15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/1

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señala que los entes locales y regionales contribuyen de manera decisiva al éxito de las iniciativas europeas. El Derecho europeo se aplica a nivel local y regional e incumbe a los responsables locales, así como a los ciudadanos, influir con su comportamiento en el consumo de energía de modo eficaz y sostenible;

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considera que la política energética y la política climática están en estrecha conexión y deben decidirse de común acuerdo, dado que el 80 % de las emisiones de CO2 en Europa procede de la producción de energía. También considera esencial que las medidas propuestas en el marco de la política climática se integren en el ámbito de la energía, y viceversa. Una política energética eficiente y respetuosa del medio ambiente es también al mismo tiempo una política climática;

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apoya los esfuerzos de la Comisión para combatir o, en su caso, eliminar sin demora los obstáculos administrativos, las condiciones desleales de acceso a la red y los procedimientos complejos (por ejemplo, la discriminación de los proveedores de energías renovables);

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pide a la Comisión que tome las medidas apropiadas para evitar la concentración de mercados y fomentar la diversidad de operadores del mercado;

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apoya el objetivo de ahorrar un 20 % de la energía en la UE de aquí a 2020 gracias al incremento de la eficiencia energética; a este respecto el Comité acogería favorablemente que el objetivo fuera obligatorio;

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insiste en que la eficiencia energética constituye el núcleo de la política energética europea y en que debe concedérsele la máxima prioridad en todas las reflexiones;

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expresa sus dudas de que las tecnologías de captura y almacenamiento del CO2 (CAC) puedan considerarse soluciones a largo plazo, ya que hacen disminuir masivamente el nivel de rendimiento de las centrales y, además, desde un punto de vista económico no son especialmente eficientes en la perspectiva actual. Desde un punto de vista global, no obstante, la estrategia CAC puede representar una solución transitoria.

Ponente

:

Bernd VÖGERLE, Alcalde de Gerasdorf, Viena (AT/PSE)

1.

subraya la importancia de la energía como pilar esencial de la vida moderna, razón por la cual las interrupciones y las dificultades de abastecimiento tienen consecuencias de gran alcance y provocan importantes daños económicos. Por consiguiente, desde el punto de vista de los entes regionales y locales, la política energética europea — con sus objetivos de seguridad del abastecimiento, sostenibilidad y competitividad — adquiere suma importancia. Para alcanzar estos objetivos es necesaria una combinación energética equilibrada;

2.

señala que los entes locales y regionales contribuyen de manera decisiva al éxito de las iniciativas europeas. El Derecho europeo se aplica a nivel local y regional e incumbe a los responsables locales, así como a los ciudadanos, influir con su comportamiento en el consumo de energía de modo eficaz y sostenible;

3.

pide, por tanto, a las instituciones europeas competentes, y especialmente a la Comisión, que tengan debidamente en cuenta el papel decisivo que desempeñan los entes locales y regionales en la aplicación concreta del «paquete energético» en el marco de la política energética europea;

4.

considera que la política energética y la política climática están en estrecha conexión y deben decidirse de común acuerdo, dado que el 80 % de las emisiones de CO2 en Europa procede de la producción de energía. También considera esencial que las medidas propuestas en el marco de la política climática se integren en el ámbito de la energía, y viceversa. Una política energética eficiente y respetuosa del medio ambiente es también al mismo tiempo una política climática;

5.

señala que los consumidores responsables contribuyen decisivamente a la puesta en práctica de los objetivos europeos, y por ello conviene situar a los consumidores en el centro de todas las reflexiones. Subraya que las capas sociales más vulnerables de la población se ven más duramente afectadas con cada aumento de los precios de la energía. Por consiguiente, las ayudas que ofrece el Estado deberían invertirse, en aras de la sostenibilidad y una política climática coherente, en medidas en favor de la eficiencia energética y la sensibilización, en lugar de limitarse a un mero apoyo financiero;

