(1)

El 17 de febrero de 2021, la Comisión Europea («Comisión») inició una investigación antisubvención relativa a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío («AILF» o «producto investigado») originarios de la India e Indonesia (denominados conjuntamente «los países afectados»). La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («anuncio de inicio»).

(2)

La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 4 de enero de 2021 por la Asociación Europea del Acero («EUROFER» o «denunciante») en nombre de la industria de la Unión de productos planos de acero inoxidable laminados en frío, en el sentido del artículo 10, apartado 6, del Reglamento de base. En la denuncia se presentaban suficientes pruebas de subvención y del consiguiente perjuicio para justificar el inicio de la investigación.

(3)

Antes de iniciar la investigación antisubvención, la Comisión notificó al Gobierno de la India (3) y al Gobierno de Indonesia (4) que había recibido una denuncia debidamente documentada e invitó a los Gobiernos de la India e Indonesia a celebrar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base. Las consultas se celebraron el 10 de febrero de 2021 con el Gobierno de la India, y el 15 de febrero de 2021 con el Gobierno de Indonesia. Sin embargo, no se pudo alcanzar una solución consensuada con ninguno de los dos.

(4)

El 18 de noviembre de 2021, la Comisión estableció derechos antidumping definitivos y percibió definitivamente los derechos provisionales establecidos sobre las importaciones del mismo producto originario de la India e Indonesia (5) («Reglamento antidumping») en una investigación iniciada mediante un anuncio de inicio publicado el 30 de septiembre de 2020 («investigación antidumping independiente») (6).

(5)

Los análisis del perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión realizados en la presente investigación antisubvención y en la investigación antidumping independiente son, mutatis mutandis, idénticos, dado que la definición de la industria de la Unión, los productores de la Unión incluidos en la muestra, el período considerado y el período de investigación son los mismos en ambas investigaciones.

(6)

El 7 de abril de 2021, el denunciante presentó una solicitud de registro de las importaciones. La Comisión analizó la solicitud, pero constató que, en un período relativamente corto, no se habían producido importaciones masivas de un producto que se beneficiara de subvenciones sujetas a medidas compensatorias en los países afectados. Las importaciones de AILF procedentes de la India e Indonesia mostraron una disminución del 46 % en los siete meses siguientes al inicio, en comparación con el mismo período durante el período de investigación. Por tanto, no se cumplían las condiciones para registrar las importaciones, de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base y la Comisión no sometió a registro las importaciones del producto afectado.

(7)

La investigación sobre las subvenciones y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 («período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del período de investigación («período considerado»). Ambos períodos son idénticos a los de la investigación antidumping independiente.

(8)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a que se pusieran en contacto con ella para participar en la investigación. Además, la Comisión informó específicamente del inicio de la investigación al denunciante, al Gobierno de la India, al Gobierno de Indonesia, a los productores exportadores conocidos de los países afectados, así como a los importadores y usuarios conocidos de la Unión, y les invitó a participar.

(9)

Se ofreció a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el consejero auditor en litigios comerciales. Se celebraron audiencias con EUROFER y otra empresa.

(10)

En el anuncio de inicio, la Comisión también invitó a las autoridades de la República Popular China («Gobierno de China») a participar en la investigación como parte interesada. Además, la Comisión informó al Gobierno de China del inicio de la investigación y se refirió específicamente a la invitación a participar como parte interesada incluida en el anuncio de inicio. Posteriormente, el Gobierno de China informó a la Comisión de que se había registrado como parte interesada en esta investigación.

(11)

El 11 de octubre de 2021, la Comisión envió una solicitud de información al Gobierno de China.

(12)

El Gobierno de China no respondió a la solicitud de información de la Comisión y, en lugar de ello, el 21 de octubre de 2021 presentó sus observaciones sobre la propia solicitud de información.

(13)

En esa presentación, por una parte, el Gobierno de China señaló que los procedimientos de la Comisión podrían infringir las normas de la OMC y el Derecho de la Unión.

(14)

En primer lugar, el Gobierno de China declaró que la Comisión no le había informado sobre la presentación de la denuncia, no había celebrado consultas previas al inicio con el Gobierno de China, no le había informado del inicio y no le había invitado de forma directa a convertirse en parte interesada en la investigación. Dado que China no es un país exportador, el Gobierno de China no es un miembro o una parte interesada a efectos de las normas de la OMC y la invitación carece de base jurídica y de requisitos de procedimiento básicos.

(15)

La Comisión observó que, desde el punto de vista fáctico, estas alegaciones son incorrectas. De hecho, cuando la invitación a convertirse en parte interesada se incluyó en el anuncio de inicio, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de febrero de 2021, la Comisión envió el anuncio de inicio al Gobierno de China ese mismo día, llamando expresamente su atención sobre la invitación. Al principio, el Gobierno de China solicitó acceso al expediente abierto mediante un correo electrónico de 19 de febrero de 2021. En respuesta a dicho correo electrónico, ese mismo día, la Comisión volvió a preguntar de forma explícita al Gobierno de China si, mediante la solicitud de acceso al expediente abierto, tenía la intención de registrarse como parte interesada. El mismo día, el Gobierno de China confirmó que se había registrado como parte interesada. Todo el intercambio de correos electrónicos está disponible en el expediente abierto. Por tanto, la Comisión informó directamente al Gobierno de China sobre el anuncio de inicio y le invitó a convertirse en parte interesada, incluso en dos ocasiones. Además, la Comisión no invitó al Gobierno de China a celebrar consultas previas al inicio, ya que esperaba que el Gobierno de Indonesia aclarara la participación del Gobierno de China en la prestación de apoyo financiero indirecto a los productores exportadores de Indonesia. Por tanto, dado que la Comisión no tenía la intención de investigar las posibles subvenciones sujetas a medidas compensatorias concedidas por China, sino únicamente las subvenciones concedidas por el Gobierno de Indonesia a través de la ayuda financiera del Gobierno de China, no existía ningún requisito jurídico que obligara a celebrar consultas previas al inicio con el Gobierno de China.

(16)

En segundo lugar, el Gobierno de China declaró que solicitaba hacer un seguimiento de los avances del asunto por temor a que la Comisión pudiera infringir las normas de la OMC y el Derecho de la Unión, pero el Gobierno de China no es objeto de esta investigación y no está obligado a facilitar ninguna información en la investigación. De hecho, según el Gobierno de China, la Comisión ya infringió el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC («Acuerdo SMC») y el Reglamento de base en la investigación antisubvención relativa a las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China («China») y de Egipto, iniciada el 16 de mayo de 2019 (7) y que dio lugar a la imposición de derechos compensatorios definitivos publicados el 15 de junio de 2020 (8) («la investigación antisubvención relativa al TFV»), ya que incluía la cooperación económica y comercial bilateral normal entre China y Egipto en el ámbito de las denominadas subvenciones entre países.

(17)

La Comisión recordó que no fue el Gobierno de China el que solicitó hacer el seguimiento de los avances del asunto, sino que fue la propia Comisión la que le invitó a registrarse como parte interesada en el anuncio de inicio. Por lo que se refiere a las alegaciones sobre la investigación antisubvención relativa al TFV, la Comisión las consideró genéricas e infundadas y, de todos modos, no son objeto de la presente investigación. En cualquier caso, la Comisión observó que la ayuda financiera concedida por el Gobierno de China, en la medida en que dicha ayuda sea imputable al Gobierno de Indonesia, entra en el ámbito de esta investigación. Por tanto, la información sobre la ayuda financiera concedida por el Gobierno de China es necesaria en este contexto.

(18)

En tercer lugar, el Gobierno de China señaló que la Comisión no le había enviado ninguna solicitud de información en los ocho primeros meses siguientes al inicio del procedimiento, lo cual es contrario al requisito de la OMC de que las autoridades investigadoras deben establecer la información requerida a las partes interesadas lo antes posible, y que el plazo para la respuesta era de diez días en lugar de los treinta y siete días previstos en el artículo 12.1.1 del Acuerdo SMC y en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(19)

La Comisión observó que fue la evolución de la investigación lo que condicionó el momento en el que se envió la solicitud de información al Gobierno de China. Los elementos solicitados al Gobierno de China no eran tan evidentes al inicio de la investigación y la información solicitada se basaba en aspectos que requerían una investigación adicional después de la primera sesión de la verificación a distancia con las partes indonesias. Además, la Comisión respondió que había enviado al Gobierno de China una «solicitud de información» y no un «cuestionario». Los requisitos de plazo que menciona el Gobierno de China afectan únicamente a los cuestionarios. El plazo previsto en la solicitud de información era suficiente para facilitar la información solicitada. En cualquier caso, si el Gobierno de China consideraba que el plazo era demasiado estricto, podría haber solicitado una prórroga de dicho plazo, pero no lo hizo.

(20)

El Gobierno de la India no presentó observaciones por escrito con anterioridad o posterioridad a las consultas previas al inicio del procedimiento. Sin embargo, durante la consulta, el Gobierno de la India alegó que, en general, la denuncia no incluía pruebas suficientes sobre la existencia de los supuestos programas de subvenciones.

(21)

La Comisión tuvo en cuenta las observaciones del Gobierno de la India. Sin embargo, tal como se detalla en el memorando sobre la suficiencia de las pruebas («el memorando») (9), tras examinar las alegaciones relativas a la subvención, la Comisión concluyó que la denuncia, junto con las pruebas de que disponía la Comisión y que figuran en el memorando, contenía pruebas suficientes que tendían a demostrar la existencia de subvenciones para el producto afectado originario de la India.

(22)

El 15 de febrero de 2021, el Gobierno de Indonesia presentó la versión escrita de las declaraciones que formuló en las consultas previas al inicio celebradas el mismo día. En esa presentación se alegó que, en general, la denuncia no incluía pruebas suficientes sobre la existencia de los supuestos programas de subvenciones.

(23)

La Comisión tuvo en cuenta esta presentación en la fase de redacción del memorando sobre la suficiencia de las pruebas y se mostró respetuosamente en desacuerdo con las observaciones del Gobierno de Indonesia. En efecto, la Comisión llegó a la conclusión de que la denuncia, junto con las pruebas de que disponía la Comisión y que figuraban en el memorando sobre la suficiencia de las pruebas, contenía pruebas suficientes que tendían a demostrar la existencia de subvenciones. En cualquier caso, se prestó una atención especial a los elementos destacados por el Gobierno de Indonesia durante la investigación.

(24)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(25)

En el anuncio de inicio, la Comisión señaló que había decidido limitar la investigación a un número razonable de productores de la Unión mediante la aplicación de un muestreo, y que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra provisional sobre la base de la producción y los volúmenes de ventas en la Unión comunicados por los productores de la Unión en el contexto del análisis de la evaluación de la representatividad previa al inicio, teniendo también en cuenta su ubicación geográfica. La muestra provisional así establecida estaba formada por tres productores de la Unión que representaban más del 60 % de la producción y aproximadamente el 70 % de las ventas del producto similar en la Unión, y que estaban radicados en cuatro Estados miembros diferentes. En el expediente para inspección por las partes interesadas se facilitaba información sobre esta muestra provisional, junto con la posibilidad de formular observaciones. No se formularon observaciones.

(26)

No se recibió ninguna observación en el plazo previsto y, por tanto, quedó confirmada la muestra provisional de productores de la Unión. Formaban parte de la muestra Acciai Speciali Terni S.p.A., Aperam Stainless Europe y Outokumpu Stainless OY. La muestra definitiva es representativa de la industria de la Unión. Esta muestra coincidía con la muestra de productores de la Unión en la investigación antidumping independiente.

(27)

Al objeto de decidir si era necesario el muestreo y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los importadores no vinculados conocidos que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(28)

Un importador no vinculado se dio a conocer como parte interesada y facilitó la información solicitada. En vista del reducido número de respuestas recibidas, no fue necesario el muestreo. No se formularon observaciones respecto de esta decisión. Se invitó a este importador a cumplimentar un cuestionario.

(29)

Habida cuenta del número potencialmente elevado de productores exportadores de los países afectados, el anuncio de inicio preveía el muestreo en la India e Indonesia. Por consiguiente, la Comisión pidió a todos los productores exportadores conocidos de la India e Indonesia que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra.

(30)

Además, la Comisión pidió a la Misión de la India ante la Unión Europea y a la Embajada de la República de Indonesia en Bruselas que, en su caso, indicaran qué otros productores exportadores podrían estar interesados en participar en la investigación o se pusieran en contacto con ellos.

(31)

Dos (grupos de) empresas indias respondieron al cuestionario de muestreo dentro del plazo previsto. Los dos productores exportadores en cuestión, Chromeni Steel Private Limited («Chromeni») y el Grupo Jindal, representaban el 100 % del volumen de exportaciones de AILF de la India a la Unión durante el período de investigación. Por tanto, la Comisión abandonó el muestreo con respecto a la India.

(32)

La parte del Grupo Jindal (India) que participa en la producción y la venta de AILF está compuesta por dos productores exportadores, dos comerciantes, un proveedor de servicios y un proveedor de materias primas.

(33)

El Grupo Jindal está integrado verticalmente, desde la producción de coque, gas y ferrocromo, pasando por la producción de acero inoxidable líquido, planchas, bobinas laminadas en caliente, hasta la producción de AILF.

(34)

En cambio, Chromeni no está integrado verticalmente. Comienza con la fabricación de AILF a partir de bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente.

(35)

Tres productores exportadores o grupos de productores exportadores de Indonesia facilitaron la información solicitada y aceptaron formar parte de la muestra. De conformidad con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó inicialmente una muestra de dos grupos de productores exportadores basándose en el mayor volumen representativo de exportaciones de Indonesia a la Unión durante el período de investigación que pudiera investigarse razonablemente en el tiempo disponible: PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy («IRNC») y PT. Jindal Stainless Indonesia («Jindal Indonesia»). Los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra representaban el 71 % del volumen de exportación total estimado de AILF de Indonesia a la Unión durante el período de investigación.

(36)

IRNC es una empresa integrada verticalmente. La empresa comienza con la fabricación de AILF a partir de mineral de níquel y, por tanto, cuenta con sus propias fundiciones. Además, IRNC forma parte de un grupo de empresas que fabrican diferentes tipos de productos de acero, que también están integradas verticalmente (comienzan con el mineral de níquel y, por tanto, tienen sus propias fundiciones) y suministran a IRNC productos de acero para la fabricación de AILF. Estas empresas (junto con IRNC, denominadas conjuntamente «el Grupo IRNC») son PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry («GCNS»), PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel («ITSS»), PT Sulawesi Mining Investment («SMI») y PT Tsingshan Steel Indonesia («TSI»). Todas ellas están ubicadas en el Parque Industrial Morowali de Indonesia.

(37)

Jindal Indonesia no está integrada verticalmente. Comienza con la fabricación de AILF a partir de bobinas de acero inoxidable.

(38)

De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión consultó a todos los productores exportadores afectados conocidos y al Gobierno de Indonesia en relación con la selección de la muestra. No se recibió ninguna observación, por lo que la muestra fue confirmada.

(39)

El tercer productor exportador indonesio que devolvió el formulario de muestreo informó a la Comisión de que no tenía la intención de solicitar un examen individual con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base. No obstante, la Comisión comunicó a dicho productor exportador no incluido en la muestra que, si deseaba ser examinado de forma individual, estaba obligado a responder al cuestionario. Sin embargo, el productor exportador no respondió al cuestionario. De resultas de ello, no fue posible realizar ningún examen individual.

(40)

La Comisión envió cuestionarios a los tres productores de la Unión incluidos en la muestra, al denunciante, al importador no vinculado que se dio a conocer y a los cuatro productores exportadores de los países afectados. Los mismos cuestionarios también se habían publicado en línea (10) el día del inicio de la investigación.

(41)

Se recibieron respuestas al cuestionario de los tres productores de la Unión incluidos en la muestra, el denunciante, un importador no vinculado, dos productores exportadores de la India y los dos productores exportadores incluidos en la muestra de Indonesia.

(42)

La Comisión envió también un cuestionario al Gobierno de la India y al Gobierno de Indonesia.

(43)

El cuestionario para el Gobierno de la India contenía cuestionarios específicos para i) cualquier entidad financiera que hubiera concedido préstamos o créditos a la exportación a las empresas investigadas o a sus compradores (en el contexto de los créditos a compradores exportadores), ii) los diez principales productores y distribuidores de los insumos supuestamente suministrados por una remuneración inferior a la adecuada (minerales de cromo y hierro) a los dos productores exportadores indios para la producción del producto investigado.

(44)

El cuestionario dirigido al Gobierno de Indonesia incluía un cuestionario específico para el Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia («Indonesia Eximbank»). A esta entidad financiera se hacía mención expresa en la denuncia como un organismo público u organismo que había recibido encomienda u orden del Gobierno de Indonesia de conceder subvenciones. Además, por conveniencia administrativa, se pidió al Gobierno de Indonesia que enviara cuestionarios específicos a: i) cualquier otra entidad financiera que hubiera concedido préstamos o créditos a la exportación a las empresas incluidas en la muestra o a sus compradores (en el contexto de los créditos a compradores exportadores) (11), ii) los diez principales productores y distribuidores de los principales insumos del producto investigado, así como a cualquier otro productor de insumos y distribuidor de los materiales en cuestión que hubiera proporcionado insumos a las dos empresas incluidas en la muestra, y iii) PT Asuransi Asei Indonesia («ASEI»), mencionada específicamente en la denuncia como proveedor de seguros de crédito a la exportación en condiciones favorables, también potencialmente a los productores del producto investigado.

(45)

Además, el cuestionario dirigido al Gobierno de Indonesia incluía un cuestionario específico para PT. Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP»), la empresa que explota el parque industrial en el que se ubica IRNC, uno de los productores exportadores incluidos en la muestra. Dado que IMIP es una empresa vinculada a IRNC, también se pidió a esta que enviara el mismo cuestionario a IMIP.

(46)

Se pidió al Gobierno de Indonesia que recopilara las respuestas de estas entidades y se las transmitiera directamente a la Comisión.

(47)

La Comisión recibió del Gobierno de India las respuestas al cuestionario que, sin embargo, no incluían, las respuestas a los cuestionarios específicos mencionados en el considerando 43, así como del Gobierno de Indonesia, que incluía las respuestas de Indonesia Eximbank, otras tres entidades financieras y once proveedores de insumos: cuatro empresas mineras del carbón (PT. Sungai Danau Jaya, PT. Tanah Bumbu Resources, PT. Wahana Baratama Mining y PT. Bukit Asam Tbk), tres empresas mineras de mineral de níquel (PT. GAG Nikel, PT. Ceria Nugraha Indotama y PT. Tiran Indonesia), cuatro comerciantes de mineral de níquel y carbón (PT. Ekasa Yad Resouces, PT. Batu Bara Global Energy, PT. Rwood Resources Indonesia y PT. Bumi Nusantara Jaya), ASEI e IMIP. La Comisión recibió las mismas respuestas al cuestionario por parte de IRNC y de IMIP.

(48)

En vista del brote de COVID-19 y de las medidas de confinamiento aplicadas por diversos Estados miembros, así como por varios terceros países, la Comisión no pudo llevar a cabo en la fase provisional sus visitas de inspección con arreglo al artículo 16 del Reglamento de base. En su lugar, la Comisión realizó verificaciones a distancia de toda la información que estimó necesaria para sus determinaciones provisionales, de conformidad con su Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones (12).

(49)

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base, la Comisión cotejó a distancia por videoconferencia las respuestas a los cuestionarios del Gobierno de la India y del Gobierno de Indonesia. Los funcionarios de los ministerios competentes participaron en las verificaciones a distancia. La verificación a distancia del Gobierno de Indonesia incluyó también la verificación a distancia de la información facilitada por el Indonesia Eximbank y por dos proveedores de insumos, a saber PT. Gag Nikel y PT. Sungai Danau Jaya.

(50)

Además, la Comisión efectuó verificaciones a distancia de las siguientes empresas y partes:

(51)

El 20 de octubre de 2021, de conformidad con el artículo 29 bis, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión informó a las partes interesadas de su intención de no imponer medidas provisionales y de proseguir la investigación.

(52)

La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para establecer sus conclusiones definitivas.

(53)

El 17 de diciembre de 2021, la Comisión informó a todas las partes de los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales tenía previsto imponer un derecho antisubvención definitivo a las importaciones en la Unión del producto afectado («la divulgación final»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones al respecto. Se ofreció a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el consejero auditor en litigios comerciales.

(54)

Posteriormente, el 21 de enero de 2022, las partes interesadas recibieron una divulgación final adicional («la divulgación final adicional») y se les concedió un plazo para formular observaciones al respecto. Se ofreció a las partes interesadas la oportunidad de solicitar una audiencia con la Comisión o con el consejero auditor en litigios comerciales.

(55)

Se recibieron observaciones de las partes siguientes: el denunciante, el Gobierno de la India, el Gobierno de Indonesia, el Gobierno de China, los productores exportadores incluidos en la muestra, el importador no vinculado LSI y el consorcio de importadores y distribuidores Euranimi.

(56)

También se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. Se celebraron audiencias con el Grupo IRNC y Euranimi.

(57)

Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta en el presente Reglamento.

(58)

El Grupo IRNC alegó que se habían violado sus derechos de defensa porque no se le había dado tiempo suficiente para preparar las observaciones sobre la divulgación final. En respuesta, la Comisión destacó que, inicialmente, se había concedido al Grupo IRNC un plazo de dieciocho días para presentar observaciones, muy por encima del plazo legal de diez días que la Comisión debe conceder a las partes interesadas tras la divulgación final. Además, la Comisión concedió una prórroga de tres días a la empresa previa petición de esta. Por tanto, la Comisión consideró que se había ofrecido al Grupo IRNC tiempo suficiente para presentar sus observaciones sobre la divulgación final y se rechazó la alegación.

(59)

El Grupo Jindal y Jindal Indonesia solicitaron a la Comisión que se asegurara de que los derechos compensatorios propuestos y las medidas de salvaguardia sobre el acero no se acumularan, como se hizo en el Reglamento antidumping.

(60)

Esta cuestión se aborda en los considerandos 1083 y 1084.

(61)

En aras de la seguridad jurídica, el Grupo Jindal y Jindal Indonesia también solicitaron a la Comisión que incluyera la propuesta de Reglamento por el que se imponen derechos antisubvenciones en el Reglamento (UE) 2019/1382 (13).

(62)

La Comisión señaló que en el artículo 3 ya se aborda la cuestión de la interacción entre los derechos recaudados con arreglo al presente Reglamento y los derechos recaudados de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/159 (14). En la última modificación del Reglamento (UE) 2019/1382, la Comisión ya anunció que en el futuro cada Reglamento por el que se impongan medidas antidumping o antisubvenciones relativas a los productos siderúrgicos que también estén sujetos a la medida de salvaguardia, incluiría disposiciones específicas que impidan su aplicación simultánea a la del arancel por encima del contingente de salvaguardia (15).

(63)

Tras la divulgación final, Euranimi y LSI sostuvieron que la Comisión debía suspender las medidas con arreglo al artículo 24, apartado 4, del Reglamento de base.

(64)

La Comisión confirmó la recepción de la información facilitada por estas partes y les recordó que, si lo estimaba conveniente, podía decidir suspender las medidas en caso de que las condiciones del mercado experimentasen un cambio temporal en grado tal que el perjuicio tuviese escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión, y siempre y cuando ello redundase en el interés de la Unión.

(65)

El producto objeto de la presente investigación lo constituyen productos planos de acero inoxidable, simplemente laminados en frío (reducidos en frío), clasificados actualmente en los códigos NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 y 7220 90 80 originarios de la India e Indonesia. Los códigos NC se indican a título meramente informativo.

(66)

La investigación puso de manifiesto que los siguientes productos presentan las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas y que se destinan a los mismos usos básicos:

(67)

La Comisión decidió que dichos productos eran, por lo tanto, productos similares en el sentido del artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(68)

Un productor de la Unión, que también actuaba en calidad de importador y usuario final, solicitó la exclusión de los productos de acero inoxidable laminados en frío con acero de las clases 200 y 201 de la definición del producto. La investigación ha establecido que estos productos son intercambiables en lo que respecta a sus características. Asimismo, la Comisión llegó a la conclusión de que la aceptación de esta solicitud de exclusión supondría una carga excesiva para las autoridades aduaneras, que tendrían que llevar a cabo una prueba de laboratorio y comprobar el uso final de cada envío. Además, los datos facilitados por la empresa con respecto a sus compras de productos con acero de las clases 200 y 201 y otros productos de los países afectados mostraron que sí compró otros productos incluidos en la definición del producto objeto de la presente investigación a esos países, lo cual, por su propia naturaleza, conlleva un riesgo de compensación cruzada. Además, aunque la empresa alega que estas clases de acero solo tienen un uso final, no puede excluirse que puedan tener otros usos.

(69)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que la aceptación de esta solicitud de exclusión del producto no sería apropiada y, por lo tanto, la denegó.

(70)

Sobre la base de la información contenida en la denuncia, en el anuncio de inicio y en las respuestas a los cuestionarios de la Comisión, se investigó la presunta subvención estudiando las siguientes subvenciones por parte del Gobierno de la India:

(71)

El denunciante alegó que los bancos indios proporcionan financiación de las exportaciones previa al envío a los exportadores que requieren el pago de las mercancías vendidas antes de su envío. Del mismo modo, la financiación de las exportaciones posterior al envío es un préstamo que las entidades financieras conceden a los exportadores. Este sistema lo gestiona el Banco de la Reserva de la India (Reserve Bank of India, RBI), que es el banco central de la India. Además, se alegó que el Gobierno de la India, a través de su banco central, encomienda u ordena a los bancos privados indios que aporten una contribución financiera en forma de transferencia directa de fondos [artículo 3, apartado 1, letra a), incisos i) y iv) del Reglamento de base]. Para beneficiarse de estos sistemas, el exportador solo tiene que presentar una justificación de exportación sin necesidad de ninguna evaluación del riesgo. Por tanto, el beneficio para el exportador es la diferencia entre el tipo preferencial recibido de este modo y el tipo de mercado para préstamos similares en la India.

(72)

Uno de los productores exportadores indios utilizaba, en cierta medida, créditos previos al envío durante el período de investigación.

(73)

La empresa utilizaba créditos previos al envío en el marco de instrumentos de capital circulante (líneas de crédito) abiertos por bancos públicos y privados. El tipo de interés aplicado se estableció en consonancia con las condiciones del mercado y al nivel aplicado por otros bancos públicos y privados (incluidos los bancos internacionales) con los que la empresa mantenía líneas de crédito abiertas. El tipo de interés se basó en el tipo de interés preferencial de referencia («BPLR»), en el caso de los créditos a la exportación en rupias indias («INR»), o en el LIBOR, en el caso de los créditos a la exportación en dólares estadounidenses («USD»). En ambos casos, se añadió un diferencial basado en la evaluación de la calificación crediticia de la empresa. Las mismas líneas de crédito también se utilizaron para la financiación interior a corto plazo.

(74)

Los dos productores exportadores indios no utilizaron créditos a la exportación posteriores al envío durante el período de investigación.

(75)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo estos sistemas.

(76)

El denunciante alegó que el sistema de equiparación de intereses («IES») otorga a los exportadores una contribución financiera en forma de transferencia directa de fondos, ya que proporciona una compensación a los prestamistas de dichos exportadores de entre el 3 y el 5 % del valor de los intereses que, de otro modo, se habrían debido pagar por determinados préstamos.

(77)

Los dos productores exportadores indios no hicieron uso de este sistema durante el período de investigación.

(78)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo este sistema.

(79)

El Gobierno de la India es propietario único de dos agencias de crédito a la exportación: Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd (ECGC) y Exim Bank of India. El objetivo principal de ambas agencias es la promoción de las exportaciones indias. El denunciante alegó que los incentivos que ofrecen dichas agencias confieren un beneficio a los exportadores porque proporcionan seguros, garantías crediticias, líneas de crédito y créditos a la exportación en condiciones menos estrictas que las del mercado.

(80)

Los dos productores exportadores indios no utilizaron garantías crediticias, créditos a la exportación ni líneas de crédito facilitadas por ECGC o Exim Bank.

(81)

Sin embargo, dos productores del Grupo Jindal estaban cubiertos por pólizas de seguros de ECGC. No obstante, la Comisión no consideró que estos contratos de seguros se apartaran de las condiciones normales de mercado. Las cuotas de las primas dependían de la cobertura máxima de las pérdidas, los países y los compradores cubiertos por la póliza y el «historial de reclamaciones» previo, es decir, el perfil de riesgo de las empresas. La Comisión verificó que se habían pagado todas las cuotas y tarifas de las primas.

(82)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo este sistema.

(83)

El denunciante alegó que el Gobierno de la India concede préstamos sectoriales preferenciales a los productores de acero inoxidable a través del State Bank of India (SBI) y del Steel Development Fund (SDF).

(84)

El SBI fue uno de los bancos que concedió préstamos a largo plazo al Grupo Jindal, pero la Comisión no los consideró sectoriales ni preferenciales. El tipo de interés se estableció sobre la base del diferencial BLPR +. De hecho, el tipo de interés aplicado por el SBI fue ligeramente superior al aplicado por los bancos privados que concedían préstamos a largo plazo al Grupo Jindal con una duración similar.

(85)

Los dos productores exportadores indios no recibieron préstamos del Steel Development Fund (SDF) durante el período de investigación.

(86)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo este sistema.

(87)

El denunciante alegó que el Gobierno de la India concede a los productores de acero subvenciones para I+D a través del SDF. Asimismo, se pueden obtener subvenciones para I+D directamente del Ministerio del Acero.

(88)

Los dos productores exportadores indios no recibieron subvenciones para I+D en el período de investigación ni subvenciones que pudieran asignarse a dicho período.

(89)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo este sistema.

(90)

El denunciante alegó que los productores del producto investigado se benefician de varios sistemas de devolución de derechos previos y posteriores a la exportación en virtud de los cuales las materias primas o los bienes de capital importados pueden quedar exentos de derechos de aduana e impuestos de importación. Estos sistemas confieren a los fabricantes exportadores un beneficio en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii) y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, igual al importe de los ingresos fiscales condonados por el Gobierno y, por tanto, al importe de los derechos e impuestos no recaudados.

(91)

Como se explica en los considerandos 117 a 205, uno o ambos productores exportadores indios se beneficiaron de alguno de los sistemas de exención y remisión de derechos, a saber: AAS, DDS, EPCGS y MEIS.

(92)

Sin embargo, ninguno de los dos productores exportadores se benefició en el período de investigación del sistema de autorización de importaciones libres de derechos (DFIA) ni de transacciones de ventas interiores clasificadas como transacciones asimiladas a exportaciones. En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo los dos últimos sistemas.

(93)

El denunciante alegó que los productores del producto investigado se benefician de varios incentivos fiscales por estar registrados como unidades orientadas a la exportación o por estar ubicados en Zonas Económicas Especiales.

(94)

Sin embargo, ninguno de los dos productores exportadores indios estaba registrado como unidad orientada a la exportación durante el período de investigación, ni se benefició de ninguna subvención de bienes de capital en el pasado como tal que pudiera asignarse al período de investigación. Ninguno de los dos productores exportadores indios está ubicado en una ZEE.

(95)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo estos sistemas.

(96)

El denunciante alegó que los productores del producto investigado se benefician de desgravaciones y exenciones del impuesto sobre la renta como consecuencia de varios regímenes, entre ellos:

(97)

Los dos productores exportadores indios no disfrutaron de exenciones, desgravaciones o tipos impositivos reducidos del impuesto sobre la renta durante el período de investigación.

(98)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo este sistema.

(99)

El denunciante alegó que el Gobierno de la India ha aplicado una política que supone el establecimiento de impuestos de exportación elevados al mineral de hierro. De este modo, el Gobierno se aseguraba un aumento de la oferta interna de estos productos y garantizaba que los precios del hierro se mantuvieran muy por debajo de los niveles internacionales. Estos derechos de exportación, junto con otros elementos, equivalían a que el Gobierno de la India encomendara u ordenara a los productores de materias primas que proporcionaran insumos a los productores indios por una remuneración inferior a la adecuada.

(100)

No obstante, ninguno de los dos productores exportadores indios utiliza mineral de hierro en su proceso de producción. En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo este sistema.

(101)

El denunciante alegó que el Gobierno de la India ha apoyado a la industria india del acero inoxidable laminado en frío mediante contrataciones públicas. Se alegó que las agencias gubernamentales están obligadas a utilizar un porcentaje mínimo de acero y hierro de la India en su contratación (entre el 15 y el 50 %). Además, cuando un licitador extranjero ofrece el precio más bajo, solo puede obtener como máximo la mitad de la cantidad del pedido. La otra parte debe adjudicarse a un proveedor local que sea capaz de fijar el precio dentro de una horquilla del 20 % por encima del precio del licitador extranjero. Solo en caso de que ningún proveedor local pueda fijar un precio dentro del 20 % del precio más bajo (un caso improbable, dado el amplio margen), el licitador extranjero más eficiente puede obtener el resto del contrato.

(102)

Durante el período de investigación, uno de los productores exportadores indios licitaba con éxito en los procedimientos de contratación pública.

(103)

La Comisión verificó todos los procedimientos de contratación pública y licitaciones relacionados con la empresa india en cuestión durante el período de investigación. Sin embargo, no se encontraron elementos de subvenciones concretas.

(104)

Las licitaciones se publican en línea, en los sitios web de las respectivas unidades administrativas, instituciones o empresas públicas indias (por ejemplo, Indian Railways) y las empresas son libres de enviar sus ofertas. Es una práctica habitual que el volumen de la contratación se divida entre dos empresas. A la empresa que ofrece el precio más bajo, se le concede el 60 % de la contratación y a la empresa que ofrece el segundo precio más bajo, se le concede el 40 % restante del contrato, con la condición de que ajuste su precio al nivel ofrecido por el ganador de la licitación. Esta norma se aplica también en caso de que una o ambas empresas en cuestión sean licitadores extranjeros.

(105)

Es cierto que algunas contrataciones públicas solo están abiertas a las empresas nacionales. Sin embargo, cuando el procedimiento está abierto a los licitadores extranjeros, no se produce una discriminación de precios como alega el denunciante. La preferencia de precios (20 %) para los proveedores nacionales solo existe en el caso de las contrataciones relacionadas con bienes de capital (16).

(106)

La Comisión verificó que en todos los procedimientos de contratación pública adjudicados al productor indio de AILF en el período de investigación, estuvieran o no abiertos a los licitadores extranjeros, la empresa seleccionada había ofrecido el precio más bajo o, en el caso de ser la empresa con la segunda mejor oferta, debía ajustar su precio al precio ofertado más bajo.

(107)

Tras la divulgación final, el denunciante alegó que la exclusión de los licitadores extranjeros de algunos de los procedimientos de contratación dio lugar a una reducción de la competencia y, por consiguiente, a unos precios globales más elevados, equivalentes a una contribución financiera a través de la compra de bienes por una remuneración superior a la adecuada.

(108)

Por otra parte, el denunciante observó que, al excluir las importaciones de determinadas licitaciones, las normas indias de contratación pública garantizan determinados volúmenes de las compras para los productores indios, lo que les confiere en sí mismo un beneficio.

(109)

La Comisión está de acuerdo en que la exclusión de los licitadores extranjeros puede reducir la competencia y dar lugar a la creación de un mercado solo para los licitadores nacionales. Sin embargo, los volúmenes vendidos por el Grupo Jindal a través de la adjudicación de licitaciones públicas fueron insignificantes en comparación con el total de las ventas nacionales de la empresa en el período de investigación. Además, en el análisis de los procedimientos de contratación pública adjudicados al productor indio de AILF en el período de investigación, la Comisión no observó diferencias sustanciales en los niveles de precios entre las ofertas ganadoras en las licitaciones abiertas a las empresas extranjeras y aquellas en las que dichas empresas no participaron. Por consiguiente, en este caso particular, la Comisión no ha constatado ningún beneficio importante a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de base.

