9.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 261/1

(1)

El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2.

(3)

El informe específico de 2017 sobre Bélgica fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

El 28 de abril de 2017, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones del Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 2,6 % del PIB en 2016 al -0,1 % del PIB en 2020. Se espera alcanzar de aquí a 2019 el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado (5) sigue apuntando a un déficit del 0,3 % del PIB en 2019. Tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y bajar a en torno el 106 % del PIB en 2015 y 2016, se espera que la ratio deuda pública/PIB siga bajando hasta situarse en el 99 % de aquí a 2020, según el Programa de Estabilidad de 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, no se han especificado las medidas necesarias para apoyar la consecución de los objetivos de déficit previstos a partir de 2018, lo que contribuye al deterioro previsto del saldo estructural en 2018 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017.

(7)

El 22 de mayo de 2017, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no había logrado avances suficientes en el cumplimiento del valor de referencia en la reducción de la deuda en 2016. El informe concluía, tras una evaluación de todos los factores pertinentes, que el criterio de deuda debía considerarse cumplido en aquel momento. Al mismo tiempo, es preciso adoptar en 2017 medidas presupuestarias adicionales que garanticen el pleno cumplimiento de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y 2017, conjuntamente considerados.

(8)

El Programa de Estabilidad de 2017 indica que el impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas relacionadas con la seguridad en 2016 y 2017 es considerable y prueba de manera adecuada el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2016 al 0,08 % del PIB en relación con la afluencia excepcional de refugiados y al 0,05 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. En 2017, el impacto adicional de las medidas de seguridad en comparación con 2016 se calcula actualmente en el 0,01 % del PIB. Las disposiciones recogidas en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la entrada de refugiados así como la gravedad de la amenaza terrorista son acontecimientos inusuales, su impacto en las finanzas públicas belgas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por lo tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2016 ha sido reducido para tener en cuenta los costes adicionales relacionados con los refugiados y la seguridad. En cuanto a 2017, en la primavera de 2018 se llevará a cabo una evaluación final, en particular de los importes elegibles, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades belgas.

(9)

El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Bélgica lograr un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017, existe el riesgo de una ligera desviación respecto de ese requisito en 2017. No obstante, sigue existiendo el riesgo de una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo de 2016 y 2017, tomados conjuntamente. Esta conclusión no cambiaría en caso de que se dedujera del requisito la incidencia presupuestaria de la afluencia excepcional de refugiados y de las medidas de seguridad.

(10)

En 2018, en vista de la situación presupuestaria de Bélgica, y en particular de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste orientado hacia la consecución de su objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, el logro de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 1,6 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2018. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda ni en 2017 ni en 2018. En general, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2017 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debería tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Bélgica. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Bélgica.

(11)

La eficaz coordinación del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal, como Bélgica, en el que gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. En un intento por mejorar la coordinación interna y por incorporar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la unión económica y monetaria («Pacto Presupuestario»), el Gobierno federal y las administraciones regionales y locales firmaron en 2013 un acuerdo de cooperación con el objetivo de definir sendas presupuestarias plurianuales generales y particulares, que serán supervisadas por el Alto Consejo de Finanzas. Sin embargo, este proceso no ha logrado alcanzar un acuerdo formal sobre las sendas presupuestarias ni ha establecido garantías suficientes con respecto a la función de supervisión del Alto Consejo de Finanzas. Esta falta de coordinación sobre el reparto de esfuerzos pone en peligro la viabilidad de la trayectoria global del país hacia su objetivo a medio plazo establecido en el Programa de Estabilidad de 2017.

(12)

Pese al potencial que encierra para estimular el crecimiento a largo plazo, la inversión pública es muy baja para los estándares europeos, en particular en relación con el gasto público total. Al bajo stock de capital público hay que sumar el deterioro sufrido por las infraestructuras públicas. Habida cuenta de los estrictísimos límites presupuestarios a todos los niveles de la Administración, la conservación de un margen suficiente para la inversión pasa por la reestructuración de la composición del gasto público general mejorando la eficiencia de los servicios y políticas públicos y frenando el rápido aumento de ciertas partidas de gasto.