6.

recuerda que no en todos los Estados miembros se han visto satisfechas las expectativas acerca de la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas, en concreto con respecto a la reducción de los precios y el desmantelamiento de los monopolios de suministro energético. Asimismo, considera que la seguridad del abastecimiento se ve amenazada por la falta de inversiones en las centrales y redes de aprovisionamiento energético, en particular en las redes y suministro de energía renovable a escala local. Si se mantiene la actual evolución, cabe prever restricciones de abastecimiento;

7.

pide, por tanto, a la Comisión que establezca incentivos para que los productores y los operadores de redes inviertan (como antes de la liberalización) en la construcción de centrales de producción y en la creación de infraestructuras para las redes. Una posible vía en esta dirección podría ser el establecimiento de planes de producción energética a escala regional y local, basados en información procedente de estos niveles;

8.

apoya los esfuerzos de la Comisión para combatir o, en su caso, eliminar sin demora los obstáculos administrativos, las condiciones desleales de acceso a la red y los procedimientos complejos (por ejemplo, la discriminación de los proveedores de energías renovables);

9.

se pronuncia a favor de una separación de actividades (unbundling), en la que una separación concebida según el Derecho de sociedades — apoyada por un regulador poderoso — puede considerarse suficiente;

10.

pide a la Comisión que tome las medidas apropiadas para evitar la concentración de mercados y fomentar la diversidad de operadores del mercado (incluidos los servicios municipales);

11.

considera que el refuerzo de las redes transnacionales mejora la capacidad de actuación de los niveles local y regional (por ejemplo, en lo que respecta a la adquisición de energía);

12.

rechaza la implantación de nuevas estructuras administrativas, como, por ejemplo, la de un «organismo de reglamentación de la energía» europeo, ya que las autoridades reguladoras nacionales se hallan en situación de alcanzar las metas propuestas por la Comisión y aprobadas por el Consejo Europeo;

13.

pide a la Comisión que configure el mecanismo de comercio de derechos de emisión de tal manera que las centrales eléctricas, en el marco de los planes de concesión de licencias, sólo obtengan un número de certificados de emisión en correspondencia con la producción de electricidad y calor prevista para una central térmica de ciclo combinado de gas que utilice la cogeneración. Con ello se daría una señal clara en favor del objetivo del aumento de la eficiencia energética en la producción eléctrica;

14.

apoya el objetivo de ahorrar un 20 % de la energía en la UE de aquí a 2020 gracias al incremento de la eficiencia energética; a este respecto el Comité acogería favorablemente que el objetivo fuera obligatorio;

15.

insiste en que la eficiencia energética constituye el núcleo de la política energética europea y en que debe concedérsele la máxima prioridad en todas las reflexiones;

16.

pide a las instituciones europeas competentes, y en especial a la Comisión, que velen por la creación de un marco apropiado en, entre otros, los ámbitos siguientes:

17.

subraya que se han puesto en marcha muchas acciones a nivel local y regional que contribuyen al éxito de la iniciativa europea:

18.

pide que se pongan a disposición más recursos de la UE para los intercambios de buenas prácticas a nivel local y regional, por ejemplo en el marco del programa «Energía inteligente — Europa» (EIE);

19.

pide a la Comisión que fije el objetivo de eficiencia energética a escala total (esto es, la intensidad energética de toda la economía). Así, los Estados miembros y las regiones dispondrían de flexibilidad para alcanzar el objetivo aplicando medidas más variadas, incluidas las orientadas al consumo energético de los aparatos y la estructura industrial de la economía (regional);

20.

apoya el objetivo obligatorio de garantizar que el 20 % del consumo total de energía de aquí a 2020 proceda de energías renovables;

21.