(110)

El denunciante alegó que Exim Bank ofrece líneas de crédito y créditos a compradores. Esos incentivos no se conceden a los exportadores sino a los Gobiernos extranjeros, los bancos de desarrollo extranjeros y las entidades financieras extranjeras, los bancos comerciales en el extranjero u otras entidades. La financiación les permite comprar a los exportadores indios en condiciones de crédito diferido.

(111)

Ninguna de las ventas de exportación de los productores exportadores investigados durante el período de investigación estaba cubierta por líneas de crédito o créditos a compradores de Exim Bank.

(112)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo estos sistemas.

(113)

El denunciante alegó que, aparte de las subvenciones concedidas por el Gobierno de la India, algunos de los productores de AILF pueden beneficiarse de los regímenes estatales de subvenciones proporcionados por el Gobierno de Gujarat. En la denuncia se mencionan cuatro regímenes locales:

(114)

Solo uno de los productores exportadores indios objeto de la investigación se encuentra en el Estado de Gujarat y podría utilizar los regímenes locales de subvenciones citados anteriormente. Sin embargo, no se constató que la empresa se beneficiara de ninguno de estos regímenes durante el período de investigación.

(115)

En consecuencia, la Comisión no tuvo que analizar más a fondo estos regímenes.

(116)

La Comisión constató que un productor exportador se acogió a esta medida durante el período de investigación. Sin embargo, dado que, aparentemente, el beneficio conferido a esta empresa era insignificante (0,02 %), la Comisión decidió no seguir investigando esta medida.

(117)

Los sistemas AAS, EPCGS y MEIS se basan en la Ley de Comercio Exterior (desarrollo y regulación) de 1992 (n.o 22 de 1992), que entró en vigor el 7 de agosto de 1992 («Ley de Comercio Exterior»). La Ley de Comercio Exterior autoriza al Gobierno de la India a emitir notificaciones en relación con la política de exportación e importación. Dichas notificaciones se encuentran resumidas en los documentos sobre la política de comercio exterior que, normalmente, publica el Ministerio de Comercio cada cinco años y que se actualizan periódicamente.

(118)

El documento sobre la política de comercio exterior pertinente para el período de investigación se titula «Política de comercio exterior 2015-2020» («FTP 2015-2020»). El Gobierno de la India también establece los procedimientos que rigen la Política de comercio exterior 2015-2020 en un «Manual de Procedimientos, 2015-2020» («HOP 2015-2020»).

(119)

El sistema DDS se basa en la sección 75 de la Ley de aduanas (Customs Act) de 1962, en la sección 37 de la Ley sobre impuestos especiales nacionales (Central Excise Act) de 1944, en las secciones 93A y 94 de la Ley de presupuestos (Financial Act) de 1994 y en las Normas reguladoras de la devolución de los impuestos sobre los servicios, de los impuestos especiales nacionales y de los derechos de aduana (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) de 1995. Los tipos de las devoluciones se publican periódicamente.

(120)

Como observación general, cabe señalar que la Comisión no pudo finalizar en un plazo razonable la verificación a distancia de determinados documentos relacionados con transacciones de exportación e importación en el marco de los sistemas de devolución de derechos descritos en esta subsección, tal como se solicitó y acordó durante la verificación a distancia. A este respecto, la Comisión utilizó los mejores datos disponibles cuando se detectaron discrepancias entre las cifras comunicadas por las empresas y el Gobierno de la India, sobre la base del artículo 28, apartado 3, del Reglamento de base.

(121)

Tras la divulgación final, uno de los productores exportadores indios alegó que el objetivo de los sistemas AAS, DDS y MEIS es neutralizar los derechos de aduana que la empresa paga por las importaciones de materias primas utilizadas en los productos exportados y, por tanto, estos tres sistemas no confieren un beneficio a la empresa.

(122)

Sin embargo, contrariamente a esta afirmación, los beneficios recibidos por las empresas en el marco de los sistemas DDS y MEIS no tienen ninguna relación directa con los derechos adeudados sobre las importaciones de materias primas utilizadas por la empresa en los productos exportados.

(123)

En el caso del sistema DDS, una empresa exportadora recibe pagos en efectivo que solo están vinculados al valor FOB de sus exportaciones. La empresa en cuestión no está obligada a importar ninguna materia prima.

(124)

En el caso del sistema MEIS, un productor exportador recibe vales que podrían venderse en el mercado o utilizarse para compensar futuros derechos de importación adeudados, pero esta compensación no se limita a las materias primas utilizadas en la producción de los productos exportados para los que se recibieron vales del MEIS. Así pues, los vales del MEIS pueden utilizarse para compensar cualquier derecho de importación adeudado, entre ellos los derechos de importación relativos a bienes de capital. También se pueden cobrar incluso en el caso de que la empresa no importe nada.

(125)

Únicamente en el caso del sistema AAS existe un vínculo directo entre la exención de los derechos de importación sobre las materias primas importadas por la empresa y los productos exportados. Por tanto, la Comisión no considera que la exención de derechos constituya un beneficio para la empresa, siempre que esta pueda demostrar el consumo real de materias primas importadas en el marco del AAS para la producción de los productos finales exportados.

(126)

La Comisión estableció que un productor exportador indio utilizó el sistema AAS durante el período de investigación.

(127)

La descripción detallada de este sistema figura en los apartados 4.03 a 4.24 de la FPT 2015-2020, así como en los apartados 4.04 a 4.52 del HOP 2015-2020 y su versión actualizada.

(128)

El sistema AAS se compone de seis subsistemas, que se describen con más detalle en la siguiente sección. Estos subsistemas difieren, entre otras cosas, en el ámbito de sus criterios de admisibilidad. Los exportadores fabricantes y los exportadores comerciantes «vinculados» a fabricantes auxiliares pueden acogerse a los subsistemas de exportaciones físicas y de disposición anual del sistema AAS. Los exportadores fabricantes que suministran al exportador final pueden acogerse al subsistema de suministros intermedios del sistema AAS. Los principales contratistas que efectúan suministros a las categorías de «transacciones asimiladas a exportaciones» mencionadas en el punto 7.02 de la FPT 2015-2020, como, por ejemplo, los proveedores de una unidad orientada a la exportación, pueden acogerse al subsistema de transacciones asimiladas a exportaciones del sistema ASS. Por último, los proveedores intermedios de los exportadores fabricantes pueden beneficiarse de transacciones asimiladas a exportaciones con arreglo a los subsistemas de órdenes de exención previa y al crédito documentario nacional subsidiario.

(129)

El sistema AAS puede expedirse en las situaciones descritas a continuación.

(130)

Exportaciones físicas: se trata del subsistema principal. Permite la importación libre de derechos de insumos destinados a la producción de un producto final exportado específico. En este contexto, «físicas» significa que el producto para la exportación tiene que abandonar el territorio de la India. En la licencia se especifican las importaciones autorizadas y las exportaciones obligatorias, incluido el tipo de producto exportado.

(131)

Disposición anual: esta autorización no está vinculada a ningún producto exportado específico, sino a un grupo de productos más amplio (por ejemplo, productos químicos y conexos). El titular de la licencia puede importar sin abonar derechos, hasta cierto límite fijado en función de sus resultados de exportación en el pasado, cualquier insumo que vaya a ser utilizado en la fabricación de cualquiera de los artículos incluidos en dicho grupo de productos. Puede elegir exportar cualquier producto resultante que se incluya en el grupo de productos utilizando este insumo libre de derechos.

(132)

Suministros intermedios: este subsistema contempla los casos en que dos fabricantes se proponen producir un único producto de exportación y dividir el proceso de producción. El exportador fabricante que fabrica el producto intermedio puede importar insumos libres de impuestos y obtener a este efecto una autorización previa para suministros intermedios. El exportador último finaliza la producción y está obligado a exportar el producto acabado.

(133)

Transacciones asimiladas a exportaciones: este subsistema permite a un contratista principal importar insumos libres de impuestos que se requieren para fabricar productos que vayan a ser vendidos como transacciones asimiladas a exportaciones. Según el Gobierno de la India, se entiende por «transacciones asimiladas a exportaciones» aquellas transacciones en las que las mercancías suministradas no salen del país. Varias categorías de suministros se consideran transacciones asimiladas a exportaciones a condición de que las mercancías se fabriquen en la India, por ejemplo, el suministro de mercancías a una unidad orientada a la exportación o a una empresa situada en una Zona Económica Especial («ZEE»).

(134)

Órdenes de exención previa («ARO»): el titular de una autorización previa que decida abastecerse de insumos en el mercado interior en vez de importarlos directamente tiene la posibilidad de abastecerse mediante órdenes de exención previa. En estos casos, las autorizaciones previas se validan como órdenes de exención previa y se adjudican al proveedor nacional tras la entrega de los productos especificados en las mismas. La adjudicación de las órdenes de exención previa permite que el proveedor nacional se beneficie de las transacciones asimiladas a exportaciones tal como se expone en el punto 7.03 de la FTP 2015-2020 (a saber, autorizaciones previas para suministros intermedios/transacciones asimiladas a exportaciones, y devolución y reembolso del impuesto especial final para transacciones asimiladas a exportaciones). El mecanismo de órdenes de exención previa consiste en reembolsar los impuestos y derechos al proveedor del producto, en vez de reembolsárselos al exportador final en forma de devolución o reembolso de derechos. El reembolso de los impuestos o derechos es válido tanto para los insumos nacionales como para los importados.

(135)

Crédito documentario nacional subsidiario: este subsistema contempla también los suministros nacionales del titular de una autorización previa. Dicho titular puede acudir a un banco para abrir un crédito documentario nacional a favor de un proveedor nacional. El banco validará la autorización para las importaciones directas únicamente por lo que respecta al valor y el volumen de los productos que se obtengan a escala nacional en vez de ser importados. El proveedor nacional podrá beneficiarse de las transacciones asimiladas a exportaciones tal como se expone en el punto 7.03 de la FTP 2015-2020 (a saber, autorizaciones previas para suministros intermedios/transacciones asimiladas a exportaciones, y devolución y reembolso del impuesto especial final para transacciones asimiladas a exportaciones).

(136)

La Comisión constató que un productor exportador que utilizaba el sistema obtuvo concesiones con arreglo al primer subsistema, es decir, las exportaciones físicas del sistema AAS, durante el período de investigación. Por tanto, no es necesario establecer la sujeción a derechos compensatorios de los subsistemas restantes no utilizados.

(137)

A efectos de la verificación por parte de las autoridades indias, el titular de una autorización previa está jurídicamente obligado a mantener «una contabilidad veraz y apropiada del consumo y la utilización de los bienes importados libres de derechos o adquiridos en el mercado nacional» en un formato concreto (capítulo 4.51 y apéndice 4H del HOP 2015-2020), es decir, un registro del consumo real. Este registro ha de ser verificado por un censor jurado de cuentas o un contable de costes y explotación titulado externo, que debe expedir un certificado en el que se establezca que se han examinado los registros requeridos y los asientos correspondientes y que la información suministrada con arreglo al apéndice 4H es veraz y correcta en todos los sentidos.

(138)

Por lo que respecta al subsistema utilizado durante el período de investigación por la empresa afectada, es decir, el sistema de las exportaciones físicas, el Gobierno de la India fija tanto el volumen como el valor de las importaciones autorizadas y de las exportaciones obligatorias, que deben constar en la autorización. Además, en el momento de la importación y de la exportación, los funcionarios públicos deben anotar en la autorización las transacciones correspondientes. El Gobierno de la India determina el volumen de las importaciones que pueden acogerse al sistema AAS, de conformidad con las normas de importación de insumos para la elaboración de productos de exportación («SION»), que se refieren a la mayoría de los productos, incluido el producto investigado.

(139)

Los insumos importados no son transferibles y deben utilizarse para fabricar el producto destinado a la exportación. La obligación de exportación debe cumplirse dentro de un plazo establecido después de haber sido expedida la licencia (dieciocho meses con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una).

(140)

No existe un vínculo estrecho entre los insumos importados y los productos acabados exportados. Los insumos admisibles también pueden importarse y utilizarse en productos distintos del producto investigado. Además, se pueden agrupar las licencias expedidas para varios productos. Es decir, que la exportación de un producto al amparo de una licencia del sistema AAS puede dar derecho a la importación de insumos libres de impuestos en virtud de una licencia de este tipo para otro producto.

(141)

La investigación mostró que no se había cerrado ninguna de las licencias del sistema AAS utilizadas por el productor exportador. Por tanto, el productor exportador fue incapaz de mostrar ningún apéndice 4H en relación con sus licencias del sistema AAS. Además, el productor exportador admitió que su registro de consumo no permite establecer el consumo real de materias primas importadas ni su vinculación con los productos finales producidos y exportados. Cabe señalar que el productor en cuestión está integrado verticalmente en varios niveles:

y las materias primas importadas se utilizan en la fase 2 cuando se mezclan con materias primas producidas en la fase 1 o compradas en el país.

(142)

La exención de derechos de importación constituye una subvención a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, por ser una contribución financiera del Gobierno de la India, ya que disminuye los ingresos por derechos que debería percibir y confiere un beneficio al exportador investigado, pues mejora su liquidez.

(143)

Además, el subsistema de exportaciones físicas del sistema AAS está supeditado por ley a los resultados de exportación y, por tanto, se considera específico y sujeto a medidas compensatorias con arreglo al artículo 4, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento de base. Sin un compromiso de exportación, una empresa no puede beneficiarse de este sistema.

(144)

El subsistema utilizado en el caso que nos ocupa no puede considerarse un sistema admisible de devolución de derechos o de devolución en casos de sustitución a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base. No se ajusta a las normas establecidas en el anexo I, letra i), en el anexo II (definición y normas de devolución) y en el anexo III (definición y normas de devolución en casos de sustitución) del Reglamento de base. El Gobierno de la India no aplicó de forma eficaz un sistema o procedimiento de verificación con el objeto de comprobar si los insumos se habían consumido en la producción del producto exportado y en qué cuantía (punto 4 del anexo II del Reglamento de base y, en el caso de los sistemas de devolución en casos de sustitución, apartado II, punto 2, del anexo III del Reglamento de base). También se estimó que las normas SION no son lo suficientemente precisas en relación con el producto investigado y que, de por sí, no pueden considerarse como un sistema de verificación del consumo real, dado que la concepción de esas normas estándar no permite al Gobierno de la India verificar con suficiente exactitud qué cantidad de insumos se consumió en la producción destinada a la exportación. Asimismo, el Gobierno de la India no efectuó ningún examen posterior basado en los insumos realmente utilizados, cuando debería haberlo hecho al no haber aplicado un sistema de verificación eficaz (punto 5 del anexo II y apartado II, punto 3, del anexo III del Reglamento de base).

(145)

Por consiguiente, este subsistema está sujeto a medidas compensatorias.

(146)

Al no haber sistemas de devolución de derechos permitidos ni posibilidad de verificar la tasa de consumo real de los insumos pertinentes, el importe total de los derechos de aduana condonados (derechos de aduana básicos y tasas aduaneras) se considera una remisión excesiva que constituiría una subvención sujeta a medidas compensatorias, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base.

(147)

Mediante carta de 22 de noviembre de 2021, se informó al productor exportador de la intención de la Comisión de aplicar el artículo 28 del Reglamento de base y los mejores datos disponibles a este respecto.

(148)

Contrariamente a otras alegaciones de la empresa según las cuales este método de cálculo del beneficio en el marco del sistema AAS se aparta de la práctica anterior de la Comisión y se basa en meras hipótesis e inferencias, se reitera que la empresa no facilitó ningún dato que permitiera calcular la remisión excesiva real.

(149)

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, las tasas soportadas por la empresa para obtener la subvención se dedujeron del importe total de la subvención cuando se solicitó.

(150)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, la remisión excesiva de los derechos debe asignarse en función del volumen de negocios de exportación total como denominador adecuado, ya que la subvención está supeditada al resultado de exportación.

(151)

El tipo de subvención establecido con respecto a este sistema durante el período de investigación fue del 0,05 %.

(152)

Tras la divulgación final, el productor exportador indio en cuestión reiteró sus alegaciones en relación con la aplicación injustificada del artículo 28 del Reglamento de base y la metodología de cálculo del beneficio de la empresa con arreglo al sistema utilizado por la Comisión.

(153)

Sin embargo, no se presentaron nuevos argumentos. Cabe recordar que la Comisión no tuvo otra opción que recurrir a los mejores datos disponibles, ya que la empresa no facilitó datos que permitieran el cálculo normal de la remisión excesiva en virtud de este sistema. En cualquier caso, teniendo en cuenta el tipo de subvención establecido, como se indica en el considerando 151, la Comisión decidió no aplicar medidas compensatorias al beneficio insignificante conferido al Grupo Jindal en virtud del AAS.

(154)

La Comisión estableció que un productor exportador indio utilizó el sistema DDS durante el período de investigación.

(155)

La base jurídica aplicable durante el período de investigación de reconsideración fueron las Normas sobre devolución de impuestos especiales nacionales y derechos de aduana de 1995 («las normas DDS de 1995»), modificadas en 2006 (17), y posteriormente sustituidas por las Normas sobre devolución de impuestos especiales nacionales y derechos de aduana de 2017 (18) («las normas DDS de 2017»), que entraron en vigor el 1 de octubre de 2017. La norma 3, apartado 2, de las normas DDS de 1995 regula el método de cálculo de este sistema de devolución de derechos. La norma 12, apartado 1, letra a), inciso ii), de las normas DDS mencionadas regula la declaración que deben presentar los productores exportadores para beneficiarse del sistema. Estas normas han permanecido idénticas en las normas DDS de 2017 y corresponden a la norma 3, apartado 2, y la norma 13, apartado1, letra a), inciso ii), respectivamente.

(156)

Además, la Circular n.o 24/2001 (19) contiene instrucciones específicas sobre cómo aplicar la norma 3, apartado 2, y la declaración que los exportadores deben realizar con arreglo a la norma 12, apartado1, letra a), inciso ii).

(157)

La norma 4 de las normas DDS de 1995 establece que el Gobierno central podrá revisar el importe o los tipos determinados de conformidad con la norma 3. El Gobierno ha realizado una serie de modificaciones, las últimas para revisar los tipos son Notificación n.o 95/2018 – CUSTOMS y Notificación n.o 07/2020 – CUSTOMS. En consecuencia, en el caso del producto investigado, los tipos del sistema DDS fueron del 1,8 % y el 1,6 % del valor FOB de los productos exportados (20) en la primera y la segunda parte del período de investigación, respectivamente. Los mismos tipos del sistema DDS se aplican a los productos de acero inoxidable laminados en caliente exportados por la empresa india en cuestión.

(158)

Todo exportador fabricante o exportador comerciante puede acogerse a este sistema.

(159)

Con arreglo a este sistema, cualquier empresa exportadora de productos subvencionables tiene derecho a recibir un importe correspondiente a un porcentaje del valor FOB declarado del producto exportado. La norma 3, apartado 2, de las Normas sobre devolución de impuestos especiales nacionales y derechos de aduana especifica cómo debe calcularse el importe de la subvención:

(160)

En otras palabras, el Gobierno de la India basó el importe reembolsable en los valores medios a nivel de la industria de los derechos de aduana pertinentes pagados sobre las materias primas importadas y el porcentaje medio de consumo de la industria obtenido de los fabricantes que el Gobierno de la India considera como representativos de los productos de exportación admisibles. El Gobierno de la India expresa entonces el importe que debe reembolsarse como un porcentaje del valor de exportación medio de los productos exportados admisibles.

(161)

El Gobierno de la India utiliza este porcentaje para calcular el importe de la devolución de derechos a la que tienen derecho todos los exportadores admisibles. Las autoridades indias determinan el tipo de este sistema de forma específica para cada producto.

(162)

Para poder beneficiarse de este sistema, la empresa debe exportar. Al introducir los datos del envío en el servidor del servicio de aduanas, se indica que la exportación se efectúa al amparo del sistema DDS y se fija el importe de la subvención de manera irrevocable. Una vez que la compañía naviera ha presentado la declaración general de exportación y las autoridades aduaneras la han cotejado con los datos del conocimiento de embarque correspondiente, se cumplen todas las condiciones para autorizar la devolución de derechos mediante pago directo en la cuenta bancaria del exportador o mediante letra de cambio.

(163)

El exportador también tiene que aportar una prueba de cobro por la exportación en forma de certificado bancario de realización (Bank Realisation Certificate, «BRC»). Dicho certificado puede presentarse con posterioridad al pago del importe de la devolución, pero si el exportador no lo presenta en un plazo determinado, el Gobierno de la India recuperará la cantidad abonada.

(164)

El importe de la devolución puede utilizarse para cualquier objetivo y, de conformidad con las normas de contabilidad indias, dicho importe puede asentarse como ingreso en la contabilidad comercial con arreglo al principio del devengo tras el cumplimiento de la obligación de exportación.

(165)

La legislación pertinente y las instrucciones administrativas establecen que la administración aduanera de la India no debe exigir pruebas de que el exportador que solicita la devolución del derecho debe haber contraído o contraerá una deuda aduanera con respecto a las importaciones de las materias primas necesarias para la fabricación del producto exportado. Además, durante la verificación a distancia, el Gobierno de la India confirmó que las empresas que compraran en el país todas las materias primas, seguirían beneficiándose del tipo completo calculado con arreglo a la Regla 3, apartado 2, mencionada anteriormente.

(166)

El sistema DDS facilita subvenciones a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base. El denominado importe de devolución de derechos es una contribución financiera del Gobierno de la India, ya que consiste en una transferencia directa de fondos de dichas autoridades. No existen restricciones al uso de esos fondos. Además, el importe de la devolución de derechos confiere un beneficio al exportador porque mejora su liquidez.

(167)

El Gobierno de la India determina el tipo de la devolución de derechos para las exportaciones de forma específica para cada producto. Sin embargo, aunque la subvención se considera una devolución de derechos, el sistema no reúne las características de un sistema admisible de devolución de derechos o de devolución en casos de sustitución a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base; ni se ajusta a las normas establecidas en el anexo I, letra i), en el anexo II (definición y normas de devolución) y en el anexo III (definición y normas de devolución en casos de sustitución) del Reglamento de base. El pago en efectivo al exportador no está vinculado necesariamente a pagos reales de derechos de importación sobre materias primas y no es un crédito de derechos para compensar derechos de importación sobre importaciones pasadas o futuras de materias primas. Además, no hay ningún sistema ni procedimiento para verificar qué insumos se consumen en la producción de los productos exportados y en qué cuantía. Asimismo, el Gobierno de la India no efectuó ningún examen posterior basado en los insumos realmente utilizados, cuando debería haberlo hecho al no haber aplicado un sistema de verificación eficaz (punto 5 del anexo II y apartado II, punto 3, del anexo III del Reglamento de base).

(168)

El pago de las autoridades indias después de las exportaciones efectuadas por los exportadores está supeditado a los resultados de exportación y, por tanto, este sistema se considera específico y sujeto a medidas compensatorias con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base.

(169)

Por todo ello, cabe concluir que el sistema DDS está sujeto a medidas compensatorias.

(170)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 5 del Reglamento de base, la Comisión calculó el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias en términos del beneficio obtenido por el receptor que se constató que existía durante el período de investigación. A este respecto, la Comisión estableció que el beneficio se confiere al receptor en el momento en que se realiza una transacción de exportación en el marco de este sistema. En ese momento, el Gobierno de la India debe abonar el importe de la devolución, lo cual constituye una contribución financiera a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base. Una vez que las autoridades aduaneras expiden un conocimiento de embarque de exportación en el cual, entre otras cosas, consta el importe de la devolución que se concederá por dicha transacción de exportación, el Gobierno de la India no tiene poder discrecional en cuanto a la concesión o no de la subvención.

(171)

A la luz de lo anterior, la Comisión consideró adecuado evaluar el beneficio en el marco del sistema DDS como la suma de los importes de devolución obtenidos en las transacciones de exportación realizadas en el marco de este sistema durante el período de investigación. La Comisión tuvo en cuenta los importes de la devolución de derechos obtenidos en todas las transacciones de exportación del productor exportador indio, ya que la empresa exportaba únicamente el producto investigado y productos de acero inoxidable laminados en caliente, que son productos semiacabados para la producción del producto investigado cubiertos por los mismos tipos del sistema DDS.

(172)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión asignó los importes de esta subvención al volumen de negocios de exportación total durante el período de investigación como denominador adecuado, ya que la subvención está supeditada a los resultados de exportación y no se concedía en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(173)

El tipo de subvención establecido con respecto a este sistema durante el período de investigación para el Grupo Jindal fue del 1,65 %.

(174)

La Comisión estableció que dos productores exportadores indios recibieron concesiones en virtud del sistema EPCGS que podían asignarse al producto afectado durante el período de investigación.

(175)

La descripción detallada del sistema EPCGS figura en el capítulo 5 del documento «FTP- 2015-2020», así como en el capítulo 5 del «HOP 2015-2020».

(176)

Pueden acogerse a esta medida los exportadores fabricantes y los exportadores comerciantes «vinculados» a fabricantes auxiliares y proveedores de servicios.

(177)

Una empresa puede importar bienes de capital (nuevos y de segunda mano con una antigüedad de hasta diez años) a un tipo de derecho reducido a condición de que cumpla la obligación de exportación. A este fin, el Gobierno de la India, previa solicitud y pago de una tasa, expide una licencia del sistema EPCGS. El sistema contempla la aplicación de un tipo de derecho de importación reducido a todos los bienes de capital importados con arreglo al sistema. Para satisfacer la obligación de exportación, los bienes de capital importados deben utilizarse para producir una determinada cantidad de productos que se suponen para la exportación durante un período determinado. Con arreglo a la FTP 2015-2020 y la FTP 2015-2020 actualizada, los bienes de capital pueden importarse con un tipo de derecho del 0 % en el marco del sistema EPCGS. Sin embargo, en el caso de los bienes de capital importados antes de 2015, el tipo de derecho del 3 % era también una alternativa. En este caso, el plazo para el cumplimiento de la obligación de exportación era más largo. La obligación de exportación, que es seis veces mayor que el derecho ahorrado, debe cumplirse dentro de un período máximo de seis años.

(178)

El titular de una licencia del sistema EPCGS también puede adquirir los bienes de capital en el mercado nacional. En ese caso, el fabricante nacional de los bienes de capital puede beneficiarse de la importación libre de derechos de los componentes necesarios para fabricar esos bienes de capital. El fabricante nacional también tiene la opción de solicitar el beneficio de las transacciones asimiladas a exportaciones en relación con el suministro de bienes de capital a un titular de una licencia del sistema EPCGS.

(179)

El sistema EPCGS concede subvenciones a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base. La reducción del derecho constituye una contribución financiera del Gobierno de la India, ya que esta concesión reduce sus ingresos por derechos, que de otro modo se adeudarían. Además, la reducción de derechos confiere un beneficio al exportador porque los derechos que no tiene que pagar en el momento de la importación mejoran la liquidez de su empresa.

(180)

Por otra parte, el sistema EPCGS está supeditado por ley a los resultados de exportación, ya que no pueden obtenerse licencias al efecto sin un compromiso de exportación. En consecuencia, este sistema se considera específico y sujeto a medidas compensatorias de conformidad con el artículo 4, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento de base.

(181)

El sistema EPCGS no puede considerarse un sistema admisible de devolución de derechos o de devolución en casos de sustitución a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base. Los bienes de capital no entran en el ámbito de aplicación de estos sistemas admisibles, tal como se expone en el anexo I, letra i), del Reglamento de base, porque no se consumen en la producción de los productos exportados.

(182)

El importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias se ha calculado, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, a partir del derecho de aduana no abonado por los bienes de capital importados, repartido a lo largo de un período que refleja el período normal de amortización de dichos bienes de capital en la industria en cuestión. El importe calculado de esta manera, atribuible al período de investigación, se ha ajustado añadiendo el interés durante ese período, con el fin de reflejar el valor temporal total del dinero. Se considera adecuado a tal efecto el tipo de interés comercial vigente en la India durante el período de investigación.

(183)

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, las tasas soportadas por las empresas para obtener la subvención se dedujeron del importe total de la subvención cuando se solicitó.

(184)

De conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, este importe de la subvención se asignó al volumen de negocios de exportación apropiado durante el período de investigación, como denominador adecuado, puesto que la subvención está supeditada a los resultados de exportación, y no se concedía en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas. En el caso de una de las empresas indias, el volumen de negocios de exportación del producto investigado se utilizó como denominador, ya que la empresa utiliza máquinas compradas en el marco del EPCGS únicamente para la producción del producto afectado.

(185)

Uno de los productores exportadores indios solicitó un ajuste en el volumen de negocios de exportación utilizado como denominador en los cálculos. La empresa alegó que acababan de comenzar la producción en el período de investigación y solo alcanzaron el 15 % de su capacidad. Por tanto, la empresa solicitó la extrapolación de su volumen de negocios de exportación para tener en cuenta la plena utilización de su capacidad.

(186)

Sin embargo, el cálculo de los tipos de subvención siempre se basa en el volumen de negocios real. No se puede suponer que, tras la fase de inicio de la actividad, la empresa vaya a utilizar plenamente su capacidad. Además, la proporción del futuro desglose entre el volumen de negocios nacional y el volumen de negocios de exportación sería tan solo una especulación. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(187)

Tras la divulgación final, la empresa reiteró esta alegación, haciendo hincapié en el hecho de que el EPCGS es una subvención no recurrente y, por tanto, un cálculo sin ajuste del denominador no refleja correctamente el beneficio concedido a la empresa, que se encuentra en la fase de inicio de las operaciones.

(188)

En efecto, el EPCGS es una subvención no recurrente y fue tratada como tal por la Comisión: el importe del beneficio en virtud del sistema se asignó al período de investigación teniendo en cuenta el período de amortización de los bienes de capital en cuestión. Sin embargo, la Comisión no puede ajustar el denominador, haciendo suposiciones con respecto al volumen de negocios de exportación potencial de la empresa, como ya se ha señalado en el considerando 186. Por tanto, se mantiene la metodología de cálculo.

(189)

Los tipos de subvención establecidos con respecto a este sistema para el período de investigación fueron del 5,69 % para Chromeni y del 0,36 % para el Grupo Jindal.

(190)

La Comisión estableció que dos productores exportadores indios utilizaron el sistema MEIS durante el período de investigación.

(191)

La descripción detallada del sistema MEIS figura en el capítulo 3 de la FTP 2015-2020 y la FTP 2015-2020 actualizada, así como en el capítulo 3 del HOP 2015-2020 y el HOP 2015-2020 actualizado.

(192)

Todo exportador fabricante o exportador comerciante puede acogerse a este sistema.

(193)

Las empresas admisibles pueden acogerse al sistema MEIS para exportar determinados productos a determinados países pertenecientes al grupo A («Mercados tradicionales», incluidos todos los Estados miembros de la UE), al grupo B («Mercados emergentes y de especial interés») y al grupo C («Otros mercados»). En el apéndice 3B del HOP actualizado figuran los países que pertenecen a cada grupo y la lista de productos con los correspondientes índices de recompensa.

(194)

El beneficio adopta la forma de un crédito de derechos equivalente a un porcentaje del valor FOB de la exportación. El tipo del sistema MEIS en el período de investigación ascendió al 2 % (21).

(195)

Con arreglo al apartado 3.06 de la FTP 2015-2020, determinados tipos de exportaciones están excluidos del sistema, por ejemplo las exportaciones de bienes importados o transbordados, las transacciones asimiladas a exportaciones, las exportaciones de servicios y el volumen de negocios de exportación de las unidades que operan en Zonas Económicas Especiales o las unidades orientadas a la exportación.

(196)

Los créditos de derechos del MEIS son libremente transferibles y válidos durante un período de dieciocho meses a partir de la fecha de emisión, mientras que los vales de crédito de derechos expedidos a partir del 1 de enero de 2016 serán válidos durante un período de veinticuatro meses a partir de la fecha de emisión, de conformidad con el apartado 3.13 del HOP 2015-2020 actualizado.

(197)

Se pueden utilizar para: i) pagar los derechos de aduana aplicables a importaciones de insumos o mercancías, incluidos los bienes de capital; ii) pagar los derechos especiales aplicables a procedimientos nacionales de contratación pública para la adquisición de insumos o mercancías, incluidos los bienes de capital; iii) pagar los impuestos de servicios aplicables a procedimientos de contratación pública para prestación de servicios.

(198)

Para solicitar las prestaciones del sistema MEIS, se debe presentar una solicitud en línea en el sitio web de la Dirección General de Comercio Exterior. Hay que adjuntar a la solicitud la documentación pertinente (conocimientos de embarque, certificados bancarios de realización y prueba del desembarco). La Autoridad Regional competente del Gobierno de India expide el crédito de derechos tras haber inspeccionado los documentos. Siempre que el exportador proporcione la documentación pertinente, la Autoridad Regional no tiene poder discrecional sobre la concesión de créditos de derechos.

(199)

El sistema MEIS concede subvenciones a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base. Un crédito de derechos del sistema MEIS es una contribución financiera del Gobierno de la India, dado que el crédito se acaba utilizando para compensar los derechos de importación pagados por bienes de capital, reduciendo así los ingresos por derechos de ese Gobierno, que de otro modo se adeudarían. Además, el crédito de derechos del sistema MEIS confiere un beneficio al exportador que no está sujeto al pago de esos derechos de importación.

(200)

Por otra parte, el sistema MEIS está supeditado por ley a los resultados de exportación y, por tanto, se considera específico y sujeto a medidas compensatorias en virtud del artículo 4, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento de base.

(201)

Cabe señalar que el sistema MEIS expiró después del período de investigación, el 1 de enero de 2021. No obstante, hasta finales de 2021, las empresas aún podrán seguir solicitando vales del sistema MEIS para las transacciones de exportación realizadas en 2020. Además, las empresas siguen pudiendo utilizar el vale del sistema MEIS obtenido en 2021 para equilibrar los derechos de importación adeudados, hasta el 15 de septiembre de 2023. Así pues, se recibieron beneficios de este sistema durante el período de investigación y continuarán incluso después de la imposición de medidas.

(202)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 5 del Reglamento de base, la Comisión calculó el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias en términos del beneficio obtenido por el receptor que se constató que existía durante el período de investigación. A este respecto, la Comisión estableció que el beneficio se confiere al receptor en el momento en que se realiza una transacción de exportación en el marco de este sistema. En este momento, el Gobierno de la India expide un crédito de derechos que el productor exportador anota como cuenta por cobrar que el productor exportador puede compensar en cualquier momento. Ello constituye una contribución financiera a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base. Una vez que las autoridades aduaneras expiden un conocimiento de embarque de exportación, el Gobierno de la India no tiene poder discrecional en cuanto a la concesión o no de la subvención. A la luz de lo anterior, la Comisión consideró adecuado evaluar el beneficio en el marco del sistema MEIS como la suma de los importes obtenidos en las transacciones de exportación realizadas en el marco de este sistema durante el período de investigación. La Comisión tuvo en cuenta los importes del sistema MEIS obtenidos en todas las transacciones de exportación de los productores exportadores indios, ya que las empresas exportaban únicamente el producto investigado y productos de acero inoxidable laminados en caliente, que son productos semiacabados para la producción del producto investigado cubiertos por los mismos tipos del sistema MEIS.

(203)

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, las tasas soportadas por las empresas para obtener la subvención se dedujeron del importe total de la subvención cuando se solicitó.

(204)

De conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, la Comisión asignó el importe de esta subvención al volumen de negocios de exportación de las empresas durante el período de investigación como denominador adecuado, ya que la subvención está supeditada a los resultados de exportación y no se concedía en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(205)

El tipo de subvención establecido con respecto a este sistema ascendió al 1,87 % para Chromeni y al 1,92 % para el Grupo Jindal en el período de investigación.

