Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

En su Resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1 998, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una Convención contra la delincuencia organizada transnacional, complementada mediante tres Protocolos:

- para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo sobre la trata de personas);

- contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (Protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes); y

- contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo sobre las armas de fuego).

La primera sesión formal del comité ad hoc tuvo lugar en Viena en enero de 1 999

En julio de 1 999, la Comisión presentó al Consejo una Recomendación de Decisión del Consejo por la que se le autorizaba a negociar todos los elementos de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y del Protocolo sobre la trata de personas que caen dentro de la competencia comunitaria.

A raíz de las recomendaciones de la Comisión, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar el proyecto de Convención contra la delincuencia organizada transnacional [1] y el proyecto de Protocolo sobre la trata de personas [2].

[1] Decisión de 2 de mayo de 2000.

[2] Decisión de 14 de febrero de 2000.

La Comisión participó activamente en las negociaciones de Naciones Unidas en Viena, en estrecha cooperación con los Estados miembros de la UE y los países del G8 no pertenecientes a la UE. Las negociaciones sobre la Convención contra la delincuencia organizada transnacional se completaron en julio de 2 000, si bien la ultimación del Protocolo sobre la trata de personas se prolongó hasta octubre de 2 000. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó estos instrumentos, en su 55ª Sesión, el 15 de noviembre de 2 000 [3] y los declaró abiertos a la firma.

[3] Resolución de la Asamblea General de las Nacione s Unidas A/RES/55/25.

El Gobierno italiano acogió, del 12 al 15 de diciembre de 2 000, una Conferencia política de alto nivel en Palermo con el fin de firmar la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo sobre la trata de personas. Puesto que la Comisión, de conformidad con las directrices de negociación que se le habían marcado, había negociado con éxito que dichos instrumentos se declararan abiertos a la firma no solo de Estados sino también de organizaciones regionales de integración económica, tales como la CE, el Consejo autorizó la firma, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y del Protocolo sobre la trata de personas durante dicha Conferencia [4]. El 12 de diciembre de 2 000, la Comunidad Europea firmó formalmente estos instrumentos en Palermo, junto con todos los Estados miembros de la UE.

[4] Decisión del Consejo 2001/87/CE, DO L 30 de 1.2.2001, p. 44.

La Convención contra la delincuencia organizada transnacional [entrará] [entró] en vigor el 29 de septiembre de 2 003. El Protocolo sobre la trata de personas todavía no ha entrado en vigor, ya que se requiere su ratificación por, como mínimo, 40 Estados. De conformidad con sus disposiciones finales, el Protocolo no puede entrar en vigor antes de la Convención y para ser Parte de un Protocolo, un Estado o una organización regional de integración económica debe ser también Parte de la Convención. Por esa razón, paralelamente al presente documento, se presenta el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional.

Una organización regional de integración económica no puede ratificar el Protocolo sobre la trata de personas si, por lo menos, uno de sus Estados miembros no lo ha ratificado previamente. De los 15 Estados miembros de la UE, España (el 1º de marzo de 2 002) y Francia (el 29 de octubre de 2 002) han depositado ya un documento de ratificación para la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y los Protocolos sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes ante el Secretario General de las Naciones Unidas; los restantes Estados miembros se encuentran aún en curso de ratificación.

2. Resultado de las negociaciones sobre el protocolo sobre la trata de personas

La Comisión considera que se han alcanzado plenamente los objetivos fijados por el Consejo en sus directrices de negociación.

El Protocolo sobre la trata de personas contiene varias disposiciones que caen dentro de la competencia comunitaria (título IV Tratado CE). Estas disposiciones son, en general, coherentes con el correspondiente acervo comunitairo, en el ámbito del asilo, de la inmigración y las fronteras exteriores y, en especial, con el acervo Schengen, según lo definido en la Decisión del Consejo 1999/435/CE, de 20 de mayo de 1 999 [5], y algunas de ellas incluso tienen una redacción idéntica.

[5] DO L 176 de 10 de julio de 1999, p. 1.

La disposición del Protocolo sobre medidas que deben tomarse en las fronteras incluye la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo y la imposición de sanciones a los transportistas. Como se prevé en las directrices de negociación, el nivel de estas medidas fronterizas es conforme con el acervo comunitario, en especial el artículo 26 y el apartado 1 del artículo 27 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1 985 [6] y la legislación que lo complementa [7]. De conformidad con las directrices de negociación, el Protocolo también contiene disposiciones por las que se exige a las Partes Contratantes controlar la seguridad y la calidad de sus documentos de viaje e identidad, incluido el visado, y verificar la legitimidad y validez de tales documentos cuando existan sospechas de se estén utilizando para los fines de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta obligación se ajusta al acervo comunitario, en especial, al Reglamento (CE) N° 1683/95 del Consejo [8], una vez modificado por el Reglamento (CE) N° 334/2002 [9], sobre un modelo uniforme de visado. El Protocolo también incluye una cláusula de salvaguardia por la que se especifica que las disposiciones del Protocolo se entienden sin perjuicio de las obligaciones de los Estados con arreglo al Derecho internacional, incluida la Convención de Ginebra de 1 951 y el Protocolo de 1 967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como el principio de no devolución consagrado en dichos instrumentos. Aunque la CE no sea Parte de dicha Convención, está vinculada por su contenido, en particular, en virtud del punto 1 del artículo 63 del Tratado CE.

