(1)

Mediante carta de 30 de noviembre de 2005, Italia notificó a la Comisión la ayuda que tenía previsto conceder a Nuova Mineraria Silius. El 21 de diciembre de 2005, la Comisión solicitó información adicional, que Italia remitió mediante carta registrada el 7 de febrero de 2006.

(2)

Mediante carta de 26 de abril de 2006, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con respecto a dicha ayuda.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida.

(4)

El 12 de mayo de 2006 se celebró una reunión con las autoridades italianas, que respondieron a la incoación del procedimiento mediante cartas de 14 de julio y 30 de agosto de 2006. La Comisión solicitó información adicional mediante carta de 18 de septiembre de 2006, que Italia presentó mediante cartas de 3 de noviembre y 31 de diciembre de 2006.

(5)

La Comisión recibió observaciones de los interesados y las remitió a las autoridades italianas, que tuvieron oportunidad de comentarlas. Las autoridades italianas respondieron mediante carta de 3 de noviembre de 2006.

(6)

El beneficiario de la ayuda es Nuova Mineraria Silius SpA (en lo sucesivo, «NMS»), una empresa que pertenece en su totalidad a la Región Autónoma de Cerdeña (Regione Autonoma Sardegna; en lo sucesivo, «RAS»). NMS explota un yacimiento de fluorita (3) situado en el término municipal de Silius, en Cerdeña. En 2004 (último año del que se conocen datos), la empresa tuvo un volumen de negocios de 4,96 millones EUR y contaba con 163 empleados.

(7)

La empresa NMS fue creada en 1992 por la RAS y la Minmet Financing Company. Posteriormente, la RAS vendió la empresa (el 97,5 % en 1996 y el 100 % en la actualidad) a la entidad pública Ente Minerario Sardo (en lo sucesivo, «EMSA»). En 1998, la EMSA se liquidó. Se encomendó al liquidador la privatización, en la medida de lo posible, de las actividades o su interrupción. Sin embargo, cuando fracasó el intento de privatización de la empresa y la EMSA interrumpió sus actividades (junio de 2002), NMS no se liquidó.

(8)

Tras el fracaso de la privatización de la empresa, Italia notificó a la Comisión su proyecto de inyectar capital por un importe de unos 24 millones EUR. Según dicho país, ese capital serviría para facilitar la explotación de otros yacimientos más profundos, de manera que aumentaría el contenido de fluorita de los minerales extraídos y la producción total de la mina.

(9)

Italia sostuvo que había notificado la medida propuesta únicamente por razones de seguridad jurídica, puesto que, por los dos motivos siguientes, no constituía una ayuda estatal:

En caso de que la Comisión concluyera que la medida propuesta entrañaba un elemento de ayuda estatal, Italia alegaba que se trataría únicamente del excedente de beneficios que se obtendría gracias al proyecto de inversión. Según los cálculos realizados por Italia, dicho excedente no superaría el 26 % de la inversión, lo cual se ajusta a los límites previstos en relación con las ayudas regionales compatibles en la zona en cuestión (4).

(10)

Además de la medida notificada, conforme a la información proporcionada por las autoridades italianas, en los últimos años NMS había estado recibiendo reiteradas aportaciones de fondos públicos procedentes de su único accionista, la RAS (5), destinados a cubrir las pérdidas constantes registradas en las actividades durante la preliquidación. Desde 1997, el importe de tales aportaciones ha alcanzado los 90,7 millones EUR, distribuidos del siguiente modo:

Dichas aportaciones están recogidas en el balance de la empresa en las partidas contables «RAS c/cobertura pérdidas futuras» y «EMSA c/cobertura pérdidas futuras».

(11)

Además, las autoridades italianas confirmaron que NMS recibió las subvenciones públicas siguientes:

(12)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión emitió dudas respecto a la compatibilidad de las medidas en cuestión con el mercado común, en particular respecto a su conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (8) (en lo sucesivo, «las Directrices»).

(13)

Tres empresas competidoras formularon observaciones sobre la medida en cuestión en respuesta a la invitación de la Comisión.

(14)

Según la primera, NMS llevaba 20 años en crisis y sobrevivía únicamente gracias a la aportación constante de fondos públicos. Pese a que los precios de mercado habían aumentado considerablemente en los últimos cinco años, lo cual había incitado a otras empresas a ampliar las minas o a abrir otras nuevas, NMS siguió sin registrar beneficios. Además, habría resultado imposible privatizarla, pues, a pesar de las ayudas estatales recibidas, se la consideraba una empresa no rentable. Este competidor sostiene que los importes de las ayudas son llamativos, escandalosos e increíblemente desproporcionados, como lo demuestra el hecho de que en 2004 superaran el doble del volumen de negocios de la empresa.

