(1)

Vistas las Conclusiones del Consejo de 12 de febrero de 2016 sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de febrero de 2016, relativa a un plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo y la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), deben adoptarse normas comunes sobre el comercio con terceros países a fin de garantizar la protección eficaz contra el comercio ilícito de bienes culturales, así como contra su pérdida o destrucción, la conservación del patrimonio cultural de la humanidad y la prevención de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales a través de la venta a compradores en la Unión de bienes culturales saqueados.

(2)

La explotación de pueblos y territorios puede conducir al comercio ilícito de bienes culturales, en particular cuando el comercio ilícito tiene su origen en un contexto de conflicto armado. A este respecto, el presente Reglamento debe tener en cuenta las particularidades regionales y locales de los pueblos y territorios, en lugar del valor de mercado de los bienes culturales.

(3)

Los bienes culturales que son parte del patrimonio cultural revisten con frecuencia una gran importancia desde el punto de vista cultural, artístico, histórico y científico. El patrimonio cultural constituye uno de los elementos básicos de la civilización, entre otras cosas, por su valor simbólico y por formar parte de la memoria cultural de la humanidad. Enriquece la vida cultural de todos los pueblos y une a las personas a través de la memoria compartida, el conocimiento y el desarrollo de la civilización. Debe por tanto gozar de protección contra la apropiación ilícita y el saqueo. Siempre ha habido saqueos de yacimientos arqueológicos, pero actualmente se produce a escala industrial y constituye, junto con el comercio de bienes culturales excavados ilícitamente, un delito grave que provoca mucho sufrimiento a las personas afectadas directa o indirectamente. El comercio ilícito de bienes culturales contribuye en muchos casos a una homogeneización cultural forzosa o a la pérdida forzosa de la identidad cultural, mientras que el saqueo de bienes culturales conduce, entre otras cosas, a la desintegración de las culturas. Mientras sea posible participar en un comercio lucrativo de bienes culturales excavados ilícitamente y obtener beneficios de dicho comercio sin grandes riesgos, tales excavaciones y saqueos seguirán produciéndose. Debido a su valor económico y artístico, los bienes culturales s acusan una fuerte demanda en el mercado internacional. La ausencia de medidas jurídicas internacionales firmes y la ineficaz aplicación de las medidas existentes dan lugar a que estos bienes pasen a la economía sumergida. En consecuencia, la Unión debe prohibir la introducción en su territorio aduanero de bienes culturales exportados ilícitamente desde terceros países, prestando especial atención a los bienes culturales procedentes de terceros países afectados por conflictos armados, en particular cuando dichos bienes culturales hayan sido objeto de comercio ilícito por parte de organizaciones terroristas u otro tipo de organizaciones criminales. Si bien esta prohibición general no ha de conllevar controles sistemáticos, los Estados miembros han de poder intervenir cuando reciban información sobre envíos sospechosos y tomar todas las medidas adecuadas para interceptar bienes culturales exportados ilícitamente.

(4)

Habida cuenta de que los distintos Estados miembros aplican normas diferentes sobre la importación de bienes culturales en el territorio aduanero de la Unión, deben tomarse medidas para, en particular, garantizar que determinadas importaciones de bienes culturales sean sometidas a controles uniformes en el momento de su entrada en el territorio aduanero de la Unión, sobre la base de los procesos, procedimientos e instrumentos administrativos existentes destinados a conseguir una aplicación uniforme del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(5)

La protección de los bienes culturales considerados patrimonio nacional de los Estados miembros ya está contemplada en el Reglamento (CE) n.o 116/2009 del Consejo (4) y en la Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Por tanto, el presente Reglamento no debe aplicarse a los bienes culturales que hayan sido creados o descubiertos en el territorio aduanero de la Unión. Las normas comunes introducidas por el presente Reglamento deben abarcar el tratamiento aduanero de los bienes culturales que, no procediendo de la Unión, entren en su territorio aduanero. A efectos de la aplicación del presente Reglamento, el territorio aduanero pertinente debe ser el territorio aduanero de la Unión en el momento de la importación.

(6)

Las medidas de control que deben establecerse en relación con las zonas francas y los llamados «puertos francos» han de tener un ámbito de aplicación lo más amplio posible en cuanto a los procedimientos aduaneros correspondientes, a fin de impedir la elusión del presente Reglamento mediante la explotación de dichas zonas francas, con potencial para ser utilizadas para la proliferación continuada del comercio ilícito. Por tanto, dichas medidas de control no deben afectar únicamente a los bienes culturales despachados a libre práctica, sino también a los bienes culturales incluidos en regímenes aduaneros especiales. Sin embargo, su alcance no debe ir más allá d del objetivo consistente en impedir que los bienes culturales exportados ilícitamente entren en el territorio aduanero de la Unión. Por consiguiente, aunque han de abarcar el despacho a libre práctica y algunos de los regímenes aduaneros especiales en que pueden incluirse los bienes que entran en el territorio aduanero de la Unión, las medidas de control sistemático deben excluir el tránsito.

