(1)

Las propuestas legislativas de la Comisión sobre la política agrícola común (PAC) después de 2020 tenían por objeto establecer el sólido marco de la Unión esencial para garantizar que la PAC siga siendo una política común con unas condiciones de competencia equitativas, otorgando al mismo tiempo a los Estados miembros una mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que cumplen los objetivos y alcanzan las metas establecidas. Por consiguiente, los Estados miembros deben elaborar planes estratégicos de la PAC y aplicarlos una vez que hayan sido aprobados por la Comisión.

(2)

El procedimiento legislativo relativo a las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC más allá de 2020 no se concluyó a tiempo para permitir que los Estados miembros y la Comisión prepararan todos los elementos necesarios para aplicar el nuevo marco jurídico y los planes estratégicos de la PAC a partir del 1 de enero de 2021, tal como había propuesto inicialmente la Comisión. Ese plazo ha creado incertidumbre y riesgos para los agricultores de la Unión y para todo el sector agrícola de la Unión. A fin de reducir esa incertidumbre y mantener la vitalidad de las zonas y regiones rurales, así como de contribuir a la sostenibilidad medioambiental, el presente Reglamento debe prever la aplicación continuada de las normas del marco de la PAC actual para el período 2014-2020 (en lo sucesivo, «marco de la PAC actual») y los pagos ininterrumpidos a los agricultores y otros beneficiarios, ofreciendo así previsibilidad y estabilidad durante el período transitorio de los años 2021 y 2022 (en lo sucesivo, «período transitorio») hasta la fecha de aplicación del nuevo marco jurídico, que cubre a partir del 1 de enero de 2023 (en lo sucesivo, «nuevo marco jurídico»).

(3)

Dado que aún debe llevarse a cabo el procedimiento legislativo relativo a las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC después de 2020 y los planes estratégicos de la PAC todavía deben ser desarrollados por los Estados miembros, y las partes interesadas deben ser consultadas, el marco de la PAC actual debe seguir aplicándose para el período adicional de dos años. El objetivo del período transitorio es facilitar a los beneficiarios una transición fluida a un nuevo período de programación y prever la posibilidad de que se tenga en cuenta la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo»).

(4)

A fin de garantizar que puedan concederse ayudas a los agricultores y otros beneficiarios del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en los años 2021 y 2022, la Unión debe seguir concediendo esas ayudas durante el período transitorio en las condiciones del marco de la PAC actual. El marco de la PAC actual se estableció, en particular, en los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 (4), (UE) n.o 1305/2013 (5), (UE) n.o 1306/2013 (6), (UE) n.o 1307/2013 (7) y (UE) n.o 1308/2013 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(5)

El presente Reglamento debe proporcionar a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar sus respectivos planes estratégicos de la PAC, así como facilitar la creación de las estructuras administrativas necesarias para la aplicación satisfactoria del nuevo marco jurídico, en particular permitiendo un aumento de la asistencia técnica. Todos los planes estratégicos del PAC deben estar listos para entrar en vigor una vez que finalice el período transitorio, a fin de proporcionar la tan necesaria estabilidad y certidumbre al sector agrícola.

(6)

Habida cuenta de que la Unión debe seguir apoyando el desarrollo rural durante el período transitorio, los Estados miembros deben tener la posibilidad de financiar sus programas de desarrollo rural prorrogados con cargo a la asignación presupuestaria correspondiente para los años 2021 y 2022. Los programas prorrogados deben garantizar que al menos la misma proporción global de la contribución del Feader se reserve para las medidas contempladas en el artículo 59, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, en consonancia con las nuevas ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo.

(7)

El Reglamento (UE) n.o 1303/2013 establece normas comunes aplicables al Feader y a otros fondos, que operan con arreglo a un marco común. Dicho Reglamento debe seguir aplicándose a los programas que reciben ayuda del Feader para el período de programación 2014-2020 y a los años de programación 2021 y 2022.

(8)

Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en relación con los informes de ejecución, las reuniones de examen anuales, los informes de síntesis y evaluaciones ex post, la admisibilidad de los gastos y la liberación, así como los compromisos presupuestarios, se limitan al período de programación 2014-2020. Estos plazos deben adaptarse con el fin de tener en cuenta la duración ampliada del período durante el cual deben ejecutarse los programas relativos al apoyo del Feader.

