(1)

En la ejecución de los fondos de la Unión deben respetarse los principios horizontales establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del TUE, teniendo en consideración la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En virtud de los artículos 8 y 10 del TFUE, la Unión debe aspirar a eliminar las desigualdades y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La Comisión y los Estados miembros deben aspirar a integrar la perspectiva de género en la ejecución de los fondos. Los objetivos de los fondos de la Unión deben perseguirse en el marco de un desarrollo sostenible y de los objetivos de la Unión de conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga.

(2)

El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») en respuesta a los retos sociales de Europa. Teniendo en consideración la evolución del mundo laboral, es necesario que la Unión se prepare para afrontar los retos actuales y futuros de la globalización y la digitalización, mediante un crecimiento más integrador y la mejora de las políticas de empleo y sociales. Los veinte principios clave del pilar se estructuran en tres categorías: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo; condiciones de trabajo justas; protección e inclusión social. El pilar constituye el marco general del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG), establecido por el presente Reglamento, permitiendo a la Unión poner en práctica los principios pertinentes en el caso de que se produzcan reestructuraciones importantes.

(3)

El 20 de junio de 2017, el Consejo refrendó la respuesta de la Unión a la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas». El Consejo subrayó la importancia de lograr un desarrollo sostenible en las tres dimensiones —económica, social y medioambiental— de un modo equilibrado e integrado. Resulta esencial que el desarrollo sostenible se incorpore al marco de las políticas de la Unión, y que la Unión sea ambiciosa en relación con las políticas que pone en marcha para abordar los retos globales. El Consejo acogió satisfactoriamente la Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» como primer paso para incorporar de manera generalizada los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y aplicar el desarrollo sostenible como un principio guía esencial para todas las políticas de la Unión, también a través de sus instrumentos financieros.

(4)

En febrero de 2018, la Comisión adoptó una comunicación titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020». La Comunicación hace hincapié en que el presupuesto de la Unión apoya la economía social de mercado europea, que es un fenómeno único. La automatización y la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, respetando plenamente el Acuerdo de París, adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») son de la máxima importancia para mejorar las oportunidades de empleo y abordar los retos relativos a las cualificaciones, especialmente, las relacionadas con la digitalización. La flexibilidad presupuestaria será un principio clave del marco financiero plurianual 2021-2027 establecido por el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (4). Seguirán aplicándose mecanismos de flexibilidad para permitir a la Unión reaccionar de manera más oportuna y para garantizar que los recursos presupuestarios se utilicen donde se necesitan con más urgencia.

(5)

En su «Libro Blanco sobre el futuro de Europa» de 1 de marzo de 2017, la Comisión expresa su preocupación con respecto a los movimientos aislacionistas y las crecientes dudas sobre los beneficios del comercio abierto y la economía social de mercado de la Unión en general.

(6)

En su «Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización» de 10 de mayo de 2017, la Comisión considera que la combinación de la globalización relacionada con el comercio y el cambio tecnológico es el principal elemento impulsor de una demanda cada vez mayor de mano de obra cualificada y de la reducción en el número de empleos que requieren bajas cualificaciones. Aun reconociendo las ventajas de un comercio más abierto, la Comisión considera que son necesarios medios adecuados para atajar los efectos colaterales negativos. Habida cuenta de que la distribución de los beneficios actuales de la globalización ya es desigual entre las personas y las regiones, lo que causa un impacto significativo en aquellos a los que afecta negativamente, existe el riesgo de que los cambios tecnológicos y medioambientales aviven aún más estos efectos. Por lo tanto, en línea con los principios de solidaridad y sostenibilidad, será necesario garantizar que los beneficios de la globalización se compartan de manera más justa reconciliando el crecimiento económico y los avances tecnológicos con una protección social adecuada y un apoyo activo para acceder a las oportunidades de empleo asalariado o por cuenta propia.