(7)

Muchos terceros países y la mayoría de los Estados miembros están familiarizados con las definiciones que se utilizan en la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, firmada en París el 14 de noviembre de 1970 (en lo sucesivo, «Convención de la UNESCO de 1970»), en la que son parte un número importante de Estados miembros, y en el Convenio del UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995. Por esta razón, las definiciones utilizadas en el presente Reglamento se basan en dichas definiciones.

(8)

La legalidad de la exportación de bienes culturales debe examinarse principalmente en función de las disposiciones legales y reglamentarias del país en que se hayan creado o descubierto esos bienes culturales. No obstante, para no obstaculizar de forma injustificada el comercio legítimo, se debe, en determinados casos, permitir excepcionalmente a la persona que desea importar bienes culturales en el territorio aduanero de la Unión demostrar, en su lugar, la legalidad de la exportación desde un tercer país diferente en el que se encontraban los bienes culturales antes de su envío al territorio de la Unión. Esa excepción debe aplicarse cuando no pueda determinarse con fiabilidad en qué país se crearon o descubrieron los bienes culturales, o cuando la exportación de los bienes culturales en cuestión haya ocurrido antes de que entrase en vigor la Convención de la UNESCO de 1970, es decir, el 24 de abril de 1972. Con el fin de impedir que se eluda el cumplimiento del presente Reglamento simplemente enviando bienes culturales exportados ilícitamente a otro tercer país antes de importarlos en la Unión, las excepciones han de aplicarse si los bienes culturales estuvieron en un tercer país por un período de tiempo superior a cinco años con fines distintos del uso temporal, el tránsito, la reexportación o el transbordo. Si tales condiciones se cumplen para más de un país, el país de que se trata debe ser el último de dichos países con anterioridad a la introducción de los bienes culturales en el territorio aduanero de la Unión.

(9)

El artículo 5 de la Convención de la UNESCO de 1970 insta a los Estados Partes a crear uno o varios servicios nacionales para la protección de los bienes culturales contra la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas. Dichos servicios nacionales deben estar dotados de personal competente y en número suficiente que garantice esa protección de conformidad con la citada Convención, y deben además posibilitar la colaboración activa necesaria entre las autoridades competentes de los Estados miembros que son partes en la Convención en el ámbito de la seguridad y en la lucha contra la importación ilícita de bienes culturales, especialmente de zonas afectadas por conflictos armados.

(10)

A fin de no obstaculizar de manera desproporcionada el comercio de bienes culturales a través de las fronteras exteriores de la Unión, el presente Reglamento debe aplicarse únicamente a los bienes culturales que superen un determinado límite de antigüedad, tal como se establece en el presente Reglamento. También parece conveniente fijar un umbral financiero con el fin de que los bienes culturales de valor inferior queden excluidos de la aplicación de las condiciones y los procedimientos establecidos para la importación en el territorio aduanero de la Unión. Tales umbrales garantizarán que las medidas establecidas en el presente Reglamento se centren en aquellos bienes culturales más propensos al saqueo en zonas de conflicto, sin excluir otros bienes cuyo control es necesario para garantizar la protección del patrimonio cultural.

(11)

En el contexto de la evaluación supranacional de los riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior, se ha detectado que el comercio ilícito de bienes culturales saqueados puede ser una fuente de financiación del terrorismo y del blanqueo de capitales.

(12)

Dado que determinadas categorías de bienes culturales, a saber, los objetos arqueológicos y los elementos de monumentos son particularmente vulnerables al saqueo y la destrucción, es necesario establecer un sistema de control reforzado antes de que estén autorizados a entrar en el territorio aduanero de la Unión. Tal sistema debe exigir la presentación de una licencia de importación expedida por la administración competente de un Estado miembro con anterioridad al despacho a libre práctica de tales bienes culturales en la Unión o de su inclusión en un régimen aduanero especial distinto del de tránsito. Las personas que deseen obtener dicha licencia deben acreditar la exportación lícita desde el país en el que se crearon o descubrieron los bienes culturales con documentos justificativos y pruebas adecuados, como certificados de exportación, títulos de propiedad, facturas, contratos de compraventa, documentos de seguros, documentos de transporte y peritajes. Las autoridades de los Estados miembros deben decidir, sobre la base de solicitudes completas y precisas, si expedir o no una licencia sin demora indebida. Toda licencia de importación debe archivarse en un sistema electrónico.

