a)

garantizar una estrecha vigilancia de la situación de liquidez del sector bancario; las restricciones temporales a la libre circulación de capitales (por ejemplo, límites a las retiradas de efectivo, los pagos y las transferencias) deberán vigilarse muy de cerca; el objetivo es mantener los controles solo el tiempo estrictamente necesario para mitigar los riesgos graves que amenazan la estabilidad del sistema financiero; se ha publicado una hoja de ruta para la relajación gradual de los controles, basada en objetivos intermedios y el avance de la aplicación del programa y coherente con la situación de liquidez de los bancos; los planes a medio plazo de financiación y capitalización de los bancos nacionales basados en financiación procedente del banco central o en ayudas estatales deberán reflejar de forma realista las previsiones de desapalancamiento del sector bancario, y reducir la dependencia de los préstamos de los bancos centrales, evitando al mismo tiempo la venta precipitada de activos y la contracción del crédito; las disposiciones sobre las exigencias mínimas de liquidez se actualizarán para evitar una excesiva concentración de emisores en el futuro;

b)

aprobar las disposiciones legales oportunas sobre el aumento al 9 % de la ratio mínima de capital básico de nivel 1 antes de finales de 2013;

c)

dar pasos para minimizar los costes que soportan los contribuyentes respecto de la reestructuración del sector bancario; las entidades de crédito comerciales y las cooperativas de crédito que estén infracapitalizadas captarán capital, en la mayor medida de lo posible, de fuentes privadas, antes de recurrir a la concesión de ayuda estatal; cualquier plan de reestructuración se aprobará oficialmente a la luz de las normas sobre ayudas estatales antes de otorgar ninguna ayuda; los bancos comerciales que tengan déficit de capital podrán solicitar, si otras medidas no bastan, ayuda de recapitalización al Estado de acuerdo con los procedimientos de ayudas estatales;

d)

garantizar la creación de un registro de crédito, así como la revisión, y en su caso, modificación, del actual marco regulador de los procedimientos de concesión y gestión de préstamos, así como la adopción de legislación dirigida a reforzar la gobernanza de los bancos comerciales;

e)

reforzar la gobernanza de los bancos, en particular prohibiendo los préstamos a los miembros independientes del consejo o terceros con ellos relacionados;

f)

lograr recuperar al máximo los préstamos morosos, y reducir al mínimo los incentivos que puedan llevar a los prestatarios a incumplimientos estratégicos; ello incluirá flexibilizar las restricciones a la retención de las garantías prendarias y un adecuado seguimiento y gestión de los préstamos morosos;

g)

completar la armonización de la regulación y supervisión de las cooperativas de crédito con la aplicable a los bancos comerciales;

h)

aplicar la estrategia para la estructura, el funcionamiento y la viabilidad futuros del sector de las cooperativas de crédito, según lo previsto por el Banco Central de Chipre en consulta con la Comisión, el BCE y el FMI;

i)

intensificar la vigilancia del endeudamiento de las sociedades y las familias, y establecer un marco para una reestructuración de deuda selectiva del sector privado, con el fin de facilitar nuevos préstamos y disminuir las restricciones crediticias;

j)

reforzar el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y ejecutar un plan que garantice la aplicación de mejores prácticas en lo que se refiere a la diligencia debida con la clientela y la transparencia de las entidades, en línea con las mejores prácticas;

k)

presentar legislación relativa a la supervisión obligatoria basada en el grado de capitalización;

l)

integrar las pruebas de resistencia en la supervisión regular externa de los bancos;

m)

introducir requisitos mínimos de información para garantizar que los bancos, comuniquen periódicamente a los mercados los avances en la reestructuración de sus operaciones bancarias, y

n)

instaurar el marco jurídico para la nueva estructura de gobernanza que gestionará la participación del Estado en el sector del crédito cooperativo.

a)

una reforma del sistema impositivo aplicable a los vehículos de motor, basada en principios de protección del medio ambiente y con el objetivo de obtener ingresos adicionales a medio plazo;

b)

un régimen de compensación para los fondos de previsión y de jubilación con depósitos en el Banco Popular de Chipre, que garantice un trato comparable con los fondos de ese tipo en el Banco de Chipre, tenga en cuenta el flujo de tesorería y la posición actuarial de cada fondo y minimice el impacto en el déficit de las administraciones públicas; habida cuenta de la naturaleza asistencial de tales fondos, el objetivo de déficit de las administraciones públicas para 2013 podrá revisarse para incluir la repercusión presupuestaria de este régimen, y

c)

la plena aplicación de las medidas de saneamiento adoptadas desde diciembre de 2012.

