HACIA UNA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA - Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los progresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión {SEC (2002) 1400 - 1412}

ÍNDICE

1. Contexto general

1.1. Europa en vísperas de la ampliación

1.2. La opinión pública y el proceso de ampliación

1.3. Preparación administrativa para la ampliación

1.4. Criterios de Copenhague

1.5. Potenciación de la capacidad administrativa y judicial

1.6. Negociaciones de adhesión

1.6.1. Situación actual

1.6.2. Compromisos

1.6.3. Medidas transitorias

2. Avances de los países candidatos en el cumplimiento de los criterios de adhesión

2.1. Criterios políticos

2.1.1. Evolución general

2.1.2. Conclusiones

2.2. Criterios económicos

2.2.1. Evolución general

2.2.2. Conclusiones

2.3. Otras obligaciones vinculadas a la adhesión (incluida la capacidad administrativa)

2.3.1. Evolución general

2.3.2. Conclusiones

2.4. Conclusiones y recomendaciones generales

3. Culminación del proceso

3.1. Finalización de las negociaciones

3.1.1. Marco financiero

3.1.2. Modo de abordar el acervo nuevo y revisión de los capítulos

3.1.3. Capítulo sobre otros asuntos

3.2. Finalización del tratado de adhesión

3.3. Participación en la labor de la UE antes de la adhesión

3.4. Supervisión y salvaguardias

3.5. Fase posterior a la ampliación

3.5.1. Desarrollo institucional

3.5.2. La UEM y el euro

3.5.3. Schengen

3.5.4. Espacio Económico Europeo

4. Estrategia de adhesión revisada para Bulgaria y Rumania

4.1. Logros hasta la fecha

4.2. Fecha orientativa

4.3. Planes de trabajo para la adhesión

4.4. Asistencia de preadhesión

5. Nuevo impulso al proceso de ampliación con Turquía

5.1. Potenciación de la estrategia de preadhesión

5.2. Ayuda financiera adicional

6. Conclusiones y recomendaciones

Anexo 1: Conclusiones de los informes periódicos

Bulgaria

Chipre

Estonia

Hungría

Letonia

Lituania

Malta

Polonia

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

República Checa

Turquía

Anexo 2: Capítulo "otros asuntos"

Anexo 3: Convenios de derechos humanos

Anexo 4: Proyectos de hermanamiento

Anexo 5: Revisiones paritarias

Anexo 6: Situación de las negociaciones

Anexo 7: Principales indicadores estadísticos

1. CONTEXTO GENERAL

1.1. Europa en vísperas de la ampliación

La próxima ampliación de la Unión Europea potenciará la unidad del continente europeo y contribuirá a crear una zona de paz y prosperidad duraderas.

En 1993, el Consejo Europeo de Copenhague abrió la perspectiva de la ampliación a los países de Europa Central y Oriental. Posteriormente, la UE puso en marcha una ambiciosa estrategia de preadhesión que ha servido de guía y apoyo para los preparativos de adhesión de los países candidatos hasta el día de hoy.

Gracias a su esfuerzo por cumplir los criterios de adhesión y adoptar el marco reglamentario de la UE, los países candidatos han podido acelerar las reformas internas de modo paralelo a su preparación para la adhesión. Los ciudadanos europeos han estrechado sus lazos, como se ha observado en la solidaridad demostrada entre los actuales y futuros miembros de la UE durante las grandes inundaciones producidas este verano pasado en Europa Central y Oriental.

Los argumentos históricos y políticos que abogan en favor de la ampliación son harto convincentes. Y los beneficios económicos serán considerables.

Tanto los Estados miembros actuales como los futuros gozan de estabilidad política. En los países de Europa Central y Oriental se han creado democracias estables. El mérito de ese logro hay que atribuirlo ante todo a los propios ciudadanos de esos países. La estabilidad política de los países candidatos de Europa Central y Oriental está enraizada en valores europeos comunes: la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías. Las causas de los conflictos, como los problemas de minorías y fronterizos, se han eliminado. Un marco político estable es una condición previa necesaria para que haya una paz duradera y una coexistencia pacífica entre vecinos así como una economía sólida.

La adhesión representa una oportunidad para los países candidatos de mejorar su nivel de vida y sus perspectivas en la competencia mundial. Estos países ya realizan entre la mitad y las dos terceras partes de su comercio con la UE. El rápido crecimiento del comercio ha ayudado a crear nuevos mercados y a aumentar las inversiones. La plena integración que supondrá la adhesión, junto con la adopción de disposiciones y normas comunes en el mercado único más grande del mundo, incrementará las oportunidades de conseguir un crecimiento sostenible desde un punto de vista social y medioambiental.

Gracias a la estabilidad política y económica, la UE ampliada estará mejor preparada para afrontar los retos mundiales. Y dará un mayor peso a sus relaciones exteriores, sobre todo en lo que respecta a la política exterior y de seguridad común. Además, la mejora de la cooperación entre los Estados miembros actuales y futuros contribuirá a luchar contra la delincuencia y el terrorismo internacionales.

La UE ampliada deberá mirar más allá de sus fronteras para diseñar una nueva política de vecindad en beneficio de todos. Se está reflexionando sobre la política relativa a una «Europa más amplia» con el fin de enfocar de modo más coherente la cuestión de la UE ampliada respecto a los países vecinos. Actualmente, la Comisión está estudiando las distintas posibilidades de potenciar la política de la UE respecto a sus futuros nuevos vecinos, con objeto no sólo de alejar los temores que pueda provocar la ampliación sino también de lograr que la ampliación proporcione avances, tales como el aumento previsto del comercio y del crecimiento económico en ambas partes. La nueva política de vecindad hará especial hincapié en que la UE ampliada tendrá una actitud abierta e impulsará intereses y actividades comunes con sus vecinos de los Balcanes Occidentales, Europa Oriental y el Mediterráneo.

Los Estados miembros futuros están contribuyendo de manera valiosa a los debates sobre el futuro de Europa en el marco de la Convención Europea que prepara el camino hacia la próxima reforma institucional. La labor de la convención es fundamental para el futuro de Europa. La plena participación de los países candidatos ha puesto claramente de manifiesto el valor añadido de una Unión Europea ampliada.

La evaluación de los países candidatos realizada por la Comisión en los informes periódicos del presente año transmite tres mensajes importantes:

* La estrategia de preadhesión de la UE ha sido un éxito. El proceso de transformación de los países candidatos se ha acelerado considerablemente gracias a la perspectiva de la ampliación.

* Las negociaciones de adhesión, que se han basado en los principios de los méritos propios, la diferenciación y el logro del nivel necesario, podrán finalizar con la mayoría de los países candidatos a finales de 2002 a más tardar. Los preparativos de la ampliación seguirán su curso.

* La ampliación es un proceso integrador que todavía no ha finalizado respecto a las primeras adhesiones. La Unión Europea sigue apoyando totalmente a los países candidatos actuales que no estén en condiciones de participar en la próxima ampliación.

Los países candidatos han realizado una gran inversión en el proceso de ampliación. Se han tomado decisiones políticas y económicas importantes en previsión de la ampliación. Si se desean conseguir los máximos beneficios de la integración tanto para los Estados miembros futuros como para los actuales, deberá mantenerse el calendario de ampliación previsto sin que ello vaya en detrimento de la calidad del proceso de adhesión.

La Comisión espera que un Chipre reunificado se adhiera a la Unión Europea con arreglo a un acuerdo global, como mejor resultado para todas las partes interesadas. Como se señala en las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, la UE tendría en cuenta las condiciones para una solución global en el tratado de adhesión, conforme a los principios en los que se basa la Unión Europea. La Comisión se congratula por que la participación de las Naciones Unidas siga siendo considerable. Todas las partes interesadas deben hacer un esfuerzo concertado por conseguir ese acuerdo antes de que finalicen las negociaciones de adhesión. Teniendo en cuenta las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión insta a Turquía, en particular, a que apoye plenamente los esfuerzos encaminados a conseguir un acuerdo global en el presente año. En caso de que se llegue a ese acuerdo, podrán adaptarse las condiciones de adhesión de Chipre de modo que reflejen el acuerdo global así como sus repercusiones en la aplicación del acervo en toda la isla.

La Comisión sigue activa en sus contactos con todas las partes interesadas con el fin de prestar apoyo para que se llegue a un acuerdo. Ha propuesto que la UE proporcione recursos considerables para ayudar a la parte septentrional de la isla a que alcance el nivel necesario y para respaldar un acuerdo. La Comisión señala que, si no se consigue un acuerdo, las decisiones que tome en diciembre el Consejo Europeo de Copenhague se basarán en las conclusiones expuestas en el Consejo Europeo de Helsinki en 1999.

En sus sucesivas reuniones de Gotemburgo, Laeken y Sevilla, el Consejo Europeo reiteró que, si se sigue avanzando al ritmo actual en las negociaciones y reformas, la Unión Europea está decidida a finalizar las negociaciones con Chipre, Malta, Hungría, Polonia, la República Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia al final de 2002 a más tardar, si estos países están preparados. El objetivo sigue siendo que dichos países participen en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 en calidad de miembros de pleno derecho. El Consejo Europeo de Sevilla añadió que, para decidir los países candidatos con los que se podrán finalizar las negociaciones al final de 2002, la Comisión realizará las recomendaciones adecuadas teniendo en cuenta sus informes periódicos.

El Consejo Europeo de Sevilla animó, además, a Bulgaria y Rumania a que siguieran avanzando y reiteró el compromiso de la UE de prestarles un apoyo total en su preparación para la adhesión.

En dicho Consejo Europeo se indicó asimismo que debía revisarse y potenciarse en Copenhague un plan de trabajo actualizado y una estrategia de preadhesión revisada y reforzada para los países candidatos que siguen en fase de negociación. Podría contemplarse también la posibilidad de aumentar la ayuda financiera de preadhesión. Por otro lado, si se mantiene el ritmo anual, podría fijarse un calendario más preciso para el proceso de adhesión de estos países al final del presente año a más tardar.

En la presente Comunicación se examinan las peticiones del Consejo Europeo que se acaban de mencionar.

1.2. La opinión pública y el proceso de ampliación

Al igual de lo que sucede en los Estados miembros, los gobiernos nacionales son los principales encargados de explicar el proceso de ampliación a los ciudadanos de los países candidatos. La Comisión apoya esa labor y ha preparado una estrategia de comunicación con ese fin. Todos los agentes responsables de que llegue a buen término el proceso deben transmitir con claridad el mensaje de que con la ampliación todas las partes saldrán ganando y la reunificación de Europa agrandará la zona de paz, prosperidad y seguridad en el continente.

El apoyo a la ampliación suele ser considerable en los países candidatos. Es importante lograr que aumenten en los Estados miembros la concienciación sobre los países que se adherirán pronto a la Unión Europea y el conocimiento sobre dichos países, así como explicar los resultados del proceso de ampliación. Deben exponerse con mayor profundidad los beneficios resultantes de una UE ampliada, tanto en cuanto a la estabilidad política como a la perspectiva de conseguir un crecimiento económico constante, así como los enormes avances que se han logrado en las reformas económicas y políticas llevadas a cabo en la región desde 1989. Con ello se contribuirá a disipar las dudas acerca de la preparación de los países candidatos para adherirse a la UE.

1.3. Preparación administrativa para la ampliación

Para que la transición a una UE ampliada sea fructífera y cómoda, es precisa también una preparación de las instituciones actuales de la UE en el terreno administrativo. Esa preparación ya se viene realizando desde hace algún tiempo, con el fin de que se hayan adoptado todas las medidas necesarias a más tardar en el momento de la adhesión. Esta labor incluye, entre otras cosas, evaluaciones de las necesidades de personal y los preparativos conexos para su contratación, suministro de traducción e interpretación en las lenguas adicionales, preparación de edificios, escuelas, etc. Las instituciones han venido colaborando para garantizar que se está procediendo a esa preparación en cada una de las instituciones. La Comisión expuso los avances logrados en esta labor en el documento titulado Plan de trabajo de la preparación administrativa para la ampliación [1], que se basa en la hipótesis de que se adhieran el 1 de enero de 2004 diez países con nueve lenguas adicionales. Dicho plan de trabajo se actualizará una vez que se hayan adoptado las decisiones relativas a los países que se adhieran y a su fecha de adhesión.

[1] SEC(2002) 1015 de 25.9.2002.

En su Comunicación titulada Actividades y recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea ampliada [2], la Comisión indicó sus necesidades adicionales de recursos humanos en términos de puestos de jornada completa, que deberían irse creando gradualmente a partir de 2004 y estar creados completamente en el año 2008 aproximadamente. Además, es obvio que en algunas políticas, como la agrícola, la estructural y los servicios lingüísticos, las necesidades de recursos humanos resultantes de la ampliación serán elevadas no sólo después de la adhesión sino también inmediatamente antes de la misma. Por ello, la Comisión llevó a cabo una rigurosa evaluación de sus necesidades de recursos adicionales, que dio como resultado su petición de 500 puestos no permanentes ya en 2003 para satisfacer las necesidades prioritarias, puestos que, en su mayoría, serían cubiertos por nacionales de los países candidatos.

[2] COM(2002) 311 de 5.6.2002.

1.4. Criterios de Copenhague

En junio de 1993, el Consejo Europeo de Copenhague estableció los cimientos del actual proceso de ampliación al declarar que "los países asociados de Europa Central y Oriental que lo deseasen se convertirían en miembros de la Unión Europea" y al establecer las condiciones de la adhesión, los denominados criterios de Copenhague. Dichos criterios son los siguientes:

* «estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías»: criterios políticos.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en mayo de 1999, estos requisitos se han consagrado como principios constitucionales en el Tratado de la Unión Europea y se subrayan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se estableció en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.

* «existencia de una economía de mercado en funcionamiento y capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión»: criterios económicos.

Estos criterios se ajustan a los principios aplicables a las políticas económicas consagrados en el Tratado CE por el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.

* «capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria». Este criterio se refiere a la aplicación de la legislación de la UE, que se conoce con el nombre de acervo comunitario. Por esa razón, este criterio se denominó más adelante el criterio del acervo. En posteriores consejos europeos, y en especial en el Consejo Europeo de Madrid de 1995, se destacó la importancia no sólo de incorporar el acervo a la legislación nacional sino también de garantizar su aplicación real mediante las estructuras administrativas y judiciales adecuadas.

Desde sus dictámenes de 1997 sobre las solicitudes de adhesión de los países de Europa Central y Oriental, la Comisión ha ido evaluando anualmente en sus informes periódicos, que se han ampliado también a Chipre, Malta y Turquía, los avances conseguidos por los países candidatos en lo que respecta al cumplimiento de los criterios de Copenhague. En el contexto de la Agenda 2000 [3], la Comisión ha elaborado una metodología con este fin.

[3] Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia (COM (97) 2000 final); véase en especial la parte II: El desafío de la ampliación: I. Evaluación con arreglo a los criterios de adhesión.

Con arreglo a esa metodología, en los informes periódicos se evalúan los avances en cuanto a la legislación y las medidas realmente adoptadas o aplicadas. Esta metodología permite una igualdad de trato a todos los países candidatos y una evaluación objetiva de la situación en cada país. Los avances en el cumplimiento de los criterios se evalúa por medio de una lista de comprobación normalizada que garantiza que los aspectos examinados sean los mismos para todos los países y que la actividad de evaluación sea transparente. Para redactar los informes se utilizan y se comparan numerosas fuentes, empezando por la información facilitada por los propios países candidatos y también muchas otras fuentes, como los informes del Parlamento Europeo, las evaluaciones de otros Estados miembros o la labor de organizaciones internacionales y no gubernamentales. El informe del presente año contiene también algunos elementos orientados hacia el futuro.

Con el fin de evaluar la medida en que los países candidatos cumplen los criterios políticos, la Comisión no sólo describe sus instituciones (parlamento, poder ejecutivo y poder judicial) sino que también examina el modo en que se ejercen en la práctica los distintos derechos y libertades. En lo que respecta a los derechos humanos, la Comisión analiza el modo en que los países candidatos respetan y aplican las disposiciones de los principales convenios de derechos humanos, sobre todo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En cuanto al respeto de los derechos y la protección de las minorías, la Comisión presta especial atención a la aplicación de los principios establecidos en el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales. También se examinarán las medidas adoptadas por los países para luchar contra la corrupción.

Los criterios económicos son dos: existencia de una economía de mercado en funcionamiento; capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Ambos criterios se evalúan por medio de subcriterios establecidos en la Agenda 2000. La existencia de una economía de mercado en funcionamiento supone que, al igual que el comercio, los precios estén liberalizados y que esté establecido un sistema jurídico que se aplique, incluidos los derechos de propiedad. La estabilidad macroeconómica y el consenso sobre la política económica potencian los resultados de una economía de mercado. Un sector financiero desarrollado y la inexistencia de obstáculos de importancia a la entrada en el mercado y la salida del mismo aumentan la eficiencia de la economía. La capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado requiere que haya una economía de mercado y un marco macroeconómico estable, así como el suficiente capital humano y físico, incluidas las infraestructuras, y depende de la medida en que las políticas públicas y la legislación influyan en la competitividad, del grado de integración comercial que consiga un país con la UE y de la proporción de pequeñas empresas.

La capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión requiere la adopción, aplicación y cumplimiento del acervo. En sus informes, la Comisión analiza en cada uno de los veintinueve capítulos del acervo la medida en que se han adoptado las medidas legislativas necesarias para poder aplicar el acervo en el capítulo de que se trate y expone lo que queda pendiente al respecto. Además, la Comisión evalúa la medida en que cada uno de los países candidatos ha establecido las estructuras administrativas necesarias para aplicar el acervo.

Los informes periódicos del presente año adoptan una perspectiva más amplia que en los años anteriores. Además de evaluar los avances logrados por cada uno de los países candidatos, evalúan también la medida en que dichos países cumplirán los criterios de Copenhague en el momento de la adhesión, teniendo en cuenta el calendario de la ampliación previsto fijado por el Consejo Europeo.

Para ello es preciso realizar un atento examen de los progresos realizados por cada país en los últimos años [4], de su trayectoria en la aplicación de los compromisos contraídos en las negociaciones y de si los países cumplen de modo suficiente los criterios de Copenhague. Este último aspecto es especialmente importante a la hora de evaluar la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. Para llegar a la conclusión de que un país candidato determinado estará en condiciones de aplicar el acervo en el momento de la adhesión es necesario que dicho país cumpla ya actualmente una parte significativa del acervo en los distintos capítulos y que su trayectoria de los últimos años sea positiva. También se tiene en cuenta la información a la que puede acceder la Comisión sobre los preparativos actuales, sobre todo en lo que se refiere al proceso de supervisión.

[4] Desde los dictámenes de 1997 sobre los países candidatos de Europa Central, desde el informe periódico de 1998 sobre Chipre y Turquía y desde la actualización de 1999 del dictamen sobre Malta.

En los informes periódicos se señalan los países candidatos que cumplirán los criterios de Copenhague dentro del plazo previsto para la adhesión. La Comisión se ha basado en dichos informes para recomendar la finalización de las negociaciones con dichos países al final de 2002. En los informes se indican, respecto a todos los países, los ámbitos en que se deberá avanzar más o seguir con las reformas.

1.5. Potenciación de la capacidad administrativa y judicial

La Comisión considera sumamente importante que los países candidatos sigan aumentando su capacidad administrativa y judicial. Es un requisito esencial para que se cree una confianza mutua entre los Estados miembros, indispensable para la adhesión. En sus dictámenes de 1997 y los posteriores informes periódicos, la Comisión ha seguido de cerca los avances conseguidos por cada país en este ámbito. Desde principios de los años 90, se ha programado una gran parte de la asistencia comunitaria de preadhesión para ayudar a los países candidatos en su labor de creación y desarrollo de sus estructuras administrativas y judiciales.

Como anunció en su documento de estrategia de 2001 sobre la ampliación titulado Conseguir que la ampliación sea un éxito, la Comisión preparó durante el primer trimestre de 2002 junto con cada uno de los países negociadores un plan de actuación para reforzar la capacidad administrativa y judicial de los mismos. Basándose en las prioridades de las asociaciones para la adhesión de 2002, los planes de actuación exponen las medidas concretas que cada país tiene pendiente adoptar para alcanzar el nivel adecuado de capacidad administrativa en el momento de la adhesión.

En los planes de actuación se indica la asistencia específica necesaria para ayudar a los países candidatos en su labor. Para ello, la Comisión ha liberado asistencia financiera adicional por valor de hasta 250 millones de euros en 2002, con lo que la ayuda comunitaria total de 2002 destinada a potenciar la capacidad administrativa y judicial de los países negociadores será de 1 000 millones de euros aproximadamente.

Por otra parte, en los planes de actuación se exponen los compromisos pertinentes contraídos en las negociaciones y las medidas adicionales de supervisión, en especial las revisiones paritarias, que pueden ser necesarias en algunos terrenos para evaluar la preparación de cada país. Los doce países negociadores han estado sujetos a revisiones paritarias en distintos grados. En total, se han realizado 205 revisiones de ese tipo por medio de la Oficina de Intercambio de Información sobre la Asistencia Técnica (TAIEX) en 17 sectores y en las que han participado más de 800 expertos (véase el anexo 5). Algunas de esas revisiones en el sector del control financiero han sido organizadas por medio del Programa de Apoyo para la Mejora de la Gobernabilidad y la Gestión (SIGMA), mientras que la propia Comisión ha llevado a cabo varias actividades de supervisión en otros sectores. Durante el primer semestre de 2002 se llevó a cabo, bajo los auspicios del Consejo, una revisión paritaria especial sobre seguridad nuclear que dio como resultado un informe de situación en junio de 2002.

El intercambio de información entre los expertos de organismos equivalentes de los países candidatos y los Estados miembros es una parte fundamental de las revisiones paritarias. Los informes resultantes de dichas revisiones, que se han facilitado a los países candidatos y a los Estados miembros, han contribuido al análisis efectuado por la Comisión en los informes periódicos. Los países candidatos utilizarán los resultados de las revisiones para determinar las medidas adicionales necesarias que deben tomar. Dichos resultados contribuirán también al desarrollo de las actividades paritarias de asistencia a los países candidatos, con el fin de intercambiar las mejores prácticas, durante el período que queda hasta su adhesión y después de la misma.

Los planes de actuación han proporcionado un nuevo impulso a los países candidatos en su labor de potenciación de la capacidad administrativa y judicial. En conjunto, los planes se están llevando a cabo conforme al calendario previsto. Es importante que los países candidatos sigan manteniendo el ritmo de aplicación de tales planes.

1.6. Negociaciones de adhesión

1.6.1. Situación actual

Las negociaciones de adhesión están muy adelantadas. Seis países han venido negociando desde 1998 (Chipre, la República Checa, Eslovenia, Estonia, Hungría y Polonia) y otros seis empezaron a negociar a principios del año 2000 (Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y Rumania). El Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 decidió un plan de trabajo para las negociaciones de adhesión, que contiene un calendario para que la UE determine su postura sobre los capítulos pendientes de las negociaciones. El plan de trabajo ha resultado de gran utilidad para avanzar en las negociaciones, ya que ha ayudado a todas las partes a seguir un plan realista. La UE ha establecido posiciones comunes de acuerdo con el plan de trabajo, que han conducido al cierre provisional de un número considerable de capítulos. En el anexo 6 se expone la situación actual de las negociaciones.

1.6.2. Compromisos

El cierre provisional de un capítulo depende, entre otras cosas, de que la Unión Europea acepte la credibilidad de los compromisos de los países candidatos. Para ello, en general será importante que ya se hayan incorporado al Derecho interno partes esenciales del acervo. Los países candidatos deben garantizar que cumplen todos los compromisos de acuerdo con lo previsto. La Comisión sigue de cerca el cumplimiento de los compromisos, en especial mediante informes de supervisión y los planes de actuación sobre la capacidad administrativa y judicial. Hasta el momento, los compromisos contraídos en las negociaciones se han ido cumpliendo ampliamente conforme a lo previsto; en los pocos casos en que han surgido problemas o se han producidos retrasos, se han hallado soluciones, y la Comisión no ha debido recomendar la reapertura de ningún capítulo.

La evaluación realizada en los informes periódicos del presente año confirma que, en la mayoría de los casos, los países candidatos se ajustan a los compromisos contraídos en las negociaciones. En los casos en que los compromisos se refieren a medidas que deberán haberse adoptado en el momento de la adhesión, la evaluación de la Comisión se basa en el proceso preparatorio correspondiente. En los informes se señalan algunos casos en que los países candidatos tienen problemas para cumplir sus compromisos. Así ocurre, principalmente, en los ámbitos de la agricultura, el medio ambiente y la pesca. En tales casos, los países candidatos deben adoptar todas las medidas necesarias para que se cumplan plenamente los compromisos.

1.6.3. Medidas transitorias

Si bien las negociaciones de adhesión se basan en el principio de que los países candidatos deben aplicar realmente el acervo en el momento de la adhesión, se han acordado en las negociaciones una serie de medidas transitorias justificadas, de conformidad con los principios relativos a las medidas transitorias, los cuales establecen que cualquier medida transitoria debe ser limitada en cuanto al tiempo y al alcance y debe ir acompañada de un plan en el que se indiquen claramente las fases de aplicación del acervo. Además, las medidas transitorias no deben suponer modificaciones de las normas ni de las políticas de la Unión, alterar su buen funcionamiento o provocar distorsiones significativas de la competencia. Se han acordado medidas transitorias, previa petición tanto de los países candidatos (se han aceptado hasta el momento unas 190 peticiones) como la UE (se han aceptado hasta el momento unas 28 peticiones). El alcance de dichas medidas varía de un sector a otro y de un país a otro.

Se han aprobado medidas transitorias solicitadas por los países candidatos, por ejemplo en sectores en que la aplicación real del acervo precisa considerables inversiones financieras previas; es el caso de la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en los municipios o la acumulación de reservas de petróleo de emergencia. En esos casos se han aprobado planes de inversión y estrategias detalladas para el cumplimiento gradual del acervo. Por otro lado, se ha restringido temporalmente la libre circulación de capitales de los actuales Estados miembros a los nuevos destinados a adquirir suelo y segundas residencias.

Previa petición de la UE, se han aprobado algunas medidas transitorias limitadas y bien determinadas, en respuesta a las perturbaciones regionales o sectoriales percibidas resultantes de la plena aplicación del acervo en la UE ampliada. Se ha restringido temporalmente la libre circulación de trabajadores de los nuevos Estados miembros a los actuales, se ha reforzado la protección de los derechos de propiedad industrial de los productos farmacéuticos y las marcas de productos de la UE y se ha restringido temporalmente el acceso a los mercados nacionales del transporte por carretera (cabotaje) entre los actuales Estados miembros y algunos nuevos Estados miembros.

2. AVANCES DE LOS PAÍSES CANDIDATOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADHESIÓN

2.1. Criterios políticos

2.1.1. Evolución general

En sus dictámenes de 1997 y los informes periódicos posteriores, la Comisión evaluó los avances realizados por los países candidatos en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Desde 1999, la Comisión ha considerado que todos los países candidatos que están negociando cumplen dichos criterios. En los últimos cinco años, han progresado considerablemente en la consolidación y la profundización de la democracia y el respeto del Estado de Derecho.

Durante el pasado año, se confirmó que los sistemas democráticos de gobierno de los países candidatos estaban en funcionamiento. En varios países se celebraron elecciones nacionales o locales, que fueron libres y equitativas.

Se siguió trabajando a fin de consolidar y modernizar la administración pública. Actualmente todos los países candidatos disponen de un marco jurídico para la función pública, y la formación de los funcionarios se ha convertido en una práctica habitual. Varios países han avanzado respecto al establecimiento de códigos de conducta, la aclaración de la distinción entre las responsabilidades políticas y las administrativas y el establecimiento de legislación sobre el acceso a la información pública.

La mayoría de los países han avanzado en cuanto a la reforma y el refuerzo del sistema judicial, un factor clave para garantizar el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento real del acervo. En la mayoría de los países se han dado pasos decisivos hacia adelante con la aprobación de legislación básica, la potenciación de los recursos humanos y la mejora de las condiciones laborales. En varios países, se ha progresado en cuanto a la creación y el refuerzo de mecanismos que garanticen el debido cumplimiento de las decisiones de los tribunales y a la mejora del acceso de los ciudadanos a la justicia. En la mayoría de los países, se ha seguido avanzando en la cuestión de los retrasos judiciales. Será preciso continuar con esta labor a fin de seguir consolidando las reformas en este ámbito.

Se han realizado progresos en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, el fraude y la delincuencia económica, pero este ámbito sigue siendo motivo de preocupación. En la mayoría de los países existen actualmente estrategias contra la corrupción y se han seguido reforzando los organismos anticorrupción. Se ha continuado avanzando en lo que respecta a la legislación, incluida la contratación pública y la financiación de los partidos políticos, y se han realizado notables esfuerzos de sensibilización en estas cuestiones. Hay signos de que en varios países está creciendo la concienciación popular sobre los peligros de la corrupción para la economía y la sociedad en su conjunto. Asimismo es alentadora en este terreno la evolución registrada en cuanto a la transparencia, la responsabilización y la eficacia de la administración pública. La labor debe ser constante.

En varios países se han seguido adoptando medidas para fortalecer el marco legislativo e institucional con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los sexos. En algunos de ellos se han dado también importantes pasos hacia adelante en lo que respecta a la ayuda a las víctimas de la violencia doméstica. Es necesario continuar con la labor de fomento de la igualdad económica y social entre las mujeres y los hombres.

En todos los países en que hay considerables comunidades romaníes se ha avanzado en la aplicación de los planes nacionales de mejora de la difícil situación en que se hallan los miembros de esas comunidades. Es preciso realizar una labor constante para que los distintos planes sigan aplicándose, en estrecha cooperación con los representantes romaníes. En los casos en que no exista una legislación global antidiscriminatoria, que se ajuste al acervo comunitario en materia de antidiscriminación, la aprobación y la debida aplicación de dicha legislación sería un importante paso adelante.

La situación ha seguido evolucionando positivamente en lo que respecta a la protección de las minorías. En Estonia y Letonia, se ha avanzado de manera continua en la integración de los no nacionales. En varios países se reforzó el marco jurídico e institucional relativo a la protección de las minorías. En Bulgaria, Eslovaquia y Rumania, los miembros de las comunidades minoritarias siguieron desempeñando un importante papel en la vida política nacional.

En años anteriores, la Comisión ha subrayado el problema de las instituciones de acogida de niños en Rumania. Las medidas legislativas, administrativas y financieras adoptadas por las autoridades rumanas están empezando a dar sus frutos. El número de niños objeto de atención residencial ha disminuido y sus condiciones de vida han mejorado. Es preciso mantener el nivel de esfuerzo.

2.1.2. Conclusiones

Todos los países en fase de negociación siguen cumpliendo los criterios políticos de Copenhague, como se ha confirmado respecto al año pasado.

En el punto 5 se exponen los avances y la situación de Turquía en lo que se refiere a los criterios políticos.

Las conclusiones de cada informe periódico figuran en el anexo 1. La lista de convenios sobre derechos humanos ratificados por los países candidatos se halla en el anexo 3.

2.2. Criterios económicos

2.2.1. Evolución general

Las evaluaciones realizadas en los informes periódicos del presente año de los avances de los países candidatos respecto al cumplimiento de los criterios económicos de Copenhague adoptan una perspectiva más amplia que en los años anteriores. Se consideran los progresos conseguidos desde los últimos informes periódicos y se examinan los logros relativos al cumplimiento de dichos criterios durante el período iniciado en 1997, cuando la Comisión redactó sus dictámenes sobre la mayoría de los países candidatos. A continuación se expone un resumen de la evolución general y en el anexo 7 se señalan una serie de indicadores económicos por países.

Durante el período comprendido entre 1997 y 2001, los índices medios de crecimiento económico de la mayoría de los países candidatos se situaron muy por encima de la media de la UE del 2,6%. El retroceso mundial que empezó a finales del año 2000 afectó también a la UE y, con ello, a los países candidatos; el crecimiento de algunos de ellos disminuyó en 2001 pero el desarrollo económico agregado se mantuvo bastante estable durante el primer semestre de 2002. El PIB per cápita, medido en estándares de poder adquisitivo, alcanzó, como media de los diez países con economías de transición, el 39,3% de la media de la UE en 2001, lo que representó un incremento del 38,5% respecto al año 2000. En el período quinquenal mencionado, la mayoría de los países candidatos avanzaron en el alcanzamiento del nivel de la UE.

Los países candidatos han seguido ajustando sus estructuras de producción. La cuota del sector agrícola en el PIB disminuyó durante el período, y el sector de los servicios siguió aumentando, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de la UE.

La inflación en la mayoría de los países candidatos ha ido disminuyendo durante el período. La tendencia a la baja de la inflación continuó en 2001, llegándose a una inflación de una sola cifra en la mayoría de dichos países. En los últimos cinco años, la mayoría de ellos han creado un banco central independiente; en la mayoría de los casos, dichos bancos han adoptado estrategias que tienen como objetivo la inflación de cara a la estabilidad de precios.

Como término medio en todos los países candidatos, el período se caracterizó por una disminución del empleo, provocada, fundamentalmente, por la reestructuración de los sectores industriales nacionales y, en parte, por ciertas deficiencias estructurales en los mercados de trabajo. Los índices de desempleo siguen siendo altos en muchos países. En 2002, en varios países parece que llega a su término un período de supresión de puestos de trabajo y se empieza a experimentar un crecimiento del empleo.

