RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN relativa a la actualización de 2004 de las Orientaciones Generales de Política Económica para los Estados miembros y la Comunidad (período 2003-2005) (presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Tratado CE)

I. Orientaciones generales de política económica

1. Persistencia de la validez de la estrategia actual

El 26 de junio de 2003, el Consejo adoptó una Recomendación relativa a las Orientaciones Generales de Política Económica para los Estados miembros y la Comunidad correspondientes al período 2003-2005 [1]. Estas Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) constituyen la estrategia económica a medio plazo de la UE. Las OGPE se centran en la aportación que las políticas económicas pueden realizar al logro del objetivo estratégico de Lisboa, y giran en torno a:

[1] Recomendación del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad (período 2003-2005), 2003/555/CE, publicada en el Diario Oficial L 195 de 1 de agosto de 2003, pág. 1.

*Unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad;

*Unas reformas económicas que incrementen el potencial de crecimiento de la economía europea; y

*El reforzamiento de la sostenibilidad.

En el contexto de los resultados de una primera evaluación del curso dado a las OGPE para 2003-2005, presentada en el Informe de aplicación [2], y de las directrices del Consejo Europeo de la primavera 2004, la presente Recomendación actualiza y completa la estrategia actual. No se consideran necesarios ajustes políticos importantes que justifiquen un cambio de las orientaciones generales. La presente actualización se centra en la integración de los diez nuevos Estados miembros en el marco existente de coordinación de las políticas económicas.

[2] Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica para 2003-2005 ('First Report on the Implementation of the 2003-2005 Broad Economic Policy Guidelines'), COM(2004)20 final, adoptada el 21 de enero de 2004.

La parte I de la presente actualización se centra en las consideraciones pertinentes para aplicar a los nuevos Estados miembros las orientaciones generales contenidas en las OGPE para 2003-2005. Todas las orientaciones generales existentes siguen siendo válidas y se mantienen inalteradas, y son aplicables a todos los Estados miembros y a la Comunidad. Con vistas a completar la estrategia actual, la parte II presenta recomendaciones específicas para cada uno de los nuevos Estados miembros. También incluye actualizaciones de las secciones relativas a Alemania, Grecia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido en las que se prevén ajustes de sus políticas presupuestarias.

2. Mejora del marco económico

La recuperación económica está apareciendo finalmente en la UE impulsada por una mejora general del entorno internacional. El crecimiento del PIB se ha reforzado gradualmente desde la aprobación de las OGPE en el verano de 2003, con las exportaciones como principal motor a principios de la recuperación, a pesar de un fortalecimiento del euro. También se dan las condiciones para una mejora de la demanda interna. Se ha restaurado la confianza de empresas y consumidores, los tipos de interés registran mínimos históricos y los precios de las acciones se están recuperando. En este contexto, según las previsiones económicas de la primavera de 2004 la recuperación se intensificará y el crecimiento llegará a su nivel potencial hacia finales de 2004. Es necesario consolidar estos primeros signos de crecimiento. El Consejo Europeo aprobó en diciembre de 2003 la iniciativa de emprender acciones específicas con el fin de facilitar un crecimiento sostenible.

Se espera que la inflación disminuya por debajo del 2% durante 2004 y siga disminuyendo en 2005. Aunque las subidas de los precios administrados y de los impuestos indirectos presionarán al alza de precios en 2004, la desaparición de los efectos temporales derivados de los aumentos registrados en los precios de algunos alimentos tendrá el efecto contrario. De forma similar, la apreciación del euro frenará las subidas de precios. Por ejemplo, esta apreciación ha absorbido en gran medida la subida del precio del petróleo (expresado en dólares). Además, se espera que prosiga la moderación salarial a medio plazo y con la recuperación cíclica prevista de la productividad del trabajo, el incremento de los costes laborales unitarios nominales podría disminuir de forma pronunciada y contribuir a la estabilidad de precios.

La situación del mercado de trabajo tiende a reflejar la evolución económica con un cierto desfase. Tras un estancamiento en 2003, se espera que el empleo se beneficie de la recuperación de la actividad económica global que tuvo lugar en el segundo semestre del pasado año. Sin embargo, dado el carácter gradual de la recuperación, se espera que el empleo aumente moderadamente este año y registre un mayor aumento en el año próximo.

De forma global, la evolución económica se ajusta a las expectativas imperantes cuando se adoptó la estrategia económica a medio plazo: la economía se está recuperando, aunque a un ritmo moderado, y las perspectivas para 2004-2005 no apuntan a unos desequilibrios macroeconómicos que requieran una modificación de políticas. Al mismo tiempo, las previsiones ilustran la todavía escasa capacidad de ajuste de la economía de la UE y el bajo nivel de crecimiento potencial. Por lo tanto, es esencial que se aproveche plenamente la mejora de las condiciones económicas para realizar avances decisivos encaminados a eliminar la "falta de aplicación", esto es, la diferencia entre las medidas de reforma estructural previstas y las efectivamente aplicadas. La actual recuperación de la actividad económica podría reforzarse con unas políticas macroeconómicas equilibradas y con una aplicación resuelta de las reformas económicas generadoras de crecimiento presentadas en las OGPE para 2003-2005.

3. Integración de los nuevos Estados miembros en las OGPE para 2003-2005

La adhesión de Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia el 1 de mayo de 2004 constituirá un acontecimiento capital en la historia de la Unión.

La ampliación contribuirá a un nuevo dinamismo económico, con efectos que se reforzarán mutuamente. El potencial de crecimiento de los nuevos Estados miembros se estima en aproximadamente el 4% anual, lo que refleja, en particular, sus sólidos progresos de los últimos años en la realización de reformas estructurales e institucionales. El mercado interior se ampliará hasta contar con 455 millones de ciudadanos. A pesar de los recientes progresos, ha de reconocerse que la situación de partida es diferente y que los países en vías de adhesión sólo representarán inicialmente el 5% del PIB de la Unión. Con unos niveles de renta inferiores a la mitad de la media de la UE-15 (véase gráfico 1), los principales retos que tienen planteados los países adherentes consisten en lograr una convergencia real a largo plazo logrando al mismo tiempo una convergencia nominal a corto o medio plazo.

Gráfico 1: PIB per cápita 2003 (UE-15=100)

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Fuente: Servicios de la Comisión (Eurostat, indicadores estructurales).

Los retos estructurales de los nuevos Estados miembros no difieren esencialmente de los que tienen planteados los Estados miembros actuales, aunque son más exigentes en el caso de los primeros [3]. Así pues, la estrategia económica actual sería globalmente apropiada. La magnitud de los retos de estos países hace que sea fundamental llegar a un equilibrio adecuado entre las diferentes necesidades de la política económica. Por ejemplo, teniendo en cuenta que aún no se ha concluido la transición estructural una economía de mercado moderna orientada a los servicios, la mayoría de los países en vías de adhesión deben seguir políticas favorables a la convergencia real. La UE contribuirá significativamente a la convergencia real invirtiendo en las regiones atrasadas por medio del Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales, así como a través del Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, los presupuestos nacionales también deberán incluir los recursos financieros necesarios para mejorar la base de capital físico y humano, y las autoridades fiscales tendrán que hacer frente a presiones sobre el gasto derivadas de la realización de las reformas orientadas a la transición, garantizando al mismo tiempo la disciplina fiscal. Paralelamente, y habida cuenta de un déficit presupuestario medio inicial de aproximadamente el 6 % del PIB, será fundamental un saneamiento de las finanzas públicas que respalde la estabilidad económica.

[3] Economía Europea, documento nº 4 'Key structural challenges in the acceding countries: the integration of acceding countries into the Community's economic policy co-ordination processes' (Principales retos estructurales de los países en vías de adhesión: integración de los países en vías de adhesión en los procesos comunitarios de coordinación de las políticas económicas), Comité de Política Económica, julio de 2003.

En los apartados siguientes se examina la estrategia económica actual y se ponen de relieve las orientaciones generales o las áreas para las que podría estar justificado un periodo de ajuste más largo debido a las circunstancias específicas de la mayoría de los países en vías de adhesión. Debe subrayarse que las diferencias entre éstos son considerables. Teniendo en cuenta debidamente las diferencias en sus resultados y perspectivas económicos, en sus estructuras y en sus instituciones, la parte II de esta actualización presenta recomendaciones para cada uno de los países en vías de adhesión.

3.1 Políticas económicas orientadas al crecimiento y la estabilidad

Unas políticas macroeconómicas equilibradas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del crecimiento y el empleo y de la estabilidad de precios. Al igual que los actuales, los nuevos Estados miembros deberán perseguir el logro de un crecimiento equilibrado queque materialice el crecimiento potencial. Además, las políticas macroeconómicas de la mayoría de los países en vías de adhesión también deberían respaldar la transición estructural en curso hacia una economía más orientada a los servicios.

Los nuevos Estados miembros deberán buscar una fuerte sinergia entre las reformas estructurales necesarias y las políticas macroeconómicas favorables a la estabilidad. Los regímenes de tipo de cambio constituyen una parte importante del marco global de política económica y de política monetaria y deberán orientarse hacia el logro de una convergencia real y nominal sostenible. La participación en el MTC II en un momento u otro tras la adhesión deberá contribuir a estos esfuerzos. Una política monetaria creíble permitirá una mayor disminución de los tipos de interés a largo plazo que favorezca el elevado nivel de inversión y saneamiento presupuestario necesarios.

En cuanto a la necesidad de "alcanzar o mantener situaciones presupuestarias equilibradas", debe llegarse a un compromiso entre la necesidad de proceder rápidamente al saneamiento presupuestario y la de mantener una situación presupuestaria favorable al proceso de transición. La supervisión presupuestaria de los nuevos Estados miembros se iniciará con el examen de sus programas de convergencia. Se prestará especial atención a las circunstancias propias de cada país, y en especial a: las situaciones presupuestarias iniciales, los cambios estructurales en curso en las economías y los posibles riesgos resultantes de los desequilibrios de la balanza por cuenta corriente y la fuerte expansión del crédito. Desde un punto de vista económico, podría ser adecuado permitir un periodo de ajuste plurianual en algunos casos cuando se trate de corregir un déficit superior al 3%. Esto permitiría a los nuevos Estados miembros sanear sus finanzas públicas de forma sostenible, culminando al

mismo tiempo la reestructuración de su economía. En general, podrá fomentarse considerablemente la eficiencia del gasto público, en particular, mediante una reorientación de éste hacia inversiones rentables y generadoras de crecimiento en capital físico y humano y en investigación e innovación. Además, una ampliación de las bases impositivas sobre el trabajo y una mejora de la recaudación tributaria con el fin de garantizar unos ingresos suficientes podría facilitar una reducción de los tipos de los impuestos sobre el trabajo (incluidos los elevados tipos de las cotizaciones a la seguridad social).

>SITIO PARA UN CUADRO>

En 2003, el déficit de la balanza por cuenta corriente era de aproximadamente el 3,75% del PIB por término medio en los nuevos Estados miembros, lo que refleja el proceso de convergencia económica y unas considerables diferencias a nivel interno entre el ahorro y la inversión. Por ello, un importante reto de política macroeconómica que tienen planteados algunos de los países en vías de adhesión consiste en mantener unos déficit por cuenta corriente relativamente elevados dentro de unos niveles que permitan una financiación exterior adecuada. A este respecto, el control presupuestario y la necesidad de evitar políticas procíclicas será fundamental para reducir los déficit de la balanza por cuenta corriente, ya que su financiación podría resultar más difícil una vez finalizado el proceso de privatización.

Un marco macroeconómico estable requiere subidas de los salarios nominales compatibles con la estabilidad de precios y aumentos de productividad. También será importante que la formación de salarios en los países en vías de adhesión respalde la reestructuración de la economía al permitir que los salarios reflejen mejor las diferencias en las condiciones de los mercados de trabajo por empresas, sectores, regiones y empleos. Además, la evolución de los salarios reales deberá favorecer la competitividad exterior en los nuevos Estados miembros habida cuenta de la necesidad de atraer inversiones extranjeras directas.

3.2 Reformas económicas que incrementen el potencial de crecimiento de la economía europea

La aproximación entre los distintos niveles de renta es un proceso a largo plazo. Será fundamental disminuir las diferencias en tasas de empleo y en niveles de productividad entre los países en vías de adhesión y la UE-15. La mejor forma de aplicar las orientaciones existentes encaminadas a "más y

mejores empleos" y a "aumentar la productividad y el dinamismo de las empresas" es hacerlo de forma global y coordinada.

La aportación que pueden realizar las políticas de empleo se refleja en las orientaciones actuales, que se concentran en "hacer que sea rentable ocupar un empleo" y en fomentar la vuelta al empleo a través del mecanismo de precios, particularmente de los trabajadores de baja cualificación o de los que viven en las regiones más pobres. La situación del mercado de trabajo es considerablemente peor en los países en vías de adhesión, con unas tasas de empleo constantes o decrecientes, unas elevadas tasas de desempleo (que, además, suele ser de larga duración y se concentra en los jóvenes), gran número de personas inactivas y sectores no declarados de grandes dimensiones. Por consiguiente, será esencial que las políticas se concentren en un pequeño número de áreas prioritarias que puedan tener las mayores repercusiones sobre el mercado de trabajo: garantizar que la evolución de los salarios reales refleje el incremento de la productividad; mejorar los incentivos financieros al empleo mediante la reforma de los sistemas tributario y de prestaciones; mejorar la formación de los trabajadores, en particular fomentando la formación continua; y emprender reformas adecuadas de la normativa laboral. Las políticas de empleo deben apoyar el proceso actual de grandes cambios estructurales en la composición sectorial y regional del empleo.

Gráfico 2: Niveles de empleo y productividad en los Estados miembros de la UE y en los países en vías de adhesión (2002)

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Fuente: Servicios de la Comisión (Eurostat, indicadores estructurales).

Para los nuevos Estados miembros será esencial aumentar las tasas de empleo y mejorar el ritmo de incremento de la productividad (véase gráfico 2). La reestructuración actual de sus economías contribuirá a mejorar su nivel de productividad, que generalmente es bajo. La transición de actividades de bajo valor añadido y/o bajos costes laborales a actividades con un mayor valor añadido deberá tener en cuenta las actuales ventajas comparativas. Una mayor integración económica en el mercado interior y las consiguientes medidas de acompañamiento para fomentar la competencia en la

economía deberán acelerar el proceso de reestructuración en los nuevos Estados miembros. La mayor competencia requiere un mayor ritmo en el proceso de privatización, una menor utilización de precios administrados, una reducción de la carga reglamentaria que pesa sobre las empresas y un mayor apoyo al espíritu empresarial. En este contexto, deberá reforzarse la capacidad de las autoridades centrales y locales de aplicar la legislación, particularmente en lo relativo a las normas de entrada al mercado y salida del mismo para las empresas.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los aumentos de productividad serán reforzados por la transición de los nuevos Estados miembros a una economía del conocimiento, que ocupa un lugar central en la estrategia de la UE establecida en Lisboa. Asimismo, la Iniciativa europea de crecimiento subraya el carácter primordial de las inversiones en industrias de redes y en investigación para fomentar el crecimiento, mejorar la integración de la Europa ampliada y mejorar la productividad y la competitividad. Para los nuevos Estados miembros, la difusión de I+D y las transferencias de tecnología son tan importantes como la inversión en I+D como medio de acelerar la transición hacia actividades de alto valor añadido. Con este fin, es fundamental mantener un elevado nivel de inversiones extranjeras directas, así como fomentar la capacidad de los sistemas de educación y formación para satisfacer las cambiantes necesidades de los mercados de trabajo [4]. Las reformas de los sistemas de educación y formación también contribuirían a fomentar el paso a unas actividades más innovadoras y más intensivas en conocimiento, al igual que las inversiones en tecnologías medioambientales.

[4] Informe provisional conjunto del Consejo y de la Comisión sobre la educación y la formación para 2010 ("Education and Training 2010"), adoptado el 26 de febrero de 2004.

Unos mercados de capitales desarrollados y con un funcionamiento adecuado desempeñan un importante papel en la canalización del ahorro hacia inversiones productivas y el fomento de la confianza de los inversores. Aunque los mercados de capitales de los países en vías de adhesión se han desarrollado considerablemente desde principios de los años noventa (tanto en volumen como en valor), en general siguen estando poco desarrollados en relación con la mayoría de los Estados miembros actuales (salvo en el caso de Chipre y Malta). Una rápida integración en el mercado único de servicios financieros mediante una rápida incorporación y aplicación de todo el acervo comunitario

en este ámbito será aún más importante con el fin de apoyar el desarrollo de un sector financiero equilibrado y suficientemente capitalizado y de mantener condiciones de igualdad para las instituciones financieras en una UE ampliada. Además, los mercados de capitales de la mayoría de los nuevos Estados miembros se caracterizan por un alto nivel de intermediación bancaria (que representa generalmente más del 80% de los activos financieros totales en los Estados del centro de Europa y bálticos) y un alto grado de propiedad extranjera de los bancos (excepto en Chipre y Eslovenia), mientras que algunos de ellos están experimentando un rápido desarrollo de otros intermediarios financieros, tales como los fondos de pensiones (por ejemplo, Polonia). En este contexto, será particularmente importante para los nuevos Estados miembros reforzar aún más sus disposiciones de supervisión financiera y mejorar la cooperación transfronteriza en materia de supervisión financiera y gestión de crisis financieras.

3.3 Reforzamiento de la sostenibilidad

Las OGPE hacen hincapié en la necesidad de lograr un crecimiento sostenible en la UE, integrando la sostenibilidad económica, social y medioambiental en la estrategia económica.

El envejecimiento de la población planteará a los nuevos Estados miembros retos en materia de sostenibilidad económica similares a los que tienen planteados los Quince. Aunque las situaciones de partida de los nuevos Estados miembros son en general mejores (con unos menores niveles de deuda en la mayoría de los casos), la evolución demográfica probablemente tendrá mayores repercusiones económicas (y sociales).

>SITIO PARA UN CUADRO>

En general, unas políticas económicas equilibradas realizan una importante contribución a la sostenibilidad social, ya que el empleo juega un papel fundamental para sacar a las personas de la pobreza y de la exclusión social. En los nuevos Estados miembros, debe hacerse mayor hincapié en la modernización de los sistemas de protección social y la mejora de las cualificaciones de la mano de obra con vistas a aumentar las tasas de actividad y mejorar la movilidad. A este respecto, las bajas tasas de empleo de los jóvenes y de los trabajadores de edad requieren especial atención. Deben abordarse las profundas disparidades regionales, especialmente logrando inversiones eficientes y una

diferenciación de salarios apropiada (que refleje las diferencias en los niveles de productividad). Además, ha de mejorarse el marco para las empresas, particularmente mediante medidas de fomento de la capacidad en la administración pública. Ello también deberá propiciar una utilización más eficiente del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales de la UE.

