(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos. Por lo tanto, sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Chipre para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 17 de mayo de 2021, Chipre presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 28 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Chipre ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 9 de mayo de 2023, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 2 de mayo de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Chipre sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Chipre. En él se evalúan los avances realizados por Chipre para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Chipre. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Chipre en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Chipre de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la deuda privada, pública y externa han disminuido en general pero siguen siendo un motivo de preocupación. En particular, las elevadas deudas, incluidos los préstamos dudosos, han disminuido significativamente y se espera que sigan haciéndolo, mientras que los déficits por cuenta corriente siguen siendo un problema. La deuda privada ha ido disminuyendo desde 2015, excepto en 2020 durante la crisis de la COVID-19, y se espera que siga disminuyendo en 2023 y 2024, con el respaldo del crecimiento del PIB nominal. Sin embargo, unos tipos de interés más elevados podrían ejercer presión sobre el servicio de la deuda, a medida que prevalecen los préstamos a tipo de interés variable. Los stocks de deuda privada y externa se ven afectados por la presencia de entidades con fines especiales en Chipre, que elevan los niveles de deuda pero plantean riesgos limitados para la economía. Los préstamos dudosos en poder de los bancos han disminuido de forma muy acusada en los últimos años gracias a las ventas de estos préstamos, las amortizaciones, los reembolsos en efectivo, las curas y las permutas de deuda por activos. La deuda pública ha ido disminuyendo de forma constante; ha caído por debajo del nivel previo a la pandemia y se espera que siga esta tendencia en 2023 y 2024. A pesar de la recuperación del turismo, el elevado déficit por cuenta corriente aumentó en 2022, lo que refleja la solidez de la demanda interna y los elevados precios de la energía; se espera que disminuya ligeramente en 2023 y 2024, pero que siga siendo elevado. La respuesta política ha sido favorable. Se espera que varias medidas incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia contribuyan a diversificar la economía, apoyen el crecimiento de las exportaciones y alivien la dependencia excesiva de las importaciones de petróleo. Como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, a mediados de 2022 se adoptó un paquete de modificación de la legislación sobre las empresas adquirentes de créditos y los administradores de créditos, lo que mejoró su entorno de trabajo y apoyó la reducción de los préstamos dudosos. Tras varias prórrogas, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias finalizó en febrero: un marco eficaz de ejecución hipotecaria es fundamental para animar a los prestatarios a participar en la reestructuración de los préstamos, reducir aún más los préstamos dudosos en la economía, ayudar a reducir el endeudamiento privado y mejorar la disciplina de pago.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el saldo público de Chipre mejoró y se pasó de un déficit del 2,0 % del PIB en 2021 a un superávit del 2,1 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 101,2 % del PIB a finales de 2021 al 86,5 % a finales de 2022.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron la rebaja del impuesto especial sobre los combustibles para todos los consumidores (de 7 céntimos por litro en el caso de la gasolina y el gasóleo y de 5,37 céntimos por litro en el caso del combustible para calefacción ) y la reducción del tipo del IVA sobre el consumo de electricidad para los hogares del 19 % al 9 % (con una nueva reducción para los hogares vulnerables al 5 %), mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyó la subvención para hacer frente al aumento de las tarifas eléctricas, que cubría entre el 50 % y el 100 % del aumento. Para la aplicación de dicha subvención, el Gobierno está realizando pagos a la Autoridad de Electricidad de Chipre, una entidad de propiedad estatal al 100 %. La Comisión estima el coste presupuestario neto de dichas medidas en un 0,7 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,3 % del PIB en 2022, frente al 2,9 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Chipre (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue neutra, lo que resultó adecuado en un contexto de elevada inflación. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Chipre continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 1,4 % del PIB en 2022 (1,6 % del PIB en 2021). La disminución de los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión en 2022 se debió a una fase inicial del nuevo período de programación para otros fondos de la Unión. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto contractivo de 0,1 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Chipre no mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, lo que no se ajusta a la Recomendación del Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto neutro en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Chipre mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(17)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 es más favorable que el de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores ambos escenarios son similares. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 2,8 % en 2023 y un 3,0 % en 2024. En cambio, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén un menor crecimiento del PIB real del 2,3 % en 2023 y del 2,7 % en 2024, debido principalmente a una menor contribución de la demanda interna al crecimiento.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el superávit público disminuya marginalmente del 2,1 % del PIB en 2022 al 2,0 % en 2023, Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 86,5 % a finales de 2022 al 81,1 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un superávit público del 1,8 % del PIB en 2023, lo que está en consonancia con el superávit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB del 80,4 % a finales de 2023, que también es similar al previsto en el programa.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han venido prorrogando desde 2022, en particular, la rebaja del impuesto especial sobre los combustibles para todos los consumidores y la subvención para hacer frente al aumento de las tarifas eléctricas. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,4 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y muchas de ellas no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,0 % del PIB en 2023 (frente al 0,1 % del PIB en 2022).

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Chipre que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Además, Chipre debía estar preparado para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Chipre que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será globalmente neutra en 2023 (– 0,1 % del PIB), lo que supone que se mantiene la orientación neutra de la política fiscal de 2022 (0,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto neutro del 0,0 % del PIB en la orientación de la política fiscal. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 0,8 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,8 puntos porcentuales (13). Así pues, Chipre tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar inversiones públicas para impulsar las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, como un sistema de gestión del mercado para el mercado de la electricidad de Chipre, la construcción de nuevos edificios eficientes desde el punto de vista energético, incluido un nuevo hospital de salud mental, la mejora de la eficiencia energética de las escuelas y la mejora de la seguridad hídrica en las regiones de Nicosia y Lárnaca mediante la construcción de un depósito, que se financian en parte con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el superávit público aumente hasta el 2,3 % del PIB en 2024. El aumento en 2024 refleja principalmente el aumento de las cotizaciones a la seguridad social a partir del 1 de enero de 2024. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 72,9 % a finales de 2024. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un superávit público del 2,1 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia con el superávit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 72,5 %, a finales de 2024.

(23)

El Programa de Estabilidad prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también cuenta con la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

En el programa, Chipre tiene previsto cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo —un saldo presupuestario estructural del 0,0 % del PIB— en 2023 y mantenerlo durante el resto del período de ejecución del programa. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el + 0,9 % del PIB en 2023 y en el + 1,3 % del PIB en 2024, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Una política fiscal prudente en 2024 también contribuirá a reforzar la posición exterior.

(25)

Suponiendo que no se modifiquen las políticas, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que el gasto primario neto financiado a nivel nacional (14) crezca un 3,6 % en 2024.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública disminuya del 3,0 % del PIB en 2023 al 2,8 % del PIB en 2024. La menor inversión refleja un nivel constante de inversión nominal con un PIB más elevado.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que el superávit público se mantenga constante, en el 2,3 % del PIB en 2025, y que aumente hasta el 2,4 % en 2026. Por lo tanto, se prevé que el saldo público alcance el valor de referencia pertinente establecido en el Tratado durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 72,9 % a finales de 2024 al 60,1 % a finales de 2026.

(28)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre está en curso, aunque con riesgo de sufrir algunos retrasos. Chipre ha presentado una solicitud de pago correspondiente a 14 hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que ha dado lugar a un desembolso total de 85 millones EUR. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre es relativamente grande y complejo. Para minimizar el riesgo de retrasos, son esenciales una gobernanza sólida y un seguimiento continuo del Plan de Recuperación y Resiliencia. Está previsto revisar el Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre para incluir medidas de REPowerEU y tener en cuenta la reducción de la contribución financiera máxima. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Chipre en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(29)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Chipre en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Chipre.

(30)

Además de los retos económicos y sociales que abordan el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Chipre se enfrenta a una serie de retos adicionales relacionados con el entorno empresarial, en particular en lo que se refiere a la gobernanza de las entidades públicas, la implantación de las energías renovables, la mejora y modernización de la red eléctrica, las interconexiones energéticas, la eficiencia energética, el transporte sostenible y las capacidades necesarias para la transición ecológica.

