20.4.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 100/26

(1)

Por carta de 18 de noviembre de 2002, registrada ese mismo día (en lo sucesivo denominada «la notificación»), Francia notificó a la Comisión su intención de ayudar financieramente al astillero de reparación naval Compagnie Marseille Réparation (CMR). El asunto se registró con el número N 728/2002.

(2)

Por carta de 13 de diciembre de 2002, la Comisión pidió información complementaria a Francia. Ésta respondió por carta de 6 de marzo de 2003, registrada el 7 de marzo de 2003.

(3)

Por carta de 13 de mayo de 2003, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a las medidas notificadas. El asunto se registró con el número C 34/2003.

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión.

(5)

Francia transmitió sus observaciones por carta de 31 de julio de 2003, registrada el 4 de agosto de 2003. Ningún tercero interesado presentó observaciones.

(6)

Francia proporcionó información complementaria por carta de 2 de octubre de 2003, registrada el 3 de octubre de 2003, y por carta de 10 de octubre de 2003, registrada el mismo día. La Comisión planteó otras preguntas complementarias a Francia por carta de 21 de noviembre de 2003, a la que Francia respondió por carta de 29 de diciembre de 2003, registrada el 8 de enero de 2004, y por carta de 29 de enero de 2004, registrada el mismo día. La Comisión planteó otras preguntas por carta de 10 de mayo de 2004, a las que Francia respondió por carta de 29 de junio de 2004, registrada el mismo día.

(7)

El beneficiario de la ayuda financiera es CMR, una empresa de reparación naval establecida en Marsella. CMR se fundó el 20 de junio de 2002 para adquirir los activos de un astillero en quiebra, Compagnie Marseillaise de Réparations (CMdR).

(8)

Anteriormente, la reparación naval en el puerto de Marsella la realizaban tres empresas, Marine Technologie, Travofer y CMdR. En 1996, estas empresas empleaban a aproximadamente 430 personas (310 CMdR, 70 Marine Technologie y 50 Travofer). En 1996, CMdR tuvo dificultades y se vio obligada a declararse en quiebra. Se aplicó un plan social mientras duró el procedimiento de quiebra, con el fin de ayudar a CMdR a pagar los gastos de las jubilaciones anticipadas y los permisos de reciclaje de parte de su personal, antes de que se le hiciera una oferta de adquisición. Según Francia, este plan fue financiado por las autoridades públicas.

(9)

En 1997, CMdR fue adquirida por la empresa italiana Marinvest, que posteriormente la revendió al grupo británico Cammell Laird, en julio de 2000. Al mismo tiempo, Cammell Laird adquirió también los otros dos astilleros de reparación naval de Marsella, Marine Technologie y Travofer. Cammell Laird preveía reorganizar las tres empresas en una única empresa constituida por CMdR y transformar las actividades de reparación naval en actividades de transformación naval.

(10)

Entre julio de 2000 y julio de 2002, el personal de CMdR disminuyó considerablemente debido a la jubilación de trabajadores contaminados por el amianto. Habida cuenta de la reestructuración prevista, no se sustituyó a estos trabajadores. La actividad de CMdR se redujo en consecuencia, pero prosiguieron no obstante las actividades de reparación naval hasta la declaración de quiebra.

(11)

Tras la quiebra de Cammell Laird en 2001, CMdR tuvo dificultades. El 31 de julio de 2001, el tribunal de comercio de Marsella incoó un procedimiento de intervención judicial contra CMdR.

(12)

CMR, empresa creada el 20 de junio de 2002, presentó una oferta de adquisición de CMdR al tribunal de comercio de Marsella, que aceptó el plan de cesión el 20 de junio de 2002.

(13)

Así pues, en el marco del procedimiento de quiebra de CMdR, CMR adquirió los activos de esta última al precio de 1 001 EUR (es decir, un euro simbólico por los activos y 1 000 EUR por las acciones). La información que figura en el balance de CMR indica que ésta comenzó su actividad en 2002 sin deudas.

(14)

Francia indicó inicialmente que CMR también se había hecho cargo de las obras en curso.

(15)

Además, de acuerdo con la legislación social francesa relativa a la cesión de actividades comerciales (segundo párrafo del artículo L 122-12 del Código del trabajo), CMR debía hacerse cargo de todos los contratos de trabajo, manteniendo las mismas condiciones en cuanto a cualificación, remuneración y antigüedad. Del mismo modo, CMR hubo de asumir, por una parte, las obligaciones salariales contraídas antes de la adquisición, por un importe de 500 000 EUR, correspondientes a las jubilaciones de los trabajadores perjudicados por el amianto y, por otra parte, los salarios vencidos (vacaciones remuneradas) por un importe de 620 000 EUR, correspondiendo estas dos cifras a las inicialmente establecidas por Francia.

(16)

Francia comunicó a la Comisión que, en marzo de 2003, CMR empleaba a 100 personas en las actividades de producción, frente a una media de 184 durante los cinco años anteriores.

(17)

CMR es propiedad de cinco accionistas, uno de los cuales ejerce la función de Director General.

(18)

Según Francia, la restauración de la viabilidad de la actividad de reparación naval en Marsella requiere la instauración de una serie de medidas internas en CMR. A tal efecto, se elaboró un plan empresarial para cinco años.

(19)

CMR heredó de CMdR una serie de cargas [jubilaciones de los afectados por el amianto y salarios (vacaciones pagadas)] y dificultades, por ejemplo la pérdida de la clientela del sector de la reparación naval en el puerto de Marsella. Esta pérdida se debió a la política de Cammell Laird, que se orientó hacia la transformación naval en detrimento de la reparación naval. Por esta razón Francia afirma que CMR debe ser objeto de una reestructuración. Francia reconoce que la existencia de una única empresa de reparación naval en Marsella (es decir, CMR) se ajusta a las necesidades y a las posibilidades del mercado de la reparación naval.

(20)

El plan empresarial, que Francia denomina plan de reestructuración, prevé hacer frente a los problemas a que se enfrenta CMR mediante una serie de medidas. En primer lugar, se invertirá la estrategia previa de Cammell Laird, consistente en transformar la actividad de reparación naval en actividad de transformación naval, y CMR reanudará su actividad tradicional de reparación naval. Además, adoptará las medidas siguientes, tal como fueron descritas por Francia: reducción de los costes estructurales, preparación asistida por ordenador, refuerzo de las responsabilidades del equipo de dirección, gestión rigurosa de la subcontratación y desarrollo de capacidades multitareas. Por último, realizará algunas inversiones y prestará una atención muy especial a la formación y a la especialización del personal.

