16.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/12

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El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

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El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

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El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

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El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

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El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

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El 6 de mayo de 2011, Chipre presentó su Programa Nacional de Reforma de 2011 y, el 7 de mayo de 2011, la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al período 2010-2014. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

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La economía chipriota se está recuperando moderadamente tras registrar en 2009 la primera contracción de su economía de los últimos 35 años, con un descenso del PIB real del 1,7 %. El mercado laboral sufrió las consecuencias de la recesión, con una tasa de desempleo del 6,5 % en 2010. También la hacienda pública se deterioró y, de una situación de superávit, el presupuesto de las administraciones públicas pasó a registrar en 2009 un déficit igual al 6 % del PIB bajo el impulso de los estabilizadores automáticos, de las medidas discrecionales de estímulo presupuestario adoptadas para contrarrestar la recesión económica y, en gran medida, del menor componente tributario del crecimiento. La actividad económica experimentó en 2010 una moderada mejoría —con un crecimiento del 1 % — propiciada principalmente por la acumulación de existencias registrada tras la abundantísima salida de la que estas habían sido objeto en 2009, así como por la ligera recuperación del consumo privado. Se espera que el fortalecimiento de las perspectivas económicas aporte beneficios al mercado de trabajo. De esta forma, se prevé una modesta recuperación del empleo y un descenso gradual de la tasa de paro desde el nivel máximo alcanzado a finales de 2010.

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Basándose en la evaluación a la que se ha sometido el Programa de Estabilidad actualizado de Chipre en virtud del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo entiende que los supuestos macroeconómicos subyacentes en las previsiones presupuestarias son verosímiles hasta 2012, pero más bien optimistas de ahí en adelante, si se comparan con las previsiones de la primavera de 2011 presentadas por los servicios de la Comisión. De conformidad con la recomendación del Consejo de 13 de julio de 2010, el Programa de Estabilidad se propone reducir el déficit presupuestario al 4 % del PIB en 2011 y al 2,6 % del PIB en 2012 y continuar el proceso de saneamiento en los años siguientes. El programa prevé que el ratio de deuda alcance su máximo nivel en 2012 y comience a descender a partir de entonces. La mejora media anual del saldo estructural se situaría en el 1,5 % del PIB durante el período 2011-2012, de acuerdo también con la recomendación del Consejo de 13 de julio de 2010. En cambio, tanto en 2013 como en 2014, la mejora estructural prevista se sitúa por debajo de lo exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El objetivo a medio plazo, que de nuevo se identifica con un presupuesto equilibrado en términos estructurales, no podrá alcanzarse dentro del período cubierto por el programa. Mientras que el ajuste global previsto se basa en la restricción del gasto, la mayoría de las medidas previstas en 2011 se centran en los ingresos. En general, existe el riesgo de que el ritmo de saneamiento previsto en el programa tenga que revisarse a la baja como consecuencia de factores tales como el continuo reajuste hacia un crecimiento de bajo componente tributario, la práctica que consiste en la adopción de presupuestos suplementarios en el curso del ejercicio o la aplicación puntual de medidas que todavía tienen que acordarse con los interlocutores sociales y otros interlocutores aún por determinar (como, por ejemplo, la contención de los gastos corrientes). Dado ese riesgo, es posible que deban adoptarse medidas complementarias si la evolución macroeconómica o presupuestaria resulta peor de lo esperado.

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A pesar de haber descendido en 2010 a cerca del 8 % del PIB, el déficit por cuenta corriente sigue siendo tan abultado que podría limitar el crecimiento económico a medio plazo. El elevado gasto del sector público tiene que financiarse con deuda externa o con un mayor ahorro privado interno. Este último, sin embargo, implicaría un menor crecimiento de la producción dado que frenaría el consumo o la inversión privados. A medio plazo, el déficit continuaría mejorando, aunque a un ritmo moderado. El 13 de julio de 2010, dentro del procedimiento de déficit excesivo, el Consejo recomendó a las autoridades chipriotas que reforzaran el carácter obligatorio de su marco presupuestario a medio plazo, pero hasta el momento no se ha informado de avance alguno. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se prevé que ese marco presupuestario a medio plazo comience a aplicarse plenamente a partir del ejercicio presupuestario 2014, y no a partir de 2012, como se suponía hasta fechas recientes. Por lo tanto, su impacto sólo se haría notar a medio plazo. En todo caso, la aplicación puntual del nuevo marco tendrá importancia para que la hacienda pública pueda sanearse con éxito y de forma duradera.

