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sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 47, apartado 2, y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 2 ),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio ( 3 ), la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida ( 4 ), y la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida ( 5 ), han establecido las disposiciones que regulan el acceso y ejercicio del seguro directo en la Comunidad.

(2)

Las citadas directivas crean el marco jurídico en el cual las empresas de seguros ejercen actividades de seguro en el mercado interior, en su doble vertiente de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en los Estados miembros, al objeto de facilitar a las empresas de seguros que tienen su administración central en la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de la Comunidad, facilitando con ello a los tomadores de seguros la posibilidad de recurrir no sólo a empresas establecidas en su país, sino también a empresas que tienen su administración central en la Comunidad y están establecidas en otros Estados miembros.

(3)

El régimen establecido en virtud de las citadas directivas se aplica a las empresas de seguro directo respecto de todas sus actividades, tanto las de seguro directo como las de reaseguro a través de aceptaciones; sin embargo, las actividades de reaseguro ejercidas por empresas especializadas en reaseguro no están sujetas a dicho régimen ni a ningún otro régimen establecido por el Derecho comunitario.

(4)

El reaseguro constituye una actividad financiera de gran importancia, ya que, al facilitar una distribución más amplia de riesgos en el ámbito mundial, permite que las empresas de seguro directo tengan una mayor capacidad de suscripción para comprometerse en el negocio de seguros y otorgar una mayor cobertura de seguro, además de reducir sus costes de capital; por otra parte, al asociar a grandes intermediarios financieros e inversores institucionales, el reaseguro desempeña un papel fundamental para la estabilidad financiera, pues se trata de un elemento esencial para garantizar la solidez financiera, así como la estabilidad de los mercados del seguro directo y del sistema financiero en general.

(5)

La Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios ( 6 ), eliminó las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios por motivos de nacionalidad o residencia del reasegurador. Sin embargo, no eliminó las restricciones debidas a divergencias entre disposiciones nacionales en materia de regulación prudencial del reaseguro. Esta situación ha dado lugar a diferencias significativas en los niveles de supervisión de las empresas de reaseguros de la Comunidad, lo que crea obstáculos al ejercicio de las actividades de reaseguro, como la obligación de que la empresa de reaseguros pignore activos a fin de cubrir su parte en las provisiones técnicas de la empresa de seguro directo, así como el cumplimiento por las empresas de reaseguros de las diferentes normativas en materia de supervisión de los diferentes Estados miembros en los cuales ejercen sus actividades o la supervisión indirecta de los distintos aspectos de su actividad por parte de las autoridades competentes de las empresas de seguro directo.

(6)

El Plan de acción en materia de servicios financieros ha caracterizado el reaseguro como un sector que precisa una actuación a nivel comunitario a fin de completar el mercado interior de los servicios financieros. Por otra parte, foros financieros de primer orden, tales como el Fondo Monetario Internacional y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS), han destacado la falta de normas armonizadas sobre supervisión del reaseguro a nivel comunitario como una carencia importante del marco reglamentario de los servicios financieros que ha de subsanarse.

(7)	La presente Directiva pretende establecer un marco reglamentario prudencial para las actividades de reaseguro en la Comunidad. Forma parte de la legislación comunitaria en el ámbito de los seguros cuyo objetivo es establecer el mercado interior en este sector.

(8)	La presente Directiva es compatible con los principales trabajos realizados en el plano internacional sobre la normativa prudencial del reaseguro, en particular por la AISS.

(9)

La presente Directiva sigue el enfoque de la legislación comunitaria adoptada en materia de seguro directo, llevando a cabo la armonización básica, necesaria y suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión prudencial, haciendo así posible la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen.

(10)

Por consiguiente, el acceso a la actividad de reaseguro y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una autorización administrativa única, expedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de reaseguros tenga su administración central. Dicha autorización permite a la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios. El Estado miembro en cuyo territorio se ubique la sucursal o en el que tenga lugar la prestación de servicios no puede exigir una nueva autorización a las empresas de reaseguros que deseen ejercer en él la actividad de reaseguro y ya estén autorizadas en el Estado miembro de origen. Por otra parte, una empresa de reaseguros que ya haya sido autorizada en su Estado miembro de origen no debe ser sometida, en relación con su solidez financiera, a supervisión o control adicional por parte de las autoridades competentes de una empresa de seguros reasegurada por dicha empresa de reaseguros. Asimismo, no debe permitirse a los Estados miembros que exijan a una empresa de reaseguros autorizada en la Comunidad que pignore activos para cubrir su parte en las provisiones técnicas del cedente. Deben definirse las condiciones para la concesión o retirada de la autorización. Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a empresas de reaseguros que no cumplan las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(11)

La presente Directiva debe aplicarse a las empresas de reaseguros que realizan exclusivamente actividades de reaseguro, y no actividades de seguro directo; debe aplicarse asimismo a las denominadas empresas de reaseguro «cautivas» que haya creado o de las que sea propietaria bien una empresa financiera distinta de una empresa de seguros o de reaseguros o de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros al amparo de la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros ( 7 ), o bien una o varias empresas no financieras, y cuyo objetivo sea proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen. Cuando en la presente Directiva se hace referencia a empresas de reaseguros, debe incluirse a las empresas de reaseguros cautivas, excepto cuando dichas empresas de reaseguros cautivas sean objeto de una disposición específica. Las empresas de reaseguros cautivas no cubren los riesgos derivados de actividades externas de seguro directo o reaseguro de una empresa de seguros o de reaseguros perteneciente a un grupo. Además, las empresas de seguros o de reaseguros pertenecientes a un conglomerado financiero no pueden ser propietarias de una empresa cautiva.

(12)

No obstante, la presente Directiva no debe aplicarse a las empresas de seguros ya contempladas en las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE; sin embargo, a fin de garantizar la solidez financiera de las empresas de seguros que también ejercen actividades de reaseguro y velar por que los requisitos de capital de dichas empresas tengan en cuenta las características específicas de estas actividades, las disposiciones en materia de margen de solvencia de las empresas de reaseguros que se recogen en la presente Directiva deben también aplicarse a las actividades de reaseguro de dichas empresas de seguros cuando su volumen represente una parte significativa del conjunto de sus actividades.

(13)

La presente Directiva no debe aplicarse a la cobertura de reaseguro asumida o garantizada plenamente por un Estado miembro por motivos de interés público importante, en su condición de reasegurador de último recurso, en particular cuando, debido a una situación especial en el mercado, no es posible obtener una cobertura comercial adecuada; a este respecto, por falta de «cobertura comercial adecuada» se entiende principalmente una carencia de mercado caracterizada por un déficit evidente de una gama suficiente de ofertas de seguro, aunque la existencia de primas excesivas no debe implicar de por sí la inadecuación de esta cobertura comercial. El artículo 1, apartado 2, letra d), de la presente Directiva se aplica también a los acuerdos celebrados entre aquellas empresas de seguros a las que se aplican las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE y cuyo objetivo es agrupar las reclamaciones financieras derivadas de riesgos importantes como el terrorismo.

(14)

Las empresas de reaseguros deben limitar su ámbito de actividad al reaseguro y las operaciones conexas. Esta exigencia no impide que una empresa de reaseguros, por ejemplo, continúe con actividades como la realización de dictámenes estadísticos o actuariales, análisis de riesgos o investigaciones para sus clientes. Esto puede incluir también funciones de sociedad de cartera y actividades con respecto a las actividades del sector financiero en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero ( 8 ). En ningún caso esta exigencia autoriza la realización de actividades bancarias y financieras no conexas.

(15)

La presente Directiva debe precisar las facultades y los medios de supervisión de las autoridades competentes. Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen controlar la solidez financiera de las empresas de reaseguros, en particular su estado de solvencia, la constitución de provisiones técnicas y de reservas de estabilización suficientes y la representación de estas provisiones y reservas por activos de calidad.

(16)

Las autoridades competentes de los Estados miembros deben disponer de los medios de supervisión necesarios para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de las empresas de reaseguros en el conjunto de la Comunidad, ya se efectúen en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios. En particular, dichas autoridades deben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas o imponer sanciones a fin de evitar irregularidades e infracciones contra las disposiciones en materia de supervisión de la actividad de reaseguro.

(17)

Las disposiciones que regulan las transferencias de carteras deben ajustarse a la autorización única establecida en la presente Directiva. Deben aplicarse a los distintos tipos de transferencias de carteras entre empresas de reaseguros, como las transferencias de carteras resultantes de fusiones entre empresas de reaseguros u otros instrumentos del derecho de sociedades o transferencias de carteras de siniestros pendientes de liquidación a otra empresa de reaseguros. Además, las disposiciones que regulan las transferencias de carteras deben incluir disposiciones relativas, más concretamente, a la transferencia a otra empresa de reaseguros de la cartera de contratos celebrados en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios.