Las sustanciales inversiones en infraestructura energética y de transportes que necesitan la mayoría de los nuevos Estados miembros tienden a reducir los efectos medioambientales de la utilización de la energía y del sistema de transporte y mejorar la eficiencia energética. Estas inversiones serán esenciales ya que la intensidad energética de estos países es cerca de cuatro veces superior a la de los actuales Estados miembros (véase cuadro 3) a pesar de haber registrado durante la pasada década importantes mejoras (equivalentes al 6% anual). En particular, será primordial tener plenamente en cuenta los costes del deterioro medioambiental en las decisiones de inversión, en particular reduciendo las subvenciones al sector energético e introduciendo impuestos y tasas adecuados, por ejemplo, para el consumo de energía o la utilización de las infraestructuras de transporte.

II. Orientaciones específicas por países

Esta Parte II contiene actualizaciones de las secciones relativas a Alemania, Grecia, Italia, Francia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. También presenta las orientaciones para los nuevos 10 Estados miembros.

El 26 de junio 2003, el Consejo aprobó las Orientaciones Generales de Política Económica para los Estados miembros y la Comunidad correspondientes al periodo 2003-2005. Las recomendaciones específicas para cada país contenidas en las mismas siguen siendo generalmente válidas, aunque algunas de ellas deben actualizarse para incluir los necesarios ajustes de las políticas presupuestarias.

Es importante observar que, incluso cuando se han tomado medidas para seguir parcialmente o incluso totalmente una recomendación determinada, dicha recomendación no se actualiza hasta que pueda llevarse a cabo una evaluación completa de sus repercusiones. El ritmo y la naturaleza de los progresos alcanzados en la aplicación de las diversas orientaciones se examina en los informes de aplicación nacionales.

1. Bélgica

Sin actualización.

2. Dinamarca

Sin actualización.

3. Alemania

Uno de los retos que tiene planteados Alemania es "reducir rápidamente el déficit de sus administraciones públicas por debajo del 3% del PIB y mantener las finanzas públicas en una senda de saneamiento estable". Con este fin, en la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica se recomendaba a Alemania:

*Ejecutar el presupuesto de forma rigurosa y aplicar las medidas anunciadas o compensatorias para 2003 por un importe equivalente al 1% del PIB, y poner fin a la actual situación de déficit excesivo en 2004 a más tardar (recomendación 6);

*Reducir el déficit ajustado en función del ciclo como mínimo un punto porcentual del PIB entre finales de 2003 y 2005 (recomendación 7).

Estas dos recomendaciones eran similares a las dirigidas por el Consejo a Alemania el 21 de enero de 2003 de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 del Tratado. El 18 de noviembre de 2003, la Comisión adoptó dos recomendaciones con arreglo a los apartados 8 y 9 del artículo 104, respectivamente, a fin de que el Consejo decidiera: 1) que las medidas tomadas por Alemania eran insuficientes para poner fin a la situación de déficit excesivo, y 2) formular una advertencia a Alemania para que tomase las medidas necesarias con objeto de situar el déficit de sus administraciones públicas por debajo del 3% del PIB en 2005 a más tardar. El 25 de noviembre de 2003, el Consejo no adoptó estas dos recomendaciones de la Comisión, aprobando en su lugar una

serie de conclusiones, en las que, en particular, se aceptaban los compromisos contraídos por Alemania para reducir su déficit ajustado en función del ciclo en un 0,6% del PIB en 2004 y en un 0,5% del PIB o en una proporción superior en 2005 con el fin de lograr situar al déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% del PIB en 2005. En su dictamen sobre la actualización de 2003 del programa de estabilidad de Alemania [5], el Consejo confirmó estas conclusiones.

[5] DO C 68, 18.3.2004.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que los planes presupuestarios para los años posteriores a 2005 se han formado, en gran medida, dentro del periodo cubierto por las OGPE (en particular, en los programas de estabilidad plurianuales), se deben sustituir las recomendaciones 6 y 7 de la forma siguiente:

"6. Lograr una reducción anual de su déficit ajustado en función del ciclo equivalente al 0,6% del PIB en 2004 y, como mínimo, al 0,5% del PIB en 2005, con objeto de situar el déficit de sus administraciones públicas por debajo del 3% del PIB en 2005 (OG 1).

7. En caso de que la recuperación de la actividad económica sea más intensa de lo previsto, dedicar los posibles excesos de los ingresos efectivos respecto de los previstos a la reducción del déficit y a acelerar la reducción del déficit ajustado en función del ciclo.

7 bis. Asegurarse de que el saneamiento presupuestario prosiga en los años posteriores a 2005, particularmente, mediante una continua reducción del déficit presupuestario ajustado en función del ciclo de como mínimo 0,5 puntos porcentuales del PIB al año si ello fuera necesario para alcanzar a medio plazo una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit y hacer que el ratio de deuda vuelva a seguir una trayectoria decreciente (OG 1)."

4. Grecia

Uno de los retos que afronta Grecia es "garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas frente al envejecimiento de la población, particularmente teniendo en cuenta el elevado ratio de deuda pública". Para lograrlo, en la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica se recomendaba a Grecia:

*Garantizar un control efectivo de los gastos primarios corrientes abordando resueltamente el problema de los componentes inelásticos del gasto, por ejemplo, la masa salarial (recomendación 2).

Según los datos presupuestarios para 2003, comunicados por las autoridades griegas pero aún no validados por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas se mantuvo sólo ligeramente por debajo del valor de referencia del 3% del PIB. Esto representa una considerable ampliación del déficit en comparación con 2002 a pesar de una brecha de producción positiva, lo que refleja la naturaleza

procíclica y expansionista de la política fiscal griega. Para 2004 existe claramente el riesgo de que el déficit rebase el valor de referencia. Grecia se sigue alejando de una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit.

Teniendo en cuenta esta situación, la recomendación 2 se sustituye por lo siguiente:

2. Adoptar medidas apropiadas para evitar un déficit excesivo; avanzar hacia el logro a medio plazo de una situación de proximidad al equilibrio o superávit garantizando una reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo de como mínimo el 0,5% del PIB, y ello mediante un control efectivo de los gastos primarios corrientes del sector público (OG 1).

5. España

Sin actualización.

6. Francia

Uno de los retos que tiene planteados Francia es "reducir rápidamente el déficit de sus administraciones públicas por debajo del 3% del PIB y mantener las finanzas públicas en una senda de saneamiento estable". Con este fin, en la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica se recomendaba a Francia:

*Lograr en 2003 una reducción del déficit ajustado en función del ciclo significativamente superior a la prevista actualmente (recomendación 1).

*Aplicar medidas que permitan reducir en 2004 el déficit ajustado en función del ciclo en 0,5 puntos porcentuales del PIB, o en una proporción superior, con el fin de garantizar que la mejora acumulada en 2003-2004 sea suficiente para situar el déficit nominal por debajo del 3% en 2004 a más tardar (recomendación 2).

*Limitar el aumento del ratio deuda pública bruta/PIB en 2003 (recomendación 3).

Estas tres recomendaciones eran similares a las dirigidas por el Consejo a Francia el 3 de junio 2003 de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 del Tratado. El 8 y el 21 octubre de 2003, respectivamente, la Comisión adoptó dos recomendaciones con arreglo a los apartados 8 y 9 del artículo 104, respectivamente, a fin de que el Consejo decidiera: 1) que Francia no había tomado medidas adecuadas para seguir la recomendación del 3 de junio, y 2) formular una advertencia a Francia a fin de que este país adoptase las medidas necesarias para situar su déficit público por debajo del 3% del PIB en 2005 a más tardar. El 25 de noviembre de 2003, el Consejo no adoptó estas dos recomendaciones de la Comisión, aprobando en su lugar una serie de conclusiones en virtud de las cuales aceptaba, en particular, los compromisos contraídos por Francia para reducir el déficit ajustado en función del ciclo en 3,8% del PIB en 2004, y en el 0,6% del PIB o en una proporción superior en

2005, con el fin de garantizar que el déficit de las administraciones públicas se situé por debajo del 3% del PIB en 2005. En su dictamen relativo a la actualización de 2003 del programa de estabilidad de Francia [6], el Consejo confirmó y clarificó estas conclusiones.

[6] DO C 43, 19.2.2004.

Ante esta situación y teniendo presente que los planes presupuestarios para los años posteriores a 2003 en gran medida coinciden en el periodo cubierto por las OGPE (en particular, en los programas de estabilidad plurianuales), las recomendaciones 1,2 y 3 se sustituyen como sigue:

"1. Lograr una reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo del 0,8% del PIB en 2004 y, como mínimo, del 0,6% del PIB en 2005, con objeto de garantizar que el déficit de sus administraciones públicas se sitúa por debajo del 3% del PIB en 2005 (OG 1).

2. En caso de que la recuperación de la actividad económica sea más intensa de lo previsto, dedicar los posibles excesos de los ingresos efectivos respecto de los previstos a la reducción del déficit y a acelerar la reducción del déficit ajustado en función del ciclo mediante la aplicación de medidas adicionales. Por otra parte, el posible margen presupuestario derivado de un aumento de los gastos inferior al previsto deberá dedicarse a la reducción del déficit.

3. Asegurar que el saneamiento presupuestario prosigue en los años posteriores a 2005, particularmente, mediante una continua reducción del déficit presupuestario ajustado en función del ciclo de como mínimo 0,5 puntos porcentuales del PIB al año, o mayor si ello fuera necesario para alcanzar a medio plazo una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit y hacer que el ratio de deuda vuelva a seguir una trayectoria decreciente (OG 1)."

7. Irlanda

Sin actualización.

8. Italia

Uno de los retos que afronta Italia es "sanear rápidamente sus finanzas públicas". Para lograrlo, en la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica se recomendaba, en especial, a Italia:

*Garantizar una reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo de como mínimo el 0,5% del PIB hasta llegar a una situación presupuestaria a medio plazo de proximidad al equilibrio o superávit, sustituyendo las medidas excepcionales por medidas más duraderas (recomendación 1).

Según los datos presupuestarios para 2003, el déficit de las administraciones públicas fue del 2,4% del PIB, manteniéndose pues prácticamente inalterado frente a la cifra de 2002 (2,3%). En el contexto de un débil crecimiento económico, las autoridades han seguido recurriendo a medidas temporales para limitar el déficit. Se estima que dichas medidas han mejorado los resultados presupuestarios en algo más de dos puntos porcentuales del PIB (aproximadamente 1,5 puntos porcentuales en 2002). Unos gastos de intereses notablemente inferiores a los del año anterior también han contribuido a evitar un

mayor aumento del déficit. En 2004, cuando las medidas excepcionales deberán reducirse a la mitad, existe claramente el riesgo de que el déficit rebase el valor de referencia del 3% del PIB. Con una brecha de producción prácticamente inalterada, la evolución del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo también es desfavorable. El ajuste hacia una situación próxima al equilibrio presupuestario en términos ajustados en función del ciclo se ha retrasado aún más.

A la luz de esta evolución, se sustituye la recomendación 1 por lo siguiente:

"1. Adoptar medidas apropiadas para evitar un déficit excesivo; avanzar hacia el logro a medio plazo de una situación de proximidad al equilibrio o superávit garantizando una reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo de como mínimo el 0,5% del PIB, sustituyendo las medidas excepcionales por medidas más duraderas, (OG 1)."

9. Luxemburgo

Sin actualización.

10. Países Bajos

Uno de los retos que tienen planteados los Países Bajos es "Proseguir el ajuste presupuestario en los próximos años frente al menor potencial de crecimiento y los costes presupuestarios del envejecimiento de la población". Para alcanzar este objetivo, en la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica se recomendaba a los Países Bajos:

*Seguir conteniendo el gasto público dentro de límites claramente definidos, establecidos en términos reales y coherentes con una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit (recomendación 1).

Según los datos presupuestarios relativos a 2003, el déficit de las administraciones públicas aumentó hasta el 3,2%% del PIB, debiéndose este deterioro a la profunda ralentización económica, que llevó a un incremento del déficit superior al previsto, a pesar de un importante conjunto de medidas de ahorro fiscal. Para 2004, existe el riesgo de que el déficit rebase de nuevo el valor de referencia del 3% del PIB. Sin embargo, teniendo en cuenta la ampliación de la brecha de producción, la evolución del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo es más favorable. En términos ajustados en función del ciclo se está avanzando hacia una situación próxima al equilibrio presupuestario.

Teniendo en cuenta esta evolución, se sustituye la recomendación 1 por lo siguiente:

"1. Mostrar predisposición a adoptar las medidas necesarias en caso de que se registre un déficit excesivo, al mismo tiempo que se controla el gasto público dentro de unos límites máximos

claramente definidos en términos reales, de forma compatible con una situación presupuestaria a medio plazo de proximidad al equilibrio o superávit (OG 1 y 14)."

11. Austria

Sin actualización.

12. Portugal

Uno de los retos que afronta Portugal es "acelerar la consolidación de las finanzas públicas y poner fin al rápido incremento del gasto público". Para alcanzar este objetivo, en la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica se recomendaba, en particular, a Portugal:

*Seguir reduciendo el déficit público en 2003, según lo previsto, y lograr posteriormente una reducción del déficit ajustado en función del ciclo de como mínimo el 0,5% del PIB al año con objeto de alcanzar una situación presupuestaria próxima al equilibrio (recomendación 1).

En 2003, el déficit presupuestario de las administraciones públicas fue del 2,8% del PIB, conforme, pues, a la recomendación enviada por el Consejo a Portugal el 5 de noviembre de 2002 con arreglo al apartado 7 del artículo 104 del Tratado, por la que se requería una reducción del déficit público por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2003 a más tardar. La considerable brecha de producción negativa, junto con la recesión económica de 2003, obstaculizaron notablemente el proceso de saneamiento presupuestario, debido a la enorme reducción de ingresos tributarios registrada en 2003 (excluyendo los efectos de la medida excepcional relativa a los atrasos impositivos y las cotizaciones sociales). Aunque el Gobierno ha realizado en líneas generales sus planes de limitación del gasto (el crecimiento de los gastos primarios corrientes disminuyó del 8,9% en 2001 a 7,8% en 2002 y al 4,1% en 2003), la escasez de ingresos inducida por la recesión llevó al Gobierno a recurrir de forma significativa a medidas excepcionales por segundo año consecutivo (equivalentes al 1,5% y al 2,1% del PIB en 2002 y 2003, respectivamente). Para 2004, existe claramente el riesgo de que el déficit rebase de nuevo el valor de referencia habida cuenta del bajo crecimiento, y hasta la fecha sólo se prevé una sustitución parcial del volumen significativo de medidas excepcionales adoptadas en 2003.

A la luz de esta evolución, se sustituye la recomendación 1 por lo siguiente:

"1. Tomar medidas adecuadas para evitar que el déficit vuelva a rebasar el valor de referencia del 3% del PIB; avanzar hacia el logro a medio plazo de una situación de proximidad al equilibrio o superávit garantizando una reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo de como mínimo el 0,5% del PIB, sustituyendo las medidas excepcionales por medidas más duraderas (OG 1)."

13. Finlandia

Sin actualización.

14. Suecia

Sin actualización.

15. Reino Unido

En 2003, el déficit de las administraciones públicas fue del 3,2% del PIB, situándose, pues, por encima del valor de referencia del 3% del PIB. La situación presupuestaria se deterioró más de lo previsto en 2003, debido principalmente a unos ingresos procedentes de los impuestos directos inferiores a lo previsto. A medio plazo, se prevé que tanto el déficit nominal como el déficit ajustado en función del ciclo disminuyan para situarse ligeramente por debajo del 2% del PIB, en un contexto de constantes incrementos de los gastos previstos encaminados a remediar la escasa inversión del sector público y la prestación insuficiente de servicios públicos. No obstante, la senda prevista de déficit no permite un margen de seguridad suficiente para impedir que se rebase el valor de referencia del 3% del PIB en el caso de fluctuaciones macroeconómicas normales. Por otra parte, existen riesgos para las previsiones presupuestarias derivados del aumento autónomo previsto de la proporción de ingresos.

En esta situación, el Reino Unido tiene planteado un reto adicional con respecto a la versión de 2003 de las Orientaciones Generales de Política Económica, a saber:

Reforzar la situación presupuestaria con el fin de evitar la aparición de desequilibrios presupuestarios

Con el fin de reforzar la situación presupuestaria para lograr unas finanzas públicas saneadas, se recomienda al Reino Unido:

"6. Mostrar predisposición a adoptar las medidas necesarias para evitar un déficit excesivo; mejorar la situación presupuestaria ajustada en función del ciclo para lograr un saneamiento de las finanzas públicas compatible con una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit a medio plazo (OG 1)."

16. Chipre

La pequeña economía chipriota, que se apoya principalmente en el turismo, ha mostrado cierta resistencia frente a las difíciles condiciones económicas internacionales. En un principio, el crecimiento elevado y sostenido del PIB real, a una tasa media del 4,2% en 1997-2001, fue impulsado por la demanda interna y el continuo y elevado crecimiento de la afluencia de turistas. Sin embargo, tras el 11 de septiembre de 2001, la economía se vio afectada por la caída del turismo provocada por las amenazas terroristas internacionales, la guerra en Afganistán e Irak y la aparición del SARS (Síndrome Respiratorio Grave Agudo), y la crisis prosiguió en 2003. Como consecuencia de ello, el crecimiento se redujo a menos de la mitad, aunque aún alcanzó el 2% en 2002 y 2003, impulsado principalmente por una moderada demanda interna. En cualquier caso, este crecimiento es inferior al potencial.

Estos resultados relativamente buenos en materia de crecimiento se vieron respaldados por una economía de mercado dominada por el sector privado, junto con un sistema financiero y jurídico altamente desarrollado, unas políticas económicas generalmente prudentes y un mercado de trabajo flexible. En éste se daba una situación próxima al pleno empleo y unas elevadas tasas de actividad; con unas tasas de empleo que fluctúan entre el 3% y el 5%, Chipre no tiene realmente un problema de desempleo. Al mismo tiempo, la crisis del turismo (de masas) en Chipre a puesto de relieve la creciente dependencia económica de este sector, mientras que las fuentes tradicionales de ingresos de exportación, particularmente dentro del sector de fabricación, muestran una disminución estructural. Por ello, a Chipre le puede convenir aumentar su diversificación hacia actividades de mayor valor añadido. Con este fin, Chipre puede acelerar seguir simplificando el marco para las empresas.

