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relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos indirectos y de los impuestos sobre las primas de seguros

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 1 ),

Visto el dictamen del Comité económico y social ( 2 ),

Considerando que la práctica del fraude y de la evasion fiscal a través de las fronteras de los Estados miembros no solo ocasiona pérdidas presupuestarias, sino que además es contraria al principio de justicia fiscal y puede provocar distorsiones en los movimientos de capitales y en las condiciones de competencia; que tal práctica afecta, pues, al funcionamiento del mercado común;

Considerando que el Consejo, por estos motivos, ha adoptado, el 10 de febrero de 1975, una Resolución relativa a las medidas que deberá adoptar la Comunidad en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional ( 3 );

Considerando que, habida cuenta del carácter internacional de este problema, las medidas nacionales, cuyos efectos no se extienden más allá de las fronteras de un Estado, son insuficientes y que la colaboración entre Administraciones, sobre la base de acuerdos bilaterales, es igualmente incapaz de hacer frente a las nuevas formas de fraude y de evasión fiscal, que adoptan cada vez más un carácter multinacional;

Considerando que es conveniente, por tanto, intensificar la colaboración entre Administraciones fiscales en el interior de la Comunidad sobre la base de principios y normas comunes;

Considerando que los Estados miembros deben intercambiar, al ser requeridos para ello, informaciones relativas a un caso concreto y que el Estado al que se le pidan debe realizar las averiguaciones necesarias para obtener estas informaciones;

Considerando que los Estados miembros deben intercambiar, incluso cuando no sean requeridos para ello, cualquier información que parezca útil para el cálculo correcto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, en particular en el caso de que aparezca una transferencia ficticia de beneficios entre empresas situadas en Estados miembros diferentes, o cuando estas transacciones entre empresas situadas en dos Estados miembros se realicen por mediación de un tercer país con objeto de gozar de ventajas fiscales, o cuando el impuesto haya sido o pueda ser eludido por una u otra razón;

Considerando que es importante permitir la presencia de agentes de la Administración fiscal de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro cuando ambos Estados lo consideren necesario;

Considerando que es conveniente garantizar que las informaciones comunicadas en el marco de esta colaboración no sean divulgadas a personas no autorizadas, de modo que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las empresas; que es necesario por consiguiente, salvo autorización del Estado miembro que las facilita, que los Estados miembros que reciben estas informaciones las utilicen exclusivamente con fines fiscales o con el propósito de sostener las acciones judiciales que se inicien contra las personas que no cumpliesen la legislación fiscal de estos Estados; que es igualmente necesario que estos Estados den a sus informaciones el mismo carácter confidencial que tenían en el Estado del cual provienen, si este último lo exige;

Considerando que conviene conceder a un Estado miembro el derecho a negarse a realizar averiguaciones o a proceder a la comunicación de informaciones cuando la legislación o la práctica administrativa del Estado miembro que haya de facilitar informaciones no autorice a su administración fiscal a realizar tales investigaciones ni a recoger o utilizar estas informaciones para sus propias necesidades o cuando esta transmisión fuese contraria al orden público o llevase a divulgar un secreto comercial, industrial o profesional, o un procedimiento comercial, o cuando el Estado miembro al que las informaciones van destinadas no esté en condiciones de proceder, por razones de hecho o de derecho, a una transmisión de informaciones equivalentes;

Considerando que una colaboración entre los Estados miembros y la Comisión es necesaria para estudiar, de manera permanente, los procedimientos de cooperación y los intercambios de experiencias en los ámbitos considerados, y especialmente en el de la transferencia ficticia de beneficios en el interior de grupos de empresas, con objeto de mejorar estos procedimientos y elaborar una normativa comunitaria apropiada,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán, de conformidad con la presente Directiva, cualquier información que pueda permitir la correcta determinación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como cualquier información relativa a la determinación de los impuestos sobre primas de seguro mencionadas en el sexto guión del artículo 3 de la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas ( 4 ).

2. Se consideran como impuestos sobre la rentra y sobre el patrimonio, cualquiera que sea el sistema de percepción, los impuestos sobre la renta total, sobre el patrimonio total o sobre los elementos de la renta o del patrimonio, comprendidos los impuestos sobre los beneficios procedentes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de los salarios pagados por los empresarios, y los impuestos sobre la plusvalía.

