determinar una superficie máxima subvencionable a efectos de las intervenciones por superficie en el marco del sistema integrado. Para determinar la superficie máxima subvencionable, los Estados miembros deducirán los elementos no subvencionables de la parcela, por delimitación, en la medida de lo posible. Los Estados miembros definirán previamente los criterios y procedimientos utilizados para evaluar, cuantificar y, en su caso, delimitar las partes subvencionables y no subvencionables de la parcela. Al determinar la superficie máxima subvencionable, los Estados miembros podrán establecer un margen razonable para una cuantificación correcta, a fin de tener en cuenta el trazado y el estado de la parcela;

identificar la superficie agrícola a que se refiere el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/2115. Cuando proceda, los Estados miembros velarán por la diferenciación, por delimitación, de la superficie agrícola en tierras de cultivo, cultivos permanentes y pastos permanentes, incluso cuando formen sistemas agroforestales en dicha superficie, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento;

registrar toda la información pertinente, por lo que respecta a los pastos permanentes con elementos dispersos no admisibles, cuando los Estados miembros decidan aplicar coeficientes de reducción fijos para determinar la superficie considerada admisible, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, letra b), párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2021/2115;

incluir características o compromisos que sean pertinentes para la subvencionabilidad de las intervenciones basadas en la superficie y para los requisitos de condicionalidad, y que sean estables en el tiempo. Dicha información se registrará como atributos o capas en el sistema de identificación de parcelas agrícolas y constará como mínimo de los siguientes elementos:

localizar e indicar, en su caso, el tamaño de los elementos paisajísticos a efectos de la norma BCAM 8 contemplada en el anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115, que sean pertinentes para el porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos;

indicar si las parcelas están situadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas a que se refiere el artículo 71 del Reglamento (UE) 2021/2115, o están en zonas con desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 de dicho Reglamento;

indicar si las parcelas están situadas en zonas Natura 2000, en zonas cubiertas por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), si están situadas en tierras agrícolas autorizadas para la producción de algodón con arreglo al artículo 37, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/2115, en zonas que forman parte de las prácticas locales establecidas contempladas en el artículo 4, apartado 3, letra c), párrafo segundo, inciso i), de dicho Reglamento, en superficies cubiertas por pastos permanentes declarados sensibles desde el punto de vista medioambiental con arreglo a la norma BCAM 9 recogida en el anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115, o en zonas cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del Consejo ( 2 ) o la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 3 ).

la cuantificación correcta de la superficie máxima admisible;

la proporción y distribución de las parcelas de referencia cuya superficie máxima admisible incluya superficies no admisibles o no incluya la superficie agraria;

la existencia de parcelas de referencia con defectos críticos;

la correcta clasificación de la superficie agrícola como tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos permanentes en cada parcela de referencia;

la proporción de declaraciones de superficie por parcela de referencia;

la categorización de las parcelas de referencia cuya superficie máxima admisible tenga en cuenta superficies no admisibles, no tenga en cuenta la superficie agraria o ponga de manifiesto un defecto crítico;

el porcentaje de parcelas de referencia que haya sufrido modificaciones, acumulado a lo largo del ciclo de actualización periódica.

verificación de que la información utilizada por el Estado miembro para precumplimentar la solicitud geoespacial sea completa, correcta y actualizada;

verificación por parte del Estado miembro de que la superficie declarada por el beneficiario para una intervención basada en la superficie se haya establecido correctamente en relación con las condiciones de subvencionabilidad aplicables;

verificación de que, en la medida de lo posible, se hayan tenido en cuenta todas las condiciones de subvencionabilidad para las intervenciones y, cuando proceda, los requisitos de condicionalidad, en las alertas orientativas a los beneficiarios emitidas por el Estado miembro durante el proceso de solicitud;

verificación de que todas las modificaciones de la solicitud geoespacial tras su presentación hayan sido registradas por el Estado miembro, de manera que sea posible rastrear si son el resultado de un aviso de un sistema de monitorización de superficies, de una actuación del beneficiario o de cualquier otra causa.

cuantificación de los errores debidos a decisiones erróneas sobre las condiciones de subvencionabilidad en parcelas objeto de una intervención por superficie, independientemente de que la decisión en cuestión se haya derivado del sistema de monitorización de superficies. El resultado se expresará en hectáreas;

cuantificación del número de parcelas en las que el sistema de monitorización de superficies haya detectado un incumplimiento de las condiciones de subvencionabilidad y del número de parcelas que no cumplan las condiciones de subvencionabilidad después de la fecha límite de modificación de las solicitudes de ayuda.

un 5 % del importe total resultante de los pagos y ayudas a que se refiere el artículo 83, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 2021/2116, siempre que ninguno de los incumplimientos tenga consecuencias graves para la consecución del objetivo de la norma o requisito en cuestión ni constituya un riesgo directo para la salud pública o animal, o

un 10 % del importe total resultante de los pagos y ayudas a que se refiere el artículo 83, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 2021/2116, cuando al menos un incumplimiento tenga graves consecuencias para la consecución del objetivo de la norma o requisito en cuestión o constituya un riesgo directo para la salud pública o animal.