En 1999 se estableció un plan de saneamiento fiscal, que fue revisado y ampliado en los años siguientes. Sin embargo, en 2002 y 2003 la situación presupuestaria se deterioró de nuevo y se abandonó el proceso de saneamiento, al aumentar el déficit hasta el 4,6% y el 6,3% del PIB, respectivamente. La política fiscal expansionista contribuyó al aumento de la demanda interna y a una previsión de déficit de la balanza por cuenta corriente del 4,4% del PIB para 2003. El Gobierno se propone abordar de nuevo el déficit presupuestario este año y los siguientes, orientándose hacia una política económica más favorable y una reducción del déficit de la balanza por cuenta corriente.

La política económica en Chipre deberá tender a lograr un alto grado de convergencia sostenible, particularmente en lo que se refiere al saneamiento de la hacienda pública. Tal saneamiento, así como la gestión de la creciente dependencia con respecto al sector turístico, debe apoyarse en políticas que contribuyan a mantener el alto ritmo de crecimiento a medio y largo plazo. Esto requiere, en particular, un reforzamiento del crecimiento y de la base de empleo, y Chipre deberá proseguir su transición a una economía del conocimiento. Debe observarse que los retos presentados a continuación están sometidos a un grado de incertidumbre inhabitual, ya que, en el caso de que se produzca la reunificación, la situación económica de la isla cambiaría profundamente. En este contexto, Chipre tiene planteados dos grandes retos:

* Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas

*Aumentar la diversificación de la economía hacia actividades de un mayor valor añadido.

Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas

El saneamiento presupuestario se apartó gradualmente de los objetivos en 2002 y 2003. El plan de saneamiento presupuestario, establecido en 1999, se revisó en 2001 y nuevamente en 2002. Su objetivo era reducir el déficit al 2% del PIB para 2002 y llegar al equilibrio presupuestario en 2005 a más tardar. Sin embargo, el menor crecimiento de 2002 llevó al déficit presupuestario al 4,6% del PIB, en lugar del 2,6% previsto anteriormente. En 2003 se produjo un desvío aún mayor respecto de los objetivos a consecuencia del moderado crecimiento y la evasión fiscal, que se tradujeron en unos menores ingresos, mientras que los gastos aumentaron a causa del incremento de los gastos de defensa y la aplicación de medidas expansionistas encaminadas a reactivar la demanda externa. Esto dio al traste con el programa de saneamiento y el déficit público alcanzó en 2003 el 6,3% del PIB. La orientación fiscal expansionista contribuyó a un aumento de la demanda interna y a la persistencia de un déficit de la balanza por cuenta corriente relativamente elevado, que se estima en el 4,4% del PIB en 2003. El Gobierno se propone abordar de nuevo el déficit presupuestario, orientándose así hacia una política económica más favorable y permitiendo una reducción del déficit de la balanza por cuenta corriente. Se requieren importantes medidas correctoras si se pretende restablecer el proceso de saneamiento según los objetivos previstos. La calidad de las finanzas públicas deberá mejorar gracias a una amplia reforma fiscal, que deberá concluir a finales de 2004. Esta reforma apoyará nuevas reducciones del déficit y contribuirá a mantener el déficit por cuenta corriente en una senda sostenible en caso de que el ahorro neto privado vuelva a ser menos favorable.

Aumentar la diversificación de la economía hacia actividades de un mayor valor añadido

Con un sector turístico que representa aproximadamente el 15%-20% del PIB y del empleo, la economía chipriota ha mostrado cierta resistencia frente al difícil entorno internacional. No obstante, en una perspectiva a largo plazo, puede ser conveniente para Chipre mejorar sus actividades turísticas y desarrollar otras actividades de alto valor añadido. A este respecto, el Gobierno chipriota ha iniciado una serie de reformas para facilitar la transición a una economía del conocimiento. Sin embargo, el bajo nivel de gasto en I+D, especialmente por parte del sector empresarial, y la carencia de cualificaciones en materia de tecnologías de la información todavía pueden constituir obstáculos. Por último, tanto el comercio electrónico como el porcentaje de hogares con acceso a Internet son muy limitados.

Un mejor entorno empresarial también es fundamental para mejorar la eficiencia de los mercados de productos. En primer lugar, la economía chipriota está dominada por pequeñas empresas familiares cuya expansión puede verse dificultada en parte por el problema del acceso a la financiación. En segundo lugar, la competencia en las industrias de redes es todavía limitada. Por ejemplo, en el mercado de la electricidad, la disociación del operador del sistema de transmisión aún sigue pendiente. En noviembre de 2003, la autoridad reguladora de los sectores de telecomunicaciones y servicios

postales publicó dos decretos por los que se avanza pero no se completa la disociación del bucle local en estos sectores. Por último, en el sector del transporte aéreo persisten obstáculos de acceso al mercado, y en el sector marítimo el acervo comunitario aún no se ha incorporado totalmente.

Recomendaciones específicas para Chipre

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas, se recomienda a Chipre:

1. Reducir el déficit de las administraciones públicas de forma creíble y sostenible dentro de un marco plurianual, de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1).

Con objeto de aumentar la diversificación de la economía hacia actividades de un mayor valor añadido, se recomienda a Chipre:

2. Redoblar los esfuerzos para aumentar la adecuación de las cualificaciones del capital humano, fomentar la actividad de I+D y la innovación, particularmente en el sector de las empresas, y mejorar las condiciones para facilitar la difusión de las TIC (OG 9 y 13).

3. Seguir simplificando el marco para las empresas y el régimen tributario (OG 11).

17. República Checa

Tras la ralentización económica de 1997-1998, el crecimiento anual del PIB real fue de aproximadamente el 3%, con excepción de 2002, cuando el país sufrió serias inundaciones y el crecimiento del PIB sólo alcanzó el 2%. La inflación medida por el índice de precios al consumo armonizado alcanzó niveles muy bajos (1,4% en 2002 y -0,1% en 2003) y las autoridades monetarias no alcanzaron el objetivo de inflación. El crecimiento se ha visto respaldado por los esfuerzos de reestructuración, pero la producción no ha alcanzado todavía plenamente su nivel potencial. Los principales procesos de reestructuración tuvieron lugar en el sector bancario. La reestructuración de este sector estuvo acompañada por unos substanciales costes presupuestarios ya que el Estado se hizo cargo de los activos no rentables presentes en los balances de los bancos. Por otra parte, la política presupuestaria ha sido un tanto relajada hasta fechas recientes, provocando el incremento del déficit de las administraciones. La orientación expansionista de la política fiscal contribuyó al auge de la demanda interna y a un aumento del déficit de la balanza por cuenta corriente, cada vez más impulsado por el consumo, que llegó a representar más de 6% del PIB.

La República Checa deberá perseguir un elevado grado de convergencia sostenible, especialmente en cuanto al saneamiento de las finanzas públicas. La economía se ha caracterizado por un crecimiento bajo en comparación con los restantes nuevos Estados miembros. Por ello, la consolidación de la hacienda pública debe apoyarse en políticas que contribuyan a acelerar el crecimiento a medio y largo plazo. Esto requiere, en particular, un esfuerzo para abordar las deficiencias estructurales persistentes, sobre todo en el mercado de trabajo y el marco empresarial, y para acelerar la transición a una economía del conocimiento.

En este contexto, la República Checa tiene planteados cuatro retos principales:

*Lograr urgentemente una nueva reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública.

*Seguir abordando los problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Mejorar las condiciones para incrementar el aumento de la productividad.

*Promover el espíritu de empresa y las PYME.

Lograr urgentemente una nueva reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública

El déficit de las administraciones públicas aumentó del 6,4% del PIB en 2002 al 12,9% del PIB en 2003 [7], propiciando así un mayor deterioro del déficit de la balanza por cuenta corriente. En 2003, el Gobierno introdujo un programa de saneamiento presupuestario encaminado a reducir el déficit de las

[7] Este déficit se debe en parte a una única garantía estatal, equivalente a aproximadamente el 6,3% del PIB.

administraciones públicas al 4% del PIB en 2006. Este saneamiento presupuestario respaldará las nuevas reducciones del déficit y contribuirá a situar al déficit de la balanza por cuenta corriente en una senda más sostenible en caso de que disminuya el ahorro privado neto.

Sin embargo, la mejora de la calidad de las finanzas públicas dependerá en gran medida de la aplicación de la reforma fiscal. Una característica muy importante de esta reforma es la modificación del marco discrecional con la introducción de los presupuestos orientados a los resultados y los marcos para el gasto a medio plazo. En particular, los marcos de gasto deberán reducir los incentivos de la Administración central para proporcionar garantías estatales, que acarrean riesgos substanciales para el presupuesto. Además, teniendo en cuenta el proceso actual de descentralización de la administración pública, la falta de normas presupuestarias a nivel regional y local puede poner en peligro el logro de una situación presupuestaria equilibrada en el futuro. Como factor positivo, cabe mencionar que en sus planes de reforma el Gobierno no prevé disminuir la proporción del gasto público de inversión en el PIB en los próximos años.

En cuanto a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, los gastos extrapresupuestarios y el rápido crecimiento de los gastos de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria son importantes motivos de preocupación. Aunque el nivel de deuda pública del país no sea elevado, la evolución de las partidas mencionadas ha contribuido a un rápido aumento en los últimos años (del 25,2% del PIB en 2001 al 37,6% del PIB en 2003).

Seguir abordando los problemas estructurales del mercado de trabajo

Entre 1990 y 2002, el mercado de trabajo checo experimentó cambios estructurales substanciales. La proporción de personas empleadas en el sector primario disminuyó del 12,4% al 4,8% de la mano de obra y del 45,1% al 39,6% en el sector secundario, mientras que aumentó del 42,5% al 55,6% en el sector terciario. La tasa de desempleo era del 7,3% al final de 2002 y ha aumentado desde entonces hasta llegar al 8,1% en el último trimestre del 2003. Además del proceso de reestructuración, es probable que el desempleo sea afectado por la reforma de las finanzas públicas, en virtud de la cual durante el periodo 2004-2006 se perderá cada año el 2% de los empleos públicos. La influencia de los sindicatos en la formación de los salarios es baja. El proceso de negociación salarial es descentralizado, y los salarios se fijan principalmente a nivel de empresa. El nivel de coordinación de las negociaciones entre empresas y sectores es bajo. A pesar de que la tasa de empleo es elevada (65% en 2002) y la tasa de desempleo es similar a la media comunitaria, el mercado de trabajo checo presenta una serie de deficiencias estructurales. En primer lugar, son muy elevadas las disparidades regionales en materia de desempleo. La tasa de desempleo en regiones con grandes deficiencias estructurales es más de cuatro veces superior a la de Praga, y en algunas regiones superior al 25%. En segundo lugar, la proporción de los desempleados de larga duración (en paro durante más de un año) es muy elevada, y alcanzó el 40,3% al final de 2003. Por otro lado, el periodo medio de inscripción en las oficinas de empleo está aumentando. En tercer lugar, la tasa de desempleo juvenil (personas de menos de 25 años) es muy elevada. La proporción del desempleo juvenil en el desempleo total era de cerca del 23%, con grandes disparidades entre las distintas regiones.

En cuanto a la oferta de empleo, el desempleo de larga duración y la baja flexibilidad ocupacional son consecuencia de los desincentivos inherentes a los sistemas tributario y de prestaciones, de un sistema poco desarrollado de programas de aprendizaje permanente y de unos sistemas de educación y formación deficientes. Estos programas no proporcionan cualificaciones suficientemente adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo, en particular, a las exigencias de la economía del conocimiento. Las deficiencias estructurales del mercado de trabajo checo también reflejan una baja movilidad geográfica, que es resultado de dos factores principales: en primer lugar, la regulación de los precios de la vivienda disminuye los incentivos a la oferta de viviendas en la regiones en las que se crean empleos; en segundo lugar, la deficiente infraestructura de transportes aumenta los costes de los desplazamientos cotidianos entre el hogar y el lugar de trabajo y crea obstáculos a la inversión y a la creación de empresas en las regiones con deficiencias estructurales.

En cuanto a la demanda de empleo, el alto tipo de las cotizaciones a la seguridad social y la asistencia sanitaria pueden tener efectos negativos. El tipo total de estas cotizaciones ha alcanzado el 47,5% de los salarios brutos, y su pago corresponde aproximadamente en una cuarta parte a los trabajadores y en tres cuartas partes a las empresas.

Mejorar las condiciones para incrementar el aumento de la productividad

El incremento de la productividad en la República Checa ha sido relativamente bajo. Durante el periodo 1996-2002, la productividad del trabajo aumentó un 2,1% anualmente, lo que representa la tasa más baja de los nuevos Estados miembros. Por otra parte, el nivel de productividad es todavía muy bajo en comparación con la UE (aproximadamente el 55% de la media de la UE-15 en 2003). Los factores que contribuyeron a esta situación podrían ser la escasa flexibilidad del sistema educativo, la baja eficiencia de la actividad de inversión y desarrollo y la innovación y el bajo grado de utilización de TIC. La escasa flexibilidad del sistema educativo y de formación para responder a las nuevas necesidades en materia de cualificaciones se refleja en la inadecuación de las cualificaciones a la demanda de trabajo. El nivel educativo (porcentaje de la población de edad comprendida entre 20 y 24 años que al menos ha realizado del segundo ciclo de enseñanza secundaria) es muy elevado (92%), pero la proporción de titulados superiores es una de las más bajas de la UE. A pesar de un nivel de gastos en I+D elevado en comparación con los nuevos Estados miembros, la actividad de innovación resultante, medida por el número de patentes, es muy baja, lo que indica una baja eficiencia de la actividad de I+D. Al parecer, es limitada la cooperación entre los institutos de investigación (por ejemplo, las universidades y la Academia Checa de Ciencias) y el sector privado. Reconociendo estos problemas, el Gobierno ha adoptado la política nacional de I+D para 2004-2008 encaminada a fomentar la actividad de investigación y desarrollo, pero sus resultados dependerán en gran medida de su grado de aplicación.

Promover el espíritu de empresa y las PYME

A pesar del progreso alcanzado en el establecimiento de un marco de competencia apropiado y de la continua evolución del marco jurídico, parecen subsistir obstáculos significativos al espíritu de empresa en la República Checa. Esto se refleja particularmente en la baja aportación de las PYME al PIB (menos del 40%). La tasa bruta de creación de empresas (proporción respecto del número total de empresas) es baja en comparación con los otros nuevos Estados miembros.

Los factores que contribuyen a esta situación son las deficiencias del marco empresarial, que proporcionalmente afectan más a las PYME -por ejemplo, en lo que se requiere a la reglamentación y su aplicación-, las excesivas cargas administrativas que pesan sobre las empresas y el acceso limitado a la financiación. El proceso administrativo de creación de una empresa es muy largo y complicado. Las empresas critican a menudo el funcionamiento ineficiente y con frecuencia no transparente del Registro Comercial. Asimismo, la legislación sobre quiebras no permite la salida del mercado o la reestructuración de las empresas en crisis. Actualmente se están elaborando una serie de propuestas legislativas para abordar estos problemas, pero los progresos realizados hasta ahora son escasos. A pesar de una mejora del nivel de cualificación de los jueces, la calidad y la oportunidad de la administración de justicia siguen constituyendo deficiencias fundamentales. Además, para las nuevas empresas resulta excesivamente difícil encontrar fuentes exteriores de financiación.

Recomendaciones específicas para la República Checa

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de lograr urgentemente una nueva reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, se recomienda a la República Checa:

1. Reducir el déficit de las administraciones públicas de forma creíble y sostenible dentro de un marco plurianual y conforme a las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1).

2. Reformar los regímenes de asistencia sanitaria y de pensiones para garantizar su viabilidad financiera, en particular para combatir el aumento previsto del ratio de dependencia de la población de edad, y tomar medidas para reducir el riesgo que supone para el presupuesto el nivel creciente de pasivos contingentes y garantizar el fomento de los incentivos al trabajo y la reducción de las altas cotizaciones a la seguridad social (OG 4, 14 y 16).

Con objeto de seguir abordando los problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a la República Checa:

3. Reforzar la oferta de trabajo reformando los sistemas tributario y de prestaciones para eliminar los desincentivos al empleo y fomentar la movilidad regional y ocupacional reduciendo la inadecuación de las cualificaciones, al mismo tiempo que se garantiza la eficiencia de las medidas de reciclaje profesional y de otras políticas activas del mercado de trabajo, se desregula el mercado de la vivienda y se mejora la infraestructura de transportes (OG 4, 7, 8 y 13).

Con el fin de mejorar las condiciones para incrementar el aumento de la productividad, se recomienda a la República Checa:

4. Mejorar la eficiencia y la calidad del sistema de educación y formación y su capacidad de reacción para satisfacer las necesidades cambiantes en materia de cualificaciones (OG 13).

5. Mejorar la eficiencia de las actividades de I+D e innovación, fomentar la transferencia de conocimientos por medio de las inversiones extranjeras directas y apoyar la difusión de conocimientos (OG 13).

Con objeto de promover el espíritu de empresa y las PYME, se recomienda a la República Checa:

6. Mejorar el entorno empresarial, particularmente eliminando las cargas administrativas, mejorando y aplicando el marco jurídico y facilitando el acceso a la financiación (OGP 11 y 12).

18. Estonia

En el contexto de una débil demanda externa, Estonia siguió registrando unos sólidos resultados macroeconómicos en 2003, pero el déficit de la balanza por cuenta corriente se amplió hasta el 13,7% del PIB. El crecimiento del PIB, del 4,8%, se apoyó en un fuerte crecimiento de la inversión y el consumo privados. El aumento del consumo fue impulsado por una fuerte expansión del crédito, unos mayores salarios y un moderado aumento del empleo. En el contexto de una prolongada atonía de la inversión en la zona del euro, los gastos de capital en Estonia aumentaron bruscamente, a una tasa superior al 11%, gracias a unas fuertes entradas de inversiones extranjeras directas y a los bajos tipos de interés. La inflación, que había aumentado hasta cerca del 7% a mediados de 2001, disminuyó hasta el 1,3% en 2003. El superávit de las administraciones públicas aumentó hasta el 1,8% del PIB en 2002 y el 2,6% en 2003, debido a la intensa actividad y a una mejora de la recaudación tributaria, pese a los gastos adicionales aprobados por el Parlamento. Algunas administraciones locales siguieron constituyendo una rémora para el fisco.

