(1)

La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(2)

La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, que se ha venido considerando la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999.

(3)

El embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito se encuentran entre los medios más eficaces de lucha contra la delincuencia. La Unión se ha comprometido a garantizar una mayor eficacia en la identificación, decomiso y reutilización de los activos de origen delictivo, de conformidad con el «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (2).

(4)

Dado que la delincuencia reviste a menudo un carácter transnacional, la cooperación transfronteriza eficaz es esencial para el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito.

(5)

El marco jurídico vigente de la Unión en materia de reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso lo constituyen las Decisiones Marco 2003/577/JAI (3) y 2006/783/JAI (4) del Consejo.

(6)

Los informes de la Comisión de aplicación de las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2006/783/JAI indican que el régimen existente para el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso no es plenamente eficaz. Esas Decisiones Marco no se han transpuesto y aplicado de manera uniforme en los Estados miembros, lo que se ha traducido en un reconocimiento mutuo insuficiente y en una cooperación transfronteriza que no es la óptima.

(7)

El marco jurídico de la Unión relativo al reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso no se ha adaptado a la evolución legislativa reciente a escala de la Unión y nacional. En particular, la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece normas mínimas sobre el embargo y el decomiso de bienes. Estas normas mínimas se refieren al decomiso de los instrumentos y del producto del delito, incluidos los casos de enfermedad o fuga del sospechoso o acusado, cuando ya se ha incoado un proceso penal en relación con un delito, al decomiso ampliado y al decomiso a terceros. Se refieren también al embargo de bienes con vistas a su posible decomiso posterior. Los tipos de embargo y decomiso contemplados en dicha Directiva también deben estar incluidos en el marco jurídico del reconocimiento mutuo.

(8)

En el momento de la adopción de la Directiva 2014/42/UE, el Parlamento Europeo y el Consejo afirmaron en una declaración que un sistema de embargo y decomiso eficaz en la Unión está intrínsecamente relacionado con el buen funcionamiento del reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso. Teniendo en cuenta la necesidad de instaurar un sistema general para el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito, el Parlamento Europeo y el Consejo invitaron a la Comisión a presentar una propuesta legislativa sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso.

(9)

En su Comunicación, de 28 de abril de 2015, titulada «Agenda Europea de Seguridad», la Comisión consideró que la cooperación judicial en materia penal se basa en instrumentos transfronterizos eficaces y que el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales es un elemento clave en el marco de la seguridad. La Comisión también recordó la necesidad de mejorar el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y de las resoluciones de decomiso.

(10)

En su Comunicación, de 2 de febrero de 2016, sobre un «Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo», la Comisión destacó la necesidad de garantizar que quienes financian el terrorismo se vean privados de sus activos. La Comisión declaró que, para poner fin a las actividades de la delincuencia organizada que financian el terrorismo, es esencial privar a los delincuentes del producto del delito. Para ello, es necesario garantizar que todos los tipos de resoluciones de embargo y resoluciones de decomiso se ejecuten en la mayor medida posible, en toda la Unión, mediante la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

(11)

Para garantizar la efectividad del reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso, las normas sobre reconocimiento y ejecución de dichas resoluciones deben establecerse mediante un acto de la Unión vinculante y directamente aplicable.

(12)

Es importante facilitar el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso de bienes mediante el establecimiento de normas que obliguen a un Estado miembro a reconocer sin más trámites las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso dictadas por otro Estado miembro en el marco de un procedimiento en materia penal y a ejecutar dichas resoluciones en su territorio.

(13)

El presente Reglamento debe aplicarse a todas las resoluciones de embargo y a todas las resoluciones de decomiso dictadas en el marco de un procedimiento en materia penal. «Procedimiento en materia penal» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este concepto comprende, por tanto, todos los tipos de resoluciones de embargo y de resoluciones de decomiso dictadas en un procedimiento relativo a una infracción penal, no solo las contempladas en la Directiva 2014/42/UE. Comprende también otros tipos de resoluciones dictadas sin condena firme. Aunque ese tipo de resoluciones no exista en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro, el Estado miembro de que se trate debe poder reconocer y ejecutar la resolución dictada por otro Estado miembro. Los procedimientos en materia penal pueden también incluir investigaciones penales realizadas por la policía y por otras autoridades encargadas del cumplimiento de la ley. Las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso dictadas en el marco de procedimientos civiles o administrativos deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(14)

El presente Reglamento debe ser aplicable a las resoluciones de embargo y a las resoluciones de decomiso relativas a los delitos contemplados en la Directiva 2014/42/UE, así como a las resoluciones de embargo y a las resoluciones de decomiso dictadas en relación con otros delitos. Los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento no deben limitarse, por tanto, a los delitos especialmente graves con dimensión transfronteriza, ya que el artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no exige dicha limitación para las medidas que establecen normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.

(15)

La cooperación entre Estados miembros, que se basa en el principio de reconocimiento mutuo y en la ejecución inmediata de las resoluciones judiciales, se sustenta en la confianza de que las resoluciones que se han de reconocer y ejecutar se dictarán siempre de acuerdo con los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad. Esta cooperación también presupone que se deben preservar los derechos de las personas afectadas por una resolución de embargo o una resolución de decomiso. Dichas personas afectadas, que podrán ser personas físicas o jurídicas, deben incluir a la persona contra la que se dictó una resolución de embargo o una resolución de decomiso, o al propietario de los bienes a los que se refiere la citada resolución, así como a cualesquiera terceros cuyos derechos con respecto a dichos bienes se vean directamente perjudicados por la resolución, incluidos los terceros de buena fe. Debe decidirse conforme al Derecho del Estado de ejecución si esos terceros se ven directamente perjudicados por una resolución de embargo o una resolución de decomiso.

(16)

El presente Reglamento no modifica la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

(17)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»). Esto incluye el principio de prohibición de cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión, orientación sexual, nacionalidad, lengua, opiniones políticas o discapacidad. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con tales derechos y principios.

(18)

Los derechos procesales establecidos en las Directivas 2010/64/UE (6), 2012/13/UE (7), 2013/48/UE (8), (UE) 2016/343 (9), (UE) 2016/800 (10) y (UE) 2016/1919 (11) del Parlamento Europeo y del Consejo deben aplicarse, en el ámbito de aplicación de dichas Directivas, a los procesos penales contemplados en el presente Reglamento en lo que respecta a los Estados miembros vinculados por dichas Directivas. En cualquier caso, las garantías establecidas en la Carta deben aplicarse a todos los procedimientos contemplados en el presente Reglamento. En particular, se deben aplicar las garantías esenciales de los procesos penales establecidas en la Carta a los procedimientos en materia penal que no sean procesos penales, pero se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(19)

Aunque las normas para la transmisión, reconocimiento y ejecución de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso deben garantizar la eficiencia del proceso de recuperación de los activos de origen delictivo, también deben respetarse los derechos fundamentales.

(20)

A la hora de apreciar la doble incriminación, la autoridad competente del Estado de ejecución debe comprobar si los hechos que constituyen el delito en cuestión, tal como han sido plasmados en el certificado de embargo o en el certificado de decomiso presentado por la autoridad competente del Estado de emisión, también serían objeto, en cuanto tales, de una sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio en el momento de la decisión de reconocimiento de la resolución de embargo o de la resolución de decomiso.

(21)

Al emitir una resolución de embargo o una resolución de decomiso, la autoridad de emisión debe velar por que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad. En aplicación del presente Reglamento, una resolución de embargo o una resolución de decomiso solo deben dictarse y transmitirse a la autoridad de ejecución de otro Estado miembro cuando hubieran podido dictarse y utilizarse en un asunto meramente interno. La autoridad de expedición debe ser responsable de evaluar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de tales resoluciones, ya que el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso no deben denegarse por motivos distintos de los previstos en el presente Reglamento.

(22)

En algunos casos, la resolución de embargo puede ser emitida por una autoridad, designada por el Estado de emisión, que sea competente en materia penal para dictar o ejecutar la resolución de embargo de conformidad con la legislación nacional y que no sea un juez, un tribunal o un fiscal. En esos casos, la resolución de embargo debe ser validada por un juez, un tribunal o un fiscal, antes de ser transmitida a la autoridad de ejecución.

(23)

Los Estados miembros deben poder efectuar una declaración en la que hagan constar que, cuando se les transmita un certificado de embargo o de decomiso a efectos del reconocimiento y ejecución de una resolución de embargo o de una resolución de decomiso, la autoridad emisora debe acompañar el original de la resolución de embargo o de la resolución de decomiso, o una copia compulsada de la misma. Los Estados miembros deben informar a la Comisión cuando efectúen una declaración de este tipo o la retiren. La Comisión debe poner esa información a disposición de todos los Estados miembros y de la Red Judicial Europea (RJE), regulada en la Decisión 2008/976/JAI del Consejo (12). La RJE debe publicar la información en el sitio de Internet a que se hace referencia en dicha Decisión.

(24)

La autoridad de emisión debe transmitir un certificado de embargo o un certificado de decomiso, junto con la resolución de embargo o la resolución de decomiso, cuando proceda, ya sea directamente a la autoridad de ejecución o, en su caso, a la autoridad central del Estado de ejecución, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita en condiciones que permitan a la autoridad de ejecución determinar la autenticidad del certificado o de la orden, como el correo certificado o el correo electrónico codificado. La autoridad de emisión debe poder utilizar cualquier canal o medio de transmisión pertinente, incluido el sistema de telecomunicaciones seguro de la RJE, Eurojust u otros canales utilizados por las autoridades judiciales.

(25)

Cuando la autoridad de emisión tenga motivos fundados para creer que la persona contra la que se dictó una resolución de embargo o una resolución de decomiso que se refiera a una cantidad de dinero dispone de bienes o rentas en un Estado miembro, debe transmitir el certificado de embargo o el certificado de decomiso relativo a dicha resolución al referido Estado miembro. Sobre esta base, el certificado podría, por ejemplo, transmitirse al Estado miembro en el que resida la persona física contra la que se dictó la resolución o, en caso de que la persona en cuestión no tenga un domicilio permanente, al Estado miembro en el que tenga su residencia habitual. Si la resolución se refiere a una persona jurídica, el certificado podría transmitirse al Estado miembro en el que esté domiciliada dicha persona jurídica.

(26)

Para la transmisión y recepción administrativas de los certificados relativos a las resoluciones de embargo y a las resoluciones de decomiso, los Estados miembros deben poder designar a una o varias autoridades centrales, en caso de que la estructura de su ordenamiento jurídico interno así lo requiera. Estas autoridades centrales podrían también prestar apoyo administrativo, desempeñar un papel de coordinación y ayudar en la recogida de estadísticas, facilitando y fomentando así el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso.

(27)

Cuando un certificado de decomiso referente a una resolución de decomiso que concierne a una cantidad de dinero se transmita a más de un Estado de ejecución, el Estado de emisión debe intentar evitar que se decomisen más bienes de los necesarios y que el valor total obtenido de la ejecución de la resolución supere el importe máximo en ella especificado. A tal fin, la autoridad de emisión debe, entre otras cosas, indicar en el certificado de decomiso el valor de los activos ubicados en cada Estado de ejecución, en caso de que se conozca, a fin de que las autoridades de ejecución puedan tenerlo en cuenta; mantener los contactos y diálogos necesarios con las autoridades de ejecución sobre los bienes que deban decomisarse e informar inmediatamente a la autoridad o las autoridades de ejecución pertinentes si considera que puede existir el riesgo de que la ejecución supere la cantidad máxima especificada. En su caso, Eurojust podría desempeñar un papel de coordinación, dentro de su ámbito de competencia, a fin de evitar un decomiso excesivo.

(28)

Debe alentarse a los Estados miembros a que formulen una declaración en la que manifiesten que, como Estados de ejecución, aceptarían certificados de embargo o certificados de decomiso, o ambos, en una o varias lenguas oficiales de la Unión Europea distintas de su(s) lengua(s) oficial(es).