(9)

El Reglamento (UE) n.o 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y el Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014 de la Comisión (10) establecen que los gastos para determinados compromisos a largo plazo contraídos en virtud de determinados Reglamentos por los que se concedió la ayuda al desarrollo rural antes del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 deben seguir pagándose por el Feader en el período de programación 2014-2020 en determinadas condiciones. Dichos gastos también deben seguir siendo admisibles durante el período de vigencia de sus respectivos compromisos jurídicos en las mismas condiciones en los años de programación 2021 y 2022. Por razones de claridad y seguridad jurídicas, también debe aclararse que los compromisos jurídicos contraídos con arreglo a medidas anteriores que correspondan a medidas del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 a las que se aplique el sistema integrado de gestión y control deben estar sujetos a dicho sistema integrado de gestión y control y que los pagos relacionados con esos compromisos jurídicos deben efectuarse en el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente.

(10)

El Feader debe poder apoyar los gastos de desarrollo de capacidades y acciones preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo bajo el nuevo marco jurídico.

(11)

En 2015, al asignar los derechos de pago o al volver a calcular los derechos de pago de los Estados miembros que mantienen derechos existentes en virtud del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, algunos Estados miembros cometieron errores en el establecimiento del número o el valor de los derechos de pago. Muchos de esos errores, aun cuando se hayan producido en relación con un único agricultor, influyen en el valor de los derechos de pago para todos los agricultores y para todos los años. Algunos Estados miembros también cometieron errores después de 2015 al asignar derechos de pago, por ejemplo en el cálculo del valor medio. Tal incumplimiento se somete normalmente a una corrección financiera hasta que el Estado miembro de que se trate adopte las medidas correctoras necesarias. Habida cuenta del tiempo transcurrido desde la primera asignación, los esfuerzos realizados por los Estados miembros para establecer y, en su caso, corregir los derechos, así como en aras de la seguridad jurídica, el número y el valor de los derechos de pago deben considerarse legales y regulares con efecto a partir de una fecha determinada.

(12)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, se ofreció a los Estados miembros la opción de solicitar, para la asignación de derechos de pago, un coeficiente de reducción a las hectáreas admisibles consistentes en pastos permanentes ubicados en zonas con condiciones climáticas adversas. Los pastos alpinos suelen gestionarse colectivamente y, por lo tanto, las zonas se asignan con una periodicidad anual, lo que crea un grado considerable de incertidumbre entre los agricultores de los Estados miembros afectados. La aplicación de ese sistema ha demostrado ser particularmente compleja, especialmente en lo que se refiere a la definición exacta de las zonas correspondientes. Dado que el valor de los derechos de pago en las zonas en las que no se aplica el coeficiente de reducción depende de la suma de los derechos de pago en las zonas designadas, esa incertidumbre afecta posteriormente a todos los agricultores de los Estados miembros de que se trate. Con el fin de estabilizar el sistema que se aplica actualmente en dichos Estados miembros, y con vistas a garantizar lo antes posible la seguridad jurídica de todos los agricultores de los Estados miembros de que se trate, estos deben poder considerar legal y regular el valor y el número de todos los derechos asignados a todos los agricultores antes del 1 de enero de 2020. El valor de esos derechos debe ser, sin perjuicio de los recursos jurídicos a disposición de beneficiarios concretos, el valor correspondiente al año natural 2019, válido al 31 de diciembre de 2019.

(13)

La confirmación de los derechos de pago no constituye una exención de la responsabilidad de los Estados miembros, en el marco de la gestión compartida del FEAGA, de garantizar la protección del presupuesto de la Unión frente a los gastos irregulares. Por lo tanto, la confirmación de los derechos de pago asignados a los agricultores antes del 1 de enero de 2021 o, como excepción, antes del 1 de enero de 2020 no debe afectar a la facultad de la Comisión de adoptar las decisiones a que se refiere el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 en relación con los pagos irregulares concedidos respecto de cualquier año natural hasta 2020 o, como excepción, hasta 2019 inclusive, resultantes de errores en el número o valor de dichos derechos de pago.

(14)

Habida cuenta de que el nuevo marco jurídico para la PAC no ha sido todavía adoptado debe quedar claro que deben establecerse disposiciones transitorias para regular la transición de los regímenes de ayuda existentes concedidas con carácter plurianual al nuevo marco jurídico.