(13)

Se entiende por imagen religiosa toda representación de una figura o un acontecimiento religioso. Puede ser elaborada en diferentes materiales y tamaños, ser de naturaleza monumental o portátil. Una imagen religiosa que algún momento hayan formado parte, por ejemplo, del interior de una iglesia, monasterio, capilla, ya sea en una pieza separada o integrada en el mobiliario arquitectónico, por ejemplo un iconostasio o soporte para imágenes, es una parte esencial e inseparable del culto y la vida litúrgica, y debe considerarse elemento integral de un monumento religioso que haya sido desmembrado. Incluso cuando el monumento concreto al que pertenezca la imagen religiosa sea desconocido, pero haya pruebas de que dicha imagen fue en algún momento un elemento integral de un monumento, en particular cuando presente signos o elementos que indiquen que formó parte en algún momento de un iconostasio o un soporte para imágenes, la imagen religiosa aún debe estar incluida en la categoría de «elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos o de lugares de interés arqueológico» enumerada en el anexo.

(14)

Habida cuenta de la naturaleza específica de los bienes culturales, las autoridades aduaneras desempeñan una función sumamente importante y deben tener la posibilidad, en caso necesario, de exigir información adicional al declarante y analizar los bienes culturales mediante la realización de un examen físico.

(15)

En el caso de las categorías de bienes culturales que no requieren una licencia de importación, las personas que deseen importar tales bienes en el territorio aduanero de la Unión deben certificar, mediante una declaración, que la exportación desde el tercer país es legal y asumir la responsabilidad correspondiente, además de proporcionar información suficiente para que los bienes culturales en cuestión puedan ser identificados por las autoridades aduaneras. A fin de facilitar el procedimiento y por motivos de seguridad jurídica, la información sobre el bien cultural debe aportarse empleando un documento normalizado. Para describir los bienes culturales podría utilizarse el formulario de identificación de objetos recomendado por la UNESCO. El titular de las mercancías debe registrar esos datos en un sistema electrónico para facilitar la identificación por las autoridades aduaneras, permitir la realización de análisis de riesgos y controles específicos y garantizar la trazabilidad una vez que los bienes culturales entren en el mercado interior.

(16)

En el contexto del entorno de ventanilla única de la Unión para las aduanas, la Comisión debe ser responsable de establecer un sistema electrónico centralizado para la presentación de las solicitudes de licencias de importación y de las declaraciones del importador, así como para el almacenamiento y el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros, en particular en lo relativo a las declaraciones del importador y las licencias de importación.

(17)

El tratamiento de datos en virtud del presente Reglamento también ha de poder abarcar los datos personales y ha de llevarse a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión. Los Estados miembros y la Comisión deben tratar los datos personales exclusivamente para los fines del presente Reglamento o, en circunstancias debidamente justificadas, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Toda recogida, revelación, transmisión, comunicación u otro tratamiento de datos personales dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento debe estar sujeto a los requisitos de los Reglamentos (UE) 2016/679 (6) y (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento Europeo y del Consejo. El tratamiento de datos personales a efectos del presente Reglamento también debe respetar el derecho al respeto de la vida privada y familiar reconocido por el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, así como el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal reconocidos por los artículos 7 y 8, respectivamente, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(18)

Los bienes culturales que no se hayan creado ni descubierto en el territorio aduanero de la Unión pero que se hayan exportado como mercancías de la Unión no deben estar sujetos a la presentación de una licencia de importación ni de una declaración del importador cuando se devuelvan a ese territorio como mercancías de retorno en el sentido del Reglamento (UE) n.o 952/2013.

(19)

La importación temporal de bienes culturales con fines educativos, científicos, de conservación, restauración, exposición, digitalización, artes escénicas, investigación por parte de instituciones educativas o cooperación entre museos o entidades similares tampoco debe estar sujeta a la presentación de una licencia de importación o de una declaración del importador.

(20)

El depósito de bienes culturales provenientes de países afectados por conflictos armados o catástrofes naturales con la finalidad exclusiva de garantizar su custodia y conservación o supervisión por parte de una autoridad pública no debe estar sujeto a la presentación de una licencia de importación o de una declaración del importador.

(21)

Para facilitar la presentación de bienes culturales en ferias de arte comerciales, no debe ser necesaria la licencia de importación en los casos en que los bienes culturales estén sujetos a importación temporal en el sentido del artículo 250 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, y se haya aportado una declaración del importador en lugar de la licencia de importación. No obstante, debe exigirse la presentación de una licencia de importación cuando esos bienes culturales vayan a permanecer en la Unión al término de la feria de arte.

