(1)

De conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 3 del TUE especifica además que la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos y que ha de respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. Dichos valores se reafirman y articulan en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

(2)

Es esencial que tales derechos y valores se sigan cultivando, protegiendo, promoviendo, haciendo respetar y compartiendo entre los ciudadanos y pueblos de manera activa, y que sigan teniendo un lugar central en el proyecto de la Unión, dado que el deterioro de la protección de dichos derechos y valores en cualquiera de los Estados miembros puede tener consecuencias perjudiciales para la Unión en su conjunto. Por consiguiente, se debe establecer en el presupuesto general de la Unión un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que englobe el programa «Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores» y el programa Justicia establecido por el Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). En un momento en el que las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo y la división, y en el que el espacio para la sociedad civil independiente se va reduciendo, es más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la Unión de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Ello tendrá implicaciones directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la Unión. Como parte del nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores, el programa Justicia, en consonancia con el programa Justicia 2014-2020 establecido por el Reglamento (UE) n.o 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), seguirá apoyando el desarrollo de un espacio de justicia de la Unión basado en el Estado de Derecho, la independencia y la imparcialidad del poder judicial, el reconocimiento mutuo y la confianza mutua, el acceso a la justicia y la cooperación transfronteriza.

El programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (en lo sucesivo, «Programa»), fusionará el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y el programa Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (7) (en lo sucesivo, «Programas precedentes»).

(3)

El Programa debe establecerse por un período de siete años a fin de ajustar su duración a la del marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (8).

(4)

El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos Programas de financiación subyacentes se centrarán en las personas y entidades que contribuyen a que se mantengan vivos y dinámicos nuestros valores comunes y rica diversidad, así como los derechos y la igualdad. El objetivo final es reforzar y mantener una sociedad democrática, inclusiva, pluralista, abierta, igualitaria y basada en derechos. Esto incluye una sociedad civil dinámica y empoderada, que fomente la participación democrática, cívica y social de las personas y cultive la rica diversidad de la sociedad europea sobre la base de nuestros valores comunes, nuestra historia y nuestra memoria. El artículo 11 del TUE exige que las instituciones de la Unión mantengan un diálogo abierto, transparente y regular con la sociedad civil, y den a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

(5)

Debe entablarse un diálogo abierto, transparente y regular con los beneficiarios del Programa y otras partes interesadas pertinentes mediante la creación de un grupo de diálogo civil. Dicho grupo de diálogo civil debe constituir un foro de debate abierto e informal y contribuir al intercambio de experiencias y buenas prácticas y al debate sobre la evolución de las políticas relacionadas con los ámbitos y objetivos cubiertos por el Programa y los ámbitos conexos. El grupo de diálogo civil no debería tener ninguna responsabilidad en relación con la gestión del Programa.

(6)

Aprovechando las experiencias positivas de los Programas precedentes y desarrollándolas, el Programa debe posibilitar que se desarrollen sinergias para abordar los retos comunes a la promoción y la protección de los valores de la Unión, y alcanzar la dimensión crítica necesaria que permita obtener resultados concretos en este ámbito. Así se permitirá el pleno aprovechamiento del potencial de las sinergias a fin de prestar apoyo de manera más eficaz en los ámbitos políticos cubiertos y aumentar el potencial de las políticas relacionadas para llegar a las personas y a la sociedad civil, fijándose como objetivo una distribución geográfica equilibrada. Para ser eficaz, el Programa debe tener en cuenta el carácter específico de las distintas políticas, sus diferentes grupos destinatarios y sus necesidades particulares mediante planteamientos específicos y a medida.

(7)

Para que los ciudadanos confíen en la Unión y exista una confianza mutua entre los Estados miembros resulta fundamental respetar plenamente y promover el Estado de Derecho y la democracia. Mediante la promoción de derechos y valores, el Programa contribuirá a la construcción de una Unión más democrática, al respeto del Estado de Derecho y el diálogo democrático, la transparencia y la buena gobernanza, también en aquellos casos en que se va reduciendo el espacio para la sociedad civil.

