(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que señalaba a Grecia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los cuales sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Grecia para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023. Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo principal de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 27 de abril de 2021, Grecia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Grecia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 2 de mayo de 2023, Grecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 29 de abril de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Grecia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe de 2023 sobre Grecia. En él se evalúan los avances realizados por Grecia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Grecia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Grecia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Grecia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión concluyó que Grecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y un elevado volumen de préstamos no productivos en un contexto de alto desempleo han ido remitiendo, pero su posición exterior se ha deteriorado. Una preocupación clave es que el déficit por cuenta corriente aumentó notablemente en 2022 (debido también al acusado aumento de los precios de la energía en toda la Unión), a pesar de la recuperación de los ingresos por turismo. Aunque se prevé que se reduzca este año y el próximo, el déficit exterior se mantendrá muy por encima del nivel necesario para garantizar una mejora duradera de la posición de inversión internacional neta. Aunque la ratio de deuda pública con respecto al PIB sigue siendo la más elevada de la Unión, mejoró notablemente en 2022, en gran parte gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal, y se espera que siga disminuyendo en 2023 y 2024. Los préstamos no productivos registraron un fuerte descenso el año pasado, basándose en las grandes reducciones de años anteriores, pero siguen siendo elevados en comparación con la media de la Unión y continúan pesando sobre la rentabilidad y la capacidad de préstamo de los bancos, lo que a su vez repercute en la intensificación del capital y en el crecimiento de la productividad de la economía. La respuesta política ha contribuido a la corrección de los desequilibrios y la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia representa una gran oportunidad para abordar las deficiencias estructurales restantes. Sin embargo, son necesarios más esfuerzos, en particular para garantizar que los saldos exteriores se sitúen en una senda de firme mejora y que los préstamos no productivos sigan disminuyendo, entre otras cosas mediante el aumento de la eficacia de la ejecución de la deuda y la mejora del mercado secundario de préstamos no productivos.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Grecia disminuyó del 7,1 % del PIB en 2021 al 2,3 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 194,6 % del PIB a finales de 2021 al 171,3 % a finales de 2022.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron subvenciones a la electricidad para hogares y empresas, y un aumento de las prestaciones sociales a los hogares vulnerables. El coste de estas medidas se compensó en parte con los nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los productores y proveedores de energía, a saber, el tope de precios a los productores de electricidad y el gravamen extraordinario a los productores de electricidad para el período comprendido entre octubre de 2021 y junio de 2022. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 2,5 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 1,5 % del PIB en 2022, frente al 6,5 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Grecia (7) que utilizara en 2022 el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, el Consejo recomendó a Grecia que mantuviera las inversiones financiadas a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el ‒ 1,0 % del PIB. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Grecia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 2,1 % del PIB en 2022 (2,6 % del PIB en 2021). La disminución de los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión en 2022 se debió a la retirada progresiva del anterior período de programación, mientras que los gastos de inversión en el nuevo período de programación aún no han repuntado. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto expansivo de 0,6 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Grecia mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, tal y como recomendó el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 0,6 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. En ese importante efecto expansivo se incluyó el efecto adicional de las medidas de política fiscal para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 2 % del PIB). Por tanto, Grecia limitó suficientemente el crecimiento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional.