(21)

Una vez que la empresa esté situada en el mercado, podrá también tratar de atraer a los propietarios de buques más sofisticados (por ejemplo, buques de crucero, embarcaciones de pasajeros y buques de transporte de gases) sin base en Marsella y para los cuales el precio no es el único criterio que se tiene en cuenta al hacer un pedido.

(22)

Francia presentó dos versiones del plan empresarial de CMR. La notificación se basaba en un plan con la hipótesis de una elevada explotación con un volumen de negocios de 30 millones de EUR en 2006, pero también se había elaborado un segundo plan, más prudente (en lo sucesivo denominado «la hipótesis baja»), a petición del tribunal de comercio de Marsella (volumen de negocios limitado a 20 millones de EUR al año a partir del tercer año y hasta el final del plan empresarial). La evaluación de la explotación de la empresa se modificó en consecuencia y el cuadro 1 infra expone esta nueva evaluación.

Cuadro 1

Evolución prevista de la explotación de CMR (hipótesis baja) (4)

(23)

Según Francia, el plan empresarial se basa en el volumen de negocios realizado por las empresas de reparación naval en Marsella antes de que el grupo Cammell Laird tuviera dificultades, en 2000, así como en la capacidad de CMR para obtener resultados similares en los dos años. Francia destaca también que el proyecto tiene en cuenta el estancamiento del nivel de la clientela en el momento de la adquisición y que, en la hipótesis baja, el enfoque adoptado es aún más prudente.

(24)

Los costes de aplicación del plan empresarial basado en la hipótesis baja, es decir, según Francia, los costes de reestructuración, figuran en la parte 1 del cuadro 2.

(25)

Por otro lado, Francia considera costes de reestructuración los gastos correspondientes a las jubilaciones de los afectados por el amianto y los salarios debidos (vacaciones pagadas), gastos que estaban a cargo de la empresa antes de la adquisición. Estos costes figuran en la parte 2 del cuadro 2 y las cifras indicadas tienen en cuenta las cifras modificadas transmitidas por Francia en su carta de 29 de enero de 2004.

Cuadro 2

Costes de la reestructuración de CMR

(26)

El conjunto de los costes estimados necesarios para lanzar la explotación de CMR asciende por tanto a 3 649 494 EUR.

(27)

Según Francia, los 3 649 494 EUR que necesita CMR se financiarán con préstamos y subvenciones concedidos por fuentes públicas y privadas, tal como figura en el cuadro 3. Francia adoptó una decisión preliminar destinada a conceder una ayuda pública a CMR el 3 de mayo de 2002, es decir, antes incluso de la creación de CMR y antes de que ésta adquiriera los activos de CMdR. El 26 de junio de 2002 se adoptó una decisión jurídicamente vinculante de concesión de la ayuda.

Cuadro 3

Medidas financieras vinculadas a la reestructuración de CMR

(28)

El Gobierno francés concederá a CMR un importe de 1 600 000 EUR, en forma de préstamo sin intereses. Francia asignó al préstamo un equivalente de subvención neto (ESN) de 404 640 EUR, basado en el índice de referencia de la Comisión para 2002, es decir, 5,06 %. Francia indica que las condiciones de pago de este préstamo pueden corresponder a la presentación del cuadro 4. En septiembre de 2003, se pagó una suma de 800 000 EUR a CMR.

Cuadro 4

Condiciones de pago y reembolso del préstamo a CMR

(29)

El Conseil regional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, el Conseil général des Bouches-du-Rhône y la ciudad de Marsella abonaron cada uno a CMR un importe de 630 000 EUR, en forma de subvención. En septiembre de 2003, la totalidad de las ayudas de las colectividades locales (1 890 000 EUR) había sido pagada y utilizada para cubrir las pérdidas de la empresa durante los seis primeros meses de su explotación (2002).

(30)

Las ayudas privadas se presentan como aportaciones de capital de los accionistas de CMR (610 000 EUR) y préstamos bancarios (1 830 000 EUR). Los préstamos bancarios no fueron objeto de ninguna solicitud de garantías especiales por parte de los bancos, excepto por lo que se refiere a los elementos siguientes: una parte de los activos de CMR se financia por medio de un arrendamiento financiero, es decir, que sigue siendo propiedad de los bancos hasta que el préstamo esté reembolsado; y otra parte de los activos de CMR se hipotecó, lo que implica que CMR podría perder la propiedad en favor de los bancos si el préstamo no se reembolsa en las condiciones convenidas. El banco que proporcionó el préstamo es el banco cooperativo del grupo Banco popular.

(31)

Según Francia, el sector francés de la reparación naval ha experimentado reestructuraciones durante los veinte últimos años, debido al fuerte deterioro de este mercado. En Marsella, las empresas de reparación naval tuvieron dificultades por no haber tenido en cuenta la evolución desfavorable del mercado. Francia declara que el mantenimiento de tres empresas de reparación naval en Marsella (Marine Technologie, Travofer y CMdR) hasta 2002, cuando fueron adquiridas por Cammell Laird, superaba las capacidades del mercado. Sin embargo, según Francia, la existencia de una única empresa de reparación naval en Marsella responde a las necesidades del mercado.

(32)

Por lo que se refiere al personal de CMR, en marzo de 2003 trabajaban 100 personas en el sector de la producción, frente a una media de 184 durante los cinco años anteriores. Esta reducción del personal también se debió a las jubilaciones de los afectados por el amianto (30 personas). Francia observa, no obstante, que estas personas serán sustituidas, en la medida en que CMR tenga necesidad de contratar personal.

(33)

Francia precisa que las capacidades de CMR se han reducido, no obstante, gracias al cierre de las antiguas instalaciones de Marine Technologie y de Travofer, que se han transferido al puerto de Marsella y ya no se utilizarán para obras de reforma naval.

(34)

En la decisión de incoar el procedimiento formal de examen (en lo sucesivo denominada «decisión de incoación»), la Comisión consideraba que las medidas en cuestión constituían ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Estas medidas se evaluaron a la luz del Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval (7) (en lo sucesivo denominado «Reglamento sobre la construcción naval») y de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (8) (en lo sucesivo denominadas «directrices sobre reestructuración»).

(35)

En la decisión de incoación, la Comisión planteó dudas en cuanto a la posibilidad de autorizar las medidas financieras en cuestión como ayuda a la reestructuración, considerando, por una parte, que CMR parecía ser una empresa de reciente creación, resultante de la liquidación de CMdR, y por otra parte, según el apartado 7 de las directrices sobre la reestructuración, que las empresas de nueva creación no pueden acogerse a las ayudas de salvamento y de reestructuración aunque su situación financiera inicial sea precaria.