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El sector bancario chipriota consiguió capear sin intervención pública la crisis financiera mundial y la de la deuda pública de la zona del euro. Sin embargo, con unos activos equivalentes a más de seis veces el PIB, excluyendo las filiales y sucursales de bancos extranjeros, y a nueve veces el PIB si se las incluye, el sector bancario alcanza enormes proporciones si se compara con la economía del país. Se encuentra, además, relativamente concentrado: el mercado lo dominan tres grupos nacionales que poseen alrededor del 55 % del total de activos bancarios consolidados (excluidas las cooperativas de crédito). Los riesgos que siguen pesando sobre los mercados financieros internacionales exigen mantener una gestión conservadora del balance y una supervisión prudente. Hay dos supervisores diferentes, a saber, el Banco Central de Chipre, para los bancos comerciales, y la Autoridad para la supervisión y desarrollo de las cooperativas, para las entidades de crédito cooperativas.El Gobierno fomenta prácticas armonizadoras en los dos organismos supervisores. Entretanto, es preciso mejorar la transparencia de la supervisión de las cooperativas de crédito, como una forma de avanzar hacia la unificación de la actuación supervisora.

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Los efectos presupuestarios del envejecimiento de la población previstos a largo plazo alcanzan niveles bastante superiores a los de la media de la UE, en gran parte debido al aumento relativamente fuerte que registrará en las próximas décadas el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parecen ser elevados. En abril de 2009 se introdujo una reforma de las pensiones que, al orientarse sobre todo a los ingresos, sólo ralentizará ligeramente el aumento de los gastos de pensiones. Los avances en lo relativo a la reforma de la sanidad, que pretende frenar el crecimiento previsto de los gastos estableciendo un sistema nacional de salud pública y transformando los hospitales públicos en entidades autónomas, han sido hasta ahora muy limitados.

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El ajuste automático al que se somete dos veces al año la indemnización por el coste de la vida se vincula directamente a la variación porcentual media que registre el índice de precios al consumo de los últimos seis meses respecto del semestre anterior. Al gozar de un fuerte apoyo entre los interlocutores sociales, ese ajuste se ha mantenido como una conquista no negociable durante el proceso de negociación colectiva. Sin embargo, su aplicación uniforme no permite que los salarios reflejen las diferencias de productividad de los distintos sectores. Varias son, de hecho, las deficiencias que presenta la indemnización por el coste de la vida: en primer lugar, los salarios se vinculan únicamente a los precios de los productos, no a los aumentos de la productividad; en segundo lugar, los trabajadores que más se benefician de este sistema son precisamente los de rentas más altas; y, en tercer lugar, dicha indemnización tiene un notable impacto en la hacienda pública dado que, al margen de los salarios y sueldos, forma también parte integrante de las pensiones, de las prestaciones y de otras indemnizaciones o asignaciones.