(7)

En su «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE» de 28 de junio de 2017, la Comisión subraya la necesidad de reducir las divergencias económicas y sociales entre los Estados miembros y dentro de estos y considera, por lo tanto, que es una prioridad esencial invertir en desarrollo sostenible, igualdad, inclusión social, educación y formación, así como en salud.

(8)

Es probable que la globalización, el cambio tecnológico y el cambio climático incrementen la interconectividad y la interdependencia de las economías mundiales. La redistribución de los puestos de trabajo es una parte integral e inevitable de dicho cambio. Para que los beneficios del cambio se distribuyan de forma justa, resulta de vital importancia ofrecer asistencia a los trabajadores despedidos y a los trabajadores amenazados de despido. Los principales instrumentos con los que cuenta la Unión para ayudar a los trabajadores afectados son el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que se establecerá en virtud de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo y que ha sido pensado para ofrecer asistencia de manera preventiva y el FEAG, que está pensado para ofrecer ayuda de manera reactiva en caso de que se produzcan reestructuraciones importantes. La Comunicación de la Comisión titulada «Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración» de 13 de diciembre de 2013 es el instrumento estratégico de la Unión que establece el marco de las mejores prácticas para la anticipación y la gestión de la reestructuración empresarial. Proporciona un marco integral sobre la manera en que deben abordarse los retos de la reestructuración y el ajuste económicos y su impacto social y en el empleo mediante políticas adecuadas. Insta además a los Estados miembros a utilizar la financiación nacional y de la Unión de forma que se pueda amortiguar de forma más eficaz el impacto social de la reestructuración, especialmente los efectos negativos en el empleo.

(9)

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, creado en virtud del Reglamento (CE) n.o 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) para el período de vigencia del marco financiero plurianual 2007-2013 (en lo sucesivo, «Fondo»), fue establecido para que la Unión Europea pudiera dar muestras de solidaridad hacia los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de los importantes cambios estructurales registrados en los patrones del comercio mundial con la globalización.

(10)

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1927/2006 se amplió mediante el Reglamento (CE) n.o 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica, establecido en la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 2008, para incluir en él a los trabajadores que habían perdido sus empleos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(11)

Durante el período de vigencia del marco financiero plurianual 2014-2020, el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) amplió el ámbito de aplicación del Fondo para cubrir los despidos generados no solo por graves perturbaciones económicas provocadas por la continuación de la crisis económica y financiera mundial que aborda el Reglamento (CE) n.o 546/2009, sino también por cualquier otra nueva crisis económica y financiera mundial. Asimismo, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») modificó el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 para introducir, entre otras cosas, normas que permiten al Fondo incluir de manera excepcional solicitudes colectivas en las que participen pequeñas y medianas empresas (pymes) situadas en una región y que operen en diferentes sectores económicos definidos en una división de la NACE Revisión 2, en los casos en que el Estado miembro solicitante demuestre que las pymes constituyen el único o principal tipo de negocio en la citada región.

(12)

Como respuesta a la posible retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo de retirada, el Reglamento (UE) 2019/1796 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) modificó el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 para establecer que los despidos derivados de tal retirada entrarían en el ámbito de aplicación del Fondo. Habida cuenta de la retirada del Reino Unido mediante un acuerdo de retirada, dicho Reglamento no fue de aplicación.

(13)