(206)

El denunciante alegó que el Gobierno de la India garantiza una reducción artificial de los costes de insumos clave de la industria local al inducir a las empresas mineras de mineral de cromo en la India, mediante una serie de medidas reglamentarias, incluidas las restricciones a la exportación (como el impuesto de exportación, las licencias de exportación y la participación de empresas comerciales estatales en las exportaciones), a proporcionar el mineral de cromo a la industria india transformadora de AILF por una remuneración inferior a la adecuada.

(207)

El denunciante alegó, además, que el Gobierno de la India controla totalmente el sector minero en lo que respecta al mineral de cromo en la India. A través de sus leyes y reglamentos, el Gobierno de la India establece quién extrae el cromo (empresas mineras sujetas a una licencia). En las empresas mineras también se da la propiedad estatal o la presencia del Estado. Por tanto, las empresas mineras están facultadas por el Gobierno de la India para perseguir los objetivos políticos de dicho Gobierno.

(208)

Dado que el mineral de cromo se utiliza principalmente para la producción de ferrocromo que, esencialmente, se utiliza en la producción de acero inoxidable, este beneficio se confirió a los productores indios de AILF que producen tanto ferrocromo como acero inoxidable.

(209)

El Ministerio de minas gestiona la política minera relativa al mineral de cromo. Además, el Ministerio de Comercio e Industria gestiona las exportaciones de minerales.

(210)

Tanto el Gobierno central como los Gobiernos regionales desempeñan un papel vital en la industria minera, incluida la minería del mineral de cromo, al establecer políticas, normas, directrices y criterios nacionales de minería, así como las decisiones relativas a los procedimientos de autorización de la minería.

(211)

La base jurídica de las normas y reglamentos pertinentes es la siguiente:

(212)

La Comisión estableció que un productor exportador indio de AILF integrado verticalmente compró mineral de cromo en el mercado nacional para la producción de ferrocromo, que dicho productor utilizó para producir planchas y, posteriormente, bobinas laminadas en caliente y, en última instancia, productos planos laminados en frío.

(213)

La gran mayoría de las compras de mineral de cromo de la empresa en el período de investigación procedían de la empresa estatal Odisha Mining Corporation (en lo sucesivo, «OMC»). También se comunicaron compras menores a dos empresas mineras supuestamente privadas y a una sociedad mercantil.

(214)

La Comisión comunicó al Gobierno de la India que, a la hora de examinar la existencia y el alcance de las supuestas subvenciones concedidas a la industria del AILF, por ejemplo, mediante el suministro de mineral de cromo por una remuneración inferior a la adecuada, podría tener que recurrir a la posibilidad contemplada en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base de utilizar los datos disponibles.

(215)

La Comisión solicitó al Gobierno de la India en su cuestionario, en la carta de deficiencias y durante la verificación a distancia, que facilitara una información concreta sobre los proveedores y el funcionamiento del mercado interior del mineral de cromo en la India. Estas solicitudes de información incluían, entre otras, preguntas sobre el marco jurídico e institucional, la organización del mercado del mineral de cromo, los productores de mineral de cromo de la India, los mecanismos de fijación de precios y los precios, así como sobre el accionariado de las empresas.

(216)

Al inicio, la Comisión pidió al Gobierno de la India que remitiera el apéndice B adjunto al cuestionario antisubvenciones (cuestionario para proveedores de mineral de cromo) a los diez principales productores y distribuidores de mineral de cromo, así como a cualquier otro productor y distribuidor de mineral de cromo que hubiera suministrado mineral de cromo a los productores exportadores. El apéndice B constaba de un documento Word («Apéndice B_Proveedor de insumos») y un archivo Excel («Apéndice B – Cuadros de proveedores de insumos»). No se recibieron respuestas al apéndice B.

(217)

La Comisión, en su carta de deficiencias al Gobierno de la India de 25 de agosto de 2021, tomó nota de que no había recibido ninguna respuesta al apéndice B del cuestionario.

(218)

Durante la verificación a distancia y posteriormente, la Comisión informó al Gobierno de la India de que aún faltaba información relativa a la producción y el consumo globales de mineral de cromo en el mercado indio. Asimismo, el Gobierno de la India indicó que no podía proporcionar estadísticas de precios sobre los precios de la materia prima en cuestión en el mercado interior de la India. Además, quedaban pendientes preguntas abiertas sobre la estructura y los agentes del mercado, y si se trataba de partes estatales o privadas. Por último, la Comisión no disponía aún de la base jurídica correcta en relación con los impuestos a la exportación del mineral de cromo.

(219)

Por tanto, el 8 de diciembre de 2021, la Comisión informó al Gobierno de la India de que tenía la intención de recurrir al uso de los datos disponibles con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base. Después de esta carta, el Gobierno de la India facilitó en primer lugar una parte muy pequeña de la información que faltaba, principalmente sobre la estructura del mercado, la titularidad de algunas de las empresas mineras y la base jurídica del impuesto a la exportación. La presentación de esta información consistió en solo unas pocas páginas en las que no se presentaban pruebas justificativas. A continuación, el Gobierno de la India envió una carta adicional en la que se oponía a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en general, y alegó que la Comisión debía tener en cuenta la información adicional facilitada y, por tanto, abstenerse de utilizar los datos disponibles.

(220)

En respuesta, la Comisión señaló en primer lugar que, en repetidas ocasiones, el Gobierno de la India no había proporcionado dicha información cuando se le había solicitado en el curso de la investigación y que la información adicional se había recibido en una fase muy tardía de la investigación, por lo que no se podía tener en cuenta. Mientras tanto, la Comisión obtuvo la información pertinente que faltaba sobre la titularidad de las empresas mineras y los impuestos a la exportación del mineral de cromo procedente de fuentes públicas. Por tanto, la Comisión constató que el Gobierno de la India no facilitó la información necesaria, tal como se establece en el artículo 28, apartado 1, primera frase, del Reglamento de base, y que la información facilitada por el Gobierno de la India en un momento tan tardío de la investigación no podía utilizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 28, apartado 3, de dicho Reglamento. En cualquier caso, la Comisión tuvo que complementar la escasa información facilitada por el Gobierno de la India con otros datos disponibles sobre las partes que faltaban, principalmente en lo que respecta a la fijación de precios, así como al papel del Gobierno de la India y su influencia en los proveedores (incluidos los agentes privados) en el mercado del mineral de cromo. Por tanto, la Comisión sostuvo que debía basarse en el artículo 28, apartado 1, y recurrir a la utilización de los datos disponibles.

(221)

Tras la divulgación final, el Gobierno de la India reiteró su posición de que la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base no estaba justificada, ya que había facilitado toda la información solicitada por la Comisión.

(222)

Sin embargo, como se explica detalladamente en el considerando 220, dicha información llegó a la Comisión en una fase muy tardía de la investigación o era incompleta. Esta información hacía referencia particularmente a elementos cruciales como la estructura del mercado de mineral de cromo, la metodología para la fijación de precios o el consumo cautivo de mineral de cromo. Por tanto, aunque la Comisión utilizó la información facilitada por el Gobierno de la India en la medida de lo posible, también tuvo que recurrir a fuentes adicionales y a los mejores datos disponibles.

(223)

Para determinar la existencia de una subvención sujeta a medidas compensatorias, deben estar presentes tres elementos con arreglo a los artículos 3 y 4 del Reglamento de base: i) una contribución financiera; ii) un beneficio; y iii) especificidad (artículo 3 del Reglamento de base).

(224)

La investigación evaluó en primer lugar si el Gobierno de la India suministraba mineral de cromo a los productores de acero inoxidable a través de empresas mineras que actuaban como «organismos públicos». La norma jurídica y la interpretación pertinentes para esta evaluación con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), y al artículo 3, apartado 2, letra b), del Reglamento de base se derivan de la jurisprudencia de la OMC sobre los «organismos públicos».

(225)

Según la jurisprudencia pertinente de la OMC (33), un organismo público es una entidad que «posee o ejerce facultades gubernamentales, o que debe estar dotado de ellas». Una investigación de actuación como organismo público debe llevarse a cabo caso por caso, dando la debida consideración a «las características y funciones fundamentales de la entidad de que se trate», su «relación con el gobierno» y «el entorno normativo y económico reinante en el país en que opera la entidad objeto de investigación». Dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, las pruebas pertinentes podrían incluir: i) pruebas de que «una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales», en particular cuando esas pruebas «indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática»; ii) pruebas relativas «al alcance y contenido de las políticas públicas relacionadas con el sector en que opera la entidad objeto de investigación»; y iii) pruebas de que un gobierno ejerce «un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento». Al llevar a cabo una investigación de actuación como organismo público, la autoridad investigadora deberá «evaluar y tener debidamente en consideración todas las características pertinentes de la entidad» y examinar todos los tipos de pruebas que puedan ser pertinentes para dicha evaluación; al hacerlo, debe evitar «centrarse exclusiva o indebidamente en una sola característica, sin considerar debidamente otras que puedan ser pertinentes».

(226)

A fin de caracterizar de forma adecuada a una entidad como organismo público en un caso concreto, puede ser pertinente considerar «la cuestión de si las funciones o el comportamiento [de la entidad]son de un tipo que se considera habitualmente gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro de que se trate», la clasificación y las funciones de las entidades de los Miembros de la OMC en general. Así pues, la cuestión de si las funciones o el comportamiento sean del tipo que, normalmente, se clasifica como gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro pertinente puede ser una consideración pertinente para determinar si una entidad concreta es o no un organismo público.

(227)

Un Gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática.

(228)

Las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. De hecho, la titularidad pública de una entidad, aunque no es un criterio decisivo, junto con otros elementos puede servir como prueba. No obstante, es poco probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el Gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer las facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un Gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra en sí mismo que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el Gobierno le haya dotado de facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales de control gubernamental, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales.

(229)

El objetivo central de una investigación de actuación como organismo público no es si el comportamiento que supuestamente da lugar a una contribución financiera está relacionado de forma lógica con una «función gubernamental» determinada. A este respecto, la norma jurídica para la determinación de organismos públicos con arreglo al artículo 1.1, letra a), punto 1, del Acuerdo SMC no prescribe una conexión de un grado o naturaleza determinado que necesariamente deba establecerse entre una función gubernamental determinada y la contribución financiera concreta de que se trate. Más bien, la investigación pertinente depende de la entidad que participa en ese comportamiento, sus características fundamentales y su relación con el Gobierno. El hecho de centrarse en la entidad en lugar de los comportamientos que supuestamente dan lugar a una contribución financiera, concuerda con el hecho de que un «Gobierno» (en sentido estricto) y un «organismo público» comparten un «grado de coincidencia o solapamiento en sus características fundamentales», es decir, ambos tienen una naturaleza «gubernamental».

(230)

La naturaleza del comportamiento o la práctica de una entidad puede, sin duda, constituir una prueba pertinente para una investigación de actuación como organismo público. En efecto, el comportamiento de una entidad, en particular cuando apunta a una «práctica sostenida y sistemática», es uno de los diversos tipos de pruebas que, dependiendo de las circunstancias de cada investigación, puede arrojar luz sobre las características fundamentales de una entidad y su relación con el Gobierno en sentido estricto. Sin embargo, la evaluación de dichas pruebas tiene por objeto responder a la cuestión central de si la propia entidad posee las características y funciones fundamentales que permitirían calificarla como organismo público. Por ejemplo, para evaluar si una entidad es un organismo público en el contexto de los bancos comerciales chinos de propiedad estatal en el DS379 se incluyó información que mostraba que: i) «[l]os jefes ejecutivos de las oficinas matrices de los bancos comerciales de propiedad estatal son designados por el Gobierno, y el [PCC] sigue teniendo una influencia notable en su elección»; y ii) los bancos comerciales de propiedad estatal «siguen careciendo de capacidad adecuada de análisis y gestión de los riesgos». Estas pruebas no se limitaban a la actividad de préstamo de los bancos comerciales de propiedad estatal, sino que se referían a sus características organizativas, sus cadenas de toma de decisiones y su relación general con el Gobierno de China. Por tanto, el Órgano de Apelación señaló en el DS379 que, aunque el USDOC tuvo en cuenta pruebas relativas al comportamiento de los bancos comerciales de propiedad estatal [concediendo préstamos], lo hizo en el marco de su investigación sobre las características fundamentales de estas entidades y su relación con el Gobierno de China. Estos bancos comerciales de propiedad estatal ejercieron funciones gubernamentales en nombre del Gobierno chino.

(231)

Además, el Órgano de Apelación también ha dado importancia al hecho de que el Gobierno en cuestión no cooperó durante la investigación. De hecho, en el DS379, el Órgano de Apelación confirmó la determinación del USDOC de que los bancos comerciales de propiedad estatal en la investigación del Papel CFS constituían «organismos públicos» por las siguientes consideraciones: i) la propiedad estatal casi absoluta del sector bancario en China; ii) el artículo 34 de la Ley de la banca comercial, que estipula que los bancos están obligados a «desempeñar sus negocios crediticios a la luz de las necesidades de la economía nacional y del desarrollo social y con arreglo a las orientaciones de las políticas industriales del Estado»; iii) las pruebas obrantes en el expediente, que indicaban que los bancos comerciales de propiedad estatal seguían careciendo de una capacidad de análisis y gestión de riesgos adecuada; y iv) el hecho de que «durante [esa] investigación el [USDOC] no recibió las pruebas necesarias para documentar de forma integral el proceso de solicitud, concesión y evaluación de préstamos al sector del papel» (34).

(232)

Por último, para que las empresas estatales en cuestión sean consideradas organismos públicos, no es necesario que el Gobierno de China controle dichas empresas en todas las ventas de insumos a los productores transformadores.

(233)

En resumen, la cuestión de si las empresas mineras de la India dedicadas al suministro de mineral de cromo son «organismos públicos» debe examinarse mediante el análisis de las características y funciones fundamentales de dichas empresas, así como su relación con el Gobierno de la India. Las pruebas en cuanto a la propiedad estatal, el control directo por parte del Estado y la intervención del Gobierno de la India en el mercado para alcanzar determinados objetivos políticos pueden demostrar, también en un contexto en el que el Gobierno en cuestión no coopera, que las empresas mineras ejercen funciones gubernamentales en nombre del Gobierno de la India.

(234)

Primero, la Comisión trató de hallar información acerca de la propiedad estatal, así como acerca de otros indicios formales de control gubernamental de las empresas mineras de mineral de cromo de propiedad estatal. Para ello, la Comisión solo podía basarse en la información facilitada por OMC, la única empresa minera que cooperó en la investigación, al menos en la fase de verificación a distancia, y que era el proveedor casi exclusivo del productor exportador indio de AILF que compró mineral de cromo en el mercado nacional durante el período de investigación, como se menciona en el considerando 212.

(235)

El Gobierno de la India declaró que, en el período de investigación, existían dos productores estatales activos de mineral de cromo, OMC e Industrial Development Corporation de Orissa Ltd, que representaban el 21 % de la producción total. La segunda empresa minera pública de mineral de cromo solo tuvo una producción mínima en el período de investigación.

(236)

Los datos del Gobierno de la India también se refirieron a seis empresas privadas, a saber Misrilal Mines Ltd, B.C. Mohanty & Sons Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd, Indian Metals and Ferro Alloys Ltd, Balasore Alloys Ltd y Tata Steel Mining. Sin embargo, según la información pública disponible, cuatro de ellas producen mineral de cromo para su uso cautivo de ferrocromo, por lo que no operan en el mercado libre. Además, la concesión de explotación minera de las dos empresas mineras restantes caducó durante el período de investigación. Su concesión de explotación minera fue adquirida por Tata Steel Mining para complementar la expansión de su propia producción de ferrocromo. La primera de estas empresas seguía teniendo una producción limitada en el período de investigación (el 9 % de la producción total).

(237)

Como resultado, el mercado del mineral de cromo no cautivo de la India se limita a dos empresas mineras estatales. Una de ellas es un operador marginal (el 0,1 % de la producción total), lo que de hecho convierte a OMC en el único proveedor de mineral de cromo en el mercado libre.

(238)

La investigación reveló que esta empresa es 100 % propiedad del Estado. Además, según los estatutos, el presidente del Consejo de Administración, el director gerente y uno de los directores son miembros de la Administración de la India (Departamento de Empresas Públicas del Gobierno) y un director representa al Departamento de Finanzas del Gobierno. Además, según los estatutos de la empresa, a todos los administradores los nombra y los paga el gobernador del Estado de Odisha.

(239)

Por último, de conformidad con el artículo 54A de los estatutos de OMC, «el Gobernador podrá, de vez en cuando, dictar las directivas e instrucciones que considere oportunas en relación con las finanzas y el desarrollo de los negocios y los asuntos de la empresa y los directores deberán cumplir debidamente y hacer efectivas dichas directivas o instrucciones».

(240)

Basándose en lo anterior, la Comisión concluyó que el mercado del mineral de cromo no cautivo está dominado por una empresa, OMC, que es propiedad del Estado en un 100 %, y que también está gestionada y controlada por el Estado. De hecho, a través de su titularidad, su presencia en la gestión de la empresa y la dirección de sus decisiones comerciales, el Gobierno de la India ejerce un control significativo sobre OMC y su comportamiento.

(241)

La Comisión evaluó si las empresas mineras y, en particular, OMC, poseen facultades gubernamentales y actúan en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales.

(242)

La fuerte influencia del Gobierno de la India y el control significativo del Gobierno sobre OMC se refleja también en un entorno muy regulado respecto del mineral de cromo creado por el Gobierno de la India en los últimos años, que incluía restricciones a la exportación, junto con los requisitos de concesión de licencias mineras que favorecen la minería cautiva y el ejercicio del control sobre la oferta y los precios de venta en el mercado interior a través de operadores estatales. Las pruebas demostraron que las empresas mineras, incluida OMC en lo que respecta al mineral de cromo, cumplen los objetivos políticos del Gobierno de la India y, por tanto, desempeñan funciones gubernamentales.

(243)

Ya en 2005, un grupo de expertos constituido por el Ministerio del Acero con el fin de formular directrices para la atribución preferencial de concesiones de explotación minera publicó un informe (el «Informe Dang») (35) con una serie de conclusiones y recomendaciones pertinentes.

(244)

En ese momento se observó que:

«Los minerales de hierro, manganeso y cromo son insumos esenciales para la industria del acero. Su disponibilidad oportuna y garantizada con la cantidad y calidad adecuadas a largo plazo es una condición indispensable para el crecimiento rápido y ordenado de la industria del acero y ferrosa, que es un sector esencial de la economía nacional» (36).

« Una comparación del coste de la minería con los resultados netos de las exportaciones a estos precios revela beneficios inesperados por parte de unos pocos exportadores de cromo de la India, a costa de la conservación de un recurso mineral escaso y no renovable. Aunque, la India cuenta con menos del 1 % de las reservas mundiales de mineral de cromo conocidas, su participación en el comercio mundial de este mineral es muy desproporcionada, un 35 %. En India hay cinco productores principales: M/s. TISCO, M/s. Orissa Mining Corporation Ltd, Balasore Alloys Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd Jindal Strips Ltd representa el 90 % de la producción… En vista de las escasas reservas de mineral de cromo de alta calidad, parece esencial restringir las exportaciones de este mineral natural, muy demandado por los fabricantes nacionales de acero y aleaciones… » (37).

(la cursiva ha sido añadida).

«Con solo el 1 % de las 122 reservas mundiales, las exportaciones de mineral de cromo indias representan un muy desproporcionado 35 % del comercio mundial. Claramente, esta situación es una aberración que se debe a los grandes márgenes de beneficio entre el coste de la minería y el resultado neto de las exportaciones. Las exportaciones de mineral de cromo natural deben detenerse por completo  (38)».

(la cursiva ha sido añadida).

«Habida cuenta de la gran diferencia entre los costes de la minería y los precios de exportación, el Gobierno debe considerar la posibilidad de imponer derechos de exportación graduados a todas las exportaciones de cromo, incluidos los concentrados, si es que se permiten (39).»

«De conformidad con los fines de la Ley MMDR y, como en el caso del mineral de hierro, las instalaciones nacionales que requieran mineral de cromo para la producción de aceros con ferroaleaciones o aceros al cromo con valor añadido deben gozar de una preferencia absoluta en lo que se refiere a la atribución de concesiones de explotación de cromo (40).»

«Después de proporcionar la primera preferencia a los productores de acero, mediante minas cautivas y semicautivas, resulta esencial aplicar medidas políticas para fomentar una industria minera competitiva a escala mundial por sí misma, trabajando para alcanzar los parámetros mundiales de la minería científica, la utilización óptima de todo el material extraído, el enriquecimiento de minerales, la prospección sistemática y en plazos preestablecidos, así como la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Estas empresas mineras profesionales, ya sean del sector público o privado, deberán asignar en primer lugar un porcentaje mínimo determinado de la producción (por ejemplo, el 70 %) para atender a las necesidades de los usuarios nacionales (41).»

(la cursiva ha sido añadida).

(245)

Así pues, el Informe Dang muestra que el mineral de cromo era considerado un recurso vital para la industria del acero nacional, que se consideraba que los precios de exportación eran demasiado elevados en comparación con los precios interiores y que, con el fin de mantener unos precios interiores razonables, se justificaba una combinación de restricciones a la exportación y concesiones de explotación minera preferenciales para la producción cautiva. El Informe Dang muestra, además, la intención del Gobierno de la India de regular fuertemente el sector del mineral de cromo como un «sector esencial de la economía nacional».

(246)

Asimismo, en el informe del Grupo de trabajo sobre la industria del acero para el duodécimo plan quinquenal, publicado en noviembre de 2011 (42), se afirma explícitamente lo siguiente:

«La cromita se utiliza principalmente en la industria metalúrgica para producir ferroaleaciones, por ejemplo, ferrocromo, cromo de carga y sílicocromo, que se utilizan como aditivos para fabricar acero inoxidable y acero aleado especial» (43).

«La industria del acero ha buscado restricciones a la exportación de minerales de cromita. El Gobierno ha establecido un marco fiscal para desalentar la exportación excesiva de minerales de cromita» (44).

(el subrayado ha sido añadido).

«A continuación se exponen las principales recomendaciones para el desarrollo del sector de la cromita en la India: [...] v) Los recursos de cromita en el país no son abundantes. El país posee solo el 1,8 % de las reservas totales de mineral de cromita del mundo, pero las exportaciones constituyen el 30-35 % del comercio mundial. Por tanto, existe la necesidad urgente de conservar este insumo esencial para su utilización en la industria nacional y de introducir medidas fiscales contra las exportaciones» (45).

(247)

Por último, la política nacional en materia de minerales del Gobierno de la India de 2019 también señala que se tratará de promover la industria nacional, y que se hará un esfuerzo con respecto a las concesiones de explotación minera con el fin de garantizar un suministro ininterrumpido de minerales a la industria transformadora.

(248)

A continuación, la Comisión evaluó cómo se desarrolló esta intención política en términos legislativos y reglamentarios. En primer lugar, en lo que respecta a las restricciones a la exportación, el Gobierno de la India adoptó varias medidas para desalentar las exportaciones de mineral de cromo, las cuales se pueden verificar en el sitio web del Ministerio del Acero (46) y en la base de datos de la OCDE sobre restricciones a la exportación de materias primas industriales («base de datos de la OCDE») (47).

(249)

La medida principal es un impuesto a la exportación establecido inicialmente en 2008 en forma de derecho específico de 2 000 INR por tonelada (48). La forma de este impuesto se transformó en un derecho ad valorem del 30 % por tonelada en 2012, al inicio del duodécimo plan quinquenal y aún se mantiene en ese nivel (49). Según la base de datos de la OCDE, el objeto declarado de esta medida es «Salvaguardar la oferta interna; Promover una mayor transformación y valor añadido».

(250)

Entre otras restricciones a la exportación se incluyen los requisitos para la concesión de licencias y una lista de exportadores cualificados (en la práctica limitada a la empresa comercial estatal Metal and Mineral Trading Corporation) para determinadas clases de mineral de cromo, así como un recargo por congestión aplicado a las tarifas básicas del transporte de mercancías de Indian Railways por el transporte ferroviario de mineral de cromo a Bangladesh y Pakistán (que son los únicos países que tienen conexión ferroviaria con la India).

(251)

El efecto más visible de esta política fue la impresionante reducción del volumen de exportación de mineral de cromo como consecuencia de la introducción de las limitaciones específicas de las exportaciones en 2008 y de su ampliación en 2012. El desarrollo de la exportación de mineral de cromo se ilustra en el siguiente gráfico:

IND, exportaciones de cromo (SA 261000)

L0882022ES110120220309ES0001.0002141141Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37/CEEl Parlamento Europeo y el Consejo están de acuerdo en que los medicamentos peligrosos que contienen una o varias sustancias que reúnen los criterios para ser clasificadas como carcinógenas (categorías 1A o 1B), mutágenas (categorías 1A o 1B) o tóxicas para la reproducción (categorías 1A o 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37/CE. Todos los requisitos de la Directiva 2004/37/CE son aplicables por tanto a los medicamentos peligrosos.

(252)

Por tanto, las limitaciones específicas de las exportaciones han alcanzado el objetivo perseguido por el Gobierno de la India de desincentivar las exportaciones y mantener la disponibilidad del mineral de cromo para la industria transformadora nacional.

(253)

Estos volúmenes de exportación deben considerarse en el contexto del consumo interior de mineral de cromo. En su respuesta, el Gobierno de la India solo facilitó datos limitados sobre la exportación del mineral de cromo [ejercicios fiscales (EF) 2018/19 (50) a 2020/21], mientras que las cifras relativas a la producción y el consumo interior se facilitaron para los ejercicios fiscales 2016/17 a 2019/20. Ambos conjuntos de datos se facilitan como confidenciales. No obstante, sobre esta base es posible realizar una comparación de los volúmenes de exportación y el consumo interior para el ejercicio fiscal 2019/20 (que abarca nueve meses del período de investigación) y el anterior ejercicio fiscal 2018/19. En ambos ejercicios fiscales, los volúmenes de exportación no superaron el 1,5 % del consumo interior. Cabe señalar que la cuota de las importaciones en el mercado interior también era insignificante.

(254)

El mercado indio también mostró un exceso de capacidad productiva constante e irracional en comparación con la suma del consumo interior y las exportaciones menos las importaciones. El Gobierno de la India no pudo explicar este exceso de capacidad. Por consiguiente, el exceso de capacidad solo se puede explicar por el hecho de que las empresas mineras del sector del mineral del cromo, entre ellas OMC, ejercían funciones gubernamentales (en particular, garantizar el suministro adecuado de mineral de cromo en consonancia con los objetivos políticos del Gobierno de la India de apoyar a la industria transformadora y añadir valor a la cadena de suministro).

(255)

En segundo lugar, la Comisión constató que, de conformidad con las Normas relativas a la concesión de minerales del Gobierno de la India de 2016, las minas cautivas tienen derecho a la primera denegación cuando expire su concesión de explotación minera. El artículo 8 bis de la Ley de desarrollo de minas y minerales de 1957 (en su versión modificada en 2015) también prevé períodos prolongados de las concesiones de explotación minera para los usuarios cautivos y reitera el derecho a la primera denegación en las subastas de concesiones de explotación minera para estos usuarios. Esto permite que las concesiones de explotación minera permanezcan sobre todo en manos de los productores cautivos transformadores de ferrocromo, en consonancia con lo expuesto en el considerando 244. De hecho, la Comisión también constató, como se menciona en el considerando 236, que todas las empresas mineras de mineral de cromo privadas realmente estaban utilizando el mineral para la producción cautiva. De este modo, como consecuencia del cierre de las fronteras exteriores y de la asignación preferente de las concesiones de explotación minera para uso cautivo, solo queda en el mercado un operador estatal predominante, OMC, que tiene, por tanto, el control de las cantidades y los precios del mineral de cromo disponible en el mercado interior no cautivo. Como proveedor predominante de mineral de cromo en el mercado indio, OMC debe cumplir los objetivos políticos del Gobierno de la India de apoyar a la industria transformadora a través de precios bajos, como se explica con más detalle en la siguiente sección y ejerce, por tanto, funciones gubernamentales.

(256)

En el paso siguiente, la Comisión verificó si, en la práctica, el mineral de cromo se suministraba por una remuneración inferior a la adecuada, en particular por parte de OMC.

(257)

Como se explica en el considerando 213, el Gobierno de la India no pudo proporcionar información sobre la fijación de precios ni las estadísticas de precios respecto de los precios interiores indios del mineral de cromo. La mayor parte de las ventas de mineral de cromo en el mercado indio no cautivo las lleva a cabo OMC y lo mismo sucede con la mayor parte de las compras del Grupo Jindal. Por tanto, estas ventas se consideraron representativas de todo el mercado libre indio.

(258)

Este mineral de cromo lo vende OMC mediante subasta electrónica. Sin embargo, la investigación estableció que esta empresa restringía el acceso a las subastas electrónicas: el 70 % de la producción mensual está garantizada para los denominados «compradores a largo plazo» situados en el Estado de Odisha. Solo los productores transformadores de ferrocromo son admisibles como compradores a largo plazo, y las cuotas garantizadas no pueden superar la capacidad de producción de ferrocromo específica de la empresa. Esto demuestra que OMC, ejerciendo funciones gubernamentales, en la práctica está aplicando en otro formato la asignación preferente de las cantidades de mineral de cromo a los productores transformadores de ferrocromo, como ya se hace también respecto de la asignación de concesiones de explotación minera. El 30 % restante se reserva también a los productores transnacionales fuera del Estado de Odisha (excluidos los comerciantes).

(259)

Por consiguiente, OMC controla el suministro de mineral de cromo en el mercado libre y lo canaliza sobre todo hacia la industria transformadora, en consonancia con la intención general y el marco legislativo del Gobierno de la India, como se destaca en los considerandos 242 a 255.

(260)

Sin embargo, existían pruebas de que el precio de las pequeñas cantidades ofrecidas mediante la subasta electrónica no se basaba en ofertas libres de las empresas. La subasta comienza con un precio de base, decidido de forma arbitraria por el consejo de administración de OMC. El Gobierno de la India explicó que, en el período posterior al período de investigación, este precio de base se fijó en una fracción (correspondiente al 13,5 %) del precio internacional del producto transformado, es decir, el ferrocromo. Sin embargo, el Gobierno de la India no pudo explicar cómo se determinó este factor de la fracción/corrección. Tras un nuevo análisis, la Comisión constató que el factor de corrección de los precios posteriores al período de investigación se basaba realmente en la media histórica de los precios del mineral de cromo fijados mediante decisión del consejo de administración de OMC. La Comisión no tuvo acceso a las decisiones anteriores del consejo de administración y el Gobierno de la India no pudo explicar los principios en que se basaban dichas decisiones. La Comisión tampoco pudo encontrar ningún vínculo objetivo entre el factor de corrección y el coste de conversión del mineral de cromo en ferrocromo. Por consiguiente, la Comisión tenía que utilizar los datos disponibles en relación con el precio del mineral de cromo sobre la base del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base.

(261)

A este respecto, la Comisión observó que, tal y como el Gobierno de la India admitió, el precio de base era, sin ninguna justificación, arbitrariamente bajo respecto de los precios internacionales. Estos precios artificialmente bajos parecen estar en consonancia con la política del Gobierno de la India de suministrar mineral de cromo nacional barato a la industria transformadora. Además, la Comisión examinó pruebas empíricas. Al examinar los precios de compra de la materia prima en cuestión que OMC suministró al grupo Jindal, la Comisión constató que los precios, dependiendo del tipo de mineral de cromo, eran entre un 15 y un 40 % inferiores a los precios de exportación correspondientes del mineral de cromo de origen turco (que es el más parecido al mineral de cromo indio) a China, su principal mercado de exportación. Sobre esta base, la Comisión concluyó que el precio de base del mineral de cromo vendido en la subasta electrónica se había fijado en un nivel artificialmente bajo con respecto a los precios de mercado del mineral de cromo. Los precios del mineral de cromo también eran demasiado bajos en comparación con el producto transformado (ferrocromo). Por tanto, se rechazaron las alegaciones del Gobierno de la India y de OMC de que los precios del ferrocromo eran pertinentes para los precios del mineral de cromo.

(262)

Por consiguiente, las pruebas indicaban que OMC, el proveedor predominante de mineral de cromo en el mercado libre y al que el productor exportador indio compraba esta materia prima para su posterior utilización en el proceso de producción de AILF, no se comportaba como un operador del mercado; más bien, cuando suministraba mineral de cromo, OMC estaba ejerciendo funciones gubernamentales en nombre del Gobierno de la India y en consonancia con los objetivos políticos de dicho Gobierno de favorecer a la industria transformadora.

(263)

El entorno jurídico y económico de la India demuestra que las empresas mineras que suministran mineral de cromo y, en particular, la empresa estatal OMC, poseen o ejercen facultades gubernamentales o están dotadas de ellas. El mineral de cromo, al igual que otros minerales en la India, es un recurso natural gestionado por el Gobierno de la India como un sector esencial de su economía nacional. En concreto, el Gobierno de la India estableció un conjunto de medidas (la imposición de restricciones a la exportación que dan lugar a una oferta excesiva y a unos precios interiores bajos, y la fijación de los precios de base de las subastas de mineral en niveles artificialmente bajos para estos productores) lo cual muestra que los proveedores de mineral de cromo y, en particular, OMC, están controlados de manera significativa por el Gobierno de la India en el ejercicio de funciones gubernamentales. Así pues, sobre la base de las pruebas disponibles, la Comisión concluyó que el Gobierno de la India proporcionó mineral de cromo a la industria del acero inoxidable por una remuneración inferior a la adecuada a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base, tal como se interpretó y se aplicó en consonancia con la norma pertinente de la OMC en virtud del artículo 1.1, letra a), inciso iii), del Acuerdo SMC.

(264)

Tras la divulgación final, el Grupo Jindal observó que el objetivo del sistema de subastas no es suministrar mineral de cromo a un precio bajo, sino maximizar los ingresos del Gobierno vendiendo mineral de cromo al precio más alto posible. Además, la empresa indicó que el Gobierno de la India no ordena el precio del mineral de cromo, sino que solo fija el precio mínimo de subasta.

(265)

Por último, la empresa se refirió al hecho de que los precios de exportación indios del ferrocromo eran superiores a los precios de exportación del ferrocromo procedente de Sudáfrica, Kazajistán y Turquía, lo que, según la empresa, significa que el Grupo Jindal no se beneficia del mineral de cromo subvencionado utilizado para la producción de ferrocromo.

(266)

Sin embargo, los dos primeros argumentos esgrimidos por la empresa no invalidan la conclusión principal de la Comisión con respecto a las subastas de mineral de cromo, tal como se describe en los considerandos 258 a 261, a saber, que el acceso a la subasta y los volúmenes de ventas están restringidos, el precio mínimo lo decide de forma arbitraria el consejo de administración de OMC y su nivel es artificialmente bajo. Todo lo anterior da lugar a un precio de subasta final, que está efectivamente por encima del precio mínimo, pero que aún no se basa en el mercado, como muestra en particular una comparación con los precios turcos (considerando 261).

(267)

También cabe señalar que el mineral de cromo suministrado al Grupo Jindal por una remuneración inferior a la adecuada afecta al coste de fabricación del ferrocromo que, posteriormente, utiliza la empresa de forma cautiva para producir acero inoxidable. En cualquier caso, el Gobierno de la India facilita la contribución financiera respecto del mineral de cromo y no del producto transformado, el ferrocromo. Por tanto, la comparación de los precios de exportación del ferrocromo indio con los precios de exportación del ferrocromo originario de otros países es irrelevante.

(268)

Teniendo en cuenta lo anterior, queda confirmada la conclusión del considerando 263.