[6] DO L 239 de 22 de septiembre de 2000, p. 19.

[7] Directiva 2001/51/CE del Consejo, de 28 de junio de 2001, DO L 187 de 10 de julio de 2001, p. 45.

[8] DO L 164 de 14 de julio de 1995, p. 1.

[9] DO L 53 de 23 de febrero de 2002, p. 7.

Por último, las obligaciones impuestas por el Protocolo a los Estados respecto de la facilitación y aceptación del retorno y de la repatriación de las personas que sean sus propios ciudadanos o tengan un derecho de residencia permanente en su territorio coincide con las negociaciones que la Comunidad está actualmente llevando a cabo para la celebración de acuerdos con terceros países sobre la readmisión de personas que hayan entrado o residan ilegalmente en los territorios de los Estados miembros.

3. Posición especial del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca

Las disposiciones del Protocolo sobre la trata de personas que son competencia de la Comunidad, caen dentro del ámbito de aplicación de la parte III, título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con el artículo 1 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda no estarán vinculados por dichas disposiciones como parte de la Comunidad, salvo que estos países ejerzan un derecho de inclusión («opt in») en las condiciones que establece el Protocolo.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no estará vinculada por dichas disposiciones como parte de la Comunidad.

4. Conclusiones

El Protocolo sobre la trata de personas es el primer instrumento global de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la trata de personas. Establece para todos los Estados participantes un marco multilateral de gran utilidad y una serie de importantes normas mínimas. Por lo tanto, la Comunidad Europea está muy interesada en que entre en vigor lo más rápidamente posible. Al completarse el proceso de ratificación por la Comunidad Europea se está enviando una clara señal de que la Comunidad está comprometida con los objetivos de dicho instrumento.

La propuesta de Decisión del Consejo adjunta constituye el instrumento jurídico de celebración del Protocolo sobre la trata de personas, la base jurídica para lo cual puede encontrarse en los artículos 62 y 63, en relación con el artículo 300 del Tratado CE. La propuesta contiene un primer artículo por el que se aprueba el Protocolo en nombre de la Comunidad Europea. El segundo artículo autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona habilitada para depositar, en nombre de la Comunidad Europea, el instrumento de aprobación. El texto del Protocolo figura como anexo I. El anexo II comprende la declaración sobre el alcance de la competencia de la Comunidad Europea con respecto a las cuestiones regidas por el Protocolo que hay que depositar junto con el instrumento de aprobación (apartado 3 del artículo 16 del Protocolo sobre la trata de personas).

El Consejo decidirá por mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo (primer párrafo del apartado 2 del artículo 300, en relación con el artículo 67 del tratado CE, y primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE).

La Comisión propone, en consecuencia, que el Consejo adopte la Decisión adjunta.

2003/0197 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el punto 2 de su artículo 62 y el punto 3 de su artículo 63, en relación con el primer párrafo del apartado 2 de su artículo 300 y el primer párrafo del apartado 3 de su artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión, [10]

[10] DO, p.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [11]:

[11] DO, p.

Considerando lo siguiente:

(1) Tras haber sido autorizada por el Consejo, la Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad, los elementos del Protocolo que son de competencia comunitaria.

(2) El Consejo ha dado instrucciones a la Comisión para que negocie la adhesión de la Comunidad a este acuerdo internacional.

(3) La negociación ha concluido y los instrumentos resultantes se firmaron por la Comunidad el 12 de diciembre de 2 000 de conformidad con la Decisión del Consejo (2001/87/CE) de 8 de diciembre de 2 000 [12].

[12] DO L 30 de 1.2.2001, p. 44..

(4) Algunos Estados miembros son Parte del Protocolo mientras que el proceso de ratificación está en curso en otros Estados miembros.

(5) Las disposiciones del Protocolo que son competencia de la Comunidad caen dentro del ámbito de aplicación de la parte III, título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(6) De conformidad con el artículo 1 [artículo 3] del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda [participan] [no participan] en la adopción de la presente Decisión y consiguientemente [estarán] [no estarán] vinculados por las disposiciones del Protocolo que son de competencia comunitaria como parte de la Comunidad.

(7) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no estará vinculada por las disposiciones del Protocolo que son de competencia comunitaria como parte de la Comunidad.

(8) La celebración de la Convención se ha aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, por la Decisión /.../.../CE) de ... [13], lo que es condición para que la Comunidad Europea sea Parte del Protocolo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 de la Convención.

[13] DO, p.