destaca la importancia de las fuentes de energía locales desde el punto de vista socioeconómico y también para la seguridad del suministro y la eficacia de la transmisión, y llama la atención sobre el hecho de que el fomento de las energías renovables debe configurarse en función de las condiciones geográficas, climáticas y económicas respectivas. En este sentido, subraya el papel esencial que los entes locales y regionales pueden tener a la hora de promover y facilitar fuentes locales de energías renovables;

22.

aboga por planificar objetivos obligatorios en el ámbito de las energías renovables, incluyendo en particular el sector de la generación de calor y de frío; en este orden de cosas, debe prestarse especial atención a la producción combinada de electricidad y de calor/frío;

23.

observa que en todas las medidas deberá primar la sostenibilidad. En la actualidad, los países que utilizan desde hace tiempo la biomasa como fuente de energía cubren con ella una parte considerable de sus necesidades energéticas. En este contexto se plantea a menudo el problema de que las necesidades no pueden cubrirse exclusivamente con energías disponibles a escala regional (por ejemplo, madera) y los biocarburantes deben ser transportados desde grandes distancias hasta el lugar de destino. Cuando esto ocurre, es obvio que la alternativa se hace menos sostenible. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta otras modalidades de transporte menos exigentes desde el punto de vista energético;

24.

considera que debería ofrecerse a los Estados miembros con posibilidades limitadas de producir energía a partir de fuentes renovables la opción de alcanzar el objetivo de uso de energías renovables a través del comercio, ya sea en el marco de un sistema de certificados de energías limpias de ámbito comunitario, o bien mediante contratos bilaterales con otros países que dispongan de más energías renovables. El propósito es reducir los costes globales que entraña cumplir los objetivos sobre las energías renovables;

25.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a la hora de elaborar planes de acción nacionales en favor de las fuentes de energía renovables, se prevea una consulta obligatoria de los entes locales y regionales;

26.

apoya el objetivo obligatorio de garantizar que el 10 % del consumo total de carburantes de aquí a 2020 proceda de biocarburantes, siempre que la producción sea sostenible;

27.

subraya cuán importantes serán la diversificación de las fuentes de energía y de tipos de biomasa;

28.

considera importante que la política del clima se enfoque desde una perspectiva internacional y que se fomenten los diferentes biocombustibles en función de su rendimiento ecológico y sus repercusiones para el clima durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta los métodos de producción, el transporte, etc. Aun cuando se incentive una producción autóctona europea eficaz, las importaciones de terceros países pueden resultar necesarias. Deberían fomentarse prácticas de producción sostenibles y eficaces desde el punto de vista energético en el sector de los biocarburantes, independientemente del tipo de biocombustible y del tipo de plantas utilizadas;

29.

observa que el fomento de la producción de biocarburantes en los terceros países va en contra de los objetivos de reducción de la dependencia de las importaciones en el ámbito de la energía y genera nuevas dependencias; subraya, por tanto, que las importaciones procedentes de Estados no pertenecientes a la UE deben tener una importancia secundaria. En las importaciones se deben tener en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia energética atendiendo al ciclo de vida de los distintos biocarburantes;

30.

señala la importancia de producir biocarburantes de modo sostenible a fin de evitar la pérdida de biodiversidad. Hay que impedir que unos grandes monocultivos (amplias superficies dedicadas a un solo cultivo) afecten excesivamente al ecosistema local;

31.

destaca que en las importaciones de materias primas bioenergéticas es preciso respetar un código de sostenibilidad. La UE podría contribuir a ello pidiendo a sus socios comerciales que apoyen medidas económicas respetuosas del medio ambiente, que tengan en cuenta los aspectos sociales y que eviten la pérdida de hábitats importantes. Convendría comenzar cuanto antes un proceso de debate internacional, así como la elaboración de la normativa correspondiente;

32.

expresa sus dudas de que las tecnologías de captura y almacenamiento del CO2 (CAC) puedan considerarse soluciones a largo plazo, ya que hacen disminuir masivamente el nivel de rendimiento de las centrales y, además, desde un punto de vista económico no son especialmente eficientes en la perspectiva actual. Desde un punto de vista global, no obstante, la estrategia CAC puede representar una solución transitoria;