(29)

La autoridad de ejecución debe reconocer las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso y adoptar las medidas necesarias para su ejecución. La decisión de reconocimiento y ejecución de la resolución de embargo o de la resolución de decomiso debe adoptarse y el embargo o el decomiso deben llevarse a cabo con la misma rapidez y prioridad que en asuntos nacionales análogos. Deben fijarse plazos, que se deben establecer de acuerdo con el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo (13), para garantizar que se adopte una decisión rápida y eficaz con respecto al reconocimiento de la resolución de embargo o de la resolución de decomiso y que se ejecute de forma rápida y eficaz. En lo que respecta a las resoluciones de embargo, la autoridad de ejecución debe empezar a adoptar las medidas concretas necesarias para la ejecución de tales resoluciones en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la adopción de la decisión relativa a su reconocimiento y ejecución.

(30)

Al ejecutar una resolución de embargo, la autoridad de emisión y la autoridad de ejecución deben tener debidamente en cuenta la confidencialidad de la investigación. En particular, la autoridad de ejecución debe garantizar la confidencialidad de los hechos y el fondo de la resolución de embargo. Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de informar a las personas afectadas de la ejecución de una resolución de embargo, de conformidad con el presente Reglamento.

(31)

No debe denegarse el reconocimiento y la ejecución de una resolución de embargo o de una resolución de decomiso por motivos distintos de los previstos en el presente Reglamento. El presente Reglamento debe permitir a la autoridad de ejecución no reconocer o ejecutar resoluciones de decomiso invocando el principio non bis in idem, los derechos de las personas afectadas o el derecho a estar presente en el juicio.

(32)

El presente Reglamento debe permitir a las autoridades de ejecución no reconocer o no ejecutar resoluciones de decomiso cuando la persona contra la que se haya emitido la orden no haya comparecido en el juicio del que deriva dicha resolución de decomiso vinculada a una condena firme. Este motivo de denegación del reconocimiento o de la ejecución solo debe ser de aplicación en aquellos juicios que den lugar a resoluciones de decomiso vinculadas a una condena firme, pero no en aquellos procedimientos que den lugar a resoluciones de decomiso no vinculadas a una condena. No obstante, para que este motivo pueda ser de aplicación, deben celebrarse una o más vistas. Este motivo no puede ser invocado cuando las normas procesales nacionales aplicables no prevean una vista. Dichas normas procesales nacionales deben cumplir con la Carta y con el CEDH, en particular en lo relativo al derecho a un juicio justo. Este es el caso, por ejemplo, cuando el procedimiento se tramita de forma simplificada, total o parcialmente, después de un procedimiento escrito o de un procedimiento que no prevea la celebración de vista.

(33)

Debe ser posible, en circunstancias excepcionales, no reconocer o ejecutar una resolución de embargo o una resolución de decomiso cuando dicho reconocimiento o dicha ejecución impidan al Estado de ejecución aplicar sus normas constitucionales relativas a la libertad de prensa o a la libertad de expresión en otros medios de comunicación.

(34)

La realización del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión se basa en la confianza mutua y en la presunción del respeto, por parte de los demás Estados miembros, del Derecho de la Unión y, en particular, de los derechos fundamentales. No obstante, en situaciones excepcionales, cuando existan motivos fundados, basados en pruebas concretas y objetivas, para creer que la ejecución de una resolución de embargo o de una resolución de decomiso implicaría, en las circunstancias particulares del caso, una violación manifiesta de un derecho fundamental aplicable recogido en la Carta, la autoridad de ejecución debe poder decidir no reconocer y ejecutar la resolución de que se trate. Los derechos fundamentales que deben ser aplicables a estos efectos son, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo y a la defensa. El derecho de propiedad no debe, en principio, considerarse aplicable porque el embargo y el decomiso de activos interfieren necesariamente en el derecho a la propiedad de una persona y porque las salvaguardas necesarias en este sentido ya están previstas en el Derecho de la Unión, incluido el presente Reglamento.

(35)

Antes de decidir no reconocer o no ejecutar una resolución de embargo o una resolución de decomiso sobre la base de cualquier motivo de denegación del reconocimiento o de la ejecución, la autoridad de ejecución debe consultar a la autoridad de emisión para obtener toda la información adicional necesaria.

(36)

Cuando estudie una solicitud de la autoridad de ejecución para limitar el período de embargo de los bienes, la autoridad de emisión debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular si el hecho de seguir aplicando la resolución de embargo podría causar daños injustificados en el Estado de ejecución. Se anima a la autoridad de ejecución a consultar a la autoridad de emisión sobre esta cuestión antes de realizar una solicitud oficial.

(37)

La autoridad de emisión debe informar a la autoridad de ejecución cuando una autoridad del Estado de emisión reciba cualquier cantidad de dinero que haya sido abonada en relación con la resolución de decomiso, entendiéndose que solo debe informarse al Estado de ejecución cuando el importe del pago relacionado con la resolución repercuta sobre el importe pendiente que debe ser decomisado de conformidad con la resolución.

(38)

Debe preverse la posibilidad de que la autoridad de ejecución aplace la ejecución de una resolución de embargo o de una resolución de decomiso, en particular cuando la ejecución pueda impedir el buen desarrollo de una investigación penal en curso. Tan pronto como deje de haber una razón para el aplazamiento, la autoridad de ejecución debe adoptar las medidas necesarias para ejecutar la resolución.

(39)

Tras la ejecución de una resolución de embargo, y tras haber decidido reconocer y ejecutar una resolución de decomiso, la autoridad de ejecución debe, en la medida de lo posible, informar a las personas afectadas de cuyas señas disponga de dicha ejecución o de dicha decisión. Con esa finalidad, la autoridad de ejecución debe realizar todos los esfuerzos razonables para determinar la identidad de las personas afectadas, comprobar cómo se puede contactar con ellos e informarlos de la ejecución de la resolución de embargo o de la decisión de reconocimiento y ejecución de la resolución de decomiso. En el cumplimiento de esta obligación, la autoridad de ejecución puede pedir ayuda a la autoridad de emisión, por ejemplo cuando haya indicios de que las personas afectadas residen en el Estado de emisión. La obligación que tiene en virtud del presente Reglamento la autoridad de ejecución de proporcionar información a las personas afectadas se entiende sin perjuicio de cualquier obligación que recaiga en la autoridad de emisión de proporcionar información a las personas de acuerdo con el Derecho del Estado de emisión, por ejemplo en lo que respecta a la emisión de una resolución de embargo o a las vías de recurso existentes con arreglo al Derecho del Estado de emisión.

(40)

En caso de que sea imposible ejecutar una resolución de embargo o una resolución de decomiso, debe notificarse sin demora a la autoridad de emisión. Tal imposibilidad podría deberse a que el bien ya ha sido decomisado, ha desaparecido, ha sido destruido, no se halla en el lugar indicado por la autoridad de emisión o a que no se ha indicado su ubicación de forma suficientemente precisa a pesar de la celebración de consultas entre la autoridad de ejecución y la autoridad de emisión. En esos casos, la autoridad de ejecución ya no debe estar obligada a ejecutar la resolución. No obstante, si la autoridad de ejecución obtiene posteriormente información que le permita localizar los bienes, debe poder ejecutar la resolución sin necesidad de que se le transmita un nuevo certificado, de conformidad con el presente Reglamento.

(41)

Cuando el Derecho del Estado de ejecución haga imposible desde un punto de vista jurídico la ejecución de una resolución de embargo o de una resolución de decomiso, la autoridad de ejecución debe ponerse en contacto con la autoridad de emisión a fin de estudiar la situación y buscar una solución. Dicha solución puede consistir en la revocación de la resolución en cuestión por parte de la autoridad de emisión.

(42)

Tan pronto como la ejecución de una resolución de decomiso haya finalizado, la autoridad de ejecución debe informar a la autoridad de emisión de los resultados de la ejecución. Cuando sea factible, la autoridad de ejecución debe, al mismo tiempo, informar también a la autoridad de emisión acerca de los bienes o de la cantidad de dinero que hayan sido decomisados, así como de otros detalles que considere pertinentes.

(43)

La ejecución de una resolución de embargo o de una resolución de decomiso se debe regir por el Derecho del Estado de ejecución y únicamente las autoridades de dicho Estado deben ser competentes para decidir sobre los procedimientos de ejecución. Cuando proceda, la autoridad de emisión y la autoridad de ejecución deben poder solicitar a Eurojust o a la RJE que presten asistencia, en el marco de sus competencias, con respecto a cuestiones relativas a la ejecución de resoluciones de embargo y resoluciones de decomiso.

(44)

Para el adecuado funcionamiento del presente Reglamento, se requiere una estrecha comunicación entre las autoridades nacionales competentes implicadas, en particular cuando haya que ejecutar una resolución de decomiso en más de un Estado miembro simultáneamente. Por consiguiente, las autoridades nacionales competentes deben consultarse siempre que sea necesario, directamente o, en su caso, a través de Eurojust o de la RJE.

(45)

El derecho de las víctimas a indemnización y restitución no debe verse menoscabado en los casos transfronterizos. Las normas para la enajenación de los bienes embargados o decomisados deben dar prioridad a la indemnización y a la restitución de los bienes a las víctimas. El concepto de víctima se debe interpretar de conformidad con el Derecho del Estado de emisión, que también debe poder disponer que una persona jurídica tenga la consideración de víctima a los efectos del presente Reglamento. El presente Reglamento se debe entender sin perjuicio de las normas relativas a la indemnización y a la restitución de los bienes a la víctima en los procedimientos nacionales.

(46)

Cuando una autoridad de ejecución sea informada sobre una resolución de restitución a la víctima de los bienes embargados, dictada por la autoridad de emisión o por otra autoridad competente del Estado de emisión, dicha autoridad de ejecución debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que se embargan los bienes en cuestión y se restituyen a la víctima lo antes posible. La autoridad de ejecución debe poder transferir los bienes al Estado de emisión, para que este pueda restituir los bienes a la víctima, o directamente a la víctima con el consentimiento del Estado de emisión. La obligación de restituir los bienes embargados a la víctima debe estar supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones: i) que la titularidad de la víctima con respecto a los bienes no sea objeto de impugnación, lo que significa que la víctima debe ser el titular legítimo de los bienes y que no debe existir ninguna reclamación seria que cuestione dicha titularidad; ii) que los bienes no constituyan elementos de prueba en una causa penal en el Estado de ejecución; y iii) que no se lesionen los derechos de las personas afectadas, en particular de los terceros de buena fe. La autoridad de ejecución solo debe restituir los bienes embargados a la víctima cuando se cumplan esas condiciones. Cuando la autoridad de ejecución considere que no se cumplen dichas condiciones, debe consultar a la autoridad de emisión para, por ejemplo, solicitar información adicional o estudiar la situación, con el fin de buscar una solución. Si no se consigue encontrar una solución, la autoridad de ejecución debe poder decidir no restituir los bienes embargados a la víctima.

(47)

Cada Estado miembro debe considerar la posibilidad de establecer una oficina nacional centralizada responsable de la gestión de los bienes embargados con vistas a su posible decomiso posterior, así como de la gestión de los activos y bienes decomisados. Los bienes embargados y los bienes decomisados pueden destinarse, con carácter prioritario, a proyectos en materia de cumplimiento de la ley y de prevención de la delincuencia organizada, así como a otros proyectos de interés público y utilidad social.

(48)

Cada Estado miembro debe considerar la posibilidad de crear un fondo nacional para garantizar una indemnización adecuada a las víctimas de delitos, como las familias de los agentes de policía y los funcionarios públicos que hayan sido víctimas mortales o estén permanentemente incapacitados en el ejercicio de sus funciones. Los Estados miembros pueden destinar a tal fin parte de los bienes decomisados.