(18)

Deben posibilitarse los intercambios de información entre las autoridades competentes y autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de destinatarios debe ser estrictamente limitada. Es por ello preciso establecer las condiciones en las que se autoricen los intercambios de información mencionados; por otra parte, cuando se establece que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. A este respecto, y a fin de garantizar la adecuada supervisión de las empresas de reaseguros por parte de las autoridades competentes, la presente Directiva debe establecer normas que permitan a los Estados miembros concertar acuerdos sobre intercambio de información con terceros países, siempre y cuando la información comunicada goce de adecuadas garantías de secreto profesional.

(19)

A fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros, debe establecerse que todo auditor ha de informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva, tenga conocimiento, en el ejercicio de su función, de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una empresa de reaseguros. Dado el objetivo que se pretende, conviene que los Estados miembros dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor, en el ejercicio de su función, observe tales hechos en una empresa que tenga vínculos estrechos con una empresa de reaseguros. La obligación de los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinados hechos y decisiones referentes a una empresa de reaseguros que descubran en el ejercicio de su función en una empresa no reaseguradora no modifica en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella.

(20)	Debe establecerse el modo en que debe aplicarse la presente Directiva a las empresas de reaseguros existentes que ya estuvieran autorizadas o facultadas para ejercer actividades de reaseguro en virtud de disposiciones de los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(21)

A fin de que toda empresa de reaseguros pueda cumplir sus compromisos, el Estado miembro de origen debe exigirle que constituya provisiones técnicas adecuadas. Su importe debe determinarse de conformidad con la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros ( 9 ), y, en el caso de las actividades de reaseguro de vida, debe también permitirse al Estado miembro de origen que establezca normas más específicas de conformidad con la Directiva 2002/83/CE.

(22)

Debe exigirse a toda empresa de reaseguros que ejerza actividades de reaseguro relacionadas con el seguro de crédito, y cuyas actividades de reaseguro de crédito representen más que una pequeña proporción del conjunto de sus actividades, que constituya una reserva de estabilización que no forme parte del margen de solvencia; dicha reserva debe calcularse con arreglo a uno de los métodos, reconocidos como equivalentes, contemplados en la Directiva 73/239/CEE; por otra parte, la presente Directiva debe permitir al Estado miembro de origen que exija también a las empresas de reaseguros cuya administración central está situada en su territorio que constituyan reservas de estabilización en ramos de riesgos distintos del reaseguro de crédito, con arreglo a las normas que dicho Estado miembro determine. A raíz de la introducción de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 4, la presente Directiva debe clarificar el tratamiento prudencial de las reservas de estabilización establecidas de conformidad con la presente Directiva. No obstante, puesto que la supervisión del reaseguro debe reevaluarse con arreglo al proyecto Solvencia II, la presente Directiva no prejuzga ninguna futura supervisión del reaseguro con arreglo a dicho proyecto.

(23)

Una empresa de reaseguros debe poseer activos representativos de las provisiones técnicas y de las reservas de estabilización, que deben tener en cuenta el tipo de operaciones efectuadas, en particular la naturaleza, cuantía y duración de los pagos de siniestros previstos, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad, rentabilidad y congruencia de las inversiones de la empresa, que ha de velar por una diversificación y dispersión adecuada de las mismas y por que ofrezcan a la empresa la posibilidad de responder adecuadamente ante cambios de las circunstancias económicas y, en particular, los debidos a la evolución de los mercados financieros e inmobiliarios o a acontecimientos catastróficos de gran repercusión.

(24)

Es necesario que las empresas de reaseguros dispongan, además de provisiones técnicas, de una reserva complementaria, denominada «margen de solvencia», representada por patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad competente, por otros elementos implícitos del patrimonio, que han de actuar como un amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad. Este requisito constituye un elemento importante de la supervisión prudencial. En espera de la revisión del régimen actual del margen de solvencia, que la Comisión lleva a cabo en el marco del denominado «proyecto Solvencia II», a la hora de determinar el margen de solvencia obligatorio de las empresas de reaseguros deben ser aplicables las normas contempladas en la legislación vigente en el ámbito del seguro directo.

(25)

A la luz de las semejanzas existentes entre el reaseguro de vida que cubre el riesgo de mortalidad y el reaseguro de no vida, en particular la cobertura de riesgos de seguro y la duración de los contratos de reaseguro de vida, el margen de solvencia exigida para el reaseguro de vida debe determinarse de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva relativas al cálculo del margen de solvencia obligatorio para el reaseguro de no vida; sin embargo, el Estado miembro de origen debe estar autorizado a aplicar la normativa prevista en la Directiva 2002/83/CE para el establecimiento del margen de solvencia obligatorio con respecto a las actividades de reaseguro de vida vinculadas a fondos de inversiones o contratos con participación.

(26)

Dada la naturaleza particular de determinados tipos de contratos o modalidades específicas de reaseguro, deben adoptarse disposiciones que permitan efectuar ajustes al cálculo del margen de solvencia obligatorio; la Comisión debe efectuar dichos ajustes, previa consulta al Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación establecido por la Decisión 2004/9/CE de la Comisión ( 10 ), en ejercicio de las competencias de ejecución que le confiere el Tratado.

(27)	Estas medidas deben adoptarse por el procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 11 ) .

(28)	La lista de elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible que establece la presente Directiva debe ser la contemplada en las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE.

(29)

Las empresas de reaseguros deben también poseer un fondo de garantía que permita garantizar que a su constitución posean los recursos adecuados y que a lo largo de su actividad el margen de solvencia no disminuya en ningún caso por debajo de un mínimo de seguridad; sin embargo, y habida cuenta de las características específicas de las empresas de reaseguros cautivas, deben adoptarse disposiciones que permitan al Estado miembro de origen exigir a las empresas de reaseguros cautivas un fondo mínimo de garantía de importe inferior.

(30)

Determinadas disposiciones de la presente Directiva definen normas mínimas. Un Estado miembro de origen debe poder establecer normas más estrictas respecto de las empresas de reaseguros autorizadas por sus propias autoridades competentes y, en particular, en relación con los requisitos sobre margen de solvencia.

(31)

La presente Directiva debe ser aplicable a las actividades de reaseguro limitado (finite reinsurance); por consiguiente, a efectos de la misma es necesaria una definición de reaseguro limitado. Debido a la naturaleza especial de este tipo de actividad reaseguradora, el Estado miembro de origen debe contar con la posibilidad de establecer disposiciones específicas referentes al ejercicio de actividades de reaseguro limitado. Dichas disposiciones podrían diferir del régimen general contemplado en la presente Directiva en una serie de puntos específicos.

(32)

La presente Directiva debe establecer normas referentes a aquellas entidades con cometido especial (special purpose vehicles) que asuman riesgos de empresas de seguros y reaseguros. La naturaleza especial de dichas entidades con cometido especial, que no son empresas de seguros o de reaseguros, requiere el establecimiento de disposiciones específicas en los Estados miembros. Además, la presente Directiva debe establecer que el Estado miembro de origen ha de adoptar normas más detalladas en las que se especifiquen las condiciones en las que cabe utilizar los importes pendientes de una entidad con cometido especial como activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros o de reaseguros. La presente Directiva debe establecer, asimismo, que los importes recuperables de una entidad con cometido especial puedan considerarse importes deducibles con arreglo a contratos de reaseguro o de retrocesión dentro de los límites contemplados en la presente Directiva, previa solicitud de la empresa de seguros o de reaseguros a la autoridad competente y tras la autorización de dicha autoridad competente.

(33)

Es necesario prever medidas para el caso en el que la situación financiera de la empresa de reaseguros llegase a ser tal que le fuera difícil cumplir sus obligaciones. En situaciones concretas, es también necesario que las autoridades competentes estén facultadas para intervenir con la suficiente antelación, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades competentes deben informar a las empresas de reaseguros acerca de las razones que motiven tal actuación supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. Mientras subsista dicha situación, las autoridades competentes deben abstenerse de certificar que la empresa de reaseguros tiene un margen de solvencia suficiente.

(34)

Es preciso contemplar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de garantizar que toda empresa de reaseguros que ejerza sus actividades en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios cumpla las disposiciones que le sean aplicables en el Estado miembro de acogida.

(35)	Debe contemplarse el derecho de recurso judicial en caso de denegación o retirada de una autorización.

(36)

Es importante garantizar que las empresas de reaseguros que tienen la administración central fuera de la Comunidad y ejercen actividades de reaseguro en la Comunidad no sean objeto de disposiciones que les otorguen un tratamiento más favorable que el dispensado a las empresas de reaseguros que tienen la administración central en un Estado miembro.

(37)

A fin de tener en cuenta los aspectos internacionales del reaseguro, deben establecerse disposiciones que permitan la celebración con terceros países de acuerdos internacionales por los que se determinen los medios de supervisión de las empresas de reaseguros que ejercen actividades en el territorio de cada parte contratante.

(38)

Debe establecerse un procedimiento flexible que permita evaluar a escala comunitaria la equivalencia prudencial con respecto a terceros países, a fin de mejorar la liberalización de los servicios de reaseguro en terceros países, ya sea mediante el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios. Para ello, la presente Directiva debe establecer procedimientos de negociación con terceros países.

