(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporciona ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implica un impulso presupuestario financiado por la Unión. El Mecanismo contribuye a la recuperación económica y a la realización de inversiones y reformas sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente con el fin de promover las transiciones ecológica y digital, al mismo tiempo que refuerza la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También contribuye a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se actualizará en junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 24 de noviembre de 2021, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2022 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el Compromiso Social de Oporto suscrito el 7 de mayo de 2021 con el fin de impulsar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 25 de marzo de 2022, el Consejo Europeo aprobó las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. El 24 de noviembre de 2021, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros para los cuales sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión también adoptó una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, así como una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2022, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 5 de abril de 2022, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo «Recomendación de 2022 sobre la zona del euro») y el 14 de marzo de 2022, el Informe conjunto sobre el empleo para 2022.

(3)

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, tras la pandemia mundial, ha alterado significativamente el contexto geopolítico y económico. Entre las repercusiones de la invasión sobre las economías de los Estados miembros figura un aumento de los precios de la energía, de los alimentos y de las materias primas, así como menores perspectivas de crecimiento. Los mayores precios de la energía pesan de manera particularmente aguda sobre los hogares más vulnerables confrontados a una situación de pobreza energética o en riesgo de caer en dicha situación, así como sobre las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía. Asimismo, en la Unión está habiendo una entrada sin precedentes de personas que huyen de Ucrania. Los efectos económicos derivados de la guerra de agresión de Rusia han tenido un impacto asimétrico en los Estados miembros. En este contexto, el 4 de marzo de 2022 se activó por primera vez la Directiva 2001/55/CE del Consejo (5) mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo (6), por la que se concede a las personas desplazadas procedentes de Ucrania el derecho a permanecer de forma legal en la Unión, así como el acceso a la educación y la formación, al mercado de trabajo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda y a las prestaciones sociales.

(4)

Teniendo en cuenta la rápida evolución de la situación económica y geopolítica, en 2022, el Semestre Europeo reanuda su coordinación general de las políticas económicas y de empleo, al mismo tiempo que se ajusta a los requisitos de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. La ejecución de los planes de recuperación y resiliencia adoptados es esencial para la consecución de las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país emitidas en los ciclos del Semestre Europeo de 2019 y 2020. Las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020 siguen siendo igualmente pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241, añadiéndose a cualquier otra recomendación específica por país formulada hasta la fecha de presentación de tales planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados.

(5)

La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha estado activa desde marzo de 2020. En su Comunicación, de 3 de marzo de 2021, titulada «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», la Comisión expuso su punto de vista de que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (final de 2019). La mayor incertidumbre y los importantes riesgos a la baja de las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Europa, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de abastecimiento justifican la prórroga de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2023.

(6)

Siguiendo el enfoque de la Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021 (7), por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Malta, actualmente la orientación presupuestaria global se mide mejor mediante la variación del gasto primario (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de emergencia temporales relativas a la crisis de la COVID-19), aunque incluidos los gastos financiados por ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión, en relación con el crecimiento potencial a medio plazo (8). Más allá de la orientación presupuestaria global, con el fin de evaluar si la política presupuestaria nacional es prudente y su composición es favorable a una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital, también se presta atención a la evolución de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (9) (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de emergencia temporales relativas a la crisis de la COVID-19) y a la inversión.

(7)

El 2 de marzo de 2022, la Comisión adoptó una comunicación en la que proporcionaba orientaciones generales para la política presupuestaria en 2023 (en lo sucesivo, «orientaciones presupuestarias») encaminadas a respaldar la elaboración de los programas de estabilidad y de convergencia de los Estados miembros, reforzando de esta forma la coordinación de las políticas. La Comisión observó, sobre la base de las perspectivas macroeconómicas de las previsiones del invierno de 2022, que en 2023 sería apropiado pasar de una orientación presupuestaria agregada expansionista en 2020–2022 a una orientación presupuestaria agregada globalmente neutra, manteniendo en cualquier caso la disposición a reaccionar en función de la cambiante situación económica. La Comisión anunció que las recomendaciones presupuestarias para 2023 deberían seguir distinguiendo entre Estados miembros y teniendo en cuenta posibles contagios de los efectos entre países. La Comisión invitó a los Estados miembros a reflejar las orientaciones en sus programas de estabilidad o de convergencia. La Comisión se comprometió a realizar un estrecho seguimiento de la evolución económica y a ajustar sus orientaciones según fuera necesario y, a más tardar, en su paquete de primavera del Semestre Europeo de finales de mayo de 2022.