Todos los candidatos señalaron un déficit de las administraciones públicas durante el período considerado. En 2001, el déficit medio de los diez países de Europa Central y Oriental aumentó del 3,2% al 3,8%, como resultado de la desaceleración económica, una política fiscal menos restrictiva, los gastos derivados de la transición y una mejor medición.

Durante el período, los déficit comercial y por cuenta corriente permanecieron relativamente elevados en la mayoría de los países, pero se mantuvieron en niveles sostenibles. La mayoría de los países atrajeron suficientes inversiones directas extranjeras para financiar esos déficit, que, en general, mejoraron en cierta medida en 2001.

La privatización de la economía ha avanzado de manera impresionante desde 1997, alcanzando unos niveles comparables a los de la UE, pero son necesarios esfuerzos para completar la reestructuración de una serie de sectores.

La intermediación financiera se ha reforzado. Casi todos los países cuentan en la actualidad con un sector bancario más eficaz y estable. La media de los préstamos bancarios nacionales al sector privado en los países en transición sigue siendo baja, situándose en el 27% aproximadamente del PIB en 2001.

Las condiciones de entrada en el mercado y salida del mismo han alcanzado grados suficientes de eficiencia y seguridad jurídica. Los derechos de propiedad están bien establecidos, y se han logrado considerables avances en cuanto a la legislación y los procedimientos sobre quiebras. No obstante, en la mayoría de los países, debe reforzarse más la aplicación del marco jurídico.

La Unión Europea es el principal socio comercial e inversor extranjero de todos los países candidatos. Se ha conseguido un elevado grado de integración económica de los candidatos con la UE.

2.2.2. Conclusiones

Los progresos de cada país se han evaluado con arreglo a los subcriterios de los criterios económicos de Copenhague, a saber, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea.

Considerando los dos subcriterios juntos, se reitera que Chipre y Malta son países con una economía de mercado en funcionamiento y reúnen las condiciones necesarias para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la UE.

La República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia también son países con una economía de mercado en funcionamiento, como ya se concluyó con anterioridad. Según las evaluaciones de este año, dichos países han seguido avanzando de modo suficiente en lo que respecta a la estabilización macroeconómica y la reforma económica, y la continuación del sendero actual de las reformas los situará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la UE.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los compromisos que los diez países mencionados deberán haber cumplido en el momento de la adhesión, la Comisión considera que cumplirán los criterios económicos de Copenhague dentro del plazo previsto para la adhesión. En las conclusiones de los informes periódicos se señalan los ámbitos principales en que deberán conseguirse mejoras adicionales en lo que se refiere al funcionamiento de la economía de mercado y a la competencia en la UE. Dichos ámbitos no son exhaustivos, pero constituyen sectores prioritarios de actuación.

Después de haberse considerado que su economía se aproximaba a una economía de mercado en funcionamiento, en el informe periódico del presente año se concluye por primera vez que Bulgaria es un país con una economía de mercado en funcionamiento. Si sigue aplicando su programa de reformas destinado a eliminar las dificultades que aún quedan, estará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la UE a medio plazo.

Rumania ha seguido avanzando en su objetivo de convertirse en un país con una economía de mercado en funcionamiento, objetivo cuyas perspectivas de realización han mejorado. Junto con la realización de la totalidad del programa de reformas, la aplicación plena y continuada de las medidas previstas debe permitir a Rumania hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la UE a medio plazo.

Turquía ha progresado en cuanto al funcionamiento de su economía de mercado, que debería aumentar su capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la UE, pero aún padece las consecuencias de dos crisis financieras de amplios efectos desestabilizadores.

En el anexo 1 se exponen las conclusiones de cada uno de los informes periódicos.

2.3. Otras obligaciones vinculadas a la adhesión (incluida la capacidad administrativa)

2.3.1. Evolución general

Las evaluaciones realizadas en los informes periódicos del presente año de los avances de los países candidatos respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague relativos al acervo también adoptan una perspectiva más amplia que en los años anteriores. Además de evaluar los progresos de cada uno de los países candidatos desde el año pasado, los informes de este año examinan los avances conseguidos por cada país desde los dictámenes de 1997 (desde el informe periódico de 1998 en el caso de Chipre y Turquía y desde la actualización de 1999 del Dictamen sobre Malta), su trayectoria en el cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones y el grado de adaptación al acervo y de aplicación del mismo. Dado que el acervo ha experimentado un desarrollo considerable en los últimos 3 a 5 años, también se han evaluado durante este período los progresos conseguidos respecto al nuevo acervo adoptado por la UE. Además, se ha tomado en consideración la información de que ha podido disponer la Comisión sobre los preparativos actuales y los planes detallados de aplicación.

Los informes ponen de manifiesto que, en términos globales, los países candidatos han alcanzado por lo general un elevado nivel de adaptación al acervo en muchos ámbitos, como resultado de los notables avances conseguidos en la incorporación del acervo al Derecho interno en los últimos años. Se han logrado progresos constantes en cuanto al desarrollo de las estructuras administrativas y judiciales necesarias para aplicar y hacer cumplir el acervo y la mayoría de los países están bastante avanzados en lo que respecta a la consecución de una capacidad administrativa adecuada en un considerable número de ámbitos. Por lo demás, en general se están cumpliendo los compromisos contraídos en las negociaciones.

El acervo ya se ha establecido en varios sectores. En otros sectores, debe finalizarse la adaptación al acervo y la consecución de la capacidad administrativa necesaria con vistas a la adhesión. La continuación de la labor de los países para ajustarse a los compromisos o los requisitos acordados en las negociaciones les ayudará a cumplir las obligaciones de la adhesión en estos sectores en el plazo previsto.

Por ejemplo, en lo que se refiere al mercado interior, se ha avanzado considerablemente y la mayoría de los países ya han alcanzado un nivel razonable de adaptación y aplicación del acervo. Se ha adelantado bastante especialmente en cuanto a la normalización y la certificación, ámbitos en los que ya se hallan establecidas en la mayoría de los países la legislación marco y la infraestructura básica. La incorporación al Derecho interno del acervo sobre servicios financieros, en especial la legislación bancaria, está bastante avanzada en general. En la actualidad ya casi ha finalizado en la mayoría de los países la liberalización de la circulación de capitales conforme al acervo.

Debe seguirse trabajando para aumentar la capacidad administrativa en ámbitos como la vigilancia del mercado y la seguridad alimentaria. En lo que respecta a la contratación pública, debe finalizar la incorporación legislativa y deben reforzarse las estructuras encargadas de hacer que se cumpla la legislación. Debe prestarse atención al ámbito del reconocimiento mutuo de títulos profesionales, en el que debe finalizar la adaptación legislativa respecto a las profesiones de asistencia sanitaria y, en algunos casos, también la adaptación de los planes de estudios y la formación a los requisitos comunitarios. Debe prestarse atención asimismo a la aplicación correcta de las directivas sobre el blanqueo de dinero y a la legislación sobre servicios financieros, en especial la independencia de las autoridades de supervisión. La incorporación de los derechos de propiedad intelectual e industrial avanza a un ritmo satisfactorio, pero aún puede mejorar el grado de cumplimiento de la legislación.

En lo que se refiere a la competencia, la legislación antimonopolio ya se ha adaptado en gran medida al acervo en la mayoría de los países, pero debe prestarse una atención continua a la aplicación y el cumplimiento reales de las normas. En cuanto a las ayudas de Estado, en varios países los regímenes de ayudas incompatibles, que a menudo revisten la forma de incentivos fiscales, deben adaptarse al acervo y deben mejorarse los resultados obtenidos por los países respecto al cumplimiento de la legislación. Además, una serie de países deben mejorar el control de las ayudas de Estado en determinados sectores sensibles, como la construcción naval y el sector siderúrgico, en los que es necesario aplicar planes de reestructuración.

En lo que respecta a la política de protección de los consumidores, terreno en el que, en general, la adaptación legislativa está bastante avanzada, los países candidatos deben seguir trabajando para finalizar la incorporación a su Derecho interno y aplicar la legislación. La aplicación real del acervo garantizará que los productos que se hallen en el mercado interior ampliado son seguros y que los derechos de los consumidores están protegidos.

En lo relativo al medio ambiente, además de finalizar la incorporación del acervo, los países candidatos deben centrar su labor en la potenciación de la capacidad administrativa general para aplicarlo, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de residuos y a la contaminación industrial. En algunos temas debe garantizarse el suministro de los medios financieros necesarios.

En el sector del transporte, la adaptación legislativa ha ido progresando en la mayoría de los países candidatos, quedando pendiente la legislación de aplicación. Sin embargo, algunos esos países deben finalizar la adaptación y llevar a cabo las reformas en el sector ferroviario. Otros países aún deben avanzar mucho en el sector del transporte marítimo. Debe aumentar la capacidad administrativa en todos los campos para hacer cumplir el acervo estrictamente, en especial en el transporte por carretera (incluido el acervo social). Del mismo modo, varios países deben aumentar sus esfuerzos para adaptarse al acervo relativo a la seguridad marítima. Será preciso realizar considerables inversiones en la próxima década en la red de transporte transeuropea ampliada.

En el sector de la energía, algunos países deben cumplir los requisitos adicionales derivados de la legislación necesaria para el mercado interior de la energía. Ello es importante también para el futuro acervo. La mayoría de los países deben reforzar su capacidad administrativa. Se están poniendo en práctica las recomendaciones del Consejo sobre seguridad nuclear en el contexto de la ampliación. En especial, algunos países deben seguir trabajando para fortalecer los organismos de reglamentación en materia de seguridad nuclear. Dos países candidatos han contraído compromisos en firme para clausurar determinadas centrales nucleares. Estos compromisos deberán incluirse en los tratados de adhesión.

En el sector de las telecomunicaciones, debe continuarse la labor encaminada a la plena aplicación del acervo de las telecomunicaciones y al refuerzo de la capacidad administrativa y de la independencia de los organismos de reglamentación de la mayoría de los países. Deben evaluarse las repercusiones económicas del pleno cumplimiento de las obligaciones de servicio universal.

En lo que respecta a la política social y el empleo, la adaptación al acervo está bastante avanzada, pero la mayoría de los países deben reforzar su capacidad administrativa, sobre todo en los ámbitos de la salud pública y la salud y la seguridad en el trabajo. Además, debe seguirse fomentando la integración social de acuerdo con los objetivos comunes expuestos por la UE, y los países candidatos deben continuar integrando los objetivos de la UE en sus políticas nacionales de empleo. Los países candidatos deben seguir reforzando su labor en lo que se refiere a la integración social y el empleo para preparar su futura participación en el método abierto de cooperación al nivel de la UE y para su preparación para la futura intervención del Fondo Social Europeo. Asimismo conviene destacar la importancia de invertir en sistemas de salud sostenibles.

En el sector pesquero, la principal prioridad es aumentar la capacidad de las administraciones nacionales correspondientes de aplicar la legislación comunitaria, sobre todo en lo que respecta a la reglamentación del mercado y el mantenimiento del registro de la flota pesquera. La aplicación de la normativa comunitaria sobre pesca, como, por ejemplo, los reglamentos sobre límites de captura y los reglamentos técnicos, precisa un considerable aumento de los recursos en algunos países candidatos.

En cuanto a la justicia y los asuntos de interior, la mayoría de los países han logrado notables avances en todos los campos del acervo. En especial, cada plan nacional de acción de Schengen les ha permitido organizar las actividades clave necesarias y avanzar en su aplicación. Debe reforzarse considerablemente la capacidad administrativa y judicial, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de las fronteras, la lucha contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.

En lo que respecta a la fiscalidad, la adaptación legislativa, que, en general, es buena, debe finalizarse en la mayoría de los países, sobre todo en cuanto al IVA y la legislación relativa a los impuestos sobre consumos específicos. Debe seguir reforzándose la capacidad administrativa y deben establecerse y ponerse en funcionamiento sistemas informatizados de información fiscal.

En el ámbito de las relaciones exteriores, los países candidatos han alcanzado un buen nivel de adaptación al acervo. No obstante, es preciso actuar urgentemente para adaptar los tratados de inversión bilaterales a las obligaciones del Tratado. De no ser así, el conflicto existente entre dichos tratados y las obligaciones del Tratado deberán resolverse a través del tratado de adhesión.

En un número limitado de sectores, los informes del presente año señalan, por país, las partes del acervo en que es preciso hacer esfuerzos especiales y destacan, en algunos casos, las medidas que es preciso adoptar con urgencia. Es necesario que varios países candidatos se esfuercen de modo especial, sobre todo en los sectores que se indican a continuación.

En el sector aduanero, pese a estar muy avanzada, la adaptación al acervo debe completarse en algunos países. La labor debe centrarse ahora en seguir potenciando la capacidad administrativa para aplicar el acervo en este sector y en el desarrollo de las tecnologías de la información. En especial, deben proseguirse, o acelerarse según los países, los preparativos para garantizar la plena interconexión de los sistemas nacionales con los sistemas comunitarios de tecnologías de la información aduanera. La capacidad de los servicios aduaneros de luchar contra el fraude debe reforzarse en varios países. Además, todos los países deben hacer lo necesario para la aplicación de las medidas y las disposiciones que no se establecerán hasta el momento de la adhesión, incluyendo, en algunos casos, la cuestión de las zonas francas.

En el sector agrícola, la mayoría de los países deben centrar sus esfuerzos en finalizar la adaptación de su legislación al acervo de la política agrícola común y seguir mejorando su capacidad administrativa para aplicarlo y hacer que se cumpla. Sólo unos pocos países candidatos se hallan en una fase avanzada en cuanto al establecimiento de un sistema integrado de gestión y control (IACS), incluido el sistema de identificación de parcelas, que es indispensable para la gestión y el control de los pagos directos. Muchos países candidatos deben esforzarse más por establecer un IACS operativo en el momento de la adhesión a más tardar, y debe realizarse una labor urgente y muy seria con respecto a las decisiones clave y la financiación conexa si se desea que el IACS esté en funcionamiento en el momento de la adhesión. Si las estructuras de administración y control necesarias no son plenamente operativas o no funcionan correctamente en el momento de la adhesión, los países candidatos de que se trate no estarán en condiciones de beneficiarse totalmente de los sistemas de ayuda de la política agrícola común o se les exigirá que devuelvan los fondos comunitarios ya recibidos. Varios países deben finalizar los preparativos del organismo de pago y otros países siguen teniendo pendiente la finalización del proceso de reforma agrícola.

También debe incrementarse la capacidad administrativa en el ámbito veterinario y en el de la seguridad alimentaria, en los que debe prestarse especial atención a garantizar que los centros mejoren lo necesario para ajustarse al nivel comunitario. Si no se hace así, los países candidatos podrían quedar excluidos del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado interior en este ámbito.

En el sector de la política regional, si bien, en general, se ha establecido un marco legislativo de aplicación del acervo, los países candidatos deben definir claramente sus estructuras de aplicación final y potenciar sus capacidades administrativas. En especial, deben centrar su labor en finalizar sus documentos de programación. Deben estrechar la coordinación y la asociación interministeriales y fortalecer sus sistemas y procedimientos de supervisión, gestión financiera y control de los fondos estructurales y de cohesión a todos los niveles. La Comisión llama la atención asimismo sobre el hecho de que no se puede aprobar financiación comunitaria hasta que no se reúnan todas las condiciones necesarias para una gestión correcta de los fondos.

En lo que respecta al control financiero, sector en el que la adaptación legislativa está bastante avanzada en la mayoría de los países, éstos deben centrarse en aplicar sistemas adecuados de control financiero interno y de auditorías externas. Para acceder a los fondos comunitarios, es necesario que se reúnan todas las condiciones necesarias para gestionar correctamente dichos fondos. Los países deben garantizar la gestión adecuada de los fondos de preadhesión y los futuros fondos estructurales y potenciar sus estructuras administrativas para proteger los intereses financieros de la Comunidad en el segundo semestre de 2003 a más tardar.

Gracias a los avances conseguidos en los últimos años, la mayoría de los países candidatos ya aplican partes considerables del acervo. En la mayoría de los países, se hallan establecidos en gran medida el marco legislativo y las estructuras de aplicación necesarios. Se han acordado planes detallados, en especial en las negociaciones y en los planes de acción, para suplir las deficiencias restantes detectadas; dichos planes detallados se están aplicando.

2.3.2. Conclusiones

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia han alcanzado un elevado nivel de adaptación al acervo y han avanzado considerablemente hacia el objetivo de conseguir una capacidad administrativa y judicial adecuada. Teniendo en cuenta los progresos de estos países, su trayectoria de cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones y su actual labor preparatoria, la Comisión considera que podrán asumir las obligaciones de la adhesión en el plazo previsto.

Estos países deben proseguir según lo previsto su labor de adaptación legislativa y desarrollo de capacidad administrativa. En los informes periódicos se pone de manifiesto que deben adoptar iniciativas urgentes en un número limitado de ámbitos específicos dentro de algunos capítulos. Se ha informado a los países candidatos. La Comisión espera que pongan en marcha las medidas necesarias para solucionar los problemas señalados, y efectuará un estrecho seguimiento de ello.

Bulgaria, Rumania y Turquía no cumplen plenamente los criterios del acervo. Estos países deben centrar su labor en los campos señalados en los informes periódicos.

En el anexo 1 se exponen las conclusiones de cada uno de los informes periódicos.

2.4. Conclusiones y recomendaciones generales

En los informes periódicos del presente año se indica que todos los países candidatos han avanzado considerablemente en el cumplimiento de los criterios de Copenhague.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia cumplen los criterios políticos. Teniendo en cuenta los progresos de estos países, su trayectoria de cumplimiento de los compromisos contraídos y su labor preparatoria actual y prevista, la Comisión considera que estos países ya se habrán ajustado a los criterios económicos y del acervo y estarán preparados para la adhesión a principios de 2004.

Por consiguiente, la Comisión recomienda que se cierren las negociaciones de adhesión con estos países al final del presente año. En adelante se hará referencia a los mismos como los diez países en fase de adhesión.

En los informes periódicos se señalan una serie de ámbitos en que se debe seguir mejorando en cuanto al cumplimiento de los criterios políticos y económicos y a la adopción, la aplicación y el cumplimiento del acervo, para lo cual deberá llevarse a cabo una labor decidida.

Bulgaria y Rumania cumplen los criterios políticos, pero, en distinta medida, no se ajustan plenamente a los criterios económicos y del acervo. Turquía no cumple plenamente ni los criterios políticos, ni los económicos, ni los relativos al acervo. Los criterios políticos de Turquía se evalúan más adelante.

3. CULMINACIÓN DEL PROCESO

3.1. Finalización de las negociaciones

Las negociaciones con los diez países en fase de adhesión sobre los capítulos de agricultura y asuntos financieros y presupuestarios todavía no están cerradas provisionalmente, si bien se han tratado la mayoría de los temas de esos capítulos que no están relacionados con el marco financiero que va a proponer la UE. Además, aunque los capítulos sobre la política regional y las instituciones se han cerrado provisionalmente, se han reservado para el último tramo de las negociaciones cuestiones específicas relacionadas con las dotaciones presupuestarias y los asuntos institucionales respectivamente (normas de transición en 2004; número de parlamentarios y umbral de mayoría cualificada). En cuanto al capítulo sobre otros asuntos, queda pendiente una serie de temas. Otros ocho capítulos deben seguir negociándose, a saber, los capítulos sobre competencia en el caso de cinco países, sobre transporte en el caso de la República Checa y sobre fiscalidad y unión aduanera en el caso de Malta.

A continuación, la Comisión expone su visión del modo en que deben tratarse algunos puntos esenciales para finalizar las negociaciones.

3.1.1. Marco financiero

En su nota informativa de 30 de enero de 2002, la Comisión propuso un marco financiero común para las negociaciones de adhesión. Este marco se basó en el marco financiero general de Berlín y en la hipótesis de que se adherirían a la UE diez nuevos Estados miembros. La propuesta de la Comisión sigue siendo válida. En especial, la Comisión considera que:

* En el ámbito de la agricultura, debe mantenerse el objetivo de ir introduciendo gradualmente los pagos directos a los agricultores en los nuevos Estados miembros a partir del año 2004.

* Las iniciativas estructurales deben basarse en una cuota de una tercera parte del fondo de cohesión y en el volumen global propuesto en enero de 2002. Una vez que se acuerde esta dotación global, las cantidades individuales por países y por políticas se determinarán aplicando los porcentajes de la asignación total que se ha determinado con arreglo a la metodología aplicada para los Estados miembros actuales para el período 2000-2006.

* En lo que respecta a las políticas internas, deben asignarse fondos adicionales para un instrumento de transición relativo al desarrollo institucional y una labor continua de clausura de la central nuclear de Ignalina en Lituania y, con el fin de comprometer plenamente los fondos asignados en el marco de la asistencia a la preadhesión, para la central nuclear de Bohunice en Eslovaquia.

* Debe pensarse en conceder una compensación presupuestaria temporal, mediante un pago a tanto alzado, para cada nuevo Estado miembro que se encuentre en una situación presupuestaria neta que sea peor que la situación en que se encontraba un año antes de la adhesión como beneficiario de los fondos de preadhesión.

* La Comisión reitera la necesidad de asignar fondos adicionales a la parte septentrional de Chipre a fin de respaldar un arreglo político.

3.1.2. Modo de abordar el acervo nuevo y revisión de los capítulos

Los países en fase de adhesión deberán aplicar plenamente el acervo de la UE que esté en vigor en el momento de la adhesión, salvo en los ámbitos en que se hayan concedido acuerdos transitorios.

La Comisión ha transmitido a los países en fase de negociación todo el acervo adoptado y publicado a más tardar al final del primer semestre de 2002. Se ha solicitado a dichos países que adopten una postura sobre ese acervo, incluida cualquier posible necesidad de arreglos transitorios, y que comuniquen las adaptaciones técnicas que puedan ser necesarias. Se han teniendo en cuenta en las negociaciones las posturas de los países candidatos acerca de todo el acervo nuevo transmitido hasta el momento. En algunos casos, como ha ocurrido recientemente con el capítulo sobre medio ambiente, las posturas adoptadas por los países candidatos sobre el acervo nuevo pueden hacer necesario que se deba revisar un capítulo.

Siguiendo la práctica utilizada en las ampliaciones anteriores, no se podrá sobrepasar determinado momento cuando se considere el acervo nuevo en las negociaciones. La Comisión ha propuesto limitar el alcance de las negociaciones como tales a todo el acervo adoptado y publicado hasta el 1 de noviembre de 2002. En lo que se refiere al acervo nuevo adoptado entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2002, como en el sector de las telecomunicaciones, se solicita a los países en fase de negociación que comuniquen sus posturas y cualquier adaptación técnica necesaria a mediados de noviembre a más tardar. Con ello, se podrán tratar las peticiones adicionales de arreglos transitorios que pueden conducir a una posible revisión de los capítulos en las negociaciones de la segunda quincena de noviembre.

Al igual que en anteriores ampliaciones, el tratado de adhesión contendrá disposiciones que, previa petición debidamente justificada de los futuros Estados miembros [5], permitirán que se adopten en una fase posterior las decisiones sobre las adaptaciones y los arreglos temporales necesarios del acervo adoptadas entre el 1 de noviembre de 2002 y la fecha de firma del tratado de adhesión. Dichas disposiciones podrán ser necesarias en ámbitos en los que se esté procediendo a adoptar importantes partes del acervo, como los transportes, la energía o la justicia y los asuntos de interior.

[5] Véanse, por ejemplo, los artículos 30, 151 y 169 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.

3.1.3. Capítulo sobre otros asuntos

El capítulo sobre otros asuntos no se tratará del mismo modo que los demás capítulos en fase de negociación. Es un capítulo en el que se pueden situar una serie de elementos sobre los que, en gran medida, no existen controversias pero que no tienen cabida en otros capítulos. Es probable que este capítulo, que se deberá tratar a principios de noviembre, incluya los siguientes elementos:

* normas aplicables a la gestión y a la eliminación gradual de los fondos de preadhesión

* definición del instrumento de transición previsto para determinadas iniciativas de desarrollo institucional

* fundamento jurídico para la gestión de los fondos para la clausura de las centrales nucleares de Ignalina en Lituania y Bohunice en Eslovaquia

* una serie de declaraciones, protocolos y elementos adicionales que se incluirán en el tratado, como los compromisos de clausura de las centrales nucleares anteriormente mencionadas

* fundamento jurídico del instrumento anteriormente citado para la parte septentrional de Chipre.

En el anexo 2 se tratan dichos elementos.

3.2. Finalización del tratado de adhesión

En el Consejo Europeo de Sevilla se señaló que «debe proseguirse la redacción del tratado de adhesión a fin de concluirlo lo antes posible tras el cierre de las negociaciones. Parece razonable esperar que el tratado de adhesión pueda firmarse en la primavera de 2003. »

Los resultados de las negociaciones en lo que respecta a los acuerdos transitorios acordados y las adaptaciones técnicas del acervo como consecuencia de la ampliación se plasmarán en un instrumento jurídico y sus actos conexos, a saber, el tratado de adhesión. La labor de redacción de este tratado se inició oficialmente en marzo de 2002 y está bastante avanzada. La mayoría de las medidas negociadas y las adaptaciones necesarias ya se han incorporado al proyecto de tratado. Tomando las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken como punto de partida, la redacción del tratado se basará en la hipótesis de una ampliación a 10 nuevos Estados miembros, siguiendo una estructura muy similar a la de la anterior ampliación. Debido a las adaptaciones técnicas necesarias, el tratado podrá ocupar alrededor de 1.000 páginas del Diario Oficial.

Una vez que las negociaciones hayan finalizado, deberá terminarse la redacción del tratado a fin de incluir en el mismo los resultados finales de las negociaciones. Teniendo en cuenta la avanzada fase del proceso de redacción, parece razonable esperar que el tratado de adhesión pueda finalizarse a más tardar seis semanas después de que terminen las negociaciones.

Cuando todas las partes participantes en las negociaciones hayan aprobado el texto, la Comisión emitirá su Dictamen sobre las solicitudes de adhesión de los países de que se trate. Acto seguido, se solicitará al Parlamento Europeo que emita un Dictamen conforme, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la UE, a lo cual seguirá una decisión del Consejo sobre la admisión de nuevos Estados miembros. A condición de que la Comisión emita su Dictamen en febrero de 2003 y deje tiempo suficiente para el proceso decisorio en el Parlamento y el Consejo, se puede esperar que el tratado de adhesión se firme en la primavera de 2003, como se previó en el Consejo Europeo de Sevilla. Posteriormente, el tratado, redactado en todas las lenguas comunitarias actuales y futuras, será firmado por las partes.

Tras la firma, el tratado se someterá a la ratificación de los Estados miembros actuales y futuros, de conformidad con los requisitos constitucionales respectivos. Al igual que en el pasado, el tratado de adhesión deberá fijar una fecha de adhesión de los nuevos Estados miembros, siempre que se depositen los instrumentos necesarios de ratificación, con la posibilidad de ajustar las disposiciones correspondientes en caso de que no lo ratifique alguno de los países en fase de adhesión.

3.3. Participación en la labor de la UE antes de la adhesión

Los países candidatos ya participan en una serie de comités y agencias comunitarias [6]. A fin de potenciar la integración gradual de los países en fase de adhesión en las estructuras de la Comunidad, debe dárseles, tras la firma del tratado de adhesión, la posibilidad de seguir participando, cuando sea posible jurídicamente, como observadores en todos los comités establecidos mediante el procedimiento de comitología y en todos los demás comités. Además, la Comisión considera que los países en fase de adhesión deberían participar al menos como observadores en las estructuras pertinentes de todas las agencias comunitarias. En una fase posterior se determinarán los principios generales y los detalles de tal participación. Con objeto de facilitar la financiación de los costes de su participación efectiva, cada uno de dichos países, si lo desea, podrá reservar cantidades apropiadas de la dotación de su programa nacional de preadhesión.

[6] Véase la Comunicación de la Comisión de 20 de diciembre de 1999 relativa a la «Participación de los países candidatos en los programas, agencias y comités comunitarios», COM (1999) 710 final.

Asimismo el Parlamento Europeo está pensando en dejar que los observadores de los países candidatos participen en la labor del Parlamento.

Deberán establecerse también las modalidades de participación de los países en fase de adhesión en el proceso de adopción del nuevo acervo durante el período comprendido entre la firma del tratado de adhesión y la fecha de adhesión. Tradicionalmente, ello se ha realizado mediante un intercambio de cartas sobre el proceso de información y consulta para los países en fase de adhesión con anterioridad a las decisiones adoptadas por el Consejo. Al igual que en las anteriores ampliaciones, el Consejo tiene el propósito de adoptar las decisiones adecuadas para que los países en fase de adhesión puedan participar en el proceso decisorio.

3.4. Supervisión y salvaguardias

La Comisión ha venido supervisando de cerca el modo en que los países candidatos van cumpliendo los compromisos contraídos en las negociaciones de adhesión. Es muy importante que los compromisos de los futuros Estados miembros en el marco de las negociaciones de adhesión se cumplan de acuerdo con lo previsto. A fin de evaluar con precisión la situación, la Comisión seguirá con su actividad de supervisión hasta la firma del tratado e informará de ello al Consejo con arreglo a los procedimientos actuales.

En los informes periódicos se señalan los ámbitos en que es preciso hacer mayores esfuerzos. La Comisión continuará el proceso de supervisión entre la firma del tratado y la adhesión. Esta actividad constante de supervisión, que incluirá la supervisión de la aplicación de los planes de actuación, se realizará a través de los canales establecidos, como, por ejemplo, las estructuras de los acuerdos de asociación.

Basándose en su práctica actual, la Comisión señalará los retrasos o problemas de las reformas económicas o el cumplimiento de los compromisos, en especial mediante el envío urgente de cartas de advertencia a nivel político.

Continuarán utilizándose en determinados ámbitos hasta el momento de la adhesión iniciativas específicas, tales como grupos de alto nivel sobre seguridad alimentaria o la introducción de la descentralización ampliada, revisiones paritarias, reuniones técnicas, talleres, seminarios y cuestionarios.

Desde el punto de vista económico, los países candidatos siguen preparándose para la vigilancia multilateral y la coordinación de política económica relativas a la UEM. Participan en un procedimiento de vigilancia fiscal de preadhesión, que tiene tres componentes: la notificación de la situación presupuestaria, el programa económico de preadhesión y el diálogo multilateral. Dicho procedimiento comenzó en la primavera de 2001 y continuará hasta la adhesión.

Toda la información pertinente resultante de esas actividades se reunirá en informes de supervisión que se presentarán periódicamente al Consejo. Seis meses antes de la fecha de adhesión, la Comisión elaborará un informe de supervisión global en el que se expondrán los avances logrados en cuanto a la realización de las reformas necesarias y todos los compromisos en el ámbito del acervo comunitario de cada uno de los países en fase de adhesión. Dicho informe será, en lo que respecta a los diez países en fase de adhesión, el precursor del informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, publicado periódicamente por la Comisión respecto a cada uno de los Estados miembros [7]. A más tardar en julio de 2003, la Comisión evaluará el cumplimiento de los compromisos necesarios para la programación de los fondos estructurales.

[7] Véase el «Decimonoveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario» (2001) de 28.6.2002, COM (2002) 324 final.

Después de la adhesión, la Comisión, en su calidad de guardiana de los tratados, continuará comprobando el modo en que los nuevos Estados miembros aplican el acervo, utilizando los mismos mecanismos que los aplicados a los Estados miembros actuales. Entre esos mecanismos cabe destacar la evaluación comparativa, la presión del grupo afín, los informes anuales sobre la aplicación del Derecho comunitario y, en caso necesario, la incoación de los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En lo que se refiere más concretamente a la seguridad nuclear, el Consejo Europeo de Laeken contempló la necesidad de supervisar la seguridad de las centrales nucleares de la UE.

Al igual que en las ampliaciones anteriores, el tratado de adhesión contiene una cláusula general de salvaguardia económica. Esta cláusula ya está siendo debatida en el grupo del Consejo de redacción del tratado, basándose en un texto que toma como modelo el artículo 152 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. Dado que los países en fase de adhesión no forman parte del Espacio Económico Europeo, la Comisión considera que la duración de la validez de la cláusula de salvaguardia debe ser de dos años y no de un año como en la anterior ampliación.

Dicha cláusula se aplica a las situaciones en que se producen «dificultades graves y susceptibles de persistir en un sector de la actividad económica o que pudieran traducirse en una alteración grave de una situación económica regional». La cláusula de salvaguardia permite a la Comisión determinar las medidas protectoras necesarias. Tanto los nuevos Estados miembros como los actuales podrán utilizar esta cláusula de salvaguardia. Como en la anterior ampliación, el proyecto de texto especifica que las medidas protectoras «no implicarán controles fronterizos».

La cláusula de salvaguardia no se aplica a las situaciones que, por un lado, se deben al incumplimiento de las obligaciones de adhesión y, por otro, pueden tener consecuencias graves no económicas como la protección de la salud o la vida de las personas, los animales o las plantas, la protección de la propiedad intelectual o razones generales de política pública, tal y como se definen en el artículo 30 del Tratado CE. Para estos casos, o bien se aplica el artículo 30 del Tratado CE o bien las cláusulas de salvaguardia específicas que puedan haberse introducido en la legislación sectorial específica de conformidad con el apartado 10 del artículo 95 del Tratado CE.