(39)

La Comisión debe tener competencia para adoptar medidas de ejecución, siempre que dichas medidas no modifiquen los elementos esenciales de la presente Directiva. Dichas medidas de ejecución deben permitir a la Comunidad tener en cuenta las innovaciones que se produzcan en el sector del reaseguro. Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE.

(40)

La legislación comunitaria vigente en materia de seguros debe adaptarse a fin de tener en cuenta el nuevo régimen de supervisión de las empresas de reaseguros establecido en la presente Directiva y garantizar la coherencia del marco reglamentario para el conjunto del sector de seguros. En particular, deben adaptarse las disposiciones vigentes que permiten la «supervisión indirecta» de las empresas de reaseguros por las autoridades competentes para la supervisión de las empresas de seguros directos. Asimismo, deben eliminarse las disposiciones actuales que permiten a los Estados miembros exigir la pignoración de activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros, cualquiera que sea la forma de dicha exigencia, cuando la aseguradora sea reasegurada por una empresa de reaseguros autorizada con arreglo a la presente Directiva o por una empresa de seguros. Debe por último establecerse que el margen de solvencia exigido a las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguro, cuando dichas actividades representen una parte importante de su actividad total, se someta a las normas sobre solvencia que la presente Directiva establece para las empresas de reaseguros. Las Directivas 73/239/CEE, 92/49/CEE y 2002/83/CE deben, por lo tanto, modificarse en consecuencia.

(41)	La Directiva 98/78/CE debe modificarse a fin de de garantizar que las empresas de reaseguros que formen parte de un grupo de seguros o de reaseguros sean objeto de supervisión adicional, como lo son las empresas de seguros que actualmente forman parte de un grupo de seguros.

(42)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» ( 12 ), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(43)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de un marco jurídico para el acceso a las actividades de reaseguro y su ejercicio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(44)	Dado que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros podrán adoptar normas más estrictas.

HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:

1. La presente Directiva regula el acceso a la actividad por cuenta propia del reaseguro, practicada por las empresas de reaseguros que únicamente realicen actividades de reaseguro y estén establecidas en un Estado miembro o deseen establecerse en él, y su ejercicio.

2. A efectos del presente artículo, apartado 1, letra a), la cobertura, por una empresa de reaseguros, de un fondo de pensiones de empleo que entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/41/CE ( 16 ) cuando la legislación del Estado miembro de origen de dicho organismo permita dicha cobertura, también se considerará una actividad que entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

A efectos del apartado 1, letra d), se asimilará a una agencia o sucursal toda presencia permanente de una empresa de reaseguros en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia y consista simplemente en una oficina administrada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo haría una agencia.

A efectos del apartado 1, letra j), en el contexto de los artículos 12 y 19 a 23 y en relación con los otros porcentajes de participación indicados en los artículos 19 a 23, se tomarán en consideración los derechos de voto a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE ( 17 ), así como las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva.

Los Estados miembros no tendrán en cuenta los derechos de voto o acciones que las empresas de inversión o las entidades de crédito puedan poseer por haber proporcionado el aseguramiento de instrumentos financieros y/o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme a que se refiere el punto 6 de la sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE, siempre que dichos derechos no se ejerzan o utilicen para intervenir en la administración del emisor, por una parte, y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición, por otra.

A efectos del apartado 1, letra l), cualquier filial de una empresa filial se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frente de dichas empresas.

3. Cada vez que la presente Directiva haga referencia al euro, el contravalor en moneda nacional que deba tomarse en consideración a partir del 31 de diciembre de cada año será el del último día del mes de octubre anterior para el que se disponga de los contravalores del euro en todas las monedas de la Comunidad.

El acceso a la actividad de reaseguro estará supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.

Dicha autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro de origen por:

1. Toda autorización concedida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 será válida para toda la Comunidad. Permitirá a la empresa de reaseguros ejercer en ella actividades en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios.

2. La autorización se concederá para actividades de reaseguro de no vida, de reaseguro de vida o para todo tipo de actividades de reaseguro, según la solicitud formulada por la empresa solicitante.

La autorización se considerará atendiendo al programa de actividades que deberá presentarse con arreglo al artículo 6, letra b), y al artículo 11, y al cumplimiento de los requisitos de autorización que establezca el Estado miembro cuya autorización se solicita.

1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de reaseguros que soliciten autorización adopten una de las formas contempladas en el Anexo I.

La empresa de reaseguros también podrá adoptar la forma de Sociedad Anónima Europea (SE), definida en el Reglamento (CE) no 2157/2001 ( 18 ).

2. Los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que dichos organismos tengan por objeto la realización de operaciones de reaseguro en condiciones equivalentes a las de las empresas de Derecho privado.

El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de reaseguros que soliciten autorización:

1. Cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de reaseguros y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el correcto ejercicio de su misión de supervisión.

2. Las autoridades competentes denegarán la autorización cuando el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la empresa de reaseguros mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con su aplicación.

3. Las autoridades competentes exigirán a las empresas de reaseguros el suministro de la información que requieran para garantizar el cumplimiento permanente de las condiciones contempladas en el apartado 1.

Los Estados miembros exigirán a las empresas de reaseguros que su administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social.

1. La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión de todo documento necesario para el ejercicio normal de la supervisión.

2. No obstante, los Estados miembros no podrán establecer disposiciones que exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas, de las primas, de los formularios y demás impresos que la empresa de reaseguros se proponga utilizar en sus relaciones con las empresas cedentes o retrocedentes.

Los Estados miembros no podrán exigir que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

1. El programa de actividades contemplado en el artículo 6, letra b), deberá contener indicaciones o justificaciones relativas a:

2. Además de los requisitos del apartado 1, el programa de actividades deberá incluir, para los tres primeros ejercicios sociales:

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen no concederán la autorización que permita el acceso de una empresa a la actividad de reaseguro antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en dicha empresa, y el importe de dicha participación.

Dichas autoridades denegarán la autorización si, habida cuenta de la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de reaseguros, no estuvieran satisfechas de la idoneidad de dichos accionistas o socios.

Cualquier decisión denegatoria deberá ser motivada de modo preciso y notificada a la empresa interesada.

Cada Estado miembro preverá la posibilidad de un recurso judicial, con arreglo al artículo 53, contra las decisiones denegatorias.

Se preverá el mismo recurso para el caso en el que las autoridades competentes no se hubieran pronunciado sobre la solicitud de autorización, transcurrido un plazo de seis meses a partir del día de su recepción.

1. Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de reaseguros que sea:

2. La autoridad competente de un Estado miembro interesado que sea responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión será consultada antes de que se conceda una autorización a una empresa de reaseguros que sea:

3. Las autoridades competentes pertinentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, especialmente al evaluar la idoneidad de los accionistas y la honorabilidad y experiencia de los directivos que participen en la gestión de otra entidad del mismo grupo. Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la honorabilidad y experiencia de los directivos que sea relevante para las demás autoridades competentes interesadas a efectos de la concesión de una autorización y del control continuo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

1. La supervisión financiera de una empresa de reaseguros, incluida la de las actividades que ejerza a través de sucursales o en virtud de la libre prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del Estado miembro de origen.

Si las autoridades competentes del Estado miembro de acogida tienen motivos para considerar que las actividades de una empresa de reaseguros podrían afectar a su solidez financiera, informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros. Las autoridades competentes de este último comprobarán que la empresa de reaseguros observa las normas prudenciales definidas en la presente Directiva.

2. La supervisión financiera con arreglo al apartado 1 consistirá, en particular, en la comprobación, para el conjunto de actividades de la empresa de reaseguros, del estado de solvencia, de la constitución de provisiones técnicas y de los activos que las representan con arreglo a las normas establecidas o a las prácticas seguidas en el Estado miembro de origen en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

3. El Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros no rechazará un contrato de retrocesión celebrado por la empresa de reaseguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o con una empresa de seguros autorizada de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de dichas empresas de reaseguros o de seguros.

4. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que las empresas de reaseguros dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.

El Estado miembro de la sucursal dispondrá que, cuando una empresa de reaseguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen puedan, previa información a las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayan otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la información necesaria para poder realizar la supervisión financiera de la empresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha verificación.

1. Cada Estado miembro obligará a las empresas de reaseguros que tengan su administración central en su territorio a rendir cuenta anualmente, para todas sus operaciones, de su situación financiera y de su solvencia.

2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de reaseguros que tengan su administración central en su territorio la presentación periódica de los documentos que sean necesarios para ejercer la supervisión, así como de los documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comunicarán los documentos e informaciones útiles para la supervisión.

3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de los medios necesarios para la supervisión de las actividades de las empresas de reaseguros cuya administración central se halle en su territorio, incluidas las actividades ejercidas fuera de dicho territorio.

Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que las autoridades competentes obtengan cualquier información relativa a los contratos que obren en poder de los intermediarios.

En las condiciones dispuestas por el derecho nacional, cada Estado miembro autorizará a las empresas de reaseguros cuya administración central esté situada en su territorio para ceder, en su totalidad o en parte, la cartera de contratos, incluidos los suscritos en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios, a un cesionario establecido en la Comunidad, si las autoridades competentes del Estado miembro de origen del cesionario certifican que éste posee, habida cuenta de la cesión, el margen de solvencia necesario a que se refiere el Capítulo 3.

1. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que por sí sola o en concertación con otras (en lo sucesivo «el adquirente propuesto») haya decidido adquirir, directa o indirectamente, una participación cualificada en una empresa de reaseguros o incrementar, directa o indirectamente, tal participación cualificada en una empresa de reaseguros de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída sea igual o superior al 20 %, 30 % o 50 % o que la empresa de reaseguros pase a ser su filial (en lo sucesivo, la «adquisición propuesta»), lo notifique primero por escrito a las autoridades competentes de la empresa de reaseguros en la que se proponga adquirir o incrementar una participación cualificada, indicando la cuantía de la participación prevista y la información pertinente a que se refiere el artículo 19 bis, apartado 4. Los Estados miembros no necesitarán aplicar el umbral del 30 % cuando, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/109/CE, apliquen un umbral de un tercio.

2. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito al adquirente propuesto a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación, así como desde la fecha de posible recepción ulterior de la información a que se refiere el apartado 3.

Las autoridades competentes dispondrán de un plazo máximo de 60 días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y de todos los documentos que el Estado miembro exija que se adjunten a la notificación sobre la base de la lista indicada en el artículo 19 bis, apartado 4, (en lo sucesivo, «el plazo de evaluación») para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 19 bis, apartado 1 (en lo sucesivo, «la evaluación»).

Las autoridades competentes informarán al adquirente propuesto de la fecha en que expira el plazo de evaluación cuando procedan al acuse de recibo.

3. Si lo consideran necesario, las autoridades competentes podrán solicitar durante el plazo de evaluación, aunque no después de transcurrido el quincuagésimo día hábil del plazo de evaluación, la información adicional que se precise para completar la evaluación. Esta solicitud de información se hará por escrito y en ella se especificará la información adicional necesaria.

El plazo de evaluación quedará interrumpido durante el período comprendido entre la fecha en que las autoridades competentes soliciten información y la fecha de recepción de una respuesta del adquirente propuesto. La interrupción tendrá una duración máxima de 20 días hábiles. Las autoridades competentes podrán efectuar según su criterio otras solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información, si bien ninguna de estas solicitudes podrá dar lugar a una interrupción del plazo de evaluación.

4. Las autoridades competentes podrán prolongar la interrupción mencionada en el párrafo segundo del apartado 3 hasta 30 días hábiles si el adquirente propuesto:

5. Si, una vez finalizada la evaluación, las autoridades competentes decidieran plantear objeciones a la adquisición propuesta, informarán de ello al adquirente propuesto, por escrito y motivando su decisión, en el plazo de dos días hábiles, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse el plazo de evaluación. Con arreglo a la legislación nacional, podrá hacerse pública una declaración adecuada de los motivos que justifican la decisión a petición del adquirente propuesto. Lo anterior no impedirá a los Estados miembros autorizar a la autoridad competente a hacer esta publicidad sin que medie la petición del adquirente propuesto.

6. Si las autoridades competentes no se opusieran por escrito a la adquisición propuesta dentro del plazo de evaluación, tal adquisición se considerará autorizada.

7. Las autoridades competentes podrán establecer un plazo máximo para la conclusión de la adquisición propuesta y prolongar dicho plazo cuando proceda.

8. Los Estados miembros no podrán imponer condiciones de notificación a las autoridades competentes, o de aprobación por estas, de las adquisiciones directas o indirectas de derechos de voto o capital que sean más rigurosas que las establecidas en la presente Directiva.

1. Al examinar la notificación contemplada en el artículo 19, apartado 1, y la información mencionada en el artículo 19, apartado 3, las autoridades competentes, con objeto de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de reaseguros en la que se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente propuesto sobre la empresa de reaseguros, verificarán la idoneidad del adquirente propuesto y la solidez financiera de la adquisición propuesta de acuerdo con los siguientes criterios:

2. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 1 o si la información aportada por el adquirente propuesto está incompleta.

3. Los Estados miembros no impondrán condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni permitirán a sus autoridades competentes examinar la adquisición propuesta a la luz de las necesidades económicas del mercado.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición pública una lista en la que se indique la información que será necesaria para realizar la evaluación y que se facilitará a las autoridades competentes en el momento de la notificación mencionada en el artículo 19, apartado 1. El nivel de información exigido deberá ser proporcional y adaptado a la naturaleza del adquirente propuesto y de la adquisición propuesta. Los Estados miembros solo exigirán información que resulte pertinente a efectos de la evaluación cautelar.

5. Sin perjuicio del artículo 19, apartados 2, 3 y 4, cuando la autoridad competente reciba notificación de dos o más propuestas de adquisición o incremento de participaciones cualificadas en una misma empresa de reaseguros, tratará a todos los adquirentes propuestos de forma no discriminatoria.

1. Las autoridades competentes se consultarán recíprocamente al realizar la evaluación, siempre que el adquirente propuesto constituya:

2. Las autoridades competentes se facilitarán recíprocamente, sin retrasos injustificados, toda la información que resulte esencial o pertinente para la evaluación. A este respecto, las autoridades competentes se comunicarán, previa solicitud, toda información pertinente y, a iniciativa propia, toda información esencial. Toda decisión adoptada por la autoridad competente que haya autorizado a la empresa de reaseguros en la que se propone la adquisición mencionará las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente responsable del adquirente propuesto.

Los Estados miembros dispondrán que toda persona física o jurídica que se proponga transmitir, directa o indirectamente, una participación cualificada en una empresa de reaseguros, deberá informar previamente de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y comunicar la cuantía prevista de su participación.

Dicha persona deberá asimismo notificar a las autoridades competentes si ha decidido reducir su participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída por la misma sea inferior al 20 %, 30 % o 50 % o que la empresa de reaseguros deje de ser su filial. Los Estados miembros no necesitarán aplicar el umbral del 30 % cuando, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/109/CE, apliquen un umbral de un tercio.

Las empresas de reaseguros comunicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tan pronto como tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participación en su capital que hagan ascender o descender alguno de los límites contemplados en los artículos 19 y 21.

Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la cuantía de dichas participaciones, tal como resulta, en particular, de los datos obtenidos en la junta general anual de accionistas o socios, o de la información recibida en virtud de la obligación a que están sujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.

Los Estados miembros dispondrán que, cuando las personas a las que se refiere el artículo 19 ejerzan su influencia de manera tal que vaya en detrimento de una gestión prudente y sana de las actividades de una empresa de reaseguros, las autoridades competentes del Estado miembro de origen adopten las medidas oportunas para poner fin a dicha situación. Dichas medidas podrán consistir, en particular, en requerimientos, sanciones a los directivos o administradores o la suspensión del ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones o participaciones que posean los accionistas o socios en cuestión.

Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal como dispone el artículo 19. En el caso de que se adquiera una participación a pesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, con independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anularlos.

1. Los Estados miembros establecerán que todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes, así como los auditores o expertos encargados por las autoridades competentes, tengan la obligación de guardar el secreto profesional.

Conforme a dicha obligación, y sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal, las informaciones confidenciales que reciban a título profesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad, salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las empresas de reaseguros individuales no puedan ser identificadas.

2. No obstante, cuando se trate de empresas de reaseguros que se hayan declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada por un tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran a terceras partes implicadas en intentos de reflotar la empresa podrán ser divulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercantiles.

Intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros

El artículo 24 no será obstáculo para que las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros procedan a los intercambios de información previstos en las directivas aplicables a las empresas de reaseguros. Dichas informaciones estarán sujetas al secreto profesional contemplado en el artículo 24.

Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las autoridades competentes de terceros países o con las autoridades u órganos de esos países, según se definen en el artículo 28, apartados 1 y 2, si la información comunicada queda protegida por garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en la presente Sección. Dicho intercambio de información deberá tener por objeto el cumplimiento de la labor de supervisión de las autoridades u órganos en cuestión.

Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, no podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con la finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.

La autoridad competente que, en virtud de los artículos 24 y 25, reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejercicio de sus funciones:

1. Los artículos 24 y 27 no serán obstáculo para el intercambio de información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre las autoridades competentes y:

para el cumplimiento de su misión de supervisión, ni para la transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos obligatorios de liquidación o de sistemas de garantía, de la información necesaria para el cumplimiento de su función. La información recibida por dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el artículo 24.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 24 a 27, los Estados miembros podrán autorizar intercambios de información entre las autoridades competentes y:

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganos que podrán recibir información en virtud del presente apartado.

3. No obstante lo dispuesto en los artículos 24 a 27, los Estados miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de información entre las autoridades competentes y las autoridades o los órganos encargados en virtud de la ley de detectar las infracciones al derecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investigación recurriendo, dada su competencia específica, a personas con un mandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibilidad de intercambiar información prevista en el párrafo primero podrá ampliarse a estas personas en las condiciones establecidas en el párrafo segundo.