a)

por el lado del gasto, el presupuesto deberá incluir: una reducción del gasto total en transferencias sociales mediante una mejor selección; una nueva reducción del pago de horas extraordinarias y de los salarios del sector público en su conjunto; la introducción de una tasa sobre las tarjetas de transporte público de los estudiantes y los jubilados; y medidas de reforma estructural en el sector educativo destinadas a mejorar la utilización de los recursos, y

b)

por el lado de los ingresos, el presupuesto para 2014 deberá incluir: una prórroga de la contribución temporal sobre el salario bruto de los empleados del sector público y privado, hasta el 31 de diciembre de 2016; una subida del IVA; una subida de los impuestos especiales; y un aumento de las cotizaciones al régimen general de la seguridad social.

a)

si fuera necesario, reformas adicionales del régimen de pensiones general y del sector público para garantizar su viabilidad a largo plazo y preservar simultáneamente la adecuación de las pensiones; un estudio actuarial presentará las opciones de reforma;

b)

control del crecimiento del gasto sanitario, con el fin de garantizar medios suficientes para la asistencia sanitaria básica reforzando la sostenibilidad de la estructura de financiación y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria pública; aplicar un Sistema Nacional de Sanidad, garantizando su sostenibilidad financiera y la cobertura universal;

c)

mejorar la eficiencia del gasto público y el proceso presupuestario mediante un marco presupuestario a medio plazo eficaz, como parte de una gestión de las finanzas públicas mejorada, que contribuya a los esfuerzos de saneamiento presupuestario al mismo tiempo que se tiene en cuenta la necesidad de garantizar medios suficientes para las políticas fundamentales, como la educación y la asistencia sanitaria; ese marco deberá ser plenamente conforme con la Directiva 2011/85/UE del Consejo (3) y con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la unión económica y monetaria firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012;

d)

implantación de un marco legal e institucional adecuado para la colaboración público-privada, de acuerdo con las mejores prácticas;

e)

elaboración de un programa dirigido a implantar un sistema sólido de gobierno corporativo en las empresas públicas y semipúblicas, e iniciación de un plan de privatización dirigido a aumentar la eficiencia económica y restablecer la sostenibilidad de la deuda;

f)

elaboración y aplicación de un plan global de reformas destinado a incrementar la eficacia y eficiencia en la recaudación y administración de los impuestos, que incluya medidas orientadas a luchar contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos y garantizar la plena y oportuna aplicación de las normas y las disposiciones legales que regulan la cooperación internacional y el intercambio de información en materia tributaria;

g)

reforma del régimen del impuesto sobre bienes inmuebles;

h)

reforma de la administración pública a fin de mejorar su funcionamiento y la relación coste-eficacia, en particular replanteando su tamaño, las condiciones de empleo y la organización funcional del servicio público, de cara a garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos;

i)

reforma de la estructura global y los niveles de las prestaciones sociales, con el objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos y garantizar un equilibrio adecuado entre la asistencia social y los incentivos al trabajo; la reforma prevista de la asistencia pública garantizará que la ayuda social constituya una red de seguridad que asegure una renta mínima a quienes no puedan alcanzar un nivel de vida básico, preservando los incentivos al trabajo, y

j)

realización de una auditoría completa de las finanzas públicas, en particular con el fin de evaluar los motivos que llevaron a la acumulación de unos niveles excesivos de deuda.

a)

un plan de desarrollo de la infraestructura necesaria para la explotación de gas natural, teniendo en cuenta los riesgos y las opciones comerciales;

b)

un esbozo general del régimen normativo y la organización del mercado para el sector reestructurado de la energía y las exportaciones de gas, que incluirá un marco de venta adecuado para el suministro de gas desde yacimientos marinos con el objeto de maximizar los ingresos, y

c)

un plan para establecer el marco institucional de gestión de los recursos de hidrocarburos, que incluirá un fondo de recursos, destinado a percibir y gestionar los ingresos públicos procedentes de la explotación de gas en alta mar, y se basará en las mejores prácticas internacionalmente reconocidas.