(15)

Con el fin de limitar una prórroga significativa de los compromisos del actual período de programación para el desarrollo rural a los planes estratégicos de la PAC, la duración de los nuevos compromisos plurianuales en materia de agroambiente y clima, agricultura ecológica y bienestar de los animales debe limitarse, por regla general, a un período máximo de tres años. A partir de 2022, la ampliación de los compromisos existentes debe limitarse a un año.

(16)

El artículo 31, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 estableció disposiciones transitorias para facilitar la eliminación gradual de los pagos en ámbitos que, debido a la aplicación de nuevos criterios de delimitación, dejaban de considerarse zonas con limitaciones naturales. Estos pagos debían pagarse hasta 2020 y por un período máximo de cuatro años. El Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) amplió hasta 2019 el plazo inicial para la nueva delimitación de dichas zonas. En el caso de los agricultores de los Estados miembros que establecieron la delimitación en 2018 y 2019, la eliminación gradual de los pagos no podía prolongarse más de cuatro años. Con el fin de continuar con la eliminación gradual de los pagos, debe permitirse a los Estados miembros seguir efectuándolos en los años 2021 y 2022, cuando proceda. A fin de garantizar un nivel adecuado de pagos por hectárea de conformidad con el artículo 31, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, el nivel de los pagos en los años 2021 y 2022 debe fijarse en 25 EUR por hectárea.

(17)

Dado que los agricultores están expuestos a riesgos económicos y ambientales cada vez mayores como consecuencia del cambio climático y de la mayor volatilidad de los precios, el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 prevé una medida de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores a hacerles frente. Dicha medida incluye contribuciones financieras a fondos de inversión y un instrumento de estabilización de ingresos. Para garantizar la igualdad de trato a los agricultores en toda la Unión, evitar el falseamiento de la competencia y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión, se previeron condiciones específicas a la concesión de la ayuda con arreglo a esa medida. A fin de seguir promoviendo el recurso a esta medida entre los agricultores de todos los sectores, debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de reducir el umbral del 30 % que da lugar a la compensación de los agricultores por caída de la producción o los ingresos aplicable al instrumento correspondiente, aunque no por debajo del 20 %.

(18)

Los agricultores y las empresas rurales se han visto afectados por las consecuencias del brote de COVID-19 de un modo sin precedentes. La prórroga de las limitaciones generalizadas de la libertad de circulación impuestas en los Estados miembros, así como los cierres obligatorios de comercios, mercados al aire libre, restaurantes y otros establecimientos de hostelería, han ocasionado perturbaciones económicas en el sector agrícola y las comunidades rurales y han generado problemas de liquidez y flujo de tesorería a los agricultores y las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. A fin de responder a los efectos de la crisis provocada por el brote de COVID-19, procede prorrogar la medida a que se refiere el artículo 39 ter del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 para subsanar los problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. La ayuda para dicha medida debe financiarse hasta un 2 % por los fondos del Feader asignados a los Estados miembros en el período de programación 2014-2020.

(19)

A fin de evitar una situación en que no se utilicen los fondos para el desarrollo local participativo en los años de programación 2021 y 2022, los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad de transferir cantidades de los pagos directos al desarrollo rural deben poder aplicar el 5 %, y en el caso de Croacia el 2,5 %, la asignación mínima destinada al desarrollo local participativo, únicamente a la contribución del Feader al desarrollo rural prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022, calculada antes de que se haya hecho la transferencia de los importes de los pagos directos.

(20)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (12) por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE) para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (Reglamento IRUE), deben facilitarse recursos adicionales para los años 2021 y 2022 a fin de abordar las repercusiones de la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias en el sector agrícola y las zonas rurales de la Unión.

(21)

Dados los retos sin precedentes a los que se enfrentan el sector agrícola y las zonas rurales de la Unión a causa de la crisis de la COVID-19, los recursos adicionales proporcionados por el IRUE deben utilizarse para financiar medidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 que allanen el camino para una recuperación económica resiliente, sostenible y digital, en consonancia con los objetivos de los compromisos medioambientales y climáticos de la Unión y con las nuevas ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo.