Estonia deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible y una reducción del déficit de la balanza por cuenta corriente. La política fiscal puede tener efectos significativos sobre la balanza por cuenta corriente, mientras que las políticas estructurales, sobre todo las encaminadas a mejorar la productividad y aumentar la competencia, pueden incrementar el potencial de crecimiento de la economía, y, a su vez, mejorar el equilibrio entre la inversión y el ahorro así como la balanza por cuenta corriente. Por otra parte, la mejora del mercado de trabajo, y concretamente la reducción de la tasa de desempleo, sigue constituyendo un importante reto para las autoridades como consecuencia de la reestructuración de la economía tras la independencia del país. En este contexto, Estonia tiene planteados cuatro retos principales

*Corregir el amplio déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo que deberá contribuir una política fiscal adecuada.

*Abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Mejorar las condiciones para aumentar la productividad.

*Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes.

Corregir el amplio déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo que deberá contribuir una política fiscal adecuada

El desajuste entre la demanda interna y externa se tradujo en una fuerte demanda de importaciones (aumento del 8,1%) y en unas exportaciones relativamente débiles (aumento del 5,1%) y, consiguientemente, en un deterioro del déficit de la balanza por cuenta corriente equivalente al 13,7% del PIB en 2003, que se deriva en gran parte de una serie de partidas excepcionales, relativas principalmente a la importación de bienes de inversión, y de una balanza de ingresos negativa, mientras que la balanza de capital sigue arrojando un superávit, gracias a la fuertes entradas de inversiones extranjeras directas. El bajo nivel de deuda pública (alrededor del 5% del PIB) y la favorable calificación crediticia del país contribuyen a atenuar las preocupaciones inmediatas en materia de estabilidad en relación con la financiación del déficit de la balanza por cuenta corriente. Además, la Administración central ha acumulado una "reserva de estabilidad" equivalente al 9% del

PIB, que se ha financiado con superávit presupuestario e ingresos procedentes de las privatización desde 1997.

Por consiguiente, unas políticas estructurales que fomenten la competitividad exterior de los bienes y servicios de Estonia, principalmente mediante una rápida mejora de las infraestructuras y la inversión en recursos humanos, con particular atención a sus regiones desfavorecidas, son esenciales para reducir de forma significativa los desequilibrios macroeconómicos de la economía de Estonia a medio plazo.

La continuación de políticas fiscales prudentes es fundamental para abordar el déficit de la balanza por cuenta corriente. Aunque el superávit de las administraciones públicas aumentó del 1,8% del PIB en 2002 al 2,6% del PIB en 2003, algunas administraciones locales siguieron constituyendo una rémora para el fisco, y en 2002 y 2003 se registraron desvíos presupuestarios. A pesar de los superávit presupuestarios de los últimos años y de la baja deuda pública, los planes para la realización de gastos adicionales y recortes tributarios junto con los compromisos derivados de la adhesión a la UE aumentarán las presiones sobre el presupuesto en un futuro próximo. Esto puede disminuir el ahorro nacional aún más y afectar negativamente a la política económica, particularmente en el contexto de un déficit de la balanza por cuenta corriente muy elevado. En líneas generales, la situación presupuestaria de las administraciones públicas probablemente se mantendrá en equilibrio o en superávit durante los próximos años, incluso con una cierta relajación de la política fiscal. Por otra parte, una relajación de la política fiscal durante los primeros años tras la adhesión a la UE probablemente coincidirá con una fase de expansión económica. No puede descartarse el efecto procíclico de la política fiscal prevista. De esta forma, la aplicación del programa de política fiscal a medio plazo en Estonia requiere un enfoque prudente y flexible.

Abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo

Las condiciones del mercado de trabajo de Estonia se han deteriorado gradualmente tras la independencia del país. La reestructuración de la economía y la inadecuación de las cualificaciones resultante parecen ser los principales factores de la subida del desempleo al 14,5% a mediados de 2000 (según las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo). La tasa de empleo, que había disminuido del 65% en 1997 al 60,6% en 2000, aumentó hasta el 61,1% en 2002 por primera vez desde la independencia del país, lo que contribuyó a la reactivación del mercado de trabajo que, a su vez, permitió reducir la tasa de desempleo hasta el 10,3% en 2002. Sin embargo, esta mejora fue resultado de unos bajos aumentos del empleo y una disminución significativa de la población activa; el empleo aumentó aproximadamente el 2% en el periodo 1987-2000, mientras que la población activa disminuyó cerca del 2,5%.

El aumento del desempleo en 1997-2002 estuvo asociado a un constante aumento de la proporción de desempleados a largo plazo, al desaliento entre los trabajadores, y, por consiguiente, a un aumento de la tasa de desempleo estructural. Sin embargo, la proporción de los trabajadores desempleados durante más de un año en el total de desempleados disminuyó en 2002 al 41%, lo que constituye un nivel similar al de 1997, tras haber aumentado considerablemente, hasta el 60%, durante este periodo. Aun así, el número de desempleados de larga duración sigue siendo particularmente elevado, lo que indica que un gran número de desempleados no posee las cualificaciones requeridas para reintegrarse en el

mercado laboral. Las disparidades regionales siguen persistiendo y el desempleo sigue siendo considerablemente más elevado en el Noreste (aproximadamente, el 19% de la población activa) que el Sur (8,5%-9%).

Mejorar las condiciones para aumentar la productividad

En Estonia, el nivel de productividad es todavía muy bajo en comparación con la media de la UE (42% de la media de la UE-15 en 2002). Aunque el incremento de la productividad del trabajo se mantuvo elevado durante el periodo 1997-2000 (a una tasa del 7% anual), ha disminuido desde 2000. Dos factores principales podrían constituir un obstáculo para una futura aceleración de la productividad: la falta de cualificaciones de la mano de obra y el bajo nivel de I+D e innovación. Estos dos factores también explican que las inversiones extranjeras directas se concentren principalmente en sectores que no requieren un nivel importante de I+D ni de cualificaciones.

La falta de cualificaciones de la mano de obra se deriva de las deficiencias del sistema educativo, ya que los gastos públicos en educación son relativamente elevados (6,7% del PIB en 2000). Es particularmente inquietante el hecho de que el sistema educativo no se ajusta suficientemente a las necesidades del mercado laboral.

Una política de I+D bien diseñada también puede desempeñar un importante papel en el fomento del incremento de la productividad. Actualmente, Estonia realiza un gasto en I+D relativamente bajo, inferior al de otros países europeos (0,8% del PIB en 2001), con la más baja tasa de inversión empresarial en I+D de los nuevos Estados miembros. Esto se debe en parte a los escasos vínculos entre el mundo universitario y las empresas. En este ámbito, se ha aprobado una nueva estrategia que prevé un aumento significativo de los gastos totales en I+D durante el periodo 2002-2006.

Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes

Aunque la liberalización de las industrias de redes se ha iniciado en Estonia, la competencia es aún muy limitada en el mercado de la electricidad. El país ha negociado un largo período de transición para la liberalización de este sector, habida cuenta de su dependencia respecto de los esquistos bituminosos para la generación de electricidad. Se ha iniciado la reestructuración del sector de esquistos bituminosos, pero los progresos realizados en la liberalización prevista del mercado han sido limitados. El mercado de la electricidad está dominado por una empresa estatal integrada verticalmente, que opera en la oferta, generación, transmisión (en monopolio) y distribución. La apertura actual del mercado (10%) es inferior al grado de apertura del mercado de la mayoría de los demás nuevos Estados miembros. Uno de los más importantes obstáculos a la liberalización del mercado eléctrico es la imposición por parte de las autoridades de unas estrictas normas para la concesión de licencias de importación. Garantizar la independencia del organismo regulador del sector de la energía también es importante teniendo en cuenta que el operador histórico del mercado eléctrico es propiedad estatal.

Los problemas son menos agudos en los sectores del gas y las telecomunicaciones. El mercado del gas está privatizado y liberalizado, con un único proveedor en el mercado. El mercado de telecomunicaciones también se ha liberalizado. Sin embargo, podrían surgir problemas, ya que el propietario de la red también opera como distribuidor.

Recomendaciones específicas para Estonia

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

A fin de corregir el amplio déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo que deberá contribuir una política fiscal adecuada, se recomienda a Estonia:

1. Aplicar una política fiscal que sea conforme a las decisiones que adopte el Consejo en el marco del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1) y compatible con el objetivo de evitar políticas procíclicas que puedan agravar el desequilibrio externo (OG 2).

Con el fin de abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a Estonia:

2. Adoptar políticas orientadas particularmente a la reinserción de los desempleados de larga duración, sobre todo en las regiones más afectadas por la reestructuración de la economía, fomentando la formación profesional y la formación permanente, y estableciendo un marco institucional que favorezca la creación de empleo (OG 4, 6 y 8).

3. Alentar a los interlocutores sociales a garantizar que la evolución salarial -incluida la revisión de la legislación relativa al salario mínimo- no dificulte el aumento del empleo ni la recuperación del mercado de trabajo (OG 3 y 5).

Con objeto de mejorar las condiciones para aumentar la productividad, se recomienda a Estonia:

4. Mejorar la eficiencia y la calidad del sistema educativo y la formación profesional para reducir el desajuste en materia de cualificaciones profesionales existente en el mercado de trabajo (OG 13).

5. Aplicar la estrategia de I+D aprobada en 2001 y, especialmente, promover una mayor participación de las empresas en el gasto en I+D (OG 13).

Con el fin de desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes, se recomienda a Estonia:

6. Proceder a la liberalización del mercado de la electricidad, reforzar la independencia del organismo regulador y garantizar una competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones (OG 9).

19. Hungría

Tras una relativamente elevada tasa en 2002 (3,5%), el crecimiento del PIB real en 2003 disminuyó hasta situarse por debajo del 3%. Aunque el desempleo es uno de los más bajos de los países adherentes, la tasa de actividad es muy baja en comparación con la media de la UE. Importantes deficiencias estructurales del mercado de trabajo dificultan el aumento del empleo: falta de movilidad regional, inadecuación de las cualificaciones y desincentivos al trabajo inherentes a los sistemas de prestaciones. El logro de un alto grado de convergencia sostenible requiere el restablecimiento y mantenimiento de la competitividad a un nivel elevado y sostenible. Por ello, y con el fin de garantizar un crecimiento equilibrado a medio plazo, parece esencial volver a una evolución razonable de los salarios reales y a la creación de un marco más favorable a la inversión.

Tras registrarse un elevado déficit, equivalente al 9,3% del PIB en 2002, la política presupuestaria volvió a ser restrictiva en 2003. Sin embargo, el déficit presupuestario de las administraciones públicas aún se situó en el 5,9% del PIB. El significativo rebasamiento de los objetivos de déficit presupuestario durante los dos últimos años contribuyó a la ampliación del déficit de la balanza por cuenta corriente, impulsada por el consumo, hasta situarse por encima del 5,5% del PIB. Junto con otros problemas de la política macroeconómica (tales como el elevado aumento de los salarios reales y los altísimos tipos de interés reales) y la elevada inestabilidad del tipo de cambio, esto ha provocado un deterioro general de la confianza de los mercados financieros y una reducción de la competitividad global.

Hungría deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible, sobre todo en lo que se refiere al saneamiento de las finanzas públicas. Hungría ha aplicado una serie de reformas estructurales y su economía se ha aproximado considerablemente a la de la UE. Sin embargo, el país debe afrontar nuevos retos en algunas áreas y adoptar medidas encaminadas a aumentar la eficiencia del sistema educativo y alentar la inversión en investigación y desarrollo con el fin de lograr un aumento de la productividad. Debe seguir mejorándose la competencia en las industrias de redes y reforzarse la independencia de los organismos reguladores. En este contexto, Hungría afronta cinco retos principales:

*Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas,

*Aumentar las tasas de empleo y abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Fomentar la competitividad de los costes aplicando políticas que propicien la moderación salarial.

*Mejorar las condiciones para aumentar la productividad.

*Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes.

Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas

Tras el elevado déficit del 9,2% del PIB registrado en 2002, la política fiscal volvió a endurecerse en 2003. Sin embargo, el déficit de las administraciones públicas en 2003 equivalía aún al 5,9% del PIB. Aunque se prevé una nueva reducción del déficit para 2004, parece bastante difícil la posición de partida para el logro del objetivo de déficit de 2004. Aunque inicialmente estaban encaminadas a una reforma global de la hacienda pública, una serie significativa de partidas de gasto no se han abordado en absoluto en el presupuesto de 2004 y ni siquiera parecen haberse considerado en los planes de saneamiento. Mientras tanto, se prevé que los ahorros procedan principalmente de reducciones de los gastos corrientes y de funcionamiento. La anterior orientación expansionista de la política fiscal, junto con el fuerte incremento de los salarios reales, contribuyeron a una elevada demanda interna y a una ampliación del déficit de la balanza por cuenta corriente cada vez más impulsado por el consumo, hasta alcanzar una cifra algo superior al 5,5% del PIB. Una reducción de las elevadas necesidades de financiación del sector público también es fundamental con el fin de mejorar la balanza por cuenta corriente. No cabe esperar que el ahorro de las economías domésticas baste para financiar el aumento de la inversión privada (incluida la relacionada con la adhesión a la UE). Se espera que esto ejerza una mayor presión sobre la balanza por cuenta corriente. Así, incluso el mantenimiento del déficit de la balanza por cuenta corriente actual, permitiendo al mismo tiempo la realización de la inversión, requeriría nuevas restricciones presupuestarias. La vuelta a una política sostenible en Hungría deberá basarse en el saneamiento de las finanzas públicas.

Aumentar las tasas de empleo y abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo

Hungría presenta una de las tasas de desempleo más bajas de los países en vías de adhesión (5,8% en 2002). Sin embargo, esta tasa está asociada a un estancamiento de la población activa y a una baja tasa de actividad (59,7% en 2002) en comparación con la media de la UE. Por consiguiente, esta baja tasa de desempleo oculta el escaso "interés" por el mercado de trabajo, que lleva a un elevado nivel de inactividad, particularmente entre la población activa que se encuentra al final de su carrera profesional.

El mercado de trabajo también se caracteriza por deficiencias estructurales. Las diferencias regionales pueden observarse principalmente en la creciente urbanización y en el eje Este-Oeste, con una infraestructura menos desarrollada y un mayor nivel de desempleo en la parte Este del país. La movilidad interna es escasa en comparación con otros países; la vivienda y el transporte son los principales impedimentos. Por otro lado, un número significativo de desempleados son personas jóvenes (la tasa de desempleo juvenil es del 11,4%).

Fomentar la competitividad de los costes aplicando políticas que propicien la moderación salarial

Aunque ha registrado una ligera mejora desde el inicio de 2003, la competitividad de costes de la economía húngara registró un deterioro significativo en el periodo 2000-2002. La disminución de la competitividad de costes se debía en parte al rápido aumento de los salarios. En los últimos tres años, el aumento de los salarios reales fue superior al de la productividad, impulsado por una subida de los salarios mínimos y por el sector público, así como por un desfase en la adaptación de las empresas al

nuevo marco de baja inflación. Aunque el aumento de los salarios disminuyó hacia finales del año, los salarios reales aumentaron aproximadamente un 9,2% en 2003 (un 7,3% en el sector privado y un 12,7% en el sector público). Estos aumentos han afectado a la competitividad de costes y han provocado una disminución del empleo en algunos de los segmentos de empleos poco cualificados del mercado de abajo. Aunque este proceso ha contribuido a un cambio en la estructura de la producción industrial hacia una mano de obra altamente cualificada, el aumento de los costes laborales unitarios causaron un deterioro de la competitividad global de la economía, y no sólo la de las actividades intensivas en trabajo.

Mejorar las condiciones para aumentar la productividad

El aumento de la productividad ha sido decreciente desde 2000, aunque se mantiene ligeramente por encima de la media de los nuevos Estados miembros. Aunque el aumento de la productividad del trabajo fue del 4,2% en 2000, disminuyó al 2,4% en 2003. Los factores de la desaceleración de la productividad han sido el relativamente bajo nivel de I+D (0,95% del PIB en 2001), la ineficiencia del sistema educativo y la inestabilidad del marco empresarial.

Aunque se han tomado algunas medidas para mejorar la flexibilidad del sistema educativo con el fin de adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del mercado laboral, aún se observa una carencia de trabajadores de cualificaciones medias y altamente cualificados en el mercado de trabajo. El número de doctorandos está aumentando, pero muchos abandonan sus estudios antes de obtener el título. El número de titulados superiores en ciencia y tecnología por cada 1000 habitantes (de edades comprendidas entre 20 y 29 años) ha disminuido durante los últimos años; en 2001 era de 3,7, lo que constituye uno de los niveles más bajos de la UE. En cuanto a la actividad de investigación y desarrollo, la investigación aplicada está rezagada, en parte como consecuencia del aún bajo nivel de inversión empresarial en I+D, a pesar de los incentivos fiscales, y de la escasa cooperación entre las empresas y los institutos de investigación. Los gastos públicos en I+D también son relativamente bajos, no sólo en proporción del PIB, sino también en proporción del gasto público total (el gasto público en I+D representaba el 0,9% del gasto público total en 2001). Otro factor que podría afectar negativamente al aumento de la productividad es el marco político frecuentemente cambiante. La normativa y las estrategias del Gobierno se han cambiado a menudo durante la última década, lo que reduce la predecibilidad de las políticas y la confianza en el Gobierno, dificultando de esta forma la planificación a largo plazo.

Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes

Aunque se ha iniciado la liberalización en la mayoría de las industrias de redes, la competencia sigue siendo limitada. Uno de los mercados más liberalizados es el de telecomunicaciones. Sin embargo, incluso en este mercado la competencia está restringida debido a la fuerte posición dominante de la empresa anteriormente de propiedad estatal en el mercado de la telefonía fija y a la existencia de una situación de casi duopolio en el mercado de la telefonía móvil. Se han abierto a los grandes clientes los mercados de la electricidad y el gas. Sin embargo, los acuerdos de adquisición a largo plazo y la baja disponibilidad de capacidad de interconexión siguen constituyendo obstáculos a la competencia en el

sector eléctrico. Por último, en algunos de estos sectores, el Estado se ha reservado su capacidad de intervenir en las actividades de los organismos reguladores de las redes. Esto ocurre, por ejemplo, en los sectores de la electricidad y del gas, en los que el Gobierno puede influir en los precios.

