4.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 31/44

(1)

Tras la publicación en la prensa de una información según la cual Francia había adoptado medidas financieras destinadas a apoyar las actividades de reparación naval del puerto de Le Havre, la Comisión pidió explicaciones a las autoridades francesas por carta de 21 de diciembre de 2001. Por carta de 15 de marzo de 2002, registrada el 19 de marzo de 2002, Francia informó a la Comisión de que las autoridades públicas habían prestado ayuda financiera a una empresa de reparación naval, la Société de Réparation Navale et Industrielle (Soreni). La medida se registró como ayuda no notificada (NN 53/2002), puesto que se concedió antes de que se proporcionase la información y, además, en diciembre de 2001 ya se había abonado un importe de 1 720 000 EUR.

(2)

Por carta de 4 de abril de 2002, la Comisión pidió información complementaria a Francia. Ésta contestó por correo con fecha de 3 de junio de 2002, que se registró el día siguiente.

(3)

Mediante carta de 12 de agosto de 2002, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado relativo a esta medida. El asunto se registró con el número C 55/2002. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (2) y se invitó a las partes interesadas a presentar observaciones.

(4)

Francia presentó sus observaciones por carta con fecha de 1 de octubre de 2002, que se registró al día siguiente. El Reino Unido presentó observaciones por carta con fecha de 16 de octubre de 2002, que se registró el 24 de octubre de 2002. Las observaciones del Reino Unido se comunicaron a Francia y se dio a ésta la posibilidad de expresar su reacción.

(5)

Mediante carta del 4 de noviembre de 2002, la Comisión planteó a Francia preguntas complementarias. Francia expuso sus respuestas y observaciones por carta con fecha de 14 de enero de 2003, que se registró el mismo día. Francia comunicó información complementaria por carta con fecha de 2 de octubre de 2003, registrada el día siguiente, y por carta del 10 de octubre de 2003, registrada el mismo día. La Comisión planteó nuevas preguntas complementarias a Francia por carta del 21 de noviembre de 2003 y ésta contestó por carta con fecha de 29 de diciembre de 2003, registrada el 8 de enero de 2004, y por carta del 29 de enero de 2004, que se registró el mismo día.

(6)

La beneficiaria del apoyo financiero es Soreni, una empresa de reparación naval situada en el puerto de Le Havre, es decir, en una región que puede beneficiarse de ayudas en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Soreni se creó el 1 de noviembre de 2001 para adquirir los activos de tres empresas de reparación naval, como se explica a continuación.

(7)

El astillero Ateliers et chantiers du Havre — Construction navale (ACH-CN), situado en el puerto de Le Havre, tuvo que cerrar en 2000 como consecuencia de su quiebra. ACH-CN fue beneficiaria de ayudas al cierre aprobadas por la Comisión en su Decisión 2002/132/CE (3). Tres filiales de ACH-CN que ejercían actividades de reparación naval (SIREN, TMTM y MECA HELIX, en lo sucesivo denominadas «las tres filiales») sobrevivieron, pero al poco tiempo tuvieron que hacer frente a dificultades económicas imputables a la pérdida de las subcontratas que anteriormente les concedía ACH-CN y a la pérdida de confianza de los armadores.

(8)

En 2001, doce subcontratistas locales de las tres filiales decidieron crear conjuntamente una nueva empresa, Soreni, para adquirir las actividades de reparación naval de las tres filiales.

(9)

Los doce subcontratistas locales presentaron la oferta de adquisición el 24 de agosto de 2001. Soreni se creó el 1 de noviembre de 2001 y el 9 del mismo mes adquirió los activos de las tres filiales. Soreni compró los activos al precio de 1 001 EUR (es decir, 1 000 EUR para las existencias y un euro simbólico para los activos). Según Francia, tras el fracaso de las negociaciones con un inversor extranjero, ocurrido poco tiempo antes aquel mismo año, no había más oferta que la de Soreni.

(10)

Inicialmente, las autoridades francesas indicaron a la Comisión que, en el momento de la recompra, las tres filiales estaban en situación de arreglo judicial tras suspensión de pagos. En una carta del 29 de diciembre de 2003, Francia rectificó esta información y especificó que la adquisición de los activos se había llevado a cabo fuera del marco del arreglo judicial tras suspensión de pagos y que, en diciembre de 2003 las tres filiales ya no existían sino como cáscaras vacías para los litigios en curso y los créditos por recuperar, y no ejercían actividad económica alguna.

(11)

Con arreglo a la legislación social francesa relativa al cese de empresas (segundo apartado del artículo L 122-12 del código laboral francés), Soreni tenía que asumir todos los contratos laborales de las tres filiales, cuyas condiciones en términos de calificación, remuneración y antigüedad debían mantenerse. Motivo éste por el que, según las autoridades francesas, Soreni contrató a 127 trabajadores de las tres filiales. Soreni también debía asumir los costes laborales por importe de 318 164 EUR, contraídos antes de la adquisición en concepto de jubilación anticipada de los trabajadores expuestos al amianto.

(12)

La Comisión observa que, a 14 de enero de 2003, el personal se había reducido a 117 trabajadores, de los cuales 99 constituían la mano de obra productiva. Francia indicó que, durante los seis años anteriores a la adquisición, la mano de obra productiva había disminuido el 47 %, pasando de un total de 188 trabajadores en las tres filiales en 1997 a los 99 de Soreni en 2002.