(269)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 5 del Reglamento de base, la Comisión determinó la existencia de beneficio y calculó el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias en términos del beneficio obtenido por el receptor, cuya existencia se comprobó durante el período de investigación.

(270)

Solo uno de los productores exportadores indios investigados (Grupo Jindal) compró mineral de cromo para la producción de ferrocromo y, en última instancia, de AILF.

(271)

Como primer paso, la Comisión estableció los volúmenes y los precios medios ponderados de todas las compras de mineral de cromo del Grupo Jindal durante el período de investigación, separados según el tipo de mineral definido por la empresa de acuerdo con la forma (por ejemplo, friable o concentrado) y el contenido de óxido de cromo. Estos dos parámetros afectan a las diferencias de precios de los distintos tipos de mineral de cromo.

(272)

Como segundo paso, la Comisión sustituyó los precios reales de cada tipo de mineral de cromo adquirido por el precio de referencia adecuado.

(273)

La Comisión observó que las condiciones de mercado imperantes en la India se ven afectadas por la estructura del mercado. Además, como se explica en el considerando 257, un operador predominante, esencialmente con una cuota de mercado del 100 % en el mercado libre, que actúa como un organismo público impone su precio. Por tanto, fue imposible establecer un coste no distorsionado del mineral de cromo para un productor indio de AILF o en otras partes en el mercado indio. En consecuencia, no se pudo utilizar ningún precio del mercado interior de la India como referencia adecuada.

(274)

Por tanto, y de conformidad con el artículo 6, letra d), párrafo segundo, del Reglamento de base, la Comisión recurrió a otro país como referencia externa debidamente ajustada a las condiciones de mercado imperantes en la India.

(275)

La Comisión ha intentado determinar un precio no distorsionado del mineral de cromo producido en una mina de otro país representativo y simular que esa mina estaba en realidad situada en la India. La mayor parte del mineral de cromo en todo el mundo se exporta de Sudáfrica a China. Así pues, la Comisión consideró que el precio de exportación de Sudáfrica a China era un posible precio de referencia. No obstante, se estableció que el mineral de cromo originario de Sudáfrica es muy diferente del mineral de cromo originario de la India en cuanto a los dos parámetros más importantes: el contenido de óxido de cromo y la relación de cromo-hierro («relación Cr:Fe») (51).

(276)

La referencia alternativa propuesta por el denunciante era el precio de exportación a China del mineral de cromo procedente de Turquía (que también es uno de los mayores productores mundiales). La Comisión observó que los dos parámetros indicados en el considerando 275 están mucho más próximos al mineral de cromo turco-indio en comparación con el mineral de cromo sudafricano-indio (52).

(277)

Tras la divulgación final, el Grupo Jindal cuestionó las conclusiones de la Comisión de que parámetros como el contenido de óxido de cromo y la relación Cr:Fe hacen que el mineral de cromo indio sea más similar al mineral de cromo turco que al sudafricano. La empresa indicó que es importante comparar la relación Cr:Fe de minerales de cromo con contenidos similares de óxido de cromo. Según la empresa, el mineral de cromo turco con un contenido del 40-42 % tiene una relación Cr:Fe de 2,6-2,8, muy superior a la del mineral indio o sudafricano del mismo contenido.

(278)

Como se explica en el considerando 281, para establecer la referencia de base, la Comisión no utilizó el mineral de cromo con un contenido del 40-42 % al que se refirió el Grupo Jindal. La referencia de base seleccionada por la Comisión tiene un contenido de mineral de cromo del 46-48 % con una relación Cr:Fe de 2,5 (53). Por tanto, es muy similar al mineral indio con un contenido comparable de óxido de cromo, como confirmó el propio Grupo Jindal en su escrito:

«El mineral de cromo indio tendrá una relación Cr:Fe de 2,4 solo a un nivel de Cr2O3 del 46 %» (54).

«Para que el mineral de cromo indio tenga una relación Cr:Fe de 2,6 a 2,8, el mineral indio debería tener un Cr2O3 mucho más alto, del 48-50 % o superior» (55).

Lo anterior confirma que el mineral indio es mucho más similar al mineral turco que al mineral sudafricano con su relación Cr:Fe de 1,3 a 1,5 (56).

(279)

Además, según la especificación de la Oficina de Normas Indias IS:10818-1984 sobre la cromita para las industrias metalúrgicas (57), la relación normal Cr:Fe para la producción de ferrocromo de alto contenido en carbono utilizado en la producción de acero inoxidable es de aproximadamente 2,8. Esto significa que el valor de referencia seleccionado por la Comisión también es más representativo que la alternativa sudafricana desde el punto de vista del uso final del mineral de cromo por parte del Grupo Jindal. Es decir, la transformación en ferrocromo de alto contenido en carbono para la producción de acero inoxidable.

(280)

Además, la Comisión tomó nota de las alegaciones del productor exportador indio en relación con las diferencias que seguían existiendo entre el mineral de cromo turco e indio en cuanto a su forma física y su contenido en óxido de cromo. Sin embargo, estas diferencias se corrigieron mediante los ajustes descritos en el considerando 289.

(281)

Posteriormente, la Comisión utilizó como referencia de base la media ponderada del precio de exportación turco a China durante el período de investigación (58). La referencia de base de 209 USD por tonelada se refiere al mineral de cromo con un contenido de óxido de cromo del 46-48 %, en forma de concentrado y entregado sobre la base del precio CIF.

(282)

La Comisión también era consciente de la resolución del Órgano de Apelación de que los ajustes para los gastos de entrega deben reflejar los gastos de entrega generalmente aplicables a la mercancía en cuestión en el país de suministro (59). Los precios de compra del mineral de cromo que el Grupo Jindal comunicó se situaron en el 99,96 % en las condiciones de entrega franco fábrica en la mina.

(283)

Por consiguiente, la Comisión ajustó el precio de referencia de base al nivel franco fábrica. El precio CIF se redujo por los costes de transporte marítimo y de seguro (60) y el coste del transporte interno en Turquía (61).

(284)

Tras la divulgación final, el Gobierno de la India indicó que los datos de la OCDE utilizados por la Comisión para ajustar el precio CIF de exportación Turquía-China al nivel franco fábrica solo estaban disponibles hasta 2016. Asimismo, el Gobierno de la India alegó que la extrapolación del indicador pertinente al período de investigación no puede considerarse un examen objetivo de los precios.

(285)

Sin embargo, la Comisión no se limitó a extrapolar la relación CIF-FOB prevista por la OCDE para 2016. El ajuste al período de investigación se basó en las diferencias reales en los costes de flete y seguro entre 2016 y el período de investigación, tal como se indica en el Baltic Exchange Dry Index («BDI») para las veinte rutas marítimas principales. En la divulgación específica, se facilitó al Grupo Jindal un cálculo detallado del precio base de referencia franco fábrica.

(286)

El cálculo de los ajustes de flete y seguro efectuado por la Comisión también fue cuestionado en el escrito del Grupo Jindal posterior a la divulgación. La empresa propuso una fuente alternativa de datos para ajustar el precio CIF de exportación Turquía-China al precio FOB (62). Según el Grupo Jindal, esta fuente de datos mostraba mejor el coste real del transporte entre Turquía y China durante el período de investigación que los datos de la OCDE y del BDI, que son «una media ponderada de todas las rutas marítimas».

(287)

Sin embargo, la cotización facilitada por el grupo Jindal se refiere únicamente a un mes del período de investigación, al transporte entre Turquía y el «nordeste asiático» en general y al transporte de carbonato sódico, no de mineral de cromo. La relación CIF-FOB de base de la OCDE utilizada por la Comisión tiene en cuenta todo el año, la ruta marítima específica (Turquía-China) y el producto específico (mineral de cromo y concentrados). Solo el ajuste de costes del BDI entre 2016 y el período de investigación se refiere a una media de varias rutas marítimas.

(288)

Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene la metodología utilizada para el ajuste del precio base de referencia al precio franco fábrica.

(289)

Además, la Comisión ajustó el precio base de referencia franco fábrica para la forma física del contenido de mineral y óxido de cromo con el fin de encontrar precios de referencia específicos para cada tipo de mineral adquirido por el Grupo Jindal durante el período de investigación. El ajuste relativo a la forma física se basó en los costes de briqueteado (mineral friable) y en los costes de granulación y sinterización (mineral concentrado) suministrados por Jindal. El ajuste del contenido de óxido de cromo se basó en el indicador del coste de fundición del cromo facilitado por el denunciante (63). No se llevó a cabo ningún ajuste en lo que se refiere a las diferencias en la relación Cr:Fe, ya que este parámetro es muy similar en el mineral turco e indio. Se trata de un enfoque conservador, ya que, de hecho, la relación Cr:Fe del mineral indio es ligeramente superior, lo que normalmente daría lugar a un precio más alto del mineral con la misma presentación y el mismo contenido de óxido de cromo.

(290)

Dado que el mineral de cromo turco no se ve afectado por las medidas gubernamentales que distorsionan el mercado indio y, habida cuenta de que las condiciones de mercado imperantes en los dos países son comparables, incluidas la calidad, la disponibilidad, la comerciabilidad, el transporte y otras condiciones de compra o venta, la Comisión consideró que el precio del mineral de cromo en Turquía es comparable al que prevalecería en la India en ausencia de las medidas distorsionadoras del Gobierno de la India.

(291)

Por último, la Comisión comparó el coste real de compra del mineral de cromo nacional por parte del Grupo Jindal durante el período de investigación con el coste que se habría pagado si los precios de cada tipo de mineral se hubieran sustituido por los respectivos precios de referencia.

(292)

El importe total de la diferencia representa el «ahorro» obtenido por el productor indio que adquirió mineral de cromo en el mercado indio distorsionado en comparación con el precio que habría pagado en ausencia de distorsión. En definitiva, este total representa el beneficio que el Gobierno de la India concedió al productor indio durante el período de investigación.

(293)

En la divulgación específica al productor exportador indio se facilitaron cálculos detallados de las referencias y del beneficio conferido al productor exportador indio en cuestión.

(294)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión asignó esos importes de subvención al volumen de negocios total de la empresa durante el período de investigación, como denominador adecuado, ya que la subvención concedía un beneficio a toda la producción del producto afectado y al producto de las fases anteriores (bobinas laminadas en caliente) y no solo a la producción destinada a la exportación.

(295)

La intervención del Gobierno de la India en lo que respecta al suministro de mineral de cromo por una remuneración inferior a la adecuada tiene el objetivo de beneficiar a determinadas industrias, en particular a la industria del acero inoxidable, también a los productores de AILF. Por tanto, la subvención es específica según el artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Las características inherentes al mineral de cromo limitan la posible utilización de la subvencione a una determinada industria, lo cual no significa que, para que sea específica, la subvención deba limitarse además a un subsector de esa industria (64).

(296)

A la luz de lo anterior, la Comisión consideró que las intervenciones del Gobierno de la India eran específicas para los productores de AILF a efectos del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(297)

A la luz de los elementos mencionados anteriormente, la Comisión concluyó que el suministro de mineral de cromo por parte de las autoridades indias debe considerarse una subvención específica a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, ya que se trata de un suministro de bienes, lo cual supone un beneficio para las empresas receptoras.

(298)

El importe de la subvención establecido para el grupo Jindal ascendía al 0,45 %.

(299)

Tras la divulgación final, el denunciante señaló que las conclusiones de la Comisión mostraban que la gran mayoría de las subvenciones identificadas en relación con los productores exportadores integrados afectan a las fases iniciales del proceso de producción del AILF. Según el denunciante, esto significa que el productor indio no integrado de AILF (Chromeni) también podría haberse beneficiado de las subvenciones concedidas a productores indios o indonesios en las fases iniciales. Esto podría suceder en el caso de las ventas nacionales de productos iniciales del Grupo Jindal (India) a Chromeni o en el caso de las compras de Chromeni de productos iniciales subvencionados de origen indonesio.

(300)

Sobre la base del análisis del proceso de producción de Chromeni y de las compras de materias primas de la empresa durante el período de investigación, la Comisión concluyó que la empresa no podía haberse beneficiado de las compras de productos iniciales subvencionados de origen indio.

(301)

No obstante, Chromeni compró productos iniciales, a saber, bobinas laminadas en caliente, a una empresa vinculada en Indonesia, que podría haberse beneficiado del suministro de mineral de níquel por parte del Gobierno de Indonesia por una remuneración inferior a la adecuada (véase la sección 4.3). A este respecto, la Comisión no pudo realizar ninguna constatación, ya que no había elementos en el expediente que permitieran evaluar este asunto.

(302)

Los importes de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias establecidas eran los siguientes:

(303)

Teniendo en cuenta el alto nivel (100 %) de cooperación de los productores indios, la Comisión consideró adecuado fijar el importe residual de la subvención para la India al nivel del importe de la subvención individual más elevado, es decir, el 7,56 %.

(304)

Sobre la base de la información incluida en la denuncia, en el anuncio de inicio y en las respuestas a los cuestionarios de la Comisión, se investigó la presunta subvención estudiando las siguientes subvenciones por parte del Gobierno de Indonesia:

(305)

En sus observaciones tras la divulgación final, el Grupo IRNC alegó que se habían utilizado datos de ventas incorrectos para el cálculo de las tasas de transferencia de dos empresas vinculadas.

(306)

La Comisión consideró que esta alegación estaba justificada y, por tanto, convino en revisar en consecuencia las respectivas tasas de transferencia.

(307)

Indonesia cuenta con importantes recursos de níquel. En 2020, sus recursos se estimaban en 21 millones de toneladas de níquel (65) (1 100 millones de toneladas de mineral de níquel), alrededor del 20 % de las reservas mundiales de mineral de níquel conocidas.

(308)

Históricamente, Indonesia ha sido uno de los mayores productores de mineral de níquel. Sin embargo, dado que la capacidad nacional de transformación del mineral de níquel de Indonesia era limitada (solo dos fundiciones, como se explica en el considerando 315), tradicionalmente exportaba la mayor parte de su mineral de níquel, principalmente a China.

(309)

La tasa de extracción de mineral de níquel aumentó significativamente en Indonesia, pasando de unos 5 millones de toneladas en 1996 a unos 10 millones de toneladas en 2007, y a más de 70 millones de toneladas en 2013. Esta aceleración estaba impulsada por la demanda de las plantas y fundiciones chinas que producen arrabio de níquel. El arrabio de níquel es una aleación de hierro y níquel con un bajo contenido de níquel. El mineral de níquel indonesio es particularmente adecuado para la tecnología china de fabricación de arrabio de níquel.

Cuadro 1

Exportaciones indonesias de mineral de níquel (toneladas)

(310)

Así, el Gobierno de Indonesia se dio cuenta de forma progresiva de que exportar una gran parte de sus reservas de mineral de níquel limitaba los beneficios potenciales que esta escasa materia prima tenía para el país. Los beneficios podrían ser mucho mayores para el país si el Gobierno de Indonesia lograba aumentar el valor añadido nacional generado por las reservas de mineral de níquel. Para alcanzar este objetivo, el Gobierno de Indonesia se centró en el desarrollo nacional de toda la cadena de valor industrial que utiliza el mineral de níquel hasta las industrias transformadoras, a saber, las fundiciones y la industria del acero inoxidable como usuarios finales de esta materia prima. Esto permitiría a Indonesia obtener beneficios nacionales mucho mayores, en lugar de simplemente exportar mineral de níquel.

(311)

Sin embargo, el logro de este objetivo no fue fácil para Indonesia por sí sola. Los principales problemas a los que se enfrentaba el Gobierno de Indonesia fueron los importantes requisitos de financiación para la creación de fundiciones e industrias transformadoras (es decir, varios miles de millones de euros de inversiones iniciales), y la relativa falta de conocimientos técnicos y tecnología para producir, a partir del arrabio de níquel, un acero inoxidable adaptado a la calidad del mineral de níquel extraído en Indonesia. Por tanto, el Gobierno de Indonesia se puso en contacto con los países socios potenciales que podrían ayudar a alcanzar este objetivo (66). La elección natural recayó en China debido a los lazos históricos y a la proximidad geográfica y, lo que es más importante, el hecho de que los productores chinos de acero inoxidable ya estaban utilizando mineral de níquel indonesio. Además, China era un candidato perfecto para que el Gobierno de Indonesia lo atrajera a un marco bilateral preferencial con el fin de maximizar el valor añadido nacional derivado de las reservas de mineral de níquel de Indonesia, ya que China disponía de una financiación sustancial y políticas preferenciales específicas que fomentaban la industria del acero inoxidable, incluidas inversiones en el extranjero en el marco de una política de internacionalización que viene de lejos, así como la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios para utilizar el mineral de níquel indonesio de una manera eficiente. El resultado fue un marco de cooperación que dura hasta la fecha. Los principales hitos y documentos oficiales pertinentes se resumen en los siguientes considerandos.

(312)

Los intentos del Gobierno de Indonesia de atraer la inversión china hacia la industria del níquel indonesio se remontan al menos al 2005, cuando Indonesia se comprometió a desarrollar «un clima de inversión propicio» (67) para los inversores chinos. En junio de 2005, durante una visita a Pekín, el ministro de Economía de Indonesia propuso al viceprimer ministro chino perspectivas de inversión en cuatro sectores de la economía indonesia, incluidos los recursos naturales, y «[t]ambién esperaba que más empresas chinas pudieran ir a Indonesia a invertir, afirmando que el Gobierno indonesio crearía un entorno favorable para dar facilidades a los inversores chinos» (68). En respuesta a esta oferta, el viceprimer ministro chino pidió a Indonesia que garantizara que las inversiones chinas en Indonesia serían rentables (69). Además, los funcionarios indonesios también expresaron su gratitud a China por haber concedido «préstamos gratis y preferenciales a Indonesia (70)».

(313)

En consecuencia, los Gobiernos de Indonesia y China firmaron en 2005 una declaración conjunta que marcó el inicio de su cooperación en los sectores minero y metalúrgico. Sobre la base de esta declaración conjunta, en 2010 los Gobiernos de Indonesia y China firmaron un plan de acción, que incluye un plan para fomentar la inversión china en industrias basadas en los recursos de Indonesia, en particular la minería, como se explica en los considerandos 563 y 584. Estos primeros acuerdos ya muestran los términos principales del marco de cooperación específico entre los dos Gobiernos, y cómo estos planearon aplicar su estrategia apoyándose en inversores privados que se beneficiarían de una serie de políticas preferenciales y apoyo, supervisados muy de cerca por los Gobiernos.

(314)

En 2007, el Gobierno de Indonesia introdujo la Ley n.o 27 relativa al Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo («RPJPN») para el período 2005-2025. Este Plan Nacional situó al sector industrial como el motor de crecimiento para fortalecer la estructura económica. Para ello, era necesario el apoyo de, entre otros, el sector minero. Se destacó que la mejora del valor añadido en el sector primario, también en la minería, era el objetivo principal para promover la competitividad local e internacional y fortalecer la base industrial nacional.

(315)

En el sector del níquel, el aumento del valor añadido significó la construcción de fundiciones en Indonesia. En ese momento (y hasta 2016), solo existían dos fundiciones en Indonesia: una fundición de materia de níquel perteneciente a PT Vale con una capacidad aproximada de 80 000 toneladas de níquel y una fundición de ferroníquel perteneciente a la empresa de propiedad estatal PT. Aneka Tambang («Antam»), con una capacidad de producción de 26 000 toneladas de níquel.

(316)

Solo el coste de la construcción de una fundición puede llegar a 1 000 000 000 EUR, dependiendo de la tecnología y de la capacidad productora. Como ya se mencionó, Indonesia no disponía ni de los recursos financieros ni de la tecnología adecuados para construir las fundiciones, mientras que China disponía de ambos y también necesitaba el mineral de níquel indonesio para la producción de productos de acero inoxidable.

(317)

Una de las principales medidas para sellar este marco de cooperación entre los Gobiernos de Indonesia y China y para permitir que el Gobierno de Indonesia alcanzara su objetivo fue la introducción en 2009 de la Ley n.o 4 sobre la minería de minerales y carbón de 2009 («la Ley de minería de 2009»), que sustituyó a la Ley n.o 11 sobre la minería de 1967 (71). Tradicionalmente, el Gobierno de Indonesia mantenía un fuerte control sobre el sector minero. El artículo 1 de la Ley n.o 11 sobre la minería de 1967 ya otorgaba un papel preponderante al Gobierno de Indonesia y facultades para regular este sector, afirmando que «[t]odos los minerales hallados en la jurisdicción minera indonesia en forma de recursos naturales como una bendición de Dios Todopoderoso son una riqueza nacional del pueblo indonesio y, por consiguiente, serán controlados y utilizados por el Estado para el máximo bienestar del pueblo». El Preámbulo de la Ley de minería de 2009 establece además que «los minerales y el carbón que están sepultados en la jurisdicción minera de Indonesia representan una riqueza natural no renovable que es un regalo de Dios Todopoderoso y que tiene un papel importante para satisfacer las necesidades vitales de muchas personas y, por tanto, la gestión de estos recursos debe estar bajo el control del Estado con el fin de proporcionar un valor añadido real a la economía nacional en un esfuerzo por lograr la prosperidad y la riqueza de la comunidad de una manera justa». En particular, el artículo 4 de la Ley de minería de 2009 establece que «1) Los minerales y el carbón, como recursos naturales no renovables, constituyen una riqueza nacional controlada por el Estado para el mayor beneficio del bienestar de la población» y «2) El control de los minerales y del carbón por parte del Estado, tal y como se menciona en el apartado 1 será responsabilidad del Gobierno y de los Gobiernos regionales». Es importante destacar que, en el artículo 103 de la Ley de minería de 2009, se establece que la transformación de los minerales como valor añadido debe realizarse en Indonesia. La elucidación del artículo 103, apartado 1, menciona que la obligación de llevar a cabo la transformación y el refinado en el país tiene como objetivo, entre otras cosas, a) aumentar el valor de la minería a través de sus productos básicos, b) suministrar materias primas a la industria, c) proporcionar empleo y d) aumentar los ingresos del Estado. En otras palabras, estas disposiciones imponían a todas las empresas mineras de mineral de níquel la obligación de construir su propia instalación de transformación o purificación de níquel o de vender su mineral de níquel a una instalación nacional con el fin de alcanzar el objetivo general de aumentar el valor añadido nacional del mineral de níquel mediante políticas preferenciales dirigidas a la industria de transformación del acero inoxidable. Además, el artículo 170 de la Ley de minería de 2009 establecía un «período de gracia» de cinco años. El objetivo del «período de gracia» era preparar a la industria minera para la obligación de transformación nacional y permitir que las empresas construyeran las instalaciones de purificación necesarias para absorber el suministro de mineral de níquel.

(318)

En el contexto de la Ley de minería de 2009, y en particular de su requisito de transformación nacional, las exportaciones indonesias de mineral de níquel se dispararon y China absorbió casi la totalidad de las exportaciones, como se muestra en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro 2

Exportaciones indonesias de mineral de níquel (toneladas)

(319)

Dado que el objetivo del Gobierno de Indonesia de crear capacidades de transformación en el país no se había logrado, el 11 de enero de 2014, este prohibió mediante varios reglamentos las exportaciones de mineral de níquel de Indonesia (para más detalles sobre las restricciones a la exportación y la prohibición de exportación del mineral de níquel, véanse los considerandos 405 a 413).

(320)

En 2017, el Gobierno de Indonesia suavizó levemente la prohibición de exportación al permitir la exportación de determinadas cantidades de mineral de níquel con un contenido de níquel inferior al 1,7 %. Dichas exportaciones estaban sujetas a un impuesto de exportación del 10 %, mientras que los exportadores también debían demostrar que la construcción de sus instalaciones de transformación se realizaba de acuerdo con el calendario previsto. La razón de ello fue que, en ese momento, Indonesia no disponía de la tecnología necesaria para transformar el mineral de níquel con un contenido de níquel inferior al 1,7 % en productos con valor añadido, que era más adecuado para las baterías de los vehículos eléctricos que para el acero (véase más adelante en la sección 4.4). Sin embargo, en 2020 el Gobierno de Indonesia prohibió completamente la exportación de todo el mineral de níquel. La razón de la reintroducción de la prohibición del mineral de bajo contenido fue que las empresas chinas tienen planes de construcción de fundiciones para este tipo de mineral de níquel que podría utilizarse para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

(321)

A lo largo de los años y, gracias al requisito de transformación nacional y a las restricciones a la exportación que el Gobierno de Indonesia impuso a las exportaciones de mineral de níquel, se construyeron varias fundiciones de mineral de níquel. Las necesidades nacionales de mineral de níquel también aumentaron gracias a las acciones del Gobierno de Indonesia para inducir el traslado a Indonesia de la capacidad de fundición previamente establecida en China. De hecho, como se explica en el considerando 414, el Gobierno de Indonesia, a través de los planes de trabajo y presupuestos anuales obligatorios, controla la producción de mineral de níquel. El Gobierno de Indonesia también mantiene el precio interior significativamente por debajo de los precios internacionales para beneficiar a las fundiciones y a los productores de acero inoxidable.

Cuadro 3

Mineral de níquel de Indonesia (millones de toneladas)

(322)

La cooperación bilateral instigada por el Gobierno de Indonesia con el Gobierno de China sobre el trato preferencial para establecer y favorecer la creación y el desarrollo de la industria nacional indonesia del acero inoxidable se remonta a los primeros años de la década de 2000. Consiste en una serie de documentos bilaterales que establecen el marco jurídico y político que conduce a la adopción de varias políticas de apoyo específicas y programas preferenciales que constituyen subvenciones sujetas a medidas compensatorias objeto de la presente investigación (véanse los principales documentos bilaterales en el considerando 548).

(323)

La cooperación bilateral tuvo lugar específicamente en el Parque Industrial Morowali de Indonesia (en lo sucesivo, «el Parque Morowali»). Se trata de un parque industrial que se encuentra en la zona de Sulawesi en el que Indonesia y China decidieron desarrollar la industria del acero inoxidable.

(324)

La empresa gestora encargada de implantar la cooperación bilateral en el Parque Morowali es una empresa chino-indonesia, IMIP. Esta empresa inició formalmente sus operaciones en octubre de 2013.

(325)

El denunciante alegó que el Gobierno de Indonesia controla el sector del mineral de níquel y que los precios de este mineral en el país están distorsionados como consecuencia de su intervención. El níquel contenido en el mineral de níquel es el componente clave del acero inoxidable y el principal factor que influye en su precio. Según el denunciante, con la intervención en el mercado del mineral de níquel, el Gobierno de Indonesia se aseguró de que el precio de las materias primas para la producción de acero inoxidable siguiera siendo significativamente inferior a los precios internacionales para beneficiar a los productores exportadores de AILF de Indonesia.

(326)

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales («MERM»), representado por el director general de Minerales y Carbón («DGdMC»), gestiona la política minera relativa al mineral de níquel. Además, el Ministerio de Comercio, representado por el director general de Comercio Exterior, gestiona las exportaciones de minerales.

(327)

Tanto el Gobierno central como los Gobiernos regionales desempeñan un papel vital en la industria minera mediante el establecimiento de políticas, normas, directrices y criterios nacionales de minería, así como las decisiones relativas a los procedimientos de autorización de la minería. Además, el Gobierno de Indonesia participa de forma activa en el desarrollo, el control, la evaluación y la resolución de conflictos en el sector.

(328)

La industria minera está fuertemente regulada en Indonesia. Un gran número de reglamentos, que se están modificando continuamente, publicados por diferentes organismos gubernamentales controlan y supervisan cada aspecto del sector minero, como se muestra a continuación. La base jurídica de las normas y reglamentos pertinentes es la siguiente:

(329)

Para empezar, la Comisión observó que un productor exportador de AILF compró el mineral de níquel en el mercado interior tanto a empresas vinculadas como no vinculadas con el fin de fundirlo y utilizarlo para fabricar productos de AILF.

(330)

El suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada es una de las medidas clave aplicadas por el Gobierno de Indonesia en el contexto de la cooperación con el Gobierno de China para garantizar el desarrollo de toda la cadena de valor industrial de la industria del acero inoxidable de Indonesia.

(331)

En 2007, el Gobierno de Indonesia introdujo la Ley n.o 27 relativa al Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo («RPJPN») (72) para el período 2005-2025. Este Plan Nacional situó al sector industrial como el motor de crecimiento para fortalecer la estructura económica. Para ello, era necesario el apoyo de, entre otros, el sector minero, incluido el del mineral de níquel. Se destacó que la mejora del valor añadido en el sector primario, también en la minería, era el objetivo principal para promover la competitividad local e internacional y fortalecer la base industrial nacional. En el Plan Nacional se mencionaba expresamente el desarrollo de la cadena de valor mediante la transformación y la diversificación de productos (desarrollo descendente), la profundización estructural (desarrollo ascendente) y la integración vertical (desarrollo ascendente y descendente). El desarrollo de la industria manufacturera se centraría en subsectores que cumplieran varios criterios, entre otros, transformar los recursos naturales nacionales y tener potencial de desarrollo de las exportaciones.

(332)

Como se describe en los considerandos 317 y siguientes, en consonancia con su objetivo de aumentar el valor añadido de los minerales en Indonesia, en 2009 el Gobierno de la India introdujo la Ley de minería de 2009. El Gobierno de Indonesia ha adoptado varios reglamentos de ejecución, entre ellos una serie de modificaciones, con el fin de alcanzar los objetivos de la Ley de minería de 2009. La Ley de minería de 2009 introdujo una serie de cambios normativos importantes en el sistema de licencias, los cánones, la titularidad extranjera y las exportaciones de materias primas. En 2020, la Ley de minería de 2009 se modificó mediante la Ley de minería de 2020, promulgada el 10 de junio de 2020. Esta nueva ley, de escasa importancia para la presente investigación, ya que entraba en vigor al final del período de investigación, confirmaba o ampliaba determinados requisitos para las empresas mineras.

(333)

La Ley de minería de 2009 otorgaba facultades de concesión de licencias tanto al Gobierno central como a los Gobiernos regionales, dependiendo de la ubicación de la zona minera, el origen de la licencia y la naturaleza de la inversión realizada por la empresa minera.

(334)

La Ley de minería de 2009 introdujo un nuevo sistema de concesión de licencias que sustituyó al antiguo régimen de contratos de trabajo y al sistema local Kuasa Pertambangan («KP») o Derecho de minería. Con arreglo al nuevo sistema, existen dos tipos de permisos de actividad minera importantes desde el punto de vista comercial:

(335)

La Ley de minería de 2009 no distinguía entre las IUP de operaciones de producción o las IUPK que se integran en instalaciones de fundición y transformación, y las IUP de operaciones de producción que no están integradas en dichas instalaciones. Todas las IUP de operaciones de producción se concedieron por un período máximo de veinte años, que podría prorrogarse por dos períodos adicionales de diez años cada uno.

(336)

Con arreglo a la normativa industrial, la «licencia de actividades industriales» («IUI») se aceptaba, en general, como la principal licencia de las empresas industriales para la producción de cualquier tipo de productos. El Ministerio de Industria es el responsable de emitir y gestionar esta licencia. En 2013, el Gobierno central introdujo un nuevo tipo de licencia; una IUP de operaciones de producción para la transformación y el refinado (fundición) mediante reglamentos ministeriales (más recientemente, mediante el Reglamento 7/2020 del MERM). Esta licencia prevé la creación y la explotación de instalaciones de fundición y se expide bajo la autoridad del MERM. Por tanto, las empresas transformadoras operan sobre la base de dos licencias.

(337)

La Ley de minería de 2009 también prevé sanciones administrativas para los titulares de una IUP, una licencia de actividad minera a pequeña escala (IPR) o una IUPK por incumplimiento de las disposiciones establecidas, entre otros, en los artículos 102 y 103. Estas sanciones administrativas consisten en: a. apercibimientos por escrito; b. suspensión temporal de parte o de todas las actividades de exploración o de las operaciones de producción; y la cancelación de la IUP, la IPR o la IUPK (artículo 151 de la Ley). Por último, la Ley de minas establece sanciones penales a las empresas que no cumplan sus diversas disposiciones de hasta 10 (diez) años de prisión y una multa máxima de 10 000 000 000 IDR (diez mil millones de rupias) por información falsa relativa a las actividades mineras y de venta (véase el artículo 159) y la venta o transformación de minerales de las entidades que no dispongan de una licencia válida (véase el artículo 161).

(338)

La Comisión comunicó al Gobierno de Indonesia que, a la hora de examinar la existencia y el alcance de la supuesta ayuda concedida a la industria del acero, por ejemplo mediante el suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada, podría tener que recurrir a la posibilidad contemplada en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base de utilizar los datos disponibles.

(339)

La Comisión solicitó al Gobierno de Indonesia en su cuestionario, en la carta de deficiencias y durante la verificación a distancia, que facilitara una información concreta acerca de los proveedores (las empresas mineras) y el funcionamiento del mercado interior del mineral de níquel en Indonesia. Estas solicitudes de información incluían, entre otras, preguntas sobre el marco jurídico e institucional, la organización del mercado del mineral de níquel, los productores de mineral de níquel de Indonesia, los mecanismos de fijación de precios nacionales y de exportación, así como sobre el accionariado de las empresas.

(340)

Al inicio, la Comisión pidió al Gobierno de Indonesia que remitiera el apéndice B adjunto al cuestionario antisubvenciones (cuestionario para proveedores de mineral de níquel) a los diez principales productores y distribuidores de mineral de níquel, así como a cualquier otro productor y distribuidor de mineral de níquel que hubiera suministrado mineral de níquel a los productores exportadores. El apéndice B constaba de un documento Word («Apéndice B_Proveedor de insumos») y un archivo Excel («Apéndice B – Cuadros de proveedores de insumos»). El Gobierno de Indonesia remitió el cuestionario específico destinado a los proveedores de insumos a proveedores conocidos de Indonesia.

(341)

La Comisión, en su carta de deficiencias al Gobierno de Indonesia, de 4 de octubre de 2021, tomó nota de que no había recibido ninguna respuesta al apéndice B del cuestionario de ninguno de los mayores proveedores indonesios de mineral de níquel. Los proveedores de mineral de níquel vinculados tampoco respondieron.

(342)

En consecuencia, a pesar de que hay más de 290 empresas mineras de mineral de níquel en Indonesia, como se indica en el considerando 378, la Comisión recibió respuesta únicamente de un comerciante de mineral de níquel vinculado (PT. Ekasa Yad Resources), que de todas formas facilitó su respuesta como empresa vinculada al Grupo IRNC, y solo de un productor de níquel no vinculado (PT GAG Nikel). En respuesta a la carta de deficiencias, el Gobierno de Indonesia solo facilitó dos respuestas adicionales para los productores de mineral de níquel (PT Tiran Indonesia y PT Ceria Nugraha Indotama).

(343)

Las respuestas de las tres empresas mineras de mineral de níquel fueron significativamente deficientes. PT GAG Nikel se negó a facilitar una copia de su licencia y las actas de las reuniones de los accionistas y del consejo de administración durante el período de investigación alegando que eran confidenciales.

(344)

PT Ceria Hugraha facilitó los estatutos y el certificado de empresa solo en bahasa. Aunque se facilitaron varias versiones de los estatutos, todas estaban en bahasa y en un formato de imagen que no podía traducirse por ordenador y, por tanto, la Comisión no pudo leer los documentos.

(345)

PT Tiran Indonesia ni siquiera envió una respuesta al documento Word Apéndice B_Proveedor de insumos. Únicamente envió una presentación de la empresa en indonesio, un borrador del estado financiero de 2019 y 2020 y el archivo Excel Apéndice B – Cuadros de proveedores de insumos. La empresa no presentó sus estatutos ni la licencia.