(8)

Con respecto a las orientaciones presupuestarias, las recomendaciones presupuestarias para 2023 tienen en cuenta el deterioro de las perspectivas económicas, la mayor incertidumbre y los nuevos riesgos a la baja y la mayor inflación en comparación con las previsiones del invierno de 2022 de la Comisión. A la luz de estas consideraciones, la respuesta presupuestaria tiene que impulsar la inversión pública en relación con las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, y sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables con objeto de amortiguar los efectos de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas derivadas de efectos inducidos a través de medidas selectivas y temporales. La política presupuestaria ha de seguir siendo ágil con el fin de ajustarse a las circunstancias rápidamente cambiantes, incluidos los retos derivados de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en materia de defensa y seguridad, y tiene que distinguir entre Estados miembros atendiendo a su situación presupuestaria y económica específica, también en lo que respecta a su exposición a la crisis y la entrada de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(9)

El 13 de julio de 2021, Malta presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. En virtud del artículo 19 de dicho Reglamento, la Comisión ha evaluado la pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con las directrices de evaluación establecidas en el anexo V del citado Reglamento. El 5 de octubre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Malta (10). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, a tenor de la cual Malta haya cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se haya retrocedido en los avances ya realizados hacia el logro de hitos y objetivos precedentes.

(10)

El 15 de abril de 2022, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2022 y, el 2 de mayo de 2022, su Programa de Estabilidad de 2022, dentro del plazo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2022 también refleja el informe semestral de Malta sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

La Comisión publicó el informe por país de 2022 correspondiente a Malta el 23 de mayo de 2022. Evaluó los avances de Malta en el seguimiento de las recomendaciones que le dirigió el Consejo en 2019, 2020 y 2021 e hizo balance de la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia, basándose en el cuadro de indicadores sobre recuperación y resiliencia. Partiendo de este análisis, el informe sobre Malta detectó deficiencias en relación con retos que no se abordan o se abordan solo parcialmente en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como retos nuevos y emergentes, como los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evaluó los avances de Malta en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en el logro de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado. En él se trataba la situación presupuestaria de Malta, ya que el déficit público rebasó en 2021 el valor de referencia del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. En consonancia con la comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión no propuso iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la necesidad de proponer que se inicien en el otoño de 2022.

(13)

En su Recomendación de 20 de julio de 2020 (11), el Consejo recomendó a Malta que adoptara en 2020 y 2021 todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomentan la inversión. Según los datos validados por Eurostat, el déficit de público de Malta se redujo del 9,5 % del PIB en 2020 al 8,0 % en 2021. La respuesta de política presupuestaria de Malta respaldó la recuperación económica en 2021, mientras que las medidas de emergencia temporales disminuyeron del 6,3 % del PIB en 2020 al 4,7 % en 2021. Las medidas adoptadas por Malta en 2021 se ajustaron a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 en su mayoría eran temporales o estaban contrarrestadas por medidas compensatorias. Según los datos validados por Eurostat, la deuda de las Administraciones Públicas se redujo del 53,4 % del PIB en 2020 al 57,0 % del PIB en 2021.