(36)

Además, la Comisión dudaba que, incluso si pudiera considerarse que CMR era apta para obtener ayudas a la reestructuración, se cumplieran los otros criterios indispensables para autorizar una ayuda a la reestructuración.

(37)

La Comisión observó en particular que Francia no describía las dificultades estructurales que debía solucionar la reestructuración, limitándose a declarar que las dificultades de CMR derivaban esencialmente de la quiebra de CMdR. Por esta razón la Comisión dudaba de que CMR conociera en realidad tales dificultades estructurales y, por tanto, dudaba también que el plan empresarial de CMR estuviese adaptado para garantizar la vuelta de CMR a la viabilidad en unos plazos razonables.

(38)

Además, la Comisión dudaba que fueran a darse las reducciones de capacidades exigidas en el artículo 5 del Reglamento sobre la construcción naval. La Comisión señaló que Francia no había dado información más precisa sobre el personal realmente absorbido por CMR y que parecería que las actividades de subcontratación tendrían que aumentar sensiblemente.

(39)

La Comisión dudaba también que la ayuda fuese proporcionada a los costes y a las ventajas de la reestructuración. La Comisión se basaba en este caso en la información según la cual los costes de reestructuración ascienden a 3 649 494 EUR y el total de las ayudas públicas y privadas a 5 930 000 EUR. La financiación es por tanto superior a las necesidades de la reestructuración tal como se indicaron.

(40)

En el contexto de la proporcionalidad, la decisión de incoación planteaba el problema de la determinación del equivalente de subvención neto del préstamo concedido a CMR por el Estado, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (9), el tipo de referencia puede ser incrementado en situaciones de especial riesgo (por ejemplo, cuando se trata de una empresa en crisis) y que en tales casos, la prima podrá alcanzar los 400 puntos básicos e incluso más. La Comisión dudaba por tanto que la totalidad del préstamo pudiera considerarse como ayuda.

(41)

También por lo que se refiere a la proporcionalidad, la Comisión dudaba que el conjunto de los costes pudieran considerarse costes de reestructuración, mencionando, en particular, los costes vinculados a la formación de trabajadores de los subcontratistas de CMR.

(42)

En su respuesta a la decisión de incoación y en la información complementaria que proporcionó a continuación, Francia añadió las observaciones y datos siguientes.

(43)

Por lo que se refiere a las dudas relativas al hecho de que CMR pueda beneficiarse de las ayudas a la reestructuración, Francia alega que a pesar de que CMR sea una empresa nueva, está en crisis. Tras reconocer que la adquisición de recursos humanos y materiales representa potencialmente un activo para una empresa nueva, Francia afirma que estos recursos constituyen también una carga importante. Confirma así su posición inicial según la cual aunque CMR sea una empresa nueva, se asimila a una empresa existente en crisis.

(44)

Francia confirma también que CMR comenzó sus actividades sin deudas. Según la legislación francesa relativa a la administración judicial de las empresas, una empresa en crisis puede, antes de declararse en quiebra, tratar de estabilizar su situación llegando a un acuerdo con sus acreedores, con la ayuda del administrador judicial designado por un tribunal de comercio. CMdR solicitó la designación de un administrador judicial. Bajo su control se terminaron los trabajos en curso y se pagó a los acreedores. No obstante, el intento de estabilización de la situación de CMdR acabó en un fracaso y, debido a la disminución de sus activos y a la falta de pedidos, la empresa acabó por declararse en quiebra el 31 de julio de 2001. Por esta razón, en el momento de la adquisición, CMdR no tenía deudas.

(45)

Además se precisó que, contrariamente a lo que Francia había afirmado inicialmente, CMdR había acabado los trabajos en curso antes de declarase en quiebra, y que una de las razones de la declaración de quiebra era precisamente que su cartera de pedidos estaba vacía (véase el considerando 44).

(46)

Por lo que se refiere a las dudas relativas a la viabilidad del plan de reestructuración de CMR, Francia aportó precisiones sobre varios elementos de este plan. CMR reanudará las actividades de reparación naval abandonadas por CMdR en favor de la transformación naval. Prevé sustituir parcialmente a los trabajadores jubilados por razón del amianto por trabajadores jóvenes más cualificados, y hará unos esfuerzos sin precedentes para formar a su personal. Prevé también introducir la anualización del tiempo de trabajo en el marco de la legislación que limita el tiempo de trabajo semanal a 35 horas, y armonizar los distintos estatutos de su personal. Asimismo, modernizará sus equipamientos y sus métodos de trabajo, mejorará las condiciones de seguridad y elaborará un plan de calidad ISO 9001. Estas medidas, añadidas a las notificadas inicialmente, permitirán, según Francia, garantizar la viabilidad de CMR en un plazo razonable.

(47)

Francia afirma también que la viabilidad del plan está garantizada por hipótesis comerciales realistas, basadas en la actividad real de las empresas de reparación naval establecidas en Marsella antes de su integración en Cammell Laird. Además, Francia señala que CMR concluyó con sus trabajadores un acuerdo que garantizaba la paz social. Por último, observa que los resultados de explotación de CMR en 2002 y en el primer semestre de 2003 prueban que la empresa será probablemente viable a partir de 2003, tal como prevé el plan de reestructuración.

(48)

Por lo que se refiere a la necesidad de evitar la distorsión de la competencia, Francia alega que la reducción de las capacidades de reparación naval queda garantizada por el cierre de las otras dos instalaciones de reparación naval de Marsella (Marine Technologie y Travofer).

(49)

Además, Francia afirma que a este respecto, los astilleros de reparación naval del norte del Mediterráneo son más bien complementarios y no se hacen realmente competencia.

(50)

Francia confirma también que CMR es una PYME según lo dispuesto en el artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (10).

(51)

Por último, Francia precisa que CMR ha absorbido a 132 trabajadores de CMdR y que 58 personas dejarán la empresa durante el período 2002-2004 por razones vinculadas a la exposición al amianto.

(52)

Por lo que se refiere a la proporcionalidad de las medidas en cuestión, Francia precisa que el importe de 5 930 000 EUR de ayudas públicas y privadas cubre, por un lado, los costes de reestructuración (3 649 494 EUR) y, por otro lado, parte de las necesidades de la empresa en capital de explotación, al margen del contexto de la reestructuración.