Recomendaciones específicas para Hungría

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas, se recomienda a Hungría:

1. Reducir el déficit de las administraciones públicas de forma creíble y sostenible dentro de un marco plurianual de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1).

Con objeto de aumentar las tasas de empleo y abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a Hungría:

2. Reforzar la oferta de trabajo eliminando los obstáculos a la movilidad regional con medidas adecuadas en el sector de la vivienda y el transporte y alentando a los grupos desfavorecidos (minorías étnicas, personas discapacitadas y personas sin hogar) a entrar (o a reintegrarse) en el mercado de trabajo o a reintegrarse al mismo (OG 7 y 8).

3. Garantizar que los sistemas tributario y de prestaciones apoyen el empleo y proporcionen incentivos a ingresar o permanecer en el mercado de trabajo (principio de hacer rentable la ocupación de un puesto de trabajo) y seguir reduciendo la elevada presión fiscal sobre el factor trabajo (OG 4).

A fin de fomentar la competitividad de los costes aplicando políticas que propicien la moderación salarial, se recomienda a Hungría:

4. Promover una reforma de los mecanismos de fijación de salarios que permita a éstos reflejar mejor la productividad. Fomentar acuerdos salariales plurianuales con los interlocutores sociales tendentes a que la evolución de los salarios reales sea paralela a los aumentos de la productividad (OG 5).

Con objeto de mejorar las condiciones para aumentar la productividad, se recomienda a Hungría:

5. Promover una fuerte participación del sector privado en la actividad de investigación y desarrollo e innovación, reforzar los vínculos entre el mundo empresarial y los institutos de investigación, proporcionar unos recursos suficientes para mejorar la calidad de la investigación y apoyar la transferencia de conocimientos por medio de las inversiones extranjeras directas (OG 13).

6. Mejorar la eficiencia del sistema educativo, incrementar su flexibilidad con el fin de adaptarse mejor a las necesidades del mercado en materia de cualificaciones y proporcionar recursos suficientes para la educación y la formación profesional (OG 13).

7. Garantizar la estabilidad de la legislación y de las políticas gubernamentales para crear un marco empresarial más propicio al desarrollo del espíritu de empresa (OG 11).

Con el fin de desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes, se recomienda a Hungría:

8. Proceder a la liberalización de las industrias de redes y aumentar la competencia y la independencia de los organismos reguladores de las redes (OG 9).

20. Letonia

En los últimos años, la economía letona ha registrado un fuerte crecimiento económico a pesar del desfavorable marco exterior. Se espera que el crecimiento efectivo del PIB sea igual al potencial (5%-6% anual) a medio plazo. El consumo privado y la formación bruta de capital fijo han sido particularmente fuertes, y constituyen los principales factores de crecimiento. A pesar del elevado crecimiento del consumo privado, la inflación se ha mantenido a un nivel moderado en los últimos cinco años. Sin embargo, se espera que este año alcance niveles relativamente elevados, para bajar posteriormente al 3% en 2006-2007. Se ha registrado una rápida expansión del comercio exterior y, dado que las importaciones están superando a las exportaciones, el déficit de la balanza por cuenta corriente ha aumentado hasta el 9,3% del PIB en 2003 y se espera que se mantenga a este elevado nivel a medio plazo. En los últimos años, Letonia ha realizado progresos notables en la aplicación de las reformas estructurales, pero aún afronta algunos retos -cabiendo destacar la mejora del funcionamiento de la administración pública- que podrían afectar a la recepción de los fondos estructurales de la UE. De no superarse totalmente, dicho retos podrían disminuir la capacidad de Letonia de mantenerse en una senda de fuerte crecimiento.

La tasa de desempleo ha disminuido lentamente y varía considerablemente entre las regiones. El buen funcionamiento del mercado de trabajo se ve dificultado por una serie de problemas estructurales, tales como la inadecuación de los sistemas de educación y formación, la inadecuación de las cualificaciones y la baja movilidad geográfica. La competencia en los mercados de productos de Letonia ha sido fomentada por la privatización de la mayoría de empresas estatales, y el nivel de ayuda estatal sigue siendo inferior a la media de la UE. Los escasos problemas de competencia que aún existen se concentran principalmente en las industrias de redes. Aunque Letonia disfruta de un bajo nivel de costes laborales y de impuestos, la baja productividad del trabajo sigue siendo preocupante.

La tendencia decreciente del déficit de las administraciones públicas se interrumpió en 2002, cuando aumentó hasta el 3% del PIB, frente al 1,6% en 2001. En 2003, unos ingresos tributarios superiores a los previstos y un estrecho control del gasto por parte del Gobierno contribuyeron a reducir el déficit de las administraciones públicas hasta el 1,8% del PIB, previéndose que en 2004 sea del 2%. Sin embargo, la situación presupuestaria de Letonia depende de la firmeza del compromiso de garantizar una disciplina presupuestaria, por lo que la política fiscal de Letonia es procíclica. Por otra parte, la deuda de las administraciones públicas sigue al bajo nivel del 15,6% del PIB.

Letonia deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible, particularmente en lo que se refiere al saneamiento de las finanzas públicas. Este saneamiento y las soluciones para la escasa utilización de lo recursos humanos de Letonia necesitan ser respaldados por políticas que contribuyan a mantener el fuerte crecimiento a medio y largo plazo. Esto requiere, en particular, el reforzamiento y la diversificación de la base de crecimiento y de empleo fomentando el entorno empresarial. Por otra parte, deben aumentarse los niveles de productividad y Letonia deberá prepararse para su posible transición a una economía del conocimiento. En este contexto, Letonia tiene planteados cuatro retos principales:

* Abordar el elevado déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo que deberá contribuir una política fiscal adecuada.

*Mejorar las condiciones para el aumento de la productividad.

*Abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes.

Abordar el elevado déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo que deberá contribuir una política fiscal adecuada

La demanda letona de bienes importados sigue siendo superior a la demanda exterior de bienes letones, por lo que el déficit de la balanza por cuenta corriente aumentó hasta el 9,1% del PIB en 2003. La expansión de las exportaciones en 2002 y 2003 fue considerable a pesar de la ralentización internacional; sin embargo, las importaciones crecieron aún más deprisa que las exportaciones. En los próximos años, la balanza comercial se espera que se siga deteriorando, debido a las fuertes y crecientes necesidades de inversión a medida que la economía se desarrolla y se reestructura. Esto llevará a una ampliación del déficit de la balanza por cuenta corriente. Aunque los precios de las exportaciones aumentaron más deprisa que los de las importaciones en 2003, la relación de intercambio no registró una evolución favorable en los últimos años, lo que ha añadido incertidumbre acerca de las posibles presiones que podrían ejercerse en el futuro sobre la balanza por cuenta corriente.

El ritmo moderado de saneamiento presupuestario se vio interrumpido por el desvío presupuestario sufrido en 2002, a pesar del fuerte crecimiento económico de la economía letona. En 2003, el déficit de las administraciones públicas se estima en el 1,8% del PIB. Ello se debe principalmente a unos ingresos tributarios superiores a los previstos, como consecuencia de una mejora de la recaudación tributaria y de un crecimiento superior al previsto. Aunque las autoridades letonas mantienen su compromiso de equilibrar el presupuesto a medio plazo, la actual orientación procíclica de la política fiscal, junto con un marco político internacional en rápido cambio y una relativamente limitada capacidad del Gobierno para aumentar sus ingresos tributarios en un periodo de elevado crecimiento económico, sitúan a Letonia en una difícil posición para satisfacer sus futuras necesidades de gasto. Estas presiones sobre el gasto agravarán probablemente el déficit de la balanza por cuenta corriente. Dada la debilidad de la demanda externa y el ya elevado nivel de la demanda interna, el aumento del gasto a finales de 2002, la fuerte expansión del crédito, a pesar de los aumentos del tipo de interés efectuados por el Banco Central de Letonia en noviembre de 2003 y en marzo de 2004, y la mayor relajación del presupuesto constituyen motivos de preocupación. El principal reto que tiene planteado la política económica es evitar estímulos fiscales procíclicos que puedan provocar el recalentamiento de la demanda interna y agravar el déficit de la balanza por cuenta corriente.

Mejorar las condiciones para el aumento de la productividad

La productividad del trabajo de la economía letona es la más baja de la UE, por debajo del 40% de la media de la UE-15. En el periodo 1985-2003 aumentó con respecto a la media de la UE, pero su tasa de aumento ha disminuido en los últimos años. La evolución de la productividad de la economía letona responde a varios factores. En primer lugar, aunque se han iniciado reformas, el sistema educativo sigue sufriendo problemas en materia de eficiencia, contenido y asociaciones exteriores, y los vínculos entre la enseñanza superior y el mundo empresarial siguen poco desarrollados. En segundo lugar, a pesar de la adopción de medidas fiscales y de otras medidas indirectas, las actividades de I+D (particularmente las del sector privado) y de innovación son limitadas, debido a la falta de financiación pública y a la ausencia de una masa crítica para que las empresas letonas realicen actividades de investigación. El aumento de la productividad también está limitado por el bajo nivel de actividad empresarial, ya que las empresas afrontan enojosas reglamentaciones locales, dificultades de acceso a la financiación y un espíritu de empresa que sólo comienza a desarrollarse. A pesar del elevado nivel de inversión empresarial, los niveles de productividad aún se ven frenados por un escaso grado de utilización del capital y un nivel de infraestructura física todavía relativamente bajo. Todos estos factores también contribuyen a explicar por qué la economía letona sigue especializada en sectores de relativamente baja tecnología y en actividades de tránsito que generan un escaso valor añadido.

Abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo

El mercado de trabajo letón presenta una serie de deficiencias estructurales, entre las que cabe destacar unas elevadas diferencias regionales en materia de desempleo y una alta proporción de desempleo de larga duración y de desempleo juvenil. En 2002, la tasa de actividad era del 68,8% y la tasa de empleo del 60,5%. La tasa de empleo era del 12,1% a final de 2002 y disminuyó en 2003.

El buen funcionamiento del mercado de trabajo se ve dificultado por una serie de problemas estructurales. En primer lugar, la infrautilización de los recursos humanos se deriva del débil entorno empresarial. Letonia presenta la tasa más baja de creación de empresas de la UE, lo que pone de relieve la necesidad de fomentar el espíritu de empresa y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para promover así la base de empleo. En segundo lugar, en Letonia la distorsión fiscal sobre el trabajo es elevada, lo que crea un desincentivo para ocupar un empleo en la economía declarada. Además, teniendo en cuenta los bajos salarios, incluso unas prestaciones sociales moderadas hacen que no sea rentable trabajar o volver a ocupar un empleo, lo que supone un freno a la participación en el mercado de trabajo. En tercer lugar, la elevada tasa de desempleo refleja en cierta medida un desajuste en las cualificaciones entre la oferta y la demanda de trabajo. Por otra parte, el sistema educativo no satisface la demanda de modalidades de formación más flexibles y modernas. Las autoridades letonas han propuesto recientemente una reforma global del sistema educativo para adaptarlo mejor a las exigencias de una economía de mercado; sin embargo, la aplicación de la reforma podría ser tan costosa como prolongada. Por último, las divergencias regionales en materia de empleo y desempleo también son el resultado de la baja movilidad geográfica, que podría aumentarse mediante mejoras de la infraestructura de transportes.

Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes

Sólo recientemente se han tomado medidas encaminadas a liberalizar las industrias de redes, con la total liberalización de las telecomunicaciones vocales en 2003 y una progresiva liberalización de las otras industrias de redes para cumplir la legislación de la UE. Todas las industrias de redes siguen dominadas por sus operadores históricos -algunos de los cuales se están privatizando progresivamente- y sufren una baja competencia efectiva así como la imposibilidad de elegir realmente el proveedor. El bajo nivel de competencia responde a varios factores. En algunos casos, obstáculos técnicos y tácticos impiden el desarrollo de la competencia, como en el caso de las telecomunicaciones, donde la disociación del bucle local, la selección del transmisor y la transferibilidad del número de teléfono siguen pendientes. En otros casos (por ejemplo, en el sector energético) no se ha establecido plenamente la base jurídica que permita una competencia más efectiva. Otro factor de la baja

competencia efectiva es la falta de interconexión. Los enlaces ferroviarios de Letonia con sus países vecinos bálticos y con otros países europeos están poco desarrollados. En el sector del gas, el mercado letón sigue dominado por unos cuantos importadores y, de hecho, depende de la oferta de gas ruso. Por último, las interconexiones eléctricas transfronterizas entre los Estados bálticos y otros Estados miembros pueden ser insuficientes para satisfacer la demanda a largo plazo.

Recomendaciones específicas para Letonia

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de abordar el elevado déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo que deberá contribuir una política fiscal adecuada, se recomienda a Letonia:

1. Reducir el déficit de las administraciones públicas de forma creíble y sostenible dentro de un marco plurianual y de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1 y 2).

Con objeto de mejorar las condiciones para el aumento de la productividad, se recomienda a Letonia:

2. Aumentar la eficiencia, calidad y accesibilidad de los sistemas de educación y de formación del sistema educativo y su capacidad de reacción para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo (OG 13 y 14).

3. Fomentar la actividad de investigación y desarrollo e innovación, particularmente en el sector privado (OG 13 y 14).

4. Promover el espíritu de empresa (OG 11).

A fin de abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a Letonia:

5. Revisar el sistema tributario y de prestaciones sociales para que sea más rentable trabajar, particularmente aumentando la eficiencia de los gastos sociales (OG 4).

6. Reforzar la oferta de trabajo procurando adaptar mejor las cualificaciones de la mano de obra a las exigencias del mercado laboral y favoreciendo la movilidad de ésta, especialmente mediante mejoras de la infraestructura de transportes (OG 7 y 13).

Con objeto de desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes, se recomienda a Letonia:

7. Adoptar disposiciones legales que fomenten la competencia efectiva en las industrias de redes y refuercen la función del organismo regulador (OG 9).

8. Aumentar los enlaces con otras redes europeas (OG 9).

21. Lituania

A pesar de las desfavorables condiciones exteriores, la economía lituana siguió registrando un fuerte crecimiento en los dos últimos años. El crecimiento del PIB real aumentó rápidamente hasta el 8,9% en 2003, impulsado principalmente por la fortaleza de la inversión y el consumo privado, aunque siguió firme la expansión de las exportaciones. Una amplia apreciación efectiva nominal del litas, junto con un pronunciado aumento de la productividad que mitigó las subidas salariales, llevaron a la reducción de los niveles de precios que, medida por el índice de precios al consumo armonizado, ascendió al 1,1% en 2003. El fuerte crecimiento económico se repercutió positivamente en el mercado laboral, aunque el elevado nivel de desempleo sigue constituyendo uno de los principales puntos débiles de la economía lituana.

La tendencia decreciente del déficit de las administraciones públicas iniciada en 2000 se interrumpió en 2003, cuando aumentó ligeramente hasta el 1,7% del PIB, frente al 1,4% en 2002. En el presupuesto para 2004 se prevén aumentos significativos de los gastos corrientes y de capital, que se derivan en parte de la adhesión a la UE y se espera causen una nueva subida del déficit. Está previsto que el saneamiento presupuestario se reanude en 2005. Los moderados déficit presupuestarios de los años anteriores han contribuido a mantener unos déficit de la balanza por cuenta corriente sostenibles, que han sido financiados en gran medida con inversiones extranjeras directas. El acuerdo de junta monetaria ha constituido un elemento eficaz de estabilidad nominal para la política monetaria, contribuyendo a la estabilización macroeconómica y a unos mínimos históricos de las tasas de inflación. La mayor estabilidad macroeconómica ha permitido una tendencia decreciente de los tipos de interés en los últimos años, contribuyendo a un alto incremento del crédito interno y, consiguientemente, a una rápida expansión de la inversión y el consumo.

Lituania deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible. El mercado laboral es motivo de inquietud. La disminución de la elevada tasa de desempleo y la continuación del saneamiento de la hacienda pública serán esenciales para fomentar la estabilidad macroeconómica a medio plazo. Preservar la competitividad de la economía lituana será primordial para lograr una convergencia rápida y sostenida con las economías de la UE. Serán necesarios nuevos cambios estructurales para mantener la actual tendencia creciente de la productividad, que es necesaria para cerrar a la substancial diferencia en materia de productividad entre Lituania y la UE. A este respecto, se requiere la adaptación del sistema educativo a las necesidades del mercado de trabajo y el desarrollo de las actividades de I+D e innovación para facilitar los necesarios progresos hacia la transición a una economía del conocimiento. En este contexto, Lituania tiene planteados cuatro retos principales:

*Abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Mantener un bajo déficit para las administraciones públicas.

*Mejorar las condiciones para aumentar la productividad.

*Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes.

Abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo

A pesar de las mejoras patentes en el mercado de trabajo durante los dos últimos años, en 2003 la tasa de desempleo seguía en un nivel elevado (12,7%), al mismo tiempo que persistían las deficiencias estructurales. Se observan amplias disparidades regionales, y varias regiones registran tasas de desempleo en torno al 20%. En 2002, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo en un nivel elevado, del 23%, mientras que la tasa de desempleo a largo plazo se situaba en el 7%. Cerca del 17% del empleo corresponde al sector agrario, de baja productividad, en el que podrían tener lugar despidos significativos, que ejercerían una presión al alza del desempleo en los próximos años.

Las importantes deficiencias estructurales en el mercado de trabajo están relacionadas con la limitada movilidad geográfica y ocupacional de la mano de obra, los desajustes entre la oferta y la demanda en materia de cualificaciones y las deficiencias de educación. A pesar de unas elevadas tasas de participación en la enseñanza superior, las cualificaciones profesionales de la mano de obra lituana a menudo no se ajustan a la demanda actual de cualificaciones. Están apareciendo deficiencias en la oferta de mano de obra en los sectores de tecnologías de la información, gestión y varios tipos de ingenierías. Fomentar los vínculos entre las instituciones de enseñanza y las empresas contribuiría a adaptar mejor la formación profesional y la educación universitaria a las necesidades actuales. Al mismo tiempo, la formación permanente, que es fundamental para elevar la capacidad de la mano de obra de adaptarse a futuras demandas, se encuentra actualmente en uno de los niveles más bajos de los países en vías de adhesión. Serían convenientes nuevos esfuerzos tendentes a mejorar la calidad y disponibilidad de la formación profesional, especialmente en las regiones menos desarrolladas. La elevada proporción de trabajadores poco cualificados en paro indica la necesidad de prestar una atención especial a las actividades de formación destinadas a esta categoría de trabajadores. La mejora de la infraestructura educativa, particularmente en las regiones más pobres, contribuiría a establecer unas condiciones marco más favorables a la inversión y aumentaría la capacidad y voluntad de desplazamiento de la mano de obra. Nuevos esfuerzos por mejorar el marco empresarial contribuirían a crear empleo y absorber el desempleo creado por la reestructuración industrial y agraria. Debe racionalizarse el sistema del subsidio de desempleo: la cuantía de los subsidios no está relacionada con los salarios anteriores y su cobertura no está definida con claridad en la legislación; tampoco está especificada claramente la relación entre las cotizaciones y el subsidio de desempleo.