Para la aplicación del párrafo segundo, letra c), las autoridades y los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a las autoridades competentes que hayan facilitado la información, la identidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá dicha información.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganos que podrán recibir información con arreglo al presente apartado.

Lo dispuesto en la presente Sección no obstará para que una autoridad competente transmita a los bancos centrales y demás organismos de función similar, en tanto que autoridades monetarias, y, en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago, información destinada al cumplimiento de su misión, ni para que dichas autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la información que precisen a los efectos del artículo 27.

La información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en la presente Sección.

Comunicación de información a las administraciones centrales responsables de la legislación financiera

No obstante lo dispuesto en los artículos 24 y 27, los Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de sus administraciones centrales responsables de la aplicación de la legislación de supervisión de las entidades de crédito, las entidades financieras, los servicios de inversión y las empresas de seguros y de reaseguros, así como a los inspectores designados por dichos departamentos.

No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello sea necesario por razones de supervisión prudencial.

Sin embargo, los Estados miembros establecerán que las informaciones recibidas con arreglo al artículo 25 y al artículo 28, apartado 1, y las obtenidas por medio de las verificaciones in situ contempladas en el artículo 16 no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones contempladas en el presente artículo, salvo acuerdo expreso de la autoridad competente que haya comunicado las informaciones o de la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuado la verificación in situ.

1. Los Estados miembros establecerán como mínimo que toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE ( 22 ) que ejerza en una empresa de reaseguros la función descrita en el artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE ( 23 ), en el artículo 37 de la Directiva 83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE ( 24 ), o cualquier otra función legal tendrá la obligación de señalar sin demora a las autoridades competentes cualquier hecho o decisión sobre dicha entidad del que haya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha función y que pueda:

Se impondrá la misma obligación a dicha persona por lo que respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en el marco de una función como la descrita en el primer párrafo ejercida en una empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo de control con la empresa de reaseguros en la que esta persona ejerza la mencionada función.

2. La divulgación de hechos o decisiones pertinentes contemplados en el presente artículo, apartado 1, a las autoridades competentes, por parte de las personas autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuesta por contrato o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, ni implicará para dichas personas ningún tipo de responsabilidad.

1. El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de reaseguros la obligación de constituir provisiones técnicas suficientes para el conjunto de sus actividades.

La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a las normas fijadas en la Directiva 91/674/CEE. En su caso, el Estado miembro de origen podrá establecer normas más específicas de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2002/83/CE.

2. Los Estados miembros no mantendrán ni introducirán un sistema de provisión bruta que requiera la pignoración de activos para cubrir la provisión de primas no consumidas y de siniestros pendientes si el reasegurador es una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o una empresa de seguros autorizada de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE.

3. Si el Estado miembro de origen admite la representación de las provisiones técnicas con créditos frente a reaseguradores no autorizados de conformidad con la presente Directiva o empresas de seguros no autorizadas de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE, establecerá las condiciones para aceptar dichos créditos.

1. El Estado miembro de origen obligará a las empresas de reaseguros que reaseguren riesgos incluidos en el ramo 14 enumerado en el punto A del anexo a la Directiva 73/239/CEE a constituir una reserva de estabilización que servirá para compensar la pérdida técnica eventual o la tasa de siniestralidad superior a la media que aparezca en este ramo al final del ejercicio.

2. La reserva de estabilización para el reaseguro de crédito se calculará según las reglas fijadas por el Estado miembro de origen con arreglo a uno de los cuatro métodos que figuran en el punto D del anexo a la Directiva 73/239/CEE y que se consideran equivalentes.

3. El Estado miembro de origen podrá eximir a las empresas de reaseguros de la obligación de constituir reservas de estabilización para el reaseguro de seguros de crédito si sus ingresos de primas o de cuotas por dicho reaseguro son inferiores al 4 % de sus ingresos totales de primas o de cuotas y a 2 500 000 EUR.

4. El Estado miembro de origen podrá obligar a toda empresa de reaseguros a constituir reservas de estabilización para las clases de riesgos distintas del reaseguro de crédito. Las reservas de estabilización se calcularán según las normas establecidas por el Estado miembro de origen.

1. El Estado miembro de origen deberá exigir a todas las empresas de reaseguros que inviertan los activos que cubren las provisiones técnicas y las reservas de estabilización a que se refiere el artículo 33 de conformidad con las normas siguientes:

Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los requisitos a que se refiere la letra e) a las inversiones en títulos emitidos por el Estado.

2. Los Estados miembros no podrán exigir a las empresas de reaseguros situadas en su territorio que inviertan en determinadas categorías de activos.

3. Los Estados miembros no someterán las decisiones en materia de inversiones de una empresa de reaseguros situada en su territorio o de su gestor de inversiones a ningún tipo de autorización previa o a exigencias sistemáticas de notificación.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3, el Estado miembro de origen podrá, en lo que respecta a todas las empresas de reaseguros que tengan su administración central en su territorio, establecer las normas cuantitativas siguientes, a reserva de que estén justificadas desde un punto de vista prudencial:

5. Además, el Estado miembro de origen establecerá reglas más detalladas para determinar las condiciones de utilización de los importes procedentes de una entidad con cometido especial como activos para cubrir las provisiones técnicas de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Cada Estado miembro obligará a toda empresa de reaseguros cuya administración central esté situada en su territorio a mantener en todo momento un margen de solvencia disponible suficiente con respecto al conjunto de sus actividades y que sea, como mínimo, igual a las exigencias de la presente Directiva.

1. El margen de solvencia disponible estará constituido por el patrimonio de la empresa de reaseguros, libre de todo compromiso previsible, deducidos los elementos intangibles, y comprenderá:

2. Del margen de solvencia disponible se deducirán las acciones propias que posea directamente la empresa de reaseguros.

Para las empresas de reaseguros que descuenten o reduzcan sus provisiones técnicas para siniestros en seguros de no vida a fin de tener en cuenta la rentabilidad de las inversiones según lo permitido por la el artículo 60, apartado 1, letra g), de la Directiva 91/674/CEE, el margen de solvencia disponible se reducirá en la diferencia entre las provisiones técnicas no descontadas o las provisiones técnicas antes de las deducciones que figuren en la memoria integrante de las cuentas anuales, y las provisiones técnicas descontadas o las provisiones técnicas tras las deducciones. Este ajuste se efectuará para todos los riesgos enumerados en el punto A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, a excepción de los riesgos enumerados en los ramos 1 y 2 del punto A de dicho anexo. Para los ramos distintos del 1 o el 2 del punto A de dicho anexo, no será necesario efectuar ajuste alguno con respecto al descuento de las prestaciones en forma de renta incluidas en las provisiones técnicas.

Además de las deducciones contempladas en los párrafos primero y segundo, se deducirán también del margen de solvencia disponible los siguientes elementos:

Cuando se tengan temporalmente acciones en otra entidad de crédito, entidad financiera, empresa de inversión, empresa de seguros o de reaseguros o sociedad de cartera de seguros, en el marco de una operación de asistencia financiera destinada al saneamiento y salvamento de dicha entidad, la autoridad competente podrá permitir excepciones a las disposiciones en materia de deducción contempladas en el párrafo tercero, letras a) y b).

Como alternativa a la deducción de los elementos contemplados en el párrafo tercero, letras a) y b), que la empresa de reaseguros posea en entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, los Estados miembros podrán autorizar a sus empresas de reaseguros a aplicar, mutatis mutandis, los métodos 1, 2 o 3 del anexo I de la Directiva 2002/87/CE. El método 1 («Consolidación contable») sólo se aplicará si la autoridad competente confía en el nivel de gestión integrada y de control interno de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la consolidación. El método que se elija deberá aplicarse posteriormente de forma sistemática.

Los Estados miembros podrán disponer que, para calcular el margen de solvencia que establece la presente Directiva, las empresas de reaseguros sujetas a la supervisión adicional, con arreglo a la citada Directiva 98/78/CE o a la supervisión adicional con arreglo a la citada Directiva 2002/87/CE, podrán no deducir los elementos contemplados en el párrafo tercero, letras a) y b), que posean en entidades de crédito, entidades financieras, empresas de inversión, empresas de seguros o de reaseguros o sociedades de cartera de seguros incluidas en el ámbito de la supervisión adicional.

A efectos de la deducción de participaciones contemplada en este apartado, el término participación se entenderá en el sentido del artículo 1, letra f), de la Directiva 98/78/CE.

4. A petición debidamente justificada de la empresa de reaseguros ante la autoridad competente del Estado miembro de origen y con el acuerdo de dicha autoridad competente, el margen de solvencia disponible podrá estar constituido asimismo por:

5. Además, en relación con las actividades de reaseguro de vida, el margen de solvencia disponible, a petición debidamente justificada de la empresa de reaseguros ante la autoridad competente del Estado miembro de origen y con el acuerdo de dicha autoridad competente, podrá estar constituido asimismo por:

6. Las modificaciones del presente artículo, apartados 1 a 5, a fin de tener en cuenta la evolución que justifique un ajuste técnico de los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 55, apartado 2.