(53)

Francia alega que considera que los costes de formación de los subcontratistas forman parte de los costes de reestructuración. A este respecto, Francia señala que numerosas actividades esenciales para el funcionamiento de CMR las realizan empresas externas especializadas. Éstas, que se ven afectadas en calidad de subcontratistas por los problemas del sector de la reparación naval en Marsella, no están en condiciones de financiar la formación de sus trabajadores. Por esta razón, CMR asume esta financiación en su calidad de contratista íntegramente responsable frente al propietario del buque.

(54)

Paralelamente a la solicitud de ayuda a la reestructuración, Francia pidió a la Comisión que estudiase la compatibilidad de las medidas financieras en cuestión con el mercado común directamente sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en el caso de que la ayuda no fuera compatible en virtud de las directrices sobre la reestructuración. Francia alega que la construcción naval constituye una actividad esencial para el buen funcionamiento del puerto de Marsella, es decir, que es necesaria para garantizar la recepción de los buques, el mantenimiento de los mismos indispensable para la actividad del puerto, así como los servicios correspondientes a la seguridad marítima y al turismo (reparación de buques de recreo). Francia alega también que el mantenimiento de la reparación naval en Marsella interesa a la Comunidad, puesto que va en el sentido de la política común de transportes, que favorece el transporte marítimo. Por último, Francia destaca las razones históricas y estratégicas que justifican el mantenimiento de la reparación naval en el puerto de Marsella.

(55)

Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.».

(56)

En primer lugar, la subvención de 1 600 000 EUR concedida a CMR por el Estado francés constituye una ventaja financiera concedida por medio de recursos estatales. Además, el criterio de los recursos estatales se aplica también a las ventajas económicas concedidas por colectividades regionales o locales de los Estados miembros. En consecuencia, el primer criterio de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado se cumple también por lo que se refiere a las subvenciones (de un importe de 630 000 EUR cada una) concedidas a CMR por la región Provence-Alpes-Côte d’Azur, el departamento de Bouches-du-Rhône y la ciudad de Marsella.

(57)

En segundo lugar, puesto que las subvenciones en cuestión se destinaban a una empresa en particular, CMR, se cumple el criterio de selectividad que condiciona la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(58)

En tercer lugar, las tres ayudas de las colectividades regionales y locales, así como el préstamo sin intereses concedido por el Gobierno francés, confieren a CMR una ventaja económica que no le habría concedido el sector privado. Estas medidas son por tanto, por su propia naturaleza, susceptibles de falsear la competencia.

(59)

En cuarto lugar, el criterio según el cual la medida debe afectar a los intercambios se cumple por cuanto el beneficiario ejerce una actividad económica que implica intercambios entre Estados miembros. Tal es, efectivamente, el caso de las actividades de reparación naval realizadas por CMR. En un sector sensible como la reparación naval, puede suponerse el hecho de que los intercambios puedan verse afectados. Esta presunción constituye la base de la política que se sigue por lo que se refiere a las normas especiales aplicables a las ayudas estatales en el sector de la construcción naval. Estas normas se aplican enteramente a la reparación naval, que está sujeta a los mismos principios que la construcción naval. Por añadidura, debido a su posición geográfica, CMR compite, al menos potencialmente, con los astilleros de reparación naval de Italia y España.

(60)

La Comisión concluye que las ayudas públicas concedidas a CMR, según lo descrito en la parte 1 del cuadro 3, constituyen todas ellas ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(61)

La Comisión también tiene en cuenta que Francia no cumplió la obligación que le incumbe, en aplicación del artículo 88, apartado 3, del Tratado, de no ejecutar las medidas proyectadas antes de que el procedimiento haya concluido con una decisión final (cláusula suspensiva). Por tanto, la ayuda se considera ilegal.

(62)

Dado que CMR opera en el sector de la reparación naval, las ayudas que se le conceden en apoyo a sus actividades corresponden al ámbito de las normas especiales sobre las ayudas estatales aplicables a la construcción naval. Desde el 1 de enero de 2004, estas normas figuran en el Marco aplicable a las ayudas estatales a la Construcción naval (11), sustituyendo a las normas establecidas por el Reglamento sobre la construcción naval. Sin embargo, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12), las ayudas ilegales, es decir, las ejecutadas en violación del artículo 88, apartado 3, del Tratado, se evaluarán según los criterios de fondo fijados en los instrumentos vigentes en la fecha de su concesión. El Reglamento sobre la construcción naval es de aplicación por tanto en el caso presente. En aras de la exhaustividad, independientemente de que la Comisión aplique el Reglamento sobre la construcción naval o el marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval, que le sustituye (13), cabe precisar que ello no tiene ningún efecto sobre las conclusiones relativas a la evaluación de la compatibilidad, dado que los criterios de fondo para la evaluación de las ayudas de salvamento y reestructuración, las ayudas regionales y las ayudas a la formación son idénticos (14).

(63)

Francia pidió a la Comisión que examinase la compatibilidad de las medidas financieras en cuestión con el mercado común directamente sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, alegando que la reparación naval es una actividad esencial para el buen funcionamiento de un puerto del tamaño de Marsella.

(64)

En primer lugar, la Comisión observa que, si los servicios de reparación que ofrece CMR son efectivamente esenciales para el funcionamiento del puerto, estas actividades deberían en principio estar garantizadas por los recursos propios del puerto, sin que sea necesario recurrir a ayudas estatales. Además, la Comisión autoriza una parte de la ayuda como ayuda regional a la inversión y tiene en cuenta, por tanto, los problemas regionales que se plantean.

(65)

Además, el Reglamento sobre la construcción naval constituye un conjunto específico y exhaustivo de normas aplicables al sector, en este caso la reparación naval, que se sitúa en una relación de lex specialis con relación al Tratado. La autorización de la ayuda mediante la aplicación directa del Tratado contravendría los objetivos contemplados por el establecimiento de normas específicas y restrictivas aplicables al sector.

(66)

La Comisión no puede por tanto evaluar la ayuda en cuestión directamente sobre la base del Tratado.

(67)

El artículo 2 del Reglamento sobre la construcción naval dispone que las ayudas que se conceden a la reparación naval sólo podrán considerarse compatibles con el mercado común si cumplen las disposiciones de dicho Reglamento.

(68)

Según Francia, la ayuda en cuestión tiene por objetivo la reestructuración de las actividades de CMR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento sobre la construcción naval, las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas que operan en el sector de la reparación naval podrán excepcionalmente considerarse compatibles con el mercado común siempre que se ajusten a las disposiciones de las directrices sobre la reestructuración, así como a las condiciones particulares definidas en el mencionado artículo 5.