Mantener un bajo déficit de las administraciones públicas

Las autoridades se han ajustado a sus planes de saneamiento presupuestario. Como consecuencia de ello, el déficit de las administraciones públicas disminuyó del 5,7% del PIB en 1999 al 1,4% en 2002. Sin embargo, el déficit abandonó su tendencia decreciente y aumentó ligeramente, hasta el 1,7% del PIB en 2003. En el marco de una recaudación tributaria superior a la prevista en el primer semestre de 2003, el Gobierno decidió asignar gastos adicionales por medio de un presupuesto suplementario en julio de 2003. Estas modificaciones causaron aumentos significativos de los gastos corrientes, que impidieron una mayor reducción del déficit en 2003, principalmente en forma de indemnización por la

pérdida de ahorros en rublos (aproximadamente el 0,4% del PIB) [8] y subvenciones agrarias (0,2% del PIB). El presupuesto para 2004 prevé un nuevo incremento del déficit, como consecuencia en gran parte de un aumento de la inversión pública y de unos mayores gastos del sistema de seguridad social y de los salarios públicos, así como de unos significativos costes de transición derivados de la reforma del sistema de pensiones. Las presiones sobre el gasto derivadas de las grandes necesidades de inversión y el considerable volumen de las obligaciones fiscales y los pasivos contingentes implican un riesgo para el saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo.

[8] El Gobierno se comprometió a indemnizar a los ciudadanos por la pérdida de sus ahorros en rublos en los primeros años de la transición y a restituir los derechos de propiedad o pagar indemnizaciones pecuniarias por las propiedades inmobiliarias confiscadas durante la era soviética. Los importes pendientes de pago representaban aproximadamente el 6,7% del PIB al final de 2003.

Pese a los esfuerzos realizados para mejorar el sistema tributario, existe un considerable margen de mejora de la eficiencia de la recaudación de impuestos. La proporción de los ingresos públicos en el PIB disminuyó del 38,1% en 1998 al 33,8% en 2002, mientras que los gastos se mantuvieron bastante estables. Los gastos adicionales a los planes presupuestarios con frecuencia se asignan en el segundo semestre del año, lo que impide un mayor saneamiento de las finanzas públicas. Una orientación procíclica de la política fiscal podría implicar riesgos, ya que se están intensificando las presiones sobre el gasto. Aunque los bajos déficit presupuestarios han contribuido a mitigar las presiones sobre la balanza por cuenta corriente, la política fiscal debe jugar un papel en la atenuación del posible deterioro del equilibrio entre el ahorro y la inversión del sector privado, que podría verse estimulado por la rápida expansión actual del crédito.

Mejorar las condiciones para aumentar la productividad

Lituania ha registrado un alto incremento de la productividad tras la crisis rusa en 1999, pero su nivel es aún muy bajo, equivalente al 42% de la media de la UE-15. Asimismo, el elevado incremento de la productividad que ha tenido lugar recientemente parece haber sido causado parcialmente por efectos excepcionales debidos a una mejor utilización de la capacidad de los recursos existentes. Con un PIB per cápita equivalente al 39% de la media de la UE-15 en 2002, es necesario un elevado y sostenible incremento de la productividad para reducir las diferencias con la UE. A este respecto, las deficiencias del sistema educativo y el bajo nivel de la actividad de I+D e innovación constituyen sendos obstáculos.

En primer lugar, pese al elevado gasto público en educación y el gran número de titulados superiores, hay un desajuste entre las cualificaciones adquiridas en los sistemas de educación y de formación y las necesidades del sector empresarial, tal como se indica en el primer reto. El Gobierno está preparando un programa para la aplicación de una estrategia educativa hasta 2002, pero son necesarios nuevos esfuerzos para adaptar los sistemas de educación y formación a las futuras necesidades a medida que se vaya desarrollando la estructura económica. En segundo lugar, gran parte de la actual estructura económica se basa en actividades de bajo nivel tecnológico. Un cambio de estructura requeriría mayor actividad de I+D e innovación, que actualmente es una de las más bajas de los nuevos Estados miembros. El mantenimiento de unos altos niveles de inversiones extranjeras directas podría actuar como catalizador a través de la transferencia de conocimientos y contribuir, de esta forma, a la aceleración de los cambios estructurales de la economía, en la dirección de sectores de mayor valor añadido y de una mejora de la productividad. Un mayor desarrollo de la infraestructura física también

podría contribuir a mantener el elevado ritmo de incremento de la productividad. Los gastos en tecnologías de la información han aumentado ligeramente a partir de un bajo nivel y el bajo grado de penetración de estas tecnologías podría constituir un freno a la mejora de la productividad.

Desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes

A pesar de la desregulación en la mayoría de industrial de redes, la competencia sigue siendo limitada en todas ellas, a excepción de los sectores de la telefonía móvil y el transporte por carretera. El mercado de telefonía fija fue totalmente liberalizado en enero 2003, pero el operador histórico sigue siendo el único operador del mercado. La autoridad reguladora del mercado de la telefonía aún no parece disponer de recursos suficientes para fomentar efectivamente la competencia. Aún no se ha completado la aplicación de la legislación de la UE relativas a la liberalización del mercado ferroviario, y la infraestructura está poco desarrollada, especialmente los enlaces con Polonia.

La apertura de los mercados energéticos ha proporcionado pocos beneficios visibles a los consumidores y persisten altos ratios de concentración tanto en la oferta como en la distribución. El mercado eléctrico se liberalizó en enero de 2002 para los grandes clientes, que representaban una cuarta parte del consumo de electricidad. Se prevé proseguir la desregulación en diferentes etapas, y actualmente se está llevando a cabo la privatización de los distribuidores de electricidad. Sin embargo, aproximadamente el 80% de toda la electricidad es producida por una sola central nuclear, y la falta de capacidad de interconexión con otros países adherentes impide la integración con el mercado eléctrico de la UE. Asimismo, el mercado del gas ha sido liberalizado para los grandes clientes, que concentran el 80% del consumo. No obstante, hay unos cuantos operadores independientes en el mercado y no existe interconexión con la red gasística de Europa occidental.

Recomendaciones específicas para Lituania

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a Lituania:

1. Fomentar la movilidad regional y reducir los desajustes en las cualificaciones, garantizando al mismo tiempo la eficiencia de la educación, la aplicación de medidas de reconversión profesional y otras políticas activas del mercado de trabajo (OG 4,7 y 8).

2. Mejorar el efecto combinado de incentivación de los impuestos y las prestaciones sociales (OG 4).

Con objeto de mantener un bajo déficit para las administraciones públicas se recomienda a Lituania:

3. Mantener bajos niveles de déficit, de forma creíble y sostenible, dentro de un marco plurianual y de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1).

4. Evitar unas políticas fiscales procíclicas que impidan mayor deterioro del déficit presupuestario de las administraciones públicas, en particular evitando enmiendas al presupuesto que prevean gastos adicionales en respuesta a unos ingresos superiores a los previstos (OG 2).

A fin de mejorar las condiciones para aumentar la productividad, se recomienda a Lituania:

5. Mejorar la eficiencia y la calidad de los sistemas de educación y de formación y su capacidad de reacción para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo (OG 13).

6. Promover la actividad de I+D e innovación, reforzar los vínculos entre los institutos de investigación y el sector empresarial y apoyar la transferencia de conocimientos por medio de las inversiones extranjeras directas y de una mayor penetración de las tecnologías de información (OG 13).

Con objeto de desarrollar una competencia efectiva en las industrias de redes, se recomienda a Lituania:

7. Proseguir la liberalización y aplicar una competencia efectiva en los sectores energético, de telecomunicaciones y ferroviario (OG 9).

8. Crear y mejorar la capacidad de interconexión con los Estados miembros vecinos (OG 9).

22. Malta

Su carácter cada vez más abierto, su gran dependencia de los ingresos procedentes del turismo y su pequeño tamaño hacen que la economía maltesa sea cada vez más vulnerable a las perturbaciones económicas y geopolíticas exteriores. El difícil marco económico internacional de los dos últimos años y la reestructuración del sector público se tradujo en un crecimiento económico moderado, alimentado principalmente por un gran consumo público. Actualmente, el crecimiento efectivo del PIB real se encuentra por debajo del crecimiento potencial.

Pese al débil crecimiento económico, el desempleo no aumentó sustancialmente en el periodo comprendido entre enero y octubre del pasado año (5,7% en octubre de 2003), aunque se espera cierto deterioro en los meses siguientes como consecuencia de la reestructuración del sector de la construcción naval y de los sectores de fabricación y turístico. Los avances generales de Malta en la adopción del acervo no han estado acompañados por la realización de reformas económicas esenciales en el contexto de la adhesión a la UE en mayo de 2004. La reestructuración del sector público y la reducción de las ayudas y subvenciones estatales, así como la reforma de los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria, se han pospuesto, lo que a repercutido negativamente en el crecimiento económico, la creación de empleo y la hacienda pública. La relativamente baja tasa de empleo, particularmente entre las mujeres, sigue constituyendo motivo de preocupación. Los escasos esfuerzos de saneamiento de la hacienda pública, el crecimiento inferior al previsto en 2003 y los crecientes gastos públicos han deteriorado aún más el déficit de las administraciones públicas, ejerciendo presión sobre el déficit de la balanza por cuenta corriente. Malta deberá buscar un alto grado de convergencia sostenible, en particular en lo que se refiere al saneamiento de su hacienda pública. Para ello debe recuperarse el impulso a la reformas de los sistemas de pensiones y asistencia sanitaria y del sector público. Pese a ciertos progresos, el grado de competencia en algunas áreas sigue siendo insuficiente y han de proseguir los esfuerzos de privatización. En este contexto, Malta tiene planteados tres retos principales:

*Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública.

*Aumentar las tasas de empleo, especialmente entre las mujeres.

*Fomentar una competencia efectiva teniendo en cuenta las características específicas de la pequeña economía nacional.

Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública

Con objeto de abordar el elevado déficit de las administraciones públicas, equivalente al 9,7% del PIB, el Gobierno se propone aplicar una serie de medidas y reforzar la exacción de impuestos con el fin de aumentar los ingresos. Es interesante observar la previsión de que los ingresos no tributarios se incrementarán más deprisa que los tributarios. Esto se debe principalmente a los ingresos recaudados en el marco del régimen internacional de registro y a las compensaciones presupuestarias realizadas por la UE en el marco del "paquete" de Copenhague. En cuanto a la imposición indirecta, se prevé una

cierta reducción ocasionada por la introducción de cinco tramos impositivos (en lugar de los tres actuales) y al aumento del mínimo exento de imposición.

Por el lado del gasto, los elevados gastos en salarios públicos, pensiones y asistencia sanitaria representan un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En cuanto a los gastos corrientes, es conveniente un mayor control de los créditos correspondientes a las prestaciones sociales y a otros programas de asistencia, así como una reducción de los subsidios. Sin embargo, debido a las necesidades persistentes de modernización de la infraestructura y de construcción de nuevas infraestructuras, los gastos de capital podrán mantener los gastos globales en un nivel elevado (en torno al 50% del PIB), aunque se prevé una disminución en 2006 (hasta el 46,6% del PIB).

El envejecimiento de la población encierra un riesgo significativo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, como consecuencia en particular de un nivel de deuda pública relativamente elevado. El rápido incremento previsto de la tasa de dependencia de la población de más edad para el período comprendido entre 2000 y 2050 (del 18% al 38,6%) ejercerá una presión significativa sobre la hacienda pública en el futuro. Aunque se está proyectando una reforma del primer pilar del régimen de pensiones, no está claro cuando se va a aplicar.

La situación presupuestaria de las administraciones públicas está amenazada por el nivel actual de las garantías estatales (equivalentes al 22% del PIB en 2002). El Gobierno se propone limitar la emisión de nuevas garantías en el futuro (disminución hasta un nivel equivalente al 15% del PIB en 2006) mediante una aplicación más estricta de las normas presupuestarias por las que se rige la emisión de garantías. Esto deberá contribuir a la disminución prevista a medio plazo de los pasivos contingentes implícitos y atenuar el nivel actual de riesgo derivado de las cartas de aceptación remitidas o de las facilidades de crédito. La deuda bruta de las administraciones públicas ascendió al 72% del PIB en 2003.

Aumentar las tasas de empleo, especialmente entre las mujeres

En Malta, el mercado de trabajo parece suficientemente flexible para ajustarse a las perturbaciones económicas sin ocasionar largos períodos de elevado desempleo. No obstante, en septiembre de 2003 la tasa de empleo (53,7%) era baja en comparación con la media de la UE. Esta tasa de empleo relativamente baja se debía a un bajo nivel de empleo femenino (33,1%), ya que el de empleo masculino era alto (74,2%) e incluso superior a la media de la UE. El aumento de las tasas de empleo total y femenino es primordial para ampliar la base de las cotizaciones de las ingresos y de cara al envejecimiento de la población. A este respecto se han tomado recientemente algunas medidas tendentes a fomentar la participación de las mujeres.

Consciente de la importancia de aumentar la participación femenina en un contexto de disminución de las tasas de natalidad y envejecimiento de la población, el Gobierno ha emprendido iniciativas encaminadas a aumentar la tasa de actividad femenina en el marco de la Ley de empleo y relaciones laborales, que entró en vigor en diciembre 2002 y fue completada por ocho textos jurídicos, uno de los cuales regula el derecho de permiso parental. Entre otras iniciativas en este ámbito cabe citar el régimen de asistencia a la infancia, un plan de acción para la igualdad de géneros y la integración del

principio de igualdad de géneros en la función pública. Además, la realización del proceso de privatización y la racionalización del sector público pueden contribuir a un despliegue más eficaz de recursos en favor del sector privado y a fomentar la eficiencia económica y el empleo.

Los elevados impuestos sobre los salarios distorsionan la demanda y la oferta de trabajo y desvían la actividad hacia el sector no declarado de la economía. La diferencia entre el salario mínimo y la prestación de desempleo, sobre todo en el caso de las familias grandes, sigue siendo muy pequeña y reduce los incentivos al trabajo. Los regímenes de jubilación anticipada empleados para reestructurar las entidades del sector público también deberán limitarse y los esfuerzos deberán reorientarse hacia la reconversión profesional. La Ley de Empleo y Relaciones Laborales también regula el trabajo a tiempo parcial y los contratos de servicios de duración determinada con el fin de aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo. Las actividades de formación profesional han aumentado desde 2001, cuando se creó el "College for Arts, Science and Technology" de Malta, aunque deberán redoblarse los esfuerzos para mejorar la proporción de éxito en la enseñanza secundaria y reducir el número de personas que abandonan prematuramente la escuela. En 2003 se crearon nuevos institutos en los ámbitos de ingeniería mecánica, gestión de productos agrarios y servicios colectivos. Debe observarse el excepcionalmente elevado nivel de éxito en el primer ciclo de enseñanza secundaria y el bajísimo nivel de éxito en el segundo ciclo de enseñanza secundaria y en los estudios universitarios.

Fomentar la competencia efectiva teniendo en cuenta las características específicas de la pequeña economía nacional

Se han introducido una serie de reformas para aumentar la competencia en la economía maltesa. En las industrias de redes, el sector de telecomunicaciones se ha liberalizado, mientras que el de servicios postales se está liberalizando. En el sector del transporte aéreo se ha desmantelado el monopolio de las actividades de asistencia en tierra tras la publicación de una licitación internacional. En cuanto al transporte marítimo, se ha completado la incorporación del acervo comunitario. En algunos sectores de la economía maltesa, el grado de competencia es muy bajo. A este respecto cabe citar los sectores de la transformación del trigo y los cereales forrajeros, así como la construcción naval y el turismo, en donde se han reducido las ayudas estatales paralelamente al proceso de reestructuración.

Recomendaciones específicas para Malta

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, se recomienda a Malta:

1. Reducir el déficit público de forma creíble y sostenible dentro de un marco plurianual y de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1).

Con objeto de aumentar las tasas de empleo, especialmente entre las mujeres, se recomienda a Malta:

2. Racionalizar la interacción entre los sistemas tributario y de prestaciones sociales para reforzar los incentivos al empleo, y disminuir la fiscalidad sobre el trabajo a fin de aumentar su competitividad (OG 4).

3. Mejorar la calidad de la enseñanza secundaria y de la formación profesional (OG 8).

4. Reforzar las medidas de reconversión profesional a fin de aumentar la capacidad de adaptación de la mano de obra en caso de despido y facilitar la vuelta al trabajo de las mujeres de mediana edad (OG 8).

A fin de fomentar una competencia efectiva teniendo en cuenta las características específicas de la pequeña economía nacional, se recomienda a Malta:

5. Proseguir sus esfuerzos para aumentar la competencia en determinados sectores tales como industrias de redes, industrias alimentarias y turismo (OG 9).

23. Polonia

Tras registrar un crecimiento récord durante la mayor parte de los años noventa, Polonia experimentó una fuerte ralentización económica en 2001-2002. Desde finales de 2002, se sirva una recuperación gradual, y el PIB real se aceleró hasta el 3,7% en 2003. En 2004, el crecimiento alcanzará probablemente su nivel potencial en torno al 4,5%.

A pesar de sus progresos notables de los últimos años, Polonia afronta aún graves problemas estructurales que pueden afectar a su capacidad de seguir una senda de alto crecimiento. La tasa de desempleo ha aumentado rápidamente desde 1999 y actualmente es la más alta de los países adherentes, situándose en torno al 20%. Paralelamente, la tasa de empleo ha caído y casi la mitad de la población en edad de trabajar está sin trabajo. El buen funcionamiento del mercado laboral se ve obstaculizado por una serie de problemas estructurales, entre los que cabe citar la limitada capacidad de reacción de los salarios frente a las condiciones del mercado de trabajo, los desincentivos derivados de los sistemas tributario y de prestaciones sociales, el desajuste de las cualificaciones y la baja movilidad geográfica.