(346)

En relación con la empresa verificada, PT. GAG Nikel, el Gobierno de Indonesia no presentó el plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio para 2019 y 2020 ni los informes de producción y ventas trimestrales, semestrales y anuales presentados al MERM para 2019 y 2020. Tras la verificación a distancia de GAG Nikel, el Gobierno de Indonesia presentó el acta de constitución de la empresa, pero solo en bahasa y en un formato que no podía traducirse mediante ordenador y, por tanto, la Comisión no pudo utilizar el documento.

(347)

Por último, el Gobierno de Indonesia alegó que el volumen de producción estipulado en el plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio, tal como se explica en los considerandos 414 a 424, se ajustaba a los volúmenes estipulados en los estudios de viabilidad. Sin embargo, solo proporcionó unas pocas páginas de los estudios de viabilidad y del análisis de impacto ambiental de las empresas para las que presentó el plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio con algunas cifras, mientras que el texto relativo a estas cifras se cubrió en negro sin ninguna explicación, lo que indica que el Gobierno de Indonesia estaba impidiendo deliberadamente que la Comisión evaluara la forma en que las empresas mineras estaban estableciendo sus volúmenes de producción anuales.

(348)

Además, la Comisión observó discrepancias relacionadas con el consumo global de mineral de níquel en el mercado indonesio. La Comisión no pudo cotejar estos datos con las compras de mineral de níquel de los productores exportadores de AILF. El Gobierno de Indonesia tampoco proporcionó estadísticas sobre los precios interiores indonesios del mineral de níquel, aunque, de conformidad con la legislación vigente, recopila esa información.

(349)

Tras recibir la carta relativa a la posible aplicación del artículo 28 del Reglamento de base («carta del artículo 28»), el Gobierno de Indonesia interpretó la carta del artículo 28 como una carta de deficiencias y presentó varios documentos adicionales de GAG Nikel, como su plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio (RKAB) para 2019 y 2020, la solicitud/informe para obtener el RKAB 2019 y 2020 y los informes trimestrales de producción y venta de níquel completo para 2019 y 2020. Todos estos documentos se presentaron únicamente en bahasa. Asimismo, el Gobierno de Indonesia presentó una respuesta al apéndice B para Antam.

(350)

Teniendo en cuenta la presentación muy tardía de estos documentos y el hecho de que no se presentaran en inglés y de que el contexto jurídico era el procedimiento establecido en el artículo 28 y no un proceso de subsanación de deficiencias, así como el hecho de que, en cualquier caso, la Comisión no estaría en condiciones de verificar dicha información y solicitar aclaraciones sobre estos documentos, estos no pudieron utilizarse en la investigación. Por tanto, la Comisión decidió no tener en cuenta dicha información, tal como se establece en el artículo 28, apartado 3, del Reglamento de base y, en su lugar, utilizar los datos disponibles.

(351)

En cuanto a los datos incoherentes sobre el consumo de mineral de níquel en el país, el Gobierno de Indonesia insistió en que estos datos eran exactos y alegó que se basaban en la cantidad de mineral de níquel consumida por el Grupo IRNC, habida cuenta de que era el único productor de acero inoxidable que utilizaba el mineral de níquel como insumo. Cabe señalar que se pidió al Gobierno de Indonesia que presentara el consumo total de mineral de níquel en Indonesia, no solo el consumo de mineral de níquel de los productores de acero inoxidable. No obstante, como se destaca en la carta del artículo 28 al Gobierno de Indonesia, estos datos no se corresponden con los datos cotejados de las compras de mineral de níquel del Grupo IRNC.

(352)

Además, en contradicción con la afirmación del Gobierno de Indonesia de que no tenía registros de precios del mineral de níquel en Indonesia, los informes trimestrales presentados por GAG Nikel y la solicitud del plan y presupuesto anual obligatorio indican lo contrario. En estos documentos, GAG Nikel comunicaba al Gobierno de Indonesia todas las ventas de mineral de níquel transacción por transacción, revelando así al Gobierno de Indonesia el volumen de ventas, los precios de venta del mineral de níquel, así como el nombre de sus clientes.

(353)

La falta de cooperación suficiente no permitió a la Comisión recabar toda la información que consideraba pertinente para sus conclusiones en la presente investigación. Debido a la falta de cooperación de las empresas mineras de níquel, también se impidió a la Comisión recoger otros documentos y solicitar información adicional, en particular sobre los acuerdos de concesión de licencias entre las empresas mineras y el Gobierno de Indonesia, también las condiciones subyacentes, los cánones y las referencias al contexto legislativo que los regula. Por consiguiente, con respecto al presunto suministro de mineral de níquel por parte de la Administración por una remuneración inferior a la adecuada, el Gobierno de Indonesia no facilitó la información ni las pruebas necesarias solicitadas por la Comisión en su cuestionario ni durante la verificación a distancia.

(354)

Por tanto, ante la ausencia de información en contrario enviada por el Gobierno de Indonesia, la Comisión, para establecer las conclusiones relativas a estos aspectos de la investigación, se basó en parte en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(355)

En las observaciones sobre la divulgación final, el Gobierno de Indonesia explicó que presentó los estatutos de GAG Nikel dentro del acta de constitución, que se facilitó mediante carta de 19 de noviembre de 2021. La Comisión confirmó que los estatutos forman parte de la escritura de constitución. Sin embargo, la Comisión señaló que esta alegación se produjo muy tarde en la investigación y, lo que es más importante, que los artículos solo se presentaron en Bahasa. Por lo tanto, la Comisión no pudo utilizarlos.

(356)

Además, el Gobierno de Indonesia señaló que la traducción de los estatutos de PT. Ceria Hugraha requería tiempo. En cualquier caso, el Gobierno de Indonesia alegó que la Comisión no requería la traducción de todos los documentos al inglés y, como tal, la falta de traducción no debía impedir la investigación. En cuanto al formato de archivo, el Gobierno de Indonesia indicó que no se especificaba.

(357)

La Comisión señaló que en las instrucciones para el cuestionario antisubvenciones, al que se adjuntaba el anexo relativo al proveedor de insumos, se indica claramente lo siguiente «Facilite una traducción al inglés de todos los documentos y materiales de origen que presente en respuesta al presente cuestionario». Por otra parte, el cuestionario antisubvenciones se envió al Gobierno de Indonesia el 18 de mayo de 2021, por lo que disponía de tiempo más que suficiente para la traducción de los estatutos de PT. Ceria Hugraha. En cuanto al formato de archivo, la Comisión formuló la observación sobre el formato del documento en el considerando 344 porque no permitía una traducción por ordenador, por lo que el documento no podía utilizarse. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(358)

Por lo que se refiere a los planes de trabajo y presupuestos anuales obligatorios, el Gobierno de Indonesia recordó que los presentó como anexos a la carta de 8 de diciembre de 2021. La Comisión recordó que, en la carta de 19 de noviembre de 2021 (que era la fecha límite para que el Gobierno de Indonesia presentara las pruebas de la verificación a distancia), el Gobierno de Indonesia había informado a la Comisión de que, sobre la base de una decisión interna, GAG Nickel había decidido no facilitar los planes de trabajo y presupuestos anuales obligatorios. La carta de 8 de diciembre de 2021 se envió en respuesta a la carta relativa al artículo 28. La Comisión señaló que esa fecha era demasiado tardía en la investigación para que la Comisión tuviera en cuenta nuevos documentos. Y lo que es más importante, el proceso del artículo 28 y las observaciones que las partes interesadas pueden presentar se refieren a la no presentación de información y las partes no pueden utilizar este proceso como una oportunidad para presentar nuevas informaciones que deberían haberse presentado en una fase más temprana de la investigación, o en el marco del proceso de deficiencias. Por consiguiente, la Comisión rechazó este argumento.

(359)

El Gobierno de Indonesia explicó también que tachó el texto no relacionado con los datos relativos al volumen de producción para simplificar la lectura del texto.

(360)

La Comisión señaló que se pidió al Gobierno de Indonesia que presentara documentos completos y que no tachara ninguna parte del texto. La Comisión debería haber tenido tener acceso a todo el texto para evaluar de forma adecuada la información completa incluida en los planes de trabajo y prepuestos anuales obligatorios para sus conclusiones. Por consiguiente, se rechazó este argumento.

(361)

Por lo que se refiere a los datos estadísticos sobre el consumo, el Gobierno de Indonesia alegó que, puesto que la Comisión utilizó un muestreo, no podía conciliar los datos de consumo nacional con el mineral de níquel adquirido por IRNC. La Comisión destacó y aclaró que la cantidad de mineral de níquel comprada por IRNC era significativamente superior a los datos de consumo nacional notificados por el Gobierno de Indonesia. Por tanto, los datos presentados por el Gobierno de Indonesia parecen subestimar de forma considerable la producción nacional de mineral de níquel. El Gobierno de Indonesia no proporcionó ningún dato que permitiera refutar estas conclusiones. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(362)

El Gobierno de Indonesia explicó además que, en el momento de la expiración del plazo, seguía intentando facilitar información y datos, ya que la Comisión declaró en la carta del artículo 28 que estaba considerando la posibilidad de utilizar el artículo 28. El Gobierno de Indonesia alegó que ni él mismo y ni GAG Nikel dispusieron de tiempo suficiente para traducir los documentos y que, durante la verificación a distancia, la Comisión no indicó la necesidad de traducir los documentos al inglés. En cuanto a la traducción, la Comisión se refirió a las instrucciones del cuestionario y recordó que, cada vez que solicite un documento, no necesita repetir que este debe ser traducido. El hecho de no facilitar información en inglés puede dar lugar a la aplicación de los datos disponibles debido a la imposibilidad de utilizar los documentos presentados. La Comisión recuerda que el Gobierno de Indonesia no presentó ninguna solicitud de ampliación del plazo o indicación de que se estaba trabajando en relación con los documentos que se presentaron posteriormente a través de la respuesta a la carta del artículo 28. Además, la Comisión recordó que el Gobierno de Indonesia estaba implicado en una serie de investigaciones en materia de derechos compensatorios, por lo que era plenamente consciente de que en dichas investigaciones los documentos deben presentarse en inglés. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(363)

El Gobierno de Indonesia reiteró el contenido de su carta de 8 de diciembre de 2021 en relación con la cuestión de los datos sobre el consumo de mineral de níquel indonesio, indicando que presentó los datos de consumo de mineral de níquel para el sector del acero inoxidable. Como ya se ha explicado en el considerando 361, la Comisión recordó de nuevo que se había pedido al Gobierno de Indonesia que presentara el consumo total de mineral de níquel en Indonesia, no solo el consumo de dicho mineral en el sector del acero inoxidable.

(364)

El Gobierno de Indonesia también alegó que ni él mismo ni las empresas mineras se negaron en ningún momento a aportar pruebas de las participaciones del Estado, el control y los procesos de toma de decisiones. El Gobierno de Indonesia admitió que Antam adquirió el accionista de GAG Nikel, pero recordó que GAG Nikel sigue figurando en la lista como entidad extranjera, como se explicó durante la verificación a distancia.

(365)

La Comisión consideró que, en la respuesta al cuestionario, no había pruebas de la titularidad estatal del propietario mayoritario de GAG Nikel, que solo se mencionó durante la verificación a distancia. Por otra parte, el hecho de que GAG Nikel figure en la lista de entidades extranjeras carece de pertinencia en lo que respecta a su titularidad estatal. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(366)

EL Gobierno de Indonesia explicó que PT. Vale no figuraba en la lista de los diez principales productores de insumos porque había enviado el cuestionario destinado a los proveedores de insumos únicamente a los proveedores de insumos de los productores exportadores que cooperaron. Por tanto, la lista de los diez principales productores de insumos facilitada no incluía a PT. Vale.

(367)

La Comisión recuerda que, en las instrucciones del cuestionario relativas a la lista de los diez principales productores de insumos, se pedía claramente al Gobierno de Indonesia que «facilitara una lista con la siguiente información sobre los diez mayores productores de cada uno de estos insumos». En las instrucciones no se hacía referencia al suministro de insumos a los productores exportadores, por lo que la lista debería haber incluido a los diez principales productores de insumos de Indonesia.

(368)

En conclusión, se rechazaron todas las alegaciones. En cualquier caso, la Comisión señaló que ninguna de estas observaciones, consideradas de forma aislada o conjunta, habría podido revertir las conclusiones relativas a la falta de cooperación o de cualquier otro aspecto de la investigación que, de este modo, se confirmaron.

(369)

Para determinar la existencia de una subvención sujeta a medidas compensatorias, con arreglo a los artículos 3 y 4 del Reglamento de base, deben estar presentes tres elementos: a) una contribución financiera del Gobierno de Indonesia a través de un organismo público o la encomienda y orden a organismos privados para suministrar el mineral de níquel a escala nacional; b) un beneficio para el beneficiario y c) especificidad.

(370)

Respecto del primer elemento, la Comisión analizó si el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia había dado lugar a una contribución financiera en forma de suministro de mineral de níquel por parte del Gobierno por una remuneración inferior a la adecuada a los productores exportadores indonesios de AILF a través de un organismo público o al encomendar u ordenar a organismos privados a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de base.

(371)

En primer lugar, la investigación evaluó si el Gobierno de Indonesia suministraba mineral de níquel a los productores de acero inoxidable a través de empresas mineras que actuaban como «organismos públicos». La norma jurídica y la interpretación pertinentes para esta evaluación con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de base se derivan de la jurisprudencia de la OMC sobre «organismos públicos» que ya se ha explicado en los considerandos 225 a 232.

(372)

En resumen, la cuestión de si las empresas mineras de Indonesia son «organismos públicos» debe examinarse mediante el análisis de las características y funciones fundamentales de dichas empresas, así como de su relación con el Gobierno de Indonesia.

(373)

El Gobierno de Indonesia ha establecido un mecanismo regulador que otorga a las empresas mineras de mineral de níquel la facultad de ejercer funciones gubernamentales.

(374)

En Indonesia, la extracción y gestión de los minerales pertenecen a un tipo de actividad clasificado como gubernamental. En este sentido, el Artículo 33, apartado 3, de la Constitución de 1945 afirma que la tierra, el agua y la riqueza de recursos naturales que están enterrados en ella deben estar bajo el control del Estado y utilizarse para la mayor prosperidad de la comunidad. Como se indica en el preámbulo de la Ley de minería de 2009, «la gestión de estos recursos debe estar bajo el control del Estado con el fin de proporcionar un valor añadido real a la economía nacional en un esfuerzo por lograr de una manera justa la prosperidad y la riqueza de la comunidad». Por tanto, todos los minerales de Indonesia son recursos naturales públicos que el Estado controla y utiliza.

(375)

A través de varias leyes y reglamentos, el Gobierno de Indonesia decide qué empresa está autorizada a extraer mineral de níquel y de dónde (es decir, las zonas mineras). Las empresas mineras están obligadas a disponer de una licencia para extraer mineral de níquel. El Gobierno de Indonesia también determina la cantidad de mineral de níquel que las empresas mineras pueden extraer. De conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Ley de minería de 2009, el Gobierno de Indonesia «tiene la facultad de determinar la cantidad de producción anual de cada producto en cada provincia». Del mismo modo, en virtud del artículo 5, apartados 1 y 5, de la Ley de minería de 2009, el Gobierno de Indonesia puede controlar la producción y la exportación de minerales con arreglo al interés nacional. El Gobierno de Indonesia también exige a las empresas mineras que aumenten el valor añadido de los minerales, ya que requiere la posterior transformación y purificación de este mineral y determina a quiénes pueden las empresas mineras vender el mineral de níquel para su posterior transformación (artículos 102 a 104 de la Ley de minería de 2009). El artículo 119 de la Ley de minería de 2009 dispone, además, que la licencia «puede ser cancelada por el ministro, el gobernador, el regente o alcalde según lo dispuesto por sus autoridades, cuando: a. el titular de la [licencia] no cumpla sus obligaciones ya estipuladas en la [licencia], así como en las leyes y reglamentos».

(376)

Por tanto, el entorno jurídico y económico imperante en Indonesia, como también se explica en los considerandos 396 a 400, muestra que las empresas mineras que extraen mineral de níquel están estrechamente vinculadas al Gobierno en el desempeño de funciones gubernamentales. En concreto, el propósito de las empresas mineras, a menudo propiedad del Estado, es poner en práctica políticas indonesias sobre cómo gestionar los recursos naturales de la manera que mejor sirva al desarrollo nacional y contribuya a dicho desarrollo.

(377)

La Comisión trató de hallar información acerca de la propiedad estatal, así como indicios formales de control gubernamental de las empresas mineras de minerales de níquel de propiedad estatal. A tal fin, la Comisión tuvo que basarse casi completamente en los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base, debido a la negativa del Gobierno de Indonesia y de las empresas mineras de níquel a aportar pruebas respecto de la propiedad, el control y el proceso de toma de decisiones que condujo al suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada, como se indica en los considerandos 338 a 354.

(378)

El Gobierno de Indonesia declaró que durante el período de investigación había más de 290 productores de mineral de níquel en Indonesia. El Gobierno de Indonesia proporcionó una lista con los diez mayores productores de mineral de níquel y especificó que solo uno de ellos era propiedad del Estado, a saber, Antam. El Gobierno de Indonesia también alegó que no era propietaria, no controlaba o no tenía relación con las empresas clasificadas como privadas. Además, el Gobierno de Indonesia alegó que ningún funcionario gubernamental es miembro del consejo de administración de PT Aneka Tambang. Cabe señalar que Antam no respondió al apéndice B citado en el considerando 340 dentro del plazo establecido. El Gobierno de Indonesia presentó una respuesta al apéndice B respecto de Antam después de haber sido informado de la aplicación del artículo 28, como se indica en el considerando 349, por lo que ya no pudo ser cotejada.

(379)

Asimismo, el Gobierno de Indonesia declaró que, en 2019 y 2020, las empresas de propiedad estatal generaron respectivamente el 6 y el 4 % de la producción nacional de níquel.

(380)

En la carta de deficiencias, la Comisión pidió al Gobierno de Indonesia que facilitara la cuota de mercado de cada uno de los diez mayores productores de mineral de níquel o, si no disponía de este dato, sus respectivos volúmenes de negocios. En respuesta a esta cuestión, el Gobierno de Indonesia facilitó en realidad otra lista de las diez mayores empresas de mineral de níquel según su volumen de producción de mineral de níquel en 2019 y 2020. En total, estas empresas representaban respectivamente el 37 y el 42 % de la producción nacional total. En las dos listas de los diez principales productores de mineral de níquel solo coincidían dos productores.

(381)

En la carta de deficiencias, la Comisión también pidió al Gobierno de Indonesia que facilitara la estructura del accionariado de los diez principales productores de mineral de níquel incluidos en la respuesta del cuestionario. Asimismo, la Comisión pidió al Gobierno de Indonesia que proporcionara la estructura del accionariado de los diez productores de mineral de níquel que identificó como grandes proveedores de IRNC.

(382)

El Gobierno de Indonesia respondió que, aparte de Antam, que era una empresa cotizada, las demás empresas no cotizaban en la Bolsa de Indonesia y, por tanto, no podía obtener la información relativa a la estructura de su accionariado. Además, el Gobierno de Indonesia proporcionó la estructura del accionariado de dos empresas de la segunda lista de los diez mayores productores de mineral de níquel, lo que demostraba que estas dos empresas eran de propiedad privada. Asimismo, en lo que se refiere a la lista de empresas proporcionada por la Comisión, el Gobierno de Indonesia facilitó la estructura del accionariado de seis empresas señaladas como empresas privadas. Por último, el Gobierno de Indonesia declaró que el único productor exportador que compraba mineral de níquel en Indonesia se abastecía únicamente de proveedores privados.

(383)

La investigación reveló que la afirmación del Gobierno de Indonesia de que no disponía de información sobre la estructura del accionariado de las empresas mineras de níquel era objetivamente incorrecta. Por el contrario, la Comisión constató que el Gobierno de Indonesia supervisa de cerca la propiedad de las empresas mineras. En primer lugar, cuando una empresa solicita una licencia de actividad minera (como IUP o IUPK), debe facilitar la estructura del accionariado a las autoridades indonesias respectivas, ya que existen algunas restricciones en cuanto a la propiedad extranjera. En virtud del RG 77/2014 (73), las IUP e IUPK de exploración pueden llegar hasta el 75 % de propiedad extranjera. Los porcentajes de propiedad extranjera de estas licencias comienzan en el 49 % y aumentan de forma progresiva hasta el 60 % en el caso de que la operación incluya actividades de transformación o refinado y, de nuevo, hasta el 70 % en el caso de que la operación sea subterránea. En segundo lugar, la estructura del accionariado también es necesaria para que el Gobierno de Indonesia pueda aplicar el requisito de cesión de conformidad con la Ley de minería de 2009 aplicada mediante el RG 1/2017 y el MERM 9/2017 (modificado por el MERM 43/2018), como se explica en los considerandos 425 a 433. Por último, desde la promulgación de la Ley de minería de 2009, el Gobierno de Indonesia ha adoptado varios reglamentos en los que se requiere la aprobación del Gobierno central o regional para cambiar accionistas y miembros del consejo de administración de las empresas mineras. El MERM 27/2013 fue el primer reglamento que introdujo requisitos de aprobación para cambiar accionistas y miembros del consejo de administración para los titulares de IUP. En esencia, en este reglamento se requería la aprobación del MERM o de los jefes de los Gobiernos regionales (dependiendo de su respectiva autoridad) para cambiar accionistas y miembros del consejo de administración de empresas mineras titulares de IUP. El último Reglamento a este respecto es el RG 48/2017 (74). Además, la estructura del accionariado de GAG Nikel se incluyó en la solicitud y el informe para obtener el plan de trabajo y presupuesto anual de GAG Nikel presentado por el Gobierno de Indonesia en respuesta a la aplicación del artículo 28, tal como se indica en el considerando 349. Por tanto, cada año cuando una empresa minera solicita el plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio dentro del expediente informativo presentado a este respecto, esta debe presentar su estructura de accionariado al MERM. Por consiguiente, la Comisión tuvo que recurrir a los datos disponibles sobre la base del artículo 28 del Reglamento de base para colmar las lagunas debidas a la falta de cooperación del Gobierno de Indonesia en materia de propiedad y control de las empresas mineras.

(384)

En primer lugar, la Comisión investigó la muy limitada información sobre la propiedad y el control de las empresas mineras presentada en la investigación. En la respuesta al anexo B de GAG Nickel, se indicó que Antam era un accionista minoritario y que la mayoría de las acciones eran propiedad de otra empresa. En su respuesta al cuestionario, el Gobierno de Indonesia no facilitó información específica sobre el carácter público de los accionistas de esta empresa. Sin embargo, según fuentes públicas encontradas por la Comisión (75), resultó que el accionista real de esta empresa era, de hecho, el Gobierno de Indonesia, que tenía la plena propiedad. Este aspecto se confirmó posteriormente durante la verificación a distancia de PT GAG Nickel. Como consecuencia de ello, estaba claro que el Gobierno de Indonesia no había proporcionado información completa y precisa sobre la propiedad final real de esta empresa.

(385)

Asimismo, cabe señalar que el Gobierno de Indonesia no incluyó a PT Vale en la lista de las principales empresas mineras de mineral de níquel de Indonesia. Sin embargo, sobre la base de la información pública disponible, PT Vale extrajo en 2019 alrededor de 4,2 millones (76) de toneladas de mineral de níquel, una cantidad superior a la extraída por la empresa minera de mineral de níquel más grande comunicada por el Gobierno de Indonesia en 2019. Además, a través de PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (77), el Estado posee también una participación del 20 % en PT Vale Indonesia (78). El Gobierno de Indonesia se convirtió en accionista de PT Vale en 2020 en el marco del requisito de dicho Gobierno sobre la cesión de acciones por parte de empresas de propiedad extranjera. Además, en respuesta a la carta del artículo 28, el Gobierno de Indonesia indicó que PT Vale no era una empresa estatal (pero guardaba silencio sobre la participación del 20 % que el Estado indonesio posee en PT Vale) y que no producía ni vendía mineral de níquel sino matas de níquel. Aunque PT Vale es un fabricante de matas de níquel, también posee una mina de mineral de níquel en Indonesia (79) y extrae mineral de níquel para su uso cautivo.

(386)

Esto muestra que el Gobierno de Indonesia proporcionó información inexacta sobre las principales empresas mineras proveedoras de níquel y también se contradijo entre lo que indicó en la respuesta al cuestionario, la respuesta a la carta de deficiencias y lo que explicó en la verificación a distancia. Además, el Gobierno de Indonesia no solo presentó datos poco fiables sobre el consumo de mineral de níquel, como se explica en el considerando 351, sino que también el volumen de producción de mineral de níquel es poco fiable, ya que el Gobierno de Indonesia no incluyó la producción de mineral de níquel para consumo cautivo. Estas evidentes incoherencias arrojan dudas sobre la exactitud y la fiabilidad del Gobierno de Indonesia en estos aspectos de la investigación.

(387)

Con el fin de colmar todas las lagunas importantes relativas a la propiedad estatal y al ejercicio del control en las empresas mineras de mineral de níquel, dada la limitada e incoherente información proporcionada por el Gobierno de Indonesia, la Comisión llevó a cabo investigaciones basadas en las fuentes públicas disponibles. Lamentablemente, había poca información pública disponible sobre la propiedad y el control de las empresas mineras, en particular las grandes. No obstante, dicha investigación reveló que, además de Antam (80), el Estado también posee acciones de PT GAG Nickel y PT WEDA Bay Nickel (81) a través de Antam, a pesar de que el Gobierno de Indonesia alegó que no disponía de información sobre la estructura del accionariado de PT WEDA Bay Nickel.

(388)

Además, la investigación de la Comisión mostró que otra empresa estatal, PT Timah TbK, lleva a cabo su actividad de minería del níquel como filial de PT Tim Nikel Sejahtera en la provincia de Célebes Suroriental (82). El accionista de PT Tonia Mitra Sejahtera, una de las empresas mencionadas por el Gobierno de Indonesia, es el Ministerio de Comercio de Indonesia.

(389)

A continuación, la Comisión calculó la participación de las empresas estatales sobre la base de los porcentajes de producción interior presentados por el Gobierno de Indonesia en la investigación. Incluso teniendo en cuenta la información pública disponible para el muy limitado número de empresas (cinco) respecto del número total de empresas mineras comunicado por el Gobierno de Indonesia (más de 290), se pudo concluir que la participación de las empresas estatales en la producción total en 2020 fue superior al 27 % (83) (las acciones de PT Vale y PT Tim Nikel Sejahtera no se incluyeron en la información facilitada por el Gobierno de Indonesia). Esto por sí solo ya representa una cuota de mercado sustancial de las empresas estatales y debe considerarse una subestimación, ya que es muy probable que entre las numerosas empresas mineras de las que no se dispone de información pública se encuentren otras empresas estatales. Sobre la base del artículo 28, la Comisión podía deducir que un mayor porcentaje de las empresas mineras que producían mineral de níquel era en realidad propiedad del Estado. Este porcentaje solo puede aumentar habida cuenta de la obligación de cesión explicada en los considerandos 425 a 434.

(390)

La Comisión tuvo que basarse en su propia investigación también en relación con la gestión y el control de las empresas mineras debido a la falta de cooperación del Gobierno de Indonesia. Una vez más, la información pública disponible era limitada. Por lo que respecta a Antam, la Comisión constató que, según sus informes anuales, la junta de comisionados está compuesta por cinco miembros y el consejo de administración por cuatro miembros. Parece que en Antam, el Gobierno de Indonesia posee directamente únicamente acciones de la clase A con «titularidad Dwiwarna». Todos los demás accionistas poseen acciones de la clase B. Los accionistas/apoderados Dwiwarna tienen los derechos exclusivos de nombrar a los directores y a la junta de comisionados. En 2018, a propuesta del Gobierno de Indonesia y de su apoderado, se sustituyó a dos de los cinco miembros de la junta de comisionados y a tres de los cuatro miembros del consejo de administración. Del mismo modo, en 2019, a propuesta del Gobierno de Indonesia y de su apoderado, el presidente comisionado, el presidente director y otros dos directores fueron despedidos y sustituidos. Además, el actual presidente comisionado es un exmiembro de las Fuerzas Armadas, un comisionado forma parte actualmente de la Agencia de Inteligencia del Estado y otro comisionado es un funcionario del MERM. Solo dos de los cinco comisionados se benefician de la calificación de «comisionados independientes». Por último, en la junta de comisionados, un director es un antiguo empleado de GAG Nikel, otro es un antiguo empleado de Inalum y otro un antiguo empleado de otra empresa estatal. Solo uno de los directores procede del sector privado.

(391)

Además, la junta de comisionados de GAG Nikel está compuesta por dos miembros, mientras que el consejo de administración está compuesto por dos miembros según la respuesta al cuestionario de GAG Nikel o tres miembros según el informe anual de Antam de 2020. Un miembro actual de la junta de comisionados de GAG Nikel es el antiguo director de Ingresos Minerales y del Carbón del MERM, mientras que el anterior (no a partir del 20 de junio de 2020) era un empleado de Antam. El actual presidente director de GAG Nikel y otro director son empleados de Antam, el tercer director es un empleado de Inalum.

(392)

El consejo de administración de PT Vale está compuesto por cinco miembros y la junta de comisionados está compuesta por diez miembros. El actual vicepresidente de la junta de comisionados es el actual director de Servicios Estratégicos de Inalum (84). Otro miembro de la junta de comisionados es el exministro de Comunicación e Información de Indonesia y el director ejecutivo adjunto de la empresa eléctrica estatal indonesia PT. PLN. Otro miembro de la junta de comisionados es el exdirector general del MERM y expresidente comisionado de Antam y el actual asistente del ministro de la Industria del Metal, el Gas Natural y los Recursos Naturales.

(393)

Sobre la base de la información del expediente y de su propia investigación debido a la falta de cooperación generalizada del Gobierno de Indonesia, la Comisión concluyó que las empresas mineras que representan una producción sustancial de mineral de níquel son de titularidad estatal total o parcialmente, y también están gestionadas o controladas por el Estado en estrecha relación con el Gobierno de Indonesia.

(394)

Además de la propiedad estatal y los vínculos formales entre el Estado y las empresas mineras, la Comisión evaluó si las empresas mineras poseen facultades gubernamentales y si actúan en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales.

(395)

La investigación confirmó que todas las empresas mineras, independientemente de su titularidad, están sujetas a una serie de medidas prescritas por el Gobierno en relación con el suministro de mineral de níquel y deben aplicarlas, a saber: 1) obligación de transformación nacional, 2) restricciones a la exportación o prohibición de exportación, 3) plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio, 4) obligaciones de cesión, 5) mecanismo obligatorio de fijación de precios. Estas obligaciones demuestran claramente que las empresas mineras llevan a cabo funciones gubernamentales.

(396)

Como antecedentes pertinentes de todas estas medidas, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de minería de 2009, el Estado controla los minerales. Además, el objetivo clave de la Ley de minería de 2009 es maximizar el valor añadido de las reservas de mineral de níquel para la economía indonesia. Para ello, la legislación prevé el control estatal de las actividades mineras de minerales y del carbón. El artículo 2, apartado 2, establece que «El control de los minerales y del carbón por parte del Estado a que se refiere el apartado 1 lo realizará el Gobierno o los Gobiernos regionales». Además, el Gobierno de Indonesia puede establecer una política en materia de minerales que priorice los intereses nacionales, en particular mediante el control de la producción y las exportaciones. El artículo 5, apartado 2, establece que «[l]os intereses nacionales mencionados en el apartado 1 podrán realizarse mediante el control de la producción y de las exportaciones». El Gobierno de Indonesia tiene la facultad de fijar la producción anual de cada producto en cada provincia. El artículo 5, apartado 3, estipula que «[al] llevar a cabo el control a que se refiere el apartado 2, el Gobierno está facultado para fijar la producción anual de cada producto en cada provincia». De conformidad con el artículo 144, el Gobierno de Indonesia supervisa estrechamente la gestión de la actividad minera. Como aplicación de este artículo, el Gobierno de Indonesia promulgó el RG 55/2010 relativo a la orientación y supervisión de la ejecución de la gestión de las actividades mineras. El artículo 22 estipula que la supervisión del Gobierno de Indonesia se refiere, entre otras cosas, a «la realización de la producción y las ventas, incluidas la calidad y la cantidad y el precio del mineral y del carbón».

(397)

Además, como aplicación de la Ley de minería de 2009, el Gobierno de Indonesia adoptó el RG 23/2010, modificado por el RG 24/2012. Sobre la base del artículo 89, apartado 1, «El Ministro controlará la producción de minerales y carbón realizada por los titulares de permisos de actividad minera de operaciones de producción de minerales y carbón y por los titulares de permisos especiales de actividad minera de operaciones de producción de minerales y carbón» y del artículo 89, apartado 2, «El control de la producción de minerales y carbón a que se refiere el apartado 1 tendrá por objeto: a. cumplir los requisitos ambientales; b. conservar los recursos minerales y de carbón; c. controlar los precios de los minerales y el carbón.». Además, con arreglo al artículo 90, apartado 1, «El Ministro determinará la cantidad nacional de producción de minerales y carbón a escala provincial» y, con arreglo al artículo 90, apartado 2, «El Ministro podrá delegar en los gobernadores la facultad de determinar la cantidad de producción de minerales y carbón para los respectivos distritos y ciudades». Además, el artículo 84 dispone que «1) Los titulares de permisos de actividad minera de operaciones de producción y los titulares de permisos especiales de actividad minera de operaciones de producción deben dar preferencia a las necesidades nacionales de minerales y carbón. 2) El Ministro determinará las necesidades nacionales de minerales y carbón a que se refiere el apartado 1, en las que se incluyen las necesidades de las industrias de transformación y el uso directo nacional.».

(398)

El control de la producción se acompaña, además, del control de los precios de los minerales y de las ventas nacionales. El artículo 92, apartado 1, de dicho Reglamento autoriza al Ministro a «controlar las ventas de minerales y carbón realizadas por los titulares de permisos de actividad minera de operaciones de producción de minerales y carbón y los titulares de permisos especiales de actividad minera de operaciones de producción de minerales y carbón». Además, el artículo 92, apartado 2, establece que «El control de las ventas de minerales o carbón a que se refiere el apartado 1 tendrá por objeto: a. dar preferencia al abastecimiento de las necesidades nacionales de minerales y carbón; y b. estabilizar los precios de los minerales y del carbón».

(399)

Además del volumen de producción, el Gobierno de Indonesia supervisa de forma estricta todas las transacciones de venta en el mercado interior. El artículo 10 del MERM 7/2017 establece que «[l]os titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos, IUP de operaciones de producción de carbón, IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos e IUPK de operaciones de producción de carbón deberán presentar al ministro los contratos de venta de minerales metálicos o de carbón, por conducto del director general o del gobernador, en función de sus facultades». Además, el artículo 11 dice lo siguiente: «1) Los titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos, IUP de operaciones de producción de carbón, IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos e IUPK de operaciones de producción de carbón deberán presentar al ministro, por conducto del director general o del gobernador, en función de su autoridad, informes sobre la realización de las actividades de venta de minerales metálicos o de carbón todos los meses, a más tardar 5 (cinco) días naturales tras el final de cada mes. 2) El informe sobre las ventas de minerales metálicos o carbón a que se refiere el apartado 1 incluirá como mínimo el precio de venta, el volumen de ventas, la calidad de los minerales metálicos o del carbón vendidos, el punto de venta y el país o región de venta»

(400)

Estas medidas ya muestran la fuerte interferencia y el control del Gobierno central en el sector minero, incluido el mineral de níquel, entre otras cosas en lo que respecta al objetivo de producción y ventas, los controles de precios y un sesgo en favor de las necesidades nacionales de minerales extraídos en Indonesia. No se trata de un mero marco regulador de la actividad minera, sino de un marco en el que se otorgan a las empresas mineras facultades que les han permitido desarrollar funciones gubernamentales relacionadas con la comercialización y el suministro de productos mineros con el fin de alcanzar los objetivos gubernamentales pertinentes. Las siguientes medidas específicas para el sector del mineral de níquel muestran, además, cómo ejerce el Gobierno de Indonesia su autoridad y control sobre las empresas mineras.