Sin embargo, en una serie de casos, la legislación comunitaria no contiene una cláusula de salvaguardia o ésta no abarca las situaciones específicas derivadas de la ampliación. Por consiguiente, la Comisión considera que el tratado de adhesión debería contemplar como medida preventiva el establecimiento de un mecanismo de salvaguardia relacionado con el mercado interior.

Dicho mecanismo se basará en los siguientes elementos:

* El mecanismo debe ser aplicado por la Comisión previa petición de un Estado miembro o a iniciativa propia.

* La Comisión debe ser autorizada para adoptar las decisiones sobre las medidas necesarias. Las medidas deben ser proporcionales y limitadas en el tiempo.

* El alcance debe limitarse a una perturbación grave del funcionamiento del mercado interior o a un riesgo inminente de perturbación grave y debe aplicarse a situaciones particulares en lo que respecta a la seguridad alimentaria.

* El mecanismo debe accionarse en los casos en que la Comisión detecte un incumplimiento de los compromisos contraídos por los nuevos Estados miembros en el marco de las negociaciones de adhesión.

* Durante el período de aplicación de las medidas, el nuevo Estado miembro afectado debe facilitar información periódicamente a la Comisión sobre las iniciativas adoptadas para corregir la perturbación. Las medidas deben suprimirse en cuanto la Comisión haya determinado que se ha corregido dicha perturbación.

* La cláusula de salvaguardia sólo debe aplicarse durante un período limitado. La posibilidad de invocar el mecanismo de salvaguardia del mercado interior debe limitarse a 2 años.

En el informe de supervisión global se señalarán los campos en que, a falta de una acción correctora, podrán contemplarse las medidas de salvaguardia. Con ello se podrá dar una señal de alerta rápida antes de la adhesión. Además, hasta el momento de la adhesión seguirán aplicables las cláusulas de salvaguardia de los acuerdos de asociación.

En este contexto, merece especial atención la situación relativa a la justicia y los asuntos de interior. A diferencia de lo ocurrido en la última ampliación, existe actualmente un acervo considerable en este ámbito, acervo que va evolucionando a medida que sigue el proceso de aplicación de las conclusiones del Tratado de Amsterdam y del Consejo Europeo de Tampere. Dicho acervo abarca temas difíciles y sensibles desde un punto de vista político, en especial en lo que se refiere a la libre circulación de las personas y las consecuencias de la supresión de las fronteras internas. Como se expone en el punto 3.5.3 posterior, la aplicación de estos objetivos basados en Schengen está sujeta a un proceso que tiene dos fases, por lo que no es necesario ningún mecanismo de salvaguardia por separado. Sin embargo, hay otros componentes que no forman parte de Schengen en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia (por ejemplo, en cuanto a la aplicación de la cooperación judicial, en especial el reconocimiento mutuo) en que el proceso de supervisión puede detectar la necesidad de aplicar una cláusula de salvaguardia sui generis para afrontar cualquier perturbación grave o peligro de perturbación grave del funcionamiento de este ámbito, por ejemplo mediante la suspensión temporal de las disposiciones de reconocimiento mutuo.

3.5. Fase posterior a la ampliación

3.5.1. Desarrollo institucional

El proceso de desarrollo de la capacidad administrativa y judicial debe continuar tras la ampliación. Una serie de disposiciones transitorias acordadas en las negociaciones demuestran que en determinados campos los países candidatos deben seguir con su labor hasta que se encuentren en condiciones de aplicar plenamente el acervo comunitario. Por esta razón, la Comisión ha propuesto que durante los tres primeros años posteriores a la ampliación pueda aplicarse un instrumento transitorio especial para el desarrollo institucional (véase el anexo 2).

La Comisión propone que se sigan utilizando en determinados campos instrumentos financiados por la Comunidad que hayan demostrado su utilidad, como el hermanamiento y el hermanamiento simplificado. Además, la utilización de expertos de otros Estados miembros mediante mecanismos ensayados como la TAIEX seguirá utilizándose con objeto de prestar asistencia paritaria. Además, la Comisión propone que se financie la colocación a corto plazo de los nuevos funcionarios de los Estados miembros en las administraciones de la UE de los 15. El mecanismo transitorio de desarrollo institucional podría emplearse también para cofinanciar inversiones en el acervo, especialmente en cuestiones como los controles fronterizos, las administraciones aduaneras, las estadísticas, la seguridad alimentaria y los sistemas de gestión y control integrados en el sector agrícola.

3.5.2. La UEM y el euro

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, los nuevos Estados miembros no pueden adoptar el euro inmediatamente en el momento de la adhesión. No obstante, al igual de lo que ocurre en el caso de todos los Estados miembros, las políticas económicas se convertirán en un asunto de interés común, por lo que estarán sujetas a la coordinación política y a procedimientos de vigilancia multilateral. Los instrumentos principales de coordinación serán las directrices generales de la política económica, el pacto de estabilidad y crecimiento y una serie de procesos que se ocupan de campos específicos de las políticas. La política de tipo de cambio se convertirá en un asunto de interés común. Se espera que, algún tiempo después de la adhesión, se proceda a su participación en el mecanismo del tipo de cambio II.

La participación en la zona del euro es el objetivo final de los nuevos Estados miembros. En ese momento se integrarán en la política monetaria única orientada hacia la estabilidad y en la política de tipo de cambio única y, además, aplicarán plenamente los procedimientos de coordinación y vigilancia de la política económica. Hasta ese momento, el Tratado obliga a los Estados miembros a alcanzar el elevado grado de convergencia sostenible necesario para la adopción del euro, pero no especifica ningún calendario preciso para ello. La consecución de ese elevado grado dependerá de las características económicas de cada país y de sus logros en la aplicación de las políticas encaminadas a conseguir la convergencia sostenible.

3.5.3. Schengen

La Unión Europea ha declarado que, para aplicar plenamente el acervo de Schengen, es necesario proceder en dos etapas. En la primera, en el momento de la adhesión, los países en fase de adhesión deberán haber alcanzado un alto nivel de control de sus fronteras, si bien podrían contemplarse con otros Estados miembros algunas disposiciones especiales, como compartir infraestructuras y equipos o tener patrullas conjuntas. La supresión de los controles en las fronteras internas sólo se producirá algún tiempo después de la adhesión y estará sujeta a un proceso decisorio para cada nuevo Estado miembro por separado, que se basará en la plena aplicación del acervo de Schengen.

3.5.4. Espacio Económico Europeo

Los países en fase de adhesión deberán solicitar la entrada en el Espacio Económico Europeo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del Acuerdo sobre el EEE. A fin de que el EEE ampliado funcione bien, la adhesión de los países candidatos al EEE deberá producirse al mismo tiempo que la adhesión a la UE. El Acuerdo EEE debe adaptarse a la ampliación de conformidad con los procedimientos estipulados en el artículo 128. El proceso de acuerdo sobre los términos y las condiciones de adhesión al EEE debe ponerse en marcha justo después de que finalicen las negociaciones sobre la adhesión a la UE, de modo que se consiga en la mayor medida posible una entrada en vigor simultánea de ambas adhesiones.

4. ESTRATEGIA DE ADHESIÓN REVISADA PARA BULGARIA Y RUMANIA

El Consejo Europeo de Sevilla declaró lo siguiente: «El Consejo Europeo los anima [a Bulgaria y Rumania] a proseguir sus esfuerzos y confirma su firme intención de apoyarlos plenamente en su preparación para la adhesión. Está previsto adoptar en Copenhague un programa de trabajo actualizado y una estrategia de preadhesión revisada y reforzada para los países candidatos que estén aún en fase de negociación. Podría contemplarse asimismo un aumento de la ayuda financiera de preadhesión. Por otra parte, en caso de mantenerse el ritmo actual, podría establecerse de aquí a final de año un calendario más preciso para el proceso de adhesión de estos países».

Los criterios establecidos en los Consejos Europeos de Copenhague y Madrid y los principios en que se ha basado desde el principio el proceso de adhesión siguen siendo válidos. Todos los países candidatos participan en igualdad de condiciones y se espera que todos se adhieran a la Unión Europea aplicando los mismos criterios y en función de los logros de cada uno. Como lo confirmó el Consejo Europeo de Laeken de 2001, el proceso de adhesión es ya irreversible.

Dado que las negociaciones de adhesión con los doce países candidatos en fase de negociación representan un proceso integrador, el tratado de adhesión debe garantizar que no se pongan en tela de juicio los resultados obtenidos en las negociaciones con los países candidatos que no se adherirán en la primera ronda de la ampliación.

4.1. Logros hasta la fecha

Los informes periódicos del presente año ponen de manifiesto que Bulgaria y Rumania han seguido avanzando en el cumplimiento de los criterios de Copenhague. A fin de finalizar con éxito los preparativos, deben potenciar su labor encaminada a ajustarse a los criterios económicos y a incorporar, aplicar y hacer que se cumpla el acervo. Además, deben continuar con la reforma de la administración pública y del poder judicial.

Bulgaria y Rumania han conseguido notables progresos en las negociaciones. En la actualidad están abiertos todos los capítulos en fase de negociación con Bulgaria y casi todos con Rumania. En el caso de Bulgaria, los capítulos restantes se abrieron en el primer semestre de 2002 y, en el caso de Rumania, deberían poderse abrir los últimos cuatro capítulos antes de que acabe el presente año, con lo que se lograría el objetivo del Consejo Europeo de Laeken de que se abran todos los capítulos con ambos países en 2002.

4.2. Fecha orientativa

Bulgaria y Rumania han fijado el año 2007 como la fecha orientativa para su adhesión. Los capítulos en fase de negociación se han cerrado provisionalmente en función de esa fecha. Se han cerrado provisionalmente 22 capítulos con Bulgaria y 13 con Rumania.

El calendario de cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones tiene en cuenta esta perspectiva. Al igual que en el pasado, los avances hacia la finalización de las negociaciones de adhesión reflejarán los progresos en la adopción, la aplicación y el cumplimiento de las medidas necesarias en cada país.

La Comisión respaldará con fuerza a ambos países en la labor de consecución de ese objetivo, que seguirá basándose en los principios de diferenciación y méritos propios.

4.3. Planes de trabajo para la adhesión

Como lo anunció en su documento de estrategia de 2001 sobre la ampliación, la Comisión propondrá, tomando como base el análisis realizado en los informes periódicos de 2002, planes de trabajo detallados para Bulgaria y Rumania antes del Consejo Europeo de Copenhague. Dichos planes de trabajo abarcarán el período que va hasta la adhesión y se prepararán en estrecho diálogo con cada país.

Los planes de trabajo se basarán en los compromisos contraídos en las negociaciones y en los requisitos necesarios para cumplir los criterios de Copenhague. Indicarán las medidas que cada país ha de tomar para estar preparado para la adhesión, haciendo especial hincapié en la capacidad administrativa y judicial y en las reformas económicas. Dichos planes serán referencias claras respecto a las que podrá supervisarse el cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones y los avances en las reformas económicas. Los avances en la aplicación de los planes de trabajo se supervisarán en especial por medio de las estructuras del Acuerdo Europeo y los informes periódicos.

4.4. Asistencia de preadhesión

La Comisión propondrá que se revisen el año próximo las asociaciones para la adhesión de Bulgaria y Rumania en función de las conclusiones de los informes periódicos y de los planes de trabajo. Dichas asociaciones seguirán constituyendo la base de la programación de la asistencia de preadhesión, pero las prioridades de asistencia se determinarán asimismo a partir de los planes de trabajo, los informes periódicos y los planes de desarrollo nacional revisados. La asistencia de Phare continuará centrándose en el fortalecimiento de la administración pública y del poder judicial, el desarrollo institucional y las inversiones relacionadas con la adopción del acervo, así como la cohesión económica y social y la cooperación transfronteriza. Debe acelerarse la labor de los sistemas de aplicación descentralizada. En cuanto a SAPARD, si bien ya está totalmente descentralizado, seguirá preparando a los países candidatos en lo que se refiere a las estructuras agrícolas y el desarrollo rural y el fortalecimiento de la capacidad institucional conexa. ISPA continuará prestando apoyo financiero a las inversiones en infraestructuras en los sectores del medio ambiente y los transportes.

La Comisión considera que la asistencia financiera a Bulgaria y Rumania debe aumentar considerablemente a partir de la fecha en que se produzca la primera ronda de adhesiones, en función de los avances en la aplicación de los planes de trabajo y de la capacidad de absorción.

5. NUEVO IMPULSO AL PROCESO DE AMPLIACIÓN CON TURQUÍA

El Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 concluyó que «podrían tomarse nuevas decisiones sobre la etapa siguiente de la candidatura de Turquía», en función de la evolución de la situación, antes del Consejo Europeo de Copenhague y tomando como base el informe periódico de la Comisión y de acuerdo con las conclusiones de Helsinki y de Laeken.

En el informe periódico de 2002 se analizan con detalle los avances de Turquía en la estrategia de preadhesión en los últimos doce meses. Dichos avances se evalúan aplicando los mismos criterios y la misma metodología que a los demás países candidatos. Al igual de lo que ocurre con los demás candidatos, y de acuerdo con las conclusiones de los Consejos Europeos de Copenhague y Madrid, el informe se fija en los cambios legislativos y en la capacidad administrativa para aplicar y hacer que se cumpla el acervo correctamente.

El informe pone de manifiesto que Turquía ha avanzado en los siguientes tres ámbitos importantes abarcados por la Asociación para la Adhesión: los criterios políticos, los criterios económicos y los criterios relativos al acervo establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993.

Turquía ha logrado notables avances en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Con la reforma constitucional y una serie de iniciativas legislativas, Turquía se ha ocupado de varias de las principales prioridades señaladas en la Asociación para la Adhesión. Los cambios legislativos aprobados por el Parlamento en agosto de 2002 son especialmente importantes, ya que muestran la voluntad de llevar a cabo reformas de amplio alcance. La pena de muerte se ha abolido, salvo en el caso de guerra, y se han adoptado importantes medidas para autorizar la radiodifusión y la enseñanza en lenguas distintas del turco. La retirada del estado de emergencia en dos de las cuatro provincias en que se había impuesto y el compromiso de retirarlo este año en las dos provincias en que se mantiene debe despejar el camino para lograr una mayor protección de los derechos humanos.

La Comisión se congratula por esas evoluciones y reconoce el gran cambio que suponen en el contexto político turco. Además, las reformas se adoptaron en circunstancias especialmente difíciles. Estas reformas son prometedoras para el futuro, ya que demuestran la voluntad y la capacidad del sistema político turco de avanzar incluso en ámbitos considerados hasta ahora muy sensibles.

No obstante, Turquía no cumple totalmente los criterios políticos. En primer lugar, las reformas tienen una serie de limitaciones importantes (que se exponen en el informe periódico) sobre el pleno ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. En segundo lugar, muchas de las reformas requieren la adopción de reglamentos u otras medidas administrativas y, para ser efectivas, deben ser aplicadas en la práctica por organismos ejecutivos y judiciales a niveles diferentes en todo el país. En tercer lugar, deben tratarse adecuadamente varios temas importantes en relación con los criterios políticos, como la lucha contra la tortura y los malos tratos, determinadas cuestiones relativas al control civil del ejército, la situación de las personas encarceladas por haber expresado opiniones no violentas y la conformidad con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta los avances considerables logrados en los últimos años y los ámbitos en que debe seguir avanzándose, se anima a Turquía a que prosiga el proceso de reforma con objeto de fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos, tanto desde el punto de vista legislativo como en la práctica. De ese modo, Turquía podrá superar los obstáculos que quedan pendientes para cumplir los criterios políticos.

La Comisión recuerda que los esfuerzos encaminados a resolver el problema de Chipre forman parte del diálogo político reforzado entre la Unión Europea y Turquía. Dadas las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y tras los informes del Consejero Especial para Chipre de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Álvaro de Soto, la Comisión insta a todas las partes afectadas y, en especial, en el presente contexto, a Turquía, a que apoyen plenamente la labor de las Naciones Unidas destinada a conseguir una solución global del problema de Chipre el presente año.

En cuanto a los criterios económicos, Turquía ha progresado en el funcionamiento de su economía de mercado, que debe aumentar su capacidad de afrontar la presión de la competencia, pero que sigue padeciendo las consecuencias de la recesión y de las crisis financieras.

Respecto a los criterios relativos al acervo, Turquía ha avanzado en la adaptación de su legislación en los ámbitos de la unión aduanera y en varios otros sectores, como la banca, las telecomunicaciones, la energía y la agricultura. El sector financiero se ha reestructurado y se ha mejorado la capacidad administrativa en este sector. En la mayoría de los demás ámbitos, persisten grandes diferencias entre el acervo y la legislación turca.

Deben resolverse de manera prioritaria las cuestiones que quedan pendientes acerca del modo de participación de Turquía en el proceso decisorio relativo a las operaciones dirigidas por la UE utilizando activos de la OTAN.

5.1. Potenciación de la estrategia de preadhesión

El Consejo Europeo de Helsinki estableció la estrategia de preadhesión relativa a Turquía en 1999. El Consejo Europeo de Laeken aprobó una nueva fase de esa estrategia el año pasado. Desde entonces, se han conseguido notables avances en la aplicación de la misma.

En vista de lo anterior, la Comisión recomienda que la UE aumente su apoyo a la preparación de la preadhesión de Turquía, de cara a la siguiente fase de su candidatura. A continuación se dan recomendaciones más detalladas sobre el modo en que se puede conseguir ese objetivo.

§ La Asociación para la Adhesión ha resultado ser un valioso instrumento de la estrategia de preadhesión. Debe actualizarse y revisarse para centrarse claramente en los campos que siguen siendo prioritarios.

§ El diálogo político reforzado entre la UE y Turquía abarca las reformas políticas, los derechos humanos, la cuestión de Chipre y la solución pacífica de las diferencias fronterizas y continuará intensamente. Es necesario debatir con detenimiento sobre las diversas iniciativas tomadas por Turquía para cumplir los criterios políticos de Copenhague. Deben buscarse nuevos modos de conseguir un mayor entendimiento de las reformas y de otras cuestiones que precisan ser atendidas.

§ El diálogo económico reforzado entre la UE y Turquía abarca los resultados y la estabilidad macroeconómicos y las reformas económicas y proseguirá con intensidad. Deben tratarse detenidamente las distintas medidas adoptadas por Turquía para recuperar la estabilidad económica y cumplir los criterios económicos de Copenhague.

§ El proceso de examen legislativo, centrado en temas sectoriales concretos, complementado con la asistencia TAIEX, está en marcha y se seguirá desarrollando. Este proceso sirve de guía para Turquía respecto a los requisitos de incorporación del acervo, incluidos la capacidad administrativa y el cumplimiento.

§ Se está realizando una labor adicional para reforzar y ampliar el alcance de la unión aduanera para incluir los servicios y la contratación pública y eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías. Ello influirá en la labor más amplia que debe realizar Turquía dada su condición de país candidato.

§ Debe proseguir la profundización de las relaciones comerciales con Turquía, tanto de modo bilateral como en las relaciones con terceros países. Por ejemplo, el acceso preferencial al mercado para los productos agrícolas en el comercio CE-Turquía podría ampliarse de manera recíproca; ello debería ir acompañado de una mayor cooperación en asuntos veterinarios y fitosanitarios. Al negociar acuerdos comerciales con terceros países, la UE intensificará los esfuerzos para lograr que dichos países celebren acuerdos similares con Turquía. Debe fomentarse el diálogo entre la UE y Turquía sobre cuestiones comerciales y debe efectuarse un seguimiento de la utilización de instrumentos de defensa comercial.

§ A fin de fomentar los flujos de inversiones, debe proseguirse la liberalización de las inversiones extranjeras directas entre la UE y Turquía.

§ Debe estrecharse la cooperación con Turquía en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, incluida la inmigración ilegal y la adopción y la aplicación del acervo de Schengen, así como en lo que respecta a la libre circulación de personas y la seguridad marítima.

§ Turquía participará en diversos programas y agencias comunitarios.

§ El nuevo sistema de gestión financiera ha empezado a dar sus frutos. Actualmente se ha recuperado el atraso considerable que había en relación con los compromisos de las finanzas de la UE respecto a Turquía. Se está aplicando plenamente el enfoque de preadhesión en los programas de asistencia financiera. A partir de 2003 se transferirá una mayor responsabilidad a las autoridades turcas para la aplicación de estos programas.

La Comisión adoptará las iniciativas necesarias para aplicar esta estrategia reforzada de preadhesión y, teniendo en cuenta los avances conseguidos y los campos en que es preciso seguir trabajando, presentará una asociación para la adhesión revisada. Los avances se tratarán en foros apropiados, como el Comité de Asociación CE-Turquía y el Comité Mixto de la Unión Aduanera.

Por ello, es necesario aumentar la disponibilidad de la asistencia financiera a Turquía, tomando en consideración las necesidades específicas de Turquía y su capacidad de absorción de los fondos.

5.2. Ayuda financiera adicional

A fin de contribuir a acelerar la aplicación de la estrategia de preadhesión de Turquía, se prestará a partir de 2004 una mayor asistencia financiera. El objetivo del aumento es fortalecer la administración pública de Turquía, prestar apoyo a la adopción del acervo y facilitar la integración de Turquía en la economía europea.

La asistencia de preadhesión se centrará en ayudar a Turquía a cumplir los criterios de Copenhague y, en especial, a reforzar la administración pública a todos los niveles, el desarrollo institucional y la inversión relacionadas con la adopción del acervo. Se prestará asistencia asimismo a la mejora del funcionamiento de la economía de Turquía y a su capacidad de afrontar la presión de la competencia en el mercado interior. También se fomentará la cooperación transfronteriza con los Estados miembros actuales de la UE y con otros países candidatos. Las prioridades de asistencia se determinarán a partir de la Asociación para la Adhesión y de los informes periódicos.

Con objeto de facilitar la plena transferencia de la ejecución, Turquía debe adoptar medidas adicionales para lograr un sólido control financiero.

El aumento de la capacidad de la administración pública de Turquía se combinará con las inversiones en infraestructura reglamentaria, cuestiones relativas al acervo y cohesión económica y social. Se pedirá a Turquía que elabore un plan de desarrollo nacional que sirva de guía para la asignación de recursos a cuestiones de cohesión económica y social.

La Comisión presentará a principios del año próximo una asociación para la adhesión de Turquía revisada que se basará en las prioridades que se desprenden de los informes periódicos del presente año. La Comisión propondrá a la autoridad presupuestaria que la asistencia a Turquía en forma de subvenciones se asigne con cargo a la línea 7 de las perspectivas financieras de 2000-2006 y se vaya aumentando de modo constante entre 2004 y 2006. La magnitud de las asignaciones anuales se vincularán al grado de cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la eficacia de la gestión de la asistencia de preadhesión. Se espera que, como mínimo, la asistencia total se duplique en 2006 a más tardar, teniendo en cuenta las necesidades y la capacidad de absorción de Turquía.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En vista de lo expuesto anteriormente, las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Europea son las siguientes:

(1) Los informes periódicos del presente año muestran que todos los países candidatos han realizado progresos considerables en el último año en lo que respecta al cumplimiento de los criterios de adhesión.

(2) Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia cumplen los criterios políticos. Teniendo en cuenta los avances conseguidos por esos países, las trayectorias de cumplimiento de sus compromisos y la labor preparatoria actual y prevista, la Comisión considera que habrán cumplido los criterios económicos y del acervo y estarán listos para la adhesión a principios de 2004. Por consiguiente, la Comisión recomienda que se concluyan las negociaciones de adhesión con dichos países al final del presente año, de modo que se firme el tratado de adhesión en la primavera de 2003.

(3) La Comisión espera que un Chipre reunificado se adhiera a la Unión Europea como resultado de un acuerdo global que sea la mejor solución para todas las partes. Como se indica en las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, la UE está preparada para integrar los términos de un acuerdo político en las disposiciones de adhesión con arreglo a los principios en que se basa la UE. La Comisión se congratula por la continuación de la significativa participación de las Naciones Unidas e insta a todas las partes, en especial a Turquía, a que presten un apoyo pleno a la labor encaminada a alcanzar un acuerdo global este año. Las condiciones de adhesión de Chipre se pueden adaptar para reflejar el acuerdo global así como sus repercusiones sobre la aplicación del acervo en toda la isla. La Comisión ha propuesto que se destinen recursos considerables al apoyo a la parte septentrional de la isla para que avance y para respaldar un acuerdo. A falta de tal acuerdo, las decisiones que adoptará en diciembre el Consejo Europeo de Copenhague se basarán en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki.

(4) Los países en fase de adhesión deben aplicar el acervo a más tardar en la fecha de la adhesión, salvo en los casos en que se hayan alcanzado arreglos transitorios. Los compromisos contraídos durante las negociaciones deberán cumplirse antes de la adhesión. En los informes periódicos se señalan una serie de campos en que es necesario seguir mejorando en lo que se refiere a los criterios políticos y económicos y a la adopción, la aplicación y el cumplimiento del acervo, para lo cual se deberá seguir trabajando enérgicamente. A fin de analizar los progresos y facilitar la adhesión a la UE, la Comisión efectuará un seguimiento periódico e informará de ello al Consejo; además, elaborará seis meses antes de la fecha prevista de adhesión un informe de seguimiento completo destinado al Consejo y al Parlamento Europeo. La Comisión considera que es necesario incluir en el tratado de adhesión una cláusula específica de salvaguardia que permita a la Comisión durante determinado plazo adoptar las medidas apropiadas en el ámbito del mercado interior.

(5) Para concluir las negociaciones, es preciso hallar soluciones a las cuestiones abiertas que quedan pendientes en las negociaciones. En cuanto a la oferta financiera de la UE, las soluciones deben basarse en el marco financiero de las negociaciones presentado por la Comisión el 30 de enero de 2002 y los principios contenidos en el mismo.

(6) Bulgaria y Rumania han fijado 2007 como su fecha orientativa de adhesión. La Comisión respaldará firmemente a los dos países en el logro de este objetivo, basándose, como en el pasado, en los principios de diferenciación y méritos propios. Tomando en consideración el análisis efectuado en los informes periódicos de 2002, la Comisión propondrá planes de trabajo para Bulgaria y Rumania antes del Consejo Europeo de Copenhague. A fin de preparar a Bulgaria y Rumania para la adhesión a la UE, se prestará mayor atención a la reforma judicial y administrativa. Además, la asistencia de preadhesión prestada a Bulgaria y Rumania deberá aumentarse considerablemente a partir de la fecha de la primera ronda de adhesiones, en función de los avances que se consigan en la aplicación de los planes de trabajo. Dado que las negociaciones de adhesión con los doce países candidatos en fase de negociación son un proceso integrador, el tratado de adhesión debe garantizar que no se pongan en tela de juicio los resultados obtenidos en las negociaciones con los países candidatos que no se adherirán en la primera ronda de la ampliación.

(7) Mediante la reforma constitucional y una serie de medidas legislativas, Turquía ha avanzado notablemente en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague; también ha avanzado en lo que respecta a los criterios económicos y a la adaptación al acervo. No obstante, debe seguir trabajando intensamente. En vista de esta situación y de la próxima fase de su candidatura, la Comisión recomienda que la UE potencie su apoyo a la preparación de preadhesión de Turquía y proporcione considerables recursos adicionales con ese fin. La Comisión propondrá una asociación para la adhesión revisada e intensificará el proceso de examen legislativo. La Comisión recomienda que se siga trabajando para ampliar la unión aduanera y mejorar su funcionamiento, con el fin de profundizar en las relaciones comerciales entre la CE y Turquía y aumentar los flujos de inversiones. Se anima a Turquía a proseguir su proceso de reforma y, por tanto, mantener su candidatura a la adhesión a la UE.

ANEXO 1: CONCLUSIONES DE LOS INFORMES PERIÓDICOS

Bulgaria

En su Dictamen de 1997, La Comisión concluía que Bulgaria satisfacía los criterios políticos. Desde entonces, Bulgaria ha hecho progresos considerables en la consolidación y profundización de la estabilidad de sus instituciones y la garantía de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, lo que se ha confirmado a lo largo del pasado año. Bulgaria sigue cumpliendo los criterios políticos establecidos en Copenhague.

Se ha realizado un avance considerable en la estrategia de reforma judicial con la adopción de un plan de acción e importantes enmiendas de la Ley relativa al Sistema Judicial. Éstas deben ponerse en práctica ahora para que se traduzcan en mejoras concretas del funcionamiento del sistema. Quedan pendientes diversas cuestiones relativas a la estructura del sistema judicial y la inmunidad.

También se han registrado mejoras en la lucha contra la corrupción, que sigue dejando mucho que desear, con la aprobación, entre otras medidas, de un plan de aplicación de la estrategia nacional anticorrupción. Si bien la necesidad de atajar la corrupción recibe en la actualidad una gran prioridad, Bulgaria debe seguir coordinando los esfuerzos para aplicar las medidas.

La reforma de la administración publica también ha avanzado, con reformas del marco legislativo y la aprobación de una estrategia de modernización de la administración del Estado, pero es necesaria una labor enérgica para lograr una administración pública eficaz, transparente y sometida a control.

Bulgaria sigue respetando los derechos humanos y las libertades. Ha mejorado considerablemente el marco jurídico tanto para luchar contra los negocios ilícitos, la corrupción y la delincuencia organizada como para abordar la problemática del asilo. Sin embargo, son varios los ámbitos que continúan suscitando inquietud. Uno de los nuevos problemas detectados son las pésimas condiciones de vida de las personas internadas en instituciones, en particular las personas con discapacidad psíquica. Urge corregir esta situación. Bulgaria debe también redoblar sus esfuerzos de reforma del sistema de asistencia infantil, de modo que se dé prioridad a los intereses de los menores y se reduzca el número de niños internos en instituciones. También es preciso mejorar la situación de los detenidos, sobre todo en las comisarías de policía y las instalaciones de detención preventiva.

Las modificaciones introducidas recientemente en el Código Penal constituyen un paso importante para eliminar la discriminación por razón de la orientación sexual.

Por lo que respecta a la comunidad romaní, poco se ha hecho para eliminar los problemas de discriminación social o para adoptar medidas concretas dirigidas a mejorar sus pésimas condiciones de vida. La aprobación de un marco legislativo completo de lucha contra la discriminación sería un logro importante a este respecto.

Bulgaria es una economía de mercado en funcionamiento; debería poder afrontar la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión a medio plazo, siempre que continúe aplicando su programa de reforma para eliminar las dificultades que persisten.

Bulgaria ha logrado un nivel elevado de estabilidad macroeconómica y en la actualidad el funcionamiento de los mecanismos del mercado permite una mejor asignación de recursos. Se han logrado progresos notables en el ámbito de las reformas estructurales, especialmente por lo que respecta a los procedimientos de acceso al mercado, la reestructuración del sector financiero y la privatización, lo que ha sentado las bases microeconómicas para un proceso de crecimiento sostenido.

No obstante, es necesario proseguir la labor de mejora de la flexibilidad de los mercados. En particular, es preciso aumentar la eficacia del sistema administrativo y judicial para que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones en un clima de estabilidad y predecibilidad. Procede simplificar los procedimientos administrativos que afectan al sector empresarial, incluidos los procedimientos de quiebra. El nivel de intermediación financiera sigue siendo reducido. Las deficiencias concretas que todavía persisten en el mercado de bienes raíces afectan al funcionamiento de dicho mercado y de los sectores económicos conexos. La aplicación de estas medidas de reforma debería contribuir a elevar los niveles de inversión pública y privada, esenciales para un crecimiento sostenido y una competitividad suficiente dentro de la Unión.

Desde el Dictamen de 1997, Bulgaria ha progresado mucho en la mayoría de los ámbitos del acervo. Por lo general, ha mantenido un buen ritmo de adaptación de la legislación a lo largo de todo este período y también ha avanzado en el desarrollo de la capacidad administrativa, aunque más lentamente.

Durante el pasado año, Bulgaria ha seguido impulsando la adaptación legislativa y la capacitación administrativa, acelerando la labor de reforma judicial.

En conjunto, y teniendo en cuenta la fecha de adhesión prevista para Bulgaria, el país ha conseguido un grado razonable de adaptación al acervo en numerosos ámbitos. La capacidad administrativa también ha mejorado, aunque todavía queda por realizar una labor no desdeñable. Es preciso prestar más atención a la manera en que se aplicarán y se garantizará el cumplimiento de las leyes. A este respecto, es necesario sostener los avances realizados en la administración pública y la reforma judicial.