(8)

Para acercar la Unión a sus ciudadanos y fomentar la participación democrática se necesitan acciones variadas y esfuerzos coordinados. La ciudadanía y la identidad europeas deben desarrollarse y avanzar fomentando la comprensión por los ciudadanos del proceso de elaboración de las políticas y promoviendo el compromiso cívico en las acciones de la Unión. Acercar a los ciudadanos mediante proyectos de hermanamiento y redes de ciudades y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional, nacional y transnacional en los ámbitos cubiertos por el Programa contribuirá además a fortalecer el compromiso social de los ciudadanos y, en última instancia, su participación activa en la vida democrática de la Unión. Al mismo tiempo, el apoyo de las actividades que promueven el entendimiento mutuo, el diálogo intercultural, la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y el respeto por los demás fomenta el sentimiento de pertenencia a la Unión y de ciudadanía común al amparo de una identidad europea, basados en un entendimiento compartido de nuestros valores europeos comunes, cultura, historia y patrimonio. El fomento de un sentimiento más fuerte de pertenencia a la Unión y de sus valores es particularmente importante entre los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, debido a su lejanía y distancia con respecto a la Europa continental.

(9)

Las actividades de memoria histórica y la reflexión crítica sobre la memoria histórica de Europa son necesarias para que los ciudadanos, en particular los jóvenes, cobren conciencia de su historia y sus valores comunes como fundamento para un futuro común. Las actividades de memoria histórica deben servir para reflexionar sobre las causas de los regímenes totalitarios en la historia moderna de Europa, en particular el nazismo, que condujo al Holocausto, el fascismo, el estalinismo y los regímenes comunistas totalitarios, y deben conmemorar a las víctimas de sus crímenes. También deben incluir actividades relativas a otros momentos decisivos y puntos de referencia en la reciente historia europea. Se deberá también tener en cuenta la importancia de los factores históricos, sociales, culturales e interculturales para crear una identidad europea basada en valores comunes y en un sentimiento de pertenencia común.

(10)

Los ciudadanos deben estar más concienciados de los derechos que les asisten en virtud de su condición de ciudadanos de la Unión, y deberían sentirse cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar y hacer voluntariado en otro Estado miembro. Deben sentirse capaces de disfrutar y ejercer todos sus derechos de ciudadanía y de confiar en la igualdad de acceso y la plena aplicabilidad y protección de sus derechos, sin discriminación alguna y con independencia del lugar de la Unión en el que se encuentren. La sociedad civil necesita recibir apoyo en la promoción, la protección y la concienciación acerca de los valores de la Unión, así como en la contribución al disfrute efectivo de los derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

(11)

La igualdad de género es un valor fundamental y un objetivo de la Unión. Sin embargo, el progreso general en materia de igualdad de género se ha estancado. La discriminación contra las mujeres y las niñas y el trato desigual a ellas dispensado, así como las diversas formas de violencia contra ellas, violan sus derechos fundamentales e impiden su plena participación política, social y económica en la sociedad. Además, la existencia de barreras políticas, estructurales y culturales impide el logro de una igualdad de género real. La promoción y la integración de la igualdad de género en todas las actividades de la Unión es, por consiguiente, una tarea fundamental para la Unión y un motor de crecimiento económico y de desarrollo social, y debe contar con el apoyo del Programa. Revisten una importancia especial la lucha activa contra los estereotipos y abordar la discriminación oculta e interseccional. La igualdad de acceso al trabajo, la participación en pie de igualdad en el mercado laboral y la eliminación de los obstáculos a la progresión de la carrera profesional en todos los sectores, como el judicial y los relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, son pilares de la igualdad de género. También debe hacerse hincapié en la conciliación de la vida familiar con la profesional y en el reparto equitativo entre hombres y mujeres de las tareas domésticas y de cuidado de los niños, las personas mayores y otras personas dependientes no remuneradas, dado que son aspectos intrínsecamente relacionados con la consecución de una independencia y participación económicas equitativas y de la igualdad entre mujeres y hombres.