(17)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores es más favorable. El Gobierno prevé un aumento del PIB real del 2,3 % en 2023 y del 3 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un mayor crecimiento del PIB real, del 2,4 %, en 2023 y un menor crecimiento, del 1,9 %, en 2024, debido principalmente a diferencias en las hipótesis sobre la actividad inversora y las contribuciones del sector exterior. El Programa de Estabilidad de 2023 prevé una mayor contribución de la formación bruta de capital fijo, especialmente en 2024, y la Comisión espera que las importaciones de bienes sigan siendo más elevadas que en las previsiones de las autoridades.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público disminuya hasta el 1,8 % del PIB en 2023. La disminución en 2023 obedece principalmente a la supresión gradual de las medidas fiscales relacionadas con la pandemia y a la reducción del coste de las medidas relacionadas con la energía, así como al aumento de los ingresos debido al crecimiento económico. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 171,3 % a finales de 2022 al 162,6 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 1,3 % del PIB para 2023. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a una evolución más favorable de las bases impositivas impulsada por las hipótesis macroeconómicas, en particular la composición del crecimiento y los menores gastos del presupuesto social en consonancia con la infrautilización sistemática observada en los últimos años. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, la ratio de deuda pública con respecto al PIB será menor, situándose en el 160,2 % a finales de 2023. La diferencia se debe principalmente a un mayor crecimiento del PIB nominal y, en menor medida, a un menor déficit público previsto por la Comisión.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas fiscales adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022, en particular las ayudas relativas a la electricidad para hogares y empresas. El coste de estas medidas sigue compensándose en parte con los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los proveedores de energía, a saber, el tope de precios de los productores de electricidad y la contribución de solidaridad de las refinerías. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,2 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas de 2023 no parecen estar dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,5 % del PIB en 2022). Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 1,5 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Grecia que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (12), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Grecia debía estar preparada para ajustar sus gastos corrientes a la cambiante situación. Asimismo, se recomendó a Grecia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En 2023, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que la orientación de la política fiscal será globalmente neutra (‒ 0,2 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación expansiva de la política fiscal en 2022 (‒ 1,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo del 0,3 % del PIB en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. El efecto contractivo previsto de los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional se debe, en esencia, a la reducción de los costes de las medidas (específicas y no específicas) de apoyo a los hogares y las empresas en respuesta a las subidas de los precios de la energía (en un 2,3 % del PIB). El aumento del gasto social es el principal motor del crecimiento de los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (netos de las nuevas medidas relativas a los ingresos). Los gastos financiados mediante subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 2,5 % del PIB en 2023, y las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto neutro en la orientación de la política fiscal de 0,0 puntos porcentuales (13). Así pues, Grecia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital, y para la seguridad energética, como la instalación de 8 000 puntos de recarga accesibles al público para vehículos eléctricos en lugares urbanos y suburbanos clave, la digitalización de la administración pública y la mejora de la interconexión eléctrica de las islas.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 0,8 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente la eliminación progresiva de las restantes medidas energéticas y de otro tipo y el aumento de los ingresos gracias al sólido crecimiento económico. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 150,8 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 0,6 % del PIB en 2024. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a las hipótesis sobre la ejecución del presupuesto social, sobre todo un menor gasto en prestaciones sociales y en pensiones. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, la ratio de deuda pública con respecto al PIB será superior, situándose en el 154,5 % a finales de 2024.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,3 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 2,6 %, como se refleja en la presente Recomendación. Esto también contribuirá a reforzar la posición exterior. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,2 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 0,7 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 es superior al ahorro derivado de la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 4,8 % del PIB en 2023 al 5,4 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja una inversión financiada a nivel nacional ligeramente inferior y una mayor inversión financiada por la Unión, concretamente a través del Mecanismo. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Estas reformas e inversiones incluyen inversiones de alto valor añadido y reformas estructurales orientadas a las transiciones ecológica, digital y energética, que también forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya hasta alcanzar el 0,5 % del PIB en 2025 y el 0,1 % en 2026. Por tanto, se prevé que el déficit público se mantenga por debajo del 3 % del PIB durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 150,8 % a finales de 2024 al 135,2 % a finales de 2026.

(28)

Partiendo de las mejores prácticas y las reformas emprendidas como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, la modificación del marco de la política fiscal de Grecia podría ayudar a compensar el déficit de inversiones. Más concretamente, la introducción de un sistema de decisiones fiscales anticipadas más amplio podría aumentar la seguridad jurídica para los inversores y aumentar los trabajos en curso para simplificar el sistema tributario. Una revisión del sistema tributario también podría contribuir a ampliar la base impositiva en lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia y apoyar la inversión. El cumplimiento de las obligaciones tributarias podría mejorarse ampliando la aplicación de los pagos electrónicos y haciendo un mayor uso de la información procedente de los pagos electrónicos, teniendo en cuenta, en particular, las pruebas recientes de una creciente disparidad entre las rentas bajas declaradas y el volumen de negocios aparentemente rápido de los trabajadores por cuenta propia. Esto podría llevarse a cabo, en particular, haciendo un mejor uso de la información procedente de los pagos electrónicos para profesiones específicas. Se espera que la transformación digital en curso de la Autoridad Independiente para los Ingresos Públicos contribuya a ese objetivo. Sin embargo, es esencial que la autonomía de la autoridad para gestionar y desarrollar su infraestructura de recursos humanos e informática aumente aún más, habida cuenta de los actuales retos a los que se enfrentan los sistemas fiscales en todo el mundo.