En cuanto al mercado interior, Bulgaria ha obtenido nuevos progresos en la mayoría de los ámbitos. Por lo que se refiere a la libre circulación de mercancías, continuaron los avances con diversas enmiendas de la Ley sobre Normalización, las cuales eliminan los conflictos de intereses entre las funciones de normalización y reglamentación y/o certificación. Aún son necesarios esfuerzos considerables para consolidar la infraestructura administrativa para la normalización y la certificación y para los sistemas nacionales de evaluación de la conformidad y de supervisión de los mercados. La nueva Ley de Contratación Pública es un nuevo paso adelante hacia la aplicación del acervo, pero aún no está plenamente adaptada al mismo. Es necesario garantizar su adaptación y el respeto del cumplimiento de sus disposiciones, en línea con los principios del acervo. En cuanto a la salubridad de los alimentos, se ha transpuesto un volumen considerable de legislación, pero es preciso proseguir la labor a fin de lograr que el acervo se aplique y cumpla adecuadamente. Es preciso desarrollar más la capacidad administrativa, sobre todo mejorar los laboratorios y su acreditación. En cuanto a la libertad de prestación de servicios, Bulgaria ha desarrollado prácticas de supervisión bancaria bien fundadas. Ha avanzado mucho en la aplicación del acervo bancario pero no ha progresado tanto en el ámbito de los seguros y valores. La instauración del Consejo Consultivo de Supervisión del Sector Financiero es un paso más en la dirección correcta. Bulgaria ha avanzado en la adaptación al acervo de las normas sobre protección de datos, pero debe completar dicho proceso y adoptar medidas para disponer de la capacidad administrativa necesaria a fin de aplicar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

A pesar de los avances realizados en el proceso de adaptación del Derecho de sociedades al acervo, aún es preciso proseguir su armonización con algunos elementos del mismo, especialmente en relación con las adquisiciones, fusiones y divisiones de empresas. En cuanto al marco jurídico para la protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, se han registrado mejoras, pero procede adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las normas correspondientes en las fronteras y que los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la legislación y el poder judicial cuentan con la formación necesaria para tratar los asuntos relacionados con dichos derechos. Por lo que respecta a la política de la competencia, se han realizado progresos importantes con la entrada en vigor de la Ley sobre Ayudas Públicas. Ahora es preciso desarrollar un historial creíble de observancia de las normas sobre ayudas públicas. En cuanto a la legislación antimonopolística, la normativa búlgara está mayoritariamente en consonancia con el acervo. Bulgaria debe seguir desarrollando un historial de aplicación eficaz y observancia de las normas. Será preciso controlar estrechamente la reestructuración del sector del acero.

En el ámbito de las aduanas y la fiscalidad, Bulgaria debe elaborar sistemas informáticos que permitan el intercambio de datos con la CE. Por lo que se refiere a la consolidación de la capacidad administrativa, la aplicación de las reformas avanza en las aduanas, pero apenas ha habido progresos en la reforma de la administración fiscal.

Bulgaria ha avanzado en la adaptación al acervo de su normativa en materia de telecomunicaciones. Es preciso completar la transposición de la normativa y acelerar la aplicación eficaz de las normas, así como en aumentar la capacidad del ente regulador.

En el ámbito de la agricultura, a pesar de que la aproximación de la legislación en los sectores veterinario y fitosanitario ha avanzado correctamente, todavía son necesarios nuevos esfuerzos en la transposición del acervo. No obstante, será preciso realizar una labor considerable para desarrollar los mecanismos administrativos, de inspección y de control necesarios, en particular para garantizar la observancia de las normas de control higiénico y veterinario. En el ámbito de la pesca los progresos han continuado, pero el país ha de adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento íntegro de los requisitos higiénicos y sanitarios de la CE.

En cuanto a la política social y el empleo, se han hecho algunos avances, pero queda una considerable labor por delante por lo que respecta a la transposición jurídica en los ámbitos del Derecho del trabajo, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y la salud y la seguridad en el trabajo. Es preciso fomentar el diálogo social en consonancia con las prácticas comunitarias.

En lo tocante a la política regional, Bulgaria ha progresado en la preparación de la aplicación de las políticas estructurales con la adopción de una estrategia sobre los fondos estructurales que aclara el marco institucional para la asistencia proporcionada en virtud de los fondos estructurales y de cohesión. Bulgaria debe centrar su atención en reforzar la capacidad para la futura aplicación de los fondos estructurales en los ministerios clave, incluidos los mecanismos adecuados de control, supervisión y evaluación. Bulgaria aún no ha preparado un plan de desarrollo coherente, tal como exigen los reglamentos de los fondos estructurales, que habrá de integrar en el marco presupuestario y de formulación de políticas nacional.

Bulgaria ha seguido incorporando el acervo medioambiental con la adopción de la Ley de Protección del Medio Ambiente. El país debe elaborar planes de aplicación y estrategias de financiación para las inversiones medioambientales relacionadas con las distintas directivas, y perfeccionar los mecanismos de verificación de la aplicación eficaz. La aplicación de las disposiciones sigue siendo un problema importante, al igual que la necesidad de aumentar la capacidad administrativa y sufragar el coste de la adaptación.

Bulgaria ha continuado adaptando al acervo la legislación en el ámbito del transporte, sobre todo en los sectores del transporte por carretera y ferroviario. Es preciso consolidar las estructuras administrativas recientemente establecidas. En cuanto al transporte marítimo, la seguridad de la flota búlgara sigue dejando que desear.

Bulgaria ha acelerado el proceso de reforma del sector energético, cuya reestructuración se había ralentizado los años precedentes. Se ha adoptado una nueva estrategia nacional en la materia y se ha creado la base legislativa para la apertura del mercado, al tiempo que se está preparando la privatización de las compañías distribuidoras. Bulgaria debe establecer calendarios precisos para la reestructuración del sector energético, respetar los compromisos relativos al cierre de la central nuclear de Kozloduy y garantizar un nivel elevado de seguridad nuclear.

Bulgaria ha hecho progresos notables por lo que respecta a la aproximación al acervo en la mayoría de los ámbitos de justicia y asuntos de interior. Ha adoptado un plan de acción para la observancia de los requisitos de Schengen, pero todavía debe realizar una labor considerable de consolidación de las capacidades de aplicación.

El control financiero se ha reforzado considerablemente con la entrada en vigor de las nuevas leyes sobre el control financiero público interno y la creación de la Oficina Nacional de Auditoría. Ahora el país debe centrarse en potenciar las estructuras institucionales necesarias, en particular para la protección de los intereses financieros de la CE.

Bulgaria aún debe proseguir sus esfuerzos para desarrollar capacidades administrativas y judiciales suficientes y aplicar y garantizar la observancia del acervo. Además de continuar la reforma horizontal de la administración pública, el país debe, en particular, mejorar su capacidad de integración en el mercado interior y de aplicación del acervo en ámbitos tales como la agricultura, el medio ambiente y la política regional. Asimismo, Bulgaria deberá establecer las capacidades administrativas necesarias para una gestión sólida y eficaz de los fondos de la CE.

En las negociaciones para la adhesión se han cerrado provisionalmente 22 capítulos. Por lo general Bulgaria respeta los compromisos asumidos durante las mismas, efectuados en la hipótesis de que la adhesión se produzca en 2007.

Chipre

En repetidas ocasiones la Comisión ha llegado a la conclusión de que Chipre satisface los criterios políticos. Así lo afirmaban los informes periódicos anteriores, y en el último año se ha confirmado que el país sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

La administración pública se ha visto considerablemente reforzada gracias a la creación de nuevos puestos y al fomento de la formación periódica.

Chipre sigue respetando las libertades y los derechos humanos, ha mejorado sus procedimientos para la protección de los refugiados y ha eliminado las restricciones al matrimonio de los chipriotas turcos que viven en el sur.

Cuenta con una economía de mercado en funcionamiento que debería permitirle hacer frente a las presiones de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

El primer Informe Periódico, en 1998, reconocía que las autoridades chipriotas habían realizado un gran esfuerzo en el ámbito de las reformas económicas a fin de prepararse para la adhesión y, desde entonces, han seguido trabajando para poder cumplir los requisitos económicos necesarios para su ingreso en la UE.

El funcionamiento de los mercados todavía puede mejorarse si Chipre se ciñe a los planes previstos para liberalizar los sectores de las telecomunicaciones, la energía, el transporte aéreo y los servicios postales. La participación en el programa de consolidación fiscal ayudará a reducir el déficit de la balanza por cuenta corriente, y deberá coordinar mejor la supervisión de los bancos y las cooperativas financieras.

Desde el Informe Periódico de 1998, Chipre ha realizado progresos en los distintos ámbitos del acervo. El proceso de adaptación de la legislación se ha acelerado en los últimos años, y el país ha seguido mejorando sus estructuras de implementación y ejecución.

En el pasado año ha continuado adaptando su legislación y ha mejorado su capacidad administrativa, especialmente en materia de seguridad social, inspección veterinaria y fitosanitaria, servicios farmacéuticos, lucha contra el blanqueo de dinero, servicios de inspección de buques, rentas internas, planificación, servicios medioambientales, protección de la salud y de los consumidores y aduanas.

En general, el país ha alcanzado un buen grado de adaptación de su legislación al acervo comunitario en la mayoría de los sectores y está avanzando mucho en la consecución de la capacidad administrativa necesaria para aplicarlo en un número considerable de ámbitos, aunque todavía debe seguir trabajando. Durante las negociaciones y en el Plan de Acción se han acordado programas detallados para ir solucionando las lagunas que todavía persisten.

En las distintas áreas que afectan al mercado interior se han conseguido progresos considerables. Respecto a la libre circulación de mercancías, se ha conseguido adaptar la legislación en varios ámbitos específicos de los distintos sectores. Tras algunos retrasos iniciales, la adopción de legislación marco sobre el principio del Nuevo Enfoque y el Enfoque Global ha propiciado avances legislativos considerables y ha supuesto un paso importante para una mayor incorporación del acervo. Aún no se ha adaptado plenamente la legislación en materia de contratación pública, y hay que seguir trabajando para acomodar los procedimientos de notificación, supervisión del mercado y seguridad de los productos. La Compañía de Certificación, de reciente creación, ha reforzado las infraestructuras de normalización y certificación, si bien habrá que seguir mejorando los sistemas de supervisión del mercado. En cuanto a la libre circulación de personas, se ha dado un gran paso adelante al adaptar la legislación marco relativa al reconocimiento de cualificaciones. Se han eliminado las incoherencias existentes en la coordinación de los sistemas de seguridad social y se ha alcanzado un buen nivel de capacidad administrativa. Respecto a la libre circulación de servicios, ha mejorado la normalización, especialmente en la legislación sobre bancos, incluidos los extraterritoriales, y compañías de seguros, aunque la capacidad administrativa de supervisión de los servicios financieros todavía debe mejorar. La liberalización de la circulación de capitales estará plenamente adaptada en el momento de la adhesión y, si bien ha aumentado la capacidad de luchar contra el blanqueo de dinero mediante la contratación de más personal, Chipre debe seguir trabajando en este ámbito.

La adaptación de la legislación chipriota al acervo en materia de derecho de sociedades está muy avanzada si bien, en lo que respecta a los derechos de propiedad industrial e intelectual, hay que reforzar la capacidad de ejecución en relación con los controles fronterizos, combatiendo la piratería y la falsificación de marcas. Se ha avanzado mucho respecto a la competencia, gracias a la aprobación de legislación antimonopolios y en materia de ayudas de Estado cuya aplicación, que llevaba años paralizada, ha mejorado patentemente. La autoridad de supervisión de las ayudas de Estado y el organismo independiente para la defensa de la competencia funcionan correctamente, aunque hay que desarrollarlos más.

La legislación en materia de agricultura se está adaptando satisfactoriamente, y se han dado pasos importantes para el establecimiento de las organizaciones comunes de mercado, aunque hay que reforzar más las capacidades de cumplimiento y aplicación del acervo en este sector. Deberá concederse prioridad a la preparación del Sistema Integrado de Administración y Control. En cuanto a la pesca, se ha conseguido aproximar razonablemente la legislación y cuenta con las capacidades administrativas necesarias, que habrá que reforzar más. Chipre ha seguido reduciendo su flota pesquera, pero su Registro de Buques Pesqueros todavía no es totalmente operativo. No obstante, dispone de la infraestructura necesaria para elaborarlo y se están aplicando los mecanismos de implementación correspondientes.

La reforma fiscal general, tanto de la fiscalidad directa como indirecta, ha supuesto un gran impulso en el ámbito de la fiscalidad. Se ha trabajado mucho para conseguir la capacidad administrativa necesaria a este respecto, y actualmente es adecuada. Chipre cuenta también con una administración de aduanas bien organizada y operativa. Hay que aproximar más la legislación en materia de perfeccionamiento activo y pasivo, importación temporal, bienes culturales y aspectos de procedimiento. Es urgente aprobar la legislación pendiente en este sector para incorporar plenamente el acervo.

El país debe centrarse en la plena liberalización del mercado de las telecomunicaciones, acelerando la aplicación del acervo y estableciendo un organismo regulador.

Se han registrado progresos importantes hacia la Unión Económica y Monetaria, y el Banco Central ya es totalmente independiente.

La legislación en materia de transportes es bastante coherente con el acervo, aunque quedan por transponer algunas normas, especialmente sobre aviación. Los temas relativos a la seguridad han mejorado notablemente, gracias a la adaptación de la legislación y al refuerzo de las capacidades administrativas, pero hay que mejorar en lo que respecta al transporte marítimo.

La política social y el empleo han avanzado mucho; todavía debe adaptarse la legislación en unos pocos ámbitos y sigue siendo muy necesario reforzar la capacidad administrativa.

El sector de la energía avanza a un ritmo moderado, ya que la legislación sólo se ha adaptado limitadamente al acervo en materia del mercado interior de la energía, la seguridad de suministro y las reservas de petróleo. Se ha insistido mucho para que Chipre vaya constituyendo progresivamente sus reservas de petróleo y establezca el organismo correspondiente con arreglo al calendario acordado. Debe continuar sin demora los trabajos legislativos en curso para adaptarse al acervo comunitario en materia de energía y crear un organismo competente sobre las reservas de petróleo, así como para conseguir la capacidad de almacenamiento necesaria.

Chipre ha continuado incorporando la dimensión medioambiental en sus demás políticas, y ha adaptado considerablemente su legislación en los distintos sectores relacionados con la protección del medio ambiente y la naturaleza. No obstante, todavía debe tomar medidas respecto a la calidad del aire y del agua, el control de la contaminación industrial, los productos químicos y los organismos modificados genéticamente. Debe prestar especial atención a la gestión de residuos y la mejora de la capacidad administrativa, así como garantizar que se realicen las inversiones necesarias a medio plazo a fin de permitir la ejecución del acervo en el ámbito del medio ambiente.

En cuanto a la justicia y los asuntos de interior, se han registrado logros importantes en política de visados y asilo, así como en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Se ha acelerado la aproximación de la legislación en materia de asilo gracias a la creación de un organismo independiente. En cuanto al acervo de Schengen, Chipre sigue preparándose para aplicar su Plan de Acción y desarrollar un Sistema Nacional de Información. Ha ratificado diversos convenios en materia de protección de datos, lucha contra el terrorismo y los beneficios obtenidos mediante de delitos, aunque todavía deben reforzarse las capacidades administrativas en este sector.

El país sigue avanzando en la incorporación del acervo en materia de política regional, preparándose para participar en los instrumentos estructurales. Sus estructuras administrativas están ya satisfactoriamente preparadas.

En cuanto al control financiero, se han realizado más progresos. Cuenta con un Sistema Público de Control Financiero Interno bien desarrollado y cumple ampliamente las normas internacionales en materia de auditoría. Todavía hay que reforzar las capacidades administrativas del Tesoro.

Chipre ha seguido reforzando sus capacidades administrativas. Se ha contratado personal en los sectores clave, incluyéndolo en el Presupuesto para 2002, pendiente de aprobación. Se han reforzado las estructuras de aplicación en ámbitos importantes como la circulación de capitales, la competencia, la agricultura, la fiscalidad, las aduanas, el medio ambiente y la justicia y los asuntos de interior. Habrá que prestar especial atención a las estructuras que serán necesarias para aplicar el acervo a partir de la adhesión, especialmente para una gestión saneada y eficaz de los fondos comunitarios.

En las negociaciones de adhesión se han cerrado provisionalmente 28 capítulos y, en general, Chipre está cumpliendo sus compromisos. No obstante, se han producido retrasos en la elaboración del Registro de Buques Pesqueros y en la adaptación de la legislación en materia de existencias de petróleo y respecto a la Directiva sobre electricidad, temas que habrá que solucionar.

Teniendo en cuenta los avances realizados desde el Informe Periódico de 1998, el nivel de adaptación de su legislación en este momento y sus antecedentes en el cumplimiento de sus compromisos, la Comisión considera que Chipre estará en situación de asumir las obligaciones derivadas de la adhesión con arreglo al calendario previsto. En el periodo previo a su adhesión el país deberá seguir preparándose con arreglo a sus compromisos en las negociaciones de adhesión.

Estonia

En su Dictamen de 1997, la Comisión llegó a la conclusión de que Estonia cumplía los criterios políticos. A partir de ese momento, el país ha avanzado considerablemente en la potenciación y profundización de la estabilidad de aquéllas de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Ello ha sido confirmado a lo largo del año pasado. Estonia sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

La ejecución del programa de reforma de la administración pública ha seguido adelante, y el funcionamiento del funcionariado de Estonia y de sus procedimientos administrativos sigue siendo satisfactorio. Sigue siendo necesario mejorar la transparencia en las cuestiones relativas al personal y la coordinación de los diferentes organismos.

La modernización del sistema judicial ha avanzado considerablemente y se ha potenciado la independencia y la administración del poder judicial. Ha proseguido la mejora de la formación de los jueces y se han actualizado los sistemas de información judicial. Estonia deberá esforzarse por cubrir las vacantes de los fiscales. Tal como se comprobó el año pasado, Estonia necesita seguir incrementando la eficiencia en lo relativo a los asuntos judiciales, así como la calidad y la ejecución de las decisiones judiciales.

Estonia sigue respetando los derechos humanos y las libertades.

Estonia ha favorecido una mayor integración de los no ciudadanos al suprimir las exigencias lingüísticas para los candidatos a las elecciones parlamentarias y locales y al apoyar el aprendizaje de las lenguas y los intercambios culturales mediante el programa estatal de integración. Estonia deberá proseguir sus esfuerzos para incrementar la tasa de naturalización y facilitar el proceso. Estonia deberá velar por que la aplicación de la legislación lingüística siga respetando los principios del interés público justificado y la proporcionalidad, las obligaciones internacionales de Estonia y el Acuerdo Europeo.

El Dictamen de 1997 ya reconoció los considerables esfuerzos de reforma emprendidos por las autoridades estonias para transformar su economía. Posteriormente a este Dictamen, y en un entorno económico internacional lleno de retos, particularmente la crisis rusa, los resultados económicos han mejorado. Se ha logrado alcanzar la estabilidad macroeconómica, se han profundizado las reformas y se ha mantenido el compromiso de las autoridades estonias de cara a los requisitos económicos para la adhesión a la Unión Europea.

Por ello, se ha llegado a la conclusión de que Estonia es una economía de mercado en funcionamiento. La continuación de su actual proceso de reforma deberá permitir a Estonia hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado de la Unión.

El funcionamiento de los mercados laborales puede mejorar si el gobierno y el sector privado desempeñan un papel más activo para hacer frente al problema del desempleo. Por otra parte, deberán potenciarse las finanzas de las autoridades locales para reforzar la prudente posición de la política fiscal. Del mismo modo, deberá proseguir activamente la reestructuración del sector del aceite de esquisto bituminoso.

Posteriormente al Dictamen, Estonia ha avanzado considerablemente de cara a la adopción del acervo y, más recientemente, ha avanzado también en el desarrollo gradual de la capacidad administrativa para ejecutar y aplicar de manera efectiva el acervo.

A lo largo del año pasado, Estonia ha seguido avanzando en muchos sectores, incluido el mercado interior, la agricultura y la justicia y los asuntos de interior. No obstante, el avance general ha sido más lento de lo previsto en la planificación realizada por la propia Estonia, tal como figura en su Programa nacional para la adopción del acervo.

En conjunto, Estonia ha alcanzado un elevado grado de adaptación al acervo en la gran mayoría de los sectores. También ha avanzado relativamente en el desarrollo de una capacidad administrativa adecuada para aplicar el acervo en un número considerable de sectores.

Estonia ha creado la mayoría de las instituciones necesarias. No obstante, en algunos sectores se requieren nuevos esfuerzos para reforzar las capacidades de esas instituciones. Han sido acordados planes pormenorizados, particularmente en las negociaciones y en el Plan de Acción, para cubrir las lagunas restantes.

Por lo que respecta al mercado interior, se han efectuado algunos avances en la libre circulación de mercancías para adaptar la legislación horizontal y sectorial concreta. Con todo, deberá mejorarse el sistema de vigilancia del mercado, incluida la seguridad alimentaria.

En cuanto a la libre circulación de personas, se ha producido una nueva adaptación en relación con el mutuo reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los derechos de los ciudadanos y la libre circulación de los trabajadores, si bien es necesario adaptar plenamente la formación de los profesionales a las normas comunitarias.

Por lo que respecta al libre suministro de servicios, la libre circulación de capitales, el Derecho de sociedades, la competencia y la protección de los consumidores y de la salud, ámbitos en los que los preparativos se hallan relativamente avanzados, se han producido algunas nuevas adaptaciones al acervo. Los ámbitos en los que se ha reforzado la capacidad administrativa incluyen la nueva Autoridad unificada de supervisión financiera, ya operativa, y la creación de un sistema transfronterizo de pagos. Deberá seguir prestándose atención al desarrollo de la capacidad de la Inspectoría de protección de datos, la Oficina de contratación pública y la Unidad de inteligencia financiera (la lucha contra el blanqueo de dinero). También es necesario aplicar efectivamente el acervo relativo a la competencia y mejorar la aplicación de la legislación en los ámbitos de las ediciones piratas y las mercancías falsificadas.

Por lo que respecta a la agricultura, han proseguido los preparativos para la Política Agrícola Común y se ha llevado a cabo una nueva adaptación en los sectores veterinario y fitosanitario. Se ha creado una nueva Fundación de desarrollo rural. Es preciso seguir trabajando para potenciar el futuro organismo liquidador y el Ministerio de Agricultura a fin de desarrollar los sistemas de la PAC, incluido el Sistema integrado de administración y control, y asimismo desarrollar la capacidad del sector veterinario, reforzar la Inspectoría de protección de las plantas y los controles fronterizos, y velar por que se cumplan las normas de calidad alimentaria.

Por lo que respecta a la pesca, el avance ha sido lento, si bien se han tomado algunas medidas en lo referente a la gestión de los recursos, la inspección y el control. Es necesaria una mejora urgente, particularmente de cara a proseguir el desarrollo del sistema de información relativo a la pesca, desarrollar y ejecutar la política estructural y de mercado y mejorar la capacidad administrativa y la coordinación entre los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Actualmente se están llevando a cabo proyectos de legislación del mercado y se están preparando varios proyectos para el análisis de las organizaciones de productores, las bases de datos relativas a la pesca y los registros. Estonia ha comenzado a tomar medidas para mejorar la coordinación de la administración pesquera, pero estos esfuerzos deberán incrementarse considerablemente. La plena ejecución de las medidas del Plan de Acción ayudaría a cubrir las actuales lagunas de los preparativos.

Por lo que respecta a la política de transportes, Estonia ha mantenido un avance constante en la adaptación y ejecución de la legislación, incluida la creación de un Departamento independiente de investigación del tráfico aéreo. Es preciso completar la adaptación en el sector ferroviario, aplicar el acervo social en el sector viario e incrementar la seguridad marítima. En cuanto a la energía, se ha logrado un avance al suprimir las distorsiones de los precios del mercado, mejorando la reglamentación y la seguridad nuclear. Estonia deberá seguir adaptando su legislación, particularmente por lo que respecta a los mercados interiores de la electricidad y del gas, crear fuentes renovables de energía y seguir potenciando el organismo regulador del mercado de la energía. De manera más general, en términos de política industrial, Estonia deberá completar el proceso de reestructuración industrial centrándose en el sector del aceite de esquisto bituminoso. Por lo que respecta a las telecomunicaciones, la cultura y la política audiovisual, se ha completado ampliamente la adaptación de la legislación. No obstante, Estonia deberá garantizar un servicio universal.

Por lo que respecta a la política social y el empleo, Estonia ha efectuado ciertos avances en la adaptación de la legislación de la salud y la seguridad. El Consejo laboral nacional ha sido potenciado y designado como interlocutor principal de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo. Se requiere un nuevo esfuerzo para adaptar la legislación laboral y la legislación relativa a la igualdad, y para mejorar la capacidad de ejecutar y aplicar la legislación relativa a la salud pública y la salud y la seguridad en el trabajo. Deberá seguir desarrollándose el diálogo social.

En cuanto a la política regional, se ha conseguido un avance constante en la preparación de los fondos estructurales. Sin embargo, Estonia sigue necesitando incrementar considerablemente la capacidad de las autoridades designadas para programar y ejecutar la política regional de la CE después de la adhesión, incluido el desarrollo de los controles financieros adecuados. En el sector ambiental se han logrado nuevos avances. Estonia deberá proseguir la adaptación, particularmente en lo que se refiere a los residuos, la naturaleza, los productos químicos, la protección del aire y las radiaciones, invertir en infraestructura, incluidos los residuos y el tratamiento de las aguas residuales, y reforzar la capacidad administrativa, tanto a nivel ministerial como de las administraciones locales. Estonia también deberá seguir mejorando la aplicación de la legislación ambiental.

Estonia ha efectuado nuevos avances en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior por lo que respecta a la protección de los datos, el control fronterizo, los visados, la migración, la policía y la cooperación judicial. Se han introducido nuevos sistemas: un registro de visados en línea y un registro criminal en línea para los servicios de policía. Es preciso completar la adaptación legislativa, particularmente en los ámbitos de la migración, el asilo político y el blanqueo de dinero. También deberá prestarse atención a la aplicación del Plan de Acción de Schengen, la intensificación de los controles fronterizos y la lucha contra la delincuencia organizada.

En cuanto a la fiscalidad, se ha avanzado en la adaptación de la legislación sobre el IVA. Estonia deberá proseguir la adaptación y reforzar la capacidad del Comité Fiscal. En el ámbito de la unión aduanera, Estonia ha avanzado en la adaptación y el desarrollo de las tecnologías de la información, y ha creado un departamento de investigación en el Comité Aduanero. Se requieren urgentemente esfuerzos considerables con objeto de desarrollar la capacidad administrativa para aplicar medidas aduaneras compatibles con la CE y la adecuada formación de los funcionarios de aduanas. Estonia deberá seguir desarrollando y garantizando la interconexión de sus sistemas informáticos en el ámbito aduanero con los de la CE, y está recibiendo actualmente un considerable apoyo de la CE en este ámbito. Deberá proseguir y acelerar sus preparativos para la aplicación tras la adhesión de los procedimientos aduaneros que impliquen la recaudación o la suspensión de derechos aduaneros, así como la reorganización de los servicios aduaneros.

En cuanto al control financiero, se ha efectuado un considerable avance en la aplicación del control financiero interior, la introducción de la legislación sobre el control financiero exterior y la protección de los intereses financieros de la CE. Por lo que respecta a los procedimientos financieros y presupuestarios, se han efectuado considerables avances en la introducción de nuevos procedimientos presupuestarios. Es preciso reforzar la capacidad de cálculo de los recursos propios.

En la mayoría de los ámbitos, Estonia ha avanzado razonablemente en términos de desarrollo de la capacidad necesaria para ejecutar y aplicar el acervo. No obstante, como ya se ha señalado, existen varios ámbitos en los que, si bien se ha avanzado considerablemente, se requerirán nuevos esfuerzos para completar la tarea. En particular, estos ámbitos son: la libre circulación de personas, la pesca, la agricultura, la fiscalidad, la política social y el empleo, la energía, la política regional, el medio ambiente, las aduanas y la justicia y los asuntos de interior.

Se han cerrado provisionalmente 28 capítulos de las negociaciones para la adhesión. Estonia, por lo general, está cumpliendo los compromisos que contrajo en las negociaciones. No obstante, se han producido demoras en la adopción de la legislación pesquera, la ejecución de un sistema de información relativa a la pesca, el pleno funcionamiento y la conformidad del registro de los buques pesqueros y la adaptación de la legislación sobre la calidad del aire y la protección contra las radiaciones. Deberá prestarse atención a estas cuestiones.

Teniendo en cuenta los avances conseguidos con posterioridad al Dictamen, el nivel de adaptación y de capacidad administrativa que ha alcanzado Estonia en el momento actual y sus realizaciones en la ejecución de los compromisos contraídos en las negociaciones, la Comisión considera que Estonia será capaz de asumir las obligaciones de la adhesión con arreglo al calendario proyectado. En el período inmediatamente anterior a la adhesión, Estonia deberá proseguir sus preparativos, con arreglo a los compromisos contraídos en las negociaciones para la adhesión.

Hungría

En el Dictamen emitido en 1997, la Comisión señaló que Hungría cumplía los criterios políticos. Desde entonces, el país ha realizado progresos considerables en la consolidación y el asentamiento de la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto de la protección de las minorías, tendencia que se confirmó a lo largo del año pasado. Hungría sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

La reforma de la administración pública a nivel central ha concluido prácticamente. La Ley sobre funcionarios públicos de 2001, aplicada en parte en 2002, ha constituido un paso importante hacia la consolidación del marco jurídico del funcionariado. Tras un estudio exhaustivo de la estructura salarial, se redujeron aún más las diferencias salariales entre los sectores público y privado. La reforma financiera de los gobiernos locales sigue aún pendiente.

En el sector judicial húngaro, la independencia queda suficientemente garantizada desde el punto de vista constitucional y legislativo, y el régimen de autogestión funciona de forma satisfactoria. La decisión de crear tribunales regionales de apelación y de incrementar la independencia financiera del sistema judicial ha contribuido en gran medida a aumentar la capacidad del sector.

Conforme a su estrategia anticorrupción, el Gobierno húngaro ha seguido adoptando una serie de medidas jurídicas y prácticas para luchar contra este fenómeno, todavía preocupante. Es importante que estas decisiones se pongan en práctica sin demora para hacer frente a la situación de manera eficaz.

Hungría sigue respetando los derechos humanos y las libertades. En el ámbito de los medios de comunicación públicos, los partidos políticos gozan de plena representación en los consejos de administración correspondientes. Se ha intensificado el diálogo social.

Se ha seguido aplicando el programa a medio plazo de 1997 con el fin de mejorar la difícil situación de la población romaní. Se ha consolidado el marco institucional y se ha implantado un nuevo sistema de seguimiento. Sin embargo, la política relativa a esta población no está bien integrada en las estrategias generales de desarrollo social sino que constituye un proyecto paralelo. Los romaníes siguen siendo objeto de discriminación. El Gobierno está revisando su política y tiene previsto adoptar una estrategia general a largo plazo y una completa legislación antidiscriminación con el fin de mejorar la situación.

Desde el Dictamen de 1997, que ya tomaba nota de la reforma general emprendida por las autoridades húngaras para transformar la economía nacional, la situación ha mejorado, pese a la difícil coyuntura económica internacional. Además de lograr una estabilidad macroeconómica, las autoridades húngaras han proseguido las reformas y se han esforzado por ajustarse a los requisitos económicos para la adhesión a la UE.

Así pues, cabe concluir que Hungría es una economía de mercado en funcionamiento y que, si sigue adelante con sus reformas, estará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas de mercado en la Unión.

La gestión macroeconómica podría mejorarse reduciendo el déficit público general para evitar que la política financiera se vuelva procíclica y seguir reduciendo la tasa de inflación. Es preciso reformar el sector sanitario de manera más radical. Deben ajustarse los sueldos al aumento de la productividad para no poner en peligro la competitividad del país.

Desde el Dictamen, Hungría no ha dejado de progresar en la adaptación al acervo en todos los ámbitos. En la mayoría de los sectores la nueva legislación se aplica correctamente. Desde 1997, el país ha incrementado considerablemente su capacidad administrativa para la adecuada aplicación del acervo.

En los últimos doce meses, Hungría ha seguido adoptando y cumpliendo el acervo en los sectores siguientes: política social, justicia y asuntos de interior, telecomunicaciones, cultura y medios audiovisuales y energía. La capacidad administrativa permanece limitada en sectores como la agricultura y la política regional, si bien se ha incrementado en otros muchos sectores, lo cual sienta las bases para el correcto cumplimiento de la legislación comunitaria.

En conjunto, Hungría ha conseguido un alto grado de adaptación al acervo y, si sigue esforzándose, logrará la capacidad administrativa necesaria para aplicarlo íntegramente a tiempo para la adhesión. Se han elaborado planes detallados en el marco de las negociaciones y del plan de actuación para colmar las lagunas pendientes.

Se han registrado progresos considerables en el sector del mercado interior. Tal como se indicaba en el informe del año pasado, se ha adoptado la mayor parte del acervo y se han creado las estructuras administrativas necesarias. Dado que la incorporación del acervo relativo a la libre circulación de mercancías se encuentra muy avanzada, Hungría se está concentrando en el cumplimiento, por ejemplo, en la creación efectiva de la Agencia de inocuidad de los alimentos y en la vigilancia del mercado. Se ha creado la infraestructura necesaria de normalización y certificación. Asimismo, se ha adoptado una normativa sobre contratación en el sector de la construcción de autopistas. No obstante, es preciso adaptarse en mayor medida al acervo relativo a la contratación pública, en particular por lo que respecta a su correcta aplicación. En el sector de los servicios, la legislación húngara se encuentra casi totalmente adaptada, si bien debe aún completarse la adecuación de la legislación relativa a la protección de datos y es preciso consolidar las estructuras administrativas pertinentes. Tras aprobar la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero, en junio de 2002 Hungría fue eliminada de la lista de países no colaboradores elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional de la OCDE. Por lo que respecta al sector de la libre circulación de capitales, se ha adoptado legislación relativa a la propiedad, si bien se requieren aún adaptaciones complementarias. La capacidad administrativa para garantizar la correcta supervisión de los servicios financieros es adecuada. En el ámbito del Derecho de sociedades, la legislación húngara se ajusta en gran medida al acervo. Las normas se aplican de manera relativamente satisfactoria, pero Hungría debe reforzar las medidas de control fronterizo en materia de derechos de propiedad intelectual e intensificar la lucha contra la piratería y la falsificación. En el ámbito de la política de competencia, es preciso adaptar los regímenes de ayudas estatales, sobre todo los de carácter fiscal. Los órganos encargados de aplicar la legislación antimonopolio y sobre ayudas estatales siguen funcionando satisfactoriamente.