La situación presupuestaria de Polonia se ha deteriorado significativamente desde 2000, como consecuencia de factores cíclicos y de la relajación de la política fiscal. El déficit de las administraciones públicas aumentó del 1,8% del PIB en 2000 al 3,6% en 2002. Hasta una fecha reciente, las autoridades se han mostrado un tanto reacias a abordar los problemas fiscales, tales como el rápido crecimiento del ratio de deuda. La reforma de la hacienda pública adoptada por el Gobierno a principios de este año prevé unas substanciales reducciones de los gastos, pero aplaza el necesario ajuste presupuestario hasta 2005.

Polonia deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible, en particular en lo que se refiere al saneamiento de la hacienda pública. Además, unas políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad deberán complementarse con reformas estructurales encaminadas a reforzar el crecimiento de la economía polaca. Su capacidad de aumentar su crecimiento efectivo y potencial se ve limitada por la infrautilización de los recursos humanos así como por la relativamente baja productividad. Para abordar esta cuestión, se requieren esfuerzos continuos tendentes a mejorar el sistema educativo y de formación y a crear condiciones favorables para la transferencia de tecnología y la actividad de I+D. Además, la economía polaca, en particular su sector agrícola, requiere una mayor reestructuración, y el marco empresarial podría aún mejorarse. En este contexto, Polonia tiene planteados los siguientes retos:

*Abordar urgentemente los profundos problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

*Mejorar las condiciones para el aumento de la productividad.

*Acelerar la reestructuración de la economía y la privatización de la industria.

*Mejorar el marco para las empresas.

Abordar urgentemente los profundos problemas estructurales del mercado de trabajo

Polonia registra la tasa de desempleo más elevada (19,8% en 2002) y la tasa de empleo más baja (51,5%) de los países adherentes. La tasa de empleo es excepcionalmente baja entre las personas de edad y los jóvenes. Además, el mercado de trabajo polaco presenta las siguientes características: una elevada tasa de desempleo juvenil, una alta tasa de desempleo de larga duración, diferencias significativas entre regiones y una elevada proporción de desempleados en las zonas rurales.

El buen funcionamiento del mercado de trabajo se ve obstaculizado por una serie de problemas estructurales. En primer lugar, la concentración del desempleo en determinadas regiones y en determinados grupos refleja en parte el deficiente ajuste de los salarios a las diferencias regionales de productividad y a los distintos niveles de cualificación. El proceso de fijación de salarios carece de flexibilidad y ha resultado ineficaz hasta ahora para aplicar una disciplina salarial en las empresas estatales y en las administraciones públicas. Por otra parte, el salario mínimo establecido a nivel nacional es elevado con respecto a los salarios medios de numerosas regiones, por lo que contribuye a la persistencia de un alto desempleo entre los trabajadores jóvenes y los trabajadores de bajas cualificaciones.

En segundo lugar, la distorsión fiscal sobre el factor trabajo es alta en Polonia y crea un desincentivo al empleo en la economía declarada. Por otro lado, la conjunción de los sistemas tributario y de prestaciones hace que el empleo o la vuelta al mismo sea una decisión difícil, por lo que desalienta a la participación en el mercado de trabajo. El endurecimiento de los criterios de la aptitud para la recepción de pensiones de discapacidad y la supresión gradual de la jubilación anticipada sería un primer paso para aumentar el atractivo del trabajo.

En tercer lugar, la alta tasa de desempleo refleja en cierta medida el desajuste entre la oferta y la demanda del trabajo en materia de cualificaciones. Además, los niveles de educación de la población adulta son relativamente bajos. Las autoridades polacas han lanzado recientemente una reforma global del sistema educativo para adaptarlo mejor a las exigencias de una economía de mercado. Por último, las disparidades regionales en materia de empleo y desempleo también son resultado de una baja movilidad geográfica, problema que podría subsanarse mediante una reforma del mercado de la vivienda y una mejora de la infraestructura de transportes.

Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas

La situación presupuestaria de Polonia se ha deteriorado significativamente desde 2000, deterioro al cual los factores cíclicos han contribuido sólo parcialmente. El déficit de las administraciones públicas alcanzó el 3,6% del PIB en 2002 y se estima que ha aumentado hasta el 4,1% en 2003. La expansión fiscal durante los dos últimos años se debe en gran medida a una pérdida de la orientación fiscal. Se espera que la política fiscal siga siendo procíclica en 2004. El Gobierno ha adoptado recientemente una reforma de la hacienda pública que prevé recortes del gasto social y administrativo en el período 2004-2007. Sin embargo, existe incertidumbre en relación con la aprobación de todas las medidas de la reforma fiscal por el Parlamento. La contención del déficit público también es esencial para

mantener el déficit de la balanza por cuenta corriente en niveles sostenibles, especialmente en caso de que en los próximos años disminuya de forma pronunciada el superávit actual ahorro-inversión del sector privado.

El deterioro de la situación presupuestaria, junto con la ralentización del proceso de privatización, han acarreado un aumento acusado del ratio de deuda pública a partir de 2001. Aunque aún es bajo a escala internacional, el nivel de deuda aumenta rápidamente y se está acercando al umbral que pone en marcha una serie de mecanismos correctores en virtud de las normas fiscales establecidas en la Constitución polaca y en la Ley de hacienda pública. Teniendo en cuenta las crecientes necesidades de financiación de las administraciones públicas, los riesgos de tipo de cambio que se ciernen sobre el presupuesto y los riesgos derivados de los pasivos contingentes, la dinámica de la deuda constituye un importante motivo de preocupación.

Los pasivos contingentes constituyen en potencia un grave riesgo para la viabilidad de la hacienda pública. Las empresas estatales de los sectores en los que es necesaria una reestructuración son una importante fuente de este tipo de pasivos. El nivel de las garantías pendientes crece rápidamente y en los próximos años ejercerá presión sobre la hacienda pública.

La estructura demográfica de Polonia todavía es relativamente favorable. No obstante, el régimen de pensiones experimentó una reforma importante en 1999 con el fin de ajustarse a los cambios demográficos y de la mano de obra y contrarrestar las consecuencias de la notable subida prevista en la tasa de dependencia (del 18% en 2000 al 50% en 2050).

Mejorar las condiciones para el aumento de la productividad

A pesar de unos incrementos de productividad razonables durante el período 1995-2002, en Polonia la productividad por persona empleada (en PPA) fue inferior a la mitad de la correspondiente a la UE-15 en 2002 y a la media de los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, el proceso de aproximación económica todavía no es satisfactorio. Este nivel relativamente bajo de productividad puede explicarse por diversos factores.

En primer lugar, una alta proporción del empleo se concentra en la agricultura, que es un sector con niveles de productividad especialmente bajos. La dificultad de las nuevas empresas para desarrollarse y la falta de movilidad pueden estar ralentizando el paso de los trabajadores de la agricultura a otras actividades. En segundo lugar, en materia de inversión en TIC e I+D Polonia se encuentra por debajo de la media de la UE-15. El bajo nivel de inversión privada en I+D es particularmente problemático (sólo el 30% del gasto total en I+D es financiado por empresas privadas). Entre los motivos de esta situación cabe citar la insuficiente cooperación entre los organismos de investigación y las empresas y el hecho de que para las empresas las consideraciones financieras a corto plazo suelan primar sobre sus intereses a largo plazo. El aumento de las cualificaciones de la mano de obra también deberá lograrse fomentando la enseñanza superior y el aprendizaje permanente. En realidad, la baja productividad se deriva de problemas estructurales del mercado de trabajo; sobre todo del desajuste entre las cualificaciones adquiridas en el sistema educativo y las que requiere el mercado de trabajo, junto con la necesidad de inversión en infraestructura física.

Acelerar la reestructuración de la economía y la privatización de la industria

Tras un comienzo lento, el proceso de privatización alcanzó su máximo en 2000 (como refleja el máximo del 5,7% del PIB alcanzado por las inversiones extranjeras directas, impulsadas por una serie de grandes operaciones de privatización excepcionales), pero se ha vuelto a ralentizar desde entonces, al haberse vendido ya los activos más atractivos. Los sectores tradicionales siguen siendo de propiedad estatal (en particular, minería, productos químicos, defensa y ferrocarriles). En estos sectores, el Gobierno polaco ha favorecido una política de saneamiento antes de la privatización con el fin de crear "campeones nacionales" capaces de competir en los mercados de la UE. La exigencia de limitar a corto plazo los desórdenes sociales y la necesidad de efectuar amplias consultas con los interlocutores sociales y con varios ministros ralentiza el proceso de privatización. Como consecuencia de ello, disminuye considerablemente el atractivo de las empresas cuya privatización se prevé, lo que a menudo disuade a los inversores potenciales. Con todo, es evidente que las entradas de inversiones extranjeras directas han contribuido a reestructurar el sector de fabricación y mejorado la capacidad de exportación y las redes de distribución. Ello se debe en parte a que, tras la privatización, los inversores estratégicos han inyectado un volumen substancial de capital social y conocimientos tecnológicos en sus empresas, aumentando así su productividad.

Ha comenzado la liberalización de los sectores de la electricidad y del gas. Los servicios de telecomunicación local y de larga distancia fueron liberalizados totalmente en enero de 2002, y los servicios internacionales, a partir de enero de 2003. Sin embargo, el nivel de competencia en las industrias de redes no es satisfactorio. En el sector del gas no existe actualmente ningún tipo de disociación. En las telecomunicaciones, el operador histórico ha mantenido su posición dominante en el mercado. Los precios de las llamadas internacionales figuran entre los más elevados. Además, la Oficina de Competencia ha declarado en repetidas ocasiones al operador histórico culpable de abusar de su posición dominante en detrimento de sus competidores.

Las ayudas estatales se mantienen en un nivel elevado (en forma de atrasos en el pago de impuestos y de cotizaciones a las teorías social) y las empresas estatales tienen grandes deudas con otras empresas, que afecta negativamente a las finanzas de estas. En cuanto al nivel de aplicación de las ayudas estatales, se han observado deficiencias en la gestión de las ayudas de salvamento y reestructuración, así como en la gestión de las ayudas de investigación y desarrollo.

Mejorar el marco para las empresas

Polonia ha realizado progresos sustanciales hacia el desarrollo de un amplio sector de PYME gracias a las recientes reformas. En particular, se está estableciendo un nuevo registro de empresas, que permite a las empresas disponer de una "ventanilla única" a partir del 1 de enero de 2004. Desde enero de 2004 es igualmente aplicable un tipo único (19%) para el impuesto de sociedades. Por último, en 2003 se aprobó una nueva Ley de solvencia, que adapta el marco para las quiebras a las exigencias de una economía de mercado moderno. El sector de las PYME concentra aproximadamente dos terceras partes del empleo y la mitad del PIB y de las exportaciones de Polonia. Sin embargo, las PYME siguen tropezando con dificultades de desarrollo. A pesar de las recientes reformas encaminadas a fomentar el espíritu de empresa, el tamaño medio de las empresas sigue siendo pequeño y todavía puede mejorarse el marco empresarial. Esto se debe a la falta de capital humano, la falta de movilidad de la mano de obra, el escaso desarrollo de la infraestructura (especialmente de las redes de carreteras y de telecomunicaciones), la elevada presión fiscal (cotizaciones a la seguridad social, especialmente)

y los problemas de liquidez. Por ello, se teme que los problemas mencionados puedan reducir el atractivo de Polonia para los inversores extranjeros (IED).

Recomendaciones específicas para Polonia

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de abordar urgentemente los profundos problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a Polonia:

1. Aumentar la flexibilidad del proceso de establecimiento de salarios para garantizar que los salarios reflejen mejor las diferencias de productividad en función de las cualificaciones, las empresas y las regiones (OG 5).

2. Reducir la presión fiscal sobre el factor trabajo, junto con esfuerzos encaminados a ampliar la base de imposición sobre el trabajo y a mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria y de los mecanismos de exacción de impuestos, y mejorar los sistemas tributario y de prestaciones sociales para eliminar los desincentivos financieros al trabajo, sobre todo las grandes trampas de inactividad para los matrimonios, y aumentar la eficiencia del gasto social (OG 4).

3. Reforzar la oferta de trabajo realizando esfuerzos tendentes a adaptar mejor las cualificaciones de la mano de obra a las exigencias del mercado de trabajo y suprimiendo los obstáculos a la movilidad regional, especialmente mediante reformas del mercado de la vivienda y mejoras de la infraestructura de transportes (OG 7 y 13).

Con objeto de garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, se recomienda a Polonia:

4. Reducir el déficit de las administraciones públicas de forma creíble y sostenible en un marco plurianual, de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1 y 2).

5. Realizar un seguimiento de la reforma del sistema de pensiones para contrarrestar el aumento previsto de la tasa de dependencia, y adoptar medidas encaminadas a reducir los riesgos derivados del creciente nivel de pasivos contingentes (OG 15 y 16).

A fin de mejorar las condiciones para el aumento de la productividad, se recomienda a Polonia:

6. Proseguir y redoblar los esfuerzos tendentes a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema educativo y de formación y su capacidad de reacción frente a las exigencias cambiantes en materia de cualificaciones (OG 13).

7. Promover la actividad de I+D e innovación, particularmente entre las empresas, y apoyar la transferencia de conocimientos por medio de las inversiones extranjeras directas (OG 13).

A fin de acelerar la reestructuración de la economía y la privatización de la industria, se recomienda a Polonia:

8. Reducir el nivel global de ayuda estatal, reorientando al mismo tiempo las ayudas hacia objetivos horizontales (OG 9 y 14).

9. Facilitar el acceso al mercado y fomentar la competencia efectiva en las industrias de redes, buscando al mismo tiempo una mayor conexión entre los mercados nacionales (OG 9).

Con objeto de mejorar el marco para las empresas, se recomienda a Polonia:

10. Seguir reduciendo las cargas administrativas, simplificando la reglamentación y apoyando el desarrollo de las PYME, particularmente mejorando su acceso a la financiación (OG 11).

24. Eslovaquia

Tras la ralentización de 1998, inducida por una política orientada a la estabilización, el PIB real de Eslovaquia se aceleró continuamente, llegando a rebasar el 4% en 2003 por segundo año consecutivo. No obstante, la producción no ha alcanzado todavía su nivel potencial.

Los buenos resultados en materia de crecimiento han sido respaldados por la aceleración de las reformas estructurales. Entre los principales ejemplos, cabe citar la reestructuración y privatización de la banca y de los sectores no financieros. Sin embargo, esto no se ha logrado sin costes: la tasa de desempleo volvió a dispararse por encima del 19% en 2001 y actualmente se sitúa todavía en torno al 17%. Una amplia serie de deficiencias estructurales del mercado de trabajo -en particular, la falta de movilidad regional, los desincentivos inherentes a los sistemas de prestaciones, la rigidez de los salarios y el desajuste en las cualificaciones- han frenado su capacidad de reabsorción y hasta ahora no se han abordado.

Asimismo, la reforma de la hacienda pública ha sido hasta ahora muy limitada y el déficit de las administraciones públicas equivalía al 7% del PIB en el año electoral de 2002. La orientación expansionista de la política fiscal contribuyó al auge de la demanda interna y a una ampliación del déficit de la balanza por cuenta corriente cada vez más impulsada por el consumo, hasta rebasar el 8% del PIB. El Gobierno que está en el poder desde 2002 ha comenzado a combatir las causas profundas del déficit presupuestario, favoreciendo así una reducción significativa del déficit de la balanza por cuenta corriente en 2003.

Eslovaquia deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible, en particular en lo que se refiere al saneamiento de la hacienda pública. Este saneamiento y las soluciones a la infrautilización de los recursos humanos de Eslovaquia deben apoyarse en políticas que contribuyan a mantener el fuerte crecimiento a medio y largo plazo. Esto requiere en particular el reforzamiento y la diversificación de la base de crecimiento y empleo fomentando el espíritu empresarial mediante una mejora del marco jurídico y el reforzamiento de la capacidad jurídica y administrativa. Además, deberán aumentarse los niveles de productividad y Eslovaquia tendrá que prepararse para su transición a una economía del conocimiento. En este contexto, Eslovaquia afronta cuatro retos principales:

*Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas.

*Seguir abordando los profundos problemas estructurales del mercado de trabajo.

*Mejorar el marco para las empresas y fomentar el espíritu empresarial.

*Mejorar las condiciones para el aumento de la productividad.

Garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas

El déficit de las administraciones públicas disminuyó del 5,7% del PIB en 2002 al 3,6% del PIB en 2003, favoreciendo así una disminución significativa del déficit de la balanza por cuenta corriente. Ya se ha aprobado la mayor parte de un programa global de reformas de la hacienda pública. Estas reformas respaldarán nuevas reducciones del déficit y contribuirán a la sostenibilidad del déficit de la balanza por cuenta corriente en caso de que el ahorro neto privado vuelva a ser menos favorable. El alcance y el ritmo de las reformas ha sido notable. Sin embargo, también encierran un grado no desdeñable de incertidumbre en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto en 2004 y posteriormente. En particular, existen riesgos derivados de la naturaleza fundamental de la reforma tributaria, en especial la introducción de un tipo único del impuesto sobre la renta para las empresas y las personas físicas. Estas reformas hacen relativamente inciertas las previsiones de ingresos. La incertidumbre también existe por el lado de los gastos, por ejemplo en relación con nuevas medidas de reforma del sistema sanitario.

Seguir abordando los profundos problemas estructurales del mercado de trabajo

Eslovaquia presenta una de las tasas de empleo más bajas (en torno al 57%) y la segunda tasa más elevada de desempleo (alrededor del 17%) de los países adherentes. El empleo es particularmente bajo en el grupo de personas de edad superior a los 55 años. El desempleo se concentra entre los jóvenes (de menos de 24 años) y las personas menos cualificadas. Las disparidades regionales son elevadas. Las diferencias estructurales del mercado de trabajo tienen diversas facetas y actualmente se están abordando más resueltamente.