La Comisión llevó a cabo una evaluación intermedia del Fondo para valorar cómo y en qué medida logró sus objetivos. El Fondo demostró su eficacia, logrando un índice de reinserción de trabajadores despedidos superior al del anterior período de programación. En la evaluación también se puso de manifiesto que el Fondo generó valor añadido de la Unión. Esto es especialmente cierto en relación con los efectos de su volumen, lo que significa que la asistencia del Fondo no solo incrementó el número y la variedad de servicios ofrecidos, sino también el nivel de intensidad de dichos servicios. Además, las intervenciones del Fondo tuvieron una gran visibilidad y demostraron el valor añadido de la Unión directamente al público. No obstante, se detectaron varios retos. El procedimiento de movilización se consideró demasiado largo. Además, numerosos Estados miembros informaron de que habían tenido problemas al preparar el extenso análisis de los antecedentes de la situación que había dado lugar a los despidos. Los motivos principales que desalentaron a los Estados miembros de solicitar la ayuda del Fondo fueron los problemas relativos a la capacidad institucional y financiera. Podría tratarse simplemente de una falta de personal: en la actualidad, los Estados miembros pueden pedir asistencia técnica solo una vez que ejecutan la ayuda del Fondo. Habida cuenta de que los despidos pueden producirse inesperadamente, es importante garantizar que los Estados miembros estén preparados para reaccionar de forma inmediata y sean capaces de presentar una solicitud sin demora. Además, en algunos Estados miembros, parece necesario intensificar los esfuerzos en materia de desarrollo de capacidades institucionales con el fin de garantizar la ejecución eficiente y efectiva de las medidas financiadas por el FEAG. Además, el límite de quinientos despidos ha sido criticado por ser excesivamente elevado, especialmente en las regiones con menos población.

(14)

El papel del FEAG continúa siendo importante como fondo flexible para apoyar a los trabajadores que hayan perdido su empleo en reestructuraciones de gran escala y ayudarles a encontrar otros trabajos cuanto antes. La Unión debe seguir concediendo ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la reinserción en empleos dignos y sostenibles de los trabajadores despedidos en regiones, sectores, territorios o mercados laborales damnificados por perturbaciones económicas graves. Teniendo en cuenta la interacción y los efectos recíprocos del comercio abierto y los acontecimientos económicos y financieros, tales como las perturbaciones económicas asimétricas, el cambio tecnológico, la digitalización, cambios significativos en las relaciones comerciales de la Unión o en la composición del mercado interior, así como otros factores incluida la transición a una economía baja en carbono, y tomando en consideración el hecho de que cada vez resulta más difícil establecer un único factor como el causante de los despidos, la movilización del FEAG solo debe basarse en el impacto significativo de una reestructuración. Dado el objetivo del FEAG, consistente en proporcionar ayuda en situaciones de emergencia, y como complemento de la asistencia más anticipatoria que ofrece el FSE+, el FEAG debe seguir siendo un instrumento especial y flexible al margen de los límites presupuestarios máximos del marco financiero plurianual, tal y como establece la Comunicación de la Comisión de 2 de mayo de 2018 titulada «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad – El marco financiero plurianual para el período 2021-2027» y su anexo.

(15)

Con el fin de mantener la naturaleza europea del FEAG, deberá ponerse en marcha una solicitud de ayuda cuando una situación de reestructuración importante tenga un impacto significativo en la economía regional o local. Un impacto de estas características debe determinarse con referencia a un número mínimo de despidos dentro de un período de referencia específico. Teniendo en cuenta las conclusiones de la evaluación intermedia, el mínimo debe fijarse en 200 despidos dentro de un período de referencia de cuatro meses (o seis meses en casos sectoriales). Dado que las olas de despidos que afectan a diferentes sectores dentro de la misma región tienen un impacto igualmente significativo en el mercado laboral local, también deben ser posibles las solicitudes regionales. En los mercados laborales de pequeña escala, como en Estados miembros pequeños o regiones alejadas, incluidas las regiones ultraperiféricas a las que hace referencia el artículo 349 del TFUE, o en circunstancias excepcionales, debe ser posible presentar solicitudes en casos con un número de despidos menor. En general, los Estados miembros deberían presentar sus solicitudes de ayuda del FEAG dentro de las doce semanas siguientes a la finalización del período de referencia. No obstante, a fin de evitar un déficit de financiación debido al hecho de que el presente Reglamento entrará en vigor después del 1 de enero de 2021, y a fin de proporcionar seguridad jurídica, este plazo debe suspenderse entre el 1 de enero de 2021 y la entrada en vigor del presente Reglamento.