(29)

Grecia ha seguido tomando medidas para modernizar su administración pública, pero su rendimiento global sigue siendo relativamente bajo. Tras un ajuste significativo a partir de 2010, el tamaño y el coste de la administración pública se han alineado en líneas generales con la media de la Unión. La masa salarial de Grecia se mantuvo estable en 2022 en el 10,8 % del PIB, ligeramente por encima de la media de la Unión (10,2 % del PIB). Para salvaguardar estos beneficios, será fundamental garantizar la continuidad de la aplicación de la tabla salarial unificada, manteniendo al mismo tiempo los niveles de personal actuales mediante la aplicación continua de la norma de contratación «uno más, uno menos» para el personal permanente y del límite máximo para el personal temporal que se introdujo en 2022. El Plan de Recuperación y Resiliencia contiene medidas destinadas a mejorar la eficacia de la administración pública, con especial atención a la mejora de sus servicios digitales. Al mismo tiempo, atraer y mantener personal de alto nivel sigue siendo un reto. Esto podría abordarse de manera estructural a través de redes salariales especiales o suplementarias para funciones u organismos específicos, así como de un sistema bien definido de prestaciones introducido como parte integrante del nuevo sistema de gestión de recursos humanos, salvaguardando al mismo tiempo la integridad de la tabla salarial unificada y el tamaño global de la masa salarial.

(30)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. Hasta la fecha, la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia ha avanzado bien. De cara al futuro, será importante mantener el impulso de la aplicación. Grecia presentó tres solicitudes de pago (16) de ayuda financiera no reembolsable y dos solicitudes de pago de ayuda en forma de préstamo, correspondientes a 85 hitos y objetivos del plan. Hasta la fecha, Grecia ha recibido un desembolso global de 7 126 millones EUR (17). De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, el 29 de marzo de 2023, Grecia manifestó su intención de solicitar 5 000 millones EUR de ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. Grecia ha comenzado firmemente a ejecutar su plan y ha establecido un sistema de gestión y control para supervisar y coordinar la realización oportuna de las reformas e inversiones. De cara al futuro, será importante mantener e intensificar esos esfuerzos teniendo en cuenta el importante número de reformas e inversiones que se prevé llevar a cabo, en particular dado que la realización de algunas de esas reformas e inversiones requerirá avances oportunos en diversas fases preparatorias, incluidos los procedimientos de contratación pública. La continuación de la ejecución del plan depende de la capacidad administrativa y de ejecución de los organismos de ejecución asignados, incluida la administración regional y local. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Grecia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(31)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Grecia en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Grecia.

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Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Grecia afronta algunos retos adicionales relativos a la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, la cartografía catastral, la política energética y la transición ecológica.

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El gasto sanitario público se sitúa por debajo de la media de la Unión, mientras que los pagos directos efectuados por los pacientes en Grecia son los segundos más elevados de la Unión como porcentaje del PIB. El sistema sanitario sigue estando centrado en la hospitalización, y el gasto en cuidados curativos se centra en la hospitalización. Además, Grecia ocupa el primer lugar entre todos los Estados miembros en cuanto al gasto público en medicamentos como porcentaje del PIB. El gasto público en cuidados preventivos y de larga duración es significativamente inferior a la media de la Unión, y no existe una estrategia nacional global para los cuidados de larga duración. Para hacer frente a esta situación, Grecia está aplicando un sistema de atención primaria recientemente adoptado para reducir la dependencia de la asistencia hospitalaria y aumentar la eficiencia del acceso a los bienes y servicios sanitarios. La plena aplicación de la reforma de la atención primaria se ve obstaculizada por la escasez de médicos de familia. El número de médicos de familia no es suficiente para cubrir a toda la población. Será necesaria una cobertura suficiente para la plena introducción de un sistema eficaz y exhaustivo basado en el control de acceso, que deberá comenzar a aplicarse a partir del 1 de septiembre de 2023. A tal fin, será fundamental incentivar más la ampliación del número de médicos de familia para cubrir a toda la población y el registro de la población para garantizar a esta un acceso adecuado y equitativo a la atención sanitaria.

