Dictamen del Consejo

de 27 de noviembre de 2000

sobre el programa de estabilidad actualizado de Finlandia para el período 2000-2004

(2000/C 374/03)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 5,

Vista la recomendación de la Comisión,

Previa consulta al Comité económico y financiero,

HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:

El 27 de noviembre de 2000, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Finlandia para el período 2000-2004. El Consejo observa con satisfacción que el superávit que ya registraban las administraciones públicas finlandesas desde 1998 aumentó en 1999, y que se prevé que rebase el 4 % del PIB durante el período 2000-2004, mientras que se prevé que siga disminuyendo la proporción de deuda pública en el PIB. Además, el Consejo considera que el programa actualizado guarda coherencia con las Orientaciones generales de política éconómica.

El Consejo acoge favorablemente la aplicación del programa actualizado de 1999, si bien observa que la mejora del superávit alcanzada en 1999 y la reducción de la deuda pública fueron menores de lo previsto, habiendo contribuido los tres subsectores de las administraciones públicas a la reducción del superávit global y con unas rentas inferiores a las previstas. Además, han surgido presiones inflacionistas. El aumento de la inflación de origen interno parece derivarse de la mayor inflación en el sector de servicios.

Según el escenario macroeconómico presentado en el último Programa de estabilidad actualizado, en el 2000 se experimentará un fuerte crecimiento económico debido al mantenimiento de la fortaleza de las demandas interior y exterior. Se prevé una desaceleración del PIB a partir del 2001 y durante el resto del período de previsión. Parece verosímil la hipótesis central de una ralentización de la economía a medio plazo, teniendo en cuenta el rápido ritmo de crecimiento que ha registrado recientemente la economía finlandesa y las restricciones de capacidad que ya se manifiestan en ciertos sectores. Subsisten riesgos de recalentamiento de la economía y el exceso de demanda podría sumarse a las presiones inflacionistas. El Consejo considera que una política de moderación salarial será crucial a este respecto.

Como ya se indicaba en las Orientaciones generales de política económica para 2000, el Consejo también estima necesaria una estricta política fiscal para hacer frente a los riesgos de recalentamiento. Cualquier política restrictiva debería centrarse en una limitación de los gastos corrientes. Con estas reservas, el Consejo aprueba la estrategia fiscal del programa de estabilidad actualizado, que consolida los programas anteriores y cuyo objetivo es mantener unos superávit en torno al 4,5 % del PIB mediante la reducción de la proporción de gasto público en el PIB, aunque también se propone una reducción de la presión fiscal.

La situación presupuestaria subyacente correspondiente al superávit previsto del 4,5 % para 2000 permitirá a Finlandia seguir cumpliendo las exigencias del Pacto de estabilidad y crecimiento. El Consejo estima que la estrategia fiscal restrictiva del programa actualizado se justifica teniendo en cuenta los futuros efectos del envejecimiento de la población en los costes de las pensiones y de la sanidad, fenómeno al que Finlandia está particularmente expuesta.

El Consejo acoge favorablemente el compromiso expresado en el programa actualizado de proseguir las reformas estructurales. Las reformas son especialmente importantes para el fomento del objetivo principal del Gobierno de aumentar el empleo, manteniendo la estabilidad de precios. La reforma fiscal, al reducir el aún elevado nivel global de imposición y las elevadas cotizaciones sociales sobre el trabajo, podrá reforzar estas posibilidades. Sigue siendo preocupante el hecho de que la estructura del régimen de pensiones contenga desincentivos para la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, así como la posible necesidad de reforzar el régimen de pensiones de capitalización debido al rápido envejecimiento de la población. La reducción de los ingresos y gastos públicos con relación al PIB prevista en el programa y la continuación de las reformas estructurales deberán contribuir al aumento del empleo.

(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.