(1)

Conforme al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

(2)

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

(3)

Siguiendo una Recomendación de la Comisión, el 3 de abril de 2020, el Consejo declaró, mediante la Decisión (UE) 2020/509 (1), de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del Tratado, la existencia de un déficit excesivo en Rumanía y formuló una recomendación con miras a corregir el déficit excesivo en 2022 a más tardar (2) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020»), de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (3).

(4)

El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del PEC. Esta cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (4) y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica resultante de la pandemia de COVID-19, las condiciones justificaban la activación de la cláusula general de salvaguardia del PEC. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión.

(5)

El 15 de septiembre de 2020, Rumanía presentó su informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020. Dicho informe señalaba un importante deterioro de sus finanzas públicas durante el año 2020, en su mayor parte debido a la pandemia de COVID-19.

(6)

El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la situación presupuestaria de Rumanía. A la luz del persistente y excepcional grado de incertidumbre creado por la pandemia de COVID-19 y sus enormes repercusiones macroeconómicas y presupuestarias, la Comisión consideraba que, en esa coyuntura, no se podía adoptar ninguna decisión sobre nuevas medidas en el marco del procedimiento de déficit excesivo iniciado con respecto a Rumanía. En particular, el excepcional grado de incertidumbre, especialmente en cuanto a diseñar una trayectoria creíble para la política presupuestaria, no permitía a la Comisión presentar en ese momento una Recomendación de Recomendación del Consejo conforme al artículo 126, apartado 7, del Tratado. La Comisión declaró que volvería a evaluar la situación presupuestaria de Rumanía en la primavera de 2021 partiendo de los datos registrados para 2020, el presupuesto de 2021 y las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021 y que, en su caso, propondría nuevas medidas en el marco del procedimiento de déficit excesivo, teniendo en cuenta el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia del PEC en 2021.

(7)

El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una Comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros. Por otra parte, en dicha Comunicación, la Comisión consideró que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia del PEC debería incluir una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como principal criterio cuantitativo la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (fin de 2019). El 2 de junio de 2021, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía». Según esa Comunicación, la cláusula general de salvaguardia del PEC seguirá en vigor en 2022 y se prevé su desactivación en 2023.

(8)

Según una actualización del «Debt Sustainability Monitor 2020» de la Comisión, que pretendía reflejar las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021, los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas rumanas a medio y largo plazo se mantienen a un nivel elevado. Estos riesgos deben abordarse a través de un plan presupuestario a medio plazo adecuado respaldado por medidas estructurales.

(9)

A la luz de la profunda contracción de la actividad económica derivada de la pandemia de COVID-19 y de la consiguiente necesidad de políticas presupuestarias favorables a la recuperación en 2021 y 2022, la Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020 ya no constituye una base apropiada para la orientación de la política presupuestaria de Rumanía.

(10)

De conformidad con el artículo 3, apartado 5, última frase, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, en caso de grave recesión económica en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, puede adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del Tratado, siempre que no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

(11)

De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1467/97, el Consejo debe dirigir una Recomendación al Estado miembro de que se trate en la que se establezca un plazo para la corrección del déficit excesivo. Dicha Recomendación ha de establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro adopte medidas eficaces encaminadas a la corrección del déficit excesivo, plazo que puede reducirse a tres meses cuando la gravedad de la situación así lo justifique. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa dicha Recomendación, sean compatibles con una mejora anual equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB del saldo estructural, es decir, el saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

(12)

El PIB real de Rumanía se redujo un 3,9 % en 2020, y según las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021 registrará un repunte a continuación, con una tasa de crecimiento del 5,1 % en 2021 y el 4,9 % en 2022. Se espera una recuperación del consumo privado a medida que avance el proceso de vacunación y se vayan suprimiendo gradualmente las medidas de distanciación social, mientras que se prevé que las subidas salariales también se mantengan robustas. Se considera que la realización gradual de proyectos en el marco del plan de recuperación y resiliencia a que se refiere el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) propiciará un nuevo impulso a la expansión de la inversión. Se espera que la contribución de las exportaciones netas (esto es, exportaciones menos importaciones) se mantenga negativa durante el período de previsión, ya que las importaciones se verían estimuladas por el consumo privado y por las crecientes inversiones. Se prevé que las exportaciones sean respaldadas por una recuperación de la demanda interna, pero que se mantengan menos dinámicas que las importaciones. Las perspectivas de crecimiento están sujetas a unos riesgos equilibrados. Por una parte, una estrategia presupuestaria a medio plazo creíble puede contribuir a disipar la inquietud acerca de la sostenibilidad presupuestaria, particularmente cuando se asocia a reformas ambiciosas (incluidas las contenidas en el plan de recuperación y resiliencia). Ello ayudaría a Rumanía a corregir sus desequilibrios macroeconómicos, mitigar los riesgos para la estabilidad de sus finanzas y contribuir al crecimiento sostenible, particularmente mejorando su clima de inversión. Por otra parte, la incertidumbre en relación con la adopción de medidas y los retrasos o ineficiencias en la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia podrían tener efectos negativos sobre la confianza.