(401)

De conformidad con el artículo 102 de la Ley de minería de 2009, «los titulares de una IUP y de una IUPK estarán obligados a aumentar el valor añadido de los recursos minerales o del carbón en la realización de actividades de desarrollo, transformación y purificación, así como en la explotación de minerales y carbón». Asimismo, de conformidad con el artículo 103, apartado 1, «[l]os titulares de una IUP y de una IUPK de operaciones de producción estarán obligados a llevar a cabo actividades de transformación y purificación de los productos mineros nacionales» y con arreglo al artículo 103, apartado 2, «[l]os titulares de una IUP y de una IUPK, tal como se indica en el apartado 1, podrán transformar y purificar los productos mineros de otros titulares de estas licencias».

(402)

La obligación de llevar a cabo la transformación y el refinado en el país tiene como objetivo, entre otras cosas a) aumentar el valor de la minería a través de sus productos básicos, b) suministrar materias primas a la industria, c) proporcionar empleo y d) aumentar los ingresos del Estado. En otras palabras, estas disposiciones imponían a todas las empresas mineras de mineral de níquel la obligación de construir su propia instalación de transformación y purificación de níquel o de vender su producto a una instalación nacional de ese tipo.

(403)

Además, el artículo 170 de la Ley de minería de 2009 establecía un «período de gracia» de cinco años: «El titular de un contrato de trabajo [...] que ya haya comenzado la producción estará obligado a iniciar la purificación, tal como se establece en el artículo 103, apartado 1, a más tardar 5 (cinco) años a partir de la promulgación de la presente Ley». El artículo 112, apartado 4, del RG 23/2010, modificado por el RG 24/2012, confirmó que los titulares de una licencia de actividad minera deben llevar a cabo la transformación y el refinado en el país, a más tardar cinco años después de la promulgación de la Ley de minería de 2009 «Las autorizaciones de explotación minera, los permisos de actividad minera regionales y los permisos de actividad minera a pequeña escala concedidos en virtud de leyes y reglamentos anteriores a la publicación del presente Reglamento gubernamental seguirán siendo válidos hasta su expiración y deberán: [...]c) realizar la transformación, el refinado o la fundición en el país a más tardar 5 (cinco) años después de la entrada en vigor de la Ley n.o 4 sobre la minería de minerales y carbón de 2009».

(404)

Estas obligaciones demuestran que las empresas mineras no tienen libertad para organizar sus actividades de producción y transformación de acuerdo con consideraciones empresariales. Por el contrario, deben cumplir estas obligaciones de producir y transformar el mineral en el país a fin de aumentar el valor añadido en Indonesia. Por tanto, están dotadas de facultades gubernamentales y, como consecuencia de ello, llevan a cabo actividades bajo mandato gubernamental.

(405)

El 11 de enero de 2014, el Gobierno de Indonesia publicó el RG 1/2014, que modificaba el artículo 112 del RG 24/2012 y añadía un nuevo artículo 112C. La principal modificación del artículo 112 fue la supresión del artículo 112, apartado 4, letra c), del RG 23/2010, que exigía que el titular de una licencia de actividad minera (IUP) o de una licencia de actividad minera a pequeña escala (IPR) realizara en el país la transformación y el refinado de minerales en un plazo de cinco años a partir de la promulgación de la Ley de minería de 2009, dado que el plazo ya había transcurrido. Los términos clave del artículo 112C adicional eran los siguientes: 1) Los titulares de contratos de trabajo a que se refiere el artículo 170 de la Ley de minería de 2009 deberán refinar sus productos mineros en el país y 2) Los titulares de licencias de actividad minera de operaciones y producción (IUPOP) a que se refiere el artículo 112, apartado 4, letra a), del presente Reglamento deberán transformar y refinar sus productos mineros en el país (85).

(406)

El mismo día se publicó el MERM 1/2014 (86) como Reglamento de Ejecución del RG 1/2014. El MERM 1/2014 proporcionaba orientaciones sobre el nivel de transformación o refinado que se debe cumplir antes de la exportación. El MERM 1/2014 definía los once minerales metálicos cuya exportación quedaba prohibida a partir de enero de 2014. Seis metales, entre ellos el níquel, solo podían exportarse en su forma transformada.

(407)

En un intento de aliviar el efecto de la prohibición de exportar minerales no transformados o insuficientemente transformados en las empresas mineras y los ingresos de exportación del país, el Gobierno de Indonesia publicó el RG 1/2017 que permitía que las empresas mineras siguieran exportando productos semitransformados y determinados tipos de minerales durante un período de cinco años a partir del 11 de enero de 2017, siempre que se cumpliesen las condiciones establecidas en los reglamentos de ejecución. El artículo 4 del MOT 01/M-DAG/PER/1/2017 estipulaba lo siguiente: «Los productos mineros que figuran en el apéndice III, tal como se prevé en el artículo 3, apartado 1, solo podrán exportarse de acuerdo con las disposiciones siguientes: a. empresa que posee una IUP o una IUPK de operaciones de producción de níquel: 1. que haya utilizado níquel con un contenido <1,7 % (inferior al uno coma siete por ciento) al menos el 30 % (treinta por ciento) de la capacidad total de entrada de la instalación de transformación y purificación del níquel que posee; y 2. haya construido o esté construyendo instalaciones purificadoras, de forma independiente o en cooperación con otras partes».

(408)

Sobre la base del MERM 25/2018, se aplicaron normas específicas a los minerales metálicos con criterios particulares (es decir, níquel con un contenido de < 1,7 %). El artículo 46, apartado 1, establece que «[l]os titulares de una licencia de actividad minera (IUP) de operaciones de producción o de una licencia especial de actividad minera (IUPK) de operaciones de producción podrán realizar las ventas de níquel con un nivel <1,7 % (inferior al uno coma siete por ciento) o de bauxita lavada con un nivel de Al2O3 >=42 % (superior o igual al cuarenta y dos por ciento) en el extranjero en las cantidades específicas utilizando el código arancelario/SA (sistema armonizado), de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias a más tardar el 11 de enero de 2022.», y el artículo 46, apartado 2, dispone que «[l]as ventas de níquel con un nivel <1,7 % (inferior al uno coma siete por ciento) o de bauxita lavada con un nivel de Al2O3 >=42 % (superior o igual al cuarenta y dos por ciento) a que se refiere el apartado 1 se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones siguientes: a. se disponga de una instalación de purificación o la esté construyendo; y b. se pague el impuesto de exportación de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias». La instalación de refinado o fundición podría construirse de forma individual o en cooperación con otras partes.

(409)

La exportación de estos productos solo podía llevarse a cabo después de un proceso de examen por parte de un inspector, y la aprobación de la Dirección General de Comercio Exterior («DGdCE») se concedía tras una recomendación del MERM. El objetivo del examen era garantizar que los productos mineros satisfacían el requisito mínimo de transformación o refinado.

(410)

En febrero de 2017, el Ministerio de Finanzas publicó el PMK n.o 13/PMK.010/2017 (87) (modificado posteriormente por el Reglamento PMK n.o 164/PMK.010/2018 del Ministerio de Finanzas) por el que se establecen los tipos de los impuestos de exportación para las diferentes formas de minerales metálicos transformados. Para el mineral de níquel con una concentración < 1,7 %Ni, el impuesto a la exportación era del 10 %.

(411)

De conformidad con el MERM 11/2019, la prohibición de exportar mineral de níquel con un contenido inferior al 1,7 % Ni se aceleró hasta el 31 de diciembre de 2019. Las recomendaciones de exportación publicadas por el MERM para la exportación de mineral de níquel con un contenido de níquel inferior al 1,7 % antes de la publicación del MERM 11/2019 seguían siendo válidas. No obstante, la recomendación expiró el 31 de diciembre de 2019. El MERM 11/2019 entró en vigor el 1 de enero de 2020. El MERM todavía pudo publicar recomendaciones de exportación de mineral de níquel con un contenido de níquel inferior al 1,7 % hasta el 31 de diciembre de 2019.

(412)

Por tanto, a partir del 1 de enero de 2020 quedaba prohibida la exportación de todo tipo de mineral de níquel.

(413)

Estas restricciones a la exportación y la prohibición de exportación del mineral de níquel limitan considerablemente la libertad de las empresas mineras de vender mineral de níquel a los compradores de todo el mundo que ofrezcan el precio más alto. Estas empresas solo pueden vender en el mercado indonesio para el beneficio de la industria transformadora, principalmente la industria del acero inoxidable, a pesar de que los recursos de mineral de níquel son escasos en todo el mundo e Indonesia es un productor muy grande. Estas restricciones dan lugar a un número muy limitado de clientes nacionales como industrias usuarias, así como a la reducción de los precios interiores del mineral de níquel. Esto demuestra de nuevo que las empresas mineras, lejos de ser agentes del mercado libres, son «organismos públicos» que realizan efectivamente actividades gubernamentales.

(414)

De conformidad con el artículo 101 del RG 23/2010, modificado por el RG 24/2012, «Los titulares de permisos de actividad minera y los titulares de permisos especiales de actividad minera deben entregar todos los datos obtenidos de las exploraciones y las operaciones de producción al ministro, los gobernadores o los regentes o alcaldes competentes.». Además, de conformidad con el artículo 103, «Los informes a que se refiere el artículo 101 serán informes de situación sobre el trabajo en un plazo determinado y una actividad específica presentados por los titulares de permisos de actividad minera de exploración y los titulares de permisos especiales de actividad minera de exploración, así como los titulares de permisos de actividad minera de operaciones de producción y los titulares de permisos especiales de actividad minera de operaciones de producción.». Además, «Los planes de trabajo y presupuestos anuales (RKAB) a que se refiere el artículo 101 se presentarán al ministro, los gobernadores o los regentes o alcaldes competentes a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días hábiles antes de la conclusión de cada año natural».

(415)

El MERM 11/2018 (88) (modificado por el MERM 22/2018 y el MERM 51/2018) define el RKAB anual como el «plan de trabajo y presupuesto anual en el sector de la minería de minerales y de carbón, que abarca los aspectos empresariales, técnicos y medioambientales». El MERM 11/2018 obliga a los titulares de una licencia de actividad minera a preparar y transmitir el plan de trabajo y presupuesto anual al ministro o al gobernador, en función de sus facultades, para la obtención de la autorización [artículo 61, apartado 1, letra b)]. Además de establecer dicha obligación, el MERM 11/2018 prohíbe a los titulares de una licencia de actividad minera realizar actividades de construcción, extracción, transformación o refinado, así como transportar y vender actividades antes de que se apruebe su plan de trabajo y presupuesto anual.

(416)

El plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio lo deben presentar los titulares de licencias de actividad minera y los titulares de licencias especiales de actividad minera en el período de entre noventa y cuarenta y cinco días hábiles antes del final del ejercicio fiscal, lo que incluye también la obtención del consentimiento para dicho plan de trabajo y presupuesto anual.

(417)

En nombre del MERM o del gobernador, la Dirección General de Minerales y Carbón (DGdMC) llevará a cabo una evaluación del plan de trabajo y presupuesto anual y facilitará el consentimiento o una respuesta al respecto en un plazo máximo de catorce días hábiles a partir de la fecha en que el documento se recibió de forma completa y adecuada. Los titulares de las licencias de actividad minera deben entregar la versión revisada de plan de trabajo y presupuesto anual, que debe tener en cuenta la respuesta de la DGdMC, en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en que se recibió la respuesta de dicha Dirección General. La DGdMC dará su consentimiento a la versión revisada del plan de trabajo y presupuesto anual en un plazo máximo de catorce días hábiles a partir de la fecha en que el documento anual revisado se haya recibido de forma completa y adecuada. Los titulares de IUP e IUPK de exploración, IUP-OP, IUPK-OP o IUP-OP específicas para la transformación o el refinado pueden solicitar una modificación del plan de trabajo y presupuesto anual en el año en curso, en caso de que se produzca un cambio en su capacidad de producción. La solicitud de modificación del plan de trabajo y presupuesto anual debe presentarse después de que el titular de la IUP haya presentado su segundo informe trimestral y, a más tardar, el 31 de julio del año en curso. Los titulares de IUP-OP e IUPK-OP deben presentar modificaciones de sus informes en relación con el estudio de viabilidad en caso de que se produzcan cambios en las variables técnicas, económicas o ambientales, de acuerdo con las disposiciones de las normas y reglamentos aplicables. Los titulares de IUP, IUPK, IUP-OP, IUPK-OP de exploración o IUP-OP específicas para la transformación y el refinado deben comunicar cualquier modificación relativa a la utilización de sus servicios mineros en el año en curso.

(418)

El MERM 11/2018 ha sido revocado y sustituido por el MERM 7/2020 (89). El MERM 7/2020 establece disposiciones similares a las del MERM 11/2018 en relación con el requisito de disponer del plan de trabajo y presupuesto anual.

(419)

Durante la investigación, el Gobierno de Indonesia presentó cuatro planes de trabajo y presupuestos anuales de empresas mineras de mineral de níquel. La Comisión observó que un plan de trabajo y presupuesto incluye información cuantitativa, cualitativa y financiera detallada sobre la actividad de exploración, los recursos y reservas, las operaciones mineras, los volúmenes de transformación y refinado, la comercialización y los envíos para la exportación, así como para los mercados nacionales, el medio ambiente, la seguridad, la mano de obra, las finanzas estimadas (ventas, cánones, ingresos, impuesto sobre la renta).

(420)

Desafortunadamente, el Gobierno de Indonesia no proporcionó estudios de viabilidad reales y evitó entablar conversaciones sobre cómo se fijan los objetivos de producción de cada empresa, y cómo dicho Gobierno controla y actúa después con respecto a la producción realmente alcanzada durante el período a que se refiere el estudio de viabilidad. Debido a la falta de cooperación sobre este importante aspecto, la Comisión tuvo que basarse en inferencias sobre la base del artículo 28 del Reglamento de base.

(421)

El Gobierno de Indonesia presentó el volumen de producción de mineral de níquel durante el período de 2017 a 2020 en Indonesia, así como el consumo interior de mineral de níquel durante el mismo período. Estos datos mostraron que había una discrepancia significativa entre el volumen de producción y el volumen de consumo de mineral de níquel. Además, el volumen del consumo interior de mineral de níquel presentado por el Gobierno de Indonesia no se pudo conciliar con el volumen de compras de mineral de níquel de IRNC que se cotejó durante la verificación a distancia, lo que parece indicar que el Gobierno de Indonesia presentó información errónea sobre el consumo de mineral de níquel.

(422)

Asimismo, cabe señalar que, además del requisito de presentación del plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio explicado en los considerandos 414 a 419, el MERM 11/2018 también requiere que los titulares de IUP presenten tres informes adicionales: a) un informe periódico; b) un informe final; y c) un informe especial, con diversos niveles de requisitos, en función del tipo de titular de IUP. Los titulares de la IUP deben presentar, entre otra información, la relativa a las actividades de producción y venta.

(423)

Durante la verificación a distancia, GAG Nickel confirmó que comunicó con una periodicidad trimestral, semestral y anual el volumen de producción, así como el volumen y el valor de las ventas de mineral de níquel. La Comisión pidió a la empresa que facilitara dichos informes para el período de investigación. La Comisión concedió al Gobierno de Indonesia varios días tras el final de la verificación a distancia para que presentara la información. Sin embargo, el Gobierno de Indonesia solo presentó estos datos después de que la Comisión le informara de la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base, tal como se explica en el considerando 349.

(424)

Las normas sobre el plan de trabajo y presupuesto anual muestran un aspecto más del importante y estricto control que el Gobierno de Indonesia ejerce en particular sobre los objetivos de producción anuales de las empresas mineras. La Comisión llegó a la conclusión de que, como resultado de estas normas sobre los planes de trabajo y presupuestos anuales, las características y funciones fundamentales de las empresas mineras consisten en suministrar mineral de níquel en consonancia con el objetivo del Gobierno de apoyar a la industria transformadora del acero inoxidable. El grado de coincidencia o superposición en las características fundamentales de las empresas mineras con los objetivos y funciones del Gobierno de Indonesia en el sector de los minerales muestra que las empresas mineras poseen o ejercen facultades gubernamentales o están dotadas de ellas.

(425)

En virtud de la Ley de minería de 2009, las empresas mineras de propiedad extranjera están obligadas a ceder sus acciones a partes indonesias con el fin de promover la inversión nacional en el sector minero. La Ley de minería de 2009 no hablaba sobre el nivel de posesión de acciones que debe cederse, dejando que el Gobierno central regulase este aspecto en mayor profundidad en los reglamentos de ejecución pertinentes.

(426)

El Gobierno central ha modificado de forma gradual el porcentaje mínimo de cesión desde la publicación de la Ley de minería de 2009. En la actualidad, el requisito mínimo de cesión vigente es el 51 %, tal como se aplica mediante la cuarta modificación del RG 23/2010 de 2017 (RG 1/2017) (90) y del MERM 9/2017 (91) (modificado por el MERM 43/2018 (92)).

(427)

De conformidad con el artículo 97, «Los titulares de permisos de actividad minera y los titulares de permisos especiales de actividad minera en el ámbito de la inversión extranjera deberán ceder sus acciones por etapas una vez transcurridos 5 (cinco) años de producción, de manera que en el décimo año al menos el 51 % (cincuenta y uno por ciento) de sus acciones sea propiedad de los participantes indonesios.». Además, «La cesión de acciones a que se refiere el apartado 1 se realizará en favor de participantes indonesios que incluyen al Gobierno, las Administraciones provinciales, de los distritos y las ciudades, las entidades estatales y regionales o las entidades privadas nacionales».

(428)

Las acciones propiedad de inversores extranjeros podrán venderse a empresas privadas indonesias solo cuando el Gobierno, las Administraciones provinciales, de los distritos o las ciudades y las entidades de propiedad estatal o regional hayan rechazado comprar dichas acciones en primer lugar. La cesión podrá realizarse mediante la emisión de nuevas acciones o la transferencia o venta de acciones existentes, ya sea de forma directa o indirecta. Cabe señalar que, a diferencia de las empresas mineras, las empresas de fundición no están sujetas a ninguna obligación de cesión.

(429)

El MERM 9/2017 estipula que el precio de las acciones de cesión se base en el «valor justo de mercado», sin tener en cuenta el valor de las reservas minerales en el momento en que se realiza la cesión. Esta disposición relativa al precio de las acciones de cesión ha sido modificada mediante el MERM 43/2018, que establece que el valor justo de mercado no tendrá en cuenta las reservas minerales o de carbón, excepto las que puedan extraerse dentro del período para las IUP-OP y las IUPK-OP. Además, el cálculo del valor justo de mercado se realizará mediante el método de los flujos de caja actualizados, utilizando los beneficios económicos dentro del período de ejecución de la cesión hasta el final de la IUP-OP o IUPK-OP y la evaluación comparativa de los datos del mercado.

(430)

Sobre la base del MERM 9/2017, el precio regulado de las acciones de cesión se convertiría en: a. El precio máximo que debe ofrecerse al Gobierno central, al Gobierno provincial o a la regencia/administración municipal. o b. El precio mínimo que se ofrecerá a una empresa de propiedad estatal («BUMN»), una empresa de propiedad regional («BUMD») o a una entidad empresarial privada nacional.

(431)

El Reglamento PerMen 43/2018 modificó la disposición anterior y estipulaba que el precio regulado de las acciones de cesión pasaría a ser: a. El precio máximo que se ofrecerá al Gobierno central, el Gobierno provincial o la regencia/administración municipal, BUMN, BUMD, o a un vehículo especial que el Gobierno haya establecido o designado a través del MERM, junto con el Gobierno provincial o la regencia/administración municipal, BUMN o BUMD; o b. El precio mínimo que se ofrecerá a una entidad empresarial privada nacional mediante licitación.

(432)

El Gobierno (a través del MERM) puede contratar a un evaluador independiente para valorar el precio de las acciones de cesión. Si no es posible llegar a un acuerdo sobre el precio de las acciones de cesión, el MERM 9/2017 estipula que las acciones cedidas se ofrecerán sobre la base del precio de las acciones de cesión que se haya calculado en relación con la evaluación realizada por el Gobierno. Esta disposición ha sido eliminada en el MERM 43/2018.

(433)

La Ley de minería de 2020 mantuvo el requisito de cesión de la propiedad extranjera y disponía específicamente que los inversores extranjeros debían ceder una serie de acciones necesarias para garantizar que al menos el 51 % de las acciones totales de la empresa estuvieran en manos de inversionistas indonesios. Este requisito mínimo de cesión es coherente con los actuales requisitos de cesión aplicados en virtud del RG 23/2010. Por lo que se refiere al calendario y los procedimientos para dicha cesión, la Ley de minería de 2020 establece que estas cuestiones estarán sujetas a los Reglamentos gubernamentales pertinentes (en la actualidad, RG 23/2010), lo que exige que el proceso de cesión comience después del quinto aniversario de la producción de la mina.

(434)

Estas disposiciones muestran que el Gobierno de Indonesia trata de aumentar su considerable control sobre las empresas mineras aumentando su presencia y desplazando a las empresas mineras de propiedad extranjera. Con el fin de garantizar su objetivo general de suministrar mineral de níquel a la industria nacional transformadora, estas entidades están obligadas, tras un período relativamente corto, a renunciar a la propiedad con un primer derecho de adquisición conferido al Gobierno de Indonesia y a otras empresas públicas. También existen normas específicas sobre las valoraciones de las acciones que no parecen estar en consonancia con las negociaciones de mercado normales que tendrían lugar entre operadores sin la existencia de estas disposiciones. Sobre esta base, la Comisión llegó a la conclusión de que las obligaciones de cesión mostraban cómo el Gobierno de Indonesia mantiene un control significativo sobre la propiedad y la gestión de las empresas mineras con el fin de garantizar que dichas empresas sigan desempeñando funciones gubernamentales en consonancia con sus objetivos políticos.

(435)

La investigación puso de manifiesto que los precios del mineral de níquel estaban sujetos a un mecanismo gubernamental que impedía la dinámica normal del mercado de la oferta y la demanda para determinar el precio. La evolución de la legislación pertinente en materia de precios muestra que el Gobierno de Indonesia ha estado controlando de forma activa los precios del mineral de níquel con medidas específicas que se remontan a 2010. Al principio, el Gobierno de Indonesia alegó que el mecanismo de fijación de precios se aplicaba principalmente en el contexto de la recaudación de cánones. Posteriormente, la intervención del Gobierno de Indonesia sobre los precios se ha reforzado a lo largo de los años hasta la introducción formal en la legislación de un mecanismo específico de fijación de precios obligatorio que codificaba un mecanismo de fijación de precios que ya existía de facto. A lo largo de los años y, en particular a partir de 2017, este mecanismo aún tenía el objetivo de fijar el precio con un descuento significativo con respecto al precio vigente en el mercado internacional, a fin de favorecer el desarrollo de la industria del acero inoxidable según el acuerdo y la cooperación bilateral con el Gobierno de China.

(436)

El principal objetivo del mecanismo de fijación de precios es garantizar que el mineral de níquel se suministre con un descuento significativo respecto de los precios internacionales para beneficiar a la industria del acero inoxidable. Al mismo tiempo, el precio regulado pretende tener en cuenta también los intereses de las empresas mineras para garantizar la continuidad de la oferta a este precio con descuento, y evitar quiebras y disturbios sociales. Por último, garantiza un nivel mínimo de ingresos para el Estado, aunque mucho menor que si no hubiera descuento con respecto al precio internacional. Esto ha sido confirmado por el director general interino de Minerales y Carbón, quien dijo, como se menciona más adelante, que tenía la intención de encontrar «justicia para las fundiciones que desean los precios más bajos posibles. Pero, por otra parte, debe garantizar que las actividades de la minería del níquel proporcionen un margen suficiente para las empresas mineras.» (93).

(437)

Sobre la base de todas las pruebas disponibles, la Comisión llegó a la conclusión de que, a través del precio regulado, el Gobierno de Indonesia pretendía específicamente garantizar que el precio del mineral de níquel daría lugar a un descuento significativo respecto de los precios del mercado internacional para beneficiar la industria del acero inoxidable. A través de este mecanismo, el Gobierno de Indonesia ejercía un control significativo sobre la capacidad de las empresas mineras de fijar los precios a un nivel diferente en función de la oferta y la demanda normales del mercado.

(438)

Otra prueba que demuestra que las empresas mineras están dotadas de facultades gubernamentales es su designación formal como «objetos nacionales vitales».

(439)

La investigación mostró que las empresas mineras PT. Antam TBK UPBN Southeast Sulawesi, PT. Ceria Nugraha Indotama y PT Vale están formalmente reconocidas como objeto vital nacional en el sector del mineral y el carbón (94). Se recuerda que Antam es una empresa estatal y que el Estado también posee acciones de PT Vale, mientras que PT Ceria Nugraha Indotama es una empresa privada.

(440)

Este estatus se basa en el Decreto n.o 202.K/HK.02/MEM.S/2021 del MERM relativo a la segunda modificación del Decreto n.o 77 K/90/MEMILIKI/2019 del Ministro de Energía y Recursos Minerales relativo a los objetos vitales nacionales en los recursos energéticos y minerales, de 18 de octubre de 2021 (95). Como objetos vitales nacionales se citan treinta cuatro empresas pertenecientes a los sectores del mineral y del carbón.

(441)

Las empresas que tienen derecho a este reconocimiento son empresas vitales para el desarrollo económico del país o fuentes de ingresos estatales de carácter estratégico. Respecto del sector de los minerales y el carbón, Los objetos vitales nacionales serán la primera prioridad de la Policía Nacional de Indonesia en lo que respecta a la asistencia en materia de seguridad cuando haya perturbaciones en las operaciones o amenazas. Con arreglo al Reglamento n.o 63 de 2004, relativo a la seguridad de los objetos vitales nacionales, «[e]l encargado del mantenimiento de los objetos vitales nacionales será responsable de la salvaguardia de cada uno de ellos sobre la base del principio de la seguridad interior». Además, «[l]a Policía Nacional de la República de Indonesia estará obligada a prestar asistencia en materia de seguridad a los objetos vitales nacionales» y «[l]a Policía Nacional de la República de Indonesia desplegó la fuerza de protección de los objetos vitales nacionales en función de la necesidad y la estimación de la amenaza o el desorden que pudiera surgir». La intervención del Estado también está asegurada en caso de que se produzcan acciones de los sindicatos (96).

(442)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que el hecho de que las empresas mineras que operan en el negocio del mineral de níquel –ya sean públicas o privadas– tengan derecho a ser formalmente reconocidas como «objetos vitales nacionales» demuestra una vez más que poseen o ejercen facultades gubernamentales o están dotadas de ellas.

(443)

El entorno jurídico y la evaluación mencionados anteriormente muestran que las empresas mineras que suministran mineral de níquel son «organismos públicos». El entorno jurídico y económico imperante en Indonesia muestra que las empresas mineras desempeñan funciones gubernamentales al suministrar mineral de níquel en nombre del Gobierno de Indonesia. De hecho, el mineral de níquel, al igual que otros minerales en Indonesia, son recursos naturales totalmente controlados y gestionados por el Gobierno de Indonesia. A pesar de la generalizada falta de cooperación del Gobierno de Indonesia, la investigación ha demostrado que varias empresas mineras que representan una producción nacional sustancial de mineral de níquel son propiedad del Estado total o parcialmente, o están gestionadas o controladas por el Gobierno de Indonesia.

(444)

Además de los indicios formales de control, el Gobierno de Indonesia ha creado un marco normativo completo al que deben adherirse las empresas mineras. Como tal, las características esenciales de las empresas mineras muestran que las empresas mineras de níquel, en lugar de ser operadores normales del mercado, simplemente aplican el marco establecido por el Gobierno de Indonesia en el ejercicio de funciones gubernamentales con respecto a la industria del AILF. El carácter sostenido y sistémico de todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia abarca todos los aspectos de la producción y la transformación, la venta, las restricciones a la exportación y los precios de mercado del mineral de níquel, así como el estricto control de las empresas extranjeras a través de las obligaciones de cesión y la designación oficial de las empresas mineras del país como objetos estratégicos nacionales.

(445)

Por tanto, la Comisión concluyó que el Gobierno de Indonesia aporta una contribución financiera en forma de suministro de mineral de níquel a las fundiciones vinculadas a productores de acero inoxidable a través de empresas mineras nacionales que actúan como organismos públicos a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base.

(446)

Además de las conclusiones de que las empresas mineras eran un «organismo público» a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, la Comisión también examinó, con carácter subsidiario, si el Gobierno de Indonesia proporcionó una contribución financiera al encomendar u ordenar a las empresas mineras de mineral de níquel (como organismos privados) la venta de mineral de níquel a los productores de acero inoxidable por una remuneración inferior a la adecuada, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(447)

En el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), segundo guion, del Reglamento de base se establece que existe una contribución financiera cuando los poderes públicos (también denominados «el gobierno»): «encomienden a una entidad privada una o más de las funciones descritas en los incisos i), ii) y iii) que normalmente incumbirían a los poderes públicos, y la práctica no difiera realmente de las prácticas normalmente seguidas por ellos». El tipo de funciones descrito en el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base existe cuando «los poderes públicos proporcionen bienes o servicios que no sean de infraestructura general, o cuando compren bienes...». Estas disposiciones reflejan el artículo 1.1, letra a), punto 1, incisos iii) y iv), del Acuerdo SMC, y deben interpretarse y aplicarse a la luz de la jurisprudencia pertinente de la OMC.

(448)

El Grupo Especial de la OMC del asunto Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones consideró que, de las acepciones corrientes de los términos «encomendar» y «ordenar» en el artículo 1.1, letra a), punto 1, inciso iv), del Acuerdo SMC, se desprende que la acción del gobierno debe incluir una noción de delegación (en lo relativo a encomendar) o de mando (en lo referente a ordenar). Dicho grupo rechazó el «argumento de causa-efecto» de los Estados Unidos y pidió una acción explícita y afirmativa de delegación o de mando. Sin embargo, en un asunto posterior [Estados Unidos – Derechos compensatorios sobre semiconductores para dinámicas de acceso aleatorio (DRAM)], el Órgano de Apelación sostuvo que la sustitución de las palabras «encomienda» y «ordena» por «delegar» y «mandar» es demasiado rígida como norma. Según dicho órgano, el gobierno «encomienda» cuando otorga responsabilidad a una entidad privada y «ordena» cuando ejerce su autoridad sobre una entidad privada. En ambos casos, el gobierno recurre a una entidad privada para que, en su nombre, efectúe la contribución financiera y «en la mayoría de los casos cabría esperar que la encomienda o la orden impartida a una entidad privada entrañara alguna forma de amenaza o estímulo».

(449)

Al mismo tiempo, el artículo 1.1, letra a), punto 1, inciso iv), del Acuerdo SMC no permite a los miembros imponer medidas compensatorias a productos «cuando un gobierno se limite a ejercer sus facultades generales de reglamentación» o cuando la intervención gubernamental pueda dar o no «un resultado particular dependiendo de determinadas circunstancias de hecho y del ejercicio de la libertad de elección por los agentes en dicho mercado». Más bien, la encomienda y la orden implican por parte del gobierno «una función más activa que los meros actos de aliento». Además, la OMC no consideró que «dejar un margen de capacidad discrecional a una entidad privada no excluye necesariamente que le haya impartido una encomienda u orden [...]. Si bien pueden existir casos en que el margen de discrecionalidad que se deje a la entidad privada sea tal que resulte imposible concluir de forma adecuada que se ha encomendado u ordenado a dicha entidad privada (que lleve a cabo una tarea determinada), esta es una cuestión relativa a los hechos y a las pruebas que debe abordarse caso por caso». De acuerdo con estas resoluciones de la OMC, no todas las medidas gubernamentales capaces de conferir beneficios equivalen a una contribución financiera con arreglo al artículo 3 del Reglamento de base y al artículo 1.1, letra a), del Acuerdo SMC.

(450)

En resumen, las resoluciones pertinentes de la OMC establecen lo siguiente:

(451)

En consonancia con esta jurisprudencia, la Comisión examinó la naturaleza de la intervención del Gobierno de Indonesia, es decir, si su intervención implica la encomienda u orden a los productores de mineral de níquel para suministrar a las fundiciones mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada; la naturaleza de las entidades que habían recibido la encomienda u orden, es decir, si los productores de mineral de níquel son entidades privadas a efectos del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base; y la acción de las entidades que habían recibido la encomienda u orden, es decir, si los productores de mineral de níquel que habían recibido dicha encomienda u orden suministran mineral de níquel a las fundiciones indonesias por una remuneración inferior a la adecuada y actúan, por tanto, como sustitutos del Gobierno de Indonesia. Además, la Comisión ha evaluado si la función llevada a cabo normalmente incumbiría al Gobierno, es decir, si el suministro de mineral de níquel a las fundiciones de Indonesia constituye una actividad gubernamental normal y si dicha función no difiere, en sentido real, de las prácticas seguidas normalmente por los gobiernos, es decir si, en sentido real, el actual suministro de mineral de níquel por parte de los productores o empresas mineras difiere de lo que el Gobierno habría hecho.

(452)

En vista de la jurisprudencia de la OMC mencionada en la sección anterior, la Comisión analizó en primer lugar si el apoyo del Gobierno de Indonesia a la industria del acero del país en forma de suministro de mineral de níquel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada es, en efecto, un objetivo de las distintas medidas gubernamentales en cuestión y no solo un «efecto secundario» del ejercicio de las facultades generales de reglamentación. La investigación ha examinado, en particular, si los precios más bajos del mineral de níquel constatados formaban parte de los objetivos gubernamentales o si los precios más bajos eran más bien una consecuencia «involuntaria» de la regulación gubernamental general. La Comisión concluyó que las distintas intervenciones del Gobierno de Indonesia tenían como objetivo apoyar a la industria del acero inoxidable, y que los precios más bajos del mineral de níquel eran el objetivo previsto de dichas medidas.

(453)

El Gobierno de Indonesia adoptó una serie de medidas a lo largo de los años con el fin de alcanzar su objetivo político. En la sección 4.4 se detallan los antecedentes y el contexto pertinentes que llevaron a la decisión del Gobierno de Indonesia de maximizar el valor añadido de las importantes reservas de mineral de níquel mediante el desarrollo de una industria nacional de fundición y de transformación del acero inoxidable. Parte de esta política general del Gobierno de Indonesia consistía en incentivar las fundiciones para crear y mantener la capacidad de fundición de Indonesia, entre otras cosas garantizando precios bajos del mineral de níquel a estas fundiciones y, en particular, mediante restricciones a la exportación en combinación con otras medidas gubernamentales, especialmente, unos requisitos de transformación nacional y un mecanismo obligatorio de fijación de precios para mantener los precios artificialmente bajos.

(454)

En particular, la Ley de minería de 2009 impuso a todas las empresas mineras de mineral de níquel la obligación de construir su propia instalación de transformación y purificación de níquel o de vender su producto a una instalación nacional de ese tipo. Esto constituía una prohibición de facto de las exportaciones de mineral de níquel sin transformar. Entre los principales objetivos declarados de la Ley de minería de 2009 a este respecto se encuentra: «apoyar e incrementar la expansión de las capacidades nacionales de modo que exista una mayor capacidad competitiva a nivel nacional, regional e internacional» [artículo 3, letra d)]. La Ley de minería de 2009 confirma el objetivo del Gobierno de Indonesia de desarrollar la industria transformadora de minerales y garantizar que dicha industria cuente con una ventaja competitiva a escala internacional. Dado que el principal uso del mineral de níquel es la producción de acero inoxidable, está claro que los productores exportadores son los principales beneficiarios de la Ley de minería de 2009.