(49)

Los Estados miembros no deben poder reclamarse mutuamente el reembolso de los gastos que resulten de la aplicación del presente Reglamento. Sin embargo, cuando el Estado de ejecución haya soportado gastos elevados o excepcionales debido a que, por ejemplo, los bienes han permanecido embargados durante un período de tiempo considerable, la autoridad de emisión debe tomar en consideración, en su caso, cualquier propuesta de la autoridad de ejecución sobre el reparto de los gastos.

(50)

A fin de poder abordar en el futuro los problemas detectados en relación con el contenido de los certificados establecidos en los anexos del presente Reglamento lo más rápidamente posible, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que respecta a las modificaciones de dichos certificados. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la Mejora de la Legislación (14). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(51)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones de embargo y las resoluciones de decomiso, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(52)

Las disposiciones de la Decisión Marco 2003/577/JAI ya han sido sustituidas por la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) en relación con el aseguramiento de pruebas para los Estados miembros vinculados por dicha Directiva. Las disposiciones de la Decisión Marco 2003/577/JAI deben ser sustituidas por el presente Reglamento en los Estados miembros vinculados por él en lo que respecta al embargo de bienes. Asimismo, el presente Reglamento debe sustituir a la Decisión Marco 2006/783/JAI en los Estados miembros vinculados por él. Por consiguiente, las disposiciones de la Decisión Marco 2003/577/JAI relativas al embargo de bienes, así como las disposiciones de la Decisión Marco 2006/783/JAI, deben por ello seguir aplicándose no solo entre los Estados miembros no vinculados por el presente Reglamento, sino también entre cualquier Estado miembro no vinculado por el presente Reglamento y cualquier Estado miembro vinculado por el presente Reglamento.

(53)

La forma jurídica del presente acto no debe constituir un precedente para futuros actos legales de la Unión en el ámbito del reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal. La elección de la forma jurídica de futuros actos legales de la Unión debe evaluarse detenidamente caso por caso teniendo en cuenta, entre otros factores, la eficacia del acto legal y los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

(54)

Los Estados miembros deben garantizar que, de conformidad con la Decisión 2007/845/JAI (16) del Consejo, sus organismos de recuperación de activos cooperen entre sí para facilitar el seguimiento y la identificación de los productos de actividades delictivas y de otros bienes relacionados con el delito que puedan ser objeto de una resolución de embargo o una resolución de decomiso.

(55)

De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(56)

De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(57)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo (2) ha sido modificado de forma sustancial (3) en diversas ocasiones. En aras de la claridad y la racionalidad, conviene proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

El presente Reglamento prevé una armonización completa en lo relativo a los terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de estar provistos de un visado (en lo sucesivo, también denominada «obligación de visado») para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros y a los terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación.

(3)

La determinación de los terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado, y aquellos que están exentos de dicha obligación, ha de llevarse a cabo mediante una evaluación ponderada caso por caso de una variedad de criterios. Esa evaluación debe revestir carácter periódico y poder dar lugar a propuestas legislativas de modificación del anexo I del presente Reglamento, que contiene la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y de su anexo II, que contiene la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros para estancias inferiores a 90 días por período de 180 días, sin perjuicio de la posibilidad de realizar modificaciones de dichos anexos que afecten a países específicos en determinadas circunstancias, por ejemplo a raíz de un proceso de liberalización de visados o como consecuencia última de una suspensión temporal de la exención de la obligación de visado (en lo sucesivo, también denominada «exención de visado»).

(4)

La composición de las listas de terceros países que figuran en los anexos I y II debe ser, y continuar siendo, coherente con los criterios establecidos en el presente Reglamento. Las referencias a terceros países cuya situación haya cambiado con respecto a esos criterios deben transferirse de un anexo al otro.

(5)

Los cambios en el Derecho internacional que impliquen cambios en el estatuto o en la designación de determinados Estados o entidades deben reflejarse en los anexos I y II.

(6)

Habida cuenta de que el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (4) exime a los nacionales de Islandia, Liechtenstein y Noruega de la obligación de visado, dichos países no deben figurar en la lista del anexo II.

(7)

Dado que el Acuerdo sobre la libre circulación de personas (5) entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, prevé la libre circulación sin visado de los nacionales de Suiza y de los Estados miembros, Suiza no debe figurar en la lista del anexo II.

(8)

En el caso de los refugiados reconocidos y de los apátridas, sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de los acuerdos internacionales firmados por los Estados miembros y, en particular, del Acuerdo europeo sobre exención de visados para los refugiados del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, la decisión sobre la obligación o la exención de visado debe adoptarse en función del país tercero en el que residan estas personas y que haya expedido sus documentos de viaje. No obstante, dadas las diferencias que existen en el Derecho nacional aplicable a los refugiados reconocidos y a los apátridas, los Estados miembros deben ser capaces de determinar si esas categorías de personas deben estar exentas de la obligación de visado en caso de que el país tercero en el que residan y que haya expedido sus documentos de viaje sea uno de los terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado.

(9)

De acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1931/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), se debe establecer una exención de la obligación de visado a favor de los titulares de permisos de tráfico fronterizo menor.

(10)

Debe ser posible para los Estados miembros prever excepciones a la obligación de visado para los titulares de determinados pasaportes distintos de los pasaportes ordinarios.

(11)

En casos especiales que justifiquen un régimen específico en materia de visados, debe ser posible para los Estados miembros eximir a determinadas categorías de personas de la obligación de visado o someterlas a esa obligación de conformidad con el Derecho internacional público o la práctica consuetudinaria.

(12)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de eximir de visado a los refugiados reconocidos, a todos los apátridas, tanto aquellos amparados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954 como a los que queden fuera del ámbito de aplicación de dicha Convención, así como a los escolares que participen en un viaje escolar, cuando estas personas residan en un tercer país que esté incluido en la lista del anexo II del presente Reglamento.

(13)

El régimen por el que se rigen las excepciones a la obligación de visado debe reflejar plenamente las prácticas vigentes. Algunos Estados miembros eximen de la obligación de visado a los nacionales de terceros países incluidos en la lista de terceros países cuyos nacionales tienen la obligación de estar provistos de un visado cuando crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, que son miembros de fuerzas armadas que circulan en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o de la Asociación por la Paz. Por razones de seguridad jurídica, esas exenciones, basadas en obligaciones internacionales ajenas al Derecho de la Unión, deben ser objeto de una referencia en el presente Reglamento.

(14)

La Unión debe perseguir activamente el objetivo de la reciprocidad plena del régimen de visados en sus relaciones con terceros países, contribuyendo así a mejorar la credibilidad y coherencia de la política exterior de la Unión.

(15)

Es preciso prever un mecanismo de la Unión que permita aplicar el principio de reciprocidad en caso de que uno de los terceros países que figuran en la lista del anexo II. Tal mecanismo debe proporcionar una respuesta solidaria de la Unión cuando uno de esos terceros países aplique una obligación de visado a los nacionales de al menos un Estado miembro.

(16)

Tras recibir una notificación de un Estado miembro de que un tercer país incluido en la lista del anexo II aplica la obligación de visado a los nacionales de ese Estado miembro, todos los Estados miembros deben reaccionar al unísono, dando así una respuesta de la Unión a una situación que afecta a la Unión en su conjunto y que somete a sus ciudadanos a una diferencia de trato.

(17)

A fin de asegurar la participación adecuada del Consejo y del Parlamento Europeo en la segunda fase de aplicación del mecanismo de reciprocidad, habida cuenta de la naturaleza política particularmente sensible de la suspensión de la exención de la obligación de visado para todos los nacionales de terceros países afectados incluidos en la lista del anexo II y de sus implicaciones horizontales para los Estados miembros, los países asociados de Schengen y la propia Unión, en particular para sus relaciones exteriores y para el funcionamiento general del espacio Schengen, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con determinados elementos del mecanismo de reciprocidad. La delegación de dichos poderes en la Comisión tiene en cuenta la necesidad de un debate político acerca de la política de la Unión sobre visados en el espacio Schengen. Refleja también la necesidad de asegurar la transparencia y la seguridad jurídica suficientes en la aplicación del mecanismo de reciprocidad a todos los nacionales del tercer país de que se trate, en particular por medio de la correspondiente modificación temporal del anexo II del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (7). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(18)

El presente Reglamento debe establecer un mecanismo para la suspensión temporal de la exención de la obligación de visado a un tercer país que figure en la lista del anexo II (en lo sucesivo, «mecanismo de suspensión»), ante una situación de emergencia en la que se necesite una respuesta urgente para resolver las dificultades a que se enfrente al menos uno de los Estados miembros, y teniendo en cuenta las consecuencias generales de la situación de urgencia en la Unión en su conjunto.

(19)

A fin de garantizar la aplicación eficiente del mecanismo de suspensión y de determinadas disposiciones del mecanismo de reciprocidad, y en particular para permitir que se tengan debidamente en cuenta todos los factores pertinentes y las posibles implicaciones de la aplicación de dichos mecanismos, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para determinar las categorías de nacionales del tercer país afectado que deban quedar sujetos a una suspensión temporal de la exención de la obligación de visado en el marco del mecanismo de reciprocidad, y la correspondiente duración de dicha suspensión, así como para aplicar el mecanismo de suspensión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Para la adopción de dichos actos de ejecución debe utilizarse el procedimiento de examen.

(20)

Es necesario evitar y oponerse a cualquier abuso derivado de la exención de la obligación de visado para las estancias de corta duración de nacionales de un tercer país determinado cuando supongan una amenaza para el orden público y la seguridad interior de los Estados miembros.

(21)

El mecanismo de suspensión debe hacer posible para los Estados miembros notificar las circunstancias conducentes a una posible suspensión y a la Comisión activar dicho mecanismo por propia iniciativa.

(22)

En particular, debe facilitarse la utilización del mecanismo de suspensión mediante períodos de referencia y plazos breves, de modo que se permita un procedimiento rápido, y los posibles motivos de suspensión deben incluir una disminución de la cooperación en materia de readmisión y un incremento sustancial de los riesgos en lo que respecta al orden público o a la seguridad interior de los Estados miembros. Dicha disminución de la cooperación debe incluir un incremento sustancial de la tasa de denegación de solicitudes de readmisión, también para los nacionales de terceros países que hayan transitado por el tercer país de que se trate, en caso de que un acuerdo de readmisión celebrado entre la Unión o un Estado miembro y dicho tercer país establezca tal obligación de readmisión. La Comisión también debe poder activar el mecanismo de suspensión en caso de que el tercer país no coopere en materia de readmisión, en particular cuando se haya celebrado un acuerdo de readmisión entre la Unión y el tercer país de que se trate.

(23)

A efectos del mecanismo de suspensión, un incremento sustancial indica un aumento superior al umbral del 50 %. También puede reflejar un aumento inferior si la Comisión lo considera aplicable al caso concreto notificado por el Estado miembro de que se trate.

(24)

A efectos del mecanismo de suspensión, una tasa de reconocimiento baja indica una tasa de reconocimiento de solicitudes de asilo de en torno al 3 o 4 %. También puede indicar una tasa de reconocimiento más elevada si la Comisión lo considera aplicable al caso concreto notificado por el Estado miembro de que se trate.

(25)

Es necesario evitar y oponerse a cualquier abuso de la exención de visado cuando dé lugar a un aumento de la presión migratoria derivado, por ejemplo, de un aumento de solicitudes de asilo infundadas, y también cuando dé lugar a solicitudes de permisos de residencia infundadas.

(26)

A fin de garantizar que los requisitos específicos utilizados para evaluar la idoneidad de una exención de visado, concedida como consecuencia de la conclusión positiva de un diálogo sobre liberalización de visados, sigan cumpliéndose pasado un tiempo, la Comisión debe supervisar la situación en los terceros países en cuestión. La Comisión debe prestar especial atención a la situación de los derechos humanos en los terceros países de que se trate.