(13)

El 2 de marzo de 2021, el Parlamento rumano adoptó el presupuesto y la estrategia presupuestaria a medio plazo de Rumanía para 2021. La estrategia presupuestaria, junto con información sobre el perfil de ayudas financieras no reembolsables y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 (en lo sucesivo, «Mecanismo»), se ha tenido en cuenta en el Programa de Convergencia de 2021 de Rumanía (en lo sucesivo, «Programa de Convergencia»), que se presentó a la Comisión el 5 de mayo de 2021. Partiendo de un déficit de las Administraciones Públicas equivalente al 9,2 % del PIB en 2020, el Programa de Convergencia se propone como objetivo reducir este déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2024, en las siguientes etapas: 8,0 % del PIB en 2021; 6,2 % del PIB en 2022; 4,4 % del PIB en 2023, y 2,9 % del PIB en 2024. El ajuste presupuestario contemplado en el Programa de Convergencia se realizaría principalmente por el lado del gasto. Se espera un control del gasto, reduciéndolo en porcentaje del PIB, particularmente en el caso de los salarios del sector público (disminución de 1,4 puntos porcentuales entre 2022 y 2024) y las transferencias sociales (disminución de 0,9 puntos porcentuales entre 2022 y 2024).

(14)

Según las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021, que abarcan hasta 2024, el déficit de las Administraciones Públicas sería del 8,0 % del PIB en 2021, el 7,1 % del PIB en 2022 y el 6,8 % del PIB en 2023 y 2024. Esta previsión tiene en cuenta los gastos que se espera financiar con ayudas financieras no reembolsables y préstamos del Mecanismo, según figuran en el Programa de Convergencia y en la información adicional proporcionada por las autoridades rumanas. La disminución del déficit de las Administraciones Públicas previsto por la Comisión se basaría principalmente en la expiración gradual de las medidas de urgencia adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, en unos mayores ingresos debido a la recuperación económica prevista y en los efectos positivos adicionales de las inversiones y las reformas que se espera financiar mediante el Mecanismo. Además, el Gobierno rumano ha decidido congelar los salarios del sector público en 2021 y 2022, aplazar la subida de las pensiones previstas para 2021 y aumentar moderadamente las pensiones en 2022, medidas que contribuyen a unas mejores perspectivas en comparación con las previsiones de la Comisión del otoño de 2020. Esas medidas ya se han adoptado. Por otro lado, el Gobierno rumano se propone adoptar una nueva legislación en materia de pensiones que mantendría a un nivel globalmente estable la proporción que representan los gastos de pensiones en el PIB. El hecho de que la previsión de déficit que figura en las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021 sea superior a la contenida en el Programa de Convergencia se deriva de que la consolidación planeada por las autoridades rumanas se apoya en medidas no aplicadas plenamente o no anunciadas de forma creíble, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta en dichas previsiones. La Comisión prevé que el déficit estructural mejore en 0,7 puntos porcentuales del PIB en 2021 y 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2022 y se deteriore en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2023 y 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2024.

(15)

El déficit de las Administraciones Públicas representaba el 34,7 % del PIB al final de 2018, el 35,3 % del PIB al final de 2019 y el 47,3 % del PIB al final de 2020. Según las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021, aumentaría al 49,7 % del PIB al final de 2021, el 52,7 % del PIB al final de 2022 y el 59,5 % del PIB al final de 2024, con lo cual se aproximaría por primera vez al valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado, a falta de medidas correctoras adicionales alas ya adoptadas o anunciadas de forma creíble.