Los incentivos al empleo y a abandonar el sector no declarado se están reforzando con reformas de las prestaciones sociales y del sistema de pensiones, entre las que cabe citar un aumento de la edad de jubilación todavía relativamente baja (62 años). La movilidad regional se está fomentando mediante el apoyo financiero concedido a los trabajadores que realizan desplazamientos diarios de su domicilio a su lugar de trabajo y las ayudas de vivienda, pero sigue siendo limitada, ya que la infraestructura de transportes y el funcionamiento del mercado de la vivienda sólo mejoran gradualmente. El desajuste en las cualificaciones obstaculiza, en particular, la reinserción de los desempleados de larga duración, aunque se están intensificando las medidas de reconversión profesional. El hecho de que el sistema educativo todavía se ajuste de forma poco satisfactoria a las exigencias de una economía de mercado contribuye a la persistencia del desempleo juvenil.

La creación de empleo se ha visto fomentada por las recientes modificaciones del código laboral, que permiten unas relaciones laborales más flexibles. No obstante, el mecanismo de establecimiento de salarios es demasiado rígido y no contempla suficientemente las condiciones específicas de las distintas empresas. En particular, la posibilidad de una ampliación, por decisión administrativa, de los acuerdos salariales colectivos a las empresas que no participan en las negociaciones es contraria a este objetivo. Además, los salarios mínimos pueden tener efectos negativos sobre la demanda de trabajo y reflejar de forma insuficiente las condiciones de los mercados de trabajo locales.

La amplia reforma del impuesto sobre la renta realizada por Eslovaquia, en vigor desde principios de 2004, reforzará la creación de empleo y los incentivos al trabajo. En cambio, el tipo de las cotizaciones

sanitarias y sociales sólo se ha reducido al todavía elevado nivel de cerca de 48% del salario bruto.

Mejorar el marco para las empresas y fomentar el espíritu empresarial

En los últimos años, el Gobierno ha introducido una serie de medidas encaminadas a mejorar el marco para las empresas. Se han simplificado y acortado significativamente el procedimiento que debe seguirse para la creación de una empresa. Se está elaborando una nueva legislación sobre quiebras que sustituiría al sistema actual, en el que los procedimientos en caso de quiebra son excesivamente largos y prácticamente no permite la reestructuración de las empresas en crisis. El marco para las empresas se reforzó aún más mediante, por ejemplo, una sustancial aceleración de la liberalización de los precios en 2003 y la introducción de una nueva legislación sobre garantías.

A pesar de estas mejoras, en Eslovaquia todavía parecen existir importantes obstáculos al desarrollo del espíritu empresarial. La tasa bruta de creación de empresas es relativamente baja. Según las encuestas realizadas entre las empresas, el grado de incertidumbre jurídica constituye un problema fundamental. Esta situación se deriva de un marco legislativo con frecuencia insuficiente e inestable y, en particular, de una aplicación insatisfactoria del mismo, que frecuentemente carece de falta de calidad, oportunidad y transparencia.

Mejorar las condiciones para el aumento de la productividad

Aunque se mantiene un relativamente elevado incremento de la productividad del trabajo, el nivel de productividad todavía es bajo (aproximadamente el 58% de la media de la UE en 2003). Entre los factores que contribuyen a esta situación cabe destacar la falta de flexibilidad del sistema educativo, así como los limitados gastos en educación y una escasa actividad de I+D e innovación.

El sistema educativo no parece responder adecuadamente a las necesidades del mercado de trabajo. Esto ocurre particularmente en el caso de la enseñanza secundaria, que a menudo proporciona cualificaciones obsoletas. Por otro lado, la proporción de graduados de enseñanza de tercer grado es muy baja. La elevada proporción de desempleados de larga duración plantea un reto adicional para los programas de orientación y formación profesional. Además, el gasto en educación han disminuido, registrando en 2001 uno de los niveles más bajos entre los nuevos Estados miembros. Para hacer frente a estos problemas, el Gobierno ha tomado unas primeras medidas encaminadas a racionalizar el sistema, mejorar su eficiencia y aumentar las fuentes de financiación.

En 2002, los gastos en I+D representaban únicamente el 0,59% del PIB, proporción inferior a la de la mayoría de los países adherentes. La actividad de innovación, medida por el número de solicitudes de patente, es muy baja. El Gobierno ha emprendido algunas medidas para mejorar la situación en materia de I+D (por ejemplo, mejorando el marco legislativo de esta actividad) y se ha comprometido a aumentar el volumen de recursos públicos dedicados a su fomento.

Recomendaciones específicas para Eslovaquia

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con objeto de garantizar una reducción sostenible del déficit de las administraciones públicas, se recomienda a Eslovaquia:

1. Reducir el déficit de las administraciones públicas de forma creíble y sostenible dentro de un marco plurianual, de conformidad con las decisiones que adopte el Consejo en el contexto del próximo ejercicio de supervisión presupuestaria (OG 1).

Con objeto de seguir abordando urgentemente los profundos problemas estructurales del mercado de trabajo, se recomienda a Eslovaquia:

2. Reforzar la oferta de trabajo suprimiendo los obstáculos a la movilidad regional y reduciendo los desajustes en las cualificaciones, garantizando al mismo tiempo la eficiencia de las medidas de reconversión profesional y de otras políticas activas del mercado de trabajo (OG 4, 7 y 8).

3. Generar una demanda de trabajo adicional que permita una mayor flexibilidad de los mecanismos de fijación de salarios (OG 5 y 18).

4. Reducir los elevados tipos de las cotizaciones sociales y sanitarias, cumpliendo las restricciones globales impuestas por el saneamiento presupuestario, particularmente, con medidas adicionales de reforma del sistema sanitario y considerando ajustes adicionales en el régimen de pensiones por reparto, especialmente un nuevo aumento de la edad de jubilación (OG 4 y 16).

Con el fin de mejorar el marco para las empresas y fomentar el espíritu empresarial, se recomienda a Eslovaquia:

5. Reforzar el marco legislativo favorable al espíritu de empresa y mejorar su aplicabilidad, en particular, adoptando la nueva legislación de quiebras y aumentando la capacidad y transparencia del sistema judicial (OG 11 y 12).

Con objeto de mejorar las condiciones para el aumento de la productividad, se recomienda a Eslovaquia:

6. Mejorar la eficiencia y la calidad de los sistemas de educación y de formación y su capacidad de reacción a las necesidades cambiantes en materia de cualificaciones (OG 13).

7. Fomentar la actividad de I+D e innovación y apoyar la transferencia de conocimientos por medio de las inversiones extranjeras directas (OG 13).

25. Eslovenia

Durante la última década, Eslovenia registró un crecimiento estable; desde 1993 el PIB real ha crecido constantemente a una tasa comprendida entre el 3% y el 5%. Tras una ralentización reciente, se espera una reactivación del crecimiento, que se acercará gradualmente al nivel potencial, estimado en alrededor del 4%.

Pese a la existencia de una economía sólida en términos generales y el alcance de logros plausibles en muchas áreas, persisten ciertas deficiencias. El incumplimiento de las previsiones ha llevado a la introducción reiterada de presupuestos suplementarios en los últimos años. Sin embargo, los déficit de las administraciones públicas son relativamente pequeños y actualmente parece bien encaminada el proceso de saneamiento fiscal. Aunque disminuyó de forma acusada en los dos últimos años, la inflación, que es relativamente elevada (5,7% en 2003), sigue planteando cierta inquietud y se ha reconocido como uno de los principales retos que tiene planteados la política económica. El Gobierno ha diseñado una política adecuada para reducir la inflación de forma sostenible y crear las condiciones que permitan aprovechar plenamente los beneficios de la adhesión a la UE, y ha realizado reformas estructurales con el objetivo de facilitar la liberalización de precios. Actualmente, los precios regulados representan el 16% del índice de precios al consumo, lo que constituye la tasa más baja de todos los países adherentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la ineficacia de la competencia en los servicios públicos y la deficiente flexibilidad del sector financiero y del mercado de trabajo, aún debe confirmarse una reducción sostenible de la inflación.

El proceso de reestructuración de la economía ha afectado negativamente a la situación del mercado de trabajo; el empleo en la industria de fabricación cayó de forma acusada durante el periodo 1996-2000. El traslado de mano de obra de este sector al sector de servicios atenuó las repercusiones económicas y sociales, mientras que la jubilación anticipada sirvió para mitigar una subida del desempleo total. Aunque el programa global del mercado de trabajo de Eslovenia es positivo, persisten problemas de desempleo estructural. La proporción del desempleo de larga duración es elevada, especialmente entre las personas de más edad y de baja cualificación. Por otra parte, la baja tasa de empleo de los trabajadores de más de 55 años de edad es motivo de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que plantea el envejecimiento de la población.

Con objeto de crear las oportunidades de empleo necesarias y facilitar la participación en el mercado de trabajo, que lleven, a su vez, a unos mejores resultados económicos en el futuro, se requieren continuos esfuerzos a fin de promover el espíritu empresarial, estimular la capacidad innovadora de las empresas y aplicar una competencia efectiva en todos los segmentos de la economía. Eslovenia deberá perseguir un alto grado de convergencia sostenible. En este contexto, Eslovenia afronta cuatro retos principales:

* Reducir la inflación de forma sostenible.

*Aumentar las tasas de empleo, especialmente de los trabajadores de más edad.

*Mejorar las condiciones para un incremento sostenido de la productividad.

*Promover el desarrollo de una competencia efectiva en todos los segmentos de la economía, especialmente en las industrias de redes.

Reducir la inflación de forma sostenible

Aunque disminuye, la inflación sigue en un nivel relativamente elevado. Para 2003, la tasa de inflación era del 5%, frente al 7,5% registrado un año antes. Esta reducción es positiva, aunque parece ser imputable a factores especiales, relacionados con el establecimiento de límites máximos para las subidas de los precios administrados y los impuestos indirectos, así como con ajustes frecuentes de los impuestos especiales sobre el petróleo. La presión inflacionista sigue estando alimentada por la falta de competencia en varios sectores, unos mercados laborales inflexibles y unos mecanismos de indización muy extendidos. Por otra parte, otros importantes factores contribuyen a la persistencia de la inflación; contribuyen a la inercia de la inflación, en particular, una política monetaria flexible y una depreciación de la moneda a un ritmo constante, aunque éste actualmente haya disminuido.

En la preparación de la adhesión a la UE, el Gobierno consideró la lucha contra la inflación como una de sus prioridades y adoptó en consecuencia una coordinación de las políticas antiinflacionistas. Se aplicó un plan global de control de los precios, por el que se rigen los precios administrados y las variaciones de los impuestos con el fin de no rebasar el objetivo de inflación al final del año. En cuanto al objetivo del desmantelamiento generalizado del sistema de indización en la economía, se dio un paso adelante en 2003 con la abolición oficial de la indización de los tipos de interés ("tipo de interés básico") y el acuerdo social sobre un nuevo método de ajuste de los salarios. En los salarios del sector público ya se ha introducido una indización prospectiva, que surtirá efecto a partir de julio de 2004, mientras que en el sector privado una medida de estas características aún no se ha negociado. Por otra parte, debe ajustarse de forma flexible la orientación de las finanzas públicas. Asimismo, se requiere una aplicación más rápida de las reformas estructurales para lograr una deflación sostenida y unos mejores resultados económicos.

Aumentar las tasas de empleo, especialmente de los trabajadores de más edad

La tasa de empleo de Eslovenia (63,4% en 2002) está próxima a la media de la UE y es una de las más elevadas entre los países adherentes. Por su parte, la tasa de desempleo, que disminuye constantemente desde 1998 y alcanzó el 6% en 2002, es una de las más bajas de este grupo de países. No obstante, el desempleo de larga duración es alto (aproximadamente el 60%), y se da principalmente entre trabajadores de más de 55 años y de bajas cualificaciones. Al existir otros desequilibrios estructurales en el mercado de trabajo (desempleo juvenil, desempleo de las personas discapacitadas, diferencias de desempleo entre géneros, bajo nivel educativo de los desempleados, altas disparidades regionales), el aumento del empleo de las personas de edad se ha considerado un reto particularmente importante. En 2002, la tasa de desempleo de las personas de edades comprendidas entre 55 y 64 años era del 3%, mientras que la tasa de empleo de este grupo de personas era del 24,5%, lo que representa un valor muy bajo frente a la media de la UE del 40,1%. Esto es la consecuencia de una baja edad de

jubilación, que en 2001 era por término medio de únicamente 57 años. La reestructuración de la economía ha llevado a personas relativamente jóvenes a la jubilación (o al desempleo.). Como consecuencia de la reforma de las pensiones introducida en 2000, la edad de jubilación se ha aumentado ligeramente. Sin embargo, las repercusiones de esta reforma sólo se reflejaron gradualmente en una mayor tasa de empleo de las personas de edad. Se espera que persista una amplia diferencia entre las tasas de empleo de los trabajadores de más edad de Eslovenia y las correspondientes a la UE.

Así pues, la principal orientación de la política de empleo es abordar los problemas del desempleo para las personas de más edad y fomentar formas activas de aumentar su empleabilidad. Esto es particularmente importante teniendo en cuenta los crecientes riesgos de insostenibilidad financiera derivados de la desfavorable evolución demográfica. La tasa de dependencia se espera que aumente del 20% en 2000 al 38% en 2025 y al 66% en 2050. Además, el fomento del empleo y de una vida profesional activa es un requisito para combatir la pobreza y la exclusión social.

Mejorar las condiciones para un incremento sostenido de la productividad

El nivel de productividad, aunque es el segundo más elevado de los nuevos Estados miembros, se mantiene muy por debajo de la media de la UE-15 (69,5% en 2003). El aumento de la productividad el trabajo en Eslovenia fue relativamente rápido durante el período 1995-1999, con una subida anual media del 4,8% sin embargo, disminuyó a continuación (a un ritmo medio del 2% en 1989-2002), situando a Eslovenia entre los países adherentes con un menor nivel de productividad en este periodo. Dos factores pueden dificultar un desarrollo más rápido de la productividad:

En primer lugar, la actividad empresarial de la población activa sigue siendo relativamente baja, particularmente debido a que todavía son elevadas las cargas administrativas que afectan a la creación de empresas y a las empresas existentes. Ya se han realizado esfuerzos para simplificar los procedimientos para la creación de empresas. Sin embargo, la legislación empresarial y el entorno administrativo podrían mejorarse más, dado que todavía persisten unos procedimientos burocráticos y largos así como dificultades para la compra de terrenos con fines industriales.

En segundo lugar, el gasto en I+D es poco eficaz para permitir logros adecuados en investigación básica en lo que se refiere a la transferencia de conocimientos técnicos a las empresas, el registro de patentes y la innovación de procesos o productos. Con unos gastos en investigación y desarrollo que alcanzaban el 1,6% del PIB en 2001, Eslovenia se sitúa entre los primeros nuevos Estados miembros, pero aún permanece muy por debajo de la media de la UE, a pesar del fuerte crecimiento de la financiación pública de la actividad de I+D y la introducción de incentivos fiscales a la I+D de las empresas. Eslovenia también figura entre los primeros nuevos Estados miembros en materia de solicitud de patentes en la Oficina Europea de Patentes, pero sus resultados (41 patentes por millón de habitantes en 2001) se encuentran muy por debajo de la media de la UE. Además, la proporción de

investigadores empleados en el sector empresarial es baja en comparación con la del sector público (un tercio y dos tercios, respectivamente) y la actividad innovadora parece débil en el sector de altas tecnologías.

Promover el desarrollo de una competencia efectiva en todos los segmentos de la economía, especialmente en las industrias de redes

Eslovenia ha procedido a una creciente liberalización de los mercados de productos y las industrias de redes, pero deberá fomentarse la competencia efectiva. En particular, aunque a la Oficina de defensa de la competencia se le han concedido facultades para controlar acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante y concentraciones, su capacidad administrativa, tanto en términos financieros como de personal, es insuficiente para garantizar su funcionamiento adecuado. Además, la legislación actual no permite imponer multas disuasorias en caso de comportamientos contrarios a la competencia.

En los últimos años, Eslovenia ha empezado a liberalizar sus industrias de redes. En el sector de telecomunicaciones, la apertura legal del mercado se realizó en 2001, y en 2002 se creó una agencia reguladora independiente. Sin embargo, todavía no ha aparecido una competencia efectiva en el área de la telefonía fija para llamadas nacionales, donde el operador histórico sigue poseyendo el 100% del mercado. Los altos precios de interconexión entre las redes, junto con el bajo nivel de precios regulados para las llamadas locales y nacionales, constituyen los principales obstáculos a la entrada de nuevos operadores en el área de la telefonía fija. En cuanto al sector energético, los grandes consumidores de electricidad (66% del consumo de electricidad de Eslovenia) tienen libertad para elegir su proveedor, y desde 2000 los mayores pueden comprar su electricidad en el extranjero. Sin embargo, estos intercambios internacionales están limitados a un máximo del 20% del consumo total de electricidad. En el sector del gas, desde el 1 de enero de 2003 los principales consumidores (que representan el 50% del consumo de gas de Eslovenia) pueden elegir sus propios proveedores, pero en la práctica no pueden cambiar de proveedor debido a la existencia de contratos a largo plazo con el operador histórico que vencen en 2007.

Recomendaciones específicas para Eslovenia

La superación de los retos mencionados requiere la realización de las amplias reformas estructurales establecidas en las Orientaciones generales (OG) (parte I de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Con el fin de reducir la inflación de forma sostenible, se recomienda a Eslovenia:

1. Impulsar reformas estructurales encaminadas a la liberalizar los precios regulados y proseguir el desmantelamiento del sistema de indización, particularmente del mecanismo de fijación de salarios (OG 5).

Con objeto de aumentar las tasas de empleo, especialmente de los trabajadores de más edad, se recomienda a Eslovenia:

2. Revisar los sistemas tributarios y de prestaciones sociales, centrándose en la participación de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, y reevaluar las medidas encaminadas a prolongar el período de permanencia en actividad profesional mediante actividades de aprendizaje permanente, así como abordar el desequilibrio existente entre las condiciones del trabajo temporal y del trabajo permanente (OG 4 y 8).

A fin de mejorar las condiciones para un incremento sostenido de la productividad, se recomienda a Eslovenia:

3. Seguir reduciendo el período de tiempo y los costes necesarios para crear una empresa y simplificar los trámites administrativos que afectan a las empresas (OG 11).

4. Fomentar la actividad de I+D e innovación en el sector empresarial y mejorar la calidad del sistema de enseñanza superior (OG 13).

Con el fin de promover el desarrollo de una competencia efectiva en todos los segmentos de la economía, especialmente en las industrias de redes, se recomienda a Eslovenia:

5. Reforzar la capacidad administrativa de la Oficina de defensa de la competencia, facilitar la entrada de nuevos competidores en las industrias de redes y la adquisición de terrenos con fines industriales (OG 9).