17.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 300/71

(1)

Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 24 de noviembre de 2006, el Reino de los Países Bajos solicitó autorización para aplicar medidas fiscales especiales en el sector de la confección, autorización que le había sido concedida anteriormente por un período limitado por la Decisión 1998/20/CE del Consejo (2).

(2)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión informó a los demás Estados miembros, mediante carta de 10 de julio de 2007, de la petición presentada por el Reino de los Países Bajos. Mediante carta de 17 de julio de 2007, la Comisión notificó al Reino de los Países Bajos que tenía toda la información que consideraba necesaria para examinar la petición.

(3)

Con arreglo a la Decisión, el Reino de los Países Bajos estaría autorizado a aplicar en el sector de la confección un régimen por el que se transfiere del subcontratista a la empresa de confección (contratante) la obligación de pagar el IVA a las autoridades fiscales.

(4)

Este régimen ha demostrado ser en el pasado una medida preventiva eficaz en un sector en el que la recaudación del IVA se ve dificultada por el problema que supone identificar y supervisar las actividades de los subcontratistas. La medida a la que se refiere la solicitud debe, pues, considerarse destinada a evitar determinados tipos de evasión y elusión fiscal en el sector de la confección.

(5)

No obstante, como el lugar de fabricación de las prendas de confección varía en función de los bajos costes salariales y los subcontratistas trasladan fácilmente su ubicación de un país a otro, resulta oportuno que el Reino de los Países Bajos vigile y evalúe la incidencia de tales factores en la eficacia de la medida de excepción e informe de ello a la Comisión.

(6)

Es conveniente limitar la medida en el tiempo, a fin de permitir a la Comisión evaluar la medida a la luz del informe presentado por el Reino de los Países Bajos.

(7)

La excepción no incidirá negativamente en los recursos propios de las Comunidades Europeas procedentes del impuesto sobre el valor añadido ni tampoco afectará a la cuota del IVA percibida en la fase final del consumo.