(69)

La Comisión examinó por tanto si se cumplían los criterios previstos por las directrices sobre la reestructuración.

(70)

Según las directrices sobre la reestructuración, para poder beneficiarse de ayudas a la reestructuración, la empresa en cuestión deberá poder considerarse en crisis con arreglo a dichas directrices. Aunque no existe una definición comunitaria de empresa en crisis, la Comisión considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a aportarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo (apartado 4 de las directrices sobre la reestructuración). Los síntomas habituales de crisis son el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto.

(71)

No obstante, el apartado 7 de las directrices sobre la reestructuración estipula que las empresas de nueva creación no pueden acogerse a las ayudas de salvamento y de reestructuración aunque su situación financiera inicial sea precaria. Tal es el caso especialmente si la empresa de nueva creación ha surgido de la liquidación de otra empresa anterior o de la absorción de sus activos.

(72)

La exclusión de las empresas de nueva creación del derecho a beneficiarse de ayudas a la reestructuración se justifica por el principio según el cual la creación de una empresa debe ser el fruto de una decisión inducida por la situación del mercado. Una empresa sólo podrá ser creada si tiene una oportunidad de ejercer su actividad en el mercado en cuestión; en otros términos, si está capitalizada y es viable desde el principio.

(73)

Una empresa de nueva creación no podrá beneficiarse de ayudas a la reestructuración dado que, aunque pueda tener dificultades iniciales, no podría enfrentarse a las dificultades descritas en las directrices sobre la reestructuración. Estas dificultades, enunciadas en el considerando 70, están vinculadas a la historia de la empresa, ya que tienen su origen en el funcionamiento de la misma. Una empresa de nueva creación no podría, por su propia naturaleza, verse enfrentada a este tipo de dificultades.

(74)

Una empresa de nueva creación puede, en cambio, verse enfrentada a pérdidas iniciales, dado que debe financiar inversiones y costes de funcionamiento que, inicialmente, pueden no estar cubiertos por los ingresos procedentes de sus actividades. Estos costes están asociados, sin embargo, al comienzo de la actividad de una empresa y no a su reestructuración. No pueden por tanto financiarse con ayudas a la reestructuración sin quitar a éstas su objetivo específico y su alcance limitado.

(75)

Esta limitación del ámbito de aplicación de las directrices sobre la reestructuración se aplica a las nuevas empresas resultantes de la liquidación de empresas preexistentes o de la adquisición de sus activos. En tales casos, la nueva empresa no absorbe, en principio, las deudas de sus antecesores, lo que significa que no se ve enfrentada a las dificultades descritas en las directrices sobre la reestructuración.

(76)

En la decisión de incoación, la Comisión dudaba que CMR pudiera beneficiarse de ayudas a la reestructuración, dado que parecía ser una empresa de nueva creación.

(77)

A este respecto, la Comisión tiene en cuenta, y Francia admite, que CMR representa una nueva entidad jurídica con una personalidad jurídica distinta de la de CMdR.

(78)

Además, la Comisión considera que CMR constituye una nueva entidad económica, distinta de CMdR. Es cierto que CMR sigue realizando una actividad económica del mismo tipo que CMdR (reparación naval). Ahora bien, es imposible concluir que CMR es la misma entidad económica que CMdR. Por el contrario, la Comisión considera que la adquisición marcó una ruptura de la continuidad entre las antiguas y las nuevas actividades, a pesar de que CMR adquiriera los activos y el fondo de existencias, así como el personal y algunas cargas vinculadas a la legislación sobre la seguridad social, y que opere en el mismo sector de actividades que CMdR. El hecho de que la adquisición no haya implicado la asunción de deudas vinculadas a las antiguas actividades da prueba de esta ruptura de continuidad. CMR no se encontraba pues en la misma situación financiera que CMdR. A este respecto, conviene precisar que las razones que originaron esta situación, es decir, el hecho de que el antecesor haya asumido las deudas, o el hecho de que no haya ninguna deuda, no tienen ninguna importancia en este caso. La situación efectiva de CMR en el momento en que comenzó a operar puede describirse como un nuevo comienzo. La ruptura de continuidad queda certificada también por el hecho de que no se continuó ningún trabajo en curso; todos los trabajos en curso se finalizaron y se pagó a los proveedores antes de que CMdR se declarara en quiebra.

(79)

Es necesario pues concluir que CMR es efectivamente una empresa de nueva creación.

(80)

De hecho, Francia no impugna esta conclusión. Alega no obstante que, aunque sea una empresa de nueva creación, CMR tiene dificultades que permiten asimilarla a una empresa existente, dado que la causa de estas dificultades es la absorción del personal y las correspondientes cargas sociales.

(81)

En cuanto a este argumento, la Comisión observa que CMR no presenta las características de una empresa en crisis en el sentido de las directrices sobre la reestructuración tal como se describen en el considerando 70. Se enfrenta simplemente a gastos normales de establecimiento y a pérdidas iniciales normales debido a que el proyecto de inversión apenas está comenzando.

(82)

Los costes de lanzamiento de una actividad comercial son inevitables y no están vinculados a la historia de la empresa. CMR habría debido soportar el mismo tipo de costes si sus accionistas hubieran decidido crear una empresa totalmente independiente de las actividades de reparación naval anteriores, hipótesis que implicaría inevitablemente costes de puesta en marcha, en particular para la compra de maquinaria, contratación y formación del personal, etc.

(83)

Más concretamente, la Comisión considera que la absorción del personal, con las mismas condiciones en cuanto a cualificación, remuneración y antigüedad, así como determinadas obligaciones sociales (vacaciones pagadas vencidas, jubilaciones de los afectados por el amianto) constituía una simple consecuencia jurídica de la legislación social francesa (15) (comparable en esto a la de muchos otros países), conocida por el inversor. En otros términos, esta absorción constituía una condición a la que se supeditaba la operación de adquisición de los activos. Además, al fijar el precio de compra se habrían tenido en cuenta todos los gastos asociados a los activos adquiridos.

(84)

Por otra parte, la Comisión tiene en cuenta que el personal absorbido por CMR forma parte del activo adquirido, y no constituye una carga. En efecto, esta absorción facilita la entrada de CMR en el mercado, en la medida en que le exonera de los costes vinculados a la contratación y a la formación de personal nuevo.

(85)

Francia alega también que CMR es una empresa en crisis porque ejerce el mismo tipo de actividad que CMdR y porque debe respetar las obligaciones impuestas por la legislación francesa sobre la seguridad social, que constituyen una carga heredada de CMdR.