1. El margen de solvencia obligatorio se determinará con relación, bien al importe anual de las primas o cuotas, bien a la siniestralidad media en los tres últimos ejercicios.

No obstante, cuando la empresa de reaseguros sólo cubra esencialmente uno o varios de los riesgos de crédito, tormenta, granizo o helada, se tendrán en cuenta, como período de referencia para el cálculo de la siniestralidad media, los siete últimos ejercicios.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, el importe del margen de solvencia obligatorio será igual al mayor de los dos resultados establecidos en el presente artículo, apartados 3 y 4.

3. La base de primas se calculará empleando el valor de las primas o cuotas brutas devengadas según se especifica posteriormente, o bien, si es más elevado, de las primas o cuotas brutas imputadas en el ejercicio.

Las primas o cuotas correspondientes a los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del anexo a la Directiva 73/239/CEE se aumentarán en un 50 %.

Las primas o cuotas correspondientes a los ramos distintos del 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del anexo a la Directiva 73/239/CEE podrán aumentarse en un 50 % en el caso de actividades o tipos de contratos de reaseguro específicos habida cuenta de las características propias de dichas actividades o contratos y de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 55, apartado 2, de la presente Directiva. Se sumarán las primas o cuotas de las operaciones de reaseguro durante el último ejercicio, incluidos todos los recargos accesorios.

De este total se restará el importe de las primas o cuotas anuladas durante el último ejercicio económico, así como el importe total de los impuestos y gravámenes correspondientes a las primas o cuotas incluidas en dicho total.

El importe así obtenido se dividirá en dos tramos, el primero de los cuales comprenderá hasta 50 000 000 EUR, y el segundo, el resto; se calcularán y se sumarán el 18 y el 16 % de dichos tramos respectivamente.

La suma así obtenida se multiplicará por la relación existente, para el conjunto de los tres últimos ejercicios, entre la siniestralidad a cargo de la empresa de reaseguros después de deducir la siniestralidad a cargo de la retrocesión y el importe de la siniestralidad bruta; dicha relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50 %. Previa solicitud y justificación por parte de la empresa de reaseguros a la autoridad competente del Estado miembro de origen y con la conformidad de dicha autoridad, podrán deducirse también con carácter de retrocesión los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial contempladas en el artículo 46.

Con la aprobación de las autoridades competentes, podrán utilizarse métodos estadísticos para asignar las primas o cuotas.

4. La base de siniestros se calculará del siguiente modo, computando, en relación con los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, los siniestros, provisiones y recobros, aumentados en un 50 %.

Los siniestros, provisiones y recobros correspondientes a los ramos distintos del 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del anexo a la Directiva 73/239/CEE podrán aumentarse en un 50 % en el caso de actividades o tipos de contratos de reaseguro específicos habida cuenta de las características propias de dichas actividades o contratos y de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 55, apartado 2, de la presente Directiva.

Se acumularán (sin deducción de los siniestros a cargo de los retrocesionarios) los importes de los siniestros pagados durante los períodos contemplados en el apartado 1.

A esta suma se añadirá el importe de las provisiones para siniestros pendientes constituidas al final del último ejercicio.

De este resultado se restarán los importes de los recobros habidos durante los períodos contemplados en el apartado 1.

Del resultado así obtenido se restará el importe de las provisiones para siniestros, constituidas al comienzo del segundo ejercicio anterior al último ejercicio cerrado. Si el período de referencia establecido en el apartado 1 equivale a siete años, se deducirá el importe de las provisiones para siniestros, constituidas al comienzo del sexto ejercicio anterior al último ejercicio cerrado.

El tercio, o la séptima parte, del importe así obtenido, según cuál sea el período de referencia utilizado con arreglo al apartado 1, se dividirá en dos tramos, el primero de los cuales comprenderá hasta 35 000 000 EUR y el segundo, el resto; se calcularán y se sumarán el 26 y el 23 % de dichos tramos respectivamente.

La suma así obtenida se multiplicará por la relación existente, para el conjunto de los tres últimos ejercicios, entre la siniestralidad a cargo de la empresa después de deducir la siniestralidad a cargo del reaseguro y el importe de la siniestralidad bruta; dicha relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50 %. Previa solicitud y justificación por parte de la empresa de reaseguros a la autoridad competente del Estado miembro de origen y con la conformidad de dicha autoridad, podrán deducirse también con carácter de retrocesión los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial contempladas en el artículo 46.

Con la aprobación de las autoridades competentes, podrán utilizarse métodos estadísticos para asignar los siniestros, provisiones y recobros.

5. Si el margen de solvencia obligatorio calculado con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 es inferior al margen de solvencia obligatorio del año precedente, el margen de solvencia obligatorio será por lo menos igual al del año precedente multiplicado por el coeficiente que resulte de dividir las provisiones técnicas para siniestros al final del último ejercicio económico entre las provisiones técnicas para siniestros al comienzo del último ejercicio. En estos cálculos las provisiones técnicas se computarán netas de retrocesión, y el citado coeficiente no podrá ser en ningún caso superior a uno.

6. Los porcentajes aplicables a los tramos mencionados en el apartado 3, párrafo quinto, y en el apartado 4, párrafo séptimo, se reducirán a un tercio en el caso del reaseguro del seguro de enfermedad gestionado según una técnica similar a la del seguro de vida, cuando:

1. El margen de solvencia obligatorio para las actividades de reaseguro de vida estará determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, apartado 1, el Estado miembro de origen podrá prever que, para los tipos de reaseguro de las actividades de seguro que entran en el ámbito del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/83/CE vinculados a fondos de inversión o a contratos con participación y para las operaciones a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), así como el artículo 2 apartado 2, letras c), d) y e), de la Directiva 2002/83/CE, el margen de solvencia obligatorio se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Directiva 2002/83/CE.

Margen de solvencia obligatorio para las empresas de reaseguros que realicen simultáneamente actividades de reaseguro de no vida y de vida

1. El Estado miembro de origen obligará a toda empresa de reaseguros que realice simultáneamente actividades de reaseguro de no vida y de vida a poseer un margen de solvencia disponible igual al total de los márgenes de solvencia obligatorios correspondientes a las actividades de reaseguro de no vida y de vida, el cual se determinará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 respectivamente.

2. Cuando el margen de solvencia disponible no alcance el nivel requerido en el presente artículo, apartado 1, las autoridades competentes aplicarán las medidas previstas en los artículos 42 y 43.

1. El fondo de garantía estará constituido por un tercio del margen de solvencia obligatorio regulado en los artículos 37, 38 y 39. Dicho fondo estará compuesto por los elementos enumerados en el artículo 36, apartados 1, 2 y 3, y, con el acuerdo de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, por el elemento incluido en el artículo 36, apartado 4, letra c).

Cada Estado miembro podrá prever que, en relación con las empresas de reaseguros cautivas, el fondo mínimo de garantía no será inferior a 1 000 000 EUR.

1. Las cantidades en euros establecidas en el artículo 40, apartado 2, serán objeto de una revisión anual que se iniciará a partir 10 de diciembre de 2007, a fin de tener en cuenta los cambios en el índice europeo de precios al consumo referido a todos los Estados miembros, con arreglo a lo publicado por Eurostat.

Las cantidades se adaptarán automáticamente aumentando su importe inicial en euros en el cambio porcentual de dicho índice durante el período transcurrido entre la entrada en vigor de la presente Directiva y la fecha de revisión, redondeado hasta un múltiplo de 100 000 EUR.

Si el cambio porcentual desde la última actualización es inferior al 5 % no se efectuará actualización alguna.

2. La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la revisión y de las cantidades actualizadas según lo contemplado en el apartado 1.

Empresas de reaseguros en dificultades o en situación irregular y revocación de la autorización

1. Si una empresa de reaseguros no se ajustare a las disposiciones del artículo 32, la autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresa podrá prohibir la libre disposición de los activos, una vez haya informado de su intención a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida.

2. Para restablecer la situación financiera de una empresa de reaseguros cuyo margen de solvencia no alcance el mínimo prescrito en los artículos 37, 38 y 39, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá un plan de saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.

En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente considera que la posición financiera de la empresa de reaseguros va a seguir deteriorándose, podrá también restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa de reaseguros. Informará a las autoridades de los demás Estados miembros en cuyo territorio la empresa de reaseguros ejerza su actividad de toda medida adoptada y éstas, a petición de la primera autoridad, adoptarán las mismas medidas que las que aquélla haya adoptado.

3. Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía mínimo definido en el artículo 40, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá a la empresa de reaseguros un plan de financiación a corto plazo, que deberá ser sometido a su aprobación.

Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa de reaseguros. Informará de ello a las autoridades de todos los demás Estados miembros, las cuales, a instancia suya, adoptarán idénticas medidas.

4. Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, la libre disposición de los activos localizados en su territorio, a petición, en los casos previstos en los apartados 1, 2 y 3, del Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros, que deberá designar los activos que deban ser objeto de estas medidas.

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para exigir un plan de recuperación financiera a aquellas empresas de reaseguros en las que, a juicio de las autoridades competentes, peligren sus obligaciones derivadas de los contratos de reaseguro.