3. Los impuestos a que se refiere el apartado 2 son en la actualidad los siguientes:

en Finlandia:

Valtion tuloverot—de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero—inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero—kommunalskatten

Kirkollisvero—kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu—folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu—sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero—källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero—källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero—den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero—fastighetsskatten

4. El apartado 1 será igualmente aplicable a los impuestos de idéntica o análoga naturaleza que se agreguen o sustituyan a los impuestos contemplados en el apartado 3. Las autoridades competentes de los Estados miembros se communicarán entre ellas y a la Comisión las fechas de entrada en vigor de estos impuestos.

1. La autoridad competente de un Estado miembro podrá solicitar a la autoridad competente de otro Estado miembro que le comunique las informaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 con relación a un caso concreto. La autoridad competente del Estado requerido no estará obligada a dar curso a esta solicitud cuando la autoridad competente del Estado peticionario no haya agotado sus propias fuentes habituales de información, fuentes que hubiera podido utilizar, según las circunstancias, para obtener las informaciones solicitadas sin correr el riesgo de perjudicar la obtención del resultado buscado.

2. A los fines de la comunicación de las informaciones a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro requerido, llevará a cabo, si procede, las investigaciones necesarias para obtener estas informaciones.

A fin de obtener la información deseada, la autoridad requerida o la autoridad administrativa a la que aquélla recurra procederán como si actuasen por cuenta propia o a petición de otra autoridad de su mismo Estado miembro.

Para las modalidades de casos que se determinen en el marco del procedimiento de consulta establecido en el artículo 9, las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán las informaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, sin solicitud previa y de una manera regular.

1. La autoridad competente de cada Estado miembro comunicará, sin solicitud previa, las informaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, de las que tenga conocimiento, a la autoridad competente de cualquier Estado miembro interesado en los casos en que:

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán en el marco del procedimiento de consulta contemplado en el artículo 9, extender el intercambio de informaciones previsto en el apartado 1 a otros casos distintos a los que allí se contemplan.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán intercambiarse, en cualquier otro caso y sin solicitud previa, las informaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, de las que tengan conocimiento.

La autoridad competente del Estado miembro que deba facilitar informaciones en virtud de los artículos precedentes procederá a su transmisión lo más rápidamente posible. En caso de dificultades o cuando se negare a facilitar tales informaciones, dicha autoridad competente deberá informar de ello inmediatamente a la autoridad solicitante, indicando la naturaleza de las dificultades o las razones de su negativa.

Para la aplicación de las disposiciones que preceden, la autoridad competente del Estado miembro que suministre las informaciones y la autoridad competente del Estado al que vayan destinadas las informaciones podrán acordar, en el marco del procedimiento de consulta contemplado en el artículo 9, autorizar la presencia, en el primer Estado miembro, de agentes de la administración fiscal del otro Estado miembro. Las modalidades de aplicación de esta disposición se determinarán en el marco de este mismo procedimiento.

1. Toda información que se dé a conocer a un Estado miembro con arreglo a la presente Directiva será mantenida en secreto por ese Estado, del mismo modo que la información recabada con arreglo a su legislación nacional. En cualquier caso, dicha información:

Además, los Estados miembros podrán disponer que la información mencionada en el párrafo primero se utilice para la liquidación de otros cánones, derechos e impuestos a que se refiere el artículo 2 de la Directiva 76/308/CEE ( 5 ).

2. El apartado 1 no obligará a un Estado miembro cuya legislación o cuya práctica administrativa establezcan, con fines internos, limitaciones más estrictas que las contenidas en el susodicho apartado, a suministrar informaciones, si el Estado interesado no se compromete a respetar estas limitaciones más estrictas,

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro que suministre las informaciones podrá permitir que se utilicen estas informaciones con otros fines en el Estado solicitante cuando, según su propia legislación su utilización sea posible con fines similares en las mismas circustancias.

4. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro considere que las informaciones que ha recibido de la autoridad competente de otro Estado miembro son susceptibles de ser utilizadas por la autoridad competente de un tercer Estado miembro, podrá transmitirlas a este último con el consentimiento de la autoridad competente que las haya facilitado.

1. La presente Directiva no impondrá, en modo alguno, al Estado miembro al que se solicita información, la obligación de realizar investigaciones o de comunicar información, si la realización de tales investigaciones o la obtención de la información solicitada, por parte de la autoridad competente de dicho Estado, contraviene la legislación o la práctica administrativa del mismo.

2. Podrá negarse la transmisión de informaciones en caso de que ello condujese a divulgar un secreto comercial, industrial o profesional, o un procedimiento comercial, o una información cuya divulgación fuese contraria al orden público.