(31)

El sistema de gobernanza muestra lagunas con respecto a las normas internacionales, por ejemplo, las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las entidades públicas y el conjunto de herramientas del Banco Mundial para la gobernanza empresarial de las entidades públicas. En particular, una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas en relación con el rendimiento financiero y los objetivos públicos, así como la aplicación de buenas prácticas, como, por ejemplo, un proceso transparente y basado en los méritos para la designación de los órganos de gestión de las entidades públicas, aumentarían la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas. El cambio de la función de propiedad de las entidades públicas de los ministerios de orientación política a un organismo central específico o, al menos, la creación de una unidad de supervisión centralizada en el Ministerio de Hacienda también mejoraría la situación actual. La mejora de la gobernanza contribuiría a garantizar que los proyectos de inversión pública clave de las entidades públicas se completen a tiempo, lo que a su vez facilitaría las transiciones ecológica y digital. La adopción de medidas en relación con las entidades públicas haría que la gobernanza en Chipre fuera más eficaz y el mercado para las empresas locales y extranjeras sería más justo y transparente. Esto está en consonancia con los objetivos de la estrategia a largo plazo para Chipre y el plan de acción que la sustenta (en el marco de la iniciativa «Modernización de las empresas semigubernamentales y creación de los incentivos adecuados para la innovación y la eficiencia»). Las políticas destinadas a mejorar la gobernanza de las entidades públicas también pueden contribuir a aumentar la eficiencia del sector público. Chipre ha solicitado al Fondo Monetario Internacional asistencia técnica para la gobernanza de las entidades públicas.

(32)

Podría aprovecharse aún más todo el potencial de las fuentes de energía renovables en Chipre, en particular realizando más inversiones para mejorar y modernizar la red eléctrica y optando por instalaciones de almacenamiento de energía a escala de la red. Los contratos de compra de electricidad y los contratos por diferencia pueden ser instrumentos económicos adecuados para acelerar la implantación de las energías renovables. Chipre no utiliza actualmente gas, aunque el petróleo representa el 83,2 % de la combinación energética total. Dada la gran fluctuación de los precios de la energía en los mercados mundiales, es fundamental para la sostenibilidad de la economía chipriota reducir su fuerte dependencia del petróleo, que importa en su totalidad. Las interconexiones eléctricas, la expansión de las energías renovables y nuevas inversiones en infraestructuras y redes ayudarían a Chipre a diversificar el suministro de energía y reducir la dependencia de las importaciones. Además, las políticas de eficiencia energética podrían ampliarse y acelerarse para frenar el crecimiento del consumo de energía. Se espera que las medidas de eficiencia energética también ayuden a abordar la pobreza energética que sufre una elevada proporción de la población (19,4 % en 2021), en particular utilizando los fondos de la política de cohesión según proceda. Chipre se beneficiaría de una transición hacia un transporte sostenible. La isla depende actualmente del transporte privado, y el sector del transporte en su conjunto fue responsable del 21 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2020, mientras que el porcentaje de vehículos eléctricos en las nuevas matriculaciones y el número de puntos de recarga por vehículo es el más bajo de la Unión. Será necesario aumentar aún más la ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar las energías renovables y la eficiencia energética para que Chipre se ajuste a los objetivos del paquete «Objetivo 55».

(33)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera y la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. En 2022, varias ocupaciones con capacidades o conocimientos específicos necesarios para la transición ecológica se enfrentaron a escasez de mano de obra y sectores clave (por ejemplo, la construcción y la industria manufacturera) registraron un aumento de la tasa de vacantes de empleo. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica.

(34)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (15) se refleja en la recomendación 1.

(35)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Chipre, las recomendaciones 1, 2 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera y cuarta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

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A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a la deuda privada, pública y externa. La recomendación 2 contribuye a aplicar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 35.