2. El plan de recuperación financiera deberá, por lo menos, contener indicaciones o justificaciones correspondientes a los próximos tres ejercicios, relativas a:

3. En los casos en que las obligaciones contractuales de la empresa de reaseguros estén amenazadas debido al deterioro de la situación financiera de la empresa de reaseguros, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para obligar a las empresas de reaseguros a tener un margen de solvencia obligatorio más alto, a fin de garantizar que la empresa de reaseguros pueda cumplir en un futuro próximo los requisitos de solvencia. El nivel de este margen de solvencia obligatorio más elevado se basará en el plan de recuperación financiera contemplado en el apartado 1.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para revisar a la baja todos los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible, en particular cuando se haya producido un cambio significativo en el valor de mercado de estos elementos desde el fin del ejercicio anterior.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para disminuir la reducción basada en la retrocesión del margen de solvencia determinado con arreglo a los artículos 37, 38 y 39 cuando:

6. En caso de que las autoridades competentes hayan requerido un plan de recuperación financiera a la empresa de reaseguros con arreglo al presente artículo, apartado 1, se abstendrán de emitir el certificado a que se refiere el artículo 18, en tanto consideren que sus obligaciones resultantes de contratos de reaseguro están amenazadas en el sentido de dicho apartado 1.

1. La autorización concedida a la empresa de reaseguros por la autoridad competente del Estado miembro de origen podrá ser revocada por esta autoridad cuando la empresa:

En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la autoridad competente del Estado miembro de origen informará a las autoridades competentes de los restantes Estados miembros, que adoptarán las medidas oportunas para impedir que la empresa de reaseguros inicie nuevas operaciones en su territorio, ya sea en virtud del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios.

2. Toda decisión de revocar una autorización deberá motivarse de una manera precisa y notificarse a la empresa de reaseguros interesada.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REASEGURO LIMITADO Y A LAS ENTIDADES CON COMETIDO ESPECIAL

1. El Estado miembro de origen podrá adoptar disposiciones específicas en lo que respecta al ejercicio de actividades de reaseguro limitado con respecto a:

2. En aras de la transparencia, los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión el texto de cualquier medida establecida por su legislación nacional a los fines del apartado 1.

1. Si un Estado miembro decide autorizar el establecimiento en su territorio de entidades con cometido especial en el sentido de la presente Directiva, deberá exigir su autorización oficial previa.

2. El Estado miembro en que esté establecida la entidad con cometido especial fijará las condiciones en que se llevarán a cabo las actividades de dicha entidad. En particular, dicho Estado miembro establecerá las normas relativas a lo siguiente:

3. En aras de la transparencia, los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión el texto de cualquier medida establecida por su legislación nacional a los fines del apartado 2.

DISPOSICIONES SOBRE EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Si las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueban que una empresa de reaseguros que tiene una sucursal o que opera en virtud de la libre prestación de servicios en su territorio no respeta las normas jurídicas de este Estado que le sean aplicables, dichas autoridades invitarán a la empresa de reaseguros a que ponga fin a esta situación irregular. Al mismo tiempo, comunicarán los hechos a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Si, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, la empresa de reaseguros sigue infringiendo las normas jurídicas en vigor en el Estado miembro de acogida, este último podrá adoptar, tras informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las medidas apropiadas para prevenir o reprimir nuevas irregularidades y, si fuere absolutamente necesario, impedir que la empresa de reaseguros siga celebrando nuevos contratos de reaseguro en su territorio. Los Estados miembros velarán para que sea posible efectuar en su territorio las notificaciones a las empresas de reaseguros.

2. Toda medida adoptada en aplicación del apartado 1 y que implique sanciones o restricciones al ejercicio de la actividad de reaseguros deberá estar debidamente motivada y se notificará a la empresa de reaseguros afectada.

En caso de liquidación de una empresa de reaseguros, los compromisos derivados de los contratos suscritos a través de una sucursal o en virtud de la libre prestación de servicios se ejecutarán de la misma forma que los compromisos derivados de los demás contratos de reaseguros de dicha empresa.

EMPRESAS DE REASEGUROS QUE TIENEN SU ADMINISTRACIÓN CENTRAL FUERA DE LA COMUNIDAD Y EJERCEN ACTIVIDADES DE REASEGURO EN LA COMUNIDAD

Un Estado miembro no aplicará a las empresas de reaseguros que tengan su administración central fuera de la Comunidad y accedan a la actividad de reaseguro o la ejerzan en su territorio disposiciones que conduzcan a un trato más favorable que aquél al que estén sometidas las empresas de reaseguros que tengan su administración central en dicho Estado miembro.

1. La Comisión podrá presentar propuestas al Consejo para la negociación de acuerdos con uno o más terceros países en relación con las modalidades de ejercicio de la supervisión de:

2. Los acuerdos contemplados en el apartado 1 tendrán por objeto, en particular, garantizar, en condiciones de equivalencia de la supervisión prudencial, el acceso efectivo de las empresas de reaseguros al territorio de cada parte contratante y el reconocimiento mutuo de las normas y prácticas prudenciales en el ámbito del reaseguro. Tendrán, además, por objeto garantizar:

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 300, apartados 1 y 2, del Tratado, la Comisión, con la asistencia del Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación, examinará el resultado de las negociaciones contempladas en el presente artículo, apartado 1, y la situación que se derive de las mismas.

FILIALES DE EMPRESAS MATRICES SOMETIDAS AL DERECHO DE UN TERCER PAÍS Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES POR DICHAS EMPRESAS MATRICES

Las autoridades competentes de los Estados miembros informaran a la Comisión y a las autoridades competentes de otros Estados miembros:

Cuando se concede la autorización mencionada en la letra a) a una filial directa o indirecta de una o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un tercer país, deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las autoridades competentes dirijan a la Comisión.

1. Los Estados miembros informaran a la Comisión de las dificultades de carácter general que encuentren sus empresas de reaseguros para establecerse y ejercer sus actividades en un tercer país.

2. La Comisión elaborará, de forma periódica, un informe en el que se examine el trato concedido en terceros países a las empresas de reaseguros de la Comunidad, tal como dicho trato se entiende en el apartado 3, en lo que se refiere al establecimiento de empresas de reaseguros comunitarias en terceros países, la adquisición de participaciones en empresas de reaseguros de terceros países, el ejercicio de actividades de reaseguro por dichas empresas establecidas y la prestación transfronteriza de actividades de reaseguro de la Comunidad a terceros países. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de propuestas o recomendaciones adecuadas.

3. Si basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión comprueba que un tercer país no concede a las empresas de reaseguros comunitarias un acceso efectivo al mercado, podrá presentar al Consejo recomendaciones para que se le otorgue un mandato de negociación adecuado para obtener un mejor acceso al mercado de las empresas de reaseguros comunitarias.

4. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo deberán ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con arreglo a cualquier acuerdo internacional y, en particular, en la Organización Mundial del Comercio.

Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas en relación con una empresa de reaseguros en aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación de la presente Directiva estén sujetas al derecho de recurso jurisdiccional.

1. Los Estados miembros cooperarán entre sí para facilitar la supervisión del reaseguro en la Comunidad y la aplicación de la presente Directiva.

2. La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros colaborarán estrechamente para facilitar la supervisión del reaseguro dentro de la Comunidad y para examinar las dificultades que pudieran surgir en la aplicación de la presente Directiva.

1. La Comisión estará asistida por el Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

Las medidas de ejecución siguientes destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 55, apartado 2.

5. Los artículos 6, 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 6

Acceso a la información

1. Los Estados miembros dispondrán que sus autoridades competentes encargadas de ejercer la supervisión adicional tengan acceso a cualquier información pertinente a efectos de la supervisión de las empresas de seguros o de reaseguros sometidas a dicha supervisión adicional. Las autoridades competentes sólo podrán dirigirse directamente a las empresas de que se trate contempladas en el artículo 3, apartado 2, para obtener la información necesaria cuando dicha información se hubiere solicitado a la empresa de seguros o de reaseguros y ésta no la hubiere facilitado.

2. Los Estados miembros dispondrán que, dentro de su territorio, sus autoridades competentes puedan proceder, por sí mismas o por mediación de personas designadas para ello, a la verificación in situ de la información a que se refiere el apartado 1 en:

— la empresa de seguros sujeta a supervisión adicional,

— la empresa de reaseguros sujeta a supervisión adicional,

— las empresas filiales de dicha empresa de seguros,

— las empresas filiales de dicha empresa de reaseguros,

— las empresas matriz de dicha empresa de seguros,

— las empresas matriz de dicha empresa de reaseguros,

— las empresas filiales de una empresa matriz de dicha empresa de seguros,

— las empresas filiales de una empresa matriz de dicha empresa de reaseguros.