(13)

El plan de empresa se estableció en 2001. La viabilidad de Soreni debía garantizarse mediante un plan de empresa de cinco años de duración. Según Francia, los problemas de Soreni se debían en primer lugar a las dificultades de sus accionistas ocasinadas por su dependencia como subcontratistas, durante el período anterior, de las tres filiales. En segundo lugar, al parecer Soreni había heredado costes y dificultades vinculadas a los activos adquiridos, es decir que debía asumir todos los contratos de trabajo, la financiación de las jubilaciones anticipadas debidas a la exposición al amianto, así como la necesidad de adaptar las instalaciones de producción y de racionalizar la actividad. Puesto que Soreni reemprendía la actividad de reparación naval, casi con toda seguridad iba a tener que hacer frente a problemas similares a los encontrados por las tres filiales: dificultad de obtener subcontratas para una empresa de construcción naval de Le Havre (como ACH-CN), pérdida de mercados en general y pérdida de credibilidad del sector de reparación naval de Le Havre en general.

(14)

Según Francia, el plan de empresa de cinco años de duración, que dicho país califica de plan de reestructuración, tiene por objeto solucionar estos problemas mediante la adopción de tres paquetes de medidas. El primero consiste en adaptar las instalaciones de producción invirtiendo para ello en la reparación de los edificios, el transporte y el utillaje portátil (inversiones cuantificadas en la parte 1 del cuadro 1). El segundo paquete de medidas consiste en reorganizar la política comercial de la empresa. Francia afirma que la política comercial de la empresa se centrará a la vez en los armadores locales y en los mercados nacionales e internacionales. En términos generales, el objeto de esta política es recuperar la confianza de los clientes que habían mantenido relaciones comerciales con las tres filiales. Soreni piensa alcanzar este objetivo, por una parte, contratando nuevos ejecutivos y, por otra, adquiriendo nuevas tecnologías que le permitan diversificar sus actividades y, por consiguiente, responder a un abanico más amplio de necesidades. Los costes de este segundo paquete de medidas se describen en la parte 2 del cuadro 1. El tercer paquete de medidas se centra en la reorganización de la producción según dos enfoques: gestión de materiales, existencias y pedidos (racionalización e informatización) y formación del personal. Los costes de este tercer paquete de medidas se describen en la parte 3 del cuadro 1.

(15)

Por otra parte, Francia considera que tanto los costes asumidos de las tres filiales correspondientes a la jubilación anticipada de los trabajadores que habían estado expuestos al amianto, como los salarios de los tres primeros meses siguientes a la adquisición, son costes de reestructuración. Según Francia, estos tres meses corresponden al período necesario para obtener los primeros contratos. Dichos costes se describen en la parte 4 del cuadro 1.

CUADRO 1

Costes declarados en concepto de reestructuración de Soreni

(16)

Los costes totales supuestamente necesarios para el lanzamiento de Soreni ascienden, por lo tanto, a 6 495 164 EUR.

(17)

Según las autoridades francesas, este plan se basa en hipótesis realistas del volumen de negocios que reflejan la demanda, tanto existente como potencial, de reparación naval en Le Havre. Francia argumenta que las tres filiales disponían de competencias reconocidas en el sector de la reparación naval y que sus empleados, actualmente contratados por Soreni, disponen de un acervo de conocimientos y calificaciones inestimables para la empresa. Francia observa, asimismo, que el plan de empresa de Soreni y el del posible inversor extranjero eran similares, lo que constituye un indicio de que la estimación es realista. Las relaciones personales del presidente de Soreni deberían constituir una baza positiva para la prospección. En opinión de Francia, hay que considerar las actividades de reparación naval de Soreni en el contexto del desarrollo del puerto de Le Havre.

(18)

Según las autoridades francesas, el importe 6 495 164 EUR que Soreni necesita debería financiarse mediante subvenciones y préstamos concedidos por los organismos públicos y privados que se designan en el cuadro 2. El 28 de septiembre de 2001, Francia adoptó una decisión preliminar relativa a la concesión de ayuda pública a Soreni, es decir, con posterioridad a la presentación de la oferta de adquisición de las tres filiales pero antes de la creación de Soreni y antes de que la cesión fuera efectiva. El 29 de noviembre de 2001 se adoptó una decisión jurídicamente vinculante relativa a la concesión de la ayuda.

(19)

El Estado francés concedió a Soreni una subvención por importe de 3 430 000 EUR. De este importe, en septiembre de 2003 ya se habían pagado dos tramos a Soreni, uno de 1 720 000 EUR y otro de 730 000 EUR.

(20)

La Asamblea regional de Alta Normandía, el Consejo departamental del Sena Marítimo y el municipio de Le Havre aportan a Soreni una subvención por importe de 380 000 EUR cada uno. Del importe total de 1 140 000 EUR, en septiembre de 2003 ya se habían abonado a Soreni 1 070 997 EUR.

(21)

Las contribuciones privadas se describen como una aportación de capital de los accionistas de Soreni (462 000 EUR) y de préstamos bancarios (1 300 000 EUR) con una función de seguridad en forma de cesión del fondo de operaciones.