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Aunque la tasa de actividad de Chipre es superior a la media de la UE, su mercado laboral presenta importantes desequilibrios de género. Las diferencias de empleo entre hombres y mujeres, el coste y el grado de disponibilidad de servicios de guardería, la escasez de fórmulas de empleo flexibles y el desnivel persistentemente fuerte entre las remuneraciones pagadas a hombres y mujeres son, todos ellos, factores reconocidos por el Programa Nacional de Reforma como importantes cuellos de botella que obstaculizan el empleo y el crecimiento. El Programa Nacional de Reforma ha presentado medidas conexas a este respecto.A diferencia del alto número de alumnos de enseñanza secundaria y de estudiantes universitarios, la formación profesional no parece constituir una opción atractiva. El elevado desempleo juvenil, combinado con la fuerte proporción de personas que pese a su alto nivel educativo no encuentran empleo, es un síntoma del notable desajuste que existe hoy en la economía chipriota entre cualificaciones y necesidades del mercado de trabajo. Asimismo, la participación en el aprendizaje permanente es baja para un país que tiene, en general, buenos niveles educativos, especialmente en el caso de ciertos grupos (los trabajadores poco cualificados, las personas de más edad y los desempleados). Para hacer frente a estos problemas, el Programa Nacional de Reforma prevé algunas medidas, incluida la creación de una serie de centros de formación profesional postsecundaria, así como el nuevo sistema de aprendizaje a partir de 2012-2013. En general, el objetivo estratégico por el que el país se propone incrementar el número de empleos de alta productividad se beneficiará en buena medida de la reorientación del sistema de educación y formación profesional y de la consiguiente mejora de la combinación de cualificaciones para responder a la demanda del mercado laboral.

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Chipre adoptó en julio de 2010 una ley general para transponer la Directiva de servicios. Asimismo se adoptaron algunas leyes sectoriales, que se han transmitido recientemente a la Comisión Europea al hilo de la notificación de la medida de ejecución nacional de primeros de junio de 2011. Se duda, sin embargo, sila transposición es completa, ya que en algunas leyes sectoriales , todavía sin modificar, persisten algunos obstáculos al establecimiento y a la libre prestación de servicios. Entre tales obstáculos, hay los que se aplican de forma general (como la autorización que exigen las autoridades locales para cualquier actividad empresarial o la limitación temporal de las autorizaciones independientemente del servicio de que se trate y de los riesgos en presencia) y los que revisten un carácter muy específico (como las tarifas fijas que se aplican a los servicios turísticos, el examen de las necesidades económicas para la autorización de los negocios de alquiler de automóviles, el trato discriminatorio dispensado a las empresas de construcción de otros Estados miembros o la prohibición del ejercicio de la profesión de arquitecto o ingeniero como persona jurídica).

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En términos generales, los condicionamientos medioambientales y determinadas cuestiones relativas al uso de los recursos y de la energía podrían representar obstáculos para el crecimiento. Estos problemas guardan relación con la particular situación geográfica del país y con las prolongadas sequías que sufre como consecuencia del cambio climático. Recientemente se ha finalizado y publicado un estudio sobre la rentabilidad de los regímenes de apoyo a las energías renovables, sobre la base del cual se han revisado dichos regímenes. El funcionamiento del sector energético puede mejorarse ya a corto plazo de forma significativa con la introducción del gas natural y la facilitación de las inversiones en infraestructura para energías renovables.

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Chipre ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Desde el punto de vista presupuestario, el Pacto obliga al país a fortalecer la sostenibilidad de sus finanzas públicas con la elaboración de una normativa marco para hacer frente a las crisis financieras y establecer un Fondo de Estabilidad Financiera plenamente independiente. Además, se está celebrando en estos momentos —debiendo concluirse a finales de 2011— un diálogo sobre la reestructuración del sistema de pensiones del sector público. En materia de empleo, las medidas se centran fundamentalmente en combatir el trabajo ilegal y no declarado, en corregir la inadecuación entre cualificaciones y necesidades del mercado de trabajo y en potenciar la competitividad de las empresas. En lo que atañe a la competitividad, las medidas proyectadas engloban la contención de los salarios del sector público (con una reformulación del mecanismo de indexación que se les aplica), el fortalecimiento de la posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas, la finalización de la Estrategia Digital Nacional antes de que concluya 2011 y el fomento de la eficiencia energética y de las fuentes de energía renovable. Inscritos en los cuatro ámbitos que configura el Pacto, estos diversos compromisos sientan las bases de la continuación de la extensa agenda de reformas contemplada en el Programa de Estabilidad y en el Programa Nacional de Reforma y vienen a confirmar —sin especificar todavía en esta fase un calendario concreto para el tratamiento de cuestiones tales como los salarios del sector público o el sistema de pensiones— los planes ya anunciados para introducir las reformas que precisa el país a fin de corregir sus deficiencias estructurales. Todos esos compromisos se han evaluado y tenido en cuenta en las recomendaciones que siguen a continuación.