3. Cuando, en aplicación del presente artículo, las autoridades competentes de un Estado miembro deseen verificar, en casos determinados, informaciones importantes de una empresa situada en otro Estado miembro y que sea una empresa de seguros vinculada, una empresa de reaseguros vinculada, una empresa filial, una empresa matriz o una empresa filial de una empresa matriz de la empresa de seguros o de la empresa de reaseguros sujeta a supervisión adicional, deberán solicitar a las autoridades competentes de dicho Estado miembro que procedan a dicha verificación. Las autoridades que reciban la solicitud deberán darle curso, cuando tengan competencia para ello, bien procediendo por sí mismas a dicha verificación, bien permitiendo que procedan a ella las autoridades que hayan presentado la solicitud, bien permitiendo que lo haga un auditor o un perito.

La autoridad competente solicitante podrá participar en la verificación, si así lo desea, cuando no proceda por sí misma a la verificación.

Artículo 7

Cooperación entre las autoridades competentes

1. En el caso de las empresas de seguros o de reaseguros que estén directa o indirectamente vinculadas o que tengan una empresa participante común y que estén establecidas en Estados miembros diferentes, las autoridades competentes de cada Estado miembro se comunicarán, previa solicitud, toda la información pertinente que permita o facilite el ejercicio de la supervisión con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva y comunicarán por iniciativa propia cualquier información que consideren esencial para las otras autoridades competentes.

2. Cuando una empresa de seguros o de reaseguros y una entidad de crédito tal como viene definida en la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio ( 34 ), o una empresa de inversión tal como viene definida en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables ( 35 ), o ambas, estén directa o indirectamente vinculadas o tengan una empresa participante común, las autoridades competentes y las autoridades facultadas para proceder a la supervisión de esas otras entidades colaborarán estrechamente. Sin perjuicio de sus respectivas competencias, dichas autoridades se comunicarán toda información que pueda facilitar su labor, en particular a efectos de lo dispuesto en la presente Directiva.

3. Toda información recabada en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva, y en particular los intercambios de información entre autoridades competentes previstos en la presente Directiva, estarán amparados por el secreto profesional definido en el artículo 16 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) ( 36 ), en el artículo 16 de la Directiva 2002/83/CE y en los artículos 24 al 30 de la Directiva 2005/68/CE.

Artículo 8

Operaciones intragrupo

1. Los Estados miembros dispondrán que las autoridades competentes sometan a una supervisión general las operaciones entre:

a) una empresa de seguros o de reaseguros y:

i) una empresa vinculada a la empresa de seguros o de reaseguros,

ii) una empresa participante en la empresa de seguros o de reaseguros,

iii) una empresa vinculada a una empresa participante en la empresa de seguros o de reaseguros;

b) una empresa de seguros o de reaseguros y una persona física que posea una participación en:

i) la empresa de seguros, la empresa de reaseguros o cualquiera de sus empresas vinculadas,

ii) una empresa participante en la empresa de seguros o de reaseguros,

iii) una empresa vinculada a una empresa participante en la empresa de seguros o de reaseguros.

Estas operaciones se referirán, en particular, a:

— préstamos,

— garantías y operaciones no consignadas en el balance,

— elementos computables para el margen de solvencia,

— inversiones,

— operaciones de reaseguro y retrocesión,

— acuerdos para el reparto de gastos.

2. Los Estados miembros exigirán que las empresas de seguros y de reaseguros cuenten con procesos adecuados de gestión de riesgos y mecanismos de control internos, incluidos procedimientos de información y de contabilidad fiables, para determinar, medir, supervisar y controlar debidamente las operaciones contempladas en el apartado 1. Los Estados miembros exigirán asimismo que las empresas de seguros y de reaseguros informen a las autoridades competentes, al menos una vez al año, de las operaciones significativas. Estos sistemas y mecanismos serán revisados por las autoridades competentes.

Si de esta información se desprendiera que la solvencia de la empresa de seguros o de reaseguros se ve o podría verse comprometida, la autoridad competente adoptará con respecto a esta empresa las medidas pertinentes.»

1. Las empresas de reaseguros a que se refiere la presente Directiva, que estaban autorizadas o habilitadas para llevar a cabo operaciones de reaseguro de conformidad con las disposiciones de los Estados miembros en que tienen su administración central antes 10 de diciembre de 2005, se considerarán autorizadas de conformidad con el artículo 3.

Sin embargo, estarán obligadas a ajustarse a las disposiciones de la presente Directiva relativas al ejercicio de actividades de reaseguro y a las condiciones establecidas en el artículo 6, letras a), c) y d), en los artículos 7, 8 y 12 y en los artículos 32 a 41 a partir 10 de diciembre de 2007.

2. Los Estados miembros podrán conceder a las empresas de reaseguros a las que se refiere el apartado 1 que en 10 de diciembre de 2005 no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 6, letra a), en los artículos 7, 8 y 32 a 40, un período hasta 10 dediciembre de 2008 para ajustarse a estas exigencias.

1. Las empresas de reaseguros que en 10 de diciembre de 2007 hayan cesado de celebrar nuevos contratos de reaseguro y gestionen exclusivamente su cartera de contratos existente para poner fin a sus actividades no estarán sujetas a la presente Directiva.

2. Los Estados miembros establecerán la lista de las empresas de reaseguros afectadas y la comunicarán a todos los demás Estados miembros.

Un Estado miembro podrá aplazar la aplicación de las disposiciones del artículo 57, punto 3, de la presente Directiva que modifica el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 73/239/CEE y de la disposición del artículo 60, punto 6, de la presente Directiva hasta 10 de diciembre de 2008.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes 10 de diciembre de 2007. Facilitarán de inmediato a la Comisión los textos de las medidas que adopten.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los anexos I y II de la Directiva 98/78/CE se sustituyen por el siguiente texto:

La situación de solvencia ajustada de la empresa de seguros o de reaseguros participante será la diferencia entre:

Cuando la participación en la empresa de seguros o de reaseguros vinculada consista, total o parcialmente, en una tenencia indirecta, en el inciso ii), letra a), se incluirá el valor de dicha tenencia indirecta, teniendo en cuenta los correspondientes intereses sucesivos; por otra parte, en el inciso i), letra b), y el inciso ii), letra c), se incluirán, respectivamente, las correspondientes participaciones proporcionales de los elementos que pueden integrar el margen de solvencia de la empresa de seguros o de reaseguros vinculada y las de su requisito de solvencia.

La solvencia ajustada de la empresa de seguros o de reaseguros participante será la diferencia entre:

En la valoración de los elementos que pueden integrar el margen de solvencia, las participaciones con arreglo a la presente Directiva se evaluarán según el método de equivalencia, conforme a la opción contemplada en el artículo 59, apartado 2, letra b), de la Directiva 78/660/CEE.

El cálculo de la solvencia ajustada de la empresa de seguros o de reaseguros participante se efectuará a partir de las cuentas consolidadas. La solvencia ajustada de la empresa de seguros o de reaseguros participante será la diferencia entre los elementos que pueden integrar el margen de solvencia calculados a partir de los datos consolidados y:

En el cálculo de los elementos que pueden integrar el margen de solvencia y del requisito de solvencia a partir de los datos consolidados se aplicará lo dispuesto en las Directivas 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE y 2005/68/CE.

SUPERVISIÓN ADICIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS FILIALES DE UNA SOCIEDAD DE CARTERA DE SEGUROS O DE UNA EMPRESA DE SEGUROS O DE REASEGUROS DE UN TERCER PAÍS

( 2 ) Dictamen del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 17 de octubre de 2005.

( 3 ) DO L 228 de 16.8.1973, p. 3. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9).

( 4 ) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 5 ) DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 7 ) DO L 330 de 5.12.1998, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 8 ) DO L 35 de 11.2.2003, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2005/1/CE.

( 9 ) DO L 374 de 31.12.1991, p. 7. Directiva modificada por la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16).

( 13 ) Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en el artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de 18.7.1983, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/51/CE.

( 14 ) Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 126 de 26.5.2000, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 15 ) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

( 16 ) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).

( 17 ) Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38)..

( 18 ) Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 885/2004 (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

( 19 ) Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 375 de 31.12.1985, p. 3). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9).

( 20 ) Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) (DO L 177 de 30.6.2006, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2007/44/CE (DO L 247 de 21.9.2007, p. 1).

( 21 ) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

( 22 ) Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en el artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables (DO L 126 de 12.5.1984, p. 20).

( 23 ) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en el artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/51/CE.

( 24 ) Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 375 de 31.12.1985, p. 3). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 25 ) Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (DO L 141 de 11.6.1993, p. 27). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

( 26 ) Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 141 de 11.6.1993, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 28 ) DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9).»

( 29 ) Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228 de 11.8.1992, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 32 ) DO L 35 de 11.2.2003, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2005/1/CE (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9.).»

( 33 ) DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 34 ) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 35 ) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

( 36 ) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 38 ) DO L 330 de 5.12.1998, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9).

( 39 ) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 40 ) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

( 41 ) DO L 141 de 11.6.1993, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 42 ) DO L 35 de 11.2.2003, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

		Diario Oficial
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►M1	DIRECTIVA 2007/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Texto pertinente a efectos del EEE de 5 de septiembre de 2007	L 247	1	21.9.2007
►M2	DIRECTIVA 2008/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Texto pertinente a efectos del EEE de 11 de marzo de 2008	L 81	71	20.3.2008