(12)

La violencia de género y contra los grupos de riesgo (los niños, los jóvenes y otros grupos de riesgo como las personas LGBTIQ y las personas con discapacidad) constituye una grave violación de los derechos fundamentales y persiste en toda la Unión, en todos los contextos sociales y económicos, con graves repercusiones en la salud física, mental y psicológica de las víctimas, así como en el conjunto de la sociedad. La violencia de género y el acoso tanto en el ámbito doméstico como en el público afectan a las mujeres de manera más significativa, por lo que la lucha contra tal violencia y acoso es una acción fundamental para promover la igualdad de género. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) define la violencia contra las mujeres como «todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada». La lucha contra la violencia de género requiere un enfoque pluridimensional y abarca sus aspectos jurídicos, económicos, educativos y sanitarios. Es menester asimismo luchar activamente contra los estereotipos de género desde una edad temprana, así como contra todas las formas de incitación al odio y de violencia en línea. En este contexto, sigue siendo esencial apoyar a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y a otros agentes que trabajan en este ámbito. Los niños, los jóvenes y otros grupos de riesgo, como las personas LGBTIQ y las personas con discapacidad, también corren un mayor riesgo de ser objeto de violencia, en particular en el marco de las relaciones familiares e íntimas.

Se debe actuar con el fin de promover los derechos de las personas en situación de riesgo, en particular los derechos de los niños —incluidos los huérfanos como consecuencia de los delitos de violencia doméstica o por otros motivos, y otros grupos de niños especialmente vulnerables— y de contribuir a su protección y garantizar sus derechos al desarrollo y la dignidad. La lucha contra todas las formas de violencia, en particular contra la violencia de género, la promoción de su prevención y la protección y el apoyo a las víctimas constituyen prioridades de la Unión que ayudan a que las personas disfruten de sus derechos fundamentales y que contribuyen a la igualdad de género. Estas prioridades deben recibir el apoyo del Programa. Cabe resaltar la importancia de conceder financiación en virtud del Programa a las organizaciones de la sociedad civil que promuevan la igualdad de género, luchen contra la violencia de género y promuevan los derechos de las mujeres, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTIQ en todos los Estados miembros. Todas estas actividades tienen por objeto promover valores clave de la Unión y, por lo tanto, deben recibir apoyo en toda la Unión, sin excepción.

(13)

Para prevenir y combatir todas las formas de violencia y proteger a las víctimas son precisas una voluntad política fuerte y una actuación coordinada basada en los métodos y los resultados de los programas Daphne previos, el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el programa Justicia. En particular, la financiación de Daphne para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas ha sido, desde su inicio en 1997, un verdadero éxito, tanto por su popularidad entre las partes interesadas (autoridades públicas, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales) como por la eficacia de los proyectos financiados. El programa Daphne ha financiado proyectos de concienciación, de prestación de servicios de apoyo a las víctimas y de respaldo a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno. Ha abordado todas las formas de violencia, incluidas la violencia doméstica, la violencia sexual, la trata de seres humanos, el acecho y las prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina, y las nuevas formas emergentes de violencia, como el ciberhostigamiento y el ciberacoso. Teniendo en cuenta el número aún alarmante de víctimas de la violencia de género, es importante continuar todas estas acciones con una dotación presupuestaria independiente para las actividades que realicen el objetivo específico de prevenir y combatir todas las formas de violencia de género en el marco de Daphne, y tener debidamente en cuenta en la ejecución del Programa sus resultados y las lecciones aprendidas de ellos.