(86)

Por último, Francia alega que las dificultades de CMdR se debían a la naturaleza de las actividades que ejercía. No obstante, tiene también en cuenta que la existencia de una única empresa de reparación naval en Marsella responde a las necesidades del mercado. Está claro que CMR es la única empresa de reparación de buques de este tipo en Marsella, tras el cierre de Marine Technologie y de Travofer. Por esta razón, el hecho de que CMR realice actividades de reparación naval no debería ser la causa de sus dificultades financieras y requerir una reestructuración.

(87)

En conclusión, la Comisión observa que CMR no absorbió el pasivo de CMdR de forma que se confirmara la continuación de la antigua actividad de reparación naval. CMR es una empresa de nueva creación, que no está en crisis en el sentido de las directrices sobre la reestructuración. La Comisión considera que las ayudas a la inversión podrían adaptarse mejor a otras posibles dificultades financieras que podría tener CMR.

(88)

Con arreglo a la práctica seguida por la Comisión tras la entrada en vigor de las directrices sobre la reestructuración en 1999, una empresa se considera «nueva» durante los dos años que siguen a su creación. A este respecto, la Comisión señala que CMR se creó el 20 de junio de 2002 como empresa nueva. La decisión jurídicamente vinculante de conceder la ayuda a CMR se adoptó el 26 de junio de 2002, es decir, a lo largo del período de dos años tras su creación.

(89)

La Comisión concluye que CMR no puede beneficiarse de ayudas a la reestructuración. En los considerandos que siguen, la Comisión examina si la información comunicada por Francia disipa las otras dudas emitidas por la Comisión en la decisión de incoación por lo que respecta a la adecuación de la ayuda a las otras condiciones aplicables a las ayudas a la reestructuración. Las conclusiones de la Comisión relativas a estas condiciones serían aplicables en el supuesto de que CMR no fuera una empresa de nueva creación, sino una empresa con dificultades financieras y en consecuencia susceptible de beneficiarse de ayudas a la reestructuración.

(90)

En aras de la exhaustividad, la Comisión señala que las medidas en cuestión no pueden calificarse como ayuda de salvamento. La norma relativa a la admisibilidad para las ayudas de salvamento es idéntica a la relativa a las ayudas a la reestructuración. De acuerdo con el apartado 7 de las directrices sobre la reestructuración, las empresas de nueva creación no pueden acogerse a las ayudas de salvamento. Por tanto, CMR, como empresa de nueva creación que no está en crisis en el sentido de las directrices sobre la reestructuración, no puede beneficiarse de este tipo de ayuda.

(91)

De conformidad con las directrices sobre la reestructuración, la concesión de la ayuda debe supeditarse a la aplicación de un plan de reestructuración que permita restablecer en un plazo razonable la viabilidad de la empresa a largo plazo, basándose en hipótesis realistas relativas a las condiciones de explotación futura que permitan a la empresa volar con sus propias alas. Este objetivo deberá lograrse principalmente mediante medidas internas, en particular, el abandono de actividades que seguirían siendo estructuralmente deficitarias incluso después de la reestructuración.

(92)

La Comisión tuvo dudas porque Francia no había descrito cuáles eran las dificultades estructurales que debía solucionar la reestructuración, sino que se había limitado a declarar que las dificultades de CMR derivaban esencialmente de la quiebra de CMdR. Por esta razón la Comisión dudaba que CMR tuviera tales dificultades y que el plan empresarial pudiera restablecer su viabilidad.

(93)

Francia explicó que las dificultades de CMR se debían a la política comercial de Cammell Laird, que había intentado reorientar las empresas de reparación naval de Marsella hacia la transformación naval. Esta reorientación había dado lugar a la pérdida de la clientela tradicional del sector de la reparación naval. Con el fin de ilustrar este hecho, Francia declaró que CMdR había seguido ejerciendo actividades de reparación naval, aunque de forma limitada, y que en el momento en que dejó de funcionar, su cartera de pedidos estaba completamente vacía.

(94)

La Comisión concluye que la dificultad a que se enfrenta CMR es la situación existente en el mercado de la reparación naval y que se caracteriza por una reducción de la demanda y por la necesidad de restablecer la credibilidad de esta actividad, que se ha visto perjudicada por la política aplicada por el operador anterior.

(95)

La Comisión concluye también que el plan empresarial notificado por Francia podría restablecer la viabilidad de CMR en un plazo razonable. No obstante, considera que el instrumento más adecuado para solucionar este tipo de dificultades es la ayuda a la inversión.

(96)

La Comisión duda también que CMR realice una reducción real e irreversible de su capacidad, tal como lo exige el artículo 5, apartado 1, segundo párrafo, del Reglamento sobre la construcción naval.

(97)

Esta reducción de la capacidad debe guardar relación con el importe de la ayuda concedida, las instalaciones cerradas deben haberse utilizado de manera regular para actividades de construcción, reparación o transformación navales hasta la fecha de notificación de la ayuda y deben permanecer cerradas durante al menos diez años a partir de la fecha de aprobación de la ayuda por la Comisión. Además, no se tendrán en cuenta las reducciones de capacidad que se hayan llevado a cabo en otras empresas del mismo Estado miembro, a menos que resulte imposible proceder a tales reducciones en la empresa beneficiaria sin menoscabar la viabilidad del plan de reestructuración. Por último, el alcance de la reducción de capacidad necesaria se determinará en función del nivel de producción efectiva durante los cinco años anteriores a la reestructuración.

(98)

En primer lugar, por lo que se refiere al argumento de Francia según el cual la reducción de capacidad se realizará gracias al cierre de los otros dos astilleros de reparación naval de Marsella (Marine Technologie y Travofer), la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre la construcción naval, no se tendrán en cuenta estos cierres, dado que afectan a empresas que no son del beneficiario, a menos que resulte imposible proceder a tales reducciones sin menoscabar la viabilidad del plan de reestructuración.

(99)

En este caso concreto, Marine Technologie y Travofer son entidades jurídicamente distintas de CMR y su cierre es el resultado de un acontecimiento independiente de ésta, es decir, la quiebra de su empresa matriz, Cammell Laird. Además, Francia no ha afirmado que una reducción de la capacidad menoscabaría la viabilidad del plan empresarial de CMR.

(100)

Por esta razón, la Comisión no puede admitir este argumento como justificativo de una reducción de la capacidad de CMR.

(101)

En segundo lugar, se plantearon otras cuestiones distintas, que podrían tener importancia a la hora de resolver la cuestión de las distorsiones indebidas de la competencia (véanse los considerandos 48 a 51).