(455)

Como se explica detalladamente en la sección anterior sobre las empresas mineras que actúan como organismos públicos, el Gobierno de Indonesia ha aplicado, en particular, las siguientes medidas relativas al mineral de níquel que se aplican a todas las empresas mineras, independientemente de que sean empresas públicas o privadas:

(456)

En pocas palabras, la obligación de transformación obligatoria exigía que las fundiciones transformaran el mineral de níquel a escala nacional, lo que demuestra que el Gobierno de Indonesia tenía la intención de garantizar que el mineral de níquel se fabricara y se transformara en el país y que no se exportara. Las subsiguientes restricciones a la exportación de facto o de jure y las prohibiciones a la exportación de mineral de níquel que entraron en vigor a partir de 2014, tras el período transitorio que comenzó en 2009, y en particular la prohibición total de exportación a partir del 1 de enero de 2020, tenían por objeto específico garantizar que el mineral de níquel, además de tener que ser transformado en el país, no pudiera exportarse. En cambio, debía permanecer en el mercado interior para beneficiar a la industria del acero inoxidable y esto conllevó precios interiores del mineral de níquel más bajos.

(457)

Los bajos precios del mineral de níquel derivados de las restricciones a la exportación (y del requisito de transformación nacional) se vieron respaldados por un mecanismo de fijación de precios obligatorio introducido en 2020.

(458)

El Gobierno de Indonesia comenzó a regular determinados aspectos de los precios del mineral de níquel ya en 2010 mediante el artículo 85 del RG 23/2010. La legislación incluía un precio de referencia principalmente para calcular el nivel de los cánones debidos al Gobierno de Indonesia. Todavía no regulaba los precios de transacción entre las empresas mineras y las fundiciones. Además, al principio, el precio de referencia solo se aplicaba a las transacciones nacionales de mineral de níquel. El Gobierno de Indonesia quería garantizar que, dado el nivel potencialmente bajo de los precios interiores respecto de los precios de exportación, el Gobierno pudiera recaudar un nivel de cánones justo sobre las ventas interiores. El mecanismo de fijación de precios establecido en el artículo 85 fue objeto de una modificación importante en 2017 a través del RG 1/2017, por lo que el Gobierno de Indonesia comenzó a regular no solo el precio del mineral de níquel en lo que respecta a los cánones, sino también el precio de transacción real. La versión modificada del artículo 85 del RG 1/2017 dice lo siguiente: «1) Los titulares de IUP de operaciones de producción, tanto para minerales como para carbón, que vendan ambos, deberán referirse al precio de referencia 2) El precio mencionado en el punto 1 lo estipula: a. el Ministerio de metal y del carbón b. el gobernador o regente/alcalde, dependiendo de su función, para los minerales no metálicos y las rocas. 3) El precio, mencionado en el punto 1, se estipula mediante un mecanismo de mercado o en función del precio que se acepte en el mercado internacional. 4) Los detalles sobre la fijación de precios de los minerales metálicos y del carbón se establecen mediante Reglamento ministerial» (97).

(459)

El Gobierno de Indonesia estableció el mecanismo real de fijación de los precios de referencia para las transacciones entre las empresas mineras y las fundiciones a través de sus reglamentos específicos con el fin de lograr un descuento significativo en el precio del mineral de níquel en los mercados internacionales. El precio de referencia para el níquel (HPM) se facilitó mediante una fórmula establecida en el Decreto 2946K/30/MEM/2017 del MERM de la siguiente manera: HPM mineral de níquel = % Ni x FC x HMA níquel. «1. El HPM del mineral de níquel será el precio de referencia del mineral metálico en forma de mineral de níquel en USD/TMS 2. El % Ni es el contenido de níquel en el mineral de níquel. 3. FC es el factor de corrección, que es la cantidad de porcentaje que tiene en cuenta el descuento o el valor de la prima respecto de la calidad de la mercancía que se vende, con arreglo a la disposición de: a. FC para el mineral de níquel con 1,9 % Ni = 20 %; y b. el FC bajará o subirá un 1 % por cada aumento del contenido de Ni en un 0,1 %.». El MERM 7/2017 define el HPM como «el precio de los minerales metálicos determinado en un punto de venta, franco a bordo para cada producto minero de minerales metálicos»; y el HMA como «el precio obtenido del promedio de los precios publicados de los minerales metálicos del mes anterior o el precio en la misma fecha de la transacción con arreglo a la cotización del precio publicado de los minerales metálicos». La cantidad del HMA la determina el Ministerio cada mes y se refiere a precios internacionales como el precio del níquel en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

(460)

Aunque la fórmula para calcular el HPM regulado para el mineral de níquel está vinculada al precio internacional del mineral de níquel, esta fórmula incluye un factor de corrección significativo que garantiza que el precio interior del mineral de níquel indonesio esté significativamente por debajo de los precios internacionales.

(461)

La regulación de precios también muestra de forma específica la intención del Gobierno de Indonesia de regular los precios a un nivel inferior a las condiciones normales de mercado para beneficiar a la industria nacional del acero inoxidable. El mecanismo tenía por objeto lograr un precio con un descuento significativo respecto del precio del mercado internacional. Esto se vio confirmado por varias declaraciones del Gobierno de Indonesia. Este mecanismo de fijación de precios también fue decisivo para los objetivos políticos del Gobierno de Indonesia, ya que garantizaba que las empresas mineras pudieran seguir produciendo y abasteciendo a la industria transformadora, ya que el sesgo de su política en favor de las fundiciones había puesto en peligro la subsistencia de varias empresas mineras.

(462)

El comunicado de prensa n.o 253.Pers/04/SJI/2020 del MERM relativo al nuevo Reglamento sobre el precio de referencia del mineral (98) confirma el hecho de que, a través del mecanismo de precios regulado, el Gobierno de Indonesia tiene la intención de, como objetivo principal, mantener el bajo nivel del precio del mineral de níquel para beneficiar a la industria nacional de fundición, velando al mismo tiempo por que el precio permita la continuación de la producción de mineral de níquel. El director general interino de Minerales y Carbón explica abiertamente que «el Gobierno fijó el HPM por debajo del precio internacional para aumentar las economías de escala de las fundiciones», y que «cuanto más bajo sea el HPM, más económicas resultan las fundiciones. Siempre establecemos el HPM por debajo del precio del mercado internacional». El director de Fomento de la Minería y la Empresa, Yunus Saefulhak, ilustró la fijación del HPM por debajo del precio internacional. «Por ejemplo, si el precio internacional es de 60 USD (por tonelada métrica húmeda), nuestro precio (Indonesia) es de 30 USD (por tonelada métrica húmeda)» (99).

(463)

Otros comentaristas también informan de que, a la hora de fijar el precio del mineral de níquel, el Gobierno de Indonesia estaba atento al interés de las fundiciones. El director general interino de Minerales y Carbón, confirmó que tenía la intención de encontrar «justicia para las fundiciones que desean los precios más bajos posibles. Pero por otro lado, debe garantizarse que las actividades mineras de níquel proporcionen un margen suficiente para la minería» (100) y añadió «Por supuesto, hay que tener en cuenta que, tras el cálculo, el precio medio del mineral sigue estando un 30 % por debajo del precio internacional. Con ello, se pretende fomentar el clima de inversión de las fundiciones para construir instalaciones de transformación y refinado en Indonesia (101)». El precio regulado del mineral de níquel, desconectado de las condiciones del mercado, solo puede funcionar con la aplicación paralela de la prohibición de exportación que impida que las empresas mineras tengan otras oportunidades de venta y la posibilidad de eludir las limitaciones del precio vendiendo sus productos en el extranjero a un precio más alto.

(464)

Sometiendo a las empresas mineras a restricciones a la exportación de mineral de níquel, junto con otras medidas gubernamentales, entre ellas: i) una regulación de precios que mantenga los precios del mineral de níquel artificialmente bajos, y ii) los requisitos de transformación nacional que dan lugar a un exceso de oferta y a precios deprimidos, el Gobierno de Indonesia puso a las empresas mineras de níquel en una situación económicamente irracional, obligándolas a vender el mineral de níquel en el país a precios artificialmente deprimidos respecto de los precios sustancialmente más altos que, de otro modo, podrían haber obtenido de muchos más clientes potenciales en ausencia de las obligaciones de las licencias y del mecanismo de fijación de precios. Por tanto, las empresas mineras de mineral de níquel se ven privadas de una opción comercial racional y se ven inducidas a cumplir el objetivo político del Gobierno de Indonesia de favorecer a la industria del acero inoxidable.

(465)

Sobre la base de los datos facilitados por el Gobierno de Indonesia en relación con la producción y el consumo de mineral de níquel en el país, suponiendo que estos datos sean exactos como afirma el Gobierno de Indonesia (véanse los considerandos 348) y (351), la producción de mineral de níquel es considerablemente superior al consumo de mineral de níquel.

(466)

En otras palabras, estas medidas tomadas en conjunto constituyen una acción explícita y afirmativa del Gobierno de Indonesia de delegación o mando sobre las empresas mineras de mineral de níquel con el fin de proporcionar este mineral a las fundiciones por una remuneración inferior a la adecuada. El papel del Gobierno de Indonesia fue mucho más allá de una intervención ordinaria como regulador del mercado en el sector minero. Las medidas pertinentes no solo regulaban aspectos generales del mercado, sino que imponían un comportamiento específico a las empresas mineras, obligándolas a transformar el mineral en el país, cerrando los mercados de exportación y regulando un precio con un descuento significativo en el mercado internacional. Todas estas medidas se adoptaron con el fin de que las empresas mineras proporcionaran mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada para beneficiar a la industria transformadora. Esa intención quedó clara a través de numerosas declaraciones políticas y medidas.

(467)

Al obligar a las empresas mineras a cumplir estas medidas (incluso mediante sanciones y la revocación de las licencias, véanse los considerandos 337 a 375), el Gobierno de Indonesia privó a dichas empresas de la posibilidad de elegir libremente sus estrategias de producción y venta de acuerdo con las consideraciones del mercado. En otras palabras, estas medidas constituyen claramente un «vínculo demostrable» entre el acto gubernamental y la conducta de las empresas mineras privadas. El Gobierno de Indonesia utilizó a las empresas mineras como sustitutas para apoyar a las fundiciones y a los productores de acero inoxidable. Además, la Comisión ya observó que el Gobierno de Indonesia gestiona y controla la extracción de recursos naturales, incluido el mineral de níquel, en el marco de sus funciones gubernamentales (véase el considerando 374). Por tanto, el suministro de mineral de níquel puede considerarse una función que normalmente corresponde al Gobierno en virtud del ejercicio de sus facultades reguladoras.

(468)

De hecho, en lugar de proporcionar mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada directamente a la industria del acero inoxidable con el fin de alcanzar los objetivos de política pública del Gobierno de Indonesia de atraer capacidad de fundición a través de bajos precios del mineral de níquel, el Gobierno de Indonesia indujo a las empresas mineras, a través de un conjunto de leyes y reglamentos cuidadosamente específicos, a hacerlo en su nombre.

(469)

En las observaciones sobre la divulgación final, el Gobierno de Indonesia se opuso en primer lugar a la referencia a la Constitución de 1945 en el considerando 374 por ser totalmente irrelevante en el contexto del establecimiento de la contribución financiera. A este respecto, el Gobierno de Indonesia recordó el principio de soberanía del Estado, que incluye el principio de soberanía sobre los recursos nacionales, reconocido por el Grupo Especial de la OMC en el asunto China – Materias primas (102).

(470)

La Comisión observó de entrada que la referencia a la Constitución de 1945 se entiende sin perjuicio del principio de soberanía del Estado, incluido el principio de soberanía sobre los recursos naturales. De hecho, la Comisión no cuestionó la posibilidad o la capacidad del Gobierno de Indonesia de adoptar decisiones políticas y reglamentarias. La única conclusión que la Comisión extrajo en el considerando 374 de la Constitución de 1945, junto con la Ley de minería de 2009, es que todos los minerales de Indonesia son recursos naturales públicos, controlados y utilizados por el Estado. La Comisión no estableció, sobre la base de la cita de la Constitución de 1945 limitada únicamente al artículo 33, apartado 2, que el Gobierno de Indonesia aportara una contribución financiera en el contexto del suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada. La pertinencia de la Constitución de 1945 se justifica por el hecho de que su artículo 33 se menciona dos veces en el preámbulo de la Ley de minería de 2009, que regula realmente el sector minero y garantiza la aplicación del principio consagrado en la Constitución de 1945. Además, la Comisión señaló que el principio de soberanía del Estado no excluye que determinadas opciones políticas y reglamentarias, adoptadas libremente por el Gobierno de Indonesia, puedan considerarse, junto con todas las demás pruebas disponibles, como una contribución financiera a efectos de las obligaciones del Gobierno en el marco de la OMC. En efecto, en China – Materias primas, el Grupo Especial, si bien reconoce que «la capacidad de suscribir acuerdos internacionales -como el Acuerdo sobre la OMC- es un ejemplo paradigmático del ejercicio de la soberanía» (103), recordó que «los Miembros deben ejercer su soberanía sobre los recursos naturales de manera compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la OMC» (104). Por consiguiente, en cuanto al fondo del asunto, en China – Materias primas, el Grupo Especial recomendó (105), y el Órgano de Apelación confirmó (106) que China debía poner sus derechos de exportación y contingentes de exportación relativos a determinadas materias primas en conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC. Por tanto, la Comisión consideró pertinente la referencia a la Constitución para comprender el contexto jurídico y desestimó la objeción.

(471)

El Gobierno de Indonesia también alegó que las leyes, reglamentos y políticas mineras citados por la Comisión son irrelevantes en el contexto del establecimiento de la contribución financiera, ya que no intervienen en las transacciones comerciales entre operadores de empresas. El Gobierno de Indonesia alegó que la Comisión interpretó erróneamente el significado del término «control» incluido en una serie de disposiciones, que en realidad se refería a la actividad de gestión y supervisión de las empresas mineras o a las actividades de lucha contra la minería ilegal, con el fin de evitar los daños medioambientales causados por las actividades mineras y garantizar que la exploración minera se ajuste plenamente a las buenas prácticas mineras. A este respecto, el Gobierno de Indonesia se refería a las definiciones de dirección, supervisión, protección pública y directrices de aplicación incluidas en el capítulo XIX de la Ley de minería de 2009 y en el artículo 3 del RG 55/2010, instando a la Comisión a tener en cuenta toda la legislación, incluidas las medidas de ejecución, en particular el RG 55/2010. El Gobierno de Indonesia consideró que estas disposiciones no demostraban que interviniera en transacciones comerciales privadas e instruyera a las empresas mineras para que suministraran mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada.

(472)

Más concretamente, el Gobierno de Indonesia cuestionó el papel que la Comisión le atribuía en el mercado del mineral de níquel en el considerando 327, remitiéndose al preámbulo del MERM 26/2018 relativo a la aplicación de buenas normas en materia de minería y a la supervisión de la minería de minerales y carbón, que aplica el RG 55/2010 y afirma que la tarea del Gobierno de Indonesia es únicamente supervisar y proporcionar orientaciones para la aplicación de buenos principios y prácticas en materia de minería.

(473)

Asimismo, el Gobierno de Indonesia reaccionó a la conclusión del considerando 374 de que controla todos los recursos naturales con la afirmación de que necesita controlar el sector minero para evitar el impacto negativo de las actividades mineras, como la degradación del medio ambiente y la contaminación en relación con las zonas mineras.

(474)

La Comisión consideró, en primer lugar, que debía tener en cuenta todos los actos legislativos o reglamentarios pertinentes relativos al sector minero, incluido el reglamento de ejecución, para llegar a una conclusión sobre la contribución financiera en el marco del suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada. Una valoración jurídica basada únicamente en información parcial y en pruebas del expediente que dejara de lado información y pruebas potencialmente pertinentes socavaría la exactitud y la adecuación de las conclusiones de la Comisión. Por tanto, la Comisión tenía la obligación jurídica de analizar todas las pruebas pertinentes, contrariamente a lo que afirma el Gobierno de Indonesia. Por consiguiente, se rechazó este argumento.

(475)

En cuanto al resto de afirmaciones, las alegaciones según las cuales la Comisión interpretó erróneamente el significado del término «control» y las citas parciales y limitadas de determinados actos legislativos no pueden, como tales, revertir las conclusiones de la Comisión.

(476)

De hecho, la Comisión no niega el hecho de que el control del Gobierno de Indonesia a través de la gestión y la supervisión se ejerce también para luchar contra la minería ilegal, prevenir los daños medioambientales y garantizar las buenas prácticas mineras. Sin embargo, el control del Gobierno de Indonesia no se limita únicamente a estas actividades. Tal y como la investigación y las pruebas han demostrado ampliamente, el control del Gobierno de Indonesia también se realizaba con vistas al objetivo general de desarrollar la industria de transformación nacional, entre otras cosas mediante el control de los precios de producción y venta del mineral de níquel. El hecho de que el control pueda tener otros objetivos paralelos o accesorios no desvirtúa esta realidad. Esto ya sería suficiente para desestimar esta alegación.

(477)

En aras de la exhaustividad, la Comisión también analizó las definiciones de «dirección», «supervisión» y «protección pública» del capítulo XIX de la Ley de minería de 2009. La Comisión señaló que se refieren a la actividad de dirección y supervisión que el Gobierno central de Indonesia ejerce sobre los niveles provincial y de distrito o ciudad dentro de sus competencias respecto de la gestión del sector minero. Esto se desprende claramente de los apartados que introducen las definiciones comunicadas por el Gobierno de Indonesia, a saber, el artículo 139: «El Ministerio dará instrucciones sobre la gestión de las actividades mineras llevadas a cabo por las administraciones provinciales y de distrito o ciudad en el marco de sus facultades», y el artículo 140, apartado 1: «El Ministerio supervisará la gestión de las actividades mineras llevadas a cabo por las administraciones provinciales y de distrito o ciudad en el marco de sus facultades». Esto se ve confirmado por las atribuciones del Gobierno central de Indonesia en el artículo 6, apartado 1, de la Ley de minería de 2009, en el que en la letra n) se incluye «dirigir y supervisar la gestión de la minería de minerales y carbón que realizan los Gobiernos regionales». Por tanto, la actividad de dirección y supervisión, y sus definiciones, se refieren a la dirección y supervisión del Gobierno central de Indonesia en relación con los niveles gubernamentales locales. Sin embargo, esto constituye simplemente una de las atribuciones al Gobierno central de Indonesia. La Comisión observa, por ejemplo, que el Gobierno de Indonesia no hizo referencia en sus argumentos al capítulo III de la Ley de minería de 2009, titulado expresamente «Control de minerales y carbones». Este control se ejerce en todos los niveles del Gobierno de Indonesia (artículo 4, apartado 2: «será llevado a cabo por el Gobierno y los Gobiernos regionales»), en contraposición a la dirección y supervisión del capítulo XIX ejercidas específicamente por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Por otra parte, el artículo 5 de la Ley de minería de 2009 desarrolla más el concepto de control, indicando que «en el interés nacional [...] el Gobierno [...] puede adoptar una política de preferencia por las necesidades nacionales de minerales o carbón» (apartado 1), que «los intereses nacionales [...] pueden realizarse mediante la supervisión de la producción y la exportación» (apartado 2) y que «en el ejercicio de la supervisión [...] el Gobierno estará facultado para fijar la cantidad anual de producción de cualquier producto básico en cualquier provincia» (apartado 3). La supervisión a que se refiere el artículo 5 es muy diferente de la contemplada en el capítulo XIX. De hecho, no puede encontrarse ninguna referencia a la producción y la exportación en la definición de supervisión comunicada por el Gobierno de Indonesia incluida en el artículo 141 del capítulo XIX de la Ley de minería de 2009. El Gobierno de Indonesia no proporcionó ninguna prueba de que la noción de control se defina como supervisión en el artículo 141, ni de que la supervisión a que se refiere el artículo 5 se defina en el artículo 141. De hecho, la definición de supervisión del artículo 141 se refiere claramente a la «supervisión prevista en el artículo 140», es decir, a la supervisión del Gobierno central de Indonesia sobre los niveles gubernamentales locales respecto de la gestión del sector minero.

(478)

De nuevo, también con referencia al artículo 3 del RG 55/2010, el Gobierno de Indonesia hace una lectura parcial de la legislación. De hecho, aunque la Comisión no cuestiona la definición de orientación que figura en el artículo 3, señala que esto no es pertinente para la evaluación del control. Lo relevante, por ejemplo, es el hecho de que «[e]l ministro, el gobernador, el regente o alcalde, en función de sus facultades, supervisarán la ejecución de la gestión de las empresas mineras...» (artículo 13, apartado 2), de que «la supervisión a que se refiere el artículo 13, apartado 2, se llevará a cabo sobre lo siguiente: [...] b. la comercialización» [artículo 16, letra b)] y, por último, que «[l]a supervisión de la comercialización a que se refiere el artículo 16, letra b), debe incluir, como mínimo, lo siguiente: a. la realización de la producción y la venta, incluidas la calidad, la cantidad y el precio de los minerales y del carbón» (artículo 22). El Gobierno de Indonesia no abordó ninguna de estas bases jurídicas claras para su control e intervención en la fijación de los precios del mineral de níquel.

(479)

Además, en relación con el MERM 26/2018, la Comisión no negó que, según su preámbulo, la tarea del Gobierno de Indonesia consiste únicamente en supervisar y proporcionar orientaciones para la aplicación de buenos principios y prácticas en materia de minería. La Comisión considera que esta afirmación por sí sola no es suficiente para describir el papel del Gobierno de Indonesia. Por el contrario, cabe señalar que la definición de buenas prácticas mineras «incluirá [...] b. la gobernanza de las actividades mineras» [artículo 3, apartado 2, letra b)], que, a su vez, «incluirá la ejecución de: a. la comercialización» [artículo 3, apartado 4, letra a)]. Estas disposiciones relativas a la comercialización las aplican los titulares de IUP e IUPK para las operaciones de producción y consistirán, como mínimo, en: ... c. el precio de venta de los minerales y del carbón guiado por el precio de referencia del mineral, el precio de referencia del carbón o el precio de venta estipulado por el Ministerio; d. la fijación de precios en los contratos de venta pertinentes, guiados por el precio de referencia del mineral o el precio de referencia de carbón [artículo 30, apartado 1, letras c) y d)]. También en este caso, el Gobierno de Indonesia se basó en citas selectivas y, de forma deliberada, no abordó las disposiciones más pertinentes de los actos legislativos que citó en su escrito. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(480)

Además, el Gobierno de Indonesia sostuvo que las empresas mineras y las fundiciones de mineral de níquel eran totalmente libres e independientes respecto del Gobierno a la hora de negociar sus transacciones comerciales, incluido el precio del mineral de níquel. Según el Gobierno de Indonesia, el HPM tenía por objeto garantizar i) el pago de cánones, y ii) la equidad comercial, por lo que el HPM sirvió también como precio mínimo obligatorio del mineral de níquel.

(481)

Para empezar, la Comisión señaló que es contradictorio en sí mismo que el Gobierno de Indonesia alegue que, por una parte, las empresas mineras y las fundiciones de mineral de níquel son totalmente libres para negociar el precio del mineral de níquel y, por otra parte, que el HPM servía de precio mínimo obligatorio. La propia existencia del HPM y su papel demuestra que las empresas mineras y las fundiciones de mineral de níquel no son totalmente libres para negociar los precios del mineral de níquel. Por otra parte, la alegación de que el HPM es un precio mínimo se contradice con las abrumadoras pruebas que figuran en el expediente, que muestran que, en la práctica, los precios del mineral de níquel se correspondieron con el HPM en las transacciones entre partes vinculadas y no vinculadas durante todo el período (véase el considerando 518). Esto demuestra que el HPM era un mecanismo de precios regulado y obligatorio seguido por todas las partes, y que sus mecanismos a través del factor de corrección arbitrario se diseñaron y se aplicaron para garantizar un descuento significativo respecto de los precios internacionales del mineral de níquel. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(482)

En respuesta a la conclusión de que el precio del mercado interior indonesio se mantiene significativamente por debajo de los precios internacionales, el Gobierno de Indonesia afirmó que ningún reglamento interviene en este sentido. El Gobierno de Indonesia alegó que, por el contrario, según el MERM 7/2017, el HPM se determinaba sobre la base del precio de mercado vigente y que su introducción obligatoria con arreglo al MERM 11/2020 muestra cómo mantiene el precio internacional, ya que el HPM incluye el HMA, que incorpora un elemento del precio internacional. A pesar de ello, el Gobierno de Indonesia sostuvo que las decisiones comerciales en las transacciones dependían plenamente de las partes, sin intervención alguna del Gobierno.

(483)

La Comisión rechazó firmemente la alegación del Gobierno de Indonesia por considerarla infundada. En efecto, si bien es cierto que el HPM hace referencia al HMA, que refleja el precio internacional del níquel según la Bolsa de Metales de Londres, el HMA se ajusta después mediante un factor de corrección arbitrario, como se explica en el considerando 460. Este factor de corrección introduce un importante «valor de descuento o prima respecto de la calidad del producto de base que se vende» (anexo del Decreto n.o 2946 K/30/MEM/2017 del MERM), que garantiza que los precios nacionales del mineral de níquel se mantengan siempre por debajo de los niveles internacionales. Por consiguiente, se rechazó este argumento.

(484)

En cuanto al papel de las empresas mineras que actúan como organismos públicos, el Gobierno de Indonesia alegó, en relación con el considerando 373, que nunca autorizó a dichas empresas a desempeñar funciones gubernamentales y que en el expediente no existen pruebas al respecto.

(485)

El Gobierno de Indonesia también especificó, en respuesta al considerando 375, que nunca determinó a quién deberían haber vendido las empresas mineras el mineral de níquel para su transformación posterior. En particular, el Gobierno de Indonesia hace referencia al artículo 104, apartado 1, de la Ley de minería de 2009, en el que la expresión «podrá cooperar con» implica que las empresas mineras son libres de cooperar con otros operadores comerciales.

(486)

La Comisión observó que la conclusión de que las empresas mineras de mineral de níquel actúan como organismos públicos se deriva del abrumador conjunto de pruebas y de las consiguientes conclusiones expuestas en los considerandos 371 a 445. En cuanto a las instrucciones sobre a quién deben vender mineral de níquel las empresas mineras, la Comisión reconoció que el Gobierno de Indonesia no obliga directamente a las empresas mineras a cooperar con otros titulares de permisos de actividad minera o de permisos especiales de actividad minera. Sin embargo, las empresas mineras tienen la obligación de aumentar el valor añadido de su producción con arreglo al artículo 102 de la Ley de minería de 2009. Así pues, si no pueden hacerlo por sí solos, deben cooperar con otros titulares de permisos de actividad minera o de permisos especiales de actividad minera. Una vez que deciden cooperar, la Ley de minería de 2009 restringe considerablemente el número de posibles partes cooperantes, afirmando en el artículo 103 que la producción debe transformarse en el país y limitando la participación en la transformación de la producción a los titulares de permisos de actividad minera o de permisos especiales de actividad minera. Además, los permisos de actividad minera o los permisos especiales de actividad minera los expide el Gobierno de Indonesia. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(487)

Asimismo, el Gobierno de Indonesia alegó que nunca determinó qué empresas y zonas estaban autorizadas a extraer mineral de níquel. Declaró que los permisos de actividad minera tienen una función de control y de regulación con el fin de garantizar que las actividades no entren en conflicto entre ellas y que no se haga un uso indebido de los permisos concedidos. Para apoyar esto, el Gobierno de Indonesia se refirió al MERM 7/2020, que afirma que la finalidad de los permisos de actividad minera es garantizar la seguridad jurídica, velar por la eficacia y la eficiencia de las actividades mineras y fomentar el desarrollo empresarial. De nuevo, el Gobierno de Indonesia pidió a la Comisión que examinara también los reglamentos de ejecución, como el MERM 25/2018 relativo a las actividades de minería de minerales y de carbón, que explica la planificación y las etapas administrativas para la extracción del mineral de níquel. En particular, por lo que se refiere a los planes de trabajo y prepuestos anuales obligatorios, el Gobierno de Indonesia recordó que la cantidad de mineral de níquel que se ha de extraer depende de las conclusiones del estudio de exploración y viabilidad preparado por las empresas. El Gobierno de Indonesia aprueba el plan de trabajo y presupuesto anual obligatorio siempre que esté en consonancia con el estudio de viabilidad y solo exige a las empresas mineras que transformen el mineral hasta un determinado nivel de purificación. El Gobierno de Indonesia alegó que este requisito es normal y no se deriva de la industria del acero inoxidable.

(488)

La Comisión señaló que los diferentes objetivos de la expedición del permiso de actividad minera no afectaban a la conclusión de que el Gobierno de Indonesia determina, a través de los permisos de actividad minera, qué empresas están autorizadas a extraer mineral de níquel. Por otra parte, la Comisión observa que el Gobierno de Indonesia no cuestionó la conclusión de que, a través de una decisión de planificación a nivel nacional y local, este determina qué zonas están autorizadas a extraer mineral de níquel. Además, la Comisión confirmó que sí tuvo en cuenta el MERM 25/2018 en su análisis y que ello no dio lugar a conclusiones diferentes de las del presente Reglamento. Por último, en relación con los planes de trabajo y presupuestos anuales obligatorios, la Comisión señaló que el Gobierno de Indonesia no proporcionó estudios de viabilidad completos y evitó entablar conversaciones sobre cómo se fijan los objetivos de producción de cada empresa y cómo controla y actúa después con respecto a la producción realmente alcanzada durante el período a que se refiere el estudio de viabilidad. Debido a la falta de cooperación sobre este importante aspecto, la Comisión tuvo que basarse en inferencias sobre la base del artículo 28 del Reglamento de base. Por consiguiente, se rechazaron estas alegaciones, que no se fundamentaron como tales.

(489)

En respuesta a la conclusión del considerando 393 de que gran parte de las empresas mineras de mineral de níquel son propiedad del Gobierno de Indonesia, este último recordó que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley n.o 19 de 2003, las empresas de propiedad estatal se establecen con el objetivo de maximizar los beneficios en sus operaciones comerciales.

(490)

A este respecto, el Gobierno de Indonesia afirmó que el establecimiento de encomienda y orden a las empresas mineras requeriría una legislación escrita que no existe en este caso. El Gobierno de Indonesia señaló el ejemplo del sector del carbón, en el que el Decreto n.o 261 del MERM de 2019 introdujo un precio máximo para el carbón destinado a la producción pública de electricidad. En cambio, el Gobierno de Indonesia alegó que dicho techo no existe para la industria del mineral de níquel o del acero inoxidable. El Gobierno de Indonesia reiteró que el único requisito es la transformación adicional del mineral de níquel para alcanzar una determinada purificación mínima, de conformidad con el MERM 25/2018.

(491)

El Gobierno de Indonesia sostuvo que en el presente caso no puede encontrarse ninguno de los tres elementos de la existencia de encomienda y orden, tal y como explicó el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones (107). Añadió que la encomienda y la orden no pueden ni siquiera constatarse sobre la base de los efectos económicos de una medida gubernamental, refiriéndose al Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Medidas compensatorias sobre la madera blanda procedente de Canadá (108).

(492)

La Comisión observó que el hecho de que las empresas públicas se establezcan con el objetivo de maximizar los beneficios con arreglo a la legislación no cuestiona la propiedad estatal ni todos los demás elementos que sustentan la conclusión de que las empresas mineras de mineral de níquel actuaban como organismos públicos. La existencia de las medidas relativas a la transformación nacional obligatoria, las restricciones a la exportación y el mecanismo de precios obligatorio indican que estas empresas de propiedad estatal y otras empresas mineras, lejos de aspirar a maximizar los beneficios, se vieron obligadas a seguir un comportamiento económico irracional mediante la obligación de transformar el mineral en el país, y no tenían permitido exportar y, por tanto, lograr un precio más elevado en los mercados internacionales. Incluso en el mercado nacional solo podían vender al precio bajo establecido por el Gobierno (es decir, el HPM). Por tanto, el entorno jurídico creado por el Gobierno de Indonesia es objetivamente incompatible con el supuesto objetivo legislativo de estas empresas de maximizar sus beneficios.

(493)

Por lo que se refiere a la encomienda y la orden, la Comisión señaló de entrada que sus principales constataciones concluían que las empresas mineras de mineral de níquel actuaban como organismos públicos. Por tanto, incluso si esta alegación del Gobierno de Indonesia estuviera fundada, que no es el caso, no tendría ningún efecto en la conclusión relativa a la contribución financiera de un Gobierno o de un organismo público. En esencia, la Comisión demostró en los considerandos 446 a 499 la existencia de encomienda y orden por parte del Gobierno de Indonesia en relación con las empresas mineras. Se consideró que las pruebas encontradas cumplían las condiciones y requisitos establecidos en la jurisprudencia pertinente de la OMC. Como recuerda la Comisión en el considerando 448, las conclusiones del asunto Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones deben leerse junto con las conclusiones del Órgano de Apelación, como también reconoció el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Medidas compensatorias sobre la madera blanda procedente de Canadá. La combinación de las medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia, incluidas las obligaciones de transformación nacional, las restricciones a la exportación y el mecanismo de fijación de precios obligatorio, así como las declaraciones realizadas al respecto, mostraron que el Gobierno de Indonesia aplicó estas medidas de forma deliberada para encomendar u ordenar a los proveedores de mineral de níquel el suministro de dicho mineral por una remuneración inferior a la adecuada. Por consiguiente, los efectos conseguidos mediante estas medidas no fueron involuntarios ni un mero resultado de los efectos económicos de dichas políticas. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(494)

En relación con la prohibición de exportación mencionada en los considerandos 405 a 413, el Gobierno de Indonesia alegó que no estaba diseñada para distorsionar el precio del mineral de níquel en Indonesia. Su objetivo era preservar las reservas minerales y el medio ambiente. El Gobierno de Indonesia también reiteró que las transacciones de mineral de níquel se realizaron de forma independiente, sin su intervención y con el HPM como precio mínimo, determinado por el precio y las prácticas vigentes en el mercado internacional.

(495)

A este respecto, el Gobierno de Indonesia recordó al Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones, que sostenía que el tratamiento de las limitaciones de las exportaciones como contribución financiera basada en la mera reacción a una medida era incompatible con el Acuerdo SMC (109). El Grupo Especial afirmó que la existencia de una contribución financiera debía demostrarse mediante referencia a la acción de un Gobierno. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Indonesia alegó que simplemente está ejerciendo sus funciones y que su política en materia de mineral de níquel no es una acción orientada a conceder subvenciones. El Gobierno de Indonesia afirmó que las conclusiones de la Comisión se refieren a la reacción o el efecto de la política relativa al mineral de níquel.

(496)

La Comisión se refirió a sus argumentos en el considerando 493 y señaló que sus conclusiones sobre la existencia de una contribución financiera no se basan únicamente en la prohibición de exportación introducida por Indonesia, sino en un conjunto de medidas y mecanismos puestos en marcha por el Gobierno de Indonesia, entre los que figuran en particular, la obligación de transformación nacional, los planes de trabajo y presupuestos anuales obligatorios, la obligación de cesión, el mecanismo de fijación de precios del mineral de níquel y la designación de las empresas mineras como «objetos vitales nacionales». La aplicación concertada de todas estas medidas se refiere a la acción deliberada del Gobierno de Indonesia para alcanzar su objetivo político de beneficiar a la industria de transformación del níquel y, principalmente, a los productores de AILF. Por consiguiente, se consideró que la alegación era infundada y se rechazó.