(27)

La Comisión debe informar con regularidad al Parlamento Europeo y al Consejo, al menos una vez al año, durante un período de siete años tras la entrada en vigor de la liberalización de visados para un determinado tercer país, y posteriormente si la Comisión lo considera necesario, o a solicitud del Parlamento Europeo o el Consejo.

(28)

Antes de adoptar cualquier decisión de suspensión temporal de la exención de visado para nacionales de un tercer país, la Comisión debe tener en cuenta la situación de los derechos humanos en ese tercer país y las consecuencias que podría tener la suspensión de la exención de visado en esa situación.

(29)

La suspensión de la exención de la obligación de visado mediante un acto de ejecución debe ser aplicable a determinadas categorías de nacionales del tercer país de que se trate, en relación con los tipos de documentos de viaje pertinentes y, cuando proceda, con otros criterios adicionales, como en el caso de las personas que viajan por primera vez al territorio de los Estados miembros. El acto de ejecución debe establecer las categorías de nacionales a las que debe aplicarse la suspensión, habida cuenta de las circunstancias específicas notificadas por uno o varios Estados miembros o comunicadas por la Comisión y del principio de proporcionalidad.

(30)

A fin de garantizar la adecuada participación del Parlamento Europeo y del Consejo en la aplicación del mecanismo de suspensión, habida cuenta del carácter sensible desde el punto de vista político de la suspensión de la exención de la obligación de visado para todos los nacionales de un tercer país incluido en la lista del anexo II del presente Reglamento y de sus implicaciones horizontales para los Estados miembros y la propia Unión, en particular para sus relaciones exteriores y el funcionamiento general del espacio Schengen, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la suspensión temporal de la exención de la obligación de visado para nacionales de los terceros países de que se trate. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(31)

Con el fin de garantizar la transparencia del régimen de visados y la información de las personas interesadas, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión y los demás Estados miembros las medidas que adopten en el marco del presente Reglamento. Por las mismas razones, esa información debe asimismo publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(32)

Las condiciones de entrada en el territorio de los Estados miembros o de expedición de visados deben entenderse sin perjuicio de las normas que regulan el reconocimiento de la validez de los documentos de viaje.

(33)

De conformidad con el principio de proporcionalidad según lo establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, resulta necesario y adecuado, para garantizar el correcto funcionamiento de la política común de visados, recurrir a un Reglamento para establecer la lista de terceros países cuyos nacionales tengan la obligación de estar provistos de un visado para cruzar una frontera exterior y la lista de terceros países cuyos nacionales estén exentos de esa obligación.

(34)

El presente Reglamento se debe entender sin perjuicio de la aplicación de los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad Europea antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 539/2001 que supongan la necesidad de establecer excepciones a la política común de visados, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(35)

Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (10).

(36)

Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (11), que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos B y C, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (12).

(37)

Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (13), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos B y C, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (14).

(38)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (15); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por él ni sujeto a su aplicación.

(39)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (16); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

a)

En el plazo de 30 días a partir de la aplicación por el tercer país de la obligación de visado, el Estado o Estados miembros afectados se lo notificarán por escrito al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Esa notificación:

La información sobre esa notificación será publicada sin demora por la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea y contendrá información sobre la fecha de aplicación de la obligación de visado y el tipo de documentos de viaje y de visados afectados.

Si el tercer país decide suprimir la obligación de visado antes del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo primero de la presente letra, la notificación no será realizada o será retirada, y la información no será publicada.

b)

La Comisión, inmediatamente después de la fecha de publicación mencionada en el párrafo tercero de la letra a) y en consulta con el Estado miembro afectado, emprenderá acciones ante las autoridades del tercer país de que se trate, en especial en los ámbitos político, económico y comercial, a fin de lograr el restablecimiento o establecimiento de la exención de visado e informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de las acciones emprendidas.

c)

Si en el plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación a que se refiere el párrafo tercero de la letra a), y a pesar de todas las medidas adoptadas de conformidad con la letra b), el tercer país no ha suprimido la obligación de visado, el Estado miembro afectado podrá solicitar a la Comisión que suspenda la exención de la obligación de visado para determinadas categorías de nacionales de ese tercer país. Cuando un Estado miembro realice una solicitud de este tipo, deberá informar de ello al Parlamento Europeo y al Consejo.

d)

Cuando considere la adopción de otras medidas con arreglo a las letras e), f) o h), la Comisión tendrá en cuenta el resultado de las medidas tomadas por el Estado miembro afectado con fin de garantizar la exención de visado para viajar al tercer país en cuestión, las acciones emprendidas de conformidad con la letra b) y las consecuencias de la suspensión de la exención de la obligación de visado sobre las relaciones exteriores de la Unión y sus Estados miembros con el tercer país en cuestión.

e)

Si el tercer país de que se trate no suprime la obligación de visado, la Comisión, a más tardar a los seis meses de la fecha de publicación a que se refiere el párrafo tercero de la letra a) y, a partir de entonces, con una periodicidad no superior a seis meses dentro de un período total que no se podrá prorrogar más allá de la fecha en que el acto delegado mencionado en la letra f) entre en vigor o sea objeto de oposición:

f)

Si, en el plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de publicación a que se refiere el párrafo tercero de la letra a), el tercer país afectado no ha suprimido la obligación de visado, la Comisión adoptará un acto delegado con arreglo al artículo 10 por el que se suspenda temporalmente, por un período de 12 meses, la exención de visado a los nacionales de dicho tercer país. El acto delegado fijará una fecha, dentro de los noventa días siguientes a su entrada en vigor, en la que surtirá efecto la suspensión de la exención de visado, teniendo en cuenta los recursos disponibles en los consulados de los Estados miembros, y modificará en consecuencia el anexo II. Esa modificación se hará insertando junto al nombre del tercer país de que se trate una nota a pie de página que indique que se ha suspendido la exención de la obligación de visado respecto de dicho país y especifique la duración de dicha suspensión.

A partir de la fecha en que surta efecto la suspensión de la exención de visado a los nacionales del tercer país de que se trate, o cuando se haya formulado una oposición al acto delegado con arreglo al artículo 10, apartado 7, quedará sin efecto cualquier acto de ejecución adoptado en aplicación de la letra e) del presente artículo respecto de dicho tercer país. En caso de que la Comisión presente una propuesta legislativa según se contempla en la letra h), el período de suspensión de la exención de visado previsto en el párrafo primero de la presente letra se prorrogará por un período adicional de seis meses. La nota a pie de página a que se refiere dicha letra se modificará en consecuencia.

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 6, durante los períodos de esa suspensión los nacionales del tercer país afectado por el acto delegado estarán obligados a estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros.

g)

Toda notificación ulterior que haga otro Estado miembro en virtud de la letra a) acerca del mismo tercer país durante el período de aplicación de las medidas adoptadas conforme a las letras e) o f) con respecto a dicho tercer país se acumulará a los procedimientos en curso, sin prorrogar los plazos o los períodos establecidos en dichas letras.

h)

Si, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del acto delegado contemplado en la letra f), el tercer país en cuestión no ha suprimido la obligación de visado, la Comisión podrá presentar una propuesta legislativa de modificación del presente Reglamento con el fin de transferir la referencia al tercer país del anexo II al anexo I.

i)

Los procedimientos contemplados en las letras e), f) y h) no afectarán a la facultad de la Comisión para presentar en cualquier momento una propuesta legislativa de modificación del presente Reglamento con el fin de transferir la referencia al tercer país en cuestión del anexo II al anexo I.

j)

Cuando el tercer país en cuestión suprima la obligación de visado, el Estado miembro o los Estados miembros afectados lo notificarán inmediatamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. La Comisión publicará sin demora esta notificación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

La digitalización de la economía se está acelerando. Las tecnologías de la información y la comunicación ya no son un sector específico sino el fundamento de todos los sistemas económicos y sociedades innovadores modernos. Los datos electrónicos se encuentran en el centro de esos sistemas y pueden generar un gran valor cuando se analizan o combinan con servicios y productos. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de la economía de los datos y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, productos y servicios del «internet de las cosas», sistemas autónomos y la tecnología 5G, están planteando problemas jurídicos nuevos en torno a las cuestiones del acceso a los datos y su reutilización, la responsabilidad, la ética y la solidaridad. Se debería considerar trabajar el ámbito de la responsabilidad, en particular mediante la aplicación de códigos de autorregulación y otras buenas prácticas, teniendo en cuenta recomendaciones, decisiones y acciones adoptadas sin interacción humana a lo largo de toda la cadena de valor del tratamiento de datos. Ese trabajo también puede incluir mecanismos adecuados para la determinación de responsabilidad, la transmisión de responsabilidad entre servicios complementarios, los seguros y la auditoría.

(2)

Las cadenas de valor de datos se basan en diferentes actividades relativas a los datos: creación y recopilación de datos; agregación y organización de datos; tratamiento de datos; análisis, comercialización y distribución de datos; utilización y reutilización de datos. El funcionamiento eficaz y eficiente del tratamiento de datos es un componente fundamental en toda la cadena de valor de datos. No obstante, el funcionamiento eficaz y eficiente del tratamiento de datos y el desarrollo de la economía de los datos en la Unión se ven dificultados, en particular, por dos tipos de obstáculos a la movilidad de los datos y al mercado interior: los requisitos de localización de datos establecidos por las autoridades de los Estados miembros y las prácticas de dependencia de un solo proveedor en el sector privado.

(3)

La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se aplican a los servicios de tratamiento de datos. No obstante, la prestación de tales servicios se ve dificultada o en algunas ocasiones impedida por determinados requisitos nacionales, regionales o locales que exigen que los datos se localicen en un territorio específico.

(4)

Tales obstáculos a la libre circulación de servicios de tratamiento de datos y a la libertad de establecimiento de los proveedores de servicios tienen su origen en los requisitos establecidos en la legislación de los Estados miembros para que los datos se localicen en una zona o territorio geográfico específico a efectos del tratamiento de datos. Otras normas o prácticas administrativas tienen un efecto equivalente mediante la imposición de requisitos específicos que hacen más difícil tratar los datos fuera de una zona o territorio geográfico específico dentro de la Unión, como los requisitos para utilizar instalaciones tecnológicas certificadas o aprobadas en un determinado Estado miembro. La inseguridad jurídica en cuanto al alcance de los requisitos legítimos e ilegítimos en materia de localización de datos limita aún más las opciones a disposición de los agentes del mercado y del sector público relativas a la localización del tratamiento de datos. El presente Reglamento no limita de forma alguna la libertad de las empresas para celebrar contratos en los que se especifique dónde deben localizarse los datos. Su finalidad es simplemente preservar esa libertad garantizando que la localización acordada pueda situarse en cualquier lugar de la Unión.

(5)

Al mismo tiempo, la movilidad de los datos en la Unión también está inhibida por restricciones privadas: cuestiones jurídicas, contractuales y técnicas que obstaculizan o impiden a los usuarios de los servicios de tratamiento de datos trasladar sus datos de un proveedor de servicios a otro o a sus propios sistemas informáticos, especialmente en el momento en que finalice su contrato con un proveedor de servicios.

(6)

La combinación de esos obstáculos ha generado una falta de competencia entre los proveedores de servicios en nube en la Unión, diversos problemas de dependencia de un solo proveedor y una grave falta de movilidad de los datos. Asimismo, las políticas de localización de datos han menoscabado la capacidad de las empresas de investigación y desarrollo para facilitar la colaboración entre empresas, universidades y otras organizaciones dedicadas a la investigación con el fin de impulsar la innovación.

(7)

La existencia de un conjunto único de normas para todos los participantes en el mercado constituye un elemento clave del funcionamiento del mercado interior por motivos de seguridad jurídica y por la necesidad de que exista una igualdad de condiciones en la Unión. Con objeto de eliminar obstáculos al comercio y distorsiones de la competencia como consecuencia de las divergencias existentes entre las normativas nacionales, e impedir el surgimiento de otros probables obstáculos al comercio e importantes distorsiones de la competencia, es necesario adoptar normas uniformes aplicables en todos los Estados miembros.

