(1)

El artículo 11, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), exige que las instituciones de la Unión den a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. Asimismo, el artículo 11, apartado 2, exhorta a las instituciones de la Unión a mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

(2)

El artículo 15, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que, a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actúen con el mayor respeto posible al principio de apertura.

(3)

De conformidad con el artículo 298 del TFUE, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente.

(4)

Para que las instituciones, órganos y organismos de la Unión (en lo sucesivo, «instituciones de la Unión») actúen con el mayor respeto posible al principio de apertura debe permitirse que las partes interesadas aporten sus puntos de vista y conocimientos especializados durante el proceso de toma de decisiones, a fin de reforzar la calidad y el respaldo de las decisiones que se adopten.

(5)

Con el fin de mantener la confianza en los procesos políticos, legislativos y administrativos de la Unión, los contactos con los representantes de intereses deben mantenerse de manera transparente y ética.

(6)

A tal efecto, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea celebraron un Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de transparencia obligatorio (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo interinstitucional»).

(7)

El Consejo se ha comprometido a establecer un marco que garantice unos contactos transparentes y éticos entre los representantes de intereses y los funcionarios y agentes (en lo sucesivo, «personal») de su Secretaría General mediante la inclusión del principio de condicionalidad. Conforme a ese principio, la inscripción en el Registro de transparencia es una condición previa necesaria para que los representantes de intereses puedan llevar a cabo determinadas actividades que son objeto del Acuerdo interinstitucional.

(8)

El Consejo considera que la creación de un Registro de transparencia, común al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión y abierto a otras instituciones de la Unión, es la manera más eficaz de aplicar el principio de condicionalidad. La adhesión al código de conducta anejo al Acuerdo interinstitucional debe ser una condición previa para la inscripción en el Registro de transparencia.

(9)

Los órganos del Registro de transparencia deben estar facultados para adoptar, también en nombre del Consejo, decisiones individuales relativas a los solicitantes e inscritos en el Registro, con arreglo al Acuerdo interinstitucional.

(10)

Nada de lo dispuesto en la presente Decisión podrá interpretarse en el sentido de que se confiera a los representantes de intereses inscritos en el Registro de transparencia un derecho privilegiado de acceso a los documentos que obren en poder del Consejo.