(13)

Bélgica ha registrado importantes progresos en la reforma de su sistema de fijación de salarios. La revisión de la Ley de 1996 que regula la negociación salarial busca salvaguardar las mejoras de la competitividad de costes obtenidas como consecuencia de los recientes esfuerzos de moderación salarial. Las previsiones de referencia más conservadoras y los ajustes previos incorporados en el cálculo de la norma salarial suponen que el marco reformado contribuye en gran medida a mejorar la competitividad de los costes en Bélgica en relación con los socios comerciales clave de la zona del euro. Además, la reforma ofrece más garantías de que las medidas gubernamentales destinadas a reducir los costes laborales no salariales beneficiarán efectivamente a la competitividad de costes y amplía el papel del Gobierno en la prevención de las tendencias negativas en materia de competitividad de costes como resultado de una inflación excesiva. El marco de negociación colectiva permite a las organizaciones de interlocutores sociales representadas en el Consejo Central de la Economía supervisar de cerca las tendencias salariales y de productividad y otros determinantes de la competitividad relacionada o no con los costes. Dado que la práctica de vincular la evolución de los salarios con la inflación sigue estando muy extendida en numerosos sectores y en el contexto de la creciente brecha de inflación entre Bélgica y sus vecinos, la evolución de los costes laborales unitarios continuará siendo objeto de un estrecho seguimiento en el marco del Semestre Europeo.

(14)

Se han realizado algunos progresos en el funcionamiento del mercado de trabajo. La subida de la edad de jubilación y las nuevas restricciones a la prejubilación animan a las personas mayores a permanecer en el empleo o retornar a él. La disminución progresiva de la cuña fiscal ha contribuido al aumento de las tasas de empleo. La robusta creación de empleo se ha visto propiciada por el crecimiento económico y la mejora de la competitividad de los costes. Se debe igualmente a la reducción de los impuestos sobre el trabajo y a la moderación salarial, que han mejorado la competitividad de los costes laborales de las empresas belgas. Sin embargo, persisten una serie de deficiencias estructurales. Las tasas de transición del desempleo o la inactividad al empleo son bajas, y la tasa de empleo global sigue estando lastrada por el mal desempeño de grupos específicos. Se trata de las personas menos cualificadas, los jóvenes, los trabajadores de más edad y las personas de origen migrante, como los trabajadores no nacidos en la UE, pero también los migrantes de segunda generación. Los resultados en materia de empleo de las personas de origen migrante, incluso teniendo en cuenta otras características individuales, se encuentran entre los peores de la Unión. En particular, la brecha en materia de empleo para los no nacidos en la UE es la mayor de la Unión: su tasa de empleo para el grupo de edad de entre 20 y 64 años se situó en el 49,1 % en 2016, frente al 70,2 % para la población nativa, y fue aún más baja para las mujeres no nacidas en la UE (39,1 %). En 2015, el riesgo de pobreza y exclusión social fue del 50,7 % para los residentes no nacidos en la UE y del 17 % para los nativos. Estas considerables diferencias en materia de empleo entre grupos específicos de población siguen traduciéndose en una infrautilización crónica de la mano de obra. Aunque las reformas regionales de los regímenes de incentivo al empleo en curso buscan racionalizar y adaptar el sistema a las necesidades individuales, la relación coste-eficacia de las diferentes opciones de actuación debería supervisarse con regularidad. Algunas características del diseño de las políticas destinadas a grupos destinatarios específicos pueden tener efectos de desplazamiento y de «ganga». La coordinación y la comunicación entre los distintos niveles de actuación y dentro de ellos son asimismo esenciales para la eficacia de las políticas específicas. Los impuestos, incluidas las cotizaciones sociales sobre los salarios más bajos y la retirada de las prestaciones sociales al entrar en el mercado laboral o al aumentar las horas trabajadas, pueden crear trampas de inactividad y de salarios bajos.

(15)

Se han realizado algunos avances en las reformas de la enseñanza y la formación destinadas a mejorar la equidad, las competencias clave y la calidad de la educación. Sin embargo, pese al buen desempeño medio comparado internacionalmente, el porcentaje de estudiantes con mejores desempeños descendió entre los quinceañeros, al tiempo que aumentaba el porcentaje de estudiantes con malos resultados. Además, las desigualdades educativas asociadas al entorno socioeconómico son superiores a las medias de la Unión y de la OCDE. La brecha en el rendimiento basada en un entorno de migración es igualmente importante y la segunda generación solo obtiene desempeños algo mejores que los de la primera, incluso teniendo en cuenta la situación socioeconómica. Atajar la desigualdad educativa requerirá por tanto una amplia respuesta política que vaya más allá del sistema educativo. El fuerte crecimiento de la población escolar, en particular entre los alumnos de origen migrante (su porcentaje aumentó del 15,1 % en 2012 al 17,7 % en 2015), exacerbará el reto en materia de igualdad. Por otro lado, Bélgica se enfrenta a una naciente escasez de profesores, y estos no siempre cuentan con la preparación o el apoyo correctos para tratar con una población escolar cada vez más diversa. Los principales motivos son la dificultad de atraer a los estudiantes y candidatos más adecuados a la profesión, la alta tasa de abandono por parte de los profesores principiantes y la no disponibilidad de una parte de los profesores para la enseñanza. Asimismo, la duración de la formación inicial de los profesores —en la actualidad, tres años— es relativamente breve en Bélgica. Las reformas en materia de educación y formación son fundamentales para mejorar la participación en el mercado laboral de los jóvenes poco cualificados y para apoyar la transición a una economía intensiva en conocimientos.

(16)

La dimensión de la competitividad que no está ligada a los costes aún requiere mejoras. A este respecto, son esenciales unas mejoras más altas de la productividad y una inversión más amplia en capital intelectual, en particular con miras a la adopción de las tecnologías digitales. Aunque el sistema público de investigación es de alta calidad, un mejor desempeño en materia de innovación requeriría una mayor difusión de los conocimientos en los sectores menos productivos. Todas las entidades federadas reconocen esta necesidad y han adoptado en los últimos años diferentes estrategias y medidas destinadas a promover la innovación. Sin embargo, a fin de estimular esos avances, podría hacerse más para mejorar las condiciones marco de la innovación. Además, parece haber margen de maniobra para mejorar la eficiencia y la eficacia de la ayuda pública a la investigación y la innovación en Bélgica, en particular a la hora de evaluar los posibles efectos de exclusión y simplificar aún más el sistema en general.

(17)

Se han registrado avances limitados en la eliminación de las restricciones operativas y de establecimiento a la venta al por menor. Tras la sexta reforma del Estado, que transfirió competencias en materia de establecimiento del comercio minorista a las regiones, se han adoptado nuevas leyes regionales que simplifican el procedimiento administrativo de autorización. No obstante, existe un amplio margen de interpretación de ciertas disposiciones, lo que amenaza con crear barreras de entrada al mercado injustificadas. Los precios al consumo siguen siendo más altos que en los Estados miembros vecinos, situándose por encima del nivel que podría explicarse por unos costes laborales más elevados. Para subsanar estos problemas, sería necesaria una estrategia global que garantizara que los consumidores pueden beneficiarse de un mercado competitivo y de precios más bajos.

(18)

El elevado grado de regulación en las industrias de red y en algunos servicios profesionales está restringiendo la competencia en Bélgica, en particular para los agentes inmobiliarios, los arquitectos y los contables. Los obstáculos incluyen restricciones a la participación en el capital y en la forma societaria aplicables a los arquitectos, además de los demás requisitos; las normas de incompatibilidad que prohíben el ejercicio simultáneo de cualquier otra actividad económica para todos los tipos de profesionales de la contabilidad; las limitaciones al acceso a la profesión para los agentes inmobiliarios; y las restricciones a la participación en el capital y a los derechos de voto. La reducción de estas barreras podría generar una competencia más intensa, y, por consiguiente, la entrada en el mercado de un mayor número de empresas y beneficios para los consumidores en términos de precios más bajos. La Comisión presentó en enero de 2017 un paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios. Este paquete incluye diversas recomendaciones dirigidas a Bélgica con el fin de hacer frente a estos retos.