(8)

El marco jurídico relativo a la protección de las personas físicas en lo que atañe al tratamiento de datos personales y el relativo al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas, y en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y las Directivas (UE) 2016/680 (4) y 2002/58/CE (5) del Parlamento Europeo y del Consejo, no se ven afectados por el presente Reglamento.

(9)

La expansión del «internet de las cosas», la inteligencia artificial y el aprendizaje automático representan las principales fuentes de datos no personales, por ejemplo como resultado de su despliegue en procesos de producción industrial automatizada. Entre los ejemplos específicos de datos no personales se encuentran los conjuntos de datos agregados y anonimizados utilizados para análisis de datos a gran escala, los datos sobre agricultura de precisión que pueden ayudar a controlar y optimizar la utilización de plaguicidas y de agua, o los datos sobre las necesidades de mantenimiento de máquinas industriales. Si los avances tecnológicos hicieran posible transformar datos anónimos en datos personales, dichos datos se deben tratar como datos personales y, en consecuencia, se debe aplicar el Reglamento (UE) 2016/679.

(10)

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679, los Estados miembros no pueden restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales en la Unión por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. El presente Reglamento establece el mismo principio de libre circulación en la Unión de datos no personales salvo cuando una restricción o prohibición se justifique por razones de seguridad pública. El Reglamento (UE) 2016/679 y el presente Reglamento ofrecen una serie de normas coherentes que prevén la libre circulación de diferentes tipos de datos. Por otro lado, el presente Reglamento no impone la obligación de almacenar los distintos tipos de datos de forma separada.

(11)

A fin de crear un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión y las bases para desarrollar la economía de los datos y mejorar la competitividad de la industria de la Unión, es necesario instaurar un marco jurídico claro, exhaustivo y previsible para el tratamiento de datos que no tengan carácter personal en el mercado interior. Un enfoque basado en principios que facilite la cooperación entre los Estados miembros, así como la autorregulación, debe garantizar que el marco sea lo suficientemente flexible para tener en cuenta las necesidades cambiantes de los usuarios, proveedores de servicios y autoridades nacionales en la Unión. Para evitar el riesgo de solapamientos con los mecanismos existentes, de modo que se eviten cargas más onerosas tanto para los Estados miembros como para las empresas, no deben establecerse normas técnicas detalladas.

(12)

El presente Reglamento no debe afectar al tratamiento de los datos en la medida en que se efectúe como parte de una actividad que no entre en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En particular, procede recordar que, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.

(13)

La libre circulación de datos en la Unión va a desempeñar un papel importante para alcanzar un crecimiento y una innovación basados en datos. Como sucede con las empresas y los consumidores, las autoridades y organismos de Derecho público de los Estados miembros pueden beneficiarse de una mayor libertad de elección en lo relativo a los proveedores de servicios basados en datos, precios más competitivos y una prestación de servicios a los ciudadanos más eficiente. Habida cuenta de las grandes cantidades de datos que gestionan las autoridades y organismos de Derecho público, resulta de vital importancia que prediquen con el ejemplo en la implantación de servicios de tratamiento de datos, y que se abstengan de imponer restricciones en materia de localización de datos cuando hagan uso de servicios de tratamiento de datos. Por consiguiente, el presente Reglamento se aplica a las autoridades y organismos de Derecho público. A este respecto, el principio de libre circulación de datos no personales contemplado en el presente Reglamento también se debe aplicar a prácticas administrativas generales y coherentes y a otros requisitos de localización de datos en el ámbito de la contratación pública, sin perjuicio de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(14)

Como en el caso de la Directiva 2014/24/UE, el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la organización interna de los Estados miembros por las que se atribuyan a autoridades u organismos de Derecho público competencias o responsabilidades para el tratamiento de datos sin remuneración contractual de personas o entidades privadas, así como disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que establecen la aplicación de esas competencias o responsabilidades. Si bien se anima a las autoridades y organismos públicos a considerar las ventajas económicas o de otra índole de contratar proveedores de servicios externos, pueden tener razones legítimas para decidir la autoprestación de dichos servicios o su encomienda a otro organismo del sector público. En consecuencia, nada en el presente Reglamento obliga a los Estados miembros a contratar o externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos u organizar por medios distintos de contratos públicos.

(15)

El presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de tratamiento de datos a usuarios que residan o tengan un establecimiento en la Unión, incluidas aquellas que presten servicios de tratamiento de datos en la Unión sin tener un establecimiento en esta. El presente Reglamento no se aplicará, por tanto, al servicio de tratamiento de datos que tenga lugar fuera de la Unión ni a los requisitos de localización relativos a esos datos.

(16)

El presente Reglamento no establece normas relativas a la determinación de la ley aplicable en materia mercantil y, por tanto, se entiende sin perjuicio del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). En particular, en la medida en que la ley aplicable a un contrato no se haya elegido de conformidad con dicho Reglamento, un contrato de prestación de servicios se rige, en principio, por la ley del país de residencia habitual del prestador del servicio.

(17)

El presente Reglamento debe aplicarse al tratamiento de datos en sentido amplio, abarcando el uso de todo tipo de sistemas informáticos, tanto si están situados en las instalaciones del usuario como si están externalizados a un proveedor de servicios. Debe incluir el tratamiento de datos de distintos grados de intensidad, desde el almacenamiento de datos [infraestructura como servicio (IaaS)] hasta el tratamiento de datos en plataforma[plataforma como servicio (PaaS)] o en aplicaciones [software como servicio (SaaS)].

(18)

Los requisitos de localización de datos constituyen un claro obstáculo a la libre prestación de servicios de tratamiento de datos en la Unión y al mercado interior. Como tales, deben ser prohibidos a menos que estén justificados por motivos de seguridad pública, tal como los define el Derecho de la Unión, en particular en el sentido del artículo 52 del TFUE, y que respeten el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del TUE. Para dar efecto al principio de libre circulación de datos no personales a través de las fronteras, garantizar la rápida supresión de los actuales requisitos de localización de datos y permitir, por razones operativas, el tratamiento de datos en múltiples lugares en la Unión, y dado que el presente Reglamento establece medidas para garantizar la disponibilidad de los datos para fines de control normativo, los Estados miembros solo han de poder invocar la seguridad pública como justificación de los requisitos de localización de datos.

(19)

El concepto de «seguridad pública», en el sentido del artículo 52 del TFUE y según la interpretación del Tribunal de Justicia, abarca la seguridad interna y externa de un Estado miembro, así como cuestiones de orden público, para, en particular, permitir la investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales. Presupone la existencia de una amenaza real y suficientemente grave que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad, tales como una amenaza al funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos esenciales y la supervivencia de la población, así como el riesgo de una perturbación grave de las relaciones exteriores o la coexistencia pacífica de las naciones, o un riesgo para los intereses militares. De conformidad con el principio de proporcionalidad, los requisitos de localización de datos justificados por motivos de seguridad pública deben ser adecuados al objetivo perseguido, y no deben ir más allá de lo que sea necesario para alcanzar dicho objetivo.

(20)

A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de libre circulación de datos no personales a través de las fronteras e impedir la aparición de nuevos obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior, los Estados miembros deben comunicar inmediatamente a la Comisión cualquier proyecto de acto que introduzca un nuevo requisito de localización de datos o modifique un requisito existente. Estos proyectos de acto deben presentarse y valorarse de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(21)

Además, a fin de eliminar obstáculos que puedan existir, durante un período transitorio de veinticuatro meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros deben llevar a cabo una revisión de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales de carácter general vigentes por las que se establecen requisitos de localización de datos y comunicar a la Comisión los requisitos de localización de datos que consideren que cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento, junto con una justificación. Esto debe permitir a la Comisión examinar el cumplimiento de los restantes requisitos de localización de datos. La Comisión debe poder formular observaciones al Estado miembro en cuestión. Dichas observaciones podrían incluir una recomendación para modificar o derogar el requisito de localización de datos.

(22)

Las obligaciones establecidas en el presente Reglamento de comunicar a la Comisión los requisitos de localización de datos vigentes y los proyectos de acto se deben aplicar a los requisitos normativos de localización de datos y a los proyectos de acto de carácter general, pero no a las decisiones dirigidas a una persona física o jurídica específica.

(23)

A fin de garantizar la transparencia de los requisitos de localización de datos en los Estados miembros establecida en una disposición legal, reglamentaria o administrativa de carácter general para las personas físicas y jurídicas, como los proveedores de servicios y los usuarios de los servicios de tratamiento de datos, los Estados miembros deben publicar información sobre dichos requisitos en un punto único nacional de información en línea sobre esas medidas y actualizar dicha información periódicamente. Como alternativa, los Estados miembros deben proporcionar información actualizada sobre tales requisitos a un punto central de información establecido en virtud de otro acto de la Unión. Con el fin de informar debidamente a las personas físicas y jurídicas de los requisitos de localización de datos en el conjunto de la Unión, los Estados miembros deben notificar a la Comisión las direcciones de dichos puntos únicos nacionales de información en línea. La Comisión debe publicar esta información en su propio sitio web, junto con una lista consolidada y actualizada periódicamente de todos los requisitos de localización de datos en vigor en los Estados miembros, incluida información resumida sobre dichos requisitos.

(24)

Los requisitos de localización de datos a menudo se derivan de una falta de confianza en el tratamiento transfronterizo de datos, derivada de la supuesta indisponibilidad de datos para los fines de las autoridades competentes de los Estados miembros, como la inspección y la auditoría en el marco de un control normativo o de vigilancia. Esa falta de confianza no se puede superar únicamente a través de la nulidad de las condiciones contractuales que prohíban un acceso legítimo a los datos por parte de las autoridades competentes para el ejercicio de sus funciones oficiales. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer claramente que no afecta a las competencias de las autoridades competentes de solicitar u obtener acceso a los datos de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, y que no se puede denegar el acceso a los datos a las autoridades competentes alegando que los datos se tratan en otro Estado miembro. Las autoridades competentes podrían imponer requisitos funcionales para apoyar el acceso a los datos, como exigir que las descripciones del sistema se guarden en el Estado miembro en cuestión.

(25)

Las personas físicas o jurídicas sujetas a la obligación de facilitar datos a las autoridades competentes pueden cumplir tales obligaciones proporcionando y garantizando el acceso electrónico efectivo y en tiempo oportuno a los datos a dichas autoridades, con independencia del Estado miembro en cuyo territorio los datos sean tratados. Este acceso puede garantizarse a través de cláusulas y condiciones concretas incluidas en los contratos entre la persona física o jurídica sujeta a la obligación de proporcionar el acceso y el proveedor de servicios.

(26)

Cuando una persona física o jurídica esté sujeta a una obligación de facilitar datos e incumpla dicha obligación, la autoridad competente debe poder solicitar la asistencia de las autoridades competentes en otros Estados miembros. En tales casos, las autoridades competentes deben utilizar instrumentos de cooperación específicos de Derecho de la Unión o en virtud de convenios internacionales, en función del asunto en un caso concreto, como por ejemplo, en el ámbito de la cooperación policial, la justicia penal o civil o en asuntos administrativos, respectivamente, la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo (9), la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (11), el Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo (12), la Directiva 2006/112/CE del Consejo (13) y el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (14). En ausencia de tales mecanismos de cooperación específicos, las autoridades competentes deben cooperar entre ellas con el fin de proporcionar acceso a los datos solicitados, a través de puntos de contacto únicos designados.

(27)

Cuando una solicitud de asistencia implique obtener el acceso a todos los locales de una persona física o jurídica, incluidos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos, por la autoridad requerida, dicho acceso debe ajustarse al Derecho de la Unión o al Derecho procesal nacional, incluido cualquier requisito para obtener autorización judicial previa.