La legislación tributaria húngara se ajusta en gran medida al acervo, si bien debe completarse la incorporación, principalmente por lo que respecta al IVA y los impuestos especiales, y lograrse que el sistema electrónico de información fiscal sea plenamente operativo antes de la adhesión. La legislación aduanera también se adapta prácticamente al acervo. Se ha progresado en el ámbito del depósito aduanero, la importación temporal, la valoración y los envíos no comerciales. Hungría ha seguido incrementando la capacidad administrativa y operativa de la brigada aduanera y financiera y ha favorecido los sistemas de interconexión, si bien esta aún por lograrse la interconectividad con los sistemas informatizados de la CE en el sector aduanero.

Por lo que se refiere a la política industrial y a la pequeña y mediana empresa, el plan Széchenyi se centrará en el desarrollo de las PYME y en los proyectos de preadhesión de la CE y se integrará en el Programa de desarrollo nacional.

En el sector del medio ambiente, se han realizado progresos considerables gracias a la adopción de legislación relativa al aire, las aguas, el control de la contaminación industrial y los organismos modificados genéticamente, pero el Plan nacional de gestión de residuos esta aún pendiente de adopción. Deberá prestarse especial atención a la capacidad administrativa en dicho sector, que se ha incrementado modificando las competencias ministeriales, y aumentarse las inversiones medioambientales.

En el sector de la agricultura, Hungría cuenta con bases sólidas para aplicar el acervo, si bien se ha retrasado la preparación de instrumentos de gestión indispensables como el organismo de pagos y el sistema integrado de gestión y control (SIGC) y aún deben tomarse diversas decisiones sobre la distribución de competencias. Todavía se requiere un esfuerzo considerable para que el SIGC y SAPARD sean operativos. Cabe señalar progresos importantes en el ámbito veterinario y fitosanitario, pero es preciso acelerar las iniciativas en curso para modernizar los puestos fronterizos de inspección y los establecimientos del sector. Se ha procedido a la adecuación jurídica en el sector del transporte, en particular por lo que respecta a la red vial y el ferrocarril. Debe completarse la reestructuración del sector ferroviario para poder aplicar plenamente el acervo relativo al acceso al mercado, al tiempo que se favorece el desarrollo institucional del sector.

El progreso considerable que ha supuesto en el sector de la energía la adopción de la ley relativa a la electricidad ha preparado el terreno para la liberalización del mercado húngaro. En el sector del gas no se han realizado progresos similares. El país dispone de una buena capacidad administrativa. La situación en el sector audiovisual ha mejorado gracias a la adopción de la ley sobre medios de comunicación, pero la adaptación no ha concluido todavía.

Los progresos significativos logrados en el sector de la política social y empleo se deben ante todo a la adopción de más normativas de aplicación del derecho laboral. En cuanto al diálogo social, el nuevo Gobierno ha adoptado medidas destinadas a generar un clima de confianza y ha decidido crear un Consejo nacional de conciliación de intereses para fomentar un diálogo más constructivo. Si bien es cierto que Hungría ha incrementado su capacidad de aplicación del acervo relativo a la salud y la seguridad en el trabajo y ha intensificado las inspecciones laborales, debe seguir trabajando en este sentido.

Por lo que respecta a la política regional, en junio de 2002 se decidió crear un marco institucional más eficaz para la programación y la utilización de los fondos estructurales y de cohesión, pero debe incrementarse la capacidad de los organismos gestores y pagadores y mejorarse la preparación técnica de los proyectos subvencionables por la Comunidad. Paralelamente a los progresos en la implantación de sistemas de gestión y control financiero, el proceso de programación ha sufrido un retraso considerable durante el periodo cubierto por el informe. Hungría tendrá que acelerar los preparativos para los instrumentos estructurales.

El sector de las telecomunicaciones ha registrado progresos importantes, pues el mercado húngaro ha quedado abierto a la competencia gracias a la adopción de la ley sobre comunicaciones. Ahora el país debe esforzarse por garantizar un servicio universal accesible.

En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, la prosecución de la adaptación al acervo por lo que respecta a la política de visados, la emigración y el asilo ha supuesto un avance importante. La lucha contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada se ha visto intensificada gracias a la adopción de legislación complementaria y al refuerzo de las estructuras institucionales. El plan de acción de Schengen revisado recoge los principales aspectos del acervo.

En relación con la política exterior y de seguridad común, Hungría debe todavía llegar a un acuerdo con Eslovaquia y Rumania en cuanto a la aplicación de la ley sobre las minorías húngaras que viven en los países limítrofes y adaptar la ley al acervo de cara a la adhesión.

Por lo que respecta al control financiero, Hungría debe intensificar la adaptación jurídica y la capacidad administrativa en el sector del control financiero público interno. Con el fin de paliar las deficiencias identificadas, el país está redefiniendo las funciones y las estructuras de auditoría interna a la luz de las prácticas internacionales y elaborando de nuevo la legislación pertinente, pero a pesar de ello, deberá acelerar considerablemente el proceso.

Hungría ha seguido aumentando su capacidad administrativa para aplicar el acervo en la mayoría de los ámbitos, pero deberá proseguir la labor, en particular en los sectores de la agricultura, el transporte, la política regional, el medio ambiente y el control financiero, así como en la creación de la capacidad administrativa necesaria para llevar a cabo una gestión sana, eficiente y controlable de los fondos de la CE.

Durante las negociaciones para la adhesión, se cerraron provisionalmente 26 capítulos. Por lo general, Hungría cumple los compromisos adquiridos en las negociaciones, si bien se ha retrasado en la incorporación de algunas partes del acervo veterinario, la legislación sobre el control de las dimensiones del pescado importado, la adopción de la ley sobre el gas y varias normativas medioambientales (estrategia nacional sobre el cambio climático, plan nacional de gestión de residuos, planes regionales y locales de gestión de los residuos, envases y residuos de envases y aceites usados), aspectos todos estos que deberá tratar.

Habida cuenta de los progresos realizados desde el Dictamen, del grado de adaptación al acervo y la capacidad administrativa actuales en Hungría y de la medida en que ha cumplido los compromisos adquiridos en las negociaciones, la Comisión considera que el país estará en condiciones de asumir las obligaciones que comporta la adhesión según el calendario previsto. De aquí a la adhesión, Hungría debe proseguir los preparativos con arreglo a los compromisos adquiridos en las negociaciones para la misma.

Letonia

En su Dictamen de 1997, la Comisión llegó a la conclusión de que Letonia cumplía los criterios políticos. A partir de ese momento, el país ha avanzado considerablemente en la potenciación y profundización de la estabilidad de aquéllas de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Ello ha sido confirmado a lo largo del año pasado. Letonia sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Por lo que respecta a la reforma de la administración pública, Letonia ha seguido atendiendo a los temas pendientes de la reforma, y el marco legislativo y administrativo quedará aceptablemente completado una vez se apliquen plenamente la Ley de funcionariado y la Ley de administración pública. Ahora es importante acelerar la introducción del sistema uniforme de pagos al funcionariado y suministrar suficientes fondos.

En conjunto, si bien se ha identificado la mayor parte de las deficiencias del sistema judicial, sólo se ha atendido a parte de ellas. Deberán multiplicarse los esfuerzos en este ámbito para lograr una reforma total del sistema, basada en el apoyo político a la modernización del sistema judicial y una financiación suficiente. Aún está por completar el marco legislativo, y deberá reducirse la acumulación cada vez mayor de asuntos judiciales. La cuestión de la prisión preventiva requiere una continua atención. Deberán efectuarse nuevos y considerables esfuerzos para reforzar la actual independencia, eficiencia y calidad del poder judicial. Deberá completarse la mejora de la infraestructura judicial. Letonia ha efectuado nuevos avances en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo preocupante. El marco legislativo ha sido mejorado, la organización institucional ha sido reforzada y se está incrementando la sensibilización del público y la participación de la sociedad civil. No obstante, se requieren nuevos esfuerzos para completar la organización institucional y para suministrar a la Oficina de lucha contra la corrupción los medios necesarios para lograr resultados concretos.

Letonia sigue respetando los derechos humanos y las libertades.

Letonia ha favorecido una mayor integración de los no ciudadanos en la sociedad letona al suprimir las exigencias lingüísticas de la legislación electoral, y al incrementar el apoyo para facilitar el proceso de naturalización, así como mediante las actividades de la Fundación de integración de la sociedad. No obstante, deberá acelerarse el proceso de integración y deberán suministrarse suficientes fondos para favorecer la naturalización y la formación lingüística en particular. Letonia deberá velar por que la aplicación de la legislación lingüística siga respetando los principios del interés público justificado y la proporcionalidad, las obligaciones internacionales de Letonia y el Acuerdo europeo.

El Dictamen de 1997 ya reconoció los esfuerzos de reforma emprendidos por las autoridades letonas para transformar su economía. Posteriormente al Dictamen, en un entorno económico internacional lleno de retos, particularmente la crisis rusa, han mejorado los resultados económicos. Se ha conseguido la estabilidad macroeconómica, se han acelerado las reformas y se ha mantenido el compromiso de las autoridades letonas de cara a las exigencias económicas de la adhesión a la Unión Europea.

Por ello, se ha llegado a la conclusión de que Letonia es una economía de mercado en funcionamiento. La continuación de su actual proceso de reforma deberá permitir a Letonia hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado de la Unión.

Puede mejorarse el funcionamiento de los mercados laborales, particularmente mediante medidas activas relativas al mercado laboral en favor de los grupos desfavorecidos, potenciando la infraestructura pública y privada necesaria para la movilidad de la mano de obra y las nuevas reformas del sistema educativo. La política fiscal deberá mantener un enfoque prudente, visto el elevado déficit de la balanza por cuenta corriente. Por otra parte, la mejora del entorno empresarial general y el refuerzo de la capacidad administrativa y judicial apoyarán un desarrollo del sector privado dotado de una base más amplia.

Posteriormente al Dictamen, Letonia ha avanzado constantemente en la adaptación de su legislación al acervo, particularmente durante los dos últimos años. En consecuencia, ha sido adoptada la mayor parte del Derecho primario. Al mismo tiempo se han llevado a cabo considerables esfuerzos para intensificar su capacidad administrativa, si bien no han alcanzado el mismo grado que en el caso de la adaptación legislativa.

Durante el año pasado, Letonia ha seguido avanzando de cara a completar la adaptación y crear o reestructurar organismos especializados conexos en la inmensa mayoría de los ámbitos. También ha intensificado la formación en la mayor parte de los ámbitos, con vistas a cumplir los requisitos del acervo.

En conjunto, Letonia ha conseguido un alto grado de adaptación al acervo en numerosos ámbitos, y ha avanzado considerablemente de cara a alcanzar una capacidad administrativa adecuada para aplicar el acervo en la mayor parte de los ámbitos. Todavía deberán efectuarse nuevos esfuerzos, particularmente por lo que respecta a su capacidad administrativa en la mayoría de los ámbitos, y deberá completarse la legislación en varios sectores. Se han acordado planes pormenorizados, particularmente en las negociaciones y en el Plan de Acción, para cubrir las lagunas pendientes.

Los preparativos para la participación en el mercado interior se hallan muy avanzados y Letonia ha conseguido un adecuado nivel de adaptación en este ámbito. Por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, ya existe por lo general un marco jurídico institucional. Se ha producido un desarrollo sostenido del sistema de normalización, que, no obstante, deberá ser reforzado. La reforma del sistema de vigilancia del mercado y su infraestructura, incluida la seguridad alimentaria y el ámbito de la contratación pública, requiere una nueva intensificación.

El proceso de adaptación al acervo de la legislación y las estructuras de Letonia relacionadas con la libre circulación de personas se ha desarrollado de manera satisfactoria, si bien deberán efectuarse nuevos esfuerzos, especialmente por lo que respecta al mutuo reconocimiento de las cualificaciones profesionales, así como al refuerzo de la capacidad institucional.

En el ámbito del libre suministro de servicios, la adaptación legislativa ha avanzado, particularmente en relación con los servicios financieros y los bancos, pero se requieren nuevos esfuerzos en relación con los seguros.

En el ámbito de la circulación de capitales, la adaptación legislativa ha avanzado considerablemente, pero deberá completarse el proceso por lo que respecta a la circulación de capitales y los pagos. En este ámbito se ha creado la correspondiente capacidad administrativa, si bien se necesitará una nueva potenciación.

Por lo que respecta al Derecho de sociedades, un acontecimiento importante ha sido la reciente entrada en vigor del Código de Comercio, que ahora deberá ser aplicado. Si bien la legislación de Letonia ha avanzado considerablemente en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial, sigue constituyendo un reto la adopción de medidas efectivas para luchar contra las ediciones piratas de libros y la falsificación.

En el ámbito de la competencia, la adaptación legislativa de Letonia, la capacidad administrativa y los resultados de la ejecución han avanzado razonablemente, pero deberán proseguir los esfuerzos para determinar la trayectoria de la aplicación efectiva de la legislación sobre la competencia.

Por lo que respecta a las aduanas, la legislación se halla ampliamente adaptada, pero deberá proseguir la reestructuración y la ejecución organizativa, al igual que en el caso de la fiscalidad, donde deberá completarse la legislación sobre fiscalidad directa e indirecta. Letonia deberá intensificar sus tareas legislativas en curso, y acelerar urgentemente sus preparativos para la interconexión electrónica. En ambos ámbitos, Letonia se ha comprometido a introducir sistemas adecuados de tecnología de la información que permitan intercambiar datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros. Se requieren nuevos y considerables esfuerzos de carácter prioritario para que estos sistemas sean operativos a partir de la fecha de la adhesión.

Letonia ha seguido avanzando en el ámbito de la agricultura, así como, más recientemente, en la mejora de las estructuras administrativas con vistas a ejecutar la Política Agrícola Común. La creación del Servicio alimentario y veterinario como organismo conjunto responsable de los controles de la totalidad de la cadena alimentaria y la acreditación del organismo de SAPARD constituyen un logro significativo. No obstante, siguen existiendo importantes retos de cara a completar la adaptación, así como para reforzar la capacidad institucional para aplicar la Política Agrícola Común y sus medidas de ejecución, incluido el organismo liquidador, el Sistema integrado de administración y control y las organizaciones comunes de mercado. Siguen siendo necesarios esfuerzos especiales en el ámbito de los controles de seguridad veterinaria y alimentaria, así como para poner los establecimientos alimentarios al nivel de las normas comunitarias.

Por lo que respecta a la pesca, la legislación letona ha sido adaptada en un grado razonable, si bien subsisten algunas lagunas, particularmente por lo que respecta a las acciones estructurales y a la política de mercado. Se han creado parcialmente las estructuras administrativas correspondientes. Los esfuerzos de Letonia deberán centrarse ahora en seguir reforzando la capacidad administrativa y suministrar suficientes fondos.

La legislación letona se ha adaptado en gran medida al acervo en el sector del transporte, ya existen las correspondientes legislaciones marco (excepto por lo que respecta al transporte marítimo) y se está reforzando la capacidad administrativa. Se requieren nuevos esfuerzos para completar el proceso de adaptación, particularmente en los sectores ferroviario y marítimo, así como en lo referente a la capacidad administrativa en el transporte viario, ferroviario y aéreo. Deberá intensificarse el reciente incremento de la capacidad relativa a la seguridad marítima y el funcionamiento en materia de Estado de pabellón.

Un significativo paso hacia adelante lo ha constituido la adopción del nuevo Código de Trabajo en el ámbito de la política social y el empleo. La adaptación legislativa en este ámbito ha avanzado considerablemente, pero deberá ser completada. La ejecución y la aplicación efectivas relativas al Derecho laboral, la salud y la seguridad y la salud pública siguen siendo importantes.

En el sector de la energía, se ha conseguido un nivel razonable de adaptación de la capacidad legislativa e institucional, pero este proceso deberá ser completado, particularmente por lo que respecta al mercado interior de la energía (electricidad y gas), las reservas petroleras, el incremento de la eficiencia energética y el refuerzo de la capacidad administrativa de los diversos organismos.

Letonia ha efectuado considerables avances en la adaptación al acervo ambiental. Este proceso deberá ser completado, y deberá seguir intensificándose la capacidad administrativa, especialmente por lo que respecta a las inspecciones, la cooperación y la coordinación a todos los niveles. Deberán incrementarse las inversiones.

Con la adopción de la Ley de telecomunicaciones y la creación de la Comisión de utilidades públicas como organismo regulador, la legislación se halla ampliamente adaptada y se han creado las instituciones correspondientes. No obstante, es necesario efectuar esfuerzos particulares para seguir liberalizando el mercado de las telecomunicaciones y reforzar la independencia y efectividad del organismo regulador y la adaptación legislativa en el ámbito de los servicios postales. Se han efectuado recientemente avances especiales en términos de refuerzo institucional en los ámbitos de la cultura y de la política audiovisual, en los que la legislación letona se halla ampliamente adaptada al acervo.

En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior se ha efectuado un avance significativo en términos de adaptación jurídica, así como de refuerzo continuo de su capacidad institucional. Los esfuerzos de Letonia deberán centrarse ahora en completar la adaptación legislativa, especialmente por lo que respecta a la migración, el blanqueo de dinero, la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, la cooperación judicial y la ejecución del Plan de Acción de Schengen de alta calidad. Se requiere una nueva potenciación de los organismos de ejecución de la legislación, prestándose particular atención a la lucha contra las drogas y el tráfico en general, el contrabando, el fraude, la corrupción y el crimen organizado, incluso mediante un incremento de la cooperación entre los diversos organismos interesados. La intensificación de los controles fronterizos integrados y el completar o mejorar las estructuras siguen constituyendo una importante prioridad.

Por lo que respecta a la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, se ha avanzado recientemente en los preparativos para la ejecución de las políticas estructurales y la designación de las principales instituciones participantes. No obstante, los esfuerzos deberán centrarse en el desarrollo de una capacidad administrativa adecuada y eficiente para la gestión de los fondos estructurales y el fondo de cohesión a todos los niveles. Además, deberá acelerarse la preparación de un proyecto de Documento único de programación normalizado, favoreciéndose la coordinación y la colaboración interministeriales. Por lo general, deberán reforzarse todos los sistemas y procedimientos para la supervisión efectiva, la gestión financiera y el control, y deberá completarse el marco jurídico. Existe una necesidad especial de efectuar avances en relación con la preparación técnica de proyectos que pueden ser seleccionados para la financiación comunitaria. Letonia ha empezado a tomar medidas para atender a las deficiencias detectadas, incluso mediante la asignación de recursos humanos. Los esfuerzos en curso deberán proseguir e incrementarse considerablemente. La creación del sistema de Control financiero interior público se halla relativamente avanzada, pero deberá completarse, incluida la adaptación legislativa.

La preparación de su capacidad administrativa de cara a la adhesión sigue constituyendo uno de los principales retos a los que se enfrenta Letonia. Con vistas a las responsabilidades que deberá asumir Letonia en la gestión y la ejecución del acervo tras la adhesión, se ha reestructurado o creado un porcentaje considerable de las instituciones necesarias. Si bien este proceso se halla muy avanzado, se requieren nuevos y considerables esfuerzos para hacer posible que estas instituciones lleguen a ser plenamente operativas. Ello es particularmente importante en sectores como el mercado interior, la agricultura, la pesca, el transporte, la política regional, el medio ambiente y la justicia y asuntos de interior, así como para la aplicación de los sistemas de tecnología de la información para la fiscalidad y las aduanas. Finalmente, se requieren esfuerzos continuos para incrementar la capacidad de Letonia con vistas a lograr una gestión adecuada, eficiente y controlable de los fondos comunitarios.

Se han cerrado provisionalmente 27 capítulos de las negociaciones para la adhesión. Por lo general, Letonia está cumpliendo los compromisos que contrajo en las negociaciones.

Teniendo en cuenta los avances conseguidos con posterioridad al Dictamen, el nivel de adaptación y de capacidad administrativa que ha alcanzado Letonia en el momento actual, y sus realizaciones en la ejecución de los compromisos contraídos en las negociaciones, la Comisión considera que Letonia será capaz de asumir las obligaciones de la adhesión con arreglo al calendario proyectado. En el período inmediatamente anterior a la adhesión, Letonia deberá proseguir sus preparativos, con arreglo a los compromisos contraídos en las negociaciones para la adhesión.

Lituania

En su Dictamen de 1997, la Comisión llegó a la conclusión de que Lituania cumplía los criterios políticos. A partir de ese momento, el país ha avanzado considerablemente en la potenciación y profundización de la estabilidad de aquéllas de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Ello ha sido confirmado a lo largo del año pasado. Lituania sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Lituania ha avanzado considerablemente en la reforma de la administración pública, particularmente mediante la adopción de la nueva Ley de funcionariado y la legislación de ejecución conexa. Lituania deberá velar por que la reforma se ejecute adecuadamente en todos los servicios y se consiga la financiación necesaria con carácter prioritario.

Se ha avanzado considerablemente en la reforma del sistema judicial, particularmente mediante la Ley de procedimiento judicial. Deberá prestarse la debida atención a la adecuada ejecución de la nueva legislación. Se requieren nuevos esfuerzos para mejorar la capacidad profesional de los jueces y los fiscales. Ello es fundamental para garantizar la calidad de los procedimientos jurídicos y el respeto de los derechos procedimentales y la ética profesional. Se requieren también nuevos avances para acelerar los procedimientos judiciales y garantizar la aplicación de las sentencias.

Se ha avanzado considerablemente en relación con la lucha contra la corrupción, principalmente mediante la adopción del Programa nacional contra la corrupción y la Ley de prevención de la corrupción. Los organismos ejecutivos jurídicos y los ministerios correspondientes deberán efectuar esfuerzos continuos para lograr la aplicación adecuada y efectiva de las medidas contra la corrupción administrativa, que sigue resultando preocupante.

Lituania sigue respetando los derechos humanos y las libertades.

El Dictamen de 1997 ya reconoció los esfuerzos de reforma emprendidos por las autoridades lituanas para transformar su economía. Posteriormente al Dictamen, y en un entorno económico internacional difícil, particularmente la crisis rusa, han mejorado los resultados económicos. Se ha conseguido la estabilidad macroeconómica y se han acelerado las reformas, en tanto que el compromiso de las autoridades lituanas de cara a los requisitos económicos de la adhesión a la Unión Europea se ha mantenido.

Por ello, se ha llegado a la conclusión de que Lituania es una economía de mercado en funcionamiento. La continuación de su actual proceso de reforma deberá permitir a Lituania hacer frente a la presión de la competencia y de las fuerzas de mercado de la Unión.

Puede mejorarse el mercado laboral haciendo frente al elevado desempleo. Deberá mejorarse la gestión de las finanzas públicas, particularmente haciendo frente a la acumulación de retrasos de gastos a nivel municipal. Por otra parte, el hecho de completar la reforma de las pensiones, mediante la introducción proyectada de un plan de pensiones de financiación obligatoria, deberá aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y apoyar el desarrollo de los mercados financieros. Por otra parte, el refuerzo de la capacidad administrativa judicial y la simplificación de los procedimientos en los ámbitos relevantes para el sector empresarial, incluida la bancarrota y la reestructuración de las empresas, mejoraría la entrada al mercado y la salida del mismo por parte de las empresas. Posteriormente al Dictamen, Lituania ha avanzado significativamente en términos de transposición del acervo y de capacidad administrativa. Si bien los esfuerzos iniciales no fueron sistemáticos, en años recientes el ritmo y el alcance de la transposición han mejorado considerablemente y se han dedicado esfuerzos cada vez mayores a la estimulante tarea de desarrollar la necesaria capacidad administrativa.

A lo largo del año pasado, Lituania ha seguido avanzando en sus preparativos para la adhesión, particularmente en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la libre circulación de personas, la competencia, la energía, la política regional y la justicia y asuntos de interior. Se han efectuado avances limitados en los ámbitos del control financiero y de la pesca. Si bien se han efectuado avances en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente, siguen precisándose esfuerzos continuos. En conjunto, Lituania ha conseguido un adecuado grado de adaptación al acervo en la mayoría de los ámbitos, y en algunos sectores el nivel de adaptación es actualmente elevado. Lituania ha creado la mayor parte de las estructuras administrativas necesarias para aplicar el acervo; no obstante, se requieren nuevos esfuerzos continuos para reforzar la capacidad administrativa, particularmente por lo que respecta a la formación y el mantenimiento de personal cualificado y para lograr una coordinación efectiva entre los organismos. Se han acordado planes pormenorizados, particularmente en las negociaciones y en el Plan de Acción, para cubrir las lagunas restantes.

Lituania ha seguido avanzando en el ámbito del mercado interior. En el ámbito de la libre circulación de mercancías la legislación se ha adaptado en gran medida. Existen ya las principales estructuras administrativas, pero todavía no son plenamente operativas. Por lo que respecta a la vigilancia del mercado, se requieren esfuerzos para seguir desarrollando la infraestructura, particularmente en los ámbitos del ensayo y la certificación. En el ámbito de la seguridad alimentaria, se ha avanzado en términos de adaptación y de capacidad administrativa, pero se requieren nuevos esfuerzos por lo que respecta a la supresión de la autorización previa para la introducción de los productos alimenticios en el mercado. La legislación sobre contratación pública ha seguido adaptándose, pero todavía necesita algunas nuevas precisiones, y deberá potenciarse la Oficina de contratación pública.

Por lo que respecta a la libre circulación de personas, Lituania ha alcanzado un adecuado nivel de adaptación, si bien las estructuras administrativas existentes todavía no funcionan satisfactoriamente. En el ámbito del reconocimiento mutuo de cualificaciones, quedan por hacer importantes esfuerzos en el ámbito de las profesiones médicas.

En el ámbito del libre suministro de servicios, la legislación se ha adaptado en un grado razonable, pero las estructuras administrativas todavía no funcionan de manera plenamente satisfactoria. Se han efectuado avances adecuados en los sectores de los bancos y los valores. La legislación relativa al sector de los seguros y la protección de los datos deberá seguir adaptándose, particularmente para garantizar la independencia de los organismos supervisores. Deberá reforzarse la cooperación entre las instituciones supervisoras.

Se han producido nuevos avances en el ámbito de la libre circulación de capitales, en el que Lituania ya ha conseguido un elevado grado de liberalización. Se necesitan nuevos esfuerzos sostenidos por lo que respecta a los sistemas de pago y a la lucha contra el blanqueo de dinero.

Por lo que respecta al Derecho de sociedades, Lituania ha alcanzado un nivel razonable de adaptación y existen estructuras administrativas, si bien todavía no son plenamente operativas. Se ha conseguido una mayor adaptación en lo relativo a las patentes y a los derechos de propiedad intelectual. La lucha contra las ediciones piratas de libros y la falsificación deberá intensificarse considerablemente, así como la cooperación entre las autoridades responsables de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

En el ámbito de la política de competencia, la legislación se ha adaptado ampliamente, y existen estructuras administrativas que son operativas. Lituania deberá seguir manteniendo un registro de su trayectoria en cuanto a la adecuada aplicación y ejecución de su legislación. El Consejo de competencia deberá centrarse en una política de sanciones más disuasivas en el ámbito de la lucha contra los monopolios y prestar la máxima atención a las operaciones de salvamento y reestructuración.

Por lo que respecta a la fiscalidad, Lituania ha alcanzado un adecuado nivel de adaptación y existen en gran medida las capacidades administrativas, si bien éstas requieren una mayor potenciación. Lituania ha avanzado significativamente en la adaptación de su legislación fiscal, si bien se requiere una mayor adaptación en los ámbitos del IVA y de los derechos especiales. La reforma de la administración fiscal también ha logrado ciertos avances.

En el ámbito de la unión aduanera, Lituania ha conseguido un adecuado grado de adaptación y se han creado parcialmente las capacidades administrativas correspondientes. No obstante, se necesitan nuevos esfuerzos para intensificar la cooperación entre los organismos y para aplicar las disposiciones existentes sobre el fraude, los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la corrupción. En ambos ámbitos se requieren esfuerzos especiales para lograr unos sistemas adecuados de tecnología de la información que permitan el intercambio de datos con la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

Por lo que respecta a la agricultura, la transposición de la legislación se está llevando a cabo adecuadamente. Existen parcialmente las estructuras administrativas correspondientes, pero se necesitan nuevas mejoras. Lituania deberá centrarse en los puestos de inspección fronteriza, el sistema integrado de administración y control, la capacidad administrativa para gestionar la Política Agrícola Común, el organismo liquidador, la mejora de los establecimientos y el tratamiento de los residuos animales.

Por lo que respecta a la pesca, la legislación se ha adaptado en un grado razonable, si bien persisten lagunas, especialmente en relación con la política de mercado y la política estructural. Se han creado parcialmente las estructuras administrativas correspondientes. Se requieren nuevos esfuerzos para desarrollar la política de mercado y la política estructural y reforzar las funciones de control de inspección. Deberá completarse la creación del registro de buques pesqueros.

La legislación en el sector de los transportes se halla actualmente adaptada en gran medida al acervo, si bien se requieren nuevos esfuerzos por lo que respecta al transporte ferroviario. Existen las leyes marco correspondientes, y sólo queda por aplicar un porcentaje limitado de la legislación de ejecución. Existen en gran medida las estructuras administrativas correspondientes, si bien requieren una mayor intensificación.

En el sector de la energía, Lituania ha conseguido un elevado nivel de adaptación legislativa. Las estructuras administrativas correspondientes ya existen en gran medida, pero necesitan una mayor potenciación. El avance relativo al mercado interior de la energía ha sido adecuado. Por lo que respecta a la seguridad nuclear, Lituania dio el importantísimo paso de confirmar oficialmente que el reactor 1 de la central nuclear de Ignalina se cerrará antes de 2005 y de comprometerse oficialmente a cerrar el reactor 2 de esta central antes de 2009. La Unión Europea manifestó estar dispuesta, sobre la base de la solidaridad comunitaria, a seguir suministrando asistencia adicional comunitaria adecuada al esfuerzo de cierre definitivo de las centrales nucleares tras la adhesión de Lituania. Los esfuerzos de Lituania deberán centrarse ahora en lograr una aplicación plena y oportuna de la legislación sobre seguridad nuclear, incluida la oportuna instalación de un segundo sistema de cierre diferente para el reactor 2 de la central nuclear de Ignalina, y la preparación de la clausura y el cierre definitivo de esa central nuclear; y reforzar la capacidad administrativa, particularmente el organismo regulador de la energía y la autoridad de seguridad nuclear.

En el ámbito de la política social, la legislación ha sido incorporada en gran medida y existen la mayoría de las estructuras administrativas correspondientes, si bien necesitan una mayor potenciación. Se ha avanzado gracias a la adopción del Código de Trabajo y las nuevas disposiciones sobre acuerdos colectivos. Lituania deberá completar la adaptación y la ejecución efectiva del acervo en los ámbitos de la salud pública y de la salud y la seguridad en el trabajo, incluso mediante el refuerzo de las instituciones correspondientes; desarrollar el diálogo social y la protección social; y seguir potenciando las estructuras administrativas para gestionar el apoyo del fondo social europeo.

En el ámbito del medio ambiente, la adaptación ha alcanzado un nivel relativamente adecuado, pero la ejecución no es todavía plenamente satisfactoria. Lituania deberá centrarse en completar la adaptación y potenciar la capacidad administrativa global. Se deberá prestar una estrecha atención a la ejecución del acervo en relación con la gestión de los residuos, la calidad del agua, el control de la contaminación industrial, los productos químicos y los OGM (organismos genéticamente modificados) y la protección de la naturaleza.

En el ámbito de las telecomunicaciones, Lituania ha alcanzado un adecuado nivel de adaptación, pero queda por incorporar la legislación de ejecución. Existen ya las capacidades administrativas necesarias, pero todavía no son plenamente operativas. Se ha potenciado considerablemente la independencia de la autoridad reguladora de las comunicaciones. Quedan por efectuar nuevos esfuerzos de cara a completar la adaptación legislativa y preparar la plena liberalización y reforzar la capacidad administrativa del ente reglamentario.

En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, Lituania ha efectuado una adaptación considerable. Ya existe la mayoría de las estructuras administrativas necesarias, si bien se requieren todavía nuevos esfuerzos. Lituania ha actualizado y ha seguido ejecutando el plan de acción de Schengen. Lituania deberá centrarse en completar la adaptación (particularmente en relación con los visados, Schengen, el derecho de asilo, el blanqueo de dinero y la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas) y en seguir potenciando los organismos de ejecución de la legislación, particularmente por lo que respecta a la protección de datos, la protección de las fronteras exteriores y la lucha contra la corrupción.