CUADRO 2

Medidas financieras relacionadas con la reestructuración de Soreni

(22)

Según las autoridades francesas, el desarrollo del puerto de Le Havre requiere actividades de reparación naval, que podrían garantizarle un nivel de actividad estable. Francia alega que las medidas en cuestión tendrán un efecto limitado en la competencia gracias a tres factores. En primer lugar, el plan de reestructuración implica reducciones de la plantilla. En segundo lugar, como principales clientes (5) de Soreni para los mercados nacionales e internacionales, Francia designa a ARNO, en Dunquerque, y a Sobrena, en Brest. En cambio, al parecer, estas dos empresas no son competidoras de Soreni entre la clientela local. En este contexto, Francia declara que los clientes locales generan entre el 40 y el 45 % del volumen de negocios de Soreni. Por consiguiente, el grado de interferencia entre ésta y sus principales competidores debiera ser reducido. En tercer lugar, Soreni es una PYME con arreglo a la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (6).

(23)

En la decisión de incoar el procedimiento formal de examen (en lo sucesivo denominada «decisión de incoar el procedimiento»), las medidas en cuestión se apreciaron con arreglo al Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval (7) (en lo sucesivo denominado «Reglamento sobre construcción naval»), así como a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (8) (en adelante denominadas «Directrices de reestructuración»).

(24)

En la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión emitió dudas en cuanto a la posibilidad de autorizar las medidas financieras en cuestión en concepto de ayudas de reestructuración por considerar, por una parte, que Soreni parece ser una empresa de creación reciente, resultado de la liquidación de las tres filiales y, por otra, habida cuenta del punto 7 de las Directrices de reestructuración según el cual, aunque su posición financiera inicial sea precaria, una empresa de creación reciente no es subvencionable mediante ayudas de salvamento y reestructuración.

(25)

La Comisión también emitió dudas en cuanto a la capacidad del plan de empresa de Soreni de situar a la empresa en una posición viable a largo plazo en un lapso de tiempo razonable y sobre la base de hipótesis realistas, como establecen las Directrices de reestructuración. La Comisión consideró, en particular, que el plan que las autoridades francesas presentaron no incluía ni un estudio de mercado ni estimaciones provisionales de ventas y costes para los próximos años.

(26)

La Comisión observó, además, que el inversor extranjero mencionado en el considerando 9 había renunciado a proseguir las actividades de reparación naval basándose en un plan similar. Por último, la Comisión planteó la cuestión de si la contribución financiera de las fuentes públicas de financiación se limita a lo mínimo indispensable para permitir la ejecución del plan de empresa, y si la cuantía de la contribución del beneficiario es tan sustanciosa como exigen las Directrices de reestructuración.

(27)

El Reino Unido formuló los siguientes comentarios. En primer lugar, indicó que le costaba entender que el paquete de medidas pudiera considerarse como una ayuda a la reestructuración ya que el astillero seguirá ejerciendo la misma actividad que sus antecesores, al parecer sin reducción significativa de capacidad o de plantilla. En segundo lugar, el Reino Unido considera que determinadas inversiones y costes no pueden tenerse en cuenta para la concesión de ayudas a la reestructuración. En tercer lugar, el Reino Unido observa que Soreni es un competidor directo de la industria británica de reparación naval.

(28)

En su reacción a la decisión de incoar el procedimiento, Francia proporcionó información complementaria y presentó los siguientes comentarios.

(29)

En cuanto a la cuestión de saber si Soreni es una empresa que puede beneficiarse de ayudas a la reestructuración, Francia alegó que, a pesar de tratarse de una nueva entidad jurídica, en realidad Soreni representa la continuidad de las actividades de reparación naval anteriores y que, por consiguiente, debe poder beneficiarse de ayudas a la reestructuración. Para justificar este punto de vista, Francia alegó que la recompra de los activos, del tipo de actividad y del fondo de comercio de las tres filiales, así como de sus recursos materiales y humanos y, en particular, los costes derivados de la legislación sobre seguridad social (jubilación anticipada de trabajadores expuesto al amianto), permite asimilar Soreni a las tres filiales, es decir a una sociedad existente.

(30)

Además, Francia mantiene que aunque Soreni debe considerarse como una empresa nueva, no por ello deja de ser una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de reestructuración, debido a los costes (contratos laborales, jubilación anticipada de trabajadores expuestos al amianto) y a las dificultades relacionadas con los activos (racionalización y adaptación necesarias de los medios de producción).

(31)

En cuanto a las dudas relacionadas con la viabilidad del plan de empresa y, en particular, la falta de información sobre el mercado, Francia describe el mercado en el que actua Soreni como un mercado que incluye las siguientes actividades: trabajos de escala para averías menores, mantenimiento preventivo y reparaciones de gran envergadura. Según las autoridades francesas, los principales competidores de Soreni —ARNO en Dunquerque y Sobrena en Brest—, compiten con Soreni para la clientela nacional e internacional, pero no para los clientes locales que representan entre el 40 y el 45 % del volumen de negocios de la empresa. Alegan, asimismo, que la existencia de una actividad de reparación naval en un puerto del tamaño de Le Havre es un elemento indispensable para el correcto funcionamiento del puerto. Según las autoridades francesas, al ser la única empresa de reparación naval de Le Havre, la existencia de Soreni es vital para el puerto.