(22)

Por consiguiente, los Estados miembros no deben reducir la ambición medioambiental de sus actuales programas de desarrollo rural. Deben garantizar que, por lo que respecta a los recursos adicionales, se reserve el mismo porcentaje global a medidas especialmente beneficiosas para el medio ambiente y el clima que el que reservaron a dichas medidas en sus programas de desarrollo rural en relación con la contribución del Feader (en lo sucesivo, «principio de no regresión»). Además, al menos el 37 % de los recursos adicionales facilitados sobre la base del IRUE debe destinarse a medidas que sean especialmente beneficiosas para el medio ambiente y el clima, así como al bienestar animal y a la Iniciativa comunitaria de desarrollo rural. Asimismo, al menos el 55 % de esos recursos adicionales debe destinarse a medidas que promuevan el desarrollo económico y social en las zonas rurales: en particular, inversiones en activos físicos, desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, ayuda a los servicios básicos y a la renovación de poblaciones en las zonas rurales y cooperación.

(23)

En caso de que los Estados miembros no puedan respetar el principio de no regresión, deben tener la posibilidad de establecer excepciones a la obligación de asignar al menos el 55 % de los recursos adicionales del IRUE a medidas que promuevan el desarrollo económico y social de las zonas rurales y deben apoyar preferentemente medidas que sean especialmente beneficiosas para el medio ambiente y el clima. No obstante, con el fin de ofrecer a los Estados miembros suficiente flexibilidad, estos también deben tener la posibilidad de establecer excepciones al principio de no regresión con respecto a esos recursos adicionales en la medida necesaria para cumplir la mencionada obligación del 55 %.

(24)

Los recursos adicionales del IRUE están sujetos a condiciones específicas. Por consiguiente, estos recursos adicionales deben programarse y supervisarse de forma separada a la ayuda de la Unión al desarrollo rural, al mismo tiempo que se aplican, por regla general, las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013. Por lo tanto, esos recursos adicionales deben ejecutarse mediante el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 y considerarse, en el marco de dicho Reglamento, importes que financian medidas en el marco del Feader. En consecuencia, deben aplicarse las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 —incluidas las normas relativas a las modificaciones de los programas de desarrollo rural—, el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 —incluidas las normas sobre la liberación automática— y el Reglamento (UE) n.o 1307/2013, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa.

(25)

Deben establecerse un porcentaje máximo específico de cofinanciación de la Unión y un porcentaje de ayuda más elevado para aquellas inversiones que contribuyan a lograr una recuperación económica resiliente, sostenible y digital, así como ayudas más elevadas a los jóvenes agricultores, a fin de garantizar el adecuado efecto de palanca de los recursos adicionales proporcionados por el IRUE.

(26)

Para garantizar la continuidad durante el período transitorio, debe mantenerse la reserva para crisis en el sector agrícola para los años 2021 y 2022 y debe incluirse en dicha reserva el importe correspondiente a la reserva para los años 2021 y 2022.

(27)

Por lo que se refiere a las disposiciones de prefinanciación del Feader, debe quedar claro que ni la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de los programas apoyados por el Feader de conformidad con el presente Reglamento ni los recursos adicionales facilitados sobre la base del Reglamento IRUE, deben dar lugar a ninguna prefinanciación adicional concedida para los programas de que se trate.

(28)

Actualmente, el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 solo prevé una obligación de notificación para los Estados miembros por lo que se refiere a sus decisiones adoptadas de conformidad con dicho artículo y el producto estimado en relación con la reducción de la parte del importe de los pagos directos que deba concederse a un agricultor por un año natural superior a 150 000 EUR para los años 2015 a 2020. A fin de garantizar la continuidad del sistema actual, los Estados miembros también deben notificar sus decisiones adoptadas de conformidad con dicho artículo y el producto estimado relativo a la reducción para los años naturales 2021 y 2022.

(29)

El artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 permite a los Estados miembros transferir fondos entre los pagos directos y el desarrollo rural en lo relativo a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto de garantizar que los Estados miembros pueden seguir su propia estrategia, es conveniente que también pueda recurrirse a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural 2021, correspondiente al ejercicio 2022, y con respecto al año natural 2022 (ejercicio 2023).

(30)

A fin de que la Comisión pueda fijar los límites presupuestarios de conformidad con el artículo 22, apartado 1; el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, apartado 2; el artículo 49, apartado 2; el artículo 51, apartado 4, y el artículo 53, apartado 7 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, es necesario que los Estados miembros notifiquen sus decisiones sobre las asignaciones financieras por régimen para el año natural 2021 a más tardar el 19 de febrero de 2021 y para el año natural 2022 a más tardar el 1 de agosto de 2021.