En el ámbito de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, el marco institucional existe ya en gran medida, pero la capacidad administrativa y la preparación técnica de los proyectos no han alcanzado todavía el nivel requerido. Se ha reforzado la capacidad administrativa, ha mejorado la coordinación interministerial y se ha avanzado considerablemente por lo que respecta a la programación y la colaboración. Lituania deberá concentrar sus esfuerzos en completar los documentos de programación, definir las estructuras de ejecución final y seguir reforzando la capacidad administrativa, particularmente por lo que respecta a la preparación técnica de los proyectos seleccionables para ser financiados por la Comunidad, la supervisión, la gestión financiera y el control.

En el ámbito del control financiero, si bien ya se ha incorporado el acervo, se requieren nuevos esfuerzos para consolidar las disposiciones jurídicas fragmentadas relativas al control financiero público interno, incorporándolas en una única ley global. Las estructuras administrativas necesarias ya existen parcialmente, pero no son todavía plenamente operativas. Necesitan ser potenciadas considerablemente, con objeto de aplicar de manera efectiva la legislación consolidada. Las tareas en curso sobre los manuales de auditoría deberán completarse. La plena ejecución de las medidas previstas en el Plan de Acción referentes a la aplicación de una metodología para la gestión y el control financiero, la realización de una auditoría interna en los servicios gubernamentales y la formación de los recursos humanos, ayudaría considerablemente a cubrir las actuales lagunas en la capacidad administrativa y la aplicación del acervo.

En el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias, el marco jurídico ya existe en gran medida, pero la capacidad administrativa deberá mejorarse, particularmente por lo que respecta al cálculo, control y suministro de los recursos propios en el momento de la adhesión.

Por lo que respecta a la capacidad administrativa, Lituania ha alcanzado una capacidad suficiente, si bien todavía bastante frágil, para lograr la efectiva ejecución y aplicación del acervo, particularmente en el ámbito del mercado interior y las diversas políticas comunitarias. Lituania deberá velar por que las estructuras administrativas sean plenamente operativas, particularmente con vistas a lograr la ejecución uniforme y previsible del acervo. Se requiere prestar una especial atención a las estructuras necesarias para aplicar la parte del acervo que sea aplicable únicamente en el momento de la adhesión, particularmente por lo que respecta a la gestión adecuada y eficaz de los fondos de la Comunidad Europea.

Se han cerrado provisionalmente 28 capítulos de las negociaciones para la adhesión de Lituania. Lituania está cumpliendo por lo general los compromisos que contrajo en las negociaciones. No obstante, se han producido demoras en relación con la pesca (está por completar el registro de buques pesqueros), las estadísticas (realización del censo agrícola) y el medio ambiente (legislación sobre el envasado y los biocidas). Deberá atenderse a estas cuestiones.

Teniendo en cuenta los avances conseguidos con posterioridad al Dictamen, el nivel de adaptación y de capacidad administrativa que ha alcanzado Lituania en el momento actual, y sus realizaciones en la ejecución de los compromisos contraídos en las negociaciones, la Comisión considera que Lituania será capaz de asumir las obligaciones de la adhesión con arreglo al calendario proyectado. En el período inmediatamente anterior a la adhesión, Lituania deberá proseguir sus preparativos, con arreglo a los compromisos contraídos en las negociaciones para la adhesión.

Malta

En repetidas ocasiones la Comisión ha llegado a la conclusión de que Malta cumple los criterios políticos. Ésa ha sido también la conclusión de los anteriores informes periódicos, confirmada de nuevo el año pasado. Malta continúa cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Malta ha adoptado nuevas medidas para mejorar la calidad del funcionariado y la del sistema judicial.

El país continúa respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ha progresado en la mejora de su marco legislativo en los ámbitos del asilo, la lucha contra el racismo y la lucha contra el tráfico de seres humanos.

Tiene una economía de mercado en funcionamiento y debería poder hacer frente a la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en el seno de la Unión.

La actualización de 1999 del Dictamen reconoció los esfuerzos de reforma económica emprendidos por las autoridades maltesas para preparar al país para la adhesión a la UE. Posteriormente al Dictamen se ha mantenido el compromiso de las autoridades maltesas respecto de los requisitos económicos para la adhesión.

Todavía puede progresar en la gestión macroeconómica, reduciendo el déficit general público y reformando el gasto público para garantizar una sostenibilidad fiscal a medio plazo. También puede progresar en la reestructuración de grandes empresas y servicios públicos que en la actualidad sufren pérdidas económicas. Se debería prestar atención a la supervisión de los préstamos no rentables en el sector bancario

Desde la actualización de 1999 del Dictamen, Malta ha progresado considerablemente en la adaptación de su legislación al acervo comunitario y ha mejorado de manera sensible su capacidad administrativa, sobre todo en lo que se refiere a la libre circulación de mercancías, a estadísticas, telecomunicaciones, política regional, justicia y asuntos de interior y control financiero. Ha habido progreso, si bien desigual, en todas las restantes áreas del acervo.

Durante el pasado año, Malta ha progresado de modo considerable en el ámbito legislativo en las áreas de libre prestación de servicios, medio ambiente y aduanas, y aún más en otras áreas, sobre todo en lo referente a la libre circulación de mercancías, la libre circulación de personas y la estadística. Ha continuado mejorando su capacidad administrativa, sobre todo en las áreas de normalización y vigilancia del mercado, estadística, política regional, justicia y asuntos de interior, aduanas y control financiero pero el progreso ha sido limitado en las áreas de agricultura, pesca, transporte y política social

En conjunto, Malta ha conseguido un buen grado de adaptación al acervo en muchas áreas y ha avanzado hacia la adecuada capacidad administrativa para aplicar dicho acervo en muchos ámbitos, aunque todavía debe hacer esfuerzos, sobre todo en lo que se refiere a agricultura y medio ambiente. Se han acordado planes detallados, en particular en las negociaciones y en los Planes de Acción, para cubrir las lagunas restantes.

En el ámbito del mercado interior se han realizado considerables progresos legislativos en la libre circulación en mercancías, y Malta ha alcanzado un elevado nivel de adaptación al acervo en este ámbito. Debe llevar a término la adaptación de su legislación relativa a la contratación pública en lo tocante al sistema de recursos y a los organismos de derecho público. Su capacidad administrativa es, en general, adecuada en esta área. En lo que se refiere a la libre circulación de las personas, se ha progresado en la adopción de un marco legislativo para el reconocimiento mutuo de los diplomas profesionales pero está aún incompleta la adaptación en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y de la libre circulación de los trabajadores. Malta ha continuado progresando en la libre circulación de servicios y de capitales, en todo el que se refiere a servicios financieros y a la protección de datos; sin embargo, será necesario todavía un esfuerzo de adaptación legislativa, sobre todo en lo relativo al derecho de establecimiento y a la libertad de prestación de servicios. En el área del derecho de sociedades, se ha progresado poco durante el último año y Malta todavía necesita transponer algunas directivas sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial para alinearse plenamente con el acervo. En lo que se refiere a la competencia, Malta ha realizado nuevos progresos en la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales, pero todavía necesita adoptar un marco adecuado para las empresas públicas. Se habrá de garantizar la compatibilidad de la ayuda concedida a los astilleros. La capacidad administrativa del Tribunal de la Competencia y de la Autoridad de Vigilancia para Supervisión de las Ayudas Estatales alcanzará un nivel satisfactorio si se continúan los esfuerzos para apoyar a estos dos organismos.

En el ámbito fiscal, Malta ha conseguido un elevado nivel de adaptación en lo referente a los impuestos sobre consumos específicos, pero se necesitarán nuevos esfuerzos en lo que se refiere al IVA (ámbito de las transacciones exentas) y el código de conducta de la imposición directa. La capacidad administrativa está en vías de alcanzar un nivel adecuado en lo que se refiere al IVA y a los impuestos directos, pero se necesitan urgentemente esfuerzos en el ámbito de los impuestos sobre consumos específicos. En el área de aduanas, tras la adopción de un nuevo código aduanero, la legislación aduanera de Malta está ahora en línea con el acervo y la capacidad administrativa está camino de cumplir las exigencias en esta área.

En lo tocante al transporte, durante el último año se ha progresado, principalmente en el ámbito del transporte marítimo. Malta tendrá que transponer todavía considerables partes del acervo. A raíz de la aplicación del Plan de Acción Marítimo por parte de Malta, ha habido progresos en la seguridad marítima, pero habrá que fomentar aún más la capacidad administrativa y los esfuerzos en relación con la seguridad marítima para conseguir que el nombre de Malta sea eliminado de la lista negra del Memorándum de Acuerdo de París. El Plan de Acción Marítima introdujo algunas mejoras en esta área, pero los esfuerzos habrán de continuar. En el ámbito de la energía, Malta ha progresado en la transposición del acervo, sobre todo en la eficacia energética. Habrá que mantener los recientes progresos, sobre todo en el mercado interno de la energía, para alinear la legislación maltesa en esta área con el acervo. Se habrá de fomentar la capacidad administrativa.

En el área de la agricultura se han producido progresos legislativos, pero se ha avanzado poco en la capacidad administrativa. Malta tendrá que adoptar todavía partes considerables del acervo agrícola. La capacidad para aplicar el acervo sigue siendo fuente de preocupación en el área de la agricultura y habría que fomentarla como cuestión prioritaria. En particular, Malta deberá mejorar su capacidad administrativa para aplicar la Política Agrícola Común y los sistemas comunitarios de desarrollo rural y deberá mejorar los procedimientos de inspección en los ámbitos veterinario y fitosanitario, así como los procedimientos de inspección en las fronteras. Se han adoptado medidas para establecer el Sistema Integrado de Control Administrativo (IACS) y el Organismo Liquidador y se han consagrado fondos a mejorar la capacidad administrativa en el área del desarrollo rural. Sin embargo, todavía no existe un plan general de fomento de la capacidad administrativa en esta área. Habrá que continuar los esfuerzos en esta dirección y también continuar la supresión de los derechos de importación. En cuanto a la pesca, Malta necesita también llevar a término la adaptación de su legislación al acervo y aplicar totalmente sus planes para una mejora sustancial de su capacidad administrativa. Los actuales planes de fomento del departamento de pesca son pasos en la dirección adecuada, pero se requieren todavía nuevos esfuerzos sustanciales al respecto. Malta ha progresado en el área de la política social, sobre todo en salud y seguridad en el trabajo. La alineación con el acervo es insuficiente en los ámbitos de derecho laboral e igualdad de oportunidades. Malta está en vías de conseguir una adecuada capacidad de aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo si continúa los actuales esfuerzos, pero se necesita una mayor capacidad en lo que se refiere a la salud pública. Se ha experimentado un progreso continuado en el área de la política regional, en el que se ha instituido un marco general para aplicar los fondos estructurales y los de cohesión, pero Malta necesita todavía finalizar el Documento Único de Programación en lo referente a la capacidad administrativa; habrá que reforzar algunos organismos encargados de la aplicación. En lo tocante al medio ambiente, se han realizado considerables progresos legislativos, pero Malta todavía deberá aplicar un estricto programa de adaptación al acervo. También debería fomentar de modo sensible su capacidad administrativa en el ámbito del medio ambiente, ámbito en el que continúa siendo muy escasa. A estos efectos, es crucial que Malta ponga en práctica su plan de aumentar el personal de los organismos competentes en esta área (sobre todo, la Autoridad de Planificación y Medio Ambiente de Malta) y de reforzar las prácticas de expedición de permisos medioambientales y de inspección. Habrá que seguir estrictamente este plan. Malta ha alcanzado un buen nivel de incorporación del acervo en el ámbito de las telecomunicaciones, aunque será necesario progresar aún más, así como en el ámbito de la cultura y la política audiovisual; la capacidad administrativa de Malta en estas áreas es, en términos generales, la adecuada. En el ámbito de justicia y asuntos de interior, se han realizado progresos, sobre todo el que se refiere al acervo en materia de asilo, protección de datos, política de visados y blanqueo de dinero, al igual que en la adopción de Plan de Acción de Schengen y en el fomento de la capacidad administrativa en las áreas de control de fronteras y asilo. Malta ha conseguido un buen nivel de incorporación del acervo pero se necesitan más progresos en los ámbitos de inmigración y cooperación judicial. La capacidad administrativa en esta área es en general adecuada pero se habrán de aplicar plenamente los actuales planes de fomento de esa capacidad en los ámbitos de protección de datos, blanqueo de dinero, asilo y control de fronteras.

En el ámbito del control financiero, el marco reglamentario y la capacidad institucional son ampliamente satisfactorios y sólo se necesita concentrar los esfuerzos en la compleción de las modalidades de la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros comunitarios. En el área de las estadísticas, la capacidad administrativa es adecuada en general y, si continúan los actuales esfuerzos, Malta está en camino de adaptar totalmente sus metodologías a los niveles comunitarios.

En términos generales, si Malta aplica sus planes para reforzar su capacidad administrativa como ya se ha mencionado, debería poder garantizar una adecuada aplicación del acervo y participar adecuadamente los procesos de toma de decisiones políticas de la Unión. La capacidad de Malta para garantizar una gestión de los fondos comunitarios sólida, eficaz y responsable es buena en general y deberá ser totalmente adecuada cuando se hayan llevado a la práctica los planes relacionados con el organismo que se encargará de la lucha contra el fraude y de la protección de los intereses financieros comunitarios.

En las negociaciones de adhesión se han cerrado provisionalmente 25 capítulos. Malta está cumpliendo en general los compromisos que contrajo en las negociaciones, si bien ha habido retrasos en las áreas de la libre circulación de las personas (derechos de los ciudadanos y libre circulación de los trabajadores), pesca (control de los navíos, política de mercado), agricultura (creación del Organismo Pagador), transportes (transporte por carretera y transporte marítimo) y política social (derecho laboral e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres). Deberá atenderse a estas cuestiones. Teniendo en cuenta el progreso realizado desde la actualización de 1999 del Dictamen, el nivel de adaptación y de capacidad administrativa conseguido por Malta hasta el momento y su trayectoria en el cumplimiento de los compromisos que contraídos en las negociaciones, la Comisión considera que Malta podrá asumir las obligaciones de la adhesión a la UE en el plazo previsto. En el periodo de tiempo que transcurrirá hasta el momento de la adhesión, Malta deberá continuar preparándose de acuerdo con los compromisos contraídos.

Polonia

En su Dictamen de 1997, la Comisión llegó a la conclusión de que Polonia cumplía los criterios políticos. Desde entonces el país ha realizado progresos considerables, consolidando y reforzando la estabilidad de sus instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección a las minorías, como se pudo confirmar el año pasado. Polonia sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

El refuerzo de la capacidad administrativa en la función pública es un tema de especial importancia en el que se han conseguido logros recientemente y en el que debe seguir trabajándose. La Ley de la Función Pública de 1999 ha tenido unos efectos limitados, debido a la suspensión temporal del sistema de contratación mediante concursos públicos. Es fundamental implementarla a un ritmo más acelerado, especialmente en lo que respecta a la contratación, para garantizar la existencia de una función pública independiente, bien formada y motivada en el momento de la adhesión.

Polonia ha avanzado en la reforma del sistema judicial y en el establecimiento de las condiciones necesarias para reducir los bloqueos más acuciantes. Habrá que centrarse ahora en velar por que los progresos realizados hasta la fecha consigan el resultado perseguido, un sistema judicial más eficiente. Se están abordando los temas relacionados con la inmunidad judicial, que deberán seguirse estrechamente. Habrá que conceder prioridad asimismo a la formación de los jueces, especialmente en Derecho Comunitario ya que, aunque se está trabajando en ello, es necesario establecer un programa viable y estructurado de formación.

La corrupción sigue siendo muy preocupante y se ha adoptado una estrategia global para luchar contra ella. Habrá que realizar grandes esfuerzos para conseguir resultados concretos, ya que hasta ahora no se ha avanzado demasiado y, especialmente, para desarrollar una cultura política, administrativa y empresarial contraria a la corrupción.

Polonia continúa respetando las libertades y los derechos humanos.

El Dictamen de 1997 reconocía ya los esfuerzos generales de reforma emprendidos por las autoridades polacas para transformar la economía. Desde entonces, y en un entorno económico internacional problemático, los resultados económicos han mejorado. Se ha conseguido la estabilidad macroeconómica, han continuado las reformas y las autoridades han mantenido su compromiso de adaptarse a los requisitos económicos necesarios para la adhesión a la UE.

En consecuencia, puede afirmarse que Polonia es una economía de mercado en funcionamiento que, si sigue por la vía de sus reformas actuales, será capaz de hacer frente a las presiones de la competencia y a las fuerzas de mercado en el interior de la Unión.

La política financiera mejorará gracias a la aplicación de la nueva normativa de gastos del Gobierno en todos los niveles, como parte de una reforma estructural más general de las finanzas públicas en apoyo de la consolidación fiscal. Por otra parte, hay que finalizar el proceso de reestructuración y privatización, especialmente en la industria pesada, el sector financiero, la distribución de energía y la agricultura. También deben mejorarse los procedimientos de quiebra y el catastro inmobiliario. Por último, hay que preservar la independencia del Banco Central, a fin de garantizar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversores.

Tras unos comienzos lentos, a partir de la elaboración del Dictamen, Polonia ha acelerado la aprobación de legislación. La inmensa mayoría del acervo en Derecho Primario ya está en vigor, aunque algunos sectores presentan lagunas considerables en cuanto a la normativa de aplicación (medio ambiente, seguridad de los alimentos y cuestiones veterinarias). Desde 1997 la capacidad administrativa ha progresado, aunque no en la misma medida que la adaptación de la legislación.

Durante el pasado año Polonia ha continuado aproximando su legislación al Derecho Primario, especialmente en materia de transportes y libre circulación de personas. El ritmo de aprobación de las normativas de aplicación varía considerablemente según los sectores, lo que se refleja en el desarrollo de la capacidad administrativa.

En general, Polonia ha alcanzado un nivel notable de adaptación de su legislación al acervo en muchos ámbitos, en los que pronto contará con la capacidad administrativa necesaria para aplicarlo. No obstante, aún debe mejorar la capacidad administrativa general y concentrarse en aplicar el acervo en una serie de sectores. Se han acordado planes detallados en el ámbito de las negociaciones y del Plan de Acción para solucionar las deficiencias que todavía persisten.

Respecto al mercado interior, en los últimos dos o tres años se han conseguido progresos notables en la libre circulación de mercancías, especialmente mediante la elaboración de la legislación marco correspondiente y el desarrollo de la infraestructura institucional necesaria para su aplicación. Hasta la fecha se ha adaptado una gran parte de la legislación primaria y se ha conseguido una capacidad administrativa razonable. Hay que continuar el proceso legislativo en materia de vigilancia del mercado, mediante el desarrollo de la capacidad administrativa. Respecto a la seguridad de los alimentos, no se ha aprobado la normativa de aplicación que se pedía en el último Informe Periódico, y la capacidad administrativa sigue siendo insuficiente. Hay que garantizar también la creación de las estructuras necesarias para aplicar el acervo en materia de compras del sector público. En cuanto a la libre circulación de personas el país ha conseguido, en general, un alto grado de adaptación al acervo con la capacidad administrativa correspondiente. Lo mismo puede decirse respecto a la libre circulación de servicios, aunque todavía hay que mejorar la legislación sobre bancos, seguros y valores, para lo que se ha acordado un procedimiento. Tras el informe del grupo paritario, Polonia ha elaborado un plan de acción, aunque todavía persisten algunos problemas, como requisitos lingüísticos discriminatorios, problemas en las estructuras administrativas y la independencia de las estructuras de supervisión. Se han conseguido progresos notables, tanto legislativos como en las estructuras administrativas, en materia de libre circulación de capitales. Polonia ha conseguido adaptarse en gran medida al acervo en el ámbito del Derecho de Sociedades y está reforzando gradualmente su capacidad administrativa, que ya ha alcanzado un nivel razonable excepto en lo que respecta a la capacidad de aplicación de la legislación sobre propiedad intelectual. Es esencial solucionar esta situación para garantizar una aplicación eficaz. Prácticamente ya se ha adaptado toda la legislación en materia de competencia, si bien quedan algunas lagunas respecto a las ayudas de Estado que se están intentando solucionar para conseguir una aplicación correcta. Habrá que continuar e intensificar estos trabajos, centrándose de forma específica y urgente en la reestructuración del sector siderúrgico, al que sólo podrá ayudarse si se consigue elaborar un programa general aceptable de reestructuración, con medidas que garanticen la viabilidad y los recortes necesarios de la capacidad de producción.

Desde la elaboración del Dictamen, Polonia ha conseguido progresos notables en la adaptación de su legislación al acervo en materia de telecomunicaciones y en la liberalización del mercado. Durante el año pasado ha mejorado la aplicación de la legislación vigente; ahora debe continuar adaptando su legislación y deberá evaluar las implicaciones económicas de la plena aplicación del acervo relativo a los servicios universales.

Aunque ya se ha adaptado prácticamente toda la legislación relativa a la UEM, todavía hay que introducir las modificaciones necesarias para garantizar la independencia del Banco Central, tal y como establece el acervo.

Se ha avanzado en la aproximación de la fiscalidad indirecta. En términos generales, Polonia ha conseguido un nivel razonable de adaptación al acervo y ha desarrollado moderadamente su capacidad de aplicación. Aún queda bastante por hacer para establecer sistemas que permitan el intercambio de datos informatizados entre la CE y Polonia en el momento de la adhesión. Lo mismo puede afirmarse respecto a las aduanas, donde la adaptación de la legislación ha sido notable pero la capacidad administrativa todavía presenta deficiencias. Si se pretende respetar los plazos previstos, habrá que realizar un esfuerzo considerable para poner en marcha la infraestructura necesaria de tecnologías de información. A este fin, habrá que acelerar con carácter urgente los trabajos de informatización e interconectividad y solucionar los trastornos provocados por la organización del servicio central de aduanas. Se han tomado medidas para conseguir la financiación necesaria, pero hay que seguir muy de cerca este tema y la Comisión tiene previsto presentar un informe sobre los progresos al final del primer semestre de 2003. Es necesario finalizar también la adaptación de la legislación aduanera, especialmente mediante la aprobación de las modificaciones al código aduanero que se está elaborando actualmente.

Hay que continuar modificando la política, la legislación y las estructuras del sector agrícola, cuya situación general tanto en lo que respecta a la adaptación de la legislación como, especialmente, a la capacidad administrativa es bastante deficiente, aunque se ha avanzado algo en legislación primaria. En el ámbito de los servicios veterinarios no han continuado los progresos realizados en los años anteriores, lo que requiere una intervención urgente. Se han intentado solucionar algunas deficiencias administrativas, pero habrá que intensificar los trabajos, sobre todo a escala regional, para conseguir repercusiones significativas. Habrá que mejorar considerablemente las instalaciones y garantizar unos dispositivos de inspección adecuados en las fronteras. Para poder gestionar y controlar eficazmente los sistemas de ayuda de la PAC, Polonia deberá contar con un sistema integrado de administración y control (IACS). Así lo reconocen las autoridades polacas, que están trabajando en ello, pero deberán acelerar considerablemente el proceso.

La adaptación de la legislación en materia de pesca sigue un ritmo moderado, con algunos progresos legislativos e intentos de reforzar la capacidad administrativa central, pero la capacidad regional sigue siendo deficiente. Habrá que trabajar más para cumplir los objetivos fijados en el Plan de Acción.

El grado de adaptación en el ámbito social varía considerablemente según los sectores. Se ha empezado a reforzar la capacidad para aplicar el acervo, pero habrá que intensificar los trabajos insistiendo especialmente en la adaptación y la aplicación de la legislación laboral comunitaria y del acervo sobre seguridad e higiene en el trabajo. La aprobación de la legislación pendiente contribuirá notablemente a la adaptación en este sector. Se han realizado progresos legislativos respecto a la política regional. Habrá que implementar los planes de aplicación en el calendario previsto y reforzar más la capacidad administrativa, incluida la cooperación interministerial. Para ello habrá que cumplir lo antes posible los objetivos expuestos en el Plan de Acción. Deberá prestarse especial atención a la preparación técnica de los proyectos elegibles para recibir financiación comunitaria. Polonia deberá aplicar debidamente los planes relativos a la implementación y la capacidad administrativa, incluido el aumento de personal en los organismos de gestión y pago.

El país ha seguido adaptando su legislación primaria en materia de medio ambiente, que ya está muy avanzada. Es necesario aprobar e implementar la normativa de aplicación correspondiente junto con la capacidad administrativa necesaria, especialmente en el nivel regional. Puesto que la capacidad administrativa es limitada, habrá que centrarse en el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Acción. Asimismo, es esencial conseguir una inversión adecuada, tal y como lo exigen los planes de inversión en materia de medio ambiente.

En materia de energía se ha conseguido un buen nivel de adaptación y la capacidad administrativa es adecuada. Todavía hay que adaptar más la legislación al acervo, especialmente en lo que respecta al mercado interior de la energía (sobre todo para el gas). La legislación sobre transportes avanza correctamente, y ahora habrá que centrarse en la elaboración de la normativa de aplicación correspondiente y el refuerzo de la capacidad administrativa para implementarla. El Plan de Acción fija una serie de objetivos a este respecto.

Los progresos en materia de justicia y asuntos de interior se refieren especialmente a la policía de fronteras y a la gestión de las fronteras. Se ha mejorado la situación de los organismos encargados de aplicar la legislación en materia de lucha contra el crimen organizado y los estupefacientes, especialmente en los servicios policiales. Habrá que intensificar los trabajos en este ámbito y asignar unos recursos adecuados, humanos y financieros, para aplicar el Plan de acción de Schengen y otras estrategias, a fin de contar con la capacidad administrativa necesaria para aplicar el acervo. En términos generales, la adaptación al acervo es buena pero la capacidad administrativa no ha avanzado al mismo ritmo.

Se han constatado progresos legislativos en lo que respecta al control financiero, que está razonablemente adaptado al acervo. El principal reto sigue siendo establecer los mecanismos de control necesarios para conseguir una adaptación plena (control interno de las finanzas públicas y protección de los intereses financieros de la CE), finalizar y reforzar la estructura institucional necesaria y avanzar sustancialmente en la gestión de la financiación de preadhesión y en el establecimiento de las estructuras y la capacidad administrativa necesaria para la aplicación futura de los fondos estructurales, especialmente en lo que respecta al control financiero interno. Ello requerirá la plena aplicación del Plan de Acción.

Aún existen disparidades entre los avances en la adaptación de la legislación y el refuerzo de la capacidad administrativa. Hay que seguir trabajando en el establecimiento, o el refuerzo, general de la capacidad administrativa, sobre todo respecto a la vigilancia del mercado, la agricultura y la seguridad de los alimentos, la pesca, la política regional, el sector social, el medio ambiente, las aduanas y los asuntos de justicia e interior. Deberá prestarse especial atención a las estructuras necesarias para implementar aquellas partes del acervo que sólo serán aplicables a partir de la fecha de adhesión, centrándose sobre todo en los aspectos esenciales para la gestión correcta y eficaz de los fondos comunitarios.

Durante las negociaciones de adhesión se han cerrado provisionalmente 27 capítulos. En general, Polonia está cumpliendo los compromisos asumidos en las negociaciones, aunque se han producido retrasos en la agricultura (aplicación del sistema de identificación y registro de animales), la pesca (aprobación de legislación en materia de gestión de recursos, inspección y control, así como en política de mercado), el medio ambiente (aprobación de la normativa de aplicación en materia de calidad del agua, control de la contaminación industrial, gestión de riesgos y productos químicos). Es necesario solucionar estos temas.

Teniendo en cuenta los avances realizados desde la publicación del Dictamen, el nivel conseguido en la adaptación de su legislación y en su capacidad administrativa en este momento y sus antecedentes en el cumplimiento de sus compromisos, la Comisión considera que Polonia estará en situación de asumir las obligaciones derivadas de la adhesión con arreglo al calendario previsto. En el periodo previo a su adhesión el país deberá seguir preparándose con arreglo a sus compromisos en las negociaciones de adhesión.

Rumania

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Rumania reunía los criterios políticos. Desde ese momento, el país ha avanzado en la consolidación y estabilización de las instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Ello se ha confirmado a lo largo del pasado año: Rumania sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Se ha tomado una importante iniciativa al lanzar un amplio programa de reformas administrativas, cuya ejecución debe considerarse como prioritaria. Se han conseguido grandes avances en la toma de decisiones acerca de la desmilitarización de la policía, lo que supondrá un incremento de la responsabilidad pública de los agentes de policía, si bien es necesario seguir garantizando que estas medidas son proporcionadas al fin que persiguen. Se han creado estructuras institucionales adecuadas para luchar contra la corrupción, que sigue siendo motivo de honda preocupación, pero aún no se han visto las repercusiones de tal actuación.

Cabe aún mejorar los procesos de toma de decisiones y los procedimientos legislativos, sobre todo reduciendo la dependencia que tiene el gobierno de los decretos de emergencia e incrementando la capacidad del Parlamento para instruir los casos. La reforma del sistema judicial se ha visto limitada por la escasez de recursos, razón por la que el poder ejecutivo sigue influyendo en los asuntos judiciales. Para tratar de atajar estos problemas, debe darse prioridad política a la reforma judicial y diseñar una estrategia para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.

Rumania sigue respetando los derechos humanos y las libertades; ha avanzado mucho en la protección de los niños, ha reducido el número de niños que viven en centros de acogida y ha mejorado las condiciones de vida reales. Asimismo se ha avanzado en la defensa del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se han creado estructuras para reducir el tráfico de seres humanos y se ha establecido el marco institucional para luchar contra la discriminación. Si bien se ha puesto en marcha un sistema de libertad bajo fianza, cabe decir que las condiciones de vida en las instituciones penitenciarias siguen siendo precarias. Es necesario adoptar otras medidas para reforzar la libertad de expresión.

En cuanto a las minorías, se han producido cambios positivos importantes, tales como la aplicación de leyes para ampliar el uso oficial de las lenguas minoritarias, que se ha hecho con relativa facilidad. Se ha avanzado en la aplicación de la Estrategia Nacional para la mejora de las condiciones de la población romaní, que se propone combatir eficazmente la discriminación contra esta minoría y mejorar sus condiciones de vida, si bien será necesario asignar más recursos financieros para seguir avanzando.

El país ha avanzado hacia una economía de mercado en funcionamiento, aspecto que ofrece mejores perspectivas. Si se mantiene la aplicación de las medidas programadas junto con la consecución del programa de reformas, Rumania podrá hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo.

En el aspecto de la estabilidad macroeconómica se han conseguido éxitos importantes en los últimos años gracias a una acertada combinación de medidas con las que está disminuyendo la inflación, al tiempo que se ha reanudado el crecimiento y la posición externa permanece sostenible. Se han realizado avances notables en la tan necesaria creación de instituciones propias de una economía de mercado. Se ha conseguido un mayor rigor en la disciplina financiera de las empresas a través de la revisión del sector bancario actualmente en curso, las sucesivas mejoras en el marco supervisor y regulador de los mercados financieros y los progresos conseguidos en la privatización. El pasado año, la liberalización de los precios y del comercio se acompañó de una importante adaptación de las tarifas aplicadas a la energía.Las reformas en el sistema fiscal han preparado el terreno para una mejor asignación de recursos. La reestructuración se está implantando en unos cuantos sectores.

Para seguir por esta vía, las autoridades deben dar prioridad a conseguir buenos resultados en la estabilización macroeconómica a partir de una mayor reducción de la inflación, lo que se conseguirá mediante una adecuada combinación de medidas y extremando la aplicación de la disciplina financiera a las empresas. Deben respetarse los compromisos en materia de restricción del total de la masa salarial en el sector público; es necesario supervisar el reciente claro aumento del dinero en circulación y el crédito, así como estar dispuesto a adoptar medidas rápidas. Para conseguir la disciplina financiera en las empresas se requiere mejorar la administración fiscal y el cumplimiento de los requisitos, una aplicación coherente y transparente de las últimas medidas para reducir los atrasos acumulados por los usuarios de la energía, un uso decidido de las disposiciones jurídicas últimamente aprobadas para acelerar la privatización, y una buena disposición para liquidar las empresas generadoras de pérdidas. Entre los factores que contribuirían a la formación de una economía de mercado en funcionamiento y al desarrollo de la capacidad de Rumania para enfrentarse a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado está llevar a cabo la privatización del sector bancario, continuar la reforma del gasto público y los procedimientos presupuestarios y aplicar marcos normativos y jurídicos. Desde el Dictamen de 1997, Rumania no ha dejado de avanzar en la adopción del acervo, pero en muchos ámbitos se ha producido una falta de sincronía entre la transposición de las leyes y la limitada capacidad de la administración rumana para aplicar la legislación que se acaba de adoptar.

A lo largo del pasado año, Rumania ha logrado imprimir un ritmo acelerado al proceso de transposición legislativa y seguir trabajando, si bien a menor ritmo, en la creación de las estructuras administrativas que requiere la aplicación del acervo.

En términos generales, y teniendo en cuenta la fecha para la adhesión del país a la UE, se puede decir que Rumania ha avanzado de forma razonable en la adaptación de la legislación nacional al acervo en multitud de ámbitos. El desarrollo de la capacidad administrativa hace necesaria una reforma estructural de envergadura tanto en la administración pública como en el sistema judicial.