(16)

El análisis de la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo, actualizado atendiendo a las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021, confirma unos elevados riesgos para la sostenibilidad a medio plazo. Según la previsión de referencia a 10 años, la ratio deuda pública/PIB seguiría aumentando durante el período de previsión, hasta alcanzar un nivel próximo al 90 % del PIB. Los factores de riesgo para la sostenibilidad de la deuda serían los amplios déficits presupuestarios, los costes relacionados con el envejecimiento de la población y la vulnerabilidad de la senda de deuda respecto de perturbaciones macrofiscales. Las subidas de las pensiones, adoptadas en el verano de 2019, y por ahora aplazadas hasta el final de 2022, constituyen el principal factor de riesgo para la sostenibilidad de la deuda. La estructura de la deuda, con una alta proporción de deuda denominada en divisas y una proporción significativa de deuda poseída por no residentes, aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, aunque las intervenciones del Banco Nacional de Rumanía en el mercado secundario han contribuido a mantener los costes de empréstito del sector público en unos niveles favorables en 2020. Por otro lado, existen riesgos derivados de los pasivos contingentes asociados a las garantías estatales (1,4 % del PIB) concedidas a las empresas y a los trabajadores autónomos durante la crisis de la COVID-19. Se prevé un aumento de las necesidades brutas de financiación. En cambio, se prevé que las reformas e inversiones en el marco de la iniciativa Next Generation EU, si se aplican de forma eficaz, tendrán un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB en los próximos años, lo que contribuiría a la sostenibilidad de la deuda.

(17)

En virtud del artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse en el año siguiente a su detección salvo que concurran circunstancias especiales. La senda de ajuste debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1467/97, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria del Estado miembro de que se trate.

(18)

En la situación actual, en Rumanía se dan tales circunstancias especiales. La concesión de un año adicional a Rumanía, lo que sería conforme con la norma establecida en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, requeriría un ajuste presupuestario muy pronunciado y daría lugar a pérdidas de producción significativas, lo que pondría en peligro la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Una senda de ajuste con un plazo de corrección del déficit excesivo en 2024, aunque requeriría ajustes anuales sustanciales, implicaría un esfuerzo más gradual y lograría un buen equilibrio entre el saneamiento presupuestario y el apoyo a la recuperación económica. La nueva senda de ajuste también tiene en cuenta la modificación de la situación presupuestaria, con inclusión de la evolución presupuestaria en 2020 y la nueva estrategia presupuestaria instaurada por el Gobierno rumano. Unas reformas, especialmente aquellas que mejoren la gestión de las finanzas públicas, serían determinantes para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. A la luz de esas consideraciones, y en consonancia con las orientaciones para la política presupuestaria establecidas en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2021, está justificado fijar el año 2024 como plazo para la corrección del déficit excesivo.

(19)

Una senda de ajuste creíble y sostenible conforme a dicho plazo requeriría que Rumanía lograse un déficit de las Administraciones Públicas del 8,0 % del PIB en 2021, el 6,2 % del PIB en 2022, el 4,4 % del PIB en 2023 y el 2,9 % del PIB en 2024, en consonancia con los propios objetivos del Gobierno. Según las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2021, ello es compatible con una tasa de incremento nominal de los gastos primarios netos del 3,4 % en 2021, el 1,3 % en 2022, el 0,9 % en 2023 y el 0,0 % en 2024 (6). Estas tasas de incremento de los gastos primarios netos constituirán el principal indicador utilizado para evaluar el esfuerzo presupuestario en caso de que sea necesario un análisis a fondo de la situación. Los correspondientes ajustes presupuestarios anuales del saldo estructural serían del 0,7 % del PIB en 2021, el 1,8 % del PIB en 2022, el 1,7 % del PIB en 2023 y el 1,5 % del PIB en 2024.

(20)

Para evaluar el efecto potencial de la política presupuestaria general en la producción, en la coyuntura actual los considerables pagos efectuados con cargo al presupuesto de la Unión (en el marco del Mecanismo y otros fondos de la Unión) deben incluirse en el agregado del gasto pertinente, como medida presupuestaria (7). Partiendo de esta base, se espera que los fondos de la Unión tengan un efecto positivo significativo sobre la economía rumana en los próximos años. Concretamente, las inversiones y reformas respaldadas por el Mecanismo ofrecen a Rumanía la oportunidad de mejorar su situación presupuestaria subyacente a medio plazo, al mismo tiempo que apoyan el crecimiento y la creación de empleo.

(21)

Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una corrección duradera del déficit excesivo y, al mismo tiempo, estar encaminadas a mejorar la calidad de las finanzas públicas y a reforzar el potencial de crecimiento de la economía. La realización de reformas de carácter presupuestario y de carácter económico en general —relacionadas, por ejemplo, con el sistema de pensiones, la administración tributaria, los salarios del sector público y la gobernanza de las empresas de propiedad estatal— debe contribuir al esfuerzo de saneamiento presupuestario.

(22)

Desde 2016, Rumanía se ha apartado de forma sistemática y repetida de su normativa presupuestaria nacional y del calendario de adopción de su estrategia presupuestaria a medio plazo, incluidos en su marco presupuestario nacional. De cara al futuro, el ajuste presupuestario Rumanía estaría respaldado por una plena aplicación de su marco presupuestario nacional.