(1)

A raíz de noticias publicadas en la prensa, la Comisión tuvo conocimiento de que al convertir en Ley el Decreto Ley no 282, de 24 de diciembre de 2002, el Gobierno italiano adoptó disposiciones en materia de balances de los clubes deportivos profesionales. Por carta no D/51643, de 12 de marzo de 2003, la Comisión pidió información sobre las medidas en cuestión. Por carta de 22 de abril de 2003, registrada con el no 5243, las autoridades italianas pidieron que el plazo para presentar la información solicitada se prorrogase hasta el 14 de mayo. Al no haber recibido respuesta alguna dentro de dicho plazo ampliado, la Comisión envió un recordatorio escrito con fecha de 22 de mayo de 2003. Al mismo tiempo, se recordaba a dichas autoridades que, con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, queda prohibido ejecutar medidas de ayuda antes de que la Comisión formule sus observaciones al respecto. La respuesta de las autoridades italianas se recibió el 26 de junio de 2003.

(2)

Por carta de 11 de noviembre de 2003, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 sobre la medida en cuestión.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) La Comisión invitó a los terceros interesados a presentar sus observaciones en cuanto a la medida en cuestión.

(4)

La Comisión recibió los comentarios de las autoridades italianas por carta con fecha de 13 de febrero de 2004, y las observaciones de los interesados por cartas de 19 de enero y 16 de febrero de 2004. Por carta registrada con el no D/51415, de 25 de febrero de 2004, la Comisión transmitió a Italia las observaciones de los terceros interesados, ofreciéndole con ello la oportunidad de comentarlas.

(5)

Por carta de 10 de marzo de 2004, protocolo N. 08/RB/04, las autoridades italianas se comprometieron a modificar las disposiciones en cuestión con el fin de excluir de éstas cualquier efecto de tipo tributario. La Comisión, tras tomar nota del compromiso de hacer que las medidas fueran compatibles con las normas comunitarias en materia de competencia y de su falta de efectos inmediatos desde el punto de vista de las ayudas estatales, decidió suspender el procedimiento a la espera de la modificación efectiva de las medidas en cuestión.

(6)

Por carta de 11 de noviembre de 2004, registrada con el no 13346, las autoridades italianas enviaron a la Comisión el texto de enmienda de la «Ley Comunitaria 2004» que se estaba debatiendo en el Parlamento italiano. Las modificaciones anunciadas se introdujeron con carácter definitivo en el artículo 28 de la Ley no 62, de 18 de abril de 2005, «Disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a las Comunidades Europeas. Ley comunitaria 2004» (más adelante denominada Ley 62/2005) (3).

(7)

La medida introducida mediante el artículo 3, apartado 1bis, del Decreto Ley no 282, de 24 de diciembre de 2002, referente a disposiciones urgentes en materia de cumplimiento de normas comunitarias y tributarias de recuperación y procedimientos de contabilidad, que ha pasado a ser la Ley no 27 de 21 de febrero de 2003 (en adelante Ley 27/2003), se aplica a los clubes deportivos a que se refiere la Ley no 91 de 23 de marzo de 1981 (en adelante Ley 91/1981).

(8)

La medida en cuestión, prevista en el artículo 18-bis, párrafo primero, de la Ley 91/1981 modificada por la Ley 27/2003, permite a los clubes deportivos, en el primer balance siguiente a la fecha de entrada en vigor de dicha Ley, «consignar en una cuenta especial el importe de las devaluaciones de los derechos plurianuales de las prestaciones deportivas de los deportistas profesionales, determinado sobre la base de un informe pericial jurado específico». Por consiguiente y previo acuerdo del comité de auditores, esta partida se consignó en los activos del balance como gastos plurianuales diferidos.

(9)

El artículo 18-bis, párrafo segundo, de la Ley 91/1981, modificada por la Ley 27/2003, establece: «Las sociedades que se acojan a la posibilidad que se indica en el párrafo primero deberán proceder, a efectos civiles y tributarios, a la amortización de la devaluación consignada en diez tramos anuales de idéntico valor».

(10)

Para establecer si la medida constituye una ayuda estatal según el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, la Comisión debe averiguar: i) si la medida en cuestión favorece a determinadas empresas, o la producción de determinados bienes, al conceder una ventaja económica; ii) si dicha ventaja es selectiva y, por consiguiente, falsea o pudiera falsear la competencia; iii) si incide en el comercio entre Estados miembros y iv) si se ha concedido mediante recursos estatales.

(11)

En la decisión de incoar el procedimiento formal a que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Tratado, la Comisión, entre otras cosas, observa:

(12)

Sobre la base de este sucinto análisis, la medida parecía presentar todos los elementos constitutivos de una ayuda estatal según el artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(13)

Además, por los motivos que se exponen en los apartados 22-29 de la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, no parecía que se dieran los supuestos necesarios para poder declarar la ayuda compatible con el mercado común.

(14)

El artículo 28 de la Ley 62/2005 modificó el artículo 18-bis, párrafo segundo, de la Ley 91/1981, que se reproduce en el apartado 9. La expresión: «a efectos civiles y tributarios» en la Ley 62/2005 se ha sustituido por la expresión: «a efectos exclusivamente civiles».

(15)

Dicha modificación elimina la posibilidad de acogerse, a efectos tributarios, al régimen contable distinto, opción que permite la Ley 91/1981 modificada por la Ley 27/2003. Desaparece, por lo tanto, la posibilidad para los clubes deportivos de prorrogar el período durante el cual pueden deducir de sus impuestos eventuales pérdidas.

(16)

Aunque la Ley 91/1981 modificada por la Ley 27/2003 sigue proporcionando ventajas a los clubes deportivos en términos de trato contable favorable, dicha Ley, en su nueva formulación, ya no supone ninguna ventaja tributaria. Además, puesto que las ventajas tributarias que antes eran posibles sólo se hubiesen hecho efectivas en el futuro (4), la medida no ha supuesto ventajas tributarias durante el período de aplicación de las normas modificadas.

(17)

Al no suponer renuncia alguna a ingresos tributarios, la medida no comporta el uso de recursos estatales. Falta, por consiguiente, uno de los requisitos esenciales para constatar la existencia de ayuda estatal según el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Por consiguiente, la Comisión concluye que, tras las modificaciones aportadas a la Ley 62/2005 («Ley Comunitaria 2004»), la medida no constituye una ayuda.

(18)

No será, pues, necesario estudiar con detenimiento los comentarios de las autoridades italianas ni las observaciones de los terceros interesados.