En cuanto al mercado interior, la legislación marco sobre el Nuevo Enfoque y el Enfoque Global ha permitido imprimir un ritmo más fuerte a la adaptación al acervo específico en materia de libre circulación de mercancías y se ha avanzado en la instauración de organismos para administrar el acervo. Conviene seguir centrándose en la mejora de la normalización y certificación, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de mercados, la reestructuración del sistema de control de los alimentos, y en la aplicación de la legislación en materia de contratación pública. Se han sentado las bases para proceder en lo referente a la libre circulación de personas, si bien es necesaria una mayor transposición para abordar las insuficiencias en el ámbito del reconocimiento mutuo y un reforzamiento de la capacidad administrativa en todos los sectores. Ha habido un gran empeño por facilitar la libre circulación de servicios, aunque sigue siendo necesario respaldar el marco institucional de reciente creación para la supervisión de los servicios financieros. En el ámbito de la libre circulación de capitales ha seguido su curso la liberalización; Rumania se ha comprometido a respetar un calendario para desmantelar los controles en el mercado bursátil y otras restricciones a la libre circulación de capitales. Hay que seguir trabajando para revisar el marco jurídico en materia de blanqueo de dinero. Rumania ha adoptado la mayor parte del acervo sobre el derecho de sociedades, pero sigue siendo un problema el nivel de piratería y falsificación que reclama una aplicación estricta de las leyes en la materia. En cuanto a competencia, se ha avanzado en la transposición del acervo, sobre todo en lo que atañe a la legislación antimonopolio, si bien hay que mejorar la ejecución de las leyes respecto de las ayudas estatales y las leyes antimonopolio. Es fundamental supervisar de cerca la reestructuración del sector siderúrgico.

Rumania ha mantenido un ritmo constante en la adaptación al acervo sobre fiscalidad; no obstante, se deben hacer más ajustes ya que sigue siendo limitada la capacidad para aplicar la legislación en materia contributiva. A pesar de un alto grado de armonización con el acervo aduanero, hay que continuar haciendo una adaptación de las leyes en esta materia y reducir los niveles de corrupción dentro de la administración aduanera. Interesa seguir trabajando en el desarrollo de sistemas informáticos que permitan el intercambio de datos informatizados entre Rumania y la CE. Con el fin de desarrollar una política industrial y promover el establecimiento de PYME, es necesario simplificar y dar estabilidad al entorno empresarial. Se ha acelerado el ritmo en la adaptación del acervo sobre política agraria, a pesar de que no ha estado acompañado de una creación de estructuras administrativas que permitan aplicar el acervo de manera efectiva debido a la lenta introducción de las reformas estructurales. Conviene mejorar los procedimientos de inspección en el sector fitosanitario y, con mayor urgencia en el sector veterinario. En el terreno de la pesca, Rumania ha adoptado la legislación marco necesaria, pero se han producido retrasos en la creación de las estructuras administrativas requeridas a tal efecto.

Por lo que se refiere a la política social y de empleo, se ha avanzado de alguna manera pero queda muchísimo por hacer en cuanto a la transposición de leyes en el ámbito del derecho del trabajo, la igualdad de oportunidades y la seguridad e higiene en el trabajo.

En cuanto a la política regional se ha progresado poco y Rumania no cuenta aún con una política de cohesión consolidada. Se ha empezado a desarrollar la capacidad administrativa, pero hay que seguir diseñando sistemas de gestión y aplicación.

En el sector del transporte, Rumania presenta buenos progresos en lo referente al transporte por carretera y ferrocarril, un avance modesto en el transporte aéreo, y muy escaso en el caso de la seguridad marítima. Las cuestiones clave residen en la creación de instituciones que permitan la aplicación de la legislación adoptada últimamente y en la garantía de contar con fondos para proceder a las cuantiosas inversiones que requiere la aplicación del acervo. No obstante los avances en cuanto a la adaptación legislativa, tienen aún que abordarse cuestiones estructurales en el sector de la energía y consolidarse las nuevas estructuras. Por lo que atañe a la legislación medioambiental, aunque se ha transpuesto una gran parte del acervo, el país sigue sin contar con los recursos financieros y administrativos para llevarla a cabo. Interesaría centrarse menos en la adaptación legislativa y más en el desarrollo de la capacidad de aplicación y en asegurarse fondos para la inversión en este terreno. Se ha proseguido con la adaptación al acervo sobre protección de los consumidores, aspecto en el que se cuenta con estructuras pero en el que cabe intensificar la cooperación interinstitucional.

Se han producido constantes avances en la adaptación del acervo de telecomunicaciones y en la preparación para liberalizar los mercados postales y de las telecomunicaciones. A partir de ahora se debe insistir en convertir la recién creada administración de control en un organismo que sea verdaderamente eficiente e independiente, y en evaluar las repercusiones económicas de una plena aplicación del acervo universal sobre servicios. Rumania ha empezado a llevar a cabo reformas estructurales en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, si bien queda mucho por hacer en materia de aproximación de las legislaciones y, sobre todo, respecto del refuerzo de la capacidad administrativa y judicial. No obstante las reformas que se han producido recientemente, como la adopción del Plan de Acción sobre Schengen, la eficiencia de la totalidad de las fuerzas policiales es aún muy limitada y la gestión y las infraestructuras fronterizas demandan mejoras. Hay que seguir insistiendo en mejorar la eficiencia del sistema judicial.

En cuanto al ámbito de relaciones exteriores, se han ido eliminando las barreras comerciales, alcanzando el país un alto nivel de adaptación al acervo. Se ha avanzado en el terreno del control financiero y se están introduciendo sistemas de gestión de control financiero modernos. Conviene seguir protegiendo los intereses financieros de la Comunidad, reforzando la capacidad administrativa respecto del control financiero interno en el sector público, y protegiendo la independencia del Tribunal de Cuentas.

La capacidad de la administración pública para aplicar el acervo sigue siendo limitada, por lo que constituye un importante obstáculo en los preparativos para la adhesión de Rumania, ya que mientras determinadas partes de la administración son capaces de funcionar de manera eficaz hay otros muchos sectores con deficiencias preocupantes. Esta preocupación va más allá de la mera adopción del acervo y también se aplica para la gestión de la ayuda financiera de la CE. El gobierno ha empezado a abordar ésta cuestión anunciando un importante programa de reformas, pero éstas se hallan en una fase inicial y tienen aún que llevarse a cabo.

En las negociaciones para la adhesión, se han cerrado provisionalmente trece capítulos. Los compromisos adquiridos en las negociaciones están pensados con vistas a la adhesión en 2007 y generalmente se están cumpliendo.

Eslovaquia

Contrariamente al Dictamen de 1997 y el Informe periódico de 1998, el Informe realizado en 1999 señalaba, por primera vez, que Eslovaquia cumplía los criterios políticos. Desde entonces, el país ha seguido consolidando y asentando con éxito la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, tendencia que se ha confirmado a lo largo del año pasado. Eslovaquia sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Se ha mejorado la estructura y el funcionamiento de la administración gracias, entre otras cosas, a la creación de una Oficina de la administración pública y de administraciones regionales descentralizadas. El retraso registrado en la aplicación de la ley de la función pública puede poner en peligro el funcionamiento de la autogestión, pues la transferencia de competencias del Estado a las regiones no se efectúa al mismo ritmo que la descentralización fiscal.

Se han adoptado otras medidas importantes para incrementar la independencia del sistema judicial, entre las cuales figura la adopción de la legislación fundamental y la creación de un consejo judicial. Deberá hacerse un uso exhaustivo de la legislación y las instituciones nuevas para garantizar la imparcialidad profesional y la neutralidad política del sistema judicial.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, que sigue suscitando serias preocupaciones, se han seguido aplicando planes específicos de acción y se han elaborado códigos deontológicos para el sector público. El país deberá proseguir en esta línea.

Eslovaquia sigue respetando los derechos humanos y las libertades.

En particular, se ha consolidado la legislación y la administración para luchar contra el tráfico de seres humanos. Se ha aprobado una ley sobre asilo, que dispone, entre otras cosas, la creación de un órgano independiente de segunda instancia para el procedimiento de asilo.

Se ha hecho mucho por desarrollar y aplicar medidas de protección de los derechos de las minorías. En concreto, se ha activado la Oficina del plenipotenciario gubernamental para los asuntos relativos a la población romaní, se ha consolidado la estrategia correspondiente y se ha incrementado la dotación económica. Para luchar eficazmente contra la discriminación y mejorar las condiciones de vida de la comunidad romaní, Eslovaquia debe conceder carácter prioritario a esta línea de actuación. A este respecto, la adopción de una legislación general antidiscriminación sería fundamental.

Desde el Dictamen de 1997, que ya tomaba nota de la reforma emprendida por las autoridades eslovacas para transformar la economía nacional, la situación ha mejorado, pese a la difícil coyuntura económica internacional. Además de lograr una estabilidad macroeconómica, las autoridades eslovacas han acelerado las reformas y se han esforzado por ajustarse a los requisitos económicos para la adhesión a la UE.

Así pues, cabe concluir que la República Eslovaca es una economía de mercado en funcionamiento y que, si sigue adelante con sus reformas, estará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas de mercado en la Unión.

La situación macroeconómica debería mejorarse adoptando urgentemente medidas para reducir el déficit fiscal y de la balanza por cuenta corriente. Es indispensable reformar el gasto público, sobre todo en el ámbito de la sanidad, las pensiones, las subvenciones y las garantías. Para hacer frente al problema del desempleo, se requiere toda una serie de reformas estructurales, incluida la eliminación de los desincentivos propios del sistema de protección social y la implantación de una legislación laboral más flexible. Cabría intensificar la vigilancia del sector financiero y reforzar la aplicación efectiva del marco jurídico para la economía de mercado.

Desde el Dictamen, Eslovaquia ha realizado progresos considerables en la adaptación legislativa al acervo y el incremento de la capacidad administrativa y se ha esforzado por paliar en gran medida las deficiencias estructurales que subsisten en sectores como el Derecho de sociedades, la política de transportes, el medio ambiente y el control financiero.

En los últimos doce meses, Eslovaquia ha seguido adaptándose al acervo e incrementando su capacidad administrativa, sobre todo por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, la libre prestación de servicios, la agricultura, el transporte, la energía, el medio ambiente y la justicia y asuntos de interior. La capacidad administrativa permanece limitada en ámbitos como la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales.

En conjunto, Eslovaquia ha conseguido un alto grado de adaptación al acervo en numerosos ámbitos en los que, si sigue esforzándose, logrará la capacidad administrativa necesaria para aplicarlo íntegramente a tiempo para la adhesión. Se han elaborado planes detallados en el marco de las negociaciones y del plan de actuación para colmar las lagunas pendientes.

Por lo que respecta al mercado interior, Eslovaquia ha alcanzado un buen grado de adaptación y dispone de gran parte de las capacidades administrativas necesarias. En cuanto a la libre circulación de mercancías, la adaptación está prácticamente terminada y la capacidad administrativa disponible. Los organismos eslovacos de normalización y acreditación funcionan correctamente. Debe completarse la incorporación del acervo relativo a los productos alimenticios y consolidarse las estructuras administrativas correspondientes, en concreto, creando una infraestructura apropiada para supervisar el mercado y reforzando las estructuras de contratación pública. En el ámbito de la libre circulación de personas los preparativos se encuentran, por lo general, bastante avanzados, si bien debe completarse la legislación relativa al reconocimiento mutuo de cualificaciones y reforzarse la capacidad administrativa de cara a la futura coordinación de los regímenes de seguridad social. En los últimos doce meses, los considerables progresos realizados en el ámbito de la libre prestación de servicios se refieren sobre todo a los servicios financieros. El nivel alcanzado en este sector es satisfactorio, pero Eslovaquia debe aún completar la adaptación, en particular en el sector de los seguros, y consolidar las estructuras administrativas, sobre todo por lo que respecta a la supervisión financiera. La adaptación en el ámbito de la libre circulación de capitales se encuentra bastante avanzada, si bien el país debe todavía reforzar la capacidad administrativa para luchar contra el blanqueo de dinero.

La adaptación del acervo relativo al Derecho de sociedades se encuentra bastante avanzada, al igual que los preparativos administrativos. En estos últimos doce meses, se han realizado progresos legislativos en relación con las marcas de productos, los diseños y las patentes. Deben reforzarse las estructuras administrativas para luchar contra la piratería y la falsificación. También en el ámbito de la política de competencia el país ha alcanzado un buen grado de adaptación y dispone de estructuras administrativas operativas. En los últimos doce meses, la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales ha mejorado considerablemente, si bien es cierto que las ayudas concedidas por Eslovaquia en el sector siderúrgico no son compatibles con el Protocolo nº 2 del Acuerdo Europeo. Debe incrementarse la capacidad administrativa en este ámbito y en el del antimonopolio.

Eslovaquia ha seguido incorporando y aplicando el acervo relativo a la agricultura. En particular, en los últimos doce meses ha alcanzado un buen grado de adaptación legislativa en el ámbito fitosanitario y veterinario. Por lo que respecta a la consolidación administrativa, deben construirse puestos fronterizos de inspección y garantizarse su buen funcionamiento, así como modernizarse los establecimientos de transformación de alimentos. Eslovaquia tendrá que esforzarse seriamente para crear un sistema integrado de gestión y control (SIGC) plenamente operativo, respetando el calendario establecido para paliar las deficiencias identificadas al respecto.

La adaptación legislativa y los preparativos administrativos en el sector de la energía proceden satisfactoriamente, pero debe aún incrementarse la capacidad administrativa general. Por lo que respecta a la energía nuclear, el país se comprometió a cerrar los dos reactores de Bohunice V1 antes de 2006 y 2008, respectivamente. Eslovaquia debe perfeccionar la tramitación de sus proyectos de desmantelamiento de dichos reactores. La política de transportes eslovaca se ha adaptado en gran medida al acervo y se ha reforzado considerablemente la capacidad administrativa, pero debe aún completarse la adaptación relativa al transporte ferroviario y fluvial, así como estrecharse la coordinación entre los diversos ministerios y organismos competentes.

Eslovaquia ha alcanzado un buen nivel de adaptación al acervo en materia de fiscalidad y está reformando la administración tributaria, si bien debe aún finalizar la adaptación relativa a la fiscalidad directa e indirecta, así como modernizar y consolidar la administración tributaria, dado el escaso nivel general de recaudación de impuestos. Eslovaquia dispone de un programa de reformas amplio y coherente para paliar las deficiencias identificadas. En cuanto a la unión aduanera, ha concluido la adaptación legislativa y dispone, en principio, de la capacidad administrativa necesaria, pero no debe descuidar el cumplimiento de la legislación incorporada. Los progresos realizados en el perfeccionamiento de sistemas informáticos que permitan intercambiar datos electrónicos con la Comunidad Europea y sus Estados miembros han sido considerables en el ámbito de la fiscalidad y las aduanas, pero no suficientes.

Pese a haberse alcanzado un buen nivel de adaptación en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y estarse creando estructuras administrativas, Eslovaquia debe seguir trabajando en estas dos direcciones y velar por separar debidamente la función normativa de la operativa. Deben aún valorarse las repercusiones económicas de la plena aplicación del acervo relativo al servicio universal.

La adaptación legislativa en el sector de la política social y el empleo se encuentra bastante avanzada, pero es preciso seguir reforzando las estructuras administrativas creadas. Resulta especialmente necesario coordinar la supervisión y el cumplimiento del acervo incorporado en materia de sanidad y seguridad y acelerar los preparativos administrativos para la futura gestión del Fondo Social Europeo.

Si bien es cierto que ha adaptado el acervo relativo a la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, Eslovaquia no dispone todavía de estructuras administrativas suficientes. En los últimos doce meses se han designado las estructuras de gestión y el organismo pagador de cara a la utilización de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, pero aún no se ha definido claramente la estructura de aplicación definitiva y se requiere una mayor capacidad administrativa. Debe mejorarse considerablemente la preparación técnica de los proyectos financiables por la Comunidad. Se está disponiendo lo necesario para paliar las deficiencias administrativas pendientes respecto a los compromisos adquiridos en el marco de las negociaciones y los recogidos en el plan de actuación, si bien debe acelerarse el proceso.

Eslovaquia ha progresado en la adaptación del acervo relativo al medio ambiente y en la creación de la capacidad administrativa necesaria para su aplicación. El país ha incrementado recientemente y de manera considerable las inversiones en el sector, pero debe concluir la incorporación, en particular en el ámbito de la prevención integrada de la contaminación, mejorar la aplicación en materia de control y vertido de sustancias peligrosas y consolidar la capacidad administrativa. La adaptación legislativa y el refuerzo administrativo en el ámbito de la protección de los consumidores se encuentran en curso.

Eslovaquia ha adaptado en gran medida el acervo relativo a la justicia y los asuntos de interior, dispone, en conjunto, de las estructuras administrativas necesarias y aplica correctamente el plan de actuación de Schengen, por lo que ahora debe centrarse en intensificar el cumplimiento del acervo incorporado y seguir incrementando la capacidad administrativa, sobre todo por lo que respecta al control fronterizo y la lucha contra la emigración clandestina y la delincuencia.

La adaptación legislativa en materia de control financiero sigue adelante y el país está instaurando las estructuras institucionales necesarias, pero debe aún crear la capacidad administrativa pertinente, en concreto por lo que respecta al control financiero público interno. Deberán acelerarse las intervenciones previstas para paliar las deficiencias identificadas.

Eslovaquia dispone de una capacidad administrativa suficiente, pero frágil, para aplicar y cumplir correctamente el acervo, en concreto en el ámbito del mercado interior y las diversas políticas comunitarias. No obstante, el país debe aún lograr la plena operatividad de las estructuras administrativas, en particular para garantizar una aplicación uniforme y previsible del acervo, prestando especial atención a aquéllas que serán necesarias para poner en práctica la parte del mismo que no entrará en vigor hasta el momento de la adhesión y, en concreto, en relación con la gestión sana y eficaz de los fondos de la CE.

Durante las negociaciones para la adhesión se cerraron provisionalmente 27 capítulos. Por lo general, Eslovaquia cumple los compromisos contraídos en las negociaciones.

Habida cuenta de los progresos realizados desde el Dictamen, del grado de adaptación al acervo y la capacidad administrativa actuales en Eslovaquia y de la medida en que ha cumplido los compromisos adquiridos en las negociaciones, la Comisión considera que el país estará en condiciones de asumir las obligaciones que comporta la adhesión según el calendario previsto. De aquí a la adhesión, Eslovaquia debe proseguir los preparativos con arreglo a los compromisos adquiridos en las negociaciones para la misma.

Eslovenia

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Eslovenia satisfacía los criterios políticos. Desde entonces, el país ha consolidado notablemente la estabilidad de sus instituciones garantizando la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, lo que se ha confirmado a lo largo del pasado año. Eslovenia continúa satisfaciendo los criterios políticos de Copenhague.

Eslovenia ha hecho progresos considerables en la reforma de la administración pública mediante la adopción de las leyes sobre los funcionarios públicos, los organismos públicos y la administración del Estado, las cuales completan el marco legislativo para la reforma de la administración pública. Ahora es importante garantizar su correcta aplicación.

La reforma del poder judicial ha proseguido a través de la adopción de enmiendas legislativas y medidas destinadas a reducir el número de asuntos pendientes en los tribunales. Eslovenia ha reconocido que es preciso seguir mejorando la situación.

Eslovenia continúa respetando los derechos humanos y las libertades.

Desde el Dictamen de 1997, que ya reconocía la notable labor de reforma realizada por las autoridades eslovenas con objeto de transformar la economía nacional, la situación económica ha mejorado a pesar del desfavorable entorno económico internacional. Además de lograr la estabilidad macroeconómica, las autoridades eslovenas han impulsado las reformas y garantizado el cumplimiento de los requisitos económicos que conlleva la adhesión a la UE.

Por tanto, se concluye que Eslovenia es una economía de mercado en funcionamiento, que debería poder afrontar las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en el interior de la Unión si prosigue en la senda de las reformas.

Para reducir la tasa de inflación sería conveniente eliminar los regímenes de indexación y dirigir de manera más convincente la combinación de políticas macroeconómicas hacia tal objetivo. La competitividad de la economía crecería si se acelerasen las reformas estructurales, por ejemplo la liquidación definitiva de la Sociedad Eslovena de Desarrollo y la privatización del sector financiero.

Desde el Dictamen, Eslovenia ha hecho progresos notables por lo que respecta a la transposición y la aplicación del acervo, así como a la creación de las instituciones necesarias para aplicarlo y garantizar su observancia.

A lo largo del pasado año, Eslovenia ha obtenido nuevos avances, especialmente en los ámbitos siguientes: libre circulación de personas, pesca, unión económica y monetaria, empleo y política social, política regional, medio ambiente y control financiero. La evolución ha sido menos positiva en el ámbito de la protección de la salud y de los consumidores.

En conjunto, Eslovenia ha obtenido un elevado nivel de adaptación al acervo en la mayoría de los ámbitos y dispone de gran parte de las capacidades administrativas necesarias para aplicarlo, aunque aún sean necesarios nuevos esfuerzos. Se han acordado planes detallados, en particular en el marco de las negociaciones y del plan de acción, para colmar las lagunas que todavía subsisten.

La adaptación legislativa relativa a los sectores clave del mercado interior está muy avanzada y se han creado muchas de las instituciones necesarias, las cuales funcionan adecuadamente, en particular por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, pero Eslovenia aún debe transponer parte del acervo relativo, por ejemplo, a los productos alimenticios y a otros ámbitos de la legislación sectorial y de la normativa sobre la contratación pública. Los nuevos organismos de normalización y certificación funcionan bien, aunque conviene mejorar su capacidad administrativa y reforzar los sistemas de supervisión de los mercados. El marco legislativo para la libre circulación de personas se ha completado casi totalmente a lo largo de los últimos doce meses con la adopción de leyes importantes, pero debe ser perfeccionado por lo que respecta al reconocimiento recíproco. Asimismo, la adaptación al acervo de las normas sobre los derechos de los ciudadanos debe completarse antes de la adhesión.

Es preciso culminar la adaptación de la legislación eslovena sobre libre prestación de servicios, ya muy avanzada, y reforzar las capacidades administrativas, sobre todo por lo que respecta a la supervisión de los servicios financieros. Los preparativos para la adhesión progresan adecuadamente en lo tocante a la libre circulación de capitales; en los últimos doce meses se han logrado nuevos avances mediante la aprobación de nueva legislación y la eliminación de varias restricciones sobre las transacciones monetarias. Es preciso atajar el retraso de la eliminación de las restricciones sobre las inversiones extranjeras directas relativas a los fondos de inversión y sociedades de gestión, y ultimar los preparativos para la adhesión en el ámbito de los sistemas de pagos. Aunque la situación es bastante buena por lo que respecta al Derecho de sociedades, Eslovenia ha de culminar el proceso de adaptación legislativa y proseguir la labor de garantía de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la política de competencia, los preparativos están bastante avanzados; ahora el país debe centrarse en completar el proceso de adaptación legislativa y lograr un buen historial de cumplimiento de las normas con objeto de eliminar las trabas a la competencia en su mercado.

La adaptación legislativa ha proseguido en el ámbito de la fiscalidad y la normativa eslovena está casi totalmente alineada con el acervo. Ahora Eslovenia debe centrarse en culminar dicha adaptación. El proceso casi ha concluido en el ámbito de las aduanas, y el país debe centrarse en la eliminación de las incoherencias con el acervo que todavía subsisten y el refuerzo de la administración a través de la reforma en curso. Se deben perfeccionar los sistemas informáticos en ambos ámbitos para permitir el intercambio de datos informáticos entre la CE y Eslovenia.

Eslovenia ha seguido haciendo continuos progresos en el ámbito de la agricultura, especialmente en lo tocante a las cuestiones veterinarias y fitosanitarias, a través de la adopción de nueva legislación, la creación de diversas instituciones y la acreditación del organismo SAPARD. Se han logrado notables avances en el proceso de modernización de los organismos competentes para los alimentos. Ahora el país debe centrarse en reforzar la capacidad administrativa, completar los mecanismos de gestión de la Política Agrícola Común y establecer inspecciones veterinarias y fitosanitarias adecuadas, en particular en las fronteras, y garantizar su buen funcionamiento.

En general, gracias a los progresos realizados, la situación del sector de la pesca en Eslovenia es satisfactoria. En este sector, la labor debe centrarse en la adopción de la legislación pendiente y el desarrollo de las capacidades de aplicación de las disposiciones y garantía de su cumplimiento.

La creación de nuevas instituciones ha mejorado la situación del sector de los transportes, que en conjunto es buena si se exceptúan los retrasos registrados en el sector ferroviario. Ahora Eslovenia debe completar la adaptación legislativa y reforzar la capacidad administrativa. Los preparativos para la adhesión en el sector de la energía han proseguido y se encuentran avanzados. Es preciso reforzar la capacidad administrativa, en particular por lo que respecta al organismo regulador y al ente responsable de la seguridad nuclear. Es necesario separar de jure este último del fomento de la energía nuclear.

Desde el último informe periódico, Eslovenia ha avanzado mucho en la designación de las estructuras responsables de la aplicación de la política regional y ha acelerado los preparativos para la aplicación de los fondos estructurales y de cohesión. El país debe seguir por esta vía y proseguir la preparación técnica de los proyectos que pueden recibir financiación comunitaria. En el último año la adaptación legislativa ha proseguido a buen ritmo en el ámbito del empleo y los asuntos sociales, especialmente con la adopción de la Ley de Relaciones Laborales. En conjunto, la situación es buena y permite centrarse en la mejora de la capacidad de aplicación del acervo sobre salud y seguridad en el trabajo, incluida la mejora de las inspecciones de trabajo.

El nivel de adaptación en el ámbito del medio ambiente es elevado tras la aprobación de nuevas leyes relevantes el pasado año. Ahora, Eslovenia debe centrarse en completar la transposición de la legislación horizontal, acelerar la transposición de la Directiva sobre la prevención y el control integrados de la contaminación y garantizar inversiones suficientes para la aplicación del acervo medioambiental. Es preciso completar la adaptación en el ámbito de la protección de la salud y de los consumidores, ya avanzado, y mejorar la capacidad administrativa.

En el sector postal, la situación ha mejorado notablemente con la adopción de las leyes correspondientes y la prosecución de los preparativos para la adhesión. Ahora procede fomentar la competencia en materia de telecomunicaciones. Aunque el nivel de preparación en el sector cultural y audiovisual es bueno, Eslovenia debe completar la adaptación legislativa y consolidar las instituciones.

Eslovenia ha proseguido los preparativos para la adhesión en materia de justicia y asuntos de interior, sobre todo mediante la creación de nuevas instituciones. Es necesario terminar la adaptación legislativa, ya bastante avanzada, en particular por lo que respecta al asilo y la emigración. Eslovenia debe continuar el refuerzo de las instituciones y la labor de mejora de la capacidad y las infraestructuras para la gestión de las fronteras de conformidad con el plan de acción de Schengen, especialmente en la que se convertirá en la frontera exterior de la Unión.

Desde el último informe periódico se han hecho progresos notables por lo que se refiere al control financiero y a los preparativos para la adhesión en este ámbito. Ahora el país debe dar prioridad a la correcta aplicación de las normas y garantizar que tenga lugar la mejora prevista de la capacidad administrativa para el control financiero público interno.

En el período objeto del informe Eslovenia ha ampliado su capacidad administrativa para la aplicación del acervo. El país dispone ahora de la mayoría de las instituciones necesarias a tal efecto, a las que deberá dotar de los recursos suficientes para desarrollar su actividad. Eslovenia debe continuar sus esfuerzos de mejora de la capacidad administrativa, en particular por lo que respecta a la libre prestación de servicios, la agricultura, la pesca, los transportes ferroviarios, la energía, las telecomunicaciones, la cultura y los medios audiovisuales, el medio ambiente, la protección de la salud y de los consumidores, y la justicia y los asuntos de interior. Se debe prestar especial atención a las estructuras necesarias para aplicar el acervo que sólo entrarán en funcionamiento tras la adhesión, en particular las relativas a una gestión adecuada y eficaz de los fondos de la CE.

Durante las negociaciones de adhesión se han cerrado provisionalmente 28 capítulos. En conjunto, Eslovenia respeta los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones, aunque se han producido retrasos por lo que respecta a la eliminación de las restricciones existentes para las inversiones extranjeras directas relativas a los fondos de inversión y las compañías de gestión, la creación de un registro de buques de pesca, la aprobación del marco legislativo para la reestructuración de los ferrocarriles y la transposición de la Directiva sobre la prevención y el control integrados de la contaminación. Estas cuestiones han de ser abordadas.

Considerando los progresos realizados tras el Dictamen, el nivel de adaptación al acervo y la capacidad administrativa actual de Eslovenia, así como su historial en lo tocante al respeto de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones, la Comisión considera que el país estará en condiciones de asumir las obligaciones que conlleva la adhesión según el calendario previsto. En el período previo a la adhesión, Eslovenia debe proseguir sus preparativos en línea con los compromisos asumidos en las negociaciones de adhesión.

República Checa

En el Dictamen emitido en 1997, la Comisión señaló que la República Checa cumplía los criterios políticos. Desde entonces, el país ha realizado progresos considerables en la consolidación y el asentamiento de la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, tendencia que se confirmó a lo largo del año pasado. La República Checa sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

El Gobierno ha mejorado el funcionamiento de la administración central gracias a la adopción de una ley sobre el funcionariado, que establece un marco jurídico para la administración pública central y reforma el régimen aplicado en diversos sectores fundamentales. La ley contempla la aplicación progresiva de sus disposiciones durante un periodo de transición que podrá llegar hasta el 31 de diciembre de 2006, con objeto de permitir una preparación y aplicación esmeradas. Sin embargo, convendría acelerar en la mayor medida posible la plena aplicación, de manera que la administración pública checa estuviera mejor preparada para hacer frente a las exigencias adicionales que supondrá la adhesión a la Unión Europea. El proceso de descentralización ha continuado y se han seguido transfiriendo competencias a las regiones y los municipios.

La reforma del sistema judicial ha proseguido, en concreto mediante la implantación de un nuevo derecho administrativo y la racionalización de la ley de enjuiciamiento criminal, pero deben aún abreviarse los procesos judiciales, sobre todo por lo que respecta a las causas civiles. Será preciso incrementar los recursos humanos y materiales y la formación judicial para respaldar las recientes reformas.

Se han adoptado diversas medidas jurídicas y organizativas para luchar contra la corrupción y la criminalidad económica, que siguen siendo una fuente importante de preocupación, si bien deben proporcionarse recursos humanos y técnicos adicionales a las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación correspondiente. En un reciente informe del Gobierno se subraya la importancia de contar con el pleno apoyo de las fuerzas políticas en este ámbito.

La República Checa sigue respetando los derechos humanos y las libertades.

Los requisitos para la concesión de asilo se han endurecido mediante una modificación legislativa vigente desde febrero de 2002, que ha creado asimismo un órgano independiente de segunda instancia para recurrir los rechazos de asilo. El Consejo para la igualdad de oportunidades entró en funciones en enero de 2002.

Se han emprendido actividades encaminadas a mejorar la difícil situación de la comunidad romaní, pero se requieren más medidas estructurales para combatir la discriminación en términos de acceso a la enseñanza, vivienda y empleo. A este respecto, la adopción de una legislación general antidiscriminación sería fundamental.

Desde el Dictamen de 1997, que ya tomaba nota de la reforma emprendida por las autoridades checas para transformar la economía nacional, la situación ha mejorado, pese a la difícil coyuntura económica internacional. Además de lograr una estabilidad macroeconómica, las autoridades checas han acelerado las reformas y se han esforzado por ajustarse a los requisitos económicos para la adhesión a la UE.

Así pues, cabe concluir que la República Checa es una economía de mercado en funcionamiento y que, si sigue adelante con sus reformas, estará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas de mercado en la Unión.

Puede mejorarse la gestión de la hacienda pública conteniendo el aumento de los gastos del Estado obligatorios o casi obligatorios. Es indispensable reformar el gasto social (régimen sanitario, de pensiones, etc.). Además de ello, cabría seguir un enfoque más decidido de venta de los activos incobrables de la Agencia de consolidación checa a inversores privados, con objeto de racionalizar la distribución de los recursos.

La República Checa ha progresado considerablemente desde el Dictamen. Tras una cierta lentitud inicial en la adaptación legislativa, el proceso se ha acelerado. En los últimos años también se ha incrementado la capacidad administrativa para aplicar el acervo, al tiempo que se ha reformado el sistema judicial.

En los últimos doce meses, la República Checa ha proseguido la adaptación legislativa, en concreto en los ámbitos siguientes: servicios financieros, legislación fitosanitaria, transporte por carretera, política social, medio ambiente y justicia y asuntos de interior. No obstante, los progresos han sido más limitados en materia de fiscalidad. Se ha seguido incrementando la capacidad administrativa, entre otras cosas gracias a la adopción de un marco jurídico para la administración pública.

En conjunto, la República Checa ha conseguido un alto grado de adaptación al acervo en numerosos ámbitos en los que, si sigue esforzándose, logrará la capacidad administrativa necesaria para aplicarlo íntegramente a tiempo para la adhesión. Se han elaborado planes detallados en el marco de las negociaciones y del plan de actuación para colmar las lagunas pendientes.