(16)

El FEAG, como fondo pensado para reestructuraciones importantes, no debe ser movilizado en casos de despidos en el sector público que son consecuencia de los recortes presupuestarios. No obstante, el FEAG debe poder ofrecer ayuda a los trabajadores despedidos de empresas activas en un mercado competitivo que presten servicios o proporcionen bienes a entidades financiadas con dinero público que se hayan visto afectadas por los recortes presupuestarios. El FEAG también debe poder ofrecer ayuda a trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en sus actividades como consecuencia de recortes presupuestarios.

(17)

Con el fin de expresar la solidaridad de la Unión con las personas desempleadas, el porcentaje de cofinanciación del FEAG, fondo de reacción, debe ajustarse al porcentaje de cofinanciación más elevado del FSE+, fondo proactivo, en el Estado miembro afectado, pero dicho porcentaje no debe ser, en ningún caso, inferior al 60 %.

(18)

Parte del presupuesto de la Unión asignada al FEAG debe ser ejecutada por la Comisión en régimen de gestión compartida con los Estados miembros, en el sentido del Reglamento financiero. Por ello, al aplicar el FEAG en gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros deben respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, tales como la buena gestión financiera, la transparencia y la no discriminación.

(19)

El Observatorio Europeo del Cambio, que está basado en la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo con sede en Dublín, asiste a la Comisión y a los Estados miembros realizando análisis cualitativos y cuantitativos para ayudarles en la evaluación de las tendencias de la globalización, los cambios tecnológicos y medioambientales, la reestructuración y la utilización del FEAG. El Observatorio Europeo de la Reestructuración, actualizado a diario, sigue la notificación de las reestructuraciones a gran escala en toda la Unión, sobre la base de una red de corresponsales nacionales. Podría ayudar a identificar posibles casos de intervención en una fase temprana.

(20)

Los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesan en su actividad laboral deben tener igual derecho al FEAG con independencia del tipo de contrato o relación laboral. Por lo tanto, a los efectos del presente Reglamento, deben considerarse posibles beneficiarios del FEAG los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesen en sus actividades.

(21)

La contribución financiera del FEAG debe concentrarse en medidas de política activa del mercado laboral y los servicios personalizados que fomenten una rápida reinserción de los beneficiarios en empleos dignos y sostenibles, dentro o fuera de su sector de actividad inicial, y los preparen al mismo tiempo para una economía europea más ecológica y digital. La ayuda también debe tratar de promover el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas, también mediante el establecimiento de cooperativas. Las medidas deben reflejar las necesidades potenciales del mercado laboral regional o local. Sin embargo, siempre que sea pertinente, también debe apoyarse la movilidad de los trabajadores despedidos con el fin de ayudarles a encontrar empleo en algún otro lugar. Se debe dar especial importancia a la difusión de las capacidades necesarias en la era digital y a la superación de los estereotipos de género en el empleo, cuando proceda. Conviene restringir la inclusión de prestaciones económicas en paquetes coordinados de servicios personalizados. Las medidas que reciban apoyo del FEAG no deben sustituir a las medidas pasivas de protección social. Se podría animar a los empleadores a participar en la cofinanciación nacional de las medidas apoyadas por el FEAG, además de las medidas que están obligados a proporcionar en virtud del Derecho nacional o de convenios colectivos.

(22)

Al aplicar y diseñar un paquete coordinado de servicios personalizados destinado a facilitar la reinserción de los beneficiarios previstos, los Estados miembros deben abordar los objetivos de la Agenda Digital y de la Estrategia para el Mercado Único Digital. Debe prestarse especial atención a la brecha salarial entre mujeres y hombres en los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), promoviendo el reciclaje y la reconversión profesional de las mujeres en dichos sectores. Al aplicar y diseñar un paquete coordinado de servicios personalizados, los Estados miembros deben procurar aumentar la representación del género menos representado, contribuyendo así a reducir la brecha salarial y la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres.

(23)

Teniendo en cuenta el hecho de que la transformación digital de la economía exige un cierto grado de competencia digital de la mano de obra, la difusión de las capacidades necesarias en la era digital debe ser considerada un elemento horizontal de cualquier paquete coordinado de servicios personalizados ofrecidos.