(14)

La no discriminación es un principio fundamental de la Unión. El artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la adopción de acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La no discriminación también se encuentra consagrada en el artículo 21 de la Carta. Deben tenerse en cuenta las características específicas de las diversas formas de discriminación, incluida la discriminación directa, indirecta y estructural, y, al mismo tiempo, deben concebirse las acciones apropiadas para prevenir la discriminación por uno o más motivos y para luchar contra ella. El Programa debe apoyar las acciones destinadas a prevenir y combatir todas las formas de discriminación, racismo, xenofobia, afrofobia, antisemitismo, antigitanismo, odio al Islam y todas las formas de intolerancia, incluidas la homofobia, la bifobia, la transfobia, la interfobia y la intolerancia basada en la identidad de género, tanto en línea como fuera de línea, así como la intolerancia hacia personas pertenecientes a minorías, habida cuenta de los múltiples niveles de discriminación. En este contexto, debe dedicarse una especial atención a la prevención y a la lucha contra todas las formas de violencia, odio, segregación y estigmatización, así como a la lucha contra el hostigamiento, el acoso y el trato intolerante. El Programa debe aplicarse buscando las sinergias con otras actividades de la Unión que tengan los mismos objetivos, en particular con las mencionadas en la Comunicación de la Comisión de 5 de abril de 2011, titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» y en la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (9).

(15)

Los obstáculos sociales y debidos al entorno y la falta de accesibilidad impiden que las personas con discapacidad participen en la sociedad de forma plena y efectiva y en pie de igualdad con los demás. Las personas con discapacidad se enfrentan a obstáculos en lo que respecta, entre otras cosas, a acceder al mercado de trabajo, beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad, evitar la pobreza y la exclusión social, disfrutar del acceso a las iniciativas culturales y a los medios de comunicación social y ejercer derechos políticos. En calidad de Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Unión y todos los Estados miembros se han comprometido a promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad. Dicha Convención se ha convertido en parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión.

(16)

El derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones es un derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta. La protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental consagrado en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 8 de la Carta. El cumplimiento de las normas relativas a la protección de datos de carácter personal está sometido al control de autoridades de supervisión independientes. El marco jurídico de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), establece disposiciones para garantizar que el derecho a la protección de los datos personales se aplique de manera eficaz. Dichos instrumentos jurídicos confían a las autoridades nacionales de supervisión de la protección de datos la tarea de promover la concienciación y la comprensión públicas en cuanto a los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos en materia de tratamiento de datos personales. La Unión debe poder llevar a cabo actividades de concienciación, incluso prestando su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la protección de los datos de carácter personal con arreglo a las normas de la Unión, y realizar estudios y otras actividades pertinentes, habida cuenta de la importancia del derecho a la protección de los datos de carácter personal en tiempos de rápido progreso tecnológico.

(17)

El artículo 24 del TFUE obliga al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar disposiciones sobre los procedimientos y las condiciones necesarias a efectos de la presentación de iniciativas ciudadanas a tenor del artículo 11 del TUE. Esta obligación se ha cumplido mediante la adopción del Reglamento (UE) 2019/778 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). El Programa debe apoyar la financiación de la asistencia técnica y organizativa para la aplicación de dicho Reglamento, respaldando así el ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a poner en marcha y apoyar iniciativas ciudadanas europeas.

(18)

Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa, en todas sus actividades, debe apoyar la integración de la perspectiva de género y la de la lucha contra la discriminación. Una evaluación intermedia y una evaluación final del Programa deben evaluar el impacto de género para valorar en qué medida contribuye a la igualdad de género y si tiene repercusiones negativas no deseadas sobre la igualdad de género. En este contexto, y teniendo en cuenta la diferencia de carácter y de alcance entre las actividades de los diferentes capítulos del Programa, será importante que los datos individuales recogidos por los promotores del proyecto se desglosen por sexo siempre que sea posible. También es importante proporcionar información a los solicitantes sobre la manera de tener en cuenta la igualdad de género, incluida información sobre el uso de herramientas de integración de la perspectiva de género, como la presupuestación con perspectiva de género y las evaluaciones de impacto de género cuando sea necesario. A la hora de consultar a expertos y partes interesadas, hay que tener en cuenta el equilibrio de género.