(31)

El artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 prevé un ajuste lineal del valor de los derechos de pago en caso de modificación del límite máximo del régimen de pago básico de un año a otro debido a determinadas decisiones adoptadas por los Estados miembros y que afectan al límite máximo del régimen de pago básico. La prórroga del anexo II de dicho Reglamento sobre límites máximos nacionales después del año natural 2020 y los posibles cambios anuales a partir de esa fecha podrían repercutir en el límite máximo del régimen de pago básico. Por consiguiente, para que los Estados miembros puedan respetar la obligación de igualdad de la suma del valor de los derechos de pago y de las reservas con el límite máximo del régimen de pago básico establecido en el artículo 22, apartado 4, de dicho Reglamento, conviene prever un ajuste lineal para adaptarse a la prórroga o las modificaciones del anexo II de dicho Reglamento durante el período transitorio. Además, para ofrecer una mayor flexibilidad a los Estados miembros, parece conveniente permitirles que adapten el valor de los derechos de pago o de la reserva, posiblemente con diferentes tipos de ajuste.

(32)

De conformidad con el marco jurídico actual, los Estados miembros notificaron en 2014 sus decisiones hasta el año 2020, sobre la división del límite máximo nacional anual para el régimen de pago básico entre las regiones y las posibles modificaciones progresivas anuales para el período cubierto por el Reglamento (UE) n.o 1307/2013. Es necesario que los Estados miembros también notifiquen esas decisiones para los años naturales 2021 y 2022.

(33)

El mecanismo de convergencia interna es el principal proceso para una distribución más equitativa de la ayuda directa a la renta entre los agricultores. Las diferencias significativas individuales basadas en antiguas referencias históricas son progresivamente más difíciles de justificar. En el Reglamento (UE) n.o 1307/2013, el modelo básico de convergencia interna consiste en la aplicación, por parte de los Estados miembros, de un tipo fijo uniforme para todos los derechos de ayuda, a escala nacional o regional, a partir de 2015. No obstante, para garantizar una transición más fluida a un valor uniforme, se estableció una excepción que permitía a los Estados miembros diferenciar los valores de los derechos de pago aplicando la convergencia parcial, también denominada «modelo de túnel», entre 2015 y 2019. Algunos Estados miembros han hecho uso de dicha excepción. Para continuar el proceso hacia una distribución más equitativa de los pagos directos, los Estados miembros deben poder seguir convergiendo hacia una media nacional o regional después de 2019, en lugar de ir a un tipo fijo uniforme o mantener el valor de los derechos en su nivel de 2019. Por tanto, dicha posibilidad para los Estados miembros debe ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2021. Los Estados miembros deben notificar anualmente a la Comisión su decisión para el año siguiente.

(34)

Las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 sobre la adaptación de todos los derechos de pago modificados por el presente Reglamento deben aplicarse con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2020 para aclarar que los Estados miembros podían converger después de 2019.

(35)

El artículo 30 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 establece las modificaciones progresivas anuales en el valor de los derechos de pago asignados de la reserva para reflejar las etapas anuales del límite máximo nacional fijado en el anexo II de dicho Reglamento, lo que refleja una gestión «plurianual» de la reserva. Dichas normas deben adaptarse para reflejar que es posible modificar tanto el valor de todos los derechos de pago asignados como el de la reserva para adaptarlos a un cambio en el importe establecido en el anexo II de dicho Reglamento entre dos años. En los Estados miembros en los que se haya decidido alcanzar la convergencia interna, esta se aplicaría anualmente. Para los años naturales 2020, 2021 y 2022, solo el valor del derecho de ayuda del año en curso debe determinarse en el año de asignación. El valor unitario de los derechos de pago que deben asignarse de la reserva en un año determinado debe calcularse tras el posible ajuste de la reserva de conformidad con el artículo 22, apartado 5, de dicho Reglamento. En cualquier año posterior, el valor de los derechos de pago asignados de la reserva debe adaptarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, de dicho Reglamento.

(36)

El artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 prevé la aplicación del régimen de pago único por superficie hasta el 31 de diciembre de 2020. Procede autorizar la prórroga del régimen de pago único por superficie en los años 2021 y 2022.