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La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Chipre, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este sentido, la Comisión estima que debe realizarse un mayor esfuerzo para poder alcanzar el déficit presupuestario previsto en 2011 y que es necesario concretar nuevas medidas de saneamiento tanto para 2012 como para los años subsiguientes. Asimismo, se precisan nuevas medidas en el sistema de sanidad y de pensiones a fin de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública y, en general, hay que dar nuevos pasos para reforzar el marco prudencial de supervisión bancaria, para ajustar el sistema de indexación de los salarios y para mejorar la formación profesional y la adecuación de las cualificaciones, así como el entorno empresarial y la eficiencia energética.

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A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 13 de julio de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Chipre, y su dictamen (3) se refleja particularmente en sus recomendaciones 1) y 3) recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Chipre.

1.

Adoptar las medidas permanentes necesarias para lograr el objetivo presupuestario en 2011 y la corrección del déficit excesivo a más tardar en 2012, en consonancia con las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Tomar medidas para mantener un riguroso control sobre el gasto y aprovechar cualquier evolución del presupuesto que sea mejor de lo inicialmente previsto para impulsar la reducción del déficit y de la deuda. Asegurar que se produzca un avance de al menos el 0,5 % del PIB anual hacia el objetivo a medio plazo y situar el índide de deuda pública en una senda decreciente. A partir de la elaboración del presupuesto para 2012, acelerar la introducción de un marco presupuestario plurianual de carácter ejecutivo, dotado de una base legal vinculante y de unos mecanismos correctores. Debería realizarse lo antes posible una planificación presupuestaria basada en programas y resultados.

2.

Reforzar más el marco prudencial de supervisión de bancos y entidades de crédito cooperativas a fin de garantizar la rápida detección de riesgos.

3.

Mejorar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública efectuando reformas que permitan controlar el gasto en sanidad y en pensiones para reducir el aumento que se prevé en los costes relacionados con el envejecimiento de la población. En el caso de las pensiones, ampliar el número de años de contribución, vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida o adoptar otras medidas con un efecto presupuestario equivalente, prestando atención al mismo tiempo a la elevada tasa de personas mayores con riesgo de caer en la pobreza. Y, en cuanto a la sanidad, dar nuevos pasos para acelerar la aplicación del sistema nacional del seguro de enfermedad.

4.

Tomar medidas de reforma, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, el sistema de negociación y de indexación salariales para garantizar que el aumento de los salarios refleje mejor la evolución de la competitividad y la productividad del trabajo.

5.

Tomar nuevas medidas, en el marco de las reformas proyectadas para la formación profesional —incluida la creación de un centro de formación profesional postsecundaria— a fin de que los niveles educativos se acompasen mejor a las necesidades del mercado laboral. Tomar medidas para potenciar la eficacia del sistema de formación profesional aumentando los incentivos y mejorando el acceso a ese sistema, particularmente en el caso de los trabajadores poco cualificados, las mujeres y los trabajadores de más edad.

6.

Eliminar antes de que concluya diciembre de 2011 los obstáculos que alguna normativa sectorial específica todavía mantiene para el establecimiento y la libre prestación de servicios, con el objetivo de crear más oportunidades de crecimiento y empleo en el sector de servicios.

7.

Introducir medidas que aumenten la diversidad de la combinación de fuentes de energía y la expansión de las fuentes de energía renovable. Establecer antes de que finalice 2012 un plan de gestión del agua y un régimen de fijación de precios que den cabida a las consideraciones de rentabilidad y equidad y garanticen una gestión más sostenible de los recursos hídricos.