(102)

La Comisión observa en primer lugar que las directrices sobre la reestructuración eximen en principio a las PYME de la necesidad impuesta a los beneficiarios de una ayuda de reducir las consecuencias desfavorables de la ayuda para los competidores, salvo disposiciones contrarias de las normas sobre ayudas estatales en un sector particular. Ahora bien, tales normas existen en el Reglamento sobre la construcción naval, que no prevé tal exención para las PYME.

(103)

Del mismo modo, el hecho de que otras empresas de reparación naval de la región no compitan con CMR no es decisivo. El Reglamento sobre la construcción naval supone que las ayudas a la reestructuración concedidas en este sector tienen una incidencia sobre la competencia y no permite ninguna flexibilidad en función de la situación concreta del mercado, contrariamente al apartado 36 de las directrices sobre la reestructuración. El beneficiario se ve obligado a adoptar medidas que le permitan reducir sus capacidades, proporcionalmente a la ayuda concedida. Estas normas más estrictas relativas a la construcción naval se justifican por el exceso de capacidad que caracteriza al sector. La reparación naval, que es otro sector sensible, está sujeta a las mismas normas y principios que la construcción naval, por las mismas razones de exceso de capacidad.

(104)

Por último, la Comisión tiene en cuenta que la plantilla de CMdR era de 310 personas en 1996, momento en el que comenzaron sus dificultades. En el momento de la adquisición de los activos de CMdR por CMR, la plantilla estaba compuesta por 132 personas. Esta reducción de personal tuvo lugar en CMdR y fue anterior a la concesión de la ayuda a la reestructuración a CMR. No puede por tanto considerarse como una medida dirigida a reducir las distorsiones de competencia.

(105)

En cuanto al argumento según el cual las capacidades se verían reducidas gracias a las jubilaciones de los afectados por el amianto, la información más reciente (enero de 2004) indica que se trata de 58 personas durante el período 2002-2004. No obstante, queda claro que al menos parte de estas personas (30, según la carta del 6 de marzo de 2003) serán sustituidas.

(106)

Todos estos datos no permitieron disipar las dudas de la Comisión en cuanto al hecho de que CMR hubiera realizado una reducción real e irreversible de sus capacidades, proporcional al nivel de la ayuda concedida. No obstante, aunque CMR podría beneficiarse de una ayuda en calidad de empresa en crisis, esta ayuda no habría sido compatible con el Reglamento sobre la construcción naval.

(107)

Con arreglo a las directrices sobre la reestructuración, el importe y la intensidad de la ayuda deben limitarse al estricto mínimo necesario para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras de la empresa. Los beneficiarios de la ayuda deben contribuir de manera importante al plan de reestructuración con sus propios recursos o mediante una financiación exterior obtenida en las condiciones del mercado.

(108)

La Comisión dudaba que se cumpliera esta condición, en la medida en que los recursos financieros disponibles, privados y públicos, eran superiores a las necesidades declaradas. Francia había respondido que el importe de las ayudas públicas y privadas, a saber, 5 930 000 EUR, cubría, por un lado, los costes de reestructuración (3 649 494 EUR) y, por otro lado, la parte de las necesidades de capital de explotación que exceden de las necesidades de la reestructuración.

(109)

A este respecto, la Comisión había planteado la cuestión de la determinación del equivalente de subvención neto del préstamo concedido a CMR. La Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización dispone que el tipo de referencia puede aumentarse en situaciones de riesgo particular. La Comisión concluye que si CMR tiene dificultades que requieren una reestructuración, que es el argumento que Francia defiende y con el que la Comisión no está de acuerdo, existiría efectivamente un riesgo particular. Ninguna entidad privada concedería a CMR un préstamo en las condiciones en cuestión, es decir, sin intereses y sin ninguna garantía. Por esta razón, la totalidad del préstamo constituye una ayuda. El importe total de la ayuda sería pues de 3 490 000 EUR.

(110)

Las necesidades de financiación declaradas correspondientes a la reestructuración ascienden a 3 649 494 EUR. La ayuda asciende a 3 490 000 EUR, y la ayuda privada aportada por el beneficiario a la reestructuración es de 159 494 EUR. La aportación del beneficiario no es importante, contrariamente a lo que exigen las directrices sobre la reestructuración.

(111)

La Comisión concluye que incluso si CMR fuera una empresa en crisis susceptible de beneficiarse de una ayuda a la reestructuración, no se cumple el criterio de proporcionalidad y la ayuda no es por tanto compatible con las directrices sobre la reestructuración.

(112)

En la decisión de incoación, la Comisión examinó las medidas a la luz de las directrices sobre la reestructuración adoptadas en 1999. Francia no impugnó este enfoque en su respuesta a dicha decisión. Cabe señalar que el Reglamento sobre la construcción naval hace referencia, en su artículo 5, a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 1994 (16) (en lo sucesivo denominadas «directrices sobre la reestructuración de 1994»), que fueron sustituidas en 1999 por las nuevas directrices sobre la reestructuración. La Comisión considera no obstante que incluso si se aplicaran las directrices sobre la reestructuración de 1994, el razonamiento anterior sería el mismo. En primer lugar, una empresa de nueva creación no puede, por su propia naturaleza, ser una empresa en crisis. Aunque son menos explícitas, las directrices sobre la reestructuración de 1994, en particular en su definición de empresas en crisis, se destinan claramente al salvamento y a la reestructuración de las empresas existentes, y no de las empresas de nueva creación. En segundo lugar, el criterio relativo a la limitación de la ayuda al mínimo ya existía en las directrices sobre la reestructuración de 1994 (17), y no se cumple en el presente asunto.

(113)

Por tanto, en aplicación de las directrices sobre la reestructuración de 1994, la ayuda no sería compatible.

(114)

Las condiciones de compatibilidad de las ayudas regionales a la inversión con el mercado común se enuncian en el artículo 7 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval. En primer lugar, las medidas deben referirse a una región contemplada en el artículo 87, apartado 3, letras a) o c), del Tratado. En segundo lugar, la intensidad de la ayuda no puede exceder del límite máximo fijado por este Reglamento. En tercer lugar, debe tratarse de ayudas concedidas para inversiones en la mejora y modernización de astilleros, con el fin de mejorar la productividad de las instalaciones existentes. En cuarto lugar, la ayuda no podrá estar vinculada a una reestructuración financiera del astillero en cuestión. En quinto lugar, las ayudas deberán limitarse a contribuir al gasto subvencionable que se define en las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional (18) (en lo sucesivo denominadas «directrices regionales»).