(37)

Dado que la modificación del anexo II del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 en virtud del presente Reglamento entrará en vigor demasiado tarde para que los Estados miembros puedan respetar el plazo del plan original para determinadas obligaciones de notificación en 2020, es necesario aplazar el plazo para que los Estados miembros adopten la decisión de introducir por primera vez el pago redistributivo a partir de 2021 o 2022 y para la notificación de esa decisión a la Comisión. Procede establecer dicho plazo de forma que coincida con el plazo para las decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares.

(38)

Con arreglo al artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único por superficie podrán decidir conceder una ayuda nacional transitoria durante el período 2015-2020 para evitar una disminución repentina y sustancial de la ayuda en los sectores que se beneficiaron de ayudas nacionales transitorias hasta 2014. Para garantizar que, durante el período transitorio, esta ayuda siga desempeñando su papel de apoyo a los ingresos de los agricultores en esos sectores específicos, debe preverse la continuación de dicha ayuda en las mismas condiciones y limitaciones que en el período 2015-2020.

(39)

En aras de la seguridad jurídica, debe precisarse que los artículos 41 y 42 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 permiten a los Estados miembros revisar anualmente sus decisiones sobre el pago redistributivo. El plazo para la revisión aplicable en 2021 y 2022 debe establecerse de forma que coincida con el plazo para las decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares.

(40)

El artículo 52, apartado 10, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que permitan a los Estados miembros decidir que la ayuda asociada voluntaria pueda continuar pagándose hasta 2020 en función de las unidades de producción por las que se concedió dicha ayuda en un período de referencia previo. Con esa atribución de facultades se persigue asegurar la mayor coherencia posible entre los programas de la Unión destinados a sectores que se pueden ver afectados por los desequilibrios estructurales del mercado. Procede, por tanto, prorrogar dicha atribución de facultades para que abarque también los años 2021 y 2022.

(41)

Dado que la modificación del anexo II del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 en virtud del presente Reglamento entrará en vigor demasiado tarde para que los Estados miembros puedan respetar el plazo del plan original para determinadas obligaciones de notificación en 2020, es necesario aplazar el plazo para que los Estados miembros adopten la decisión de introducir por primera vez la ayuda asociada voluntaria a partir de 2021 o 2022 y para la notificación de esa decisión a la Comisión. Procede establecer dicho plazo de forma que coincida con el plazo para las decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares. Del mismo modo, la decisión de los Estados miembros de continuar o dejar de conceder la ayuda asociada voluntaria durante los años 2021 y 2022, así como la notificación de dicha decisión a la Comisión, deben aplazarse a la misma fecha.

(42)

El artículo 54 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 establece los elementos de las notificaciones de los Estados miembros relativas a la ayuda asociada voluntaria. Conviene aclarar que esas notificaciones para los años naturales 2021 y 2022 deben incluir el porcentaje del límite máximo nacional utilizado para financiar dicha ayuda para los años 2021 y 2022.

(43)

El Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece las normas de la organización común de los mercados agrícolas e incluye determinados regímenes de ayuda. Según la propuesta legislativa de la Comisión sobre la PAC después de 2020, tales regímenes de ayuda deben integrarse en los futuros planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros. Para garantizar la integración fluida de estos regímenes de ayuda en la futura PAC, deben establecerse normas relativas a la duración de cada uno de ellos cuando deban renovarse durante el período transitorio. Por lo tanto, en lo que se refiere al régimen de ayudas en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, los programas de trabajo existentes para el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2021 deben ir seguidos por nuevos programas de trabajo que abarquen desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los programas operativos existentes en el sector de las frutas y hortalizas que no hayan alcanzado su duración máxima de cinco años solo podrán ampliar su duración hasta el 31 de diciembre de 2022. Los nuevos programas operativos en el sector de las frutas y hortalizas solo deben aprobarse por un período máximo de tres años. Procede prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 los programas nacionales existentes en el sector de la apicultura, establecidos para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2022.