(9) Se han cumplido las condiciones para que la Comunidad deposite el instrumento de aprobación establecidas en el apartado 3 del artículo 36 de la Convención y el apartado 3 del artículo 16 del Protocolo.

(10) El Protocolo debe ser aprobado para que la Comunidad pueda llegar a ser Parte del mismo dentro de los límites de su competencia,

(11) Al depositar el instrumento de aprobación, la Comunidad debe depositar también una declaración sobre el alcance de la competencia de la Comunidad Europea con respecto a las cuestiones regidas por el Protocolo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 16 del Protocolo sobre la trata de personas.

DECIDE:

Artículo 1

Se aprueba, en nombre de la Comunidad Europea, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, tal como se establece en el anexo I.

El instrumento de confirmación formal de la Comunidad comprenderá una declaración de competencia de conformidad con el apartado 3 del artículo 16 del Protocolo, tal como se establece en el anexo II.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona habilitada para depositar el instrumento de confirmación formal con el fin de vincular la Comunidad.

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas,

por el Consejo,

el Presidente

ANEXOS

El ANEXO I incluirá el texto del Protocolo.

ANEXO II

DECLARACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA CON RESPECTO A LAS CUESTIONES REGIDAS POR EL PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El apartado 3 del artículo 16 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños establece que el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de una organización regional de integración económica contendrá una declaración en la que se especificarán las cuestiones regidas por la Convención con respecto a las cuales se haya transferido la competencia a la organización por aquellos de sus Estados miembros que sean Parte del Protocolo.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños se aplicará, por lo que se refiere a las competencias transferidas a la Comunidad Europea, a los territorios a los que se aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y bajo las condiciones establecidas en dicho Tratado, en particular, su artículo 299.

De conformidad con el artículo 1 [artículo 3] del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda [no estarán] [estarán] vinculados por las disposiciones del Protocolo que son de competencia comunitaria como parte de la Comunidad. Consiguientemente, la presente Declaración [no es] [es] aplicable a los territorios del Reino Unido e Irlanda.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no estará vinculada por las disposiciones del Protocolo que son de competencia comunitaria como parte de la Comunidad

De conformidad con el artículo 299, la presente Declaración no es aplicable a los territorios de los Estados miembros en que dicho Tratado no se aplica y se entiende sin perjuicio de los actos o posiciones que puedan adoptar al amparo del Protocolo los Estados miembros de que se trate en nombre de dichos territorios y en su interés. De conformidad con las disposiciones mencionadas anteriormente, la presente Declaración indica la competencia que los Estados miembros han transferido a la Comunidad, de conformidad con los Tratados, en las cuestiones regidas por el Protocolo. El alcance y el ejercicio de tal competencia comunitaria están, por su propia naturaleza, sujetos a evolución continua, de modo que la Comunidad completará o modificará la presente declaración, de ser necesario, de conformidad con el apartado 3 del artículo 16 del Protocolo.

La Comunidad señala que tiene competencia respecto del cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros, el establecimiento de procedimientos y normas en relación con la práctica de controles sobre las personas en dichas fronteras y la regulación sobre visados para estancias no superiores a tres meses. La Comunidad es asimismo competente respecto de las medidas de política de migración relativas a las condiciones de entrada y residencia y las medidas para combatir la inmigración y residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales. La normativa comunitaria correspondiente forma parte del acervo Schengen sobre fronteras exteriores y documentos de viaje e identidad, tal como se integra del marco de la Comunidad Europea, y de su desarrollo futuro. Por consiguiente, en estos ámbitos, corresponde a la Comunidad adoptar las normas y reglamentos pertinentes y figura entre sus competencias la de asumir compromisos externos con terceros Estados o las oportunas organizaciones internacionales.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights,

Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons,

Concerned that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1 Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2 Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

(a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;

(b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and

(c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3 Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age.

Article 4 Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5 Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II. Protection of victims of trafficking in persons

Article 6 Assistance to and protection of victims of trafficking in persons

1. In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.

2. Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:

(a) Information on relevant court and administrative proceedings;

(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

3. Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

(a) Appropriate housing;

(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;

(c) Medical, psychological and material assistance; and

(d) Employment, educational and training opportunities.

4. Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.

5. Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.

6. Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7 Status of victims of trafficking in persons in receiving States

1. In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.

2. In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8 Repatriation of victims of trafficking in persons

1. The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.

2. When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.

3. At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.

4. In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5. This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.

6. This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III. Prevention, cooperation and other measures

Article 9 Prevention of trafficking in persons

1. States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:

(a) To prevent and combat trafficking in persons; and

(b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.

2. States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.

3. Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

4. States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.

5. States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10 Information exchange and training

1. Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:

(a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;

(b) The types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and

(c) The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.

2. States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

3. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11 Border measures

1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.

2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.

3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12 Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13 Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV. Final provisions

Article 14 Saving clause

1. Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention [14] and the 1967 Protocol [15] relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

[14] United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545

[15] Ibid., vol. 606, No. 8791.

2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.

Article 15 Settlement of disputes

l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16 Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17 Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18 Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19 Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 20 Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.