3. La autoridad competente de un Estado miembro podrá negarse a facilitar información si el Estado miembro que la solicita no puede, por razones de hecho o de Derecho, proporcionar información de naturaleza análoga.

1. A petición de la autoridad competente de un Estado miembro, la autoridad competente de otro Estado miembro notificará al destinatario, con arreglo a la normativa aplicable a la notificación de actos similares en el Estado miembro requerido, todos los actos o decisiones dimanantes de las autoridades administrativas del Estado miembro requirente y que se refieran a la aplicación en su territorio de la legislación fiscal contemplada en la presente Directiva.

2. En las solicitudes de notificación deberá indicarse, además del objeto del acto o la decisión que se vaya a notificar, el nombre y la dirección del destinatario, así como cualquier otra información que pueda facilitar la identificación del mismo.

3. La autoridad requerida informará sin demora a la autoridad requirente del curso dado a la solicitud de notificación y, en particular, de la fecha en la que el acto o la decisión se haya notificado al destinatario.

1. Cuando la situación tributaria de una o varias personas sujetas a impuestos presente un interés común o complementario para dos o más Estados miembros, éstos podrán acordar la realización de controles simultáneos, en su propio territorio, con vistas a intercambiar la información así obtenida, siempre que se juzgue que éstos resultarán más eficaces que los realizados por un único Estado miembro.

2. La autoridad competente de cada Estado miembro determinará, de manera independiente, las personas sujetas a impuestos respecto de las cuales tiene intención de proponer un control simultáneo. Informará a las correspondientes autoridades competentes de los demás Estados miembros interesados de los casos que, a su juicio, deberían someterse a controles simultáneos, y motivará su decisión, en la medida de lo posible, aportando los datos que le hayan llevado a tomarla. Indicará, asimismo, el plazo en el cual deberían efectuarse los citados controles.

3. La autoridad competente de cada Estado miembro de que se trate decidirá si desea participar en el control simultáneo. La autoridad competente a la cual se haya propuesto un control simultáneo, confirmará a la autoridad homóloga su aceptación o le comunicará su denegación motivada.

4. Cada autoridad competente de los Estados miembros de que se trate designarán a un representante, que será responsable de supervisar y coordinar la operación de control.

1. A los fines de la aplicación de la presente Directiva, se llevarán a cabo consultas, si ello fuese necesario en el seno de un comité, entre:

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros se podrán comunicar directamente entre ellas. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán de común acuerdo, permitir a autoridades designadas por ellas realizar contactos directos para casos determinados o para ciertas categorías de casos.

3. Cuando las autoridades competentes se hayan puesto de acuerdo sobre cuestiones bilaterales en los ámbitos que son objeto de la presente Directiva, excepto aquellos que afecten a casos particulares, informarán de ello a la Comisión a la mayor brevedad. La Comisión informará de ello, a su vez, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.

Los Estados miembros, conjuntamente con la Comisión, seguirán constantemente el desarrollo del procedimiento de cooperación previsto por la presente Directiva y se comunicarán los resultados de conjunto de las experiencias realizadas, especialmente en el ámbito de los precios de transferencia de grupos de empresas, con el propósito de mejorar esta cooperación y de elaborar, llegado el caso, una normativa comunitaria en tales sectores.

Aplicabilidad de disposiciones más favorables en materia de asistencia recíproca

Las disposiciones que preceden no excluyen el cumplimiento de obligaciones más amplias respecto al intercambio de informaciones que resulten de otros actos jurídicos.

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 1979, e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

( 4 ) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003.

		Diario Oficial
		No	page	date
M1	DIRECTIVA DEL CONSEJO 79/1070/CEE de 6 de diciembre de 1979	L 331	8	27.12.1979
M2	DIRECTIVA 92/12/CEE DEL CONSEJO de 25 de febrero de 1992	L 76	1	23.3.1992
►M3	DIRECTIVA 2003/93/CE DEL CONSEJO de 7 de octubre de 2003	L 264	23	15.10.2003
►M4	DIRECTIVA 2004/56/CE DEL CONSEJO de 21 de abril de 2004	L 127	70	29.4.2004
►M5	DIRECTIVA 2004/106/CE DEL CONSEJO de 16 de noviembre de 2004	L 359	30	4.12.2004

A1	Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia	C 241	21	29.8.1994
	(adaptada por Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo)	L 001	1	..
A2	Acta de adhesión de Grecia	L 291	17	19.11.1979
A3		L 302	23	15.11.1985
►A4	Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión	L 236	33	23.9.2003