(44)

Debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, gran parte de los viticultores que disponían de autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que expiraban en 2020 no pudieron hacer el uso previsto de esas autorizaciones en su último año de validez. Para evitar la pérdida de dichas autorizaciones y reducir el riesgo de deterioro de las condiciones en las que tendría que llevarse a cabo la plantación, es necesario permitir una prórroga de la validez de las autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que expiran en 2020. Por lo tanto, todas las autorizaciones de plantación o para replantación que expiran en 2020 deben prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, teniendo en cuenta los cambios en las perspectivas de mercado, los titulares de autorizaciones de plantación que expiran en 2020 deben tener la posibilidad de no utilizar sus autorizaciones sin estar sujetos a sanciones administrativas.

(45)

La disposición del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 relativa a las autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que debían expirar en 2020, modificada por el presente Reglamento, debe aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2020, debido a las perturbaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y las dificultades causadas relativas al uso de dichas autorizaciones de plantación.

(46)

En 2013 se establecieron disposiciones transitorias para garantizar la transición fluida del régimen anterior de derechos de plantación de uva de vinificación al nuevo régimen de autorizaciones de plantación, en particular con el fin de evitar plantaciones excesivas antes del inicio de ese nuevo régimen. El plazo último para la presentación de solicitudes de conversión de derechos de plantación en autorizaciones es el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, las autorizaciones deben ser utilizadas por el propio solicitante y no son negociables como lo eran los antiguos derechos de plantación. Además, se podría exigir a los solicitantes de autorizaciones que dispongan de la superficie vitícola correspondiente, lo que puede dar lugar a situaciones en las que los titulares de derechos de plantación no hayan conseguido todavía adquirir las superficies vitícolas correspondientes para utilizar las autorizaciones que hayan resultado de la conversión de sus derechos de plantación. El grave impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el sector vitivinícola ha provocado problemas de tesorería a los viticultores y también incertidumbre en cuanto a la futura demanda de vino. Los viticultores que sigan teniendo derechos de plantación no deben verse obligados a decidir si desean convertir sus derechos de plantación en autorizaciones mientras se enfrentan a dificultades excepcionales debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, tanto más cuando se exponen a una sanción administrativa si no utilizan sus autorizaciones de plantación resultantes de la conversión. Por consiguiente, los Estados miembros que hayan permitido a los viticultores presentar sus solicitudes de conversión de derechos de plantación hasta el 31 de diciembre de 2020 deben poder prorrogar el plazo de presentación de esas solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2022. En consecuencia, debe modificarse el plazo para la validez de dichas autorizaciones convertidas y fijarse al 31 de diciembre de 2025.

(47)

El artículo 214 bis del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 permitía a Finlandia conceder, en determinadas condiciones, una ayuda nacional al sur del país hasta 2020, supeditada a la autorización de la Comisión. Para garantizar la continuidad de los pagos de dicha ayuda durante el período transitorio, la concesión de dicha ayuda nacional debe seguir permitiéndose en las mismas condiciones y por los mismos importes que en 2020.

(48)

Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado del aceite de oliva, los Estados miembros deben poder decidir sobre la aplicación de normas de comercialización para regular la oferta. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

(49)

Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que los agricultores se enfrentan cada vez más a riesgos de volatilidad de las rentas, en parte debido a la exposición a los mercados y, por otra parte, a episodios climatológicos extremos y a crisis sanitarias y fitosanitarias frecuentes que afectan al ganado y a los activos agronómicos de la Unión. Para paliar los efectos de la volatilidad de las rentas alentando a los agricultores a ahorrar durante los años buenos para hacer frente a los años malos, las medidas fiscales nacionales mediante las cuales se calcula el impuesto sobre la renta aplicado a los agricultores sobre la base de un período plurianual deben quedar exentas de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales.

(50)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, prever la aplicación continuada de las normas del marco de la PAC actual y los pagos ininterrumpidos a los agricultores y otros beneficiarios, ofreciendo así previsibilidad y estabilidad durante el período transitorio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(51)

Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esas normas, que se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(52)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013, (UE) n.o 1307/2013 y (UE) n.o 1308/2013.

(53)

Con el fin de garantizar que los recursos adicionales facilitados sobre la base del Reglamento IRUE estén disponibles a partir del 1 de enero de 2021, las disposiciones sobre la ayuda del Reglamento IRUE deben tener efecto retroactivo a partir de esa fecha.

(54)

En vista de la necesidad imperiosa de garantizar de inmediato la seguridad jurídica para el sector de la producción ecológica en las circunstancias actuales, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.