33.

estima que la investigación y desarrollo de la tecnología CAC deben fomentarse en mayor medida;

34.

pide que se tenga en cuenta la tecnología CAC, en cuanto sea comercialmente posible; al autorizar nuevas centrales eléctricas de carbón;

35.

subraya que los esfuerzos actuales en el sector de las tecnologías de la energía no son suficientes. Además, el sistema es muy lento, de manera que con frecuencia la implantación de nuevas tecnologías dura decenios;

36.

pide que se aumenten los fondos destinados a las tecnologías de la energía en el programa marco de investigación, tecnología y demostración y en el programa «Energía inteligente — Europa». La demostración de nuevas tecnologías en el nivel regional y local contribuye especialmente a sensibilizar a los ciudadanos y a que la mano de obra desarrolle el grado de cualificación adecuado. Es importante que tanto los agentes comerciales privados de menor tamaño como los agentes públicos puedan tener acceso a ayudas a la investigación y el desarrollo;

37.

señala que el desarrollo de tecnologías más avanzadas también crea la base de nuevas oportunidades de exportación, que a su vez harán posible la creación de muchos empleos;

38.

considera que sólo una cooperación transfronteriza amplia y de gran alcance, acompañada de una política energética y de acuerdos sobre el cambio climático para lograr un medio ambiente sostenible, una mayor eficiencia energética y una utilización moderada de la energía, reportará buenos resultados a corto y largo plazo y beneficiará a las generaciones presentes y futuras, tanto dentro como fuera de la UE;

39.

pide que de ningún modo se preste un apoyo técnico a terceros países en el que los productos y los modos de producción que hayan quedado obsoletos o estén prohibidos en la UE se exporten a dichos países (con retribución o sin retribución). Para ello habrá que velar por que en todos los niveles (europeo, nacional, regional o local) e instituciones (incluido el BEI) se apliquen los mismos criterios;

40.

pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para garantizar que en la UE se utilizan las mejores prácticas internacionales en materia de eficiencia energética y que, junto con los esfuerzos comunitarios y las mejores prácticas, se difunden iniciativas europeas también en el exterior de la UE;

41.

señala que los entes locales y regionales sólo pueden influir en la estructura de los precios de la energía de manera muy limitada y únicamente en algunos sectores. Hay posibilidades de hacerlo cuando pueden utilizarse recursos energéticos propios en grandes proporciones y cuando los costes son competitivos en el mercado liberalizado con relación a otras materias primas energéticas. Por otra parte, se puede intentar organizar campañas con el fin de sensibilizar a los ciudadanos para que asuman los costes más elevados que entraña la utilización de energías renovables. El Comité cuestiona la perpetuación de las ayudas económicas (ayudas para financiar los costes de la energía y la calefacción), porque, por regla general, no provocan cambios de comportamiento en los consumidores. En lugar de ello, el Comité se pronuncia a favor de financiar medidas de eficiencia energética que conduzcan tanto a ahorrar costes como a mejorar la calidad de vida. Esta financiación debería incluir el acceso de los ciudadanos a la información sobre el uso de la energía (contadores inteligentes) y sobre el uso de energía local, para que los entes locales y regionales establezcan medidas de eficacia y financiación destinadas a evitar dificultades económicas a quienes tienen unos ingresos limitados (pobreza causada por los precios del combustible);

42.

observa con preocupación las consecuencias del aumento de la demanda de materias primas energéticas, que puede dar lugar a un aumento excesivo de los precios de los alimentos. Por ello, considera necesario emprender un estudio detallado del mercado de la energía y de la demanda previsible de materias primas bioenergéticas, en particular para poder evaluar sus consecuencias en el mercado alimentario hasta el nivel de las pequeñas regiones.