(22)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar disposiciones pormenorizadas con respecto a los bienes culturales que sean bienes de retorno o la importación temporal de bienes culturales en el territorio aduanero de la Unión y su custodia, los modelos para las solicitudes de licencias de importación y los formularios de las licencias de importación, los modelos para las declaraciones del importador y su documentación adjunta, y las normas de procedimiento complementarias sobre su presentación y tratamiento. También deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución que le permitan tomar medidas con el fin de establecer un sistema electrónico para la presentación de solicitudes de licencias de importación y declaraciones del importador y para el almacenamiento e intercambio de información entre Estados miembros. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(23)

Para garantizar una coordinación efectiva y evitar la duplicación de esfuerzos al organizar actividades de formación y capacitación y campañas de sensibilización, así como para encargar investigaciones pertinentes y la elaboración de normas, cuando proceda, la Comisión y los Estados miembros deben colaborar con organizaciones y organismos internacionales como UNESCO, Interpol, Europol, la Organización Mundial de Aduanas, el Centro Internacional de Estudio para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales y el Consejo Internacional de Museos.

(24)

A fin de respaldar la aplicación eficiente del presente Reglamento y aportar una base para su futura evaluación, los Estados miembros y la Comisión deben recopilar y compartir por vía electrónica información pertinente sobre los flujos comerciales de bienes culturales. En aras de la transparencia y el examen público, debe hacerse pública tanta información como sea posible. El flujo comercial de bienes culturales no se puede controlar de manera eficiente en función únicamente de su valor o peso. Es fundamental reunir información por vía electrónica sobre el número de artículos declarados. Dado que en la nomenclatura combinada no se especifica medición complementaria alguna para los bienes culturales, es necesario exigir la declaración del número de artículos.

(25)

La Estrategia y el Plan de Acción de la UE para la Gestión de los Riesgos Aduaneros pretende, entre otras cosas, reforzar las capacidades de las autoridades aduaneras para aumentar la respuesta frente a los riesgos en el ámbito de los bienes culturales. Debe utilizarse el marco común de gestión de riesgos establecido en el Reglamento (UE) n.o 952/2013 y las autoridades aduaneras han de intercambiar la información pertinente sobre el riesgo.

(26)

Para aprovechar los conocimientos especializados de las organizaciones y organismos internacionales que son activos en asuntos culturales y su experiencia con el comercio ilícito de bienes culturales, deben tenerse en cuenta en el marco común de gestión de riesgos las recomendaciones y orientaciones procedentes de esos organismos y organizaciones a la hora de detectar riesgos relacionados con bienes culturales. En particular, las listas rojas publicadas por el Consejo Internacional de Museos deben servir de orientación para determinar los terceros países cuyo patrimonio corre mayor riesgo y los objetos exportados desde esos países que con mayor frecuencia son objeto de comercio ilícito.

(27)

Es necesario realizar campañas de sensibilización dirigidas a compradores de bienes culturales sobre el riesgo derivado del comercio ilícito y ayudar a los operadores del mercado a comprender y aplicar el presente Reglamento. Los Estados miembros deben implicar a los puntos de contacto nacionales pertinentes y otros servicios de información para difundir dicha información.

(28)

La Comisión debe velar por que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) disfruten de una asistencia técnica adecuada y debe facilitar el suministro de información a dichas empresas, a fin de aplicar de forma eficiente el presente Reglamento. Las pymes establecidas en la Unión que importen bienes culturales deben, por tanto, beneficiarse de los programas actuales y futuros de la Unión que favorezcan su competitividad.

(29)

Con objeto de fomentar el cumplimiento e impedir la elusión, los Estados miembros deben introducir sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para los casos de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y comunicar dichas sanciones a la Comisión. Las sanciones introducidas por los Estados miembros por las infracciones del presente Reglamento deben tener un efecto disuasorio equivalente en toda la Unión.

(30)

Los Estados miembros deben garantizar que las autoridades aduaneras y las autoridades competentes acuerden medidas en virtud del artículo 198 del Reglamento (UE) n.o 952/2013. Los pormenores de dichas medidas deben regirse por el Derecho nacional.

(31)

La Comisión debe adoptar sin demora normas de ejecución del presente Reglamento, especialmente las relativas a los formularios electrónicos normalizados apropiados que han de utilizarse para la solicitud de licencias de importación o para la preparación de una declaración del importador, y establecer posteriormente el sistema electrónico en el plazo más breve posible. La aplicación de las disposiciones relativas a las licencias de importación y las declaraciones del importador debe aplazarse en consecuencia.

(32)

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente para alcanzar los objetivos fundamentales del presente Reglamento regular las normas sobre la introducción, y las condiciones y procedimientos para la importación de bienes culturales en el territorio aduanero de la Unión. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.