(1)

El brote de COVID-19 ha provocado una fuerte caída de la demanda de los servicios ferroviarios de transporte. Esta situación ha teniendo graves repercusiones para las empresas ferroviarias. Las repercusiones empezaron a manifestarse ya el 1 de marzo de 2020 y es probable que duren al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. Las circunstancias vinculadas al brote de COVID-19 escapan al control de las empresas ferroviarias, que se enfrentan a considerables problemas de liquidez e importantes pérdidas y, en algunos casos, riesgos de insolvencia.

(2)

A fin de contrarrestar los efectos económicos negativos del brote de COVID-19, las empresas ferroviarias pueden necesitar ayuda financiera. Es posible que las empresas ferroviarias no puedan pagar los cánones para acceder a la infraestructura ferroviaria debido al brote de COVID-19, por lo que se debe autorizar a los administradores de infraestructuras a proceder a la reducción, la exención o el aplazamiento de esos pagos. Tal posibilidad ha de concederse para un período durante el cual ya se hayan manifestado, y se espera que duren, los efectos del brote de COVID-19 en el mercado ferroviario, es decir, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «período de referencia»).

(3)

Con arreglo al artículo 31, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), los cánones de acceso a las vías que deben abonarse al administrador de infraestructuras no pueden ser inferiores al coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario. Una exención parcial o total de los gastos, o su aplazamiento, aplicados de manera transparente, objetiva y no discriminatoria a todas las empresas ferroviarias activas en los sectores ferroviarios de mercancías y de pasajeros mitigaría el impacto del brote de COVID-19 durante el período de referencia. A tal efecto, los Estados miembros deben por tanto tener la posibilidad de autorizar a los administradores de infraestructuras a tomar medidas.

(4)

El artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE permite a los Estados miembros establecer el cobro de recargos, siempre y cuando el mercado pueda soportarlos. Debido a las repercusiones del brote de COVID-19, es posible que haya disminuido la capacidad de los segmentos de mercado para soportar recargos. Los Estados miembros deben por tanto tener la posibilidad de autorizar a los administradores de infraestructuras a reevaluar la capacidad de soportar recargos de los segmentos de mercado, a efectos de una posible reducción de los importes adeudados en relación con el período de referencia.

(5)

El artículo 36 de la Directiva 2012/34/UE establece un régimen de cánones por reserva con el objetivo de incentivar la utilización eficiente de la capacidad. De conformidad con dicho artículo, el cobro de dichos cánones es obligatorio cuando un solicitante, incluidas las empresas ferroviarias, deja de utilizar sistemáticamente las franjas asignadas o parte de ellas. Los administradores de infraestructuras deben publicar en su declaración sobre la red los criterios que determinan la no utilización. El brote de COVID-19 ha provocado graves perturbaciones del tráfico ferroviario que han dado lugar a la generalización de las cancelaciones de surcos. Los hechos subyacentes eran y siguen siendo ajenos al control de las empresas ferroviarias. Además, han dado lugar a una utilización temporalmente reducida de la capacidad. Por tanto, cabe suponer que el efecto incentivador buscado por los cánones por reserva en virtud el artículo 36 de la Directiva 2012/34/UE no es pertinente por lo que respecta al período de referencia. Los Estados miembros deben por tanto tener la posibilidad de autorizar a los administradores de infraestructuras a no cobrar cánones por la reserva de la capacidad adjudicada pero no utilizada durante el período de referencia, incluso cuando se considere que se han dejado de utilizar sistemáticamente las franjas asignadas o parte de ellas, como se establece en los criterios actualmente aplicables.

(6)

Con respecto a los cánones de acceso a las vías, el cobro de recargos y los cánones de reserva, toda disminución autorizada por los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento conllevaría una pérdida de ingresos para el administrador de la infraestructura. Estas pérdidas de ingresos se compensarían, en principio, de conformidad con el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE. Habida cuenta del carácter extraordinario de dichas pérdidas, los administradores de infraestructuras deben ser reembolsados en un plazo más breve que el establecido en dicho artículo, a saber, a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al año en que se hayan producido las pérdidas.

(7)

Deben efectuarse ajustes temporales de las condiciones de utilización de la infraestructura ferroviaria, así como actualizarse y modificarse las declaraciones sobre la red cuando sea necesario.

(8)

Debido a la naturaleza imprevisible y repentina del brote de COVID-19, ha sido imposible adoptar medidas pertinentes de manera oportuna. Por este motivo, el presente Reglamento debe abarcar también el período anterior a su entrada en vigor. Dada la naturaleza de las medidas previstas en el presente Reglamento, tal enfoque no vulnera las expectativas legítimas de las personas afectadas.

(9)

Es difícil predecir la evolución futura del brote de COVID-19 y su impacto posterior en el sector del transporte ferroviario. La Comisión debe analizar continuamente los efectos del brote de COVID-19 en el sector y la Unión debe estar en condiciones de prorrogar sin demora indebida el período de aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento en caso de que persistan las condiciones adversas.

(10)

A fin de prorrogar, en caso necesario y justificado, la validez de las medidas previstas en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la prórroga del período de referencia durante el cual las medidas previstas en el presente Reglamento deben aplicarse. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (4). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(11)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer normas temporales relativas al cobro de los cánones por la utilización de infraestructuras ferroviarias en respuesta a la situación urgente creada por el brote de COVID-19, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12)

A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.