(14)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2022 es realista. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 4,4 % en 2022 y un 3,9 % en 2023. En comparación, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 el crecimiento del PIB real sería inferior (4,2 % en 2022 y 4,0 % en 2023). En su Programa de Estabilidad de 2022, el Gobierno espera que el déficit global disminuya al 5,4 % del PIB en 2022 y al 4,6 % en 2023. El descenso en 2022 refleja principalmente el crecimiento de la actividad económica y el efecto neto de la desaparición parcial de las medidas de apoyo de emergencia, mientras que se introducían nuevas medidas en respuesta a los elevados precios de la energía. De acuerdo con el Programa de Estabilidad de 2022, la ratio deuda pública/PIB disminuiría al 58,6 % en 2022 y al 59,4 % en 2023. Sobre la base de las medidas conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 contemplan para 2022 y 2023 un déficit público del 5,6 % del PIB y el 4,6 % del PIB, respectivamente. Estas previsiones están en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2022. En las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 se indica una ratio deuda pública/PIB similar, del 58,5 % en 2022 y el 59,5 % en 2023. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años) se estima en el 4,5 %. Sin embargo, esta estimación no incluye los efectos de las reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y pueden impulsar el crecimiento potencial de Malta.

(15)

En 2022, el Gobierno suprimió gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, como las medidas de emergencia temporales, que se prevé pasen de representar el 4,7 % del PIB en 2021 a representar el 1,3 % en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar las repercusiones económicas y sociales de la subida de los precios de la energía, que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 estiman en el 1,0 % del PIB en 2022 y el 0,6 % del PIB en 2023 (12). Estas medidas consisten principalmente en reducciones de los impuestos indirectos sobre el consumo de energía y subvenciones a la producción de energía para compensar el aumento de los precios de la electricidad importada y las emisiones de carbono. y se han anunciado como medidas temporales. Sin embargo, algunas de estas medidas podrían proseguirse en caso de que los precios de la energía se mantengan elevados en 2023. Algunas de estas medidas no tienen carácter específico, en particular las subvenciones a la producción de energía y las reducciones de los impuestos especiales que gravan el combustible. El déficit público también se ve afectado por el coste que supone ofrecer protección temporal a personas desplazadas procedentes de Ucrania, que en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 se estima en el 0,1 % del PIB en 2022 y el 0,1 % del PIB en 2023 (13).

(16)

En su Recomendación de 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Malta que mantuviera en 2022 una orientación presupuestaria expansionista, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que preservara la inversión financiada a nivel nacional. Asimismo, el Consejo le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicase una política presupuestaria destinada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo y, al mismo tiempo, fomentase la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

(17)

En 2022, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 e incluyendo la información incorporada en el Programa de Estabilidad de 2022 de Malta, se prevé que la orientación presupuestaria sea expansionista en un – 1,5 % del PIB, según lo recomendado por el Consejo (14). Malta tiene previsto proporcionar un apoyo continuo a la recuperación utilizando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales conforme a lo recomendado por el Consejo. Se prevé que la contribución positiva a la actividad económica de los gastos financiados por subvenciones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión aumente en 0,2 puntos porcentuales del PIB respecto de 2021. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional proporcione una contribución contraccionista a la orientación presupuestaria de 0,3 puntos porcentuales en 2022 (15). Por tanto, Malta no tiene previsto mantener las inversiones financiadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, se prevé que en 2022 el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas de ingresos) proporcione una contribución expansionista de 1,6 puntos porcentuales a la orientación presupuestaria global. Esta significativa contribución expansionista incluye los efectos adicionales de las medidas adoptadas para abordar las repercusiones económicas y sociales de la subida de los precios de la energía (0,5 % del PIB), así como los costes de la oferta de protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB). Además, el Gobierno concedió apoyo financiero a los hogares (el 0,3 % del PIB), un aumento de las pensiones contributivas y no contributivas por encima del índice del coste de la vida (el 0,2 % del PIB), mientras que la tasa de crecimiento del consumo intermedio (excluidas las medidas) siguió siendo elevada (el 0,4 % del PIB).

(18)

Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, en 2023 el efecto de la orientación presupuestaria equivaldría al 1,1 % del PIB, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica (16). Se prevé que Malta siga utilizando en 2023 las subvenciones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación. Se prevé que la contribución positiva a la actividad económica de los gastos financiados por subvenciones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión aumente en 0,2 puntos porcentuales del PIB respecto de 2022. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional proporcione una contribución contraccionista a la orientación presupuestaria de 0,1 puntos porcentuales en 2023 (17). Al mismo tiempo, se prevé que en 2023 el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas de ingresos) proporcione una contribución expansionista de 1,3 puntos porcentuales a la orientación presupuestaria global. Esto incluye el impacto de la eliminación gradual de las medidas que abordan el aumento de los precios de la energía (el 0,4 % del PIB), del apoyo financiero temporal a los hogares (el 0,3 % del PIB) y del ajuste de las pensiones contributivas y no contributivas por encima del índice del coste de la vida (el 0,2 % del PIB). Además, se espera que el consumo intermedio (excluidas las medidas) crezca menos que el PIB nominal (el 0,4 % del PIB).