(15)

La segunda empresa competidora expresó su profundo asombro ante la situación. NMS y otros productores europeos de fluorita se vieron gravemente afectados por las condiciones de mercado desfavorables observadas en los años noventa a causa de las prácticas de dumping de China. Dichas condiciones no mejoraron hasta después del año 2000. Si bien era sabido que NMS recibía fondos públicos, esta empresa competidora sostiene que no tenía conocimiento de la magnitud de las ayudas, que, en su opinión, son disparatadas. Basándose en sus extensos cálculos, dicha empresa estima que los fondos recibidos por NMS durante los últimos cinco o seis años equivalen a unas diez veces el importe de una inversión ordinaria por tonelada conforme a las normas habituales del sector. Esta empresa competidora concluye que, en su calidad de productor europeo que interviene en el competitivo mercado de la fluorita, no puede aceptar una situación en la cual se mantenga viva a una empresa concreta gracias a cuantiosas transferencias de fondos públicos durante numerosos años.

(16)

La tercera empresa competidora expresó su enérgica objeción al abono a NMS de una ayuda cuyo importe es, en su opinión, considerable y desproporcionado. Según este competidor, el hecho de que se haya destinado tal subvención financiera a una empresa que realiza actividades de explotación minera de tan escasa envergadura parece reflejar una relación extremadamente débil entre costes y resultados, y plantea el riesgo de que la subvención sirva únicamente para mantener una actividad minera que no resulta rentable desde el punto de vista económico.

(17)

En su respuesta a la incoación del procedimiento, las autoridades italianas comunicaron que la RAS había decidido no poner en práctica la ayuda notificada y liquidar la empresa, habida cuenta de sus dificultades financieras. Mediante carta de 30 de agosto de 2006, las autoridades italianas confirmaron que la liquidación de NMS estaba efectivamente prevista, conforme a las conclusiones de la asamblea extraordinaria celebrada el 28 de julio de ese mismo año.

(18)

Italia afirmó asimismo que: a) la liquidación de las actividades de NMS no permitiría restituir los fondos concedidos por la RAS; b) la retirada de la empresa del mercado no incidiría en el comercio intracomunitario; c) en tales circunstancias, una orden de recuperación de la ayuda no tendría ningún efecto real. Como conclusión, Italia solicitó a la Comisión que no dictara ninguna orden de recuperación.

(19)

Por lo que se refiere a las observaciones formuladas por los competidores de NMS, Italia considera que ya no son pertinentes, pues se ha retirado la notificación y la empresa será liquidada.

(20)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(21)

La Comisión observa que las medidas mencionadas en los apartados 8 y 10 implican la asignación de fondos estatales por parte de una autoridad pública. Dado que dicha subvención pública se concedió a una sola empresa, obedece al criterio de selectividad. Además, habida cuenta de que NMS operaba en el mercado de la fluorita, sector en el cual se producen intercambios entre los Estados miembros, se aplica, asimismo, el criterio de la incidencia en el comercio intracomunitario. En particular, no puede aceptarse el argumento de las autoridades italianas según el cual la medida no incidía en el comercio intracomunitario, pues, conforme a la jurisprudencia reiterada, cuando una ayuda concedida por un Estado o mediante fondos estatales refuerza la posición de una empresa en relación con otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que la ayuda afecta a estas últimas (9). Por otra parte, las observaciones presentadas, en respuesta a la incoación del procedimiento, por las empresas competidoras proveedoras de fluorita en varios Estados miembros ponen de manifiesto la existencia de comercio intracomunitario.

(22)

Por lo que se refiere al argumento expuesto en la notificación inicial, según el cual la RAS se había comportado de forma similar a la de un inversor en una economía de mercado, la Comisión observa que, habida cuenta de los resultados económicos registrados en los últimos años y de la evolución de sus índices financieros (10), NMS debe considerarse una «empresa en crisis» conforme a lo establecido en el punto 2.1 de las Directrices.

(23)

En esas circunstancias, y considerando la necesidad permanente de la empresa de cubrir pérdidas en los últimos años, sin que mejorara en modo alguno su situación financiera, parece muy poco probable que un inversor activo en una economía de mercado hubiera seguido destinando fondos, hasta 24 millones EUR, a un proyecto que hasta entonces no había resultado rentable. Cabe aducir en apoyo de esta conclusión que todos los intentos de privatización de la empresa, realizados entre 1999 y 2002, fueron infructuosos. Las observaciones formuladas por las empresas competidoras del sector son una confirmación más.

(24)

Por otra parte, la RAS no se preocupó por evaluar los gastos que representaría la liquidación, respecto a los gastos necesarios para mantener las actividades de NMS. Antes bien, la liquidación se evitó explícitamente en junio de 2002, cuando ya era patente que la privatización había fracasado.

(25)

Además, se desprendía claramente de la notificación que, en gran medida, la RAS había subvencionado NMS por motivos sociales, pues se trataba de una de las pocas empresas industriales que quedaban en la región. Cabe señalar que los inversores activos en una economía de mercado no toman en consideración este tipo de argumentos.