(28)

El presente Reglamento no debe permitir a los usuarios intentar eludir la aplicación del Derecho nacional. Por tanto, procede disponer que los Estados miembros impongan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a los usuarios que impidan a las autoridades competentes obtener el acceso a sus datos necesarios para el ejercicio de las funciones oficiales de dichas autoridades en virtud del Derecho de la Unión y nacional. En casos de urgencia, cuando un usuario abuse de su derecho, los Estados miembros han de poder imponer medidas provisionales estrictamente proporcionadas. Toda medida provisional que exija la relocalización de los datos por un período superior a 180 días a partir de la relocalización se apartaría del principio de libre circulación de datos por un período importante y, en consecuencia, se debe comunicar a la Comisión para examinar su compatibilidad con el Derecho de la Unión.

(29)

La capacidad para trasladar datos sin trabas es un factor clave que favorece las posibilidades de elección de los usuarios y la competencia efectiva en los mercados de servicios de tratamiento de datos. Las dificultades reales o percibidas para la portabilidad de datos a través de las fronteras también socavan la confianza de los usuarios profesionales en las ofertas transfronterizas y, por tanto, su confianza en el mercado interior. Mientras que los consumidores particulares se benefician del Derecho vigente de la Unión, la capacidad de cambiar de un proveedor de servicios a otro no se facilita a aquellos usuarios que actúan en el marco de sus actividades empresariales o profesionales. Unos requisitos técnicos coherentes en toda la Unión, ya sea en lo referente a una armonización técnica, al reconocimiento mutuo o a una armonización voluntaria, también contribuyen al desarrollo de un mercado interior competitivo de servicios de tratamiento de datos.

(30)

Para gozar plenamente de las ventajas del entorno competitivo, los usuarios profesionales deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y comparar fácilmente los componentes individuales de diferentes servicios de tratamiento de datos ofrecidos en el mercado interior, en particular en lo que atañe a las cláusulas y condiciones contractuales de la portabilidad de datos al finalizar un contrato. Con el fin de adaptarse al potencial innovador del mercado y tener en cuenta la experiencia y la competencia de los proveedores de servicios y usuarios profesionales de servicios de tratamiento de datos, la información detallada y los requisitos operativos para la portabilidad de datos deben ser definidos por los agentes del mercado a través de la autorregulación, fomentada, facilitada y supervisada por la Comisión, en forma de códigos de conducta de la Unión que pueden incluir y cláusulas y condiciones contractuales tipo.

(31)

Para que sea eficaz y hacer más fácil el cambio de proveedor de servicios y la portabilidad de datos, dichos códigos de conducta deben ser detallados y tratar al menos los aspectos clave que son importantes durante el proceso de traslado de los datos, como son los procedimientos utilizados para efectuar copias de seguridad de los datos o la ubicación de dichas copias, los formatos y soportes de datos disponibles, la configuración informática necesaria y el ancho de banda mínimo, el tiempo necesario antes de iniciar el proceso de traslado y el tiempo durante el cual los datos van a seguir estando disponibles para su traslado y las garantías de acceso a los datos en caso de quiebra del proveedor del servicio. Los códigos de conducta también deben aclarar que la dependencia de un solo proveedor no es una práctica comercial aceptable, deben prever tecnologías que aumenten la confianza y deben actualizarse periódicamente para seguir la evolución tecnológica. La Comisión debe asegurarse que durante el proceso se consulte a todos los interesados, incluidas las asociaciones de pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «pymes»), las empresas emergentes, los usuarios y proveedores de servicios en nube. La Comisión debe evaluar el desarrollo y la eficacia de la aplicación de tales códigos de conducta.

(32)

Cuando una autoridad competente de un Estado miembro solicite la asistencia de otro Estado miembro para obtener acceso a los datos conforme al presente Reglamento, debe presentar, a través del punto de contacto único designado, una solicitud debidamente motivada al punto de contacto único designado de este último, incluida una explicación por escrito de los motivos y los fundamentos jurídicos para solicitar el acceso a los datos. El punto de contacto único designado por el Estado miembro cuya asistencia se solicita debe facilitar la transmisión de la solicitud a la autoridad competente en el Estado miembro requerido. Para garantizar una cooperación eficaz, la autoridad a la que se transmite una solicitud debe prestar asistencia sin demora indebida en respuesta a una solicitud determinada o facilitar información sobre las dificultades experimentadas al cumplimentar dicha solicitud o sobre sus motivos para denegarla.

(33)

Aumentar la confianza en la seguridad del tratamiento de datos transfronterizo debe reducir la propensión de los agentes del mercado y del sector público a utilizar la localización de datos como un indicador para la seguridad de estos. También debe mejorar la seguridad jurídica para las empresas en lo referente al cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables cuando externalizan sus actividades de tratamiento de datos a proveedores de servicios, incluidos los de otros Estados miembros.

(34)

Cualesquiera requisitos de seguridad relacionados con el tratamiento de datos que se apliquen de forma justificada y proporcionada sobre la base del Derecho de la Unión o nacional de conformidad con el Derecho de la Unión en el Estado miembro de residencia o establecimiento de las personas físicas o jurídicas cuyos datos se vean afectados deben seguir aplicándose al tratamiento de dichos datos en otro Estado miembro. Estas personas físicas o jurídicas deben poder cumplir tales requisitos por sí mismos o a través de cláusulas contractuales en los contratos con los proveedores de servicios.

(35)

Los requisitos de seguridad establecidos a nivel nacional deben ser necesarios y proporcionados respecto de los riesgos que se planteen para la seguridad del tratamiento de datos en el ámbito de aplicación del Derecho nacional en el que se establezcan tales requisitos.

(36)

La Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) prevé medidas jurídicas para incrementar el nivel general de ciberseguridad en la Unión. Los servicios de tratamiento de datos constituyen uno de los servicios digitales a los que se aplica dicha Directiva. Según dicha Directiva, los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios digitales determinen y adopten medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los sistemas de información que utilizan. Tales medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado en relación con el riesgo planteado, y deben tener en cuenta la seguridad de los sistemas e instalaciones, la gestión de incidentes, la gestión de la continuidad de las actividades, la supervisión, auditorías y pruebas, y el cumplimiento de las normas internacionales. Estos elementos se deben especificar en mayor medida por la Comisión en actos de ejecución en virtud de dicha Directiva.

(37)

La Comisión debe presentar un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, en particular con vistas a determinar si es preciso modificarlo a la luz de los avances tecnológicos o de la evolución del mercado. Ese informe debe, en particular, evaluar el presente Reglamento, especialmente su aplicación a los conjuntos de datos compuestos tanto por datos personales como no personales, así como la aplicación de la excepción de seguridad pública. Antes de que el presente Reglamento se empiece a aplicar, la Comisión debe asimismo publicar orientaciones informativas sobre el modo de tratar los conjuntos de datos compuestos tanto por datos personales como no personales, para que las empresas, incluidas las pymes, comprendan mejor la interacción entre el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2016/679, y garantizar que se cumplan ambos Reglamentos.

(38)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información y la libertad de empresa.

(39)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar la libre circulación de datos que no tengan carácter personal en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(1)

La última modificación sustancial de la Directiva 89/552/CEE del Consejo (4), posteriormente codificada por la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), se llevó a cabo en 2007 con la adopción de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Desde entonces, el mercado de los servicios de comunicación audiovisual ha evolucionado de forma significativa y rápida, debido a la convergencia actual entre la televisión y los servicios de internet. Los avances técnicos han hecho posibles nuevos tipos de servicios y experiencias de los usuarios. Los hábitos de visionado, en particular los de las generaciones más jóvenes, han cambiado significativamente. Aunque la pantalla de la televisión siga siendo un dispositivo importante para compartir experiencias audiovisuales, muchos espectadores se han decantado por otros dispositivos portátiles para ver contenidos audiovisuales. Los contenidos televisivos tradicionales siguen representando un porcentaje importante del tiempo de visionado diario medio.

No obstante, los nuevos tipos de contenidos, como los vídeos cortos o el contenido generado por los usuarios, han adquirido mayor importancia y los nuevos prestadores, incluidos los de servicios de vídeo a petición y las plataformas de intercambio de vídeos, están ya bien asentados. Esta convergencia de medios requiere un marco jurídico actualizado que refleje la evolución del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a los servicios de contenidos en línea, la protección del consumidor y la competencia.

(2)

El 6 de mayo de 2015, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa», en la que anunciaba una revisión de la Directiva 2010/13/UE.

(3)

La Directiva 2010/13/UE debe seguir siendo aplicable únicamente a aquellos servicios cuyo objeto principal es suministrar programas con el fin de informar, entretener o educar. Debería también considerarse que se cumple el requisito del objetivo principal si el servicio tiene una forma y contenido audiovisuales disociables de la actividad principal del prestador de servicios, como las partes autónomas de los periódicos en línea que ofrecen programas audiovisuales o vídeos generados por usuarios, cuando dichas partes puedan considerarse disociables de su actividad principal. Se debe considerar que un servicio constituye un mero complemento indisociable de la actividad principal en función de la relación entre la oferta audiovisual y la actividad principal, como facilitar noticias por escrito. Como tales, los canales o cualquier otro servicio audiovisual que estén bajo la responsabilidad editorial de un prestador pueden constituir servicios de comunicación audiovisual en sí mismos, aunque se ofrezcan a través de una plataforma de intercambio de vídeos, que se caracteriza por la ausencia de responsabilidad editorial. En tales casos, corresponderá a los prestadores con responsabilidad editorial cumplir lo dispuesto en la Directiva 2010/13/UE.

(4)

Los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma ponen a disposición contenidos audiovisuales a los que accede cada vez más el público en general y los jóvenes en particular. Esta circunstancia también concurre respecto de los servicios de medios sociales, que se han convertido en un importante medio para compartir información, entretener y educar, en particular mediante el acceso a programas y a vídeos generados por usuarios. Estos servicios de medios sociales deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/13/UE porque compiten por la misma audiencia e ingresos que los servicios de comunicación audiovisual. Además, esos servicios también tienen un impacto considerable, ya que ofrecen a los usuarios la posibilidad de conformar las opiniones de otros usuarios e influir en ellas. Por tanto, a fin de proteger a los menores de contenidos nocivos y a todos los ciudadanos de la incitación al odio, la violencia y el terrorismo, se debe aplicar a dichos servicios la Directiva 2010/13/UE en la medida en que cumplan la definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma» (también denominado, «plataforma de intercambio de vídeos»).

(5)

A pesar de que el objetivo de la Directiva 2010/13/UE no es regular los servicios de medios sociales como tales, sí debe aplicarse a aquellos servicios de medios sociales cuya oferta de programas y vídeos generados por usuarios constituya una funcionalidad esencial de dicho servicio. La oferta de programas y vídeos generados por usuarios puede considerarse una funcionalidad esencial de los servicios de medios sociales siempre que el contenido audiovisual no sea meramente accesorio o constituya una parte mínima de las actividades de dicho servicio de medios sociales. Con el fin de garantizar la claridad, la eficacia y la coherencia en la aplicación, la Comisión, en caso de ser necesario y previa consulta al Comité de contacto, debe publicar directrices sobre la aplicación práctica del criterio de la funcionalidad esencial que figura en la definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma». Estas directrices deben redactarse teniendo debidamente en cuenta los objetivos de interés público general que deben alcanzarse con las medidas que han de tomar los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos y el derecho a la libertad de expresión.

(6)

Cuando una parte disociable de un servicio constituya un servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma a efectos de la Directiva 2010/13/UE, solo a esa parte debe ser aplicable dicha Directiva y únicamente en lo que respecta a los programas y los vídeos generados por usuarios. Los vídeos cortos incluidos en el contenido editorial de las versiones electrónicas de periódicos y revistas y las imágenes animadas como los ficheros gráficos GIF deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2010/13/UE. La definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma» no debe abarcar actividades no económicas, como la prestación de contenido audiovisual en sitios web privados y en comunidades de intereses no comerciales.