(32)

Para ilustrar la viabilidad del plan de empresa, las autoridades francesas facilitaron una estimación provisional del volumen de negocios y de los costes relativos al período de cinco años durante el cual debería aplicarse el plan de reestructuración. Estos datos figuran en el cuadro 3.

CUADRO 3

Estimación del volumen de negocios y de los costes de Soreni

(33)

Francia declaró, además, que los motivos por los que el inversor extranjero renunció a adquirir las actividades de las tres filiales eran ajenos a la calidad del plan de empresa. Al parecer, dichos motivos se basaron en la dificultad de conseguir alcanzar acuerdos con los trabajadores y con las autoridades portuarias, así como en problemas financieros del propio inversor.

(34)

En cuanto a la proporcionalidad de las medidas en cuestión, las autoridades francesas afirman que el importe corresponde al mínimo necesario para reactivar las actividades de reparación naval en Le Havre. Francia observa que conviene apreciar la contribución de los accionistas de Soreni teniendo en cuenta que ellos mismos atraviesan una situación financiera difícil.

(35)

Además, Francia pidió a la Comisión que, en caso de que la ayuda no fuese compatible en aplicación de las Directrices de reestructuración, se examinase la compatibilidad de las medidas financieras en cuestión con el mercado común directamente sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Las autoridades francesas alegan que la actividad de reparación naval es esencial para el buen funcionamiento del puerto de Le Havre ya que es necesaria para asegurar la recepción de buques, el mantenimiento de los buques indispensables para la actividad del puerto, de los servicios relacionados con la seguridad marítima y con el turismo (reparación de embarcaciones de recreo). Francia alega también que mantener la reparación naval en Le Havre representa un interés para la Comunidad puesto que es acorde con la política común de transportes, que favorece el transporte marítimo. Por último, las autoridades francesas destacan las razones históricas y estratégicas que justifican el mantenimiento de las actividades de reparación naval en el puerto de Le Havre.

(36)

Según el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(37)

En primer lugar, la subvención de 3 430 000 EUR concedida a Soreni por el Estado francés constituye una ventaja financiera concedida mediante recursos estatales. Además, el criterio de los recursos estatales también se aplica a las ventajas económicas concedidas por entidades regionales o locales de los Estados miembros. Por consiguiente, el primer criterio de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado también se cumple en lo referente a las subvenciones (por importe de 380 000 EUR cada una) concedidas a Soreni por la región de Alta Normandía, el departamento del Sena Marítimo y el municipio de Le Havre.

(38)

En segundo lugar, como las subvenciones en cuestión se destinaban a una empresa precisa, Soreni, se cumple el criterio de selectividad que condiciona la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(39)

En tercer lugar, las medidas financieras en cuestión otorgan a Soreni una ventaja económica que el sector privado no le habría concedido. Por consiguiente, estas medidas, por su propia naturaleza, pueden falsear la competencia.

(40)

En cuarto lugar, el criterio según el cual la medida debe afectar a los intercambios comerciales también se cumple, puesto que el beneficiario ejerce una actividad económica que implica intercambios comerciales entre Estados miembros. Este es, en efecto, el caso de las actividades de reparación naval que ejerce Soreni. Las autoridades francesas no impugnan este aspecto, ya que se limitan a aducir que los «principales» competidores de Soreni son franceses, mientras que las del Reino Unido lo confirman de modo contundente al observar que Soreni es un competidor directo de la industria británica de reparación naval.

(41)

La Comisión concluye que todas las subvenciones concedidas a Soreni, tal como se describen en la parte II, constituyen ayudas estatales con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(42)

La Comisión observa, asimismo, que Francia no se ajustó a la obligación que le incumbe, con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado, de informar a la Comisión, a su debido tiempo, de sus proyectos de concesión de ayuda de modo que ésta pueda presentar sus observaciones. Por lo tanto, la ayuda se considera ilegal.

(43)

Como Soreni opera en el sector de la reparación naval, las ayudas que se le conceden para apoyar sus actividades pertenecen al ámbito de aplicación de las normas especiales sobre las ayudas estatales aplicables a la construcción naval. Desde le 1 de enero de 2004, estas normas figuran en el marco de las ayudas estatales a la construcción naval, que sustituye al Reglamento sobre construcción naval (9). Sin embargo, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la valoración de las ayudas estatales ilícitas (10), éstas, es decir, las ayudas ejecutadas en infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, se apreciarán según los criterios de fondo establecidos en todo instrumento en vigor en la fecha de su concesión. El Reglamento sobre construcción naval es, por lo tanto, aplicable. Para ser exhaustivos, conviene precisar que tanto si la Comisión aplica el Reglamento sobre construcción naval como el Marco de las ayudas estatales a la construcción naval que lo sustituyó, esta circunstancia no afecta en modo alguno las conclusiones relativas a la valoración de compatibilidad, ya que los criterios sustanciales para la valoración de las ayudas de salvamento y reestructuración, para las ayudas regionales y para las ayudas a la formación son idénticos (11). El artículo 2 del Reglamento sobre construcción naval estipula que las ayudas concedidas a la reparación naval sólo se consideran compatibles con el mercado común si cumplen las disposiciones de dicho Reglamento.