(19)

De acuerdo con el Programa de Estabilidad de 2022, se espera que el déficit público disminuya gradualmente hasta alcanzar el 4,6 % del PIB en 2023, el 2,8 % en 2024 y el 2,4 % en 2025. Por consiguiente, se prevé que el déficit público se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2024. Según el Programa de Estabilidad de 2022, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya de aquí a 2025, concretamente hasta el 58,6 % en 2024 y el 57,2 % en 2025. Según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen medios a medio plazo.

(20)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el criterio 2.2 de su anexo V, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de inversiones y reformas que se refuerzan mutuamente con un calendario indicativo de realización con plazo de finalización hasta el 31 de agosto de 2026. Estas contribuyen a abordar la totalidad o una parte significativa de los retos económicos y sociales descritos en las recomendaciones dirigidas por el Consejo a Malta en el marco del Semestre Europeo de 2019 y 2020, además de en cualquier otra recomendación dirigida a Malta hasta la fecha de adopción de un plan de recuperación y resiliencia. En concreto, el plan de recuperación y resiliencia es ambicioso y prevé reformas e inversiones para solventar las dificultades detectadas en relación con la salud, el empleo, la educación y las capacidades, las transiciones ecológica y digital, la justicia y la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. La buena gobernanza es uno de los pilares de la visión económica a largo plazo del Gobierno, y el plan hace esfuerzos significativos para superar los retos en este ámbito. La inversión en educación también ocupa un lugar destacado en el plan a través de las medidas pertinentes propuestas para abordar las deficiencias del sistema educativo. Una parte importante de las inversiones previstas se centra en las transiciones ecológica y digital, abordando así las recomendaciones específicas por país sobre las inversiones en estos ámbitos. El plan trata en parte las dificultades detectadas en relación con la planificación fiscal agresiva, la investigación y la innovación (I+i) y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

(21)

Se espera que la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Malta contribuya a impulsar las transiciones ecológica y digital. Las medidas que respaldan objetivos climáticos en Malta representan el 53,8 % de la dotación total del Plan de Recuperación y Resiliencia, y las medidas que respaldan objetivos digitales, el 25,5 %. La aplicación completa del Plan de Recuperación y Resiliencia, conforme a los hitos y objetivos pertinentes, ayudará a Malta a recuperarse rápidamente de las repercusiones de la crisis de la COVID-19, al mismo tiempo que refuerza su resiliencia. La participación sistemática de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la aplicación fructífera del Plan de Recuperación y Resiliencia, y de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de él, con el fin de garantizar una amplia asunción del programa de políticas en su conjunto.

(22)

Malta todavía no ha presentado formalmente el acuerdo de asociación establecido en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) ni los demás programas de la política de cohesión previstos en dicho Reglamento. De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060, Malta debe tener en cuenta las recomendaciones que se le han dirigido en la programación de los fondos de la política de cohesión 2021-2027. Esto constituye una condición previa para mejorar la eficacia y maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se ha de recibir de los fondos de la política de cohesión, al mismo tiempo que se fomenta la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre dichos fondos de cohesión y otros instrumentos y fondos de la Unión. La aplicación fructífera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión también depende de la eliminación de los obstáculos a la inversión para respaldar las transiciones ecológica y digital y un desarrollo territorial equilibrado.