(7)

Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 2010/13/UE, resulta fundamental que los Estados miembros establezcan y mantengan unos registros actualizados de los prestadores de servicios de comunicación y de los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos sujetos a su jurisdicción y compartan periódicamente estos registros con sus autoridades y organismos reguladores independientes competentes y con la Comisión. Estos registros deben incluir información sobre los criterios en los que se basa la jurisdicción.

(8)

Determinar la jurisdicción exige evaluar las situaciones de hecho sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva 2010/13/UE. La evaluación de tales situaciones de hecho puede dar lugar a resultados contradictorios. En el marco de la aplicación de los procedimientos de cooperación previstos en dicha Directiva, es importante que la Comisión pueda basar sus conclusiones en datos fiables. El Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA) debe, por lo tanto, estar facultado para emitir informes en materia de jurisdicción a petición de la Comisión. Cuando, en el marco de la aplicación de esos procedimientos de cooperación, la Comisión decida consultar al ERGA, debe informar al Comité de contacto, en particular sobre notificaciones recibidas de los Estados miembros con arreglo a esos procedimientos de cooperación y sobre el informe del ERGA.

(9)

Los procedimientos y condiciones para restringir la libertad de prestación y recepción de servicios de comunicación audiovisual deben ser los mismos tanto para los servicios lineales como para los no lineales.

(10)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia»), es posible restringir la libertad de prestación de servicios garantizada por el Tratado por razones imperiosas de interés general, como alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores, a condición de que dichas restricciones estén justificadas y sean proporcionadas y necesarias. Por tanto, un Estado miembro debe poder adoptar determinadas medidas para garantizar que se respete su normativa sobre protección de los consumidores que no se incluyan en los ámbitos coordinados por la Directiva 2010/13/UE. Las medidas adoptadas por un Estado miembro para aplicar su régimen nacional de protección de los consumidores, incluidas las relacionadas con la publicidad de los juegos de azar, necesitarían estar justificadas, ser proporcionadas con respecto al objetivo perseguido y ser necesarias tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En cualquier caso, un Estado miembro receptor no puede adoptar medidas que puedan impedir la retransmisión en su territorio de emisiones de televisión procedentes de otro Estado miembro.

(11)

Cuando un Estado miembro notifique a la Comisión que un prestador del servicio de comunicación se ha establecido bajo la jurisdicción de un Estado miembro con el fin de eludir las normas más estrictas en los ámbitos coordinados por la Directiva 2010/13/UE, que serían aplicables a dicho prestador de haberse establecido en el Estado miembro notificador, debe aportar pruebas fiables y debidamente documentadas a tal efecto. Dichas pruebas especificarán una serie de hechos que permitan corroborar dicha elusión razonablemente.

(12)

En su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre «Legislar mejor para obtener mejores resultados – Un programa de la UE», la Comisión hizo hincapié en que, al estudiar las soluciones políticas, tendría en cuenta medios tanto reglamentarios como no reglamentarios, siguiendo el modelo de la Comunidad de Prácticas y los principios para una mejor autorregulación y corregulación. Se ha demostrado que varios códigos de conducta establecidos en los ámbitos coordinados por la Directiva 2010/13/UE están bien concebidos, en consonancia con los principios para una mejor autorregulación y corregulación. La existencia de un mecanismo legislativo de protección se consideró un importante factor de éxito a la hora de promover el cumplimiento de un código de autorregulación o de corregulación. Es igualmente importante que tales códigos establezcan objetivos y metas específicos que permitan un seguimiento y una evaluación periódicos, transparentes e independientes de los objetivos de los códigos de conducta. Los códigos de conducta también deben prever los medios para una aplicación efectiva. Los códigos de autorregulación o corregulación adoptados en los ámbitos coordinados por la Directiva 2010/13/UE deben ajustarse a estos principios.

(13)

La experiencia ha demostrado que tanto los instrumentos de autorregulación como los de corregulación, aplicados de acuerdo con las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, pueden desempeñar un importante papel a la hora de otorgar un alto grado de protección a los consumidores. Las medidas para alcanzar los objetivos de interés general en el sector de los servicios emergentes de comunicación audiovisual resultarían más eficaces si se adoptan con el apoyo activo de los propios prestadores de servicios.

(14)

La autorregulación constituye un tipo de iniciativa voluntaria que permite a los operadores económicos, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones en general adoptar directrices entre sí y para sí. Son responsables del desarrollo de estas directrices, así como del seguimiento y aplicación de su cumplimiento. Los Estados miembros deben, con arreglo a sus respectivas tradiciones jurídicas, reconocer el cometido que puede desempeñar la autorregulación efectiva como complemento de los mecanismos legislativos, judiciales y administrativos vigentes y su valiosa contribución con vistas a la consecución de los objetivos de la Directiva 2010/13/UE. No obstante, si bien la autorregulación puede ser un método complementario para aplicar ciertas disposiciones de la Directiva 2010/13/UE, en modo alguno puede sustituir a las obligaciones del poder legislativo nacional. La corregulación, en su mínima expresión, proporciona un «vínculo jurídico» entre la autorregulación y el poder legislativo nacional, con arreglo a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. En la corregulación, la función regulatoria se reparte entre las partes interesadas y el gobierno o las autoridades u organismos reguladores nacionales. La función de las autoridades públicas correspondientes incluye el reconocimiento del sistema de corregulación, el control de sus procesos y la financiación del sistema. La corregulación debe preservar la posibilidad de intervención estatal en el caso de que no se realicen sus objetivos. Sin perjuicio de las obligaciones formales de los Estados miembros en lo relativo a la incorporación a la legislación nacional, la Directiva 2010/13/UE anima a la utilización de la autorregulación y la corregulación. Esto no obliga a los Estados miembros a crear regímenes de autorregulación o corregulación, o ambos, ni afecta a las iniciativas de corregulación ya implantadas en los Estados miembros y que funcionan de forma efectiva o las pone en peligro.

(15)

La transparencia de la propiedad de los medios de comunicación está directamente vinculada a la libertad de expresión, piedra angular de los sistemas democráticos. La información relativa a la estructura de propiedad de los prestadores de servicios de comunicación, cuando dicha propiedad se traduce en el control o el ejercicio de una influencia significativa sobre el contenido de los servicios prestados, permite al usuario formarse un juicio fundado sobre ese contenido. Los Estados miembros deben poder determinar si, y en qué medida, la información sobre la estructura de propiedad del prestador de un servicio de comunicación debe ser accesible al usuario, siempre que se respeten en lo esencial los derechos y libertades fundamentales correspondientes y que estas medidas sean necesarias y proporcionadas.

(16)

Dadas las características específicas de los servicios de comunicación audiovisual y, en especial, su incidencia en las opiniones de las personas, los usuarios tienen un interés legítimo en saber quién es responsable de su contenido. Con el fin de reforzar la libertad de expresión y, por ende, promover el pluralismo de los medios de comunicación y evitar conflictos de intereses, es importante que los Estados miembros velen por que los usuarios tengan un acceso fácil y directo en todo momento a la información acerca de los prestadores de servicios de comunicación. Corresponde a cada Estado miembro decidir, en particular por lo que respecta a la información que pueda facilitarse sobre la estructura de la propiedad y los titulares reales.

(17)

Con el fin de garantizar la coherencia y la seguridad jurídica a las empresas y las autoridades de los Estados miembros, el concepto de «incitación a la violencia o al odio» debe entenderse, en la medida que corresponda, en el sentido que le atribuye la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo (7).

(18)

Teniendo en cuenta la evolución de los medios por los cuales se difunde el contenido a través de las redes de comunicaciones electrónicas, es importante proteger al público en general frente a la incitación al terrorismo. La Directiva 2010/13/UE debe, por tanto, garantizar que los servicios de comunicación audiovisual no contengan ninguna provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo. Con el fin de garantizar la coherencia y la seguridad jurídica a las empresas y las autoridades de los Estados miembros, el concepto de «provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo» debe entenderse en el sentido que le atribuye la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(19)

Con el fin de facultar a los espectadores, incluidos los padres y menores de edad, para que adopten decisiones con conocimiento de causa acerca de los contenidos que se ven, es necesario que los prestadores de servicios de comunicación faciliten información suficiente acerca de los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Tal información podría transmitirse, por ejemplo, mediante un sistema de descriptores de contenidos, una advertencia acústica, un símbolo visual o cualquier otro medio técnico que describa la naturaleza del contenido.

(20)

Las medidas adecuadas para la protección de los menores aplicables a los servicios de radiodifusión televisiva deben aplicarse también a los servicios de comunicación audiovisual a petición. Así debería aumentarse el nivel de protección. El enfoque de armonización mínima permite a los Estados miembros desplegar un mayor grado de protección frente a contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Los contenidos más nocivos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, sin constituir necesariamente una infracción penal, deben someterse a las medidas más estrictas como el cifrado y un control parental eficaz, sin perjuicio de que los Estados miembros adopten medidas más estrictas.

(21)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) reconoce que los niños merecen una protección específica en el tratamiento de sus datos personales. El establecimiento de mecanismos de protección de los niños por parte de los prestadores de servicios de comunicación lleva inevitablemente al tratamiento de datos personales de menores. Puesto que dichos mecanismos tienen como objetivo proteger a los niños, no se deben utilizar con fines comerciales los datos personales de los menores tratados en el marco de las medidas técnicas de protección de los menores.

(22)

La garantía del acceso al contenido audiovisual es una condición indispensable en el marco de los compromisos asumidos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el contexto de la Directiva 2010/13/UE, el término «personas con discapacidad» debe interpretarse a la luz de la naturaleza de los servicios cubiertos por dicha Directiva, que son servicios de comunicación audiovisual. El derecho de las personas con discapacidad y de las personas de edad avanzada a participar e integrarse en la vida social y cultural de la Unión está vinculado a la prestación de unos servicios de comunicación audiovisual accesibles. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar, sin dilaciones indebidas, que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos a su jurisdicción fomenten activamente la accesibilidad de sus contenidos a las personas con discapacidad, en particular de tipo visual o auditivo. Los requisitos de accesibilidad deben satisfacerse a través de un proceso progresivo y continuo, sin obviar a su vez las dificultades prácticas inevitables que podrían impedir una accesibilidad total, como los programas o los acontecimientos retransmitidos en directo. Para medir los avances realizados por los prestadores de servicios de comunicación para que sus servicios sean progresivamente accesibles a las personas con discapacidad visual o auditiva, los Estados miembros deben solicitar a los prestadores de servicios de comunicación establecidos en su territorio que les informen periódicamente al respecto.

(23)

La accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual en virtud de la Directiva 2010/13/UE debe incluir, entre otros elementos, el lenguaje de signos, el subtitulado para las personas sordas y con dificultades auditivas, los subtítulos hablados y la descripción acústica. No obstante, dicha Directiva no cubre las características o los servicios que proporcionan acceso a los servicios de comunicación audiovisual ni cubre las características de accesibilidad de las guías electrónicas de programas. Por tanto, dicha Directiva se entiende sin perjuicio de cualquier normativa de la Unión que tenga como objetivo armonizar la accesibilidad de los servicios que proporcionan acceso a los servicios de comunicación audiovisual, como sitios web, aplicaciones en línea y guías electrónicas de programas, o el suministro de información sobre accesibilidad, y en formatos accesibles.

(24)

En algunos casos, puede que no sea posible comunicar información de emergencia de forma accesible a las personas con discapacidad. No obstante, tales circunstancias excepcionales no deben ser óbice para que la información de emergencia se haga pública a través de servicios de comunicación audiovisual.