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La finalización del catastro nacional, un proyecto de larga duración, mejorará aún más el clima empresarial de Grecia. A finales de mayo de 2023, se había completado el 72 % de la cartografía catastral, y otro 25 % de los derechos de propiedad había sido recaudado y se están tramitando en la actualidad. Se espera que el tratamiento de los derechos recaudados concluya a finales de 2023, lo que completaría el catastro a finales de año. En cuanto a la transición a la nueva agencia «Catastro Helénico», se han abierto y están operativas 12 oficinas catastrales y 49 sucursales. La Agencia del Catastro Helénico tiene previsto digitalizar plenamente los servicios a los ciudadanos y el Mecanismo presta apoyo a la digitalización de todos los registros y escrituras de derechos de propiedad que se encuentran actualmente en papel.

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A pesar de los esfuerzos realizados también en el contexto de la crisis energética, Grecia sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. En 2021, el petróleo y el gas representaron, respectivamente, el 52 % y el 24 % de su combinación energética. A fin de acelerar los esfuerzos de descarbonización, podrían ponerse en marcha una serie de medidas adicionales que se basen en las inversiones y reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia y las amplíen. Grecia podría acelerar la expansión de las energías renovables estableciendo y completando los marcos jurídicos para promover el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno renovable y de energía eólica marina. Son necesarios esfuerzos adicionales para acelerar el desarrollo de un marco legislativo y reglamentario para el biometano y convertir el potencial de biometano sostenible disponible en capacidad de producción real para compensar las importaciones de gas natural.

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A medida que se integren más energías renovables, serán esenciales nuevas inversiones para ampliar el almacenamiento y la capacidad de la red a fin de salvaguardar el equilibrio de la red eléctrica. Los regímenes de remuneración comunes y la promoción de los sistemas «tras el contador» podrían ser herramientas importantes para promover la expansión oportuna y viable de la capacidad de almacenamiento. Para evitar la necesidad de restringir las energías renovables, podrían desarrollarse interconexiones eléctricas adicionales con los países vecinos. En cuanto a la mayor implantación de las fuentes de energía renovables, será importante aplicar plenamente el nuevo marco jurídico adoptado en 2022, que simplifica y acelera el proceso de concesión de licencias para proyectos de energías renovables y almacenamiento. Además, la promoción de los sistemas de autoconsumo, incluida la ampliación del apoyo a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos con baterías, y las comunidades de energía podrían contribuir a impulsar la aceptabilidad social de la implantación de las energías renovables.

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Grecia también podría ampliar el alcance y la ambición de las medidas de ahorro energético existentes y reducir el elevado nivel de pobreza energética. El consumo de gas natural en Grecia cayó un 22 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (18). Grecia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (19).

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La introducción de nuevos instrumentos financieros, como las subastas de eficiencia energética, podría centrarse en la cobertura de los programas de apoyo a la renovación existentes destinados a los hogares en situación de pobreza energética de manera más eficiente. La proporción de contadores inteligentes de Grecia está muy por debajo de la media de la Unión (3 % frente al 54 %, cifras de 2021) y podría incrementarse, ya que permite a los consumidores participar activamente en el mercado y apoyar la respuesta de la demanda. Además, sectores específicos como el transporte y el agua tienen un margen considerable para ahorrar energía, ya que siguen dependiendo en gran medida del petróleo.

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La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera y la implantación y mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En Grecia, la escasez de capacidades ecológicas es actualmente más evidente en el sector de la construcción, que es muy pertinente para la transición ecológica y para ocupaciones técnicas específicas. Por último, sigue habiendo margen para otras medidas que permitan aumentar la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres. El aumento de las capacidades administrativas de los servicios públicos de empleo, al tiempo que se amplía el uso del enfoque individualizado sobre los solicitantes de empleo, tiene el potencial de impulsar los resultados en materia de empleo para esos grupos y apoyar una transición fluida y justa.

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A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (20) se refleja en la recomendación 1.

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Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Grecia, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

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A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas mencionadas en la recomendación 1 ayudan a abordar las vulnerabilidades vinculadas a la deuda pública, la posición exterior y los préstamos no productivos. La recomendación 2 contribuye a abordar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 41.