(24)

Al elaborar medidas de política activa del mercado laboral, los Estados miembros deben conceder especial atención a las medidas que contribuyan significativamente a potenciar la capacidad de los beneficiarios para encontrar empleo. Los Estados miembros deben esforzarse por que el mayor número posible de beneficiarios que participen en estas medidas pueda reincorporarse lo antes posible a empleos sostenibles en un plazo de seis meses tras haber finalizado el período de ejecución. La elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados debe tener en cuenta las razones subyacentes de los despidos, en su caso, y anticipar las perspectivas futuras en el mercado laboral y las competencias exigidas. El paquete coordinado de servicios personalizados debe ser compatible con la transición hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y que sea sostenible.

(25)

Al elaborar medidas de política activa del mercado laboral, los Estados miembros deben prestar una atención particular a los beneficiarios desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad, las personas con familiares dependientes, las personas desempleadas jóvenes y mayores, las personas con un nivel de cualificaciones bajo, las personas de origen migrante y las personas que se encuentren en riesgo de pobreza, ya que estos grupos se enfrentan a problemas específicos al reincorporarse al mercado laboral. No obstante, al ejecutar el FEAG, deben respetarse y fomentarse los principios de igualdad de género y de no discriminación, que forman parte de los valores fundamentales de la Unión y están consagrados en el pilar.

(26)

Para poder apoyar más rápida y eficazmente a los beneficiarios, los Estados miembros deben hacer cuanto esté en su mano por presentar solicitudes completas al solicitar una contribución financiera del FEAG. En caso de que la Comisión exija más información para la valoración de una solicitud, la presentación de tal información debe estar sujeta a un plazo. Tanto los Estados miembros como las instituciones de la Unión deben procurar tramitar las solicitudes lo más rápido posible.

(27)

En interés de los beneficiarios y de los organismos responsables de la aplicación de las medidas, el Estado miembro solicitante debe mantener informados a todos los agentes que participen en el proceso de solicitud sobre el progreso de esta e involucrarles, cuando sea posible, durante la aplicación de las medidas.

(28)

De conformidad con el principio de buena gestión financiera, las contribuciones financieras del FEAG no deben sustituir las medidas de apoyo disponibles para los beneficiarios dentro de los fondos de la Unión u otros programas o políticas de la Unión sino que deben, siempre que sea posible, complementar dichas medidas.

(29)

Conviene incluir disposiciones especiales para las actividades de información y comunicación relacionadas con las medidas financiadas por el FEAG y sus resultados. Los Estados miembros y las partes interesadas del FEAG deben concienciar sobre los logros alcanzados con la financiación de la Unión informando al público. Las actividades relacionadas con la transparencia y la comunicación son esenciales para hacer visible en la práctica la actuación de la Unión, y deben basarse en una información exacta y actualizada. Con el fin de promover el FEAG y demostrar su valor añadido como parte del presupuesto de la Unión, el material de comunicación y visibilidad desarrollado por los Estados miembros debe ponerse a disposición de las instituciones, órganos y organismos de la Unión previa solicitud. Por consiguiente, debe concederse a la Unión una licencia exenta de derechos, no exclusiva e irrevocable para utilizar dicho material y cualesquiera derechos preexistentes vinculados a ella.

(30)

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, los gastos deben poder optar a una contribución financiera del FEAG bien desde la fecha en que un Estado miembro comience a prestar servicios personalizados o bien desde que incurra en gastos administrativos para ejecutar el FEAG.

(31)

Para satisfacer las necesidades que surjan fundamentalmente durante los primeros meses de cada año, cuando las posibilidades de transferencia desde otras líneas presupuestarias son especialmente difíciles, debe consignarse un importe adecuado en créditos de pagos en la línea presupuestaria del FEAG durante el procedimiento presupuestario anual.

(32)

El marco presupuestario del FEAG está establecido en el marco financiero plurianual 2021-2027 y el Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (10).