(19)

El artículo 3 del TUE exige que la Unión, entre otras cosas, promueva la protección de los derechos del niño, en consonancia con el artículo 24 de la Carta y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

(20)

En aplicación de los actos de la Unión en materia de igualdad de trato, los Estados miembros han creado organismos independientes para la promoción de la igualdad de trato (en lo sucesivo, «organismos para la igualdad»), con el fin de luchar contra la discriminación por razón de raza, origen étnico o género. Sin embargo, muchos Estados miembros han ido más allá de las exigencias de dichos actos de la Unión y han garantizado que los organismos para la igualdad puedan luchar también contra la discriminación por motivos de lengua, edad, características sexuales, identidad de género y diversidad de género, orientación sexual, religión, creencias y discapacidad. Los organismos para la igualdad desempeñan una función clave a la hora de promover la igualdad y garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre igualdad de trato, en particular al ofrecer un apoyo independiente a las víctimas de discriminación, realizar sondeos independientes sobre la discriminación, publicar informes independientes y hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con la discriminación en sus Estados miembros respectivos. Es fundamental que el trabajo de los organismos para la igualdad se coordine a este respecto a nivel de la Unión.

La Red Europea de Organismos para la Igualdad (Equinet) se creó en 2007 y está compuesta por organismos nacionales para la igualdad establecidos por las Directivas 2000/43/CE (13) y 2004/113/CE (14) del Consejo y por las Directivas 2006/54/CE (15) y 2010/41/UE (16) del Parlamento Europeo y del Consejo. El 22 de junio de 2018, la Comisión adoptó la Recomendación (UE) 2018/951 (17) sobre normas relativas a los organismos para la igualdad, que abarca su mandato, independencia, eficacia y coordinación y cooperación. Equinet tiene una situación excepcional, pues es la única entidad que garantiza la coordinación de las actividades entre los organismos de igualdad. Dicha coordinación es primordial para la aplicación efectiva en los Estados miembros del Derecho de la Unión contra la discriminación, y deben contar con el apoyo del Programa.

(21)

A fin de incrementar la facilidad de acceso y proporcionar directrices imparciales, información práctica y asistencia a los solicitantes, a las partes interesadas y a los beneficiarios respecto de todos los aspectos del Programa, los Estados miembros deben poder crear puntos de contacto del Programa. Los puntos de contacto del Programa deben desempeñar sus funciones de manera independiente y sin interferencia de las autoridades públicas en su toma de decisiones. Es importante que los Estados miembros puedan elegir la forma más adecuada de gestionar los puntos de contacto del Programa, también a través de las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil o sus consorcios. Los puntos de contacto no deberían tener responsabilidad alguna en la gestión del Programa.

(22)

Los organismos de derechos humanos independientes y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en la promoción, la protección y la concienciación respecto de los valores comunes de la Unión, así como a la hora de contribuir al disfrute efectivo de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, incluida la Carta. Tal como se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de abril de 2018 (18), un incremento de la financiación y una ayuda financiera suficiente son fundamentales para el desarrollo de un entorno propicio y sostenible para las organizaciones de la sociedad civil a fin de que refuercen su papel y de que puedan llevar a cabo sus funciones de forma independiente y eficaz. La financiación de la Unión debe complementar los esfuerzos realizados a nivel nacional al contribuir a apoyar, empoderar y desarrollar la capacidad de las organizaciones independientes de la sociedad civil que son activas en la promoción de los derechos y valores y cuyas actividades contribuyen a la aplicación estratégica de los derechos establecidos por el Derecho de la Unión, incluida la Carta, mediante, entre otras acciones, actividades de defensa como litigios estratégicos, campañas, comunicación y otras actividades de vigilancia, así como a promover, proteger y concienciar respecto de los valores de la Unión a nivel local, regional, nacional y transnacional. El Programa debe aplicarse con facilidad, por ejemplo, mediante un procedimiento de solicitud y de presentación de informes de fácil manejo. Debe prestarse especial atención a la accesibilidad del Programa para las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional, nacional y transnacional, incluidas las organizaciones locales de base de la sociedad civil, así como a la capacidad de los beneficiarios. A tal fin se debe tomar en consideración cuando proceda la prestación de ayuda financiera a terceros.