(115)

La región de Marsella es una zona que puede beneficiarse de ayudas en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. De acuerdo con el Reglamento sobre la construcción naval y en virtud del mapa de ayudas regionales aprobado por la Comisión, la intensidad de las ayudas para esta región no puede exceder del 12,5 % neto (19).

(116)

De acuerdo con el apartado 4.5 de las directrices regionales, los gastos que pueden beneficiarse de ayudas son un conjunto uniforme de gastos en el que se incluyen los elementos de la inversión siguientes: terreno, edificio y equipamiento. De acuerdo con el apartado 4.6 de dichas directrices, los gastos subvencionables también podrán incluir determinadas categorías de inversiones inmateriales.

(117)

En su carta de 29 de junio de 2004, Francia describía las inversiones de CMR que podían beneficiarse de ayudas regionales: existencias, inversiones en equipamientos y edificios. Puesto que cubren gastos de explotación, los gastos relativos a las existencias no pueden beneficiarse de ayudas a la inversión inicial. La Comisión describe en el cuadro 5 los gastos que considera susceptibles de beneficiarse de una ayuda a la inversión inicial.

Cuadro 5

Gastos (20) susceptibles de beneficiarse de una ayuda a la inversión regional

(118)

La Comisión admite que estas inversiones contribuyen a la realización de los objetivos del plan empresarial de CMR tal como se describen en el considerando 20, y en consecuencia a la actualización y modernización del astillero con el fin de aumentar la productividad. Estas inversiones corresponden por otro lado a un conjunto uniforme de gastos: inversiones en edificios (punto 5 del cuadro 5) e inversiones en equipamientos (puntos 1 a 4 del cuadro 5).

(119)

En conclusión, los gastos totales subvencionables por ayudas regionales a la inversión ascienden a 421 108 EUR (401 152 EUR en valor actualizado, año de base 2002, tipo de actualización 5,06 %).

(120)

La intensidad de ayuda máxima admisible es del 12,5 % neto [lo que corresponde en este caso al 18,9 % bruto (21)]. La ayuda admisible asciende por tanto a 75 737 EUR.

(121)

La Comisión concluye que la ayuda en favor de CMR puede autorizarse parcialmente como ayuda a la inversión inicial hasta un importe total de 75 737 EUR.

(122)

La Comisión observó que algunos de los gastos que CMR presenta en su plan empresarial se refieren a la formación. La ayuda se concedió después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (22) (en lo sucesivo denominado «Reglamento sobre las ayudas a la formación»).

(123)

La Comisión adoptó el Reglamento sobre las ayudas a la formación, habilitada a tal efecto por el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (23). El Reglamento sobre las ayudas a la formación modifica, en calidad de ley posterior, el Reglamento sobre la construcción naval, que no prevé en sí la posibilidad de conceder ayudas a la formación en favor de la construcción naval. El Reglamento sobre las ayudas a la formación dispone, en su artículo 1, que se aplica a las ayudas a la formación concedidas en todos los sectores, lo que supone que se aplica también al sector de la construcción naval.

(124)

El Reglamento sobre las ayudas a la formación dispone que las ayudas individuales serán compatibles con el mercado común si cumplen todas las condiciones previstas por el mismo, a saber, no exceder la intensidad de ayuda máxima admisible y cubrir los costes subvencionables con arreglo al artículo 4, apartado 7.

(125)

Francia describió las necesidades de formación de CMR como de formación específica para 20 trabajadores al año en CMR y 50 trabajadores al año en los subcontratistas de CMR. La Comisión observa que el artículo 2 del Reglamento sobre las ayudas a la formación define la formación específica como la formación que incluye una enseñanza teórica y práctica aplicable directamente en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, es decir, CMR. Los trabajadores de los subcontratistas de CMR no reciben en CMR formación para las funciones de su puesto y no pueden pues beneficiarse de la ayuda a la formación concedida a la empresa. Por otra parte, Francia no proporcionó a la Comisión ninguna garantía de que la parte de ayuda destinada a la formación de los subcontratistas de CMR se transmitirá en su totalidad a estos subcontratistas, al ser CMR sólo el vehículo de esta ayuda. Por estos motivos, la Comisión no puede considerar esta ayuda como una ayuda indirectamente concedida a los subcontratistas de CMR. Dado que Francia no ha respondido a la pregunta de la Comisión sobre la distribución de los gastos de formación entre los trabajadores de CMR y los de los contratantes de CMR, la Comisión determinará los costes subvencionables de manera proporcional.

(126)

Los gastos totales de formación declarados por Francia ascienden a 896 000 EUR. Proporcionalmente, los gastos relativos a los 20 trabajadores de CMR representan 256 000 EUR. La Comisión considera que estos gastos pueden beneficiarse de una ayuda a la formación.

(127)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento sobre las ayudas a la formación, en el caso de pequeñas y medianas empresas situadas en regiones que reúnan las condiciones para ser beneficiarias de ayudas regionales en aplicación del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, la intensidad de ayuda no podrá exceder del 40 % para proyectos de formación específica.

(128)

En consecuencia, el importe total de las ayudas a la formación asciende a 102 400 EUR.

(129)

La Comisión concluye que la ayuda en favor de CMR podrá autorizarse parcialmente como ayuda a la formación hasta un total de 102 400 EUR.

(130)

La Comisión concluye que Francia aplicó ilegalmente una ayuda de un importe de 3 490 000 EUR en violación del artículo 88, apartado 3, del Tratado. Previa evaluación de esta ayuda, la Comisión concluye que la misma, en tanto que ayuda a la reestructuración de CMR, es incompatible con el mercado común, ya que no cumple las condiciones previstas por el Reglamento sobre la construcción naval y las directrices sobre la reestructuración. No obstante, la Comisión considera que esta ayuda es parcialmente compatible con el mercado común como ayuda regional a la inversión según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre la construcción naval y como ayuda a la formación según lo dispuesto en el Reglamento sobre las ayudas a la formación. Deberá recuperarse la diferencia entre el importe ya pagado (3 490 000 EUR) y el importe compatible (75 737 EUR + 102 400 EUR = 178 137 EUR), lo que representa 3 311 863 EUR.

a)

75 737 EUR son compatibles con el mercado común como ayuda regional a la inversión con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra e), del Tratado;

b)

102 400 EUR son compatibles con el mercado común como ayuda a la formación con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado;

c)

3 311 863 EUR son incompatibles con el mercado común.