4.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 85/1

(1)

La Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (1) establece obligaciones claras en materia de cooperación entre las administraciones nacionales y encomienda a los Estados miembros la tarea de crear las condiciones propicias para dicha cooperación. Dicha obligación conlleva la designación, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales, de una o varias autoridades de control organizadas y dotadas con los medios necesarios para funcionar eficazmente y responder con celeridad a las solicitudes relacionadas con las condiciones laborales en el marco de la Directiva 96/71/CE.

(2)

Además, la Directiva 96/71/CE impone claramente a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para que tengan acceso a la información sobre las condiciones laborales no sólo los prestadores de servicios extranjeros, sino también los trabajadores desplazados interesados.

(3)

Pese a los progresos realizados en materia de acceso a la información, sigue habiendo motivos razonables para preocuparse por la manera en que los Estados miembros han implementado o aplicado las normas de la Directiva 96/71/CE relativas a la cooperación administrativa (2). Si no se corrige esa situación, no parece que pueda haber una implementación satisfactoria ni una correcta aplicación, ni tampoco un cumplimiento efectivo ni una ejecución práctica de la Directiva 96/71/CE (3).

(4)

El ejercicio de control emprendido por la Comisión a raíz de su Comunicación «Orientaciones en relación con el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios» (4) mostró además que muchos Estados miembros tienden a recurrir únicamente a sus propios instrumentos y medidas nacionales a la hora de controlar si los prestadores de servicios cumplen las condiciones laborales aplicables a los trabajadores desplazados. Es posible que esta situación esté relacionada con la aparente falta de cooperación administrativa, o incluso que se deba a ella (5).

(5)

Para garantizar el cumplimiento de los términos y las condiciones de empleo (6), las autoridades del Estado miembro en el que se prestan los servicios aplican determinadas medidas de control o requisitos administrativos a las empresas que efectúan el desplazamiento. La necesidad de aplicar acciones preventivas y sanciones apropiadas dirigidas a proteger a los trabajadores desplazados es innegable. Sin embargo, el análisis de las medidas de control puestas en práctica por los Estados miembros pone de manifiesto su flagrante diversidad e indica que algunas de ellas podrían no ser proporcionadas y, en consecuencia, no ser conformes con el artículo 49 del Tratado, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia, o con la Directiva 96/71/CE.

(6)

Las necesidades de control legítimas sólo se cubrirán, respetándose al mismo tiempo la normativa comunitaria, si los Estados miembros mejoran y refuerzan, si fuera necesario, la eficacia de la cooperación mutua y/o si se mejora el acceso a la información, tal como se establece en la Directiva 96/71/CE (7).

(7)

Una implementación y una ejecución adecuadas y eficaces son elementos decisivos para la protección de los derechos de los trabajadores desplazados, mientras que una mala ejecución debilita la eficacia de las disposiciones comunitarias aplicables en este ámbito. Una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros es, pues, fundamental, sin olvidar el importante papel de las inspecciones de trabajo y de los interlocutores sociales a este respecto.

(8)

En lo que respecta al desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios, las diferentes culturas y estructuras administrativas, las distintas lenguas y la falta de claridad de los procedimientos establecidos, así como la falta de actores claramente identificados, son barreras significativas para una cooperación eficaz de trabajo entre los Estados miembros en este ámbito. La utilización de un sistema electrónico de información adecuado y eficaz, diseñado con el objetivo de facilitar una ayuda mutua y un intercambio de información entre los Estados miembros, es un instrumento muy eficaz para derribar varias de estas barreras y, por consiguiente, es fundamental para que los Estados miembros puedan cooperar estrechamente entre sí. Ese sistema debería permitir a las autoridades competentes y a los agentes implicados —por ejemplo, los interlocutores sociales— identificar fácilmente a los interlocutores pertinentes en otros Estados miembros y comunicar de forma eficaz. Además, debería contribuir a crear un clima de confianza mutua, que es fundamental para que la cooperación administrativa funcione eficazmente.

(9)

Facilitar información fácilmente accesible, exacta y actualizada a las empresas y a los trabajadores sobre los términos y las condiciones de empleo que se aplicarán a los trabajadores desplazados en el Estado miembro de acogida es una condición fundamental que contribuye a la prevención de la aparición de nuevos conflictos, de situaciones problemáticas y de abusos. Por tanto, deberían adoptarse las medidas necesarias para facilitar a los trabajadores desplazados y a sus empleadores el acceso eficaz a esos datos (8).

(10)

Es necesaria una acción urgente para remediar las deficiencias de implementación, aplicación y ejecución de la legislación aplicable a los trabajadores destacados, mediante un incremento de la cooperación administrativa entre los Estados miembros, la utilización de sistemas más efectivos de intercambio de información, la mejora del acceso a la información y la promoción del intercambio de información y de las mejores prácticas.

1)

determinar los principales aspectos y cuestiones sobre la información que ha de intercambiarse y que deben, pues, incluirse en el sistema;

2)

identificar a las autoridades competentes y, en caso necesario, a otros agentes implicados en el seguimiento y el control de las condiciones laborales de los trabajadores desplazados que participarán en el sistema de intercambio;

3)

clarificar el papel de los centros de enlace;

4)

examinar la cuestión de las garantías suficientes para la protección de los datos personales intercambiados durante el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros y, en caso necesario, de otros agentes implicados (10).

1)

evitar referirse genéricamente al Derecho laboral o facilitar información de carácter general sobre éste, y, por el contrario, indicar claramente qué condiciones de empleo y qué legislación (nacional y/o regional) deben aplicarse a los trabajadores desplazados en su territorio;

2)

adoptar las medidas necesarias para que, por regla general, esté garantizado el acceso a la información sobre qué convenios colectivos se aplican (y a quién), y sobre qué condiciones laborales deben aplicar los prestadores de servicios extranjeros; cuando sea posible, deberían facilitarse enlaces con sitios de internet y otros puntos de contacto, en particular los interlocutores sociales pertinentes;

3)

poner dicha información a disposición de los trabajadores y de los prestadores de servicios en lenguas distintas de la lengua o las lenguas del país en el que se prestan los servicios. Si es posible, hacerlo en un folleto resumido en el que se indiquen las principales condiciones laborales aplicables;

4)

utilizar mejor las posibilidades ofrecidas por internet y mejorar la accesibilidad y la claridad de la información facilitada en los sitios web nacionales (11).

5)

dotar a los servicios de enlace de una estructura bien organizada y equipada con el personal adecuado y otros recursos a fin de poder llevar a cabo su tarea de facilitar la información;

6)

si es posible, indicar una persona de contacto en la oficina de enlace encargada de tramitar las solicitudes de información.