(44)

Según Francia, el objeto de la ayuda en cuestión es la reestructuración de las actividades de Soreni. Las ayudas a la reestructuración de empresas activas en el sector de la reparación naval pueden considerarse compatibles con el mercado común siempre y cuando se ajusten al artículo 5 del Reglamento sobre construcción naval, que hace referencia a las Directrices de reestructuración a la par que enuncia las condiciones específicas aplicables al sector de la construcción naval.

(45)

La Comisión examinó por lo tanto la cuestión de saber si se cumplían los criterios establecidos por las Directrices de reestructuración.

(47)

Según las Directrices de reestructuración, para poder beneficiarse de ayudas a la reestructuración, la empresa en cuestión deberá poder ser considerada como una empresa en crisis con arreglo a dichas Directrices. Aunque no exista una definición comunitaria concreta, la Comisión considera que una empresa está en crisis cuando con sus propios recursos financieros o con los recursos que están dispuestos a aportarle sus propietarios o accionistas y sus acreedores es incapaz de frenar las pérdidas que, a falta de intervención exterior de las autoridades públicas, la conducen a una muerte económica prácticamente inevitable a corto o a medio plazo (punto 4 de las Directrices de reestructuración). Los síntomas habituales de crisis son el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto.

(48)

No obstante, el punto 7 de las Directrices de reestructuración estipula que una empresa de creación reciente no es seleccionable para las ayudas a la reestructuración, aunque su posición financiera inicial sea precaria. Tal es el caso especialmente si la empresa de creación reciente ha surgido de la liquidación de otra empresa anterior o de la absorción de sus activos.

(49)

La exclusión de las empresas de creación reciente del derecho a beneficiarse de ayudas a la reestructuración se justifica por el principio según el cual la creación de una empresa debe ser el fruto de una decisión inducida por la situación del mercado. Por consiguiente, una empresa no debe ser creada si no tiene ninguna oportunidad de ejercer su actividad en el mercado en cuestión o, dicho de otra manera, si no ha sido capitalizada y viable desde el principio.

(50)

Una nueva sociedad no puede beneficiarse de ayudas a la reestructuración puesto que, aunque obviamente es posible que encuentre dificultades para empezar, es imposible que tenga que hacer frente a las dificultades que se describen en las Directrices de reestructuración. Estas dificultades, que se describen en el considerando 47, son inherentes a la historia de la sociedad, ya que tienen su origen en su propio funcionamiento. Por naturaleza propia, no es posible que una empresa nueva tenga que hacer frente a este tipo de dificultades.

(51)

En cambio, una empresa nueva puede tener que hacer frente a pérdidas en sus comienzos, ya que deberá financiar inversiones y costes de funcionamiento que inicialmente quizás no estén cubiertos por los ingresos devengados por sus actividades. Pero este tipo de costes se asocia al inicio de la actividad de una empresa y no a su reestructuración. Por consiguiente, no pueden financiarse mediante ayudas de reestructuración sin merma del objetivo específico y del alcance limitado de dichas ayudas.

(52)

Esta limitación del ámbito de aplicación de las Directrices de reestructuración se aplica a las nuevas empresas resultantes de la liquidación de empresas preexistentes o exclusivamente de la absorción de sus activos. En tales casos hipotéticos, la nueva empresa no asume, en principio, las deudas de sus antecesores, lo que significa que no tiene que hacer frente a las dificultades descritas en las Directrices de reestructuración.

(53)

En la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión planteaba la cuestión de saber si Soreni era una empresa nueva.

(54)

Sobre este aspecto, la Comisión observa y las autoridades francesas admiten que Soreni representa una nueva entidad jurídica dotada con una personalidad jurídica distinta de la de las tres filiales. Sin embargo, dichas autoridades sostienen que, a pesar de ser una entidad jurídica distinta de sus antecesoras, Soreni representa la continuidad económica de las tres filiales, puesto que tanto la actividad, como los activos y el fondo de comercio de las tres filiales y, en particular, las cargas derivadas de la legislación sobre seguridad social, se han transmitido a Soreni, que, por consiguiente, no puede ser considerada como una empresa de nueva planta. Las autoridades francesas aducen también que aunque Soreni deba ser considerada como una nueva empresa, no por ello deja de ser una empresa en crisis, ya que ejerce el mismo tipo de actividad que las tres filiales y tiene que asumir las obligaciones financieras derivadas de la legislación sobre seguridad social.

(55)

La Comisión no comparte la opinión de dichas autoridades de que Soreni represente la continuidad económica de las tres filiales. Conviene señalar que aunque Soreni absorbió las actividades, los activos y el fondo de comercio de las tres filiales, así como su personal y algunas cargas derivadas de la legislación sobre seguridad social (jubilación anticipada de trabajadores expuestos al amianto), la absorción supuso un corte entre la nueva actividad y la actividad anterior. Prueba de ello es que se pagó a los acreedores de las tres filiales con el producto de la venta y éstos no disponen de ningún recurso contra Soreni en tanto que comprador de los activos.

(56)

En cuanto al argumento de las autoridades francesas de que los contratos de trabajo que se asumieron y las cargas sociales correspondientes (jubilación anticipada de los trabajadores expuestos al amianto) representan obligaciones que permiten asimilar Soreni a las tres filiales, la Comisión considera que estas cargas sociales son una simple consecuencia jurídica de la legislación social francesa (comparable en este aspecto a la de muchos otros países), que podía cuantificarse y que el inversor conocía. Por lo tanto, en el momento en que se fijó el precio de compra hubieran debido tenerse en cuenta todos los costes asociados a los activos adquiridos.