(25)

La Directiva 2010/13/UE debe entenderse sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de imponer obligaciones para garantizar la adecuada prominencia de los contenidos de interés general con arreglo a objetivos de interés general definidos, tales como el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la diversidad cultural. Tales obligaciones solo deben imponerse cuando sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión. En los casos en que los Estados miembros decidan imponer normas sobre qué se considera una prominencia adecuada, deben limitarse a imponer obligaciones proporcionadas a las empresas, por razones legítimas de orden público.

(26)

A fin de proteger la responsabilidad editorial de los prestadores de servicios de comunicación y la cadena de valor añadido audiovisual, es indispensable poder garantizar la integridad de los programas y servicios de comunicación audiovisual de los prestadores de servicios de comunicación. Los programas y servicios de comunicación audiovisual no deben transmitirse con recortes, alteraciones, interrupciones ni superposiciones con fines comerciales, sin el consentimiento explícito del prestador de servicios de comunicación. Los Estados miembros deben garantizar que las superposiciones iniciadas o autorizadas por el destinatario del servicio para uso estrictamente privado, como, por ejemplo, las superposiciones resultantes de los servicios de comunicaciones individuales, no necesiten el consentimiento del prestador del servicio de comunicación. No se incluyen los elementos de control de la interfaz de usuario que sean necesarios para el funcionamiento del dispositivo o la navegación por el programa, como barras de volumen, funciones de búsqueda, menús de navegación o listas de canales. Tampoco se incluyen las superposiciones legítimas, como las advertencias, la información de interés público, los subtítulos o las comunicaciones comerciales del prestador del servicio de comunicación. Sin perjuicio del artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), tampoco se incluyen las técnicas de compresión de datos que reduzcan el tamaño de un fichero de datos ni otras técnicas para adaptar un servicio a los medios de distribución (como la resolución y la codificación), sin dar lugar a ninguna modificación del contenido.

Deben imponerse medidas para proteger la integridad de los programas y los servicios de comunicación audiovisual cuando sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión. Dichas medidas deben imponer a las empresas obligaciones proporcionadas, por razones legítimas de orden público.

(27)

A excepción del patrocinio y el emplazamiento de producto, las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas en los servicios de comunicación audiovisual a petición deben cumplir los criterios aplicables a la publicidad televisada y a la televenta de bebidas alcohólicas que establece la Directiva 2010/13/UE. Los criterios más detallados aplicables a la publicidad televisada y a la televenta de bebidas alcohólicas quedan limitados a los anuncios publicitarios, que, por su naturaleza, están separados del programa, y, por tanto, excluyen otras comunicaciones comerciales relacionadas con el programa o que son parte integrante de este, como el patrocinio y el emplazamiento de producto. Por consiguiente, esos criterios no deben aplicarse al patrocinio y el emplazamiento de producto en los servicios de comunicación audiovisual a petición.

(28)

Existen directrices nutricionales ampliamente reconocidas a nivel nacional e internacional, tales como el modelo de perfiles nutricionales de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, que permiten diferenciar los alimentos sobre la base de su composición nutricional en el contexto de la publicidad televisiva dirigida a los niños. Debe alentarse a los Estados miembros a garantizar que la autorregulación y la corregulación, incluidos los códigos de conducta, se utilicen para reducir efectivamente la exposición de los niños a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a alimentos y bebidas con alto contenido en sal, azúcares, grasa, grasas saturadas o ácidos grasos trans, o que no se ajustan por otros conceptos a estas directrices nutricionales nacionales o internacionales.

(29)

De igual modo, debe alentarse a los Estados miembros a garantizar el uso de los códigos de conducta de autorregulación y corregulación para reducir efectivamente la exposición de los niños y los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas. Existen algunos sistemas de autorregulación o corregulación a nivel nacional y de la Unión cuyo fin es la comercialización responsable de las bebidas alcohólicas, en particular en las comunicaciones comerciales audiovisuales. Conviene fomentar aún más dichos sistemas, en particular los destinados a garantizar que las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas vayan acompañadas de mensajes sobre consumo responsable.

(30)

Es importante que los menores estén eficazmente protegidos de la exposición a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a la promoción de los juegos de azar. En este contexto, existen varios sistemas de autorregulación o corregulación a nivel nacional y de la Unión para la promoción del juego de azar responsable, también en las comunicaciones comerciales audiovisuales.

(31)

Con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de los servicios transfronterizos dentro de la Unión, es necesario garantizar la eficacia de las medidas de autorregulación y corregulación destinadas, en particular, a proteger a los consumidores o la salud pública.

(32)

El mercado de la radiodifusión televisiva ha evolucionado y, por tanto, es necesaria una mayor flexibilidad por lo que se refiere a las comunicaciones comerciales audiovisuales y, en particular, a las normas cuantitativas para los servicios de comunicación audiovisual lineales y al emplazamiento de producto. La aparición de nuevos servicios, incluso sin publicidad, ha conllevado una mayor libertad de elección para los espectadores, que pueden pasar fácilmente a ofertas alternativas.

(33)

La liberalización del emplazamiento de producto no ha aportado el esperado despegue de esta forma de comunicación comercial audiovisual. En particular, la prohibición general de emplazamiento de producto, aun con algunas excepciones, no ha dado seguridad jurídica a los prestadores de servicios de comunicación. Así pues, debe permitirse el emplazamiento de producto en todos los servicios de comunicación audiovisual y plataformas de intercambio de vídeos, con determinadas excepciones.

(34)

El emplazamiento de producto no debe autorizarse en los programas de noticias y actualidad, los programas de asuntos del consumidor, los programas religiosos ni en los programas infantiles. En particular, está demostrado que el emplazamiento de producto y la publicidad incorporada pueden afectar al comportamiento de los niños, ya que estos a menudo no son capaces de reconocer los contenidos comerciales. Por consiguiente, es necesario mantener la prohibición del emplazamiento de producto en programas infantiles. Los programas de asuntos del consumidor ofrecen asesoramiento a los espectadores o incluyen análisis sobre la compra de productos y servicios. Permitir el emplazamiento de producto en dichos programas desdibujaría la distinción entre publicidad y contenido editorial de cara a los espectadores que pueden esperar en dichos programas un análisis genuino y leal de los productos o servicios.

(35)

Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición deben promover la producción y distribución de las obras europeas, garantizando que sus catálogos contengan un porcentaje mínimo de obras europeas y que se conceda a estas suficiente prominencia. Debería promoverse el etiquetado de los metadatos de contenido audiovisual que permite calificar una obra como europea para conseguir que tales metadatos estén a disposición de los prestadores de servicios de comunicación. La prominencia implica la promoción de obras europeas mediante la facilitación del acceso a las mismas. Dicha prominencia puede garantizarse de formas diversas, como por ejemplo creando una sección dedicada a obras europeas a la que se pueda acceder a través de la página web inicial del servicio, la posibilidad de buscar obras europeas en la herramienta de búsqueda disponible como parte de ese servicio, la utilización de obras europeas en las campañas de ese servicio o promover un porcentaje mínimo de obras europeas en el catálogo de ese servicio, por ejemplo utilizando anuncios o instrumentos similares.

(36)

A fin de garantizar unos niveles suficientes de inversión en obras europeas, los Estados miembros deben poder imponer obligaciones financieras a los prestadores de servicios de comunicación establecidos en su territorio. Estas obligaciones pueden adoptar la forma de contribuciones directas a la producción y adquisición de derechos de obras europeas. Los Estados miembros también pueden imponer tasas, con destino a un fondo, sobre la base de los ingresos generados por los servicios de comunicación audiovisual que se ofrecen en su territorio y van dirigidos a él. La presente Directiva precisa que, dado el vínculo directo existente entre las obligaciones financieras y las políticas culturales de cada Estado miembro, se permite a un Estado miembro imponer igualmente tales obligaciones a los prestadores de servicios de comunicación establecidos en otro Estado miembro que se dirijan a su territorio. En este caso, solo deben imponerse obligaciones financieras sobre los ingresos generados a través de la audiencia del Estado miembro de recepción. Los prestadores de servicios de comunicación que estén obligados a contribuir a planes de financiación de obras cinematográficas en un Estado miembro de recepción deben estar en condiciones de beneficiarse, de forma no discriminatoria y aun cuando no estén establecidos en dicho Estado miembro, de la ayuda disponible, en el marco de los correspondientes planes de financiación de obras cinematográficas, para los prestadores de servicios de comunicación.

(37)

Los organismos de radiodifusión invierten en la actualidad más en obras audiovisuales europeas que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición. Por lo tanto, en caso de que un Estado miembro opte por imponer una obligación financiera a un organismo de radiodifusión televisiva que dependa de la jurisdicción de otro Estado miembro, deben tenerse en cuenta las contribuciones directas a la producción y adquisición de derechos de obras europeas, en particular las coproducciones realizadas por dicho organismo, respetando debidamente el principio de proporcionalidad. Ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para determinar, de conformidad con su política cultural y con arreglo a la normativa sobre ayudas estatales, el nivel de contribuciones financieras que deben pagar los prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción.

(38)

A la hora de evaluar, caso por caso, si un servicio de comunicación audiovisual a petición establecido en otro Estado miembro se dirige a una audiencia situada en su territorio, un Estado miembro debe remitirse a indicadores tales como la publicidad u otras promociones dirigidas específicamente a clientes de su territorio, la lengua principal del servicio o la existencia de contenidos o comunicaciones comerciales destinadas específicamente a la audiencia del Estado miembro de recepción.

(39)

Cuando un Estado miembro imponga a los prestadores de servicios de comunicación contribuciones financieras, estas deben procurar una promoción suficiente de las obras europeas y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de doble imposición para dichos prestadores de servicios de comunicación. De este modo, si el Estado miembro en que está establecido el prestador de servicios de comunicación impone tal contribución financiera, debe tener en cuenta las eventuales contribuciones financieras impuestas por los Estados miembros de recepción.

(40)

A fin de garantizar que las obligaciones relativas a la promoción de las obras europeas no socaven el desarrollo del mercado y permitir la entrada de nuevos operadores en el mercado, los prestadores con escasa presencia en el mercado no deben estar sujetos a tales requisitos. Este es el caso, en particular, de los prestadores con un bajo volumen de negocios o una baja audiencia. La baja audiencia puede determinarse, por ejemplo, basándose en el tiempo de visionado o en las ventas, dependiendo de la naturaleza del servicio, mientras que la determinación del bajo volumen de negocios debe tener en cuenta las distintas dimensiones de los mercados audiovisuales de los Estados miembros. También podría resultar inadecuado exigir tales requisitos cuando resultasen impracticables o injustificados, dado el tema o la naturaleza de los servicios de comunicación audiovisual.

(41)

Es importante que los organismos de radiodifusión televisiva disfruten de una mayor flexibilidad y que puedan decidir cuándo programan los anuncios, a fin de maximizar la demanda de los anunciantes y el flujo de espectadores. No obstante, también es necesario mantener un nivel suficiente de protección de los consumidores a este respecto, dado que un grado mayor de flexibilidad podría exponer a los telespectadores a una publicidad excesiva en las horas de mayor audiencia. Por consiguiente, se deben aplicar límites específicos en los tramos horarios comprendidos entre las 06.00 y las 18.00 y entre las 18.00 y las 24.00.

(42)

Los marcos neutros separan el contenido editorial de los anuncios de publicidad televisiva o de televenta, así como los distintos anuncios publicitarios entre sí. Permiten al telespectador distinguir claramente cuándo termina un tipo de contenido audiovisual y cuándo empieza otro. Es necesario aclarar que los marcos neutros están excluidos del límite cuantitativo establecido para la publicidad televisiva. El motivo de tal exclusión obedece a la necesidad de garantizar que el tiempo utilizado en los marcos neutros no tenga repercusión en el tiempo utilizado para la publicidad y que los ingresos generados por esta no se vean negativamente afectados.