(23)

La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, en particular el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe tener en cuenta el trabajo de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el Programa.

(24)

El Programa debe estar abierto, siempre que se cumplan determinadas condiciones, a la participación de los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE). Deben también poder participar en el Programa los países en vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos potenciales que se acojan a una estrategia de preadhesión, los países de la política europea de vecindad y otros países europeos.

(25)

A fin de garantizar una asignación eficaz de los fondos del presupuesto general de la Unión, es necesario garantizar que todas las acciones llevadas a cabo bajo el Programa tengan un valor añadido de la Unión, sean complementarias respecto de las acciones de los Estados miembros y coherentes con otras acciones de la Unión. Debe buscarse la coherencia, la complementariedad y las sinergias con los programas de financiación que ofrezcan apoyo en ámbitos de actuación estrechamente vinculados, en particular con el programa Justicia, así como con el programa Europa Creativa, establecido por el Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (19), y con Erasmus+, establecido por el Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (20), a fin de aprovechar el potencial de las pasarelas en los campos de la cultura, los medios de comunicación, las artes, la educación y la creatividad. Es necesario crear sinergias con otros programas de financiación de la Unión, en particular en los ámbitos del empleo y la lucha contra la exclusión social, especialmente el Fondo Social Europeo Plus, así como en los ámbitos del mercado interior, la empresa, la juventud, la salud, la ciudadanía, la justicia, la migración, la seguridad, la investigación, la innovación, la tecnología, la industria, la cohesión, el turismo, las relaciones exteriores, el comercio y el desarrollo sostenible.

(26)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (21), debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(27)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, considerar subvencionables a partir del 1 de enero de 2021 los gastos en que se hubiera incurrido respecto de acciones ya iniciadas respaldadas por el presente Reglamento, aun cuando se hubiera incurrido en dichos gastos antes de la presentación de la solicitud de subvención.

(28)

El Reglamento Financiero es aplicable al Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y el reembolso a los expertos externos.

(29)

Las formas de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa, la capacidad de las partes interesadas pertinentes y de los beneficiarios destinatarios, y el riesgo de incumplimiento previsto. Esto implica que deba considerarse el empleo de sumas a tanto alzado, de financiación a tipo fijo y de costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes tal como se recogen en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(30)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (24), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (25) y (UE) 2017/1939 (26) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (27).

De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(31)

Los terceros países miembros del EEE pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (28), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(32)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(33)

De conformidad con la Decisión 2013/755/UE del Consejo (29), las personas y los organismos e instituciones públicos y/o privados de los países y territorios de ultramar pueden optar a financiación, con sujeción a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro con el que esté vinculado el país o territorio de ultramar de que se trate.

(34)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Programa pretende contribuir a integrar la acción por el clima en las políticas y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % del gasto del presupuesto de la Unión a respaldar objetivos climáticos y la intención de destinar en 2024 el 7,5 % del presupuesto de la Unión a gastos en biodiversidad, y el 10 % en 2026 y 2027, teniendo en cuenta los solapamientos existentes entre los objetivos relativos al clima y los relativos a la biodiversidad. El Programa ha de apoyar actividades que respeten las normas y prioridades climáticas y medioambientales de la Unión y el principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo. Las acciones pertinentes se han de determinar durante la preparación y la ejecución del Programa y de reexaminar en el contexto de las evaluaciones y de los procesos de revisión correspondientes.

(35)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (30), el presente Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa en la práctica.

(36)

A fin de garantizar la evaluación efectiva de los progresos del Programa respecto de la consecución de sus objetivos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a los indicadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 y en el anexo II. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(37)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (31).

(38)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber la protección y el fomento de los derechos y valores consagrados en los Tratados, la Carta y los convenios internacionales de derechos humanos aplicables, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(39)

Por consiguiente, deben derogarse los Reglamentos (UE) n.o 1381/2013 y (UE) n.o 390/2014.

(40)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir que comience la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.