(57)

En cuanto al argumento de las autoridades francesas de que, aunque Soreni deba considerarse como una empresa nueva no por ello deja de ser una empresa en crisis, la Comisión observa que Soreni no presenta las características de una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de reestructuración tal como se describen en el considerando 47. La empresa ha tenido que hacer frente sencillamente a costes normales de establecimiento y a pérdidas normales de inicio de actividad debido a que el proyecto de inversión acaba de empezar.

(58)

Los costes de lanzamiento de una actividad comercial son inevitables y no están vinculados a la historia de la sociedad. Soreni hubiese tenido que sufragar el mismo tipo de costes si sus accionistas hubieran decidido crear una sociedad completamente independiente de las actividades de reparación naval anteriores, supuesto éste que inevitablemente requeriría unos gastos iniciales, en particular, para la compra de maquinaria, la contratación y la formación del personal, etc.

(59)

En este marco, la Comisión considera que las cargas relacionadas con la jubilación anticipada de los trabajadores expuestos al amianto —las únicas obligaciones financieras asumidas de las tres filiales—, no bastan para considerar que Soreni sea una empresa en crisis con arreglo a las Directrices de reestructuración.

(60)

Por último, el personal asumido por Soreni dispone de un acervo de conocimientos técnicos que, según las autoridades francesas, es uno de los elementos que condicionan la viabilidad del plan de empresa de la sociedad. Por consiguiente. dicho personal puede considerarse como parte de los activos absorbidos por Soreni y no como una carga financiera. En realidad, la absorción debiera facilitar la entrada en el mercado de Soreni, ya que exime a la empresa de los costes suplementarios de contratación y formación de nuevo personal.

(61)

En conclusión, la Comisión observa que Soreni no ha asumido unas obligaciones financieras tales de las tres filiales que basten para establecer la continuidad de la actividad de reparación naval anterior. Soreni es una sociedad de reciente creación que, además, no está en crisis en el sentido de las Directrices de reestructuración.

(62)

Según la práctica constante de la Comisión desde la entrada en vigor de las Directrices de reestructuración en 1999, se considera que una sociedad es «nueva» durante los dos primeros años después de su creación. La Comisión observa que Soreni se creó el 1 de noviembre de 2001 como sociedad de nueva planta. Por consiguiente, durante un período de dos años a partir de su creación, es decir, hasta el 1 de noviembre de 2003 no podía ser beneficiaria de ayudas de reestructuración. Como la decisión jurídicamente vinculante de conceder la ayuda a Soreni se tomó el 29 de noviembre de 2001, esta condición se cumple.

(63)

La Comisión concluye que Soreni no puede ser beneficiaria de ayudas a la reestructuración.

(64)

En los siguientes considerandos, la Comisión examina si la información comunicada por las autoridades francesas pudo disipar las demás dudas expresadas en la decisión de incoar el procedimiento en cuanto a la conformidad de la ayuda con las otras condiciones aplicables a las ayudas de reestructuración.

(65)

Según las Directrices de reestructuración, la concesión de la ayuda debe condicionarse a la aplicación de un plan de reestructuración que permita restablecer en un plazo razonable la viabilidad a largo plazo de la empresa, sobre la base de hipótesis realistas referentes a las futuras condiciones de explotación, para permitir a la empresa volar con sus propias alas. Este objetivo debe alcanzarse principalmente a través de medidas internas, en particular mediante el abandono de actividades que sigan siendo estructuralmente deficitarias incluso después de la reestructuración.

(66)

Las dudas emitidas por la Comisión sobre este aspecto se justifican por el hecho de que el inversor extranjero renunció a asumir las actividades de reparación naval en cuestión y, sobre todo, por la información insuficiente que obraba en su poder sobre el estudio de mercado y la estimación del volumen de negocios y de los costes para los años de actividad de Soreni que abarca el plan de empresa.

(67)

Las autoridades francesas explicaron que el inversor extranjero retiró su oferta debido a dificultades ajenas a la naturaleza del plan de reestructuración, y relacionadas con sus propias dificultades financieras.

(68)

Además, dichas autoridades proporcionaron a la Comisión datos provisionales detallados sobre las condiciones de aplicación, en particular el volumen de negocios y los costes relativos al período determinante.

(69)

Esta información disipó las dudas de la Comisión en cuanto al viabilidad del plan de empresa.

(70)

Según las Directrices de reestructuración, el importe y la intensidad de la ayuda deben limitarse a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración en función de la disponibilidad financiera de la empresa. Los beneficiarios de la ayuda deben contribuir de manera sustanciosa al plan de reestructuración con sus propios recursos o mediante financiación exterior obtenida en condiciones de mercado.

(71)

Según las autoridades francesas, los costes de reestructuración ascienden a 6 495 164 EUR. Este importe puede dividirse en tres partes: la primera, constituida por un importe de […] EUR, se dedica a inversiones y obras de renovación, así como a la reorganización comercial y del sector de producción; la segunda representa un importe de […] EUR destinado al pago de las nóminas de los tres primeros meses de actividad de Soreni y la tercera, vinculada a la jubilación anticipada de trabajadores expuestos al amianto, equivale a […] EUR.