(19)

Uno de los déficits de inversión más acuciantes atañe a la red de transporte. Existe un creciente problema de congestión de tráfico en las horas punta que merma el atractivo del país para los inversores extranjeros y genera importantes costes económicos y medioambientales. Bélgica padece también graves problemas de contaminación atmosférica, y no se prevé que logre su objetivo de reducir las emisiones no cubiertas por el RCDE en un 15 % de aquí a 2020 con respecto a 2005, si bien, con toda probabilidad, cumplirá sus compromisos adquiridos en el marco de la legislación sobre el clima de la Unión recurriendo a las disposiciones de flexibilidad existentes. Los retos más urgentes son la modernización de las infraestructuras básicas de transporte ferroviario y por carretera y la construcción de los enlaces pendientes entre los principales centros económicos. Al mismo tiempo, es importante remediar la congestión en horas punta mediante la mejora de los servicios públicos de transporte, la optimización de la gestión del tráfico y la eliminación de las distorsiones del mercado y los incentivos fiscales adversos, tales como el trato favorable a los vehículos de empresa. Otro reto es la adecuación de la generación de electricidad interna y la seguridad del suministro en general. Los cortes de suministro no planificados de varias instalaciones nucleares han suscitado dudas sobre cómo equilibrar la oferta y la demanda de electricidad, al tiempo que las repetidas revisiones del calendario para la eliminación progresiva del parque nuclear siguen creando un clima desfavorable para las decisiones de inversión a largo plazo. Aunque los riesgos de suministro a corto plazo han remitido, gracias en particular al aumento de la reserva estratégica, y se han realizado algunos progresos en el incremento de las interconexiones, las necesidades de inversión a más largo plazo siguen siendo considerables. Además de nueva interconexiones, se necesitan redes inteligentes para desarrollar la gestión de la demanda. Dado el dilatado calendario de realización de proyectos en el sector energético y la enorme necesidad de capacidad de sustitución a lo largo de la próxima década, será necesaria una acción rápida, en particular en forma de marco jurídico adecuado que favorezca asimismo el desarrollo de capacidades flexibles (por ejemplo generación, almacenamiento y gestión de la demanda).

(20)

Bélgica ha logrado algunos avances en la reforma del sistema tributario, en particular desplazando la presión fiscal del trabajo hacia otras bases imponibles, lo cual reducirá gradualmente la cuña fiscal sobre el trabajo. Los impuestos sobre el trabajo, incluidas las cotizaciones sociales, se están reduciendo progresivamente entre 2016 y 2020. Los efectos de la reforma fiscal en curso están comenzando a materializarse. No obstante, el sistema tributario sigue siendo complejo, con bases imponibles erosionadas por exenciones, desgravaciones y tipos reducidos específicos. Algunas de estas ventajas fiscales implican pérdidas de ingresos, distorsiones económicas y una pesada carga administrativa. El desplazamiento de la carga fiscal no parece ser neutral desde el punto de vista presupuestario, ya que las reducciones de los impuestos sobre el trabajo solo se han visto parcialmente compensadas por las subidas de otros impuestos, como los impuestos sobre el consumo. Queda aún un amplio margen de maniobra para mejorar el diseño del sistema tributario mediante la ampliación de las bases impositivas, lo que permitiría unos tipos legales más bajos y menos distorsiones. Existe igualmente un gran potencial para una transición hacia una fiscalidad más «verde» como consecuencia, entre otros factores, del tratamiento fiscal favorable que se dispensa actualmente a los vehículos de empresa y a las tarjetas de combustible, que impide nuevos progresos con miras a atajar la congestión, la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno prevé cambios en el sistema de vehículos de empresa, pero el beneficio medioambiental de esta reforma será probablemente limitado.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

(22)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

Llevar a cabo en 2018 un importante esfuerzo presupuestario, de acuerdo con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la recuperación iniciada y de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Bélgica. Utilizar los beneficios inesperados, como los ingresos por venta de activos, para acelerar la reducción de la ratio de endeudamiento público. Acordar una distribución vinculante de los objetivos presupuestarios entre todos los niveles de la Administración y asegurar una supervisión presupuestaria independiente. Eliminar los gastos fiscales distorsionadores. Mejorar la composición del gasto público a fin de crear margen para la inversión en infraestructuras, en particular en las infraestructuras de transporte.

2.

Velar por que los grupos menos favorecidos, en particular las personas de origen migrante, gocen de igualdad de oportunidades para participar en una educación y una formación profesional de calidad, así como en el mercado de trabajo.

3.

Fomentar la inversión en capital basado en el conocimiento, en particular con medidas destinadas a aumentar la adopción de las tecnologías digitales, y la difusión de la innovación. Incrementar la competencia en los servicios profesionales y los mercados al por menor, y mejorar los mecanismos de mercado en las industrias de red.