(26)

Por consiguiente, la Comisión concluyó en la decisión de incoar el procedimiento, y ahora reitera, que las inversiones propuestas en la notificación inicial, junto con todas las aportaciones del accionista destinadas a cubrir las pérdidas, constituyen una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, cuyo importe total asciende a 114,7 millones EUR. La segunda ayuda (cobertura de pérdidas) es ilegal, pues su concesión es contraria al artículo 88, apartado 3, del Tratado. Por lo que respecta a la medida objeto de la notificación inicial, las autoridades italianas confirmaron que ya se había abonado al beneficiario una parte de los fondos para que llevase a cabo «unas actividades urgentes e inaplazables». Por consiguiente, esta parte de la ayuda, cuyo importe se desconoce, también se había concedido de manera ilegal.

(27)

Con respecto a las medidas nacionales mencionadas en el considerando 11, no se ha cuestionado que constituyan una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. Además, Italia declaró que todavía no se había abonado ninguna ayuda en virtud de la Ley no 752/82.

(28)

El objetivo principal de las medidas mencionadas en los considerandos 8 y 10 parece consistir en ayudar a una empresa en crisis. En tales casos, y siempre que se cumplan las condiciones oportunas, puede aplicarse únicamente la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, que permite autorizar ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(29)

Las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis están reguladas por las Directrices.

(30)

Conforme a las disposiciones transitorias de las Directrices, la Comisión debe examinar con arreglo a dichas Directrices toda ayuda de salvamento o de reestructuración que se conceda sin su autorización (ayuda ilegal), cuando la ayuda, o una parte de ella, se haya concedido después del 1 de octubre de 2004, fecha de la publicación de las Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea (punto 104). Así pues, en este caso, dado que la notificación se realizó en 2005 y que al menos 11 millones EUR de subvenciones públicas (del total de los 90,7 millones EUR destinados a cubrir pérdidas mencionados en el considerando 10 anterior) fueron concedidos después del 1 de octubre de 2004, son de aplicación las nuevas Directrices.

(31)

La compatibilidad de las ayudas concedidas en virtud de la Ley no 488/92 y, en su caso, de la Ley no 752/82, debe asimismo evaluarse con arreglo a las Directrices, puesto que la Comisión considera que la ayuda a empresas en crisis puede contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar negativamente al comercio en forma contraria al interés común únicamente si se cumplen los requisitos que figuran en dichas Directrices (11). Dado que las empresas en crisis quedan explícitamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley no 488/92, la Comisión concluye que NMS no podía optar a ayudas regionales en virtud de dicha Ley, puesto que la empresa ya estaba en crisis cuando le fue concedida la ayuda (mayo de 2002) (12).

(32)

El argumento subsidiario de las autoridades italianas, según el cual debería considerarse que la ayuda prevista estaba dentro de los límites establecidos para las ayudas regionales en Cerdeña, debe rechazarse por el mismo motivo.

(33)

En cuanto a la admisibilidad de NMS a la ayuda de reestructuración, la Comisión considera que no se cumplían los criterios aplicables a las ayudas compatibles recogidos en las Directrices. En particular:

(34)

La Comisión toma nota de la comunicación de Italia relativa a la decisión de la RAS de no ejecutar la ayuda notificada, cuyo importe ascendía a unos 24 millones EUR, y de proceder a la liquidación de NMS, habida cuenta de sus dificultades financieras. Pese a la argumentación presentada por Italia, la Comisión considera, con arreglo al Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (14), que en caso de ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, debe restablecerse la competencia efectiva y, para ello, es necesario que la ayuda, con sus correspondientes intereses, se recupere sin demora.

(35)

La Comisión observa que Italia ha aplicado diversas medidas ilegalmente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Se trata de la cobertura reiterada de las pérdidas de NMS, de la concesión de la ayuda en virtud de la Ley no 488/92 y del decreto ministerial de 28 de diciembre de 2000 y, en su caso, del abono parcial de la ayuda adicional a que se refiere la notificación inicial. La Comisión observa, asimismo, que la ayuda contemplada en la notificación inicial y la ayuda concedida mediante decreto ministerial de 28 de diciembre de 2000 de conformidad con el artículo 9 de la Ley no 752/82 de la República Italiana son incompatibles con el mercado común y no se ajustan a ninguna de las excepciones previstas en el Tratado CE. Por lo tanto, no deben ejecutarse las partes pendientes de dichas medidas (15) y debe procederse a la recuperación de las ayudas que ya se han abonado, es decir, de un importe total de 98,36 millones EUR, que incluye 90,7 millones EUR destinados a cubrir pérdidas (véase el considerando 10) y 7,66 millones EUR abonados en virtud del decreto ministerial de 9 de mayo de 2002 (véase el considerando 11).