Por lo que respecta al mercado interior, la incorporación del acervo relativo a las cuatro libertades se encuentra bastante avanzada, aunque quedan lagunas por colmar. Por lo general, la capacidad administrativa es satisfactoria. La República Checa está aplicando casi todas las normas europeas armonizadas sobre la libre circulación de mercancías, incluidas las relativas a los productos alimenticios. Pese a todo, debe aumentarse la capacidad de vigilancia del mercado. Debe completarse la adaptación del acervo relativo a la contratación pública, que últimamente ha registrado progresos considerables. Por lo que respecta a la libre circulación de personas, la adaptación es satisfactoria en relación con los derechos de los ciudadanos y la libre circulación de trabajadores, pero permanece insuficiente en el ámbito del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, deficiencia que es urgente paliar. En el sector de la libre prestación de servicios, la incorporación del acervo bancario procede satisfactoriamente, si bien debe aún completarse la relativa a los demás sectores financieros y mejorarse su supervisión. En relación con la libre circulación de capitales, cabe señalar la reciente supresión de las restricciones de la adquisición de bienes inmobiliarios y la regulación de las transferencias transfronterizas de créditos. Debe seguir reforzándose la capacidad administrativa para luchar contra el blanqueo de dinero.

En el sector del Derecho de sociedades, la adaptación al acervo se encuentra bastante avanzada, salvo por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, ámbito en que debe aún trabajarse, entre otras cosas para luchar contra la piratería y la falsificación de mercancías. La legislación relativa a la competencia está adaptada en gran medida y la Oficina de protección de la competencia logra un grado satisfactorio de cumplimiento de la normativa antimonopolio y sobre ayudas estatales. Es preciso seguir de cerca el cumplimiento de ésta última y la reestructuración del sector siderúrgico. Asimismo, se requiere una mayor transparencia en el sector bancario.

En el sector económico y fiscal, la República Checa ha alcanzado un buen nivel de adaptación del acervo relativo a la unión económica y monetaria y ha logrado recientemente una mayor independencia del banco central. La adaptación en materia de fiscalidad ha proseguido, pero debe aún completarse en ámbitos importantes como el IVA y los impuestos especiales. El país debe también seguir desarrollando seriamente sistemas informáticos que permitan intercambiar datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros. En el sector aduanero el nivel de compatibilidad es elevado. Queda por finalizar la labor de informatización y la interconexión de los sistemas nacionales con los sistemas informatizados aduaneros de la CE.

Por lo que respecta a las políticas sectoriales, al grado de adaptación al acervo es satisfactorio en conjunto y se dispone de la capacidad administrativa necesaria. La legislación relativa al transporte aéreo y por carretera se ajusta en gran medida al acervo, a diferencia de la relativa al transporte ferroviario. La capacidad administrativa es insuficiente. En el sector de la energía se ha progresado en la incorporación, en concreto, se ha creado un mercado de la electricidad competitivo. Ahora debe velarse por la plena y oportuna aplicación de la legislación. La República Checa está teniendo presentes todas las recomendaciones del Informe del Consejo de seguridad nuclear en el contexto de la ampliación.

El grado general de preparación en relación con la agricultura es satisfactorio, sobre todo por lo que respecta a los órganos de aplicación de la Política Agrícola Común y a la adaptación a la legislación fitosanitaria. Debe aún completarse la adaptación y consolidarse los acuerdos de inspección en el sector veterinario.

En el ámbito de la cohesión económica y social, la adaptación de la legislación sobre política social y empleo se encuentra avanzada, sobre todo la legislación laboral y la relativa a la sanidad y la seguridad en el trabajo. En este último campo se requiere mayor capacidad administrativa, en particular inspecciones laborales. En los últimos doce meses, se ha implantado prácticamente todo el marco jurídico de la política regional, pero deben aún lograrse unos órganos de aplicación y control plenamente operativos y mejorarse la preparación técnica de los proyectos financiables por la CE.

La República Checa ha alcanzado un buen nivel de adaptación legislativa en el sector del medio ambiente, donde las importantes inversiones realizadas han dado buenos resultados, en concreto por lo que respecta a la calidad del aire y el agua. Debe aún completarse la incorporación y la aplicación en los ámbitos de la calidad del agua, los residuos, la protección de la naturaleza y la prevención de la contaminación industrial, así como garantizarse la capacidad administrativa local y regional suficiente y la planificación de inversiones financieras a largo plazo.

Gracias a los progresos realizados en materia de telecomunicaciones, la República Checa ha alcanzado un buen nivel de adaptación por lo que respecta al desarrollo de las infraestructuras y la diversificación del mercado, si bien queda pendiente completar la liberalización de éste y garantizar la independencia del órgano de reglamentación.

La adaptación legislativa en el sector audiovisual se encuentra bastante avanzada, pero debe incrementarse la capacidad administrativa para garantizar la correcta aplicación de la normativa. Cabe señalar la necesidad de establecer y supervisar realmente un marco reglamentario transparente y previsible en este sector.

Gracias a los notorios progresos realizados en todos los sectores, la adaptación legislativa relativa a la justicia y los asuntos de interior ha concluido prácticamente, pero debe aún mejorarse la gestión de las fronteras y la aplicación del plan de acción de Schengen e intensificarse la lucha contra el fraude, la corrupción y la delincuencia organizada.

En lo relativo a las cuestiones financieras, ha concluido la adaptación legislativa en materia de control financiero, pero se requiere aún una importante labor para garantizar la plena aplicación del control financiero público interno. En conjunto, la capacidad administrativa de la República Checa se ha incrementado de forma considerable, pero el país debe proseguir la tarea en los sectores de la agricultura, el medio ambiente, la política regional, la justicia y los asuntos de interior y el control financiero. Debe concederse especial atención a las estructuras necesarias para garantizar la gestión sana y eficaz de los fondos de la CE. Deben proseguirse activamente las iniciativas en curso y, en particular, consolidar los grupos de auditoría interna aumentando los recursos humanos y la formación, con objeto de disponer de plena capacidad operativa a tiempo para la adhesión.

Durante las negociaciones para la adhesión, se cerraron provisionalmente 25 capítulos. Por lo general, la República Checa cumple los compromisos adquiridos en las negociaciones, si bien se ha retrasado en la adaptación de la legislación sobre contratación pública y reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, algunas partes del acervo veterinario y determinados derechos de IVA e impuestos especiales, aspectos todos estos que deberá tratar.

Habida cuenta de los progresos realizados desde el Dictamen, del grado de adaptación al acervo y la capacidad administrativa actuales en la República Checa y de la medida en que ha cumplido los compromisos adquiridos en las negociaciones, la Comisión considera que el país estará en condiciones de asumir las obligaciones que comporta la adhesión según el calendario previsto. De aquí a la adhesión, la República Checa debe proseguir los preparativos con arreglo a los compromisos contraídos en las negociaciones para la misma.

Turquía

La decisión sobre la condición de candidato de Turquía adoptada en Helsinki en 1999 animó a ese país a proceder a una serie de reformas fundamentales. En octubre de 2001 se realizó una gran reforma constitucional consistente en el fortalecimiento de las garantías en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en la restricción de los motivos por los que se puede dictar la pena de muerte. En noviembre de 2001 se aprobó un nuevo código civil. En febrero, marzo y agosto de 2002 se aprobaron tres grupos de reformas. La pena de muerte se ha suprimido en tiempos de paz. Se ha retirado el estado de emergencia en dos provincias del Sudeste y se ha tomado la decisión de retirarlo al final de este año a más tardar en las dos provincias en que todavía se aplica.

La adopción de estas reformas es una importante señal de la determinación de la mayoría de los dirigentes políticos turcos de avanzar en la adaptación a los valores y las normas de la Unión Europea. Las reformas de agosto se aprobaron en circunstancias políticas y económicas difíciles y son especialmente significativas ya que se adentran en cuestiones tradicionalmente sensibles.

La reforma del sistema carcelario ha seguido adelante, y se han obtenido progresos en la mejora de las condiciones físicas. Ya están en funcionamiento los consejos de supervisión y el nuevo sistema de jueces encargados de que se cumpla la ley. Se están aplicando una serie de recomendaciones del Comité Europeo de Prevención de la Tortura. Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos, sigue habiendo determinados problemas con las condiciones existentes en las cárceles de tipo F.

La reducción de la duración de los períodos de detención policial preventiva es una medida positiva en el contexto de la lucha contra la tortura. Sin embargo, la imposibilidad de tener acceso inmediato a un abogado significa que siguen estando incomunicados los detenidos condenados por los tribunales de seguridad del Estado. En las zonas en que se aplica el estado de emergencia los períodos de detención preventiva siguen siendo más largos. Han continuado continuas alegaciones de tortura y malos tratos, y se ha avanzado muy poco en el enjuiciamiento de las personas acusadas de esos abusos.

El conjunto de reformas de agosto establece el nuevo juicio de las personas respecto a cuyas condenas el Tribunal Europeo de Derechos humanos haya considerado que violan el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

La modificación del artículo 159 del Código Penal turco supone que la expresión de una opinión sin la «intención» de «insultar» a instituciones públicas ya no podrá ser sancionada penalmente. Las modificaciones del artículo 312 del Código Penal y de la Ley Antiterrorista, la Ley de la Prensa, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Asociación han reducido ciertas restricciones de la libertad de expresión, de asociación, de prensa y de radiodifusión.

El conjunto de reformas de agosto eliminó algunas restricciones de la Ley de Radiodifusión, que el Parlamento había vuelto a aprobar en mayo tras el veto presidencial. No obstante, se ha seguido encausando a escritores, periodistas y editores.

Se ha avanzado en lo que respecta a la libertad de asociación. La Ley de Asociación se ha modificado y se han eliminado algunas restricciones. Sin embargo, siguen permaneciendo varios motivos de prohibición de asociaciones.

El carácter generalmente restrictivo de la Ley de Asociación sigue existiendo, incluido el sistema de autorización previa. Las asociaciones extranjeras están sujetas en Turquía a determinadas limitaciones y controles estrictos.

Como parte del conjunto de reformas de agosto, se ha autorizado la radiodifusión y la enseñanza en lenguas distintas del turco. Aunque la Ley de Fundaciones se ha modificado, las minorías religiosas siguen teniendo limitaciones en cuanto a la personalidad jurídica, los derechos de propiedad, la formación del clero y la enseñanza.

El nuevo Código Civil incluye disposiciones destinadas a mejorar la igualdad entre los sexos y fortalecer las garantías relativas a la protección y los derechos de los niños. Turquía ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. No obstante, los sindicatos siguen sujetos a restricciones y persiste el trabajo infantil. La legislación que autoriza penas reducidas para delitos relacionados con los «asesinatos por honor» sigue aplicándose.

Ha proseguido la reforma del sistema judicial. Se ha reducido la competencia de los tribunales de seguridad estatal y también el período de detención preventiva. Sin embargo, el funcionamiento de dichos tribunales sigue incumpliendo las normas internacionales. Se informa repetidamente de que el poder judicial no actúa siempre de modo independiente y coherente. Se han impartido cursos de formación en derechos humanos para jueces y funcionarios encargados de que se cumpla la ley.

El año pasado se tomaron varias iniciativas de aumento de la transparencia en la vida pública turca. Pero la corrupción sigue siendo un problema grave. Los convenios del Consejo de Europa en este ámbito todavía no han sido ratificados. La retirada del estado de emergencia en dos provincias del Sudeste ha supuesto una mejora de las condiciones de vida diarias en las mismas. Debe reforzarse la protección de los derechos humanos en la región.

Se ha llevado a la práctica la enmienda constitucional que ha modificado la composición y las funciones del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, las modificaciones no parecen haber cambiado el modo en que el Consejo de Seguridad Nacional actúa en la práctica.

Turquía ha seguido expresando su apoyo a las conversaciones directas entre los dirigentes de las dos comunidades de Chipre encaminadas a conseguir una solución global al problema de Chipre. En la misma línea de las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UE ha destacado la necesidad de que Turquía adopte medidas adicionales para animar a la dirección de los chipriotas turcos a que trabajen para lograr un acuerdo antes de que terminen las negociaciones de adhesión.

Las relaciones entre Turquía y Grecia han seguido mejorando. Se han aplicado nuevas medidas de desarrollo de la confianza. En marzo de 2002 se iniciaron los contactos exploratorios en el Egeo entre los ministros de asuntos exteriores de ambas comunidades.

Desde un punto de vista global, Turquía ha realizado notables avances en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague desde que la Comisión publicó su informe en 1998 [8], sobre todo durante el año pasado. Las reformas adoptadas en agosto de 2002 son especialmente importantes. En conjunto, dichas reformas constituyen gran parte de la base para fortalecer la democracia y la protección de los derechos humanos en Turquía y abren el camino para conseguir cambios adicionales que permitan gradualmente a los ciudadanos turcos disfrutar de derechos y libertades que estén en proporción con los existentes en la Unión Europea.

[8] En su informe de 1998, la Comisión concluyó lo siguiente: «En el ámbito político, la evaluación destaca ciertas anomalías en el funcionamiento de las autoridades públicas, persistentes violaciones de los derechos humanos y grandes deficiencias en el tratamiento de las minorías. La falta de control civil del ejército es causa de preocupación. El ejército desempeña un importante papel en la vida política a través del Consejo de Seguridad Nacional. Debe hallarse una solución civil, no militar, a la situación del sudeste de Turquía, sobre todo teniendo en cuenta que las violaciones de los derechos civiles y políticos observadas en el país están relacionadas con este aspecto. La Comisión reconoce el compromiso del Gobierno turco a luchar contra las violaciones de los derechos humanos en el país, pero, hasta el momento, ello no se ha traducido de manera significativa en la práctica. El proceso de reforma democrática que Turquía puso en marcha en 1995 debe continuar. Además de esos problemas, Turquía debe aportar una contribución constructiva a la resolución de todas las diferencias con varios países por medios pacíficos y de conformidad con el Derecho Internacional». En los informes posteriores se han mencionado temas como el control civil del ejército, las violaciones persistentes de los derechos humanos, la tortura y la falta de protección de los derechos culturales.

No obstante, Turquía no cumple totalmente los criterios políticos. En primer lugar, las reformas tienen una serie de limitaciones significativas, que se exponen en el presente informe, al pleno ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. Siguen existiendo restricciones considerables, sobre todo de la libertad de expresión, incluidas la prensa escrita y la radiodifusión, de la libertad de reunión pacífica, de la libertad de asociación, de la libertad de religión y del derecho al recurso jurídico.

En segundo lugar, muchas de las reformas precisan la adopción de reglamentos u otras medidas administrativas, que deben ajustarse a las normas europeas. Ya se han implantado algunas de esas medidas y otras se están elaborando. Para que sean eficaces, dichas medidas deben ser aplicadas en la práctica por los organismos ejecutivos y judiciales a distintos niveles en todo el país.

La Comisión considera que la decisión de la Alta Junta Electoral de impedir al presidente de uno de los principales partidos políticos participar en las elecciones generales del 3 de noviembre no refleja el espíritu de las reformas.

En tercer lugar, en relación con los criterios políticos, aún no se han resuelto adecuadamente varias cuestiones importantes, tales como la lucha contra la tortura y los malos tratos, el control civil del ejército, la situación de las personas encarceladas por motivos de opinión no violenta y la conformidad con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta los notables avances conseguidos en los últimos años y los ámbitos a los que es preciso prestar mayor atención, se anima a Turquía a que prosiga el proceso de reforma para fortalecer la democracia y la protección de los derechos humanos, tanto en lo que respecta a la legislación como en la práctica. De ese modo, Turquía podrá superar los obstáculos pendientes y, en consecuencia, cumplir los criterios políticos.

Turquía ha avanzado en cuanto al funcionamiento de su economía de mercado, la cual debe aumentar su capacidad de afrontar la presión de la competencia y las fuerzas del mercado en la UE y sigue padeciendo las consecuencias de las dos crisis financieras muy desestabilizadoras.

Tras varios intentos de estabilización de la economía, el actual programa de reformas está dando resultados positivos, y ha vuelto el crecimiento. La disciplina presupuestaria ha mejorado y la transparencia de las cuentas del sector público ha aumentado considerablemente, mientras que las presiones inflacionistas han disminuido. Se han reducido las interferencias políticas, una de las principales fuentes de la inestabilidad económica de Turquía, y se están buscando soluciones a las deficiencias estructurales tales como la fragilidad y las distorsiones del sector bancario. Se han reforzado la reglamentación y la supervisión del mercado financiero y se han adoptado importantes medidas para liberalizar los mercados principales, como el agrícola y el de la energía.

Con objeto de mejorar el funcionamiento de sus mercados y su competitividad, Turquía debe continuar con el actual proceso de reforma a fin de alcanzar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad presupuestaria. Para ello es importante seguir reduciendo la inflación, que es crónicamente alta, y manteniendo la disciplina presupuestaria. Las normas cautelares y contables del sector bancario se han de ajustar a las normas internacionales. Se debe acelerar la privatización de los bancos y las empresas estatales, y se debe finalizar la desreglamentación del mercado. A fin de que aumente la competitividad y el potencial de crecimiento de la economía, es importante incrementar las inversiones en usos productivos y prestar especial atención a la enseñanza. La entrada de IDE debe fomentarse mediante la simplificación de los procedimientos burocráticos y la eliminación de los obstáculos que quedan pendientes.

Desde el informe de 1998, Turquía ha avanzado en la adaptación de la legislación en los ámbitos abarcados por la unión aduanera. Asimismo se han conseguido progresos en sectores como la banca, las telecomunicaciones, la energía y la agricultura. Se ha reestructurado el sector financiero, y se ha modernizado la capacidad administrativa en este sector. En otros sectores se ha avanzado poco.

Durante el año pasado, Turquía ha seguido avanzando en lo que respecta al mercado interior, sobre todo la contratación pública, a la energía y a la justicia y los asuntos de interior. Los progresos relativos al aumento de la capacidad administrativa para aplicar el acervo han sido limitados.

En términos globales, Turquía ha conseguido un buen grado de adaptación legislativa en los sectores abarcados por la unión aduanera, mientras que en otros sectores la adaptación ha sido menor. Siguen existiendo grandes divergencias entre el acervo y la legislación turca. Es necesario potenciar la capacidad administrativa y realizar esfuerzos adicionales.

En el ámbito del mercado interior, por lo que se refiere a la libre circulación de mercancías, ha entrado en vigor la Ley marco relativa a la libre circulación de productos aprobada en 2001. Se han aprobado en una amplia gama de sectores varios actos legislativos de aplicación. Siguen existiendo considerables obstáculos técnicos al comercio. Deben continuar las actividades de armonización en sectores como los de la alimentación, los productos farmacéuticos y los cosméticos. Queda pendiente también una considerable labor de establecimiento y mejora del funcionamiento de varios organismos (normalización, acreditación y evaluación de la conformidad). Debe crearse un sistema apropiado de vigilancia del mercado. Pese a la aprobación de la Ley marco, sigue vigente la vigilancia previa a la comercialización. La labor actual se centra en la formación de personal y el aumento de la capacidad de equipos de los organismos pertinentes. En lo que respecta a la contratación pública, se aprobó en mayo una nueva Ley, que se modificó posteriormente en junio de 2002. La Ley supone un paso importante hacia la adaptación de las normas de contratación pública turcas al acervo comunitario. Es preciso seguir trabajando para eliminar las considerables diferencias existentes entre la nueva Ley y el acervo. No se ha observado ningún avance en lo que se refiere a la libre circulación de personas.

En cuanto a la libre circulación de capitales, sigue habiendo considerables restricciones a las inversiones extranjeras en varios sectores. Debe prestarse mayor atención a la aplicación de la legislación relativa al blanqueo de dinero. La adaptación en el subsector de los servicios financieros está ya bastante adelantada, y se ha seguido avanzando en 2001, en el marco de la reorganización del sector financiero. En lo que se refiere a los servicios no financieros, no se ha progresado y todavía queda mucho por hacer para adaptar la legislación turca al acervo pertinente. En el ámbito del Derecho de sociedades, se han realizado esfuerzos respecto a la lucha contra la piratería y la falsificación. Debe proseguir la aplicación de la legislación, y el Instituto de Patentes turco debe ser completamente independiente. En cuanto a la política de competencia, la aplicación de las disposiciones antimonopolio sigue siendo satisfactoria. No se ha avanzado en la adaptación de la política de ayudas públicas turca al acervo, y debe crearse de modo prioritario un organismo independiente que se encargue de las ayudas públicas.

En el sector agrícola, Turquía ha iniciado el registro de la tierra y de los animales bovinos vivos. Aún no ha empezado la preparación de un sistema de pasaportes vegetales. No se han tratado otros elementos con arreglo a la prioridad pertinente de la Asociación para la Adhesión. En cuanto a la salud veterinaria y vegetal, se está elaborando una estrategia de adaptación. No se ha producido ninguna mejora de la capacidad de cumplimiento. Turquía debe centrarse en la incorporación al Derecho interno, la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria en los sectores veterinario y fitosanitario. En conjunto, los avances en el sector agrícola respecto a la adaptación al acervo son limitados.

En el sector pesquero, no se ha realizado ningún progreso en la adaptación a la política pesquera común. Debe crearse un sistema modernizado de registro de flotas. Sigue habiendo grandes divergencias con los principales elementos de la política pesquera comunitaria, especialmente en lo que se refiere a la gestión, la inspección y el control de recursos y las políticas de mercado y estructurales.

En lo que se refiere a la política de transportes, Turquía debe potenciar la labor legislativa necesaria para adoptar el acervo relativo a los transportes. Debe aumentar la capacidad administrativa para aplicar la legislación pertinente en todos los sectores. En muchos sectores (sobre todo en el transporte por carretera y marítimo), la adaptación es muy parcial, siendo en general resultado de la incorporación de los convenios internacionales.

En cuanto a la fiscalidad, ha comenzado la adaptación relativa a los impuestos sobre consumos específicos y al IVA y se han conseguido algunos avances respecto a los tipos y otras exenciones. En lo que se refiere a la fiscalidad indirecta, es necesario realizar esfuerzos adicionales. Respecto a la fiscalidad directa, Turquía debe mejorar la recaudación de los impuestos directos y eliminar las medidas discriminatorias. En conjunto, la adaptación al acervo en el ámbito de la fiscalidad directa e indirecta es parcial. En cuanto a la unión aduanera, hay un amplio grado de adaptación sobre el papel, pero poca adaptación efectiva en la práctica.

En la mayoría de los ámbitos, la infraestructura estadística de Turquía sigue siendo muy distinta de la de la UE. Se ha iniciado recientemente una cooperación entre las autoridades turcas y Eurostat. Ha comenzado la adaptación al acervo, y es necesaria una labor considerable a este respecto.

Se han adoptado medidas en el ámbito de la política social y el empleo, pero no siempre se han ajustado al acervo. Es urgente crear y desarrollar las condiciones necesarias para que haya un auténtico diálogo social a todos los niveles. Aunque se han conseguido algunos avances, en la mayoría de los campos la legislación turca todavía dista mucho de ajustarse al acervo.

En lo que respecta al sector energético, se ha progresado considerablemente en los subsectores de la electricidad y el gas. Se han seguido aplicando dos leyes importantes adoptadas el año pasado, y se ha avanzado en el establecimiento de un organismo independiente de reglamentación en los ámbitos de la electricidad y el gas. La adaptación al acervo va por buen camino, si bien es necesario hacer esfuerzos adicionales.

En el sector de las telecomunicaciones, no se ha avanzado nada en lo que se refiere a la liberalización de los mercados de telefonía móvil y telefonía fija ni a la aplicación del marco jurídico relativo a los operadores dominantes. Se ha progresado en la aprobación de nueva legislación sobre la concesión de licencias, la interconexión y, en cierta medida, el servicio universal. Es necesario seguir trabajando para aumentar la capacidad administrativa del organismo regulador de las telecomunicaciones, en especial en relación con los recursos humanos y la formación. En conjunto, la adaptación al acervo sigue siendo limitada.

En cuanto a la cultura y la política audiovisual, la nueva Ley de Radiodifusión no se ajusta al acervo. En conjunto, la adaptación al acervo sigue siendo limitada.

En el ámbito de la política regional, ha finalizado la elaboración por parte de Turquía de un mapa provisional con fines de desarrollo con arreglo a los criterios de clasificación de la NUTS; Eurostat ha aprobado dicho mapa. No obstante, todavía no ha empezado a utilizarse esa clasificación respecto a la planificación y las políticas regionales. No se ha elaborado ninguna estrategia efectiva de política regional que se ajuste a las normas de la UE. En conjunto, la adaptación al acervo sigue siendo limitada.

En lo que respecta al medio ambiente, se ha aprobado legislación con objeto de adaptarse a la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental. Se han adoptado medidas para elaborar un plan de financiación de inversiones. La aprobación de un nuevo reglamento sobre las inspecciones medioambientales supone un paso adelante para aumentar la capacidad administrativa de Turquía para aplicar el acervo. En conjunto, la adaptación al acervo sigue siendo limitada.

En lo que se refiere a la protección de los consumidores y de la salud, la adaptación es limitada y es necesario seguir trabajando para adaptar la legislación y potenciar la capacidad administrativa y la sensibilización de los consumidores.

En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, se ha llevado a cabo una labor de sensibilización sobre la legislación y las prácticas de la UE, sobre todo en cuestiones como el asilo y la emigración ilegal. Se han adoptado medidas adicionales para potenciar la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y la corrupción. Se ha creado el fundamento jurídico para luchar contra el tráfico de personas. Ha empezado la adaptación al acervo, en especial en cuanto a la política de visados, pero deben hacerse considerables esfuerzos adicionales. Debe reforzarse enormemente la lucha contra la emigración ilegal.

Respecto a las relaciones exteriores, debe proseguir la adopción del sistema de preferencias generalizadas.

En cuanto al control financiero, deben mejorarse los mecanismos presupuestarios y de control financiero dentro de la administración turca. En conjunto, ha empezado la adaptación al acervo y debe realizarse una considerable labor adicional.

Es necesario aumentar la capacidad administrativa en varios campos a fin de garantizar que se aplique y se cumpla eficazmente el acervo. Deben realizarse reformas significativas en todos los niveles de la administración. En algunos casos, ello comportará la creación de nuevas estructuras por ejemplo en lo que respecta a las ayudas públicas y al desarrollo regional. En algunos ámbitos se han establecido nuevos organismos de reglamentación; debe garantizarse la autonomía de los mismos, al tiempo que deben destinarse personal y recursos financieros suficientes.

ANEXO 2: CAPÍTULO "OTROS ASUNTOS"

El capítulo sobre otros asuntos no se tratará del mismo modo que los demás capítulos en fase de negociación. Es un capítulo en el que se pueden situar una serie de elementos sobre los que, en gran medida, no existen controversias pero que no tienen cabida en otros capítulos.

En primer lugar, el tratado de adhesión deberá establecer las normas aplicables a la gestión y la supresión gradual de los fondos de preadhesión. En total, se habrán comprometido hasta el final de 2003 unos fondos de 5.000 millones de euros aproximadamente con cargo a los programas ISPA, SAPARD y Phare, que deberán contratarse o, al menos, pagarse hasta el final de 2006. Si bien se mantendrán las financiaciones con cargo a ISPA y SAPARD en condiciones similares, en el marco del fondo de cohesión y de los recursos concedidos al desarrollo rural, se deberá suprimir gradualmente la participación de Phare en el 2006. Deberán incluirse en el tratado de adhesión determinadas disposiciones transitorias, incluidas normas relativas a la continuación de la transferencia de la responsabilidad de gestión de la ayuda de preadhesión a los nuevos Estados miembros dentro de un sistema ampliado de ejecución descentralizada (EDIS) (incluidos los recursos humanos y las condiciones para la entrega de fondos). La entrega de los fondos de Phare se supeditará a la aplicación de dicho sistema por parte de los países en fase de adhesión. En el caso de ISPA, a fin de no discriminar a los nuevos Estados miembros respecto a los actuales Estados miembros, no podrá aplicarse ese enfoque.

En segundo lugar, debe definirse con mayor precisión el instrumento de transición previsto para determinadas medidas de desarrollo institucional. Con objeto de aplicar esas medidas y dado que son una continuación de las actividades del programa Phare, la Comisión propone que se utilicen las estructuras establecidas para los años 2004 a 2006, es decir, el Comité de Phare, y que se trabaje en los nuevos Estados miembros por medio del EDIS ya existente. Con el fin de evitar los solapamientos con el tipo de iniciativa que podrá financiarse en el futuro mediante los fondos estructurales, la Comisión propone que en la fase actual se limiten las medidas de desarrollo institucional a lo siguiente:

* justicia y asuntos de interior (fortalecimiento del sistema judicial, controles fronterizos y estrategia anticorrupción)

* mercado interior, incluida la unión aduanera

* medio ambiente

* servicios veterinarios y creación de capacidad administrativa relacionada con la seguridad alimentaria

* gestión y control agrícolas, incluida la IACS

* seguridad nuclear

* reforma general de la administración pública y asistencia técnica horizontal (TAIEX/estadística).

No obstante, en una fase posterior podrán ser necesarias otras medidas, sobre todo para tener en cuenta los resultados de las negociaciones.

En tercer lugar, en lo que se refiere a la clausura de las centrales nucleares de Ignalina en Lituania y Bohunice V1 en Eslovaquia, los resultados de las negociaciones prevén la necesidad de crear un instrumento específico de clausura a fin de financiar la ayuda comunitaria para dichas actividades, al menos hasta 2006. En su Comunicación de 30 de enero de 2002, la Comisión propuso comprometer anualmente una cantidad de 70 millones de euros anualmente desde 2004 hasta 2006 para la clausura de la central de Ignalina. Además, la Comisión indicó que fondos que se habrían asignado con cargo al programa Phare debían comprometerse con cargo a la línea presupuestaria 3 tras la ampliación. Las cifras estimadas se revisarán como convenga según las características de gasto de las actividades de clausura de Bohunice e Ignalina.

Dado que la financiación de dichas actividades constituye una continuación de las actividades financiadas dentro del programa Phare, la Comisión considera que las decisiones presupuestarias anuales sobre la asignación de la ayuda comunitaria para las tareas de clausura deben tomarse, al igual que en el pasado, en consulta con el comité de gestión de Phare. Este enfoque permitirá disponer del tiempo necesario para preparar el fundamento jurídico necesario para prestar apoyo comunitario a las actividades de clausura de Ignalina prevista para la próxima perspectiva financiera. La Comisión propone que este compromiso se incluya en un protocolo anejo al acta relativa a las condiciones de adhesión.

En cuarto lugar, deben incluirse en el tratado una serie de declaraciones, protocolos y elementos adicionales.

Por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad nuclear, los compromisos de Lituania y Eslovaquia para la pronta clausura de las centrales nucleares de Ignalina y Bohunice V1 deberán incluirse en el acta relativa a las condiciones de adhesión.

En quinto lugar, es necesario un fundamento jurídico para el instrumento relativo a la parte septentrional de Chipre con objeto de respaldar un acuerdo político.

ANEXO 3: CONVENIOS DE DERECHOS HUMANOS

Convenios de derechos humanos ratificados por los países candidatos a 15 de septiembre de 2002

>SITIO PARA UN CUADRO>

X = Convenio ratificado

O = Convenio NO ratificado

BG=Bulgaria; CY=Chipre; CZ=República Checa; EE=Estonia; HU=Hungría; LV=Letonia; LT=Lituania; MT=Malta; PL=Polonia; RO=Rumania; SK= República Eslovaca; SV=Eslovenia; T=Turquía

ANEXO 4: PROYECTOS DE HERMANAMIENTO

>SITIO PARA UN CUADRO>

*) El número de proyectos de 2002 aún está sujeto a cambios.

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO 5: REVISIONES PARITARIAS

Revisiones paritarias: número de utilizaciones de expertos por Estado miembro

Estado miembro // Número total de utilizaciones de expertos

Austria // 71

Bélgica // 33

Dinamarca // 41

Finlandia // 61

Francia // 57

Alemania // 78

Grecia // 19

Irlanda // 27

Italia // 47

Luxemburgo // 10

Países Bajos // 61

Portugal // 49

España // 35

Suecia // 74

Reino Unido // 137

Total // 800

Revisiones paritarias realizadas por la Oficina de TAIEX, DG de Ampliación

>SITIO PARA UN CUADRO>

Revisiones paritarias realizadas por otros servicios de la Comisión y otras instituciones

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO 6: SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES

>SITIO PARA UN CUADRO>

Anexo 7: Principales indicadores estadísticos

PAÍSES CANDIDATOS

PRINCIPALES INDICADORES ESTADÍSTICOS (2001)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuentes : Eurostat, de fuentes nacionales.

(1) Desde los informes del año pasado se ha ajustado el método de cálculo del PIB en EPA.

Por lo tanto, los datos no son comparables.

(2) Para calcular el PIB per cápita, los datos relativos a la población total se han tomado de las cuentas nacionales y pueden diferir de los datos estadísticos demográficos.

(3) 1999

(4) 2000

PAÍSES CANDIDATOS

PRINCIPALES INDICADORES ESTADÍSTICOS (2001)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuentes : Eurostat, de fuentes nacionales.

(1) Los cálculos se han realizado utilizando los datos de la población obtenidos de las cuentas nacionales, por lo que pueden diferir de los datos estadísticos demográficos.

(2) Datos de la balanza de pagos.

(3) Año 2000.

(4) Estimación.

(5) Definición de la encuesta de población activa.

PAÍSES CANDIDATOS

PRINCIPALES INDICADORES ESTADÍSTICOS (Media 1997/2001)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuentes : Eurostat y Comisión, de fuentes nacionales.

(1) Datos de la balanza de pagos.

(2) Media 1997/2000.

(3) Media estimada 1997/2000.

(4) Definición de la encuesta de población activa.