(1)

Cabo Verde es un país que se beneficia del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza previsto en el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), denominado sistema de preferencias generalizadas (SPG+). Las normas de origen preferencial a efectos del sistema de preferencias generalizadas, distintas de las normas procesales, se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (3).

(2)

Mediante carta de 18 de marzo de 2020, Cabo Verde presentó una solicitud de prórroga de la excepción temporal a las normas de origen preferencial establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, que había sido concedida en virtud de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2019/561 (4) y (UE) 2019/620 (5) de la Comisión. La excepción afectaba a un volumen anual de 5 000 toneladas de preparaciones o conservas de filetes de atún, 3 000 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de caballa y 1 000 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de melva tazard o melva. En virtud de la excepción solicitada, esos productos se considerarían originarios de Cabo Verde, aunque hubieran sido elaborados a partir de pescado no originario de ese país.

(3)

Cabo Verde respaldó su solicitud de prórroga de dichas excepciones invocando los argumentos expuestos en anteriores solicitudes, que, en su opinión, siguen siendo pertinentes, a saber, las reducidas cantidades de atún y caballa capturadas en sus aguas territoriales, las escasas posibilidades de pesca fuera de sus aguas territoriales y la duración limitada de la campaña de pesca. Otro elemento destacado en la solicitud es que Cabo Verde ha desarrollado recientemente sus infraestructuras portuarias. Como consecuencia de ello, pueden manipularse mayores cantidades de pescado para abastecer a la industria local de transformación de pescado a fin de mantener su capacidad de producción. Por último, la solicitud hacía hincapié en las dificultades a las que se enfrenta Cabo Verde como consecuencia de los retrasos en la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la Unión y África Occidental. Cabo Verde expone argumentos para destacar su necesidad de obtener una excepción a las normas de origen preferencial de SPG a fin de compensar el hecho de que todavía no sea posible aplicar los contingentes de origen y las normas de acumulación con arreglo al AAE, que aún no se aplica provisionalmente.

(4)

La excepción prevista en el artículo 64, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 (Código Aduanero de la Unión) es de carácter temporal y está supeditada a un mejor cumplimiento de las normas de origen en el caso de los productos afectados y del requisito relativo a la cooperación administrativa. Para poder gestionar dicha excepción a las normas de origen preferencial, el país solicitante debe cumplir las normas de origen de los productos afectados y los procedimientos conexos, y debe garantizar una buena cooperación administrativa.

(5)

A este respecto, las acciones de seguimiento llevadas a cabo por la Comisión Europea en los últimos años en el contexto de la excepción concedida en virtud del artículo 64, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 han puesto de manifiesto determinadas deficiencias en la cooperación administrativa de Cabo Verde con las autoridades aduaneras de los Estados miembros a la hora de verificar las pruebas de origen. Tales deficiencias pueden haber dado lugar a la denegación de la excepción solicitada por los motivos alegados por Cabo Verde. Sin embargo, tras la presentación de dicha solicitud, Cabo Verde y, en particular, su sector pesquero, tuvieron que hacer frente a una profunda crisis debido a la pérdida de ingresos causada por la pandemia de COVID-19. En virtud del artículo 64, apartado 6, del Código, la Comisión puede tener en cuenta esta nueva situación y decidir si concede una excepción por iniciativa propia.

(6)

Por consiguiente, debe concederse a Cabo Verde una excepción temporal al requisito establecido en las normas de origen preferencial de que los productos se consideran originarios del país beneficiario únicamente cuando incorporan materias de los capítulos 3 y 16 de la nomenclatura combinada que han sido enteramente obtenidas en dicho país. En el primer año de su aplicación, la excepción debe concederse por un volumen anual de 5 000 toneladas de preparaciones o conservas de filetes de atún, 3 000 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de caballa y 1 000 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de melva tazard o melva. A fin de tener en cuenta los intereses comerciales de la Unión Europea y mantener una competencia leal entre su industria pesquera y la de los terceros países, el volumen anual debe reducirse en los años siguientes con arreglo a los volúmenes previstos en los anexos I y II, con excepción de las preparaciones y conservas de filetes de melva tazard o melva. La duración de la excepción debe limitarse a un período de tres años, con el fin de permitir a Cabo Verde recuperarse de la crisis de la COVID-19 y esforzarse por completar los ajustes estructurales necesarios en el sector de la pesca a fin de cumplir las normas de origen en el caso de los productos afectados. No obstante, la excepción debe concederse a condición de que las autoridades aduaneras de Cabo Verde lleven a cabo controles cuantitativos de las exportaciones de los productos sujetos a la excepción, y que comunique a la Comisión una declaración de las cantidades por las cuales se hayan expedido comunicaciones sobre el origen en aplicación del presente Reglamento, así como los números de serie de tales declaraciones.

(7)

Por otra parte, Cabo Verde debe beneficiarse de una excepción prevista en las normas de origen preferenciales del SPG para el atún y la caballa, a condición de que comunique periódicamente a los servicios competentes de la Comisión las medidas que haya adoptado para mejorar el cumplimiento de las normas relativas al origen de los productos y los procedimientos conexos y para proporcionar la cooperación administrativa necesaria para la aplicación de los regímenes preferenciales en el marco del SPG a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 978/2012. Dichos informes deben presentarse con arreglo a un calendario preciso, en el que cualquier retraso en el cumplimiento de los plazos fijados debe dar lugar a la suspensión de la excepción que debe notificarse a las autoridades competentes de Cabo Verde tras un recordatorio y una invitación a presentar los informes en un plazo de diez días hábiles. Tal suspensión no prolongará el período de tiempo previsto en el Reglamento ni en sus anexos I y II. Los elementos que deben incluirse en dichos informes deben enumerarse en un anexo del presente Reglamento.

(8)

Las cantidades indicadas en los anexos del presente Reglamento deben gestionarse de conformidad con los artículos 49 a 54 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (6), que regulan la gestión de los contingentes arancelarios.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento deben entrar en vigor el día siguiente al de su publicación y aplicarse retroactivamente desde 1 de enero de 2021, con el fin de tener en cuenta la situación de Cabo Verde y para permitir a este país aplicar la excepción a los productos importados en la UE desde esa fecha.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

1.

Las autoridades aduaneras de Cabo Verde adoptarán las medidas necesarias para que se lleven a cabo verificaciones cuantitativas de las exportaciones de los productos indicados en el artículo 1.

2.

En las comunicaciones sobre el origen efectuadas por los exportadores registrados se hará constar la mención siguiente: «Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) 2021/966 de la Comisión».

3.

Las autoridades competentes de Cabo Verde comunicarán a la Comisión cada trimestre una relación de las cantidades en relación con las cuales por las que se hayan expedido comunicaciones sobre el origen en virtud del presente Reglamento, así como las copias de dichas comunicaciones. Los informes mencionados se remitirán a la Comisión 6 meses, 18 meses y 30 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

4.

Las autoridades competentes de Cabo Verde remitirán a la Comisión, al mismo tiempo que los informes a que se refiere el apartado 3, un informe con información detallada sobre las medidas adoptadas por ellas con el fin de: