30.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 217/81


RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 9 de julio de 2013

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016

2013/C 217/20

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,

Vista la recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento (Europa 2020), que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

(2)

El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una Recomendación de directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros adoptaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)

El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma de España para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España para 2012-2015.

(5)

El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de coordinación de política económica de 2013. El 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(6)

El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

(7)

El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento presupuestario y las medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir una consolidación fiscal diferenciada que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

(8)

El 10 de abril de 2013, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo de España, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión concluye que España sufre desequilibrios macroeconómicos excesivos. En especial, los elevados niveles de deuda interna y externa siguen constituyendo un riesgo para el crecimiento y la estabilidad financiera; el sector bancario está sometido en proceso de recapitalización y reestructuración, que incluye la inyección de dinero público; las rigideces de los mercados de bienes y de trabajo contribuyen a un elevado y creciente nivel de desempleo, y, de modo más general, dificultan el ajuste de la economía. Aunque el ajuste se está llevando a cabo, la magnitud de las correcciones necesarias precisa de una decidida actuación de política pública en los mercados de bienes y servicios, el mercado de trabajo, el sector financiero y las finanzas públicas.

(9)

El 30 de abril de 2013, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013 y su Programa de Estabilidad para el período 2012-2016. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

(10)

Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad, con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es en líneas generales plausible para 2013 y sujeto a riesgos a la baja en 2014 y en los años posteriores, en comparación con las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión. Aunque el Programa de Estabilidad prevé un crecimiento menor para el período 2014-2016 que las previsiones de los servicios de la Comisión de primavera, estas últimas se basan en la hipótesis de políticas constantes, de modo que no tienen en cuenta el saneamiento presupuestario necesario para lograr los objetivos presupuestarios del Programa de Estabilidad. El objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el Programa de Estabilidad es situar el déficit de la administración pública por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2016 a más tardar. El saneamiento se basa, fundamentalmente, en la contención del gasto, con una disminución de la ratio de gasto de 3,7 puntos porcentuales en el período 2012-2016, aunque también en algunas medidas de aumento de los ingresos. Sobre la base del saldo estructural (recalculado) (5), la mejora anual del déficit estructural previsto en el Programa de Estabilidad es de 1,2 %, 0,4 %, 0,9 % y 0,9 % del PIB para los años 2013 a 2016. Tras la corrección del déficit excesivo, el Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo (OMP) de equilibrio presupuestario en términos estructurales, que se conseguiría en 2018 a más tardar. El OMP es más ambicioso que el exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ritmo previsto de ajuste en términos estructurales en 2017-2018 representa suficientes avances hacia el cumplimiento del OMP. El Programa de Estabilidad prevé que la tasa de endeudamiento público alcance un máximo en 2016 y empiece a disminuir a continuación.

Las sendas de ajuste del déficit y de la deuda están sujetas a riesgos a la baja. Las medidas de apoyo al cumplimiento de los objetivos de déficit no están suficientemente detalladas, sobre todo a nivel regional. Para 2016, el Programa de Estabilidad no presenta ninguna medida, y las medidas temporales anteriores podrían extenderse solo pueden extenderse hasta 2014. El ahorro previsto como resultado de la reforma de las Administraciones locales está sujeto a considerables riesgos de ejecución. Además, existen incertidumbres en cuanto a la situación económica, del mercado de trabajo y financiera, así como a la evolución de los ingresos en un contexto de amplios y persistentes desequilibrios macroeconómicos. La plena realización de la reforma de la jubilación anticipada aprobada, así como la consecución de un acuerdo sobre el factor de sostenibilidad, reduciría los riesgos del sistema de la seguridad social. Hay un riesgo adicional que se deriva del pasivo contingente vinculado a los regímenes/garantías de protección de activos. Se han logrado grandes avances en lo que respecta a la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria, pero hay margen para aplicar de modo más transparente y a su debido tiempo los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No se informa de manera sistemática y a su debido tiempo de los atrasos de la Administración en los pagos, cuyo gran volumen ha necesitado un sistema ad hoc de pago. El establecimiento de una autoridad fiscal independiente va con retraso respecto a lo previsto. La revisión propuesta de las reglas de indexación de todos los ingresos y gastos públicos aportaría un ahorro presupuestario y una mayor respuesta de los precios a la situación económica. Además, el Programa Nacional de Reformas reconoce la necesidad de seguir mejorando la relación coste-eficacia del gasto sanitario y farmacéutico, por ejemplo, revisando los precios de referencia y centralizando la adquisición de productos farmacéuticos, o extendiendo el copago.

(11)

Pese a que en 2012 se efectuó un reequilibrio de la carga impositiva relativa hacia los impuestos sobre el consumo y el medio ambiente, la ratio entre impuestos y PIB de España sigue siendo unos de los más bajos de la Unión. La eficiencia del sistema tributario puede mejorarse, además, aumentando la proporción de impuestos indirectos más favorables al crecimiento y luchando contra el fraude y la evasión fiscal, en línea con los esfuerzos de consolidación fiscal. España ha tomado varias medidas para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, pero es preciso seguir esforzándose en el contexto del elevado endeudamiento privado.

(12)

El programa de ajuste del sector financiero está en marcha. En especial, se han llevado a cabo las recapitalizaciones necesarias, y se ha creado la sociedad de gestión de activos SAREB. De conformidad con las decisiones adoptadas aplicando las normas sobre ayudas estatales, en los próximos años deberá prestarse especial atención a la reestructuración de los bancos. Para que las empresas tengan menos problemas de financiación y de liquidez, España llevó a cabo en 2012 un amplio plan de pago a las empresas de la deuda comercial de las administraciones regionales y locales (27 300 millones EUR) y puso en marcha varias iniciativas para ampliar las opciones financieras para las empresas. Para 2013 está previsto prorrogar dicho plan de pago.

(13)

La situación del mercado de trabajo sigue siendo crítica. El reajuste de la economía hacia ámbitos distintos de la demanda interna y el sector de la construcción en un contexto de rigideces del mercado y de desajuste de la capacitación profesional, entre otras cosas, ha contribuido al aumento del desempleo al 27 % a principios de 2013. Es objeto de especial preocupación el acentuado aumento del índice de desempleo juvenil al 56 % y el incremento del desempleo de larga duración al 44,4 % del desempleo total al final de 2012. Según los datos de que se dispone, la reforma del mercado de trabajo de 2012 ha empezado a dar como resultado una mayor flexibilidad interna (dentro de las empresas), cierta reducción de los costes de despido y un aumento de la moderación salarial. En el Programa Nacional de Reforma se ha anunciado una evaluación oficial de la reforma para julio de 2013 según sus objetivos señalados, a fin de complementarla si se considera necesario. Las reformas en el marco de políticas activas para el mercado de trabajo se han retrasado y siguen siendo necesarias medidas de modernización y refuerzo del servicio de empleo público, y la apertura, recientemente adoptada, a las agencias de colocación privadas todavía debe ponerse plenamente en práctica, al igual que la cooperación entre los servicios de empleo público nacionales y regionales (portal único de empleo).

(14)

Una gran proporción de desempleados sin formación cualificada (35 %) y una inadecuación de la educación y la formación respecto al mercado de trabajo contribuyen al elevado índice de desempleo juvenil y al desempleo de larga duración. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, incorpora una serie de medidas a corto y largo plazo destinadas a mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes. Al mismo tiempo, se ha introducido la formación profesional dual, y ya se han iniciado proyectos piloto en 2012. El Programa Nacional de Reformas de 2013 destaca asimismo la importancia de una rápida aplicación de la reforma del sistema educativo y una mejora del nivel general de la educación y la formación.

(15)

A causa, fundamentalmente, de la situación del mercado de trabajo, y también de la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se halla por debajo de la media de la UE en lo que se refiere a los principales indicadores de medición de la pobreza y la exclusión social; los niños están especialmente expuestos a esas situaciones. En general, no se han experimentado grandes mejoras al desarrollar nuevas medidas. El Programa Nacional de Reformas no incluye información sobre el contenido ni el plazo de aprobación del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. Los retos principales son la necesidad de racionalizar los objetivos y recursos en un marco de política adecuado, mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local, simplificar los procedimientos para los solicitantes de asistencia social y eliminar los obstáculos a la movilidad. Se han logrado algunos avances en lo que respecta a las medidas de lucha contra la pobreza infantil y a la mejora de la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias.

(16)

Las deficiencias del entorno empresarial tales como la segmentación del mercado interno o las barreras de entrada en el sector de las industrias de servicios frenan la creación de empleo, y la reforma en este ámbito está llevando más tiempo del previsto en el plan de reformas de septiembre de 2012. El primer proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado fue aprobado por el Gobierno en enero de 2013, y su aprobación final por el Parlamento está prevista para finales de 2013. Los reiterados compromisos expuestos en el Programa Nacional de Reformas de 2013 prevén un primer proyecto de Ley de Servicios Profesionales para el final de junio de 2013, así como la aprobación final de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización para el final de 2013. A pesar de los efectos previstos de estas reformas, sigue habiendo margen para seguir facilitando las condiciones de entrada y salida del mercado, sobre todo mediante la reducción del tiempo necesario para la concesión de licencias empresariales, así como la revisión del marco aplicable a los casos de insolvencia. Por otro lado, deben suprimirse los obstáculos reglamentarios y de otro tipo al crecimiento de las empresas. Pese a las recientes reformas, los obstáculos al establecimiento de grandes superficies continúan limitando la competencia en el sector minorista. En septiembre de 2012, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para fusionar el organismo nacional de competencia con los organismos supervisores y reguladores en seis sectores, creando un único organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta reforma tiene por finalidad la aplicación uniforme de los principios de la competencia en los distintos sectores económicos. La supresión en 2012 de la deducción fiscal de los pagos de intereses hipotecarios fue esencial para retirar incentivos a la propiedad inmobiliaria, pero las medidas para crear un mercado del alquiler más amplio y más eficiente, que ayude a la movilidad de la mano de obra, siguen estando en su fase inicial.

(17)

El déficit de la tarifa eléctrica, que implica un pasivo contingente de importe potencialmente considerable para el presupuesto, además de riesgos macroeconómicos no insignificantes, todavía no se ha abordado de manera completa, puesto que las medidas presentadas durante 2012 y a principios de 2013 no han sido suficientes. En el Programa Nacional de Reformas de 2013 el Gobierno anunció que para el final de junio de 2013 se iba a presentar un proyecto de ley de reforma adicional del sector eléctrico. Hay margen para seguir mejorando la competencia en el mercado minorista de la electricidad. La infraestructura de transporte es abundante, pero hay margen para que la selección de las inversiones sea más estricta y se dé prioridad al mantenimiento eficiente de las redes existentes. La creación de un observatorio independiente, tal como está previsto, sería de utilidad a este respecto. Al mismo tiempo, los obstáculos técnicos y legales impiden la competencia en el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril.

(18)

La estructura administrativa altamente descentralizada precisa de una coordinación reforzada entre las distintas administraciones públicas, tanto para reducir costes como para limitar la carga administrativa sobre las empresas y las familias. Con ese fin, se han realizado varias iniciativas y otras están en curso. En especial, en febrero de 2013 el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local (que debe aprobar el Parlamento antes del final de 2013), y se creó un comité de reforma de la administración pública. Este comité presentará propuestas de reforma de la administración pública española para finales de junio de 2013. Las reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sistema judicial siguen en curso, si bien algunas medidas están sufriendo retrasos y sigue habiendo margen para aumentar la eficiencia del sistema judicial en España.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis exhaustivo de la política económica española. Ha examinado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea con una contribución a nivel de la UE a las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 9 que figuran más adelante.

(20)

A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen (6) se refleja en particular en la recomendación 1 que figura más adelante.

(21)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. La evaluación concluye que el programa de reforma propuesto es completo y va en la buena dirección. Al mismo tiempo, la evaluación subraya que es urgente adoptar y aplicar efectivamente las reformas pendientes, de modo que puedan empezar a producir los efectos positivos previstos. Sus recomendaciones en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se reflejan en particular en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 que figuran más adelante.

(22)

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esa base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). En tanto que país cuya moneda es el euro, España debe garantizar también la aplicación plena y a su debido tiempo de dichas recomendaciones.

RECOMIENDA que España tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

1.

Realizar el esfuerzo presupuestario estructural exigido por la Recomendación del Consejo con arreglo al procedimiento de déficit excesivo a fin de garantizar la corrección de dicho déficit en 2016 a más tardar. Con ese fin, aplicar las medidas adoptadas en los planes presupuestarios de 2013 a todos los niveles de la administración pública, y reforzar la estrategia presupuestaria a medio plazo con medidas estructurales suficientemente específicas para el período 2014-2016. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios se basa en la aplicación creíble de ambiciosas reformas estructurales que aumenten la capacidad de ajuste e impulsen el crecimiento potencial y el empleo. Una vez se consiga la corrección del déficit excesivo, proseguir el ajuste estructural a un ritmo apropiado, de manera que se consiga el objetivo a medio plazo en 2018 a más tardar. Garantizar la aplicación rigurosa y transparente de las medidas preventivas y correctivas establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Crear una autoridad fiscal independiente antes del final de 2013 que proporcione análisis y asesoramiento y supervise la conformidad de la política presupuestaria con las normas presupuestarias a escala nacional y de la UE. Mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público a todos los niveles de la Administración y llevar a cabo un examen sistemático de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar. Aumentar la eficacia en costes de la sanidad, al tiempo que se mantiene el acceso de grupos vulnerables, por ejemplo reduciendo el gasto farmacéutico de los hospitales, potenciando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia sanitaria y mejorando los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos. Tomar medidas para reducir los atrasos pendientes de la Administración, evitar que sigan acumulándose y publicar regularmente datos sobre las cantidades pendientes. Aprobar la Ley de Desindexación para reducir el grado de inercia a precios del gasto y los ingresos públicos, de modo que esté en vigor a principios de 2014 a más tardar, y estudiar medidas adicionales de limitación de la aplicación de las cláusulas de indexación. Culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, incluso aumentando la edad efectiva de jubilación mediante el ajuste de la edad de jubilación o las pensiones de jubilación a los cambios en la esperanza de vida.

2.

Llevar a cabo una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014. Considerar una mayor limitación de los gastos fiscales en la imposición directa, explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos y adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, en particular los impuestos especiales y los impuestos sobre los carburantes. Adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades. Intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado.

3.

Llevar a cabo el programa del sector financiero para la recapitalización de las instituciones financieras, incluidas las medidas de fomento de la intermediación no bancaria adoptadas en noviembre de 2012.

4.

Finalizar la evaluación de la reforma del mercado de trabajo de 2012, abarcando todos sus objetivos y medidas en julio de 2013 a más tardar, y presentar modificaciones, si es necesario, en septiembre de 2013 a más tardar. Adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013 a más tardar en julio de 2013, y realizar rápidamente una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, por ejemplo fortaleciendo la focalización y la eficiencia de las orientaciones. Reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación. Reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación. Poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013.

5.

Aplicar y hacer un seguimiento estrecho de la eficacia de las medidas de lucha contra el desempleo juvenil expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, por ejemplo mediante una garantía juvenil. Proseguir la labor encaminada a reforzar que la educación y la formación sea adecuada a las necesidades del mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013 a más tardar.

6.

Adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza y/o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias.

7.

Aprobar y aplicar urgentemente el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado y acelerar todas las acciones complementarias necesarias para su pronta aplicación. Garantizar la eficacia, autonomía e independencia del nuevo organismo regulador. Antes del final de 2013, aprobar y aplicar la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, para eliminar todo obstáculo injustificado al acceso y ejercicio de actividades profesionales, y la Ley de Apoyo al Emprendedor. Reagrupar y concentrar los regímenes de apoyo a la internacionalización de las empresas. Reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más cortos, también en el caso de las actividades industriales, y ampliar el uso del sistema de «licencia rápida» a actividades que no sean minoristas. Examinar los marcos de insolvencia para las empresas y los particulares, entre otras maneras limitando la responsabilidad personal de los empresarios y facilitando las segundas oportunidades para las empresas que hayan quebrado. Eliminar las restricciones injustificables al establecimiento de grandes superficies minoristas. En marzo de 2014 a más tardar, examinar la eficacia del marco regulador en el apoyo del desarrollo del mercado del alquiler de viviendas.

8.

Abordar el déficit de la tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad antes del final de 2013. Intensificar los esfuerzos para completar las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos. Reducir el pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de transporte no rentables. Crear un observatorio independiente para contribuir a la evaluación de los grandes proyectos de infraestructura futuros. Adoptar medidas para garantizar la competencia efectiva en los servicios de transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril.

9.

Aprobar, con arreglo al calendario presentado, la reforma de la administración local y elaborar en octubre de 2013 a más tardar un plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública. Adoptar y aplicar las reformas en curso para aumentar la eficiencia del sistema judicial.

Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

Por el Consejo

El Presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

(3)  Mantenidas para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

(4)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 81.

(5)  Saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez deducidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión basándose en la información facilitada en el Programa y aplicando la metodología común.

(6)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

(7)  Véase la página 97 del presente Diario Oficial.