(33)

En interés de los beneficiarios, la asistencia debe prestarse del modo más rápido y eficiente posible. Los Estados miembros y las instituciones de la Unión que intervienen en el proceso de toma de decisiones relacionado con el FEAG deben hacer todo lo posible por reducir el tiempo de tramitación y simplificar los procedimientos con objeto de garantizar una toma de decisiones rápida y fácil sobre la movilización del FEAG.

(34)

Las pymes son la columna vertebral de la economía de la Unión. Por lo tanto, es fundamental promover el espíritu empresarial y apoyar a las pymes para garantizar el crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la integración social. La Unión promueve activamente el espíritu empresarial animando a las personas a crear su propio negocio. Cuando se produzcan reestructuraciones importantes, debe ser posible ayudar a los trabajadores despedidos a poner en marcha su propia empresa. En caso de cese de la actividad de una empresa, también debe ser posible ayudar a los trabajadores despedidos por la empresa a asumir algunas o todas las actividades de su anterior empleador.

(35)

A efectos de transparencia e información, los Estados miembros deben incluir en los informes finales datos sobre cualquier ayuda estatal o financiación de la Unión que la empresa que haya despedido a los trabajadores haya recibido en los cinco años anteriores al informe. No obstante, este requisito no debe aplicarse a las microempresas o a las pymes, en particular a las empresas emergentes y en expansión, a fin de evitar una carga administrativa desproporcionada para los Estados miembros, en particular en el caso de las solicitudes sectoriales del FEAG en las que participen más de una microempresa o pyme.

(36)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (11), el FEAG debe ser evaluado sobre la base de la información que se recabe de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del FEAG en la práctica.

(37)

Con el fin de que el Parlamento Europeo pueda realizar un control político y la Comisión pueda hacer un seguimiento continuo de los resultados obtenidos con la asistencia del FEAG, los Estados miembros de que se trata deben presentar un informe final sobre la ejecución del FEAG.

(38)

Los Estados miembros deben ayudar a la Comisión a llevar a cabo evaluaciones, facilitando los datos pertinentes de que disponen.

(39)

A fin de facilitar futuras evaluaciones, debe realizarse una encuesta a los beneficiarios después de la ejecución de cada contribución financiera. La encuesta a los beneficiarios debe estar abierta a los participantes durante al menos cuatro semanas y debe ponerse en marcha durante el sexto mes tras la finalización del período de ejecución. Los Estados miembros deben ayudar a la Comisión a realizar la encuesta a los beneficiarios y fomentarán la participación de los beneficiarios enviándoles la invitación a participar y al menos un recordatorio. Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre los esfuerzos realizados para contactar con los beneficiarios. La Comisión debe utilizar los datos recogidos con fines de evaluación. Para garantizar que los casos puedan compararse, la Comisión debe diseñar el modelo de encuesta a los beneficiarios en estrecha cooperación con los Estados miembros, y debe facilitar la traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión.

(40)

De conformidad con el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres, los análisis y los informes relacionados con el FEAG deben incluir información desglosada por género.

(41)

En un anexo del presente Reglamento debe establecerse una lista de indicadores para el seguimiento de la utilización del FEAG y, en particular, los progresos hacia la consecución de sus objetivos. En caso necesario, la Comisión puede presentar una propuesta legislativa para modificar dichos indicadores.

(42)

Los Estados miembros deben seguir siendo responsables de la ejecución de la contribución financiera y de la gestión y el control de las operaciones financiadas por la Unión con arreglo a las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero. Los Estados miembros deben justificar el uso dado a la contribución financiera recibida del FEAG. Habida cuenta de la brevedad del período de ejecución de las intervenciones en el marco del FEAG, la obligación de presentar informes debe reflejar el carácter particular de dichas intervenciones.