(72)

La Comisión considera que los costes salariales, contraídos antes de la adquisición, correspondientes a los tres primeros meses de actividad de Soreni y las cargas relacionadas con la indemnización de los trabajadores expuestos al amianto no pueden considerarse como costes de reestructuración. Se trata de costes de explotación que la sociedad debe financiar con cargo a sus propios recursos.

(73)

Por consiguiente, la Comisión no acepta como costes de reestructuración más que los vinculados al plan de reestructuración propiamente dicho, es decir, 3 900 000 EUR.

(74)

Se concedió a Soreni una cantidad de 4 570 000 EUR procedente de distintas fuentes públicas de financiación.

(75)

La Comisión considera que el criterio de proporcionalidad no se cumple puesto que el importe de la ayuda es superior a los costes seleccionables para la concesión de ayudas de reestructuración. Por lo tanto, aunque Soreni hubiese podido beneficiarse de ayudas de reestructuración, la ayuda en cuestión no hubiera sido compatible con las Directrices de reestructuración.

(76)

En la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión examinó las medidas en relación con las Directrices de reestructuración adoptadas en 1999. En su respuesta a dicha decisión, Francia no impugna este enfoque. Obsérvese que el artículo 5 del Reglamento sobre construcción naval hace referencia a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (12) de 1994 (en lo sucesivo denominadas «Directrices de reestructuración de 1994»), que en 1999 se sustituyeron por las Directrices de reestructuración. No obstante, la Comisión concluye que el razonamiento anteriormente mencionado sería el mismo aunque se aplicaran las Directrices de reestructuración de 1994. En primer lugar, por naturaleza propia, una sociedad nueva no puede ser una empresa en crisis. Aunque sean menos explícitas, las Directrices de reestructuración de 1994 y, en particular, su definición de empresa en crisis, están claramente destinadas al salvamento y reestructuración de empresas existentes y no de empresas de creación reciente. En segundo lugar, el criterio relativo a la limitación de la ayuda al mínimo necesario ya existía en las Directrices de reestructuración de 1994 (13) y no se cumple en el caso presente.

(77)

Por lo tanto, la ayuda tampoco sería compatible según las Directrices de reestructuración de 1994.

(78)

En la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión emitió la idea de que las medidas en cuestión podrían considerarse como una ayuda regional a la inversión.

(79)

Las condiciones de compatibilidad de las ayudas regionales a la inversión con el mercado común se enuncian en el artículo 7 del Reglamento sobre construcción naval. En primer lugar, las medidas deben referirse a una de las regiones contempladas en las letras a) o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. En segundo lugar, la intensidad de la ayuda no puede exceder del límite máximo fijado por dicho Reglamento. En tercer lugar, debe tratarse de medidas cuyo objeto sea apoyar inversiones destinadas a actualizar o modernizar los astilleros con el fin de aumentar la productividad de las instalaciones existentes. En cuarto lugar, la ayuda no puede vincularse a la reestructuración financiera de los astilleros. En quinto lugar, la ayuda debe limitarse a apoyar los gastos seleccionables en el sentido de las Directrices comunitarias aplicables a las ayudas con finalidad regional (14).

(80)

Con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, la región de Le Havre es una zona seleccionable para las ayudas. Con arreglo al Reglamento sobre construcción naval y en virtud del mapa de ayudas regionales aprobado por la Comisión, la intensidad de las ayudas para esta región no puede exceder del 12,5 % neto (15).

(81)

Con arreglo al punto 4.5 de las Directrices comunitarias aplicables a las ayudas de finalidad regional, los gastos seleccionables para la ayuda deberán presentarse como un conjunto uniforme de gastos correspondientes a los siguientes elementos de la inversión: terreno, edificios y equipamiento. Con arreglo al punto 4.6 de dichas Directrices, los gastos seleccionables también podrán incluir ciertas categorías de inversiones inmateriales.

(82)

Los costes totales presentados por Soreni como costes de reestructuración figuran en el cuadro 1. Tras proceder al examen de estos costes desde el punto de vista de su carácter subvencionable mediante ayudas regionales a la inversión, la Comisión llegó a la conclusión de que sólo los gastos que figuran en el cuadro 4 cumplen los criterios descritos en el considerando 81.

CUADRO 4

Gastos seleccionables para las ayudas regionales a la inversión

(83)

La Comisión admite que estas inversiones contribuyen al cumplimiento de los objetivos del plan de empresa de Soreni tal como se describen en el considerando 14 y, por consiguiente, a modernizar y actualizar los astilleros con miras a aumentar la productividad. Además, estas inversiones corresponden al conjunto uniforme de gastos: inversiones en edificios (puntos 1 y 2 del cuadro 4) e inversiones de equipo (puntos 3 a 8 del cuadro 4). Los puntos 9 y 10 del cuadro 4 corresponden a inversiones inmateriales (adquisición de patentes y de programas informáticos).

(84)

La Comisión observa que los otros gastos que figuran en el cuadro 1 no son subvencionables mediante ayudas regionales a la inversión ya que se trata simplemente de gastos de explotación o de formación. En cuanto a la partida organización e informatización ([…] EUR; véase el cuadro 1), de la información que le ha sido comunicada por las autoridades francesas la Comisión no puede concluir si se trata o no de gastos que corresponden a los criterios de selección para la obtención de ayudas regionales a la inversión.

