aguas superficiales. La extensión de las zonas de mezcla debe limitarse a la proximidad del punto de vertido y debe ser proporcionada.

(16)

Es necesario comprobar el cumplimiento de los objetivos de interrupción o supresión gradual y reducción, previstos en el artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva 2000/60/CE, y hacer transparente la evaluación del cumplimiento de esas obligaciones, en particular respecto a la consideración de los vertidos, emisiones y pérdidas significativos derivados de las actividades humanas. Además de ello, el calendario de interrupción o supresión gradual y reducción, sólo puede establecerse en relación a un inventario. Debe poderse evaluar asimismo la aplicación del artículo 4, apartados 4 a 7, de la Directiva 2000/60/CE. Se requiere del mismo modo un instrumento apropiado para la cuantificación de las pérdidas de sustancias de origen natural, o resultantes de procesos naturales, en cuyo caso resulta imposible una interrupción completa o supresión gradual a partir de todas las fuentes potenciales. Para satisfacer esas necesidades, los Estados miembros deben establecer un inventario de emisiones, vertidos y pérdidas para cada demarcación hidrográfica o parte de ella situada en su territorio.

(17)

Para evitar la duplicación de tareas a la hora de elaborar esos inventarios y garantizar su coherencia con otros instrumentos existentes en el ámbito de la protección de las aguas superficiales, los Estados miembros deben utilizar la información recabada de conformidad con la Directiva 2000/60/CE y el Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (12).

(18)

Para responder mejor a sus necesidades, los Estados miembros deben poder elegir un período de referencia adecuado de 1 año de duración para medir las entradas básicas del inventario. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las pérdidas derivadas de la aplicación de plaguicidas pueden variar considerablemente de un año a otro debido a diferentes tasas de aplicación como consecuencia, por ejemplo, de diferentes condiciones climáticas. Por consiguiente, se debe permitir a los Estados miembros optar por un período de referencia de 3 años para determinadas sustancias reguladas por la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (13).

(19)

Con objeto de optimizar la utilización del inventario, es adecuado fijar una fecha límite para que la Comisión compruebe que las emisiones, vertidos y pérdidas siguen una evolución tendente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva 2000/60/CE.

(20)

Varios Estados miembros se ven afectados por contaminación procedente de fuentes situadas fuera de su jurisdicción nacional. Así pues es conveniente aclarar que, un Estado miembro no incumpliría las obligaciones derivadas de esta Directiva si se diera el caso de superar una NCA debido a dicha contaminación transfronteriza, siempre que se hayan respetado determinadas condiciones y que se haya aprovechado adecuadamente las disposiciones pertinentes de la Directiva 2000/60/CE.

(21)

Sobre la base de informes de los Estados miembros, la Comisión debe estudiar la necesidad de medidas adicionales específicas a escala comunitaria, y formular las propuestas pertinentes, según proceda.

(22)

Los criterios para la identificación de las sustancias que son persistentes, bioacumulables y tóxicas, así como de otras sustancias que entrañan un nivel de riesgo equivalente, especialmente las muy persistentes y muy bioacumulables, como se prevé en la Directiva 2000/60/CE, se establecen en el documento de orientación técnica para la evaluación del riesgo en apoyo de la Directiva 93/67/CEE de la Comisión, de 20 de julio de 1993, por la que se fijan los principios de evaluación del riesgo, para el ser humano y el medio ambiente, de las sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE del Consejo (14), el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (15) y la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (16). Para garantizar la coherencia de la legislación comunitaria, esos criterios son los únicos que deben aplicarse a las sustancias que son objeto de revisión con arreglo a la Decisión no 2455/2001/CE, y el anexo X de la Directiva 2000/60/CE debe sustituirse en consecuencia.

(23)

Las obligaciones establecidas en las directivas enumeradas en el anexo IX de la Directiva 2000/60/CE ya figuran en la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (17) y en Directiva 2000/60/CE, y queda garantizado, como mínimo, el mismo nivel de protección si se mantienen o revisan las NCA. Para garantizar un enfoque coherente de la contaminación química de las aguas superficiales y simplificar y precisar la normativa comunitaria vigente en este ámbito, conviene derogar, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, con efectos a partir del 22 de diciembre de 2012, las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE.

(24)

Se han considerado las recomendaciones a que se refiere la Directiva 2000/60/CE, en particular las del Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente.

(25)

De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (18), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de incorporación al Derecho nacional.

(26)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, consecución de un buen estado químico de las aguas superficiales mediante la adopción de NCA para las sustancias prioritarias y otros contaminantes determinados no puede ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por tanto, debido a la necesidad de mantener el mismo nivel de protección de las aguas superficiales en toda la Comunidad, éste puede lograrse mejor a nivel comunitario la Comunidad puede tomar medidas conforme al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(27)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (19).

(28)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que modifique el punto 3 de la parte B del anexo I. Dado que dicha medida es de carácter general y está destinada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva o a completarla mediante la inclusión de nuevos elementos no esenciales, debe adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control a que se previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE,

a)

aplicar, para el mercurio y sus compuestos, una NCA de 20 μg/kg, para el hexaclorobenceno una NCA de 10 μg/kg y para el hexaclorobutadieno una NCA de 55 μg/kg, aplicándose estas NCA a los tejidos (peso húmedo) de peces, moluscos, crustáceos y otra biota, eligiendo entre ellos el indicador más adecuado;

b)

establecer y aplicar NCA distintas a las contempladas en la letra a) a los sedimentos y/o la biota para sustancias específicas. Estas NCA deberá ofrecer al menos el mismo grado de protección al de las NCA para el agua establecidas en el anexo I, parte A;

c)

determinar, para las sustancias contempladas en las letras a) y b), la periodicidad de los controles de los sedimentos y/o la biota. En cualquier caso, el seguimiento deberá hacerse al menos una vez al año, salvo si los conocimientos técnicos y el dictamen de expertos justifican otro intervalo; y

d)

notificar a la Comisión y a los demás Estados miembros, a través del Comité a que se refiere el artículo 21 de la Directiva 2000/60/CE, el nombre de las sustancias para las cuales se han establecido las NCA con arreglo a la letra b), las razones y el fundamento que les han llevado a adoptar este planteamiento, la NCA alternativa establecida, incluidos los datos y la metodología de la que ha resultado, las categorías de aguas superficiales a las que se aplicarán, y la periodicidad de los controles prevista, junto con la justificación de esta frecuencia.

a)

esté limitada a las proximidades del punto de vertido;

b)

sea proporcionada, atendiendo a las concentraciones de contaminantes en el punto de vertido y a las condiciones aplicables a las emisiones de contaminantes según la reglamentación previa (como autorizaciones o permisos) mencionada en el artículo 11, apartado 3, letra g), de la Directiva 2000/60/CE, y en cualquier otra normativa comunitaria pertinente, de conformidad con el principio de aplicación de las mejores técnicas disponibles y con el artículo 10 de la Directiva 2000/60/CE, en particular una vez que se haya revisado la reglamentación previa.

a)

que la superación fue debida a una fuente de contaminación situada fuera de su jurisdicción nacional;

b)

que, a consecuencia de esta contaminación transfronteriza, no pudo tomar medidas efectivas para cumplir las NCA pertinentes; y

c)

que aplicó los mecanismos de coordinación establecidos en el artículo 3 de la Directiva 2000/60/CE y, según corresponda, se acogió a lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4, 5 y 6, de dicha Directiva para las masas de agua afectadas por la contaminación transfronteriza.