(43)

Los Estados miembros deben prevenir, detectar y resolver eficazmente cualquier irregularidad, incluido el fraude, cometida por los beneficiarios. Además, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y con los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (13) y (Euratom, CE) n.o 2185/96 (14) del Consejo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (15), la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar que toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión coopere plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceda los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantice que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben informar a la Comisión acerca de las irregularidades detectadas, entre ellas el fraude, y de toda actuación de seguimiento que hayan emprendido con respecto a dichas irregularidades y con respecto a cualquier investigación de la OLAF. Los Estados miembros deben cooperar con la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, con la Fiscalía Europea, de conformidad con el artículo 63, apartado 2, letra d), del Reglamento Financiero sobre todas las cuestiones relacionadas con el fraude presunto o demostrado.

(44)

Para mejorar la protección del presupuesto de la Unión, la Comisión debe poner a disposición un sistema integrado e interoperable de información y seguimiento que incluya una única herramienta de prospección de datos y puntuación del riesgo para acceder a los datos pertinentes y analizarlos, y la Comisión debe fomentar su uso con vistas a una aplicación generalizada por parte de los Estados miembros.

(45)

El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso de los expertos externos. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(46)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las acciones en el marco del presente Reglamento deben contribuir a que se alcance el objetivo de destinar el 30 % del gasto del presupuesto de la Unión al apoyo de los objetivos climáticos y a la ambición de que el 7,5 % del presupuesto refleje gastos en materia de biodiversidad en 2024 y el 10 % en 2026 y en 2027, teniendo en cuenta al mismo tiempo los solapamientos existentes entre los objetivos climáticos y la biodiversidad.

(47)

A fin de permitir un mejor seguimiento del uso del FEAG, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de complementar el presente Reglamento estableciendo los criterios para determinar los casos de irregularidad que deben notificar los Estados miembros y los datos que estos deben facilitar con el fin de prevenir, detectar y corregir irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes abonados indebidamente, junto con los intereses de mora. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(48)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento en lo relativo a la realización de las encuestas a los beneficiarios y el modelo para notificar irregularidades, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(49)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(50)

Con el fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, es necesario prever la aplicación del presente Reglamento a partir del inicio del ejercicio presupuestario de 2021. No obstante, la Comisión debe iniciar el procedimiento presupuestario solo a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(51)

Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 1309/2013.

1)

«trabajador despedido»: un trabajador, con independencia del tipo o la duración de su relación laboral, cuyo contrato o relación laboral termina de manera prematura a causa de un despido o cuyo contrato o relación laboral no se renueva por razones económicas;

2)

«trabajador por cuenta propia»: una persona física que emplea a menos de diez trabajadores;

3)

«beneficiario»: una persona física que participa de las medidas cofinanciadas por el FEAG;

4)

«irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho aplicable, derivado de un acto o una omisión de un operador económico que participa en la ejecución del FEAG, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a dicho presupuesto gastos injustificados;

5)

«período de ejecución»: el período que se inicia en las fechas a que se refiere el artículo 8, apartado 7, letra j), y que concluye veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la decisión sobre la contribución financiera, de conformidad con el artículo 15, apartado 2.

a)

la fecha en que el empleador comunique oficialmente y por escrito a la autoridad pública competente los proyectos de despido colectivo, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo (18);

b)

la fecha en la que el empleador notifique individualmente al trabajador su intención de despedirlo o de rescindir su contrato o relación laboral;

c)

la fecha de la rescisión de facto o de la extinción del contrato o la relación laboral;

d)

la fecha de finalización de la cesión del trabajador a la empresa usuaria, o

e)

en relación con los trabajadores por cuenta propia, la fecha del cese de actividad determinada con arreglo a la legislación o a las disposiciones administrativas nacionales.

a)

los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que han cesado en sus actividades, determinados de conformidad con el artículo 5, durante los períodos de referencia establecidos en el artículo 4, apartados 1 a 4;

b)

los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que han cesado en sus actividades, determinados de conformidad con el artículo 5, al margen del período de referencia establecido en el artículo 4, a saber, seis meses antes del comienzo del período de referencia o entre el final del período de referencia y el último día antes de la fecha de finalización de la evaluación por parte de la Comisión.