(23)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Malta afronta algunos retos adicionales relacionados con las características del sistema fiscal que facilitan una planificación fiscal abusiva. Hacer frente a la planificación fiscal abusiva sigue siendo fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales, como se reconoce en la Recomendación de 2022 sobre la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Malta ha tomado medidas para abordar las prácticas de planificación fiscal agresiva mediante la aplicación de iniciativas internacionales y europeas previamente acordadas, y mediante el compromiso, en su plan de recuperación y resiliencia, de llevar a cabo un estudio independiente sobre los pagos salientes y entrantes (es decir, entre residentes en la Unión y residentes de terceros países) al que seguirá la legislación de aplicación en consonancia con las conclusiones del estudio. No obstante, los pagos salientes de intereses, cánones y dividendos efectuados por las empresas con sede en Malta a países de baja o nula imposición (entendiendo por tal, cualquier jurisdicción con un tipo impositivo legal del impuesto sobre sociedades inferior al tipo legal más bajo del impuesto sobre sociedades de la UE, que es de un 9 %), podrían dar lugar a que dichos pagos eludan totalmente el pago de impuestos hasta que en Malta se establezcan retenciones en origen o medidas defensivas equivalentes para garantizar que dichos pagos se graven de forma adecuada. Además, el tratamiento de las sociedades residentes no domiciliadas sigue planteando un riesgo de doble no imposición, tanto para las sociedades como para los particulares.

(24)

En respuesta al mandato de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión establecido en la Declaración de Versalles, la propuesta de la Comisión de un plan REPowerEU se propone eliminar la dependencia de la Unión respecto de la importación de combustibles fósiles de Rusia lo más pronto posible. Con este objetivo, la Comisión se propone determinar, por medio de un diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas a nivel nacional, regional y de la Unión que se consideran más adecuados. Estas medidas están encaminadas a reducir la dependencia global respecto de los combustibles fósiles y a cambiar el origen de las importaciones de combustibles fósiles que hasta la fecha procedían de Rusia.

(25)

Malta se está quedando rezagada en la consecución de su objetivo de reducir para 2030 un 19 %, con respecto a los niveles de 2005, las emisiones de gases de efecto invernadero no incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). El compromiso de Malta de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 requerirá una inversión sostenida por parte de los hogares, las empresas y el Gobierno por igual. Con el aumento de la ambición climática de la UE centrada en una energía más asequible, segura y sostenible, es necesario un mayor esfuerzo para explotar más su potencial solar y eólico, incluida la energía marina flotante, dado que las energías renovables solo representan el 8 % de la combinación energética. Malta depende en gran medida del petróleo (48 %) y del gas natural (44 %). En 2020, el gas natural se utilizó para generar el 86 % de la electricidad de Malta. Aunque no importa gas ni petróleo de Rusia (20), el rápido aumento de los precios de la energía ha empezado a afectar a Malta. Malta pretende garantizar una mayor seguridad del abastecimiento energético mediante la construcción de un segundo interconector eléctrico. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles exigiría también una mejora de sus redes de transporte y distribución de electricidad, así como inversiones en almacenamiento de electricidad para suministrar energía firme, flexible y de respuesta rápida. Centrarse en la eficiencia energética de los edificios, en particular de los edificios residenciales, incluyendo la implantación de bombas de calor y otras soluciones ecológicas, contribuiría a reducir la demanda de energía. A fin de ajustarse al paquete de medidas «Objetivo 55», será preciso que Malta se fije unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética. Además, las emisiones del transporte por carretera aumentan constantemente y constituyen la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero no incluidos en el RCDE. La reducción de la congestión del tráfico requeriría una mejora del transporte público, la implantación de sistemas de transporte inteligentes y la inversión en infraestructuras de movilidad sin motor (como aceras y carriles para bicicletas) para una alternativa segura al uso privado del automóvil.

(26)

Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática y el abandono de los combustibles fósiles generará importantes costes de reestructuración en varios sectores, Malta puede recurrir al Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión a fin de mitigar el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Malta puede además aprovechar el Fondo Social Europeo Plus, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), para mejorar las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(27)

A la luz de la valoración de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022, y su dictamen (22) se refleja en la recomendación 1.

(28)

Teniendo en cuenta las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó que los Estados miembros de la zona del euro tomasen medidas, en particular a través de sus planes de recuperación y resiliencia, encaminadas a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación de 2022 sobre la zona del euro. Para Malta, lo anterior queda reflejado particularmente en las recomendaciones 1, 2 y 3.