(85)

En conclusión, los gastos totales seleccionables para las ayudas regionales a la inversión ascienden a 1 550 000 EUR (1 412 560 EUR en valor actualizado; año de referencia: 2001; índice de actualización: 6,33 %).

(86)

La intensidad de ayuda máxima admisible es del 12,5 % neto [lo que en este caso corresponde al 18,9 % bruto (16)]. Por consiguiente, el importe admisible de la ayuda asciende a 266 691 EUR.

(87)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda en favor de Soreni puede autorizarse parcialmente como ayuda regional a la inversión, hasta un importe total de 266 691 EUR.

(88)

La Comisión observa que algunos de los gastos que Soreni incluye en su plan de empresa se refieren a formación. La ayuda se concedió después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (17) (en lo sucesivo denominado «Reglamento sobre las ayudas a la formación»).

(89)

La Comisión, habilitada para ello por el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales, adoptó el Reglamento sobre las ayudas a la formación (18). Dicho Reglamento, por ser una ley posterior, modifica el Reglamento sobre construcción naval que, en sí mismo, no prevé la posibilidad de conceder ayudas a la formación en favor de la construcción naval. El artículo 1 de dicho Reglamento establece que será aplicable a las ayudas a la formación concedidas en todos los sectores, lo que supone que se aplica también al sector de la construcción naval.

(90)

El Reglamento sobre las ayudas a la formación dispone que las ayudas individuales son compatibles con el mercado común si cumplen todas las condiciones previstas, es decir si no exceden la intensidad de ayuda máxima admisible y cubren costes seleccionables en aplicación del apartado 7 de su artículo 4.

(91)

Los costes de formación seleccionables para ayudas a la formación figuran en el cuadro 5 y ascienden a 700 000 EUR. Dichos costes cumplen las condiciones establecidas en el apartado 7 del artículo 4 del Reglamento sobre las ayudas a la formación.

CUADRO 5

Gastos seleccionables para las ayudas a la formación

(92)

Con arreglo al artículo 4 del Reglamento sobre ayudas a la formación, en el caso de pequeñas y medianas empresas situadas en regiones que pueden beneficiarse de ayudas regionales en aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, la intensidad de la ayuda no puede exceder del 40 % en el caso de proyectos de formación específica. En realidad, en este caso, las autoridades francesas no precisaron qué parte de la formación podía considerarse «general» con arreglo a la letra e) del artículo 2 del Reglamento sobre las ayudas a la formación.

(93)

Por consiguiente, el importe total de las ayudas a la formación asciende a 280 000 EUR.

(94)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda en favor de Soreni puede autorizarse como ayuda regional a la inversión, hasta un importe total de 280 000 EUR.

(95)

Las autoridades francesas pidieron a la Comisión que la compatibilidad de las medidas financieras en cuestión con el mercado común se examinase directamente sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, alegando que la reparación naval es una actividad esencial para el buen funcionamiento de un puerto del tamaño de Le Havre.

(96)

En primer lugar, la Comisión observa que, suponiendo que los servicios de reparación ofrecidos por Soreni fuesen efectivamente esenciales para el funcionamiento del puerto, estas actividades deberían estar garantizadas, en principio, por los recursos propios del puerto sin necesidad de recurrir a ayudas estatales. Además, al autorizar parte de la ayuda en concepto de ayuda regional a la inversión la Comisión tiene en cuenta los problemas regionales que se plantean.

(97)

Por otra parte, el Reglamento sobre construcción naval constituye un conjunto específico y exhaustivo de normas aplicables en este sector, en este caso la reparación naval, que se sitúa en una relación de lex specialis con relación al Tratado. La autorización de la ayuda mediante la aplicación directa del Tratado sería contraria a los objetivos que se persiguen al establecer normas específicas y restrictivas aplicables al sector.

(98)

Por consiguiente, la Comisión no puede apreciar la ayuda en cuestión directamente sobre la base del Tratado.

(99)

La Comisión concluye que Francia ha ejecutado ilegalmente una ayuda por importe de 4 570 000 EUR en infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado. Sobre la base de la valoración de esta ayuda, la Comisión concluye que en tanto que ayuda a la reestructuración de Soreni, ésta es incompatible con el mercado común, ya que no cumple las condiciones previstas por el Reglamento sobre construcción naval y las Directrices de reestructuración. No obstante, la Comisión considera que la ayuda es parcialmente compatible con el mercado común como ayuda regional a la inversión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre construcción naval, y como ayuda a la formación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre las ayudas a la formación. La diferencia entre la cantidad abonada (3 520 997 EUR) y el importe compatible (266 691 EUR + 280 000 EUR = 546 691 EUR) deberá recuperarse (2 974 306 EUR). La diferencia entre el importe incompatible concedido (4 023 309 EUR) y el importe que debe recuperarse (2 974 306 EUR) no podrá abonarse (1 049 003 EUR).

a)

266 691 EUR son compatibles con el mercado común en concepto de ayuda regional a la inversión en virtud de la letra e) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado;

b)

280 000 EUR son compatibles con el mercado común en concepto de ayuda a la formación en virtud de la letra e) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado;

c)

4 023 309 EUR son incompatibles con el mercado común, de los cuales 1 049 003 EUR que todavía no se han abonado y 2 974 306 EUR que ya se pusieron a la disposición de Soreni.