(497)

En respuesta a la conclusión del considerando 330 relativa a la relación entre la política del Gobierno de Indonesia en materia de mineral de níquel y la cooperación entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China, el Gobierno de Indonesia alegó que el acuerdo entre ambos Gobiernos sobre la ampliación y profundización de la cooperación económica y comercial bilateral no tiene ninguna relación con el suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada. De hecho, según el Gobierno de Indonesia, la cooperación con el Gobierno de China no se limitó a la industria del acero inoxidable. En cualquier caso, el Gobierno de Indonesia recordó que la aplicación de cualquier acuerdo internacional está sujeta a la legislación indonesia, que es aplicable a todos los operadores del mercado en Indonesia.

(498)

La Comisión señaló que la cooperación entre el Gobierno de China y el Gobierno de Indonesia, tal como se constató en la presente investigación, puso de manifiesto que el acceso al mineral de níquel indonesio era uno de los principales objetivos de la cooperación de China en el proyecto Morowali. El acuerdo entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China sobre la ampliación y profundización de la cooperación económica y comercial bilateral se remonta a 2011, en un momento en el que las exportaciones de mineral de níquel a China eran elevadas, como muestra el cuadro 2, y la prohibición de exportación de 2014 aún no estaba en vigor. No obstante, el Acuerdo ya incluía una referencia a la «industria del acero» (artículo III) como uno de los ámbitos de cooperación, ya que la Ley de minería de 2009 ya preveía una obligación de transformación nacional sujeta a un período de gracia de cinco años. En cualquier caso, el objetivo de la cooperación china no tiene ninguna influencia en las conclusiones relativas a la sujeción a medidas compensatorias del suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada, ya que afectaba únicamente al contexto en el que se ejecutó dicho programa. Pero lo que si fue pertinente para la conclusión sobre este programa son las medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(499)

Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que existían pruebas suficientes de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia tenían por objeto encomendar u ordenar a las empresas mineras del níquel que cumplieran los objetivos políticos en beneficio de la industria del acero inoxidable de una manera que equivaliera a una subvención sujeta a derechos compensatorios, tal como se especifica en el artículo 3, apartado 1, letra a), incisos iv) y iii), del Reglamento de base, tal como se interpreta y aplica en consonancia con la norma pertinente de la OMC en virtud del artículo 1.1, letra a), incisos iv) y iii), del Acuerdo SMC.

(500)

La Comisión concluyó que las empresas mineras de mineral de níquel constituían un organismo público o recibían encomienda u orden del Gobierno de Indonesia para suministrar mineral de níquel a la industria del acero inoxidable.

(501)

En el siguiente paso, la Comisión evaluó si las empresas mineras, que actuaban como organismos públicos o que recibían encomienda u orden del Gobierno de Indonesia, suministraban efectivamente mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada. Para ello, fue necesario un análisis detallado de la evolución del mercado indonesio en comparación con una referencia adecuada.

(502)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, el artículo 5 y el artículo 6, letra d) del Reglamento de base, la Comisión valoró el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias en términos del beneficio obtenido por el receptor, cuya existencia se determinó durante el período de investigación.

(503)

Por consiguiente, la Comisión evaluó en primer lugar si los precios fijados por las empresas mineras en Indonesia podían constituir un valor de referencia adecuado.

(504)

Como se indica en los considerandos 435 a 437, la investigación puso de manifiesto que los precios del mineral de níquel estaban sujetos a un mecanismo de fijación de precios por parte del Gobierno y a otras intervenciones gubernamentales que impedían la dinámica normal del mercado de la oferta y la demanda para determinar el precio.

(505)

Como se recuerda en el considerando 458, el Gobierno de Indonesia comenzó a regular determinados aspectos de los precios del mineral de níquel ya en 2010.

(506)

Con la introducción progresiva de restricciones a la exportación y el resto de medidas a partir de 2014 para alcanzar su objetivo de establecer la industria de transformación del acero inoxidable en el mercado nacional y apoyar este establecimiento, entre otras cosas, a través de precios bajos del mineral de níquel, el Gobierno de Indonesia modificó de forma progresiva la forma de fijación del precio. Estas políticas del Gobierno de Indonesia lograron con éxito su objetivo de crear un exceso de suministro de mineral de níquel en el mercado indonesio para beneficiar a la industria del acero inoxidable. Como consecuencia, esta industria obtuvo un considerable poder en materia de fijación de precios frente a las empresas mineras, por lo que los precios del mineral de níquel se deprimieron significativamente en Indonesia.

(507)

En este contexto, como ya se ha explicado anteriormente, el mecanismo de fijación de precios establecido en el artículo 85 se modificó en 2017, cuando el Gobierno de Indonesia comenzó a regular no solo el precio del mineral de níquel en lo que respecta a los cánones, sino también el precio real de transacción.

(508)

Se recuerda que el Gobierno de Indonesia estableció el mecanismo real de fijación de los precios de referencia para las transacciones entre las empresas mineras y las fundiciones mediante sus reglamentos específicos con el fin de lograr un descuento significativo en el precio del mineral de níquel en los mercados internacionales. El precio de referencia del níquel (HPM) se estableció mediante una fórmula definida en el Decreto 2946K/30/MEM/2017 del MERM («MERM 7/2017) de la siguiente manera: HPM mineral de níquel = % Ni x FC x HMA níquel. 1. El HPM del mineral de níquel será el precio del mineral metálico en forma de mineral de níquel en USD/TMS 2. El % Ni es el contenido de níquel en el mineral de níquel. 3. FC es el factor de corrección, que es la cantidad de porcentaje que tiene en cuenta el descuento o el valor de la prima respecto de la calidad de la mercancía que se vende, con arreglo a la disposición de: a. FC para el mineral de níquel con 1,9 % Ni = 20 %; y b. el FC bajará o subirá un 1 % por cada aumento del contenido de Ni en un 0,1 %.. El MERM 7/2017 define el HPM como «el precio de los minerales metálicos determinado en un punto de venta, franco a bordo para cada producto minero de minerales metálicos»; y el HMA como «el precio obtenido del promedio de los precios publicados de los minerales metálicos del mes anterior o el precio en la misma fecha de la transacción con arreglo a la cotización del precio publicado de los minerales metálicos». La cantidad del HMA la determina el Ministerio cada mes y se refiere a precios internacionales como el precio del níquel en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

(509)

Además, el artículo 2 del MERM 7/2017 dice lo siguiente: «1) Los titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos, IUP de operaciones de producción de carbón, IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos e IUPK de operaciones de producción de carbón deberán guiarse por el HPM y el HPB a la hora de vender productos de minerales metálicos o de carbón».

(510)

El Gobierno de Indonesia alegó que el HPM estaba vinculado a los precios internacionales y que debía tomarse como precio base de la transacción real entre los productores y los compradores de mineral de níquel. La Comisión señala que, aunque la fórmula para calcular el HPM regulado para el mineral de níquel está vinculada a su precio internacional, dicha fórmula incluye un factor de corrección significativo que garantiza que el precio interior del mineral de níquel indonesio esté significativamente por debajo de los precios internacionales. Debido a su propia mecánica, el precio real de las transacciones debe garantizar un descuento significativo en relación con los precios internacionales.

(511)

Aunque el HPM no era un precio obligatorio en ese momento, era importante para proteger a los agentes de la minería y la fundición a la hora de comprar y vender los minerales. El director general del MERM indicó que el Gobierno aplicaría el precio en octubre de 2017 y que se anunciaría con una periodicidad mensual. Además, se señaló que el «HPM se convertirá en una referencia para que las empresas mineras no vendan a un precio más alto y que los empresarios de la fundición no compren níquel a un precio muy inferior al precio de mercado. En este caso, el Gobierno no quiere que una parte sea superior a la otra a la hora de fijar los precios de los productos» (110). Así lo confirma una publicación de la Asociación de Empresas de la Industria de Transformación y Refinamiento de Indonesia (AP3I) de septiembre de 2017, en la que se mencionaba que el HPM tenía el objetivo de proteger a las empresas de fundición y mineras en las transacciones de venta y compra de minerales (111). En otras palabras, el HPM —establecido en un nivel muy por debajo del precio internacional— se convirtió en el precio de referencia para el mineral de níquel en Indonesia.

(512)

A medida que la política del Gobierno de Indonesia de desarrollar la industria del acero inoxidable se aplicaba de forma efectiva y exitosa, la depresión resultante en los precios del mineral de níquel, junto con el poder adquisitivo de la industria del acero inoxidable impulsado por el Gobierno exacerbaba la difícil situación financiera de las empresas mineras, la mayoría de las cuales corría el riesgo de quebrar. Las empresas mineras también organizaron protestas y disturbios sociales debido a este sesgo que favorecía a la industria del acero inoxidable. Por consiguiente, el Gobierno de Indonesia tuvo que recurrir al HPM como una forma de favorecer a la industria del acero inoxidable y evitar al mismo tiempo que las empresas mineras quebraran o que aumentara aún más su descontento social contra el Gobierno. Esto habría causado perturbaciones en los suministros y posibles aumentos de precios a expensas de la industria del acero inoxidable, poniendo en peligro el objetivo político general del Gobierno de Indonesia. El HPM también tuvo como efecto secundario garantizar un nivel mínimo de ingresos para el Estado procedentes de los cánones, que también se habían visto sustancialmente afectados por el exceso de oferta de mineral de níquel y los correspondientes precios deprimidos como consecuencia del exitoso sesgo político en favor de la industria del acero inoxidable.

(513)

En enero de 2020, el Gobierno de Indonesia volvió a aplicar la prohibición total de exportación del mineral de níquel para todos los grados de pureza. Esto aumentó el desequilibrio ya existente en el mercado indonesio de mineral de níquel a favor de las fundiciones, por lo que el Gobierno de Indonesia decidió regular mediante una legislación específica el precio del mineral de níquel y mediante el uso del HPM. Por consiguiente, en abril de 2020, el MERM revisó el MERM 7/2017 y adoptó el MERM 11/2020. Este Reglamento modifica el artículo 2 relativo a las directrices sobre la venta de minerales metálicos y del carbón. Según lo dispuesto en el nuevo artículo 2: «1) Los titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos, IUP de operaciones de producción de carbón, IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos e IUPK de operaciones de producción de carbón deberán referirse al HPM o al HPB a la hora de vender el mineral metálico o el carbón producidos». Así, según lo dispuesto en el MERM 7/2017 las empresas mineras debían guiarse por el HPM en sus transacciones de venta y, según lo dispuesto en el MERM 11/2020, debían utilizar el HPM como precio de transacción. Como se indica en el considerando 508, por HPM se entenderá «el precio de los minerales metálicos que se determinan en un punto de venta». En otras palabras, las empresas mineras estaban obligadas a fijar el precio de acuerdo con el HPM y así lo hacían en la práctica.

(514)

Además, el MERM 11/2020 añadió el artículo 2A relativo a los procedimientos y obligaciones de venta de mineral de níquel, que dice lo siguiente: 1) Los titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos y de IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos que producen mineral de níquel deben referirse al HPM a la hora de vender el mineral de níquel producido. 2) La obligación de referirse al HPM mencionado en el apartado 1) también se aplica a los titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos y de IUPK de operaciones de producción de mineral metálico a la hora de vender el mineral de níquel producido a sus afiliados. 3) Las demás partes que refinen mineral de níquel procedente de titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos y de IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos estarán obligadas a comprar el mineral de níquel con referencia al HPM.

(515)

En el artículo 3 se establece lo siguiente: 1) el HPM del metal a que se refiere el artículo 2 es: a. el precio límite inferior en el cálculo de la obligación de pago de las tasas de producción por parte de los titulares de IUP de operaciones de producción de minerales metálicos y de IUPK de operaciones de producción de minerales metálicos. El mismo artículo también establece que 3) En los términos en que exista una diferencia en el período de referencia para el precio del mineral metálico de referencia en el cálculo de HPM del metal con el período de cotización de la transacción, las sanciones por impurezas, o las bonificaciones por determinados minerales, por la venta de mineral de níquel se efectuarán con las disposiciones siguientes: a. si el precio de transacción es inferior al HPM del metal en el período de cotización de acuerdo con el precio del mineral metálico de referencia o si se produce una penalización por impurezas, la venta podrá hacerse con arreglo al HPM del metal con una diferencia máxima del 3 % (tres por ciento); o b. si el precio de transacción es más alto que el HPM del metal en el período de cotización de acuerdo con el precio del mineral metálico de referencia o existe una bonificación para determinados minerales, la venta deberá seguir el precio de transacción por encima del HPM del metal.

(516)

Como continuación del mecanismo de fijación de precios adoptado a finales de 2017, el precio regulado del mineral de níquel transpuesto a la legislación refleja el mismo enfoque y lógica. Se trata de un precio establecido por el Gobierno, cuyo principal objetivo es garantizar que el mineral de níquel se suministre con un descuento significativo respecto de los precios internacionales de la Bolsa de Metales de Londres para beneficiar a la industria del acero inoxidable. Al mismo tiempo, el precio pretende tener en cuenta también los intereses de las empresas mineras para garantizar la continuidad de la oferta a este precio con descuento, y evitar quiebras y disturbios sociales. Por último, garantiza un nivel mínimo de ingresos para el Estado, aunque mucho menor que si no hubiera descuento con respecto al precio internacional. Esto lo confirmó el director general interino de Minerales y Carbón, quien, como ya se mencionó, dijo que tenía la intención de encontrar «justicia para las fundiciones que desean los precios más bajos posibles. Pero, por otra parte, debe garantizar que las actividades de la minería del níquel proporcionen un margen suficiente para las empresas mineras.» (112). En otras palabras, el precio del mineral de níquel en Indonesia no se determina libremente en función de las condiciones de mercado, sino que el Gobierno de Indonesia lo fija dentro de una estrecha banda de precios para alcanzar sus respectivos objetivos políticos.

(517)

En la investigación también se ha corroborado el hecho de que el HPM, tal como se transpuso a la legislación en abril de 2020, era una continuación del mecanismo de 2017. La principal diferencia radica en que, antes de la entrada en vigor del MERM 11/2020, en los acuerdos de compraventa de mineral de níquel, su precio se estipulaba como un valor absoluto. Después de la entrada en vigor del MERM 11/2020, el precio del mineral de níquel en los contratos de compraventa se establecía como el HPM del Gobierno. Las pruebas empíricas recogidas en la investigación (es decir, las compras de mineral de níquel del Grupo IRNC) confirmaron que los precios durante el período de investigación, antes y después de la entrada en vigor del MERM 11/2020, son sustancialmente los mismos, lo cual está en consonancia con el mecanismo HPM en su versión anterior y posterior a abril de 2020.

(518)

La investigación también puso de manifiesto que la fórmula de precios a partir de abril de 2020 se ajustó con un «contenido de humedad del 1 %». IRNC señaló que la fórmula gubernamental era para el mineral de níquel seco, y como el mineral de níquel se vendía en forma húmeda, esta fórmula debía ajustarse en consecuencia. Si es así, esto contradice la afirmación del Gobierno de Indonesia de que, en el pasado, el HPM se había utilizado únicamente para el cálculo de los cánones. De hecho, la investigación reveló que el precio de compra de IRNC y sus empresas vinculadas durante el período de investigación se acercaba mucho al precio del Gobierno. Además, no se produjo ninguna diferencia de precios entre las compras de mineral de níquel a proveedores vinculados respecto de las compras a proveedores no vinculados. Por último, las transacciones de venta durante el período de investigación de la única empresa minera de níquel que presentó dicha información en el marco de la investigación mostraban que se cobraba un precio muy similar a todos los clientes por el mismo tipo de mineral de níquel. Esto demuestra que, en la práctica, se siguió el precio determinado por el Gobierno para el mineral de níquel.

(519)

Sobre la base de todas las pruebas anteriores, la Comisión concluyó que el Gobierno de Indonesia interviene en el mercado del mineral de níquel regulando específicamente el precio de transacción del mineral de níquel entre las empresas mineras y las fundiciones. Por tanto, no se trata de un precio de mercado, sino de un precio fijado por el Gobierno teniendo en cuenta sus objetivos políticos. Solo por esta razón, la Comisión considera que los precios del mineral de níquel en Indonesia están distorsionados y no se pueden utilizar como referencia a efectos de determinar el beneficio.

(520)

Sin embargo, además de la regulación gubernamental de los precios del mineral de níquel, existen otras distorsiones del mercado por parte del Gobierno de Indonesia que afectan de forma específica a los precios del mineral de níquel en el país, lo cual confirma que estos precios no pueden servir de referencia. En particular, la obligación gubernamental impuesta a las fundiciones de transformar el mineral de níquel en el país, junto con objetivos de producción específicos, da lugar a un exceso de oferta en el mercado interior y, por lo tanto, reduce los precios interiores. Las restricciones a la exportación también contribuyeron a la oferta excesiva de mineral de níquel en el mercado interior y, por consiguiente, a una caída de los precios. Ninguna transacción de mineral de níquel en Indonesia escapa al hecho de que las diversas distorsiones del mercado que afectan directa o indirectamente a los precios dan lugar a una distorsión de todos los precios del mineral de níquel en Indonesia.

(521)

En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que todo el mercado interno del mineral de níquel se veía afectado por estas medidas y que era imposible establecer un precio no distorsionado del mineral de níquel en el mercado indonesio de acuerdo con las condiciones nacionales imperantes. Por consiguiente, no se pudo utilizar ningún precio del mercado interior como una referencia adecuada.

(522)

Por tanto, la Comisión tuvo que buscar una referencia adecuada fuera del país (113). A este respecto, la Comisión observó que, desde que las exportaciones indonesias de mineral de níquel cesaron en 2014, las exportaciones de mineral de níquel procedentes de Filipinas se han desarrollado considerablemente, en particular en relación con el principal mercado de consumo, es decir, China. El mineral de níquel laterítico de Filipinas tiene las mismas propiedades que el mineral de níquel laterítico de Indonesia. Se extrae con arreglo al mismo proceso de minas abiertas que en Indonesia y tiene un contenido de níquel similar al del mineral indonesio. Los minerales filipinos e indonesios se extraen en un clima húmedo parecido, por lo que tienen un contenido de agua relativamente alto y similar. Por consiguiente, dado que el mineral de níquel filipino no se ve afectado por las medidas gubernamentales que distorsionan el mercado indonesio y que las condiciones de mercado imperantes en los dos países, como la calidad, la disponibilidad, la comerciabilidad, el transporte y otras condiciones de compra o venta, son similares, la Comisión consideró que el mineral de níquel filipino e indonesio eran comparables. También existe una proximidad geográfica, lo cual también contribuye a que la situación del mineral de níquel filipino sea comparable a la que prevalecería en Indonesia en ausencia de las medidas distorsionadoras del Gobierno de Indonesia.

(523)

Por tanto, la Comisión consideró que, de conformidad con el artículo 6, letra d), párrafo segundo, inciso ii), del Reglamento de base, el precio de exportación de Filipinas constituye una referencia adecuada para evaluar si los precios del mineral de níquel indonesio se fijaron o no por una remuneración inferior a la adecuada. El precio considerado como referencia para el mineral de níquel de Filipinas es el precio FOB comunicado por FerroAlloyNet con un contenido de níquel del 1,8 %. El denunciante presentó esta información con una periodicidad trimestral. Además, el denunciante presentó valores de referencia (también con una periodicidad trimestral) de productos con un contenido de níquel del 1,5 %, 1,6 %, 1,9 % y 2,0 %. Estos valores se utilizaron para establecer valores de referencia para otras categorías adquiridas por el Grupo IRNC sobre la base del contenido de níquel (1,3 %, 1,4 %, 1,7 %, 2,1 %, 2,2 %, 2,3 % y 2,4 %).

(524)

Estos valores de referencia se compararon con los precios de compra notificados de las empresas del Grupo IRNC (IRNC, GCNS, ITSS, SMI y TSI) en el período de investigación, según el contenido de níquel y el trimestre adecuado. Las diferencias obtenidas de esta comparación se calcularon para cada empresa del Grupo en rupias indonesias. De los considerandos anteriores se desprende que los precios del mineral de níquel en el mercado interior indonesio fueron sistemáticamente más bajos que el precio de referencia indicativo (precios FOB de Filipinas). Por ello, la Comisión concluyó que las empresas mineras de mineral de níquel constituían un organismo público o recibían encomienda u orden del Gobierno de Indonesia para suministrar mineral de níquel a la industria indonesia del acero inoxidable por una remuneración inferior a la adecuada.

(525)

Por tanto, la Comisión comparó el precio de compra interior real del mineral de níquel con los productores que cooperaron con el precio de referencia no distorsionado de Filipinas.

(526)

En sus observaciones sobre la divulgación final, el Gobierno de Indonesia y el Grupo IRNC discreparon sobre el valor de referencia para el mineral de níquel basado en el mineral de níquel procedente de Filipinas debido a lo siguiente: i) la laterita de Filipinas tiene las propiedades del mineral de níquel con un contenido de Ni inferior al 1,5 % (limonita) mientras que el mineral de níquel laterítico indonesio tiene las propiedades del mineral de níquel con un contenido de Ni superior al 1,5 %, ii) la cantidad de mineral de níquel laterítico producido en Indonesia duplica con creces la producción de Filipinas, y iii) el coste por tonelada de la producción de níquel en Indonesia es inferior al de Filipinas, ya que el grosor medio de la laterita de níquel es de 30 m en Indonesia, mientras que en Filipinas solo es de 20 m, y el yacimiento de níquel en Indonesia tiene un contenido del 1,8 %, mientras que en Filipinas es del 1,6 %. Por otra parte, tanto el Gobierno de Indonesia como IRNC alegaron que la prohibición de exportación indonesia bajaba el precio interior al tiempo que empujaba al alza los precios del mineral de níquel procedente de Filipinas. El valor de referencia adecuado debe ser, según el Gobierno de Indonesia, el coste real de producción del mineral de níquel de IRNC, según lo establecido en la investigación antidumping sobre las importaciones de determinadas chapas y bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente (114) o, según el Grupo IRNC, los costes de producción reales, los gastos de venta generales y administrativos reales y un beneficio adecuado para los productores indonesios de mineral de níquel investigados.

(527)

El denunciante respondió que, en su opinión, el mineral de níquel de Filipinas seguía siendo la referencia más adecuada para el mineral de níquel indonesio, y añadió que, en caso de que la Comisión considerara que el mineral de níquel de Filipinas no constituía una referencia adecuada, apoyaba la referencia del precio internacional del níquel de la Bolsa de Metales de Londres como única referencia alternativa existente. El denunciante recordó que el precio HMA publicado para el níquel que se utilizó para definir el precio de venta interior del mineral de níquel (HPM) se basa a su vez en la Bolsa de Metales de Londres. Dado que la Bolsa de Metales de Londres se refiere a toneladas métricas secas, según el denunciante, el precio debe ajustarse en función del contenido de humedad. El denunciante aclaró que se trataría de un enfoque conservador, ya que no tiene en cuenta el contenido de hierro del mineral de níquel.

(528)

IRNC presentó un escrito de dúplica a la respuesta de EUROFER sobre el uso de la Bolsa de Metales de Londres como referencia alternativa. El Grupo IRNC destacó, en primer lugar, que el níquel al que se refiere la Bolsa de Metales de Londres, y el mineral de níquel son productos diferentes. Según el grupo IRNC, las diferentes tendencias de los datos del precio del níquel basado en la Bolsa de Metales de Londres, que estaba disminuyendo, y del mineral de níquel Filipinas, que estaba aumentando, arrojarían dudas sobre su uso, ya que la demanda y la oferta del níquel y del mineral de níquel serían diferentes. En segundo lugar, el Grupo IRNC alegó que la fórmula propuesta por EUROFER sobrevalora el precio del mineral de níquel porque: i) no todo el contenido de níquel que se encuentra en el mineral de níquel se puede extraer y transformar posteriormente en níquel puro, sino que se debe tener en cuenta una relación de rendimiento del mineral de níquel respecto del níquel; ii) el precio del níquel puro refleja todos los costes y gastos necesarios para llevar el níquel puro al mercado (por ejemplo, el coste del mineral de níquel, el coste de la energía, los gastos de amortización de las máquinas, los costes laborales, los gastos de transporte, los gastos de venta generales y administrativos y los beneficios de los productores y comerciantes, etc. El Grupo IRNC concluyó que, en su opinión, la fórmula basada en la Bolsa de Metales de Londres sobrestimaba el valor de referencia, y que una referencia adecuada se basaría en los costes de producción reales, los gastos de venta generales y administrativos reales y un beneficio adecuado para los productores indonesios de mineral de níquel investigados.

(529)

La Comisión examinó detenidamente todos los argumentos planteados por las partes. Empezando por la solicitud de Gobierno de Indonesia y del Grupo IRNC de utilizar una referencia nacional basada en el coste de producción, los gastos de venta generales y administrativos y un margen de beneficio adecuado para los productores indonesios de mineral de níquel, la Comisión llegó a la conclusión de que esto no sería viable y, en cualquier caso, no estaría en consonancia con la legislación pertinente. Debido a la falta de cooperación de los productores de mineral de níquel, la Comisión no disponía de datos nacionales en el expediente sobre el coste de producción y los gastos de venta generales y administrativos de los productores indonesios de mineral de níquel, ni disponía de información sobre un margen de beneficio adecuado en Indonesia. Por tanto, no sería viable elaborar el valor de referencia solicitado por estas partes. In any event, the Commission noted that in view of the pervasive domestic distortions in the Indonesian nickel ore market as detailed in Section 4.4.3.2.2, the Commission concluded at recital (521) that it could not find any suitable in-country benchmark and thus it had to resort to an out of country benchmark. Por consiguiente, se rechazó el valor de referencia nacional alternativo.

(530)

A continuación, la Comisión evaluó detenidamente los argumentos relativos a la fórmula basada en el precio del níquel de la Bolsa de Metales de Londres. Para empezar, la Comisión consideró que la Bolsa de Metales de Londres se encuentra entre los mayores mercados financieros del mundo que abarcan los metales básicos. Por lo que se refiere al precio del níquel, la Comisión señaló que el precio de la Bolsa de Metales de Londres se basa en transacciones reales y que sus condiciones se ajustan bien a las condiciones del mercado indonesio. Lo que es más importante, la Comisión consideró convincente el argumento de que el precio del níquel en la Bolsa de Metales de Londres es el punto de partida de la metodología utilizada por el propio Gobierno de Indonesia para fijar el precio de referencia nacional del mineral de níquel, ya que ello constituiría un vínculo más estrecho con la situación y el mercado indonesios. Por tanto, los precios del níquel de la Bolsa de Metales de Londres constituyen una base adecuada para el cálculo del mineral de níquel en Indonesia. Al mismo tiempo, la Comisión señaló que la fórmula propuesta por el denunciante con respecto a los precios del níquel debería adaptarse para reflejar algunos de los elementos mencionados por el grupo IRNC en su escrito de refutación. No obstante, debido a la falta de pruebas suficientes en el expediente en una fase extremadamente tardía de la investigación, era imposible que la Comisión realizara la adaptación mencionada y, por tanto, utilizar los precios de la Bolsa de Metales de Londres como referencia en la investigación.

(531)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión examinó los argumentos presentados por las partes sobre el valor de referencia basado en los precios reales del mineral de níquel de Filipinas sobre una base FOB utilizados para calcular el beneficio. La Comisión observó que el Gobierno de Indonesia y el Grupo IRNC no justificaron cómo afectaban a los precios filipinos los elementos a los que hacían referencia sobre las diferentes características técnicas y cantidades de producción entre el mineral de níquel indonesio y el filipino, ni presentaron ninguna prueba que tratara de cuantificar los posibles ajustes derivados de dichas diferencias en los precios de Filipinas utilizados como referencia. El argumento de que la prohibición de las exportaciones indonesias redujo artificialmente los precios interiores indonesios y también dio lugar a precios más elevados en Filipinas no afectaba al hecho de que los precios de Filipinas representaban una referencia adecuada, ya que reflejaban los precios reales de mercado del mineral de níquel como resultado de todas las circunstancias concurrentes del mercado y de las decisiones reguladoras de los distintos países (incluido Indonesia) y, por tanto, no socavaban la representatividad real de estos precios en el mercado. Por lo que se refiere a la alegación relativa a un contenido de níquel diferente en el mineral de níquel de Filipinas, la referencia utilizada por la Comisión tiene en cuenta dicha diferencia (la Comisión elaboró una referencia para cada tipo de mineral de níquel comprado por el grupo IRNC). En cuanto a la alegación de que el coste de producción del mineral de níquel en Indonesia es inferior al de Filipinas, como se indica en el considerando 528, las empresas mineras de mineral de níquel indonesias no cooperaron en la investigación y, por tanto, la Comisión no pudo evaluar dichos costes. Por consiguiente, la Comisión confirmó su decisión de utilizar la referencia de Filipinas como la más adecuada en estas circunstancias, habida cuenta también de las importantes cantidades exportadas desde Filipinas y el hecho de que los principales compradores de mineral de níquel de Filipinas eran productores chinos de acero inoxidable que utilizaban la misma tecnología que el grupo IRNC para fabricar el producto afectado. Por tanto, se rechazaron los argumentos del Gobierno de Indonesia y del Grupo IRNC a este respecto.

(532)

El Gobierno de Indonesia también alegó que el mineral de níquel no era una materia prima directa para el AILF. En cambio, el mineral de níquel era una materia prima para el arrabio de níquel y los productos de acero inoxidable laminados en caliente, que a su vez son insumos iniciales para el AILF. Según el Gobierno de Indonesia, este hecho debe tenerse en cuenta en el cálculo del beneficio.

(533)

El Grupo IRNC alegó que la entidad IRNC vendía el mineral de níquel comprado dentro del Grupo IRNC y que, por tanto, no debía incluirse en el cálculo del beneficio ningún beneficio derivado del mineral de níquel adquirido. El Grupo IRNC reiteró este argumento tras la divulgación final adicional.

(534)

La Comisión confirmó que había tenido en cuenta estos dos aspectos en el cálculo del importe de la subvención para el Grupo IRNC. En primer lugar, para los proveedores de insumos vinculados, el beneficio constatado en estas empresas se asignó utilizando la proporción de su volumen de negocios relacionada con el productor exportador. A continuación, el beneficio asignado se añadió al beneficio del productor exportador y se incluyó en los cálculos de la subvención de dicho productor. Para el productor exportador, el denominador del beneficio fue el volumen de negocios total de la empresa. La metodología de cálculo detallada se comunicó al Grupo IRNC en su divulgación individual, ya que contenía información confidencial.

(535)

La Comisión señaló que el uso final del mineral de níquel adquirido, ya sea para el producto afectado o para las ventas a empresas vinculadas para su transformación posterior, es irrelevante, ya que, en el cálculo del tipo de subvención, el denominador es el volumen de negocios total del Grupo IRNC. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(536)

El importe del beneficio calculado de esta manera ascendió al 9,64 % en el caso del Grupo IRNC.

(537)

El conjunto de medidas del Gobierno de Indonesia tenía por objeto beneficiar a determinadas industrias, en particular a la industria nacional del acero inoxidable. De hecho, aunque las distorsiones relativas al mineral de níquel también benefician a productos transformados distintos del acero inoxidable (a saber, a los productores de baterías eléctricas utilizadas en vehículos que funcionan con nuevas energías), el beneficio solo está disponible para determinadas industrias de Indonesia, en concreto, aquellas que operan en la cadena de valor del níquel. Por lo tanto, las medidas de las autoridades indonesias son específicas a efectos del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Las características inherentes al mineral de níquel limitan la posible utilización de las subvenciones a una determinada industria, lo cual no significa que, para que sea específica, la subvención deba limitarse además a un subsector de esa industria (115).

(538)

En sus observaciones sobre la divulgación final, el Gobierno de Indonesia alegó que no había especificidad en las políticas en materia de mineral de níquel, ya que no se aplicaban únicamente al sector del acero inoxidable, sino a varios productos.

(539)

La Comisión rechazó esta alegación. De hecho, las políticas del Gobierno de Indonesia en materia de mineral de níquel se centraron siempre en el mineral de níquel como materia prima para el sector del acero inoxidable. De hecho, los documentos del expediente de investigación demostraban que el mineral de níquel empleado para la producción de acero inoxidable debe tener un contenido de níquel superior al 1,7 %. En cambio, el mineral de níquel con un contenido inferior al 1,7 %, tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, en las baterías de los vehículos eléctricos. Prueba de ello es que, desde el RG 1/2017 y hasta el Reglamento 11/2019 del MERM, la prohibición de exportación solo afectaba al mineral de níquel con un contenido de níquel superior al 1,7 %, es decir, solo al mineral de níquel empleado en el sector del acero inoxidable. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(540)

Mediante un conjunto específico de medidas, el Gobierno de Indonesia, a través de las empresas mineras que actúan como organismos públicos o que reciben encomienda u orden del Gobierno de Indonesia, suministra mineral de níquel a la industria del acero inoxidable por una remuneración inferior a la adecuada. Este suministro de bienes constituye un beneficio financiero para el receptor y es específico y, por tanto, está sujeto a medidas compensatorias.

(541)

No había pruebas suficientes para determinar en qué medida Jindal Stainless Indonesia podría beneficiarse de este sistema, ya que Jindal Stainless Indonesia no está integrada verticalmente y comienza su proceso de producción con las bobinas laminadas en caliente.

(542)

El importe de la subvención establecido con respecto al suministro de mineral de níquel por una remuneración inferior a la adecuada durante el período de investigación para el Grupo IRNC ascendió a:

(543)

La denuncia alegaba que, como parte de su plan de desarrollo de la industria del acero inoxidable, el Gobierno de Indonesia recurrió al apoyo financiero proporcionado por el Gobierno de China. Este apoyo estaba específicamente relacionado con el desarrollo del Parque Morowali, gestionado esencialmente por empresas chinas, en particular Shanghai Decent Investment (Grupo), la sociedad de cartera del Grupo Tsingshan. Según la denuncia, el Gobierno de Indonesia no solo buscó de forma activa, reconoció y adoptó como propia la financiación china, sino que, al parecer, también ejerció presión sobre el Gobierno de China con el fin de que apoyase a las empresas chinas que con anterioridad fundían en China el mineral de níquel importado de Indonesia en arrabio de níquel a trasladar sus actividades de fundición a Indonesia.

(544)

En la sección 4.3 se presenta el trasfondo histórico y fáctico de la estrecha cooperación entre Indonesia y China para desarrollar una industria de la transformación del acero inoxidable completamente integrada basada en las reservas de mineral de níquel disponibles en Indonesia, así como en las finanzas y los conocimientos técnicos aportados por China. Como se ha explicado, Indonesia cuenta con importantes reservas de mineral de níquel y es uno de los mayores operadores de dicho mercado en todo el mundo. A partir de 2005, la extracción de mineral de níquel aumentó de forma sustancial, al igual que las exportaciones (véanse los cuadros 1 y 2). Los cuadros también muestran que China se convirtió progresivamente en el mayor destino de las exportaciones de mineral de níquel, dado que el mineral indonesio era el más adecuado para la producción de acero inoxidable. Al Gobierno de Indonesia le preocupaba que sus reservas de mineral de níquel se agotaran como consecuencia de las exportaciones, ya que no tenía suficiente capacidad interna para seguir transformando el mineral, por lo que el país no obtendría suficientes beneficios de ellas.

(545)

A través de la nueva Ley de minería de 2009, el Gobierno de Indonesia decidió aumentar el valor añadido nacional mediante la promoción de la transformación nacional de los minerales, en particular el mineral de níquel y, principalmente, a través de la obligación de transformación nacional (véanse los considerandos 401 a 404). Asimismo, decidió introducir restricciones a la exportación después de un período de gracia de cinco años con el fin de garantizar un desarrollo suficiente de la capacidad nacional para absorber la producción de mineral de níquel y garantizar que las empresas mineras lo suministraran por una remuneración inferior a la adecuada (véase la sección anterior).

(546)

En este contexto, el Gobierno de Indonesia inició conversaciones con terceros países con industria nacional del acero inoxidable potencialmente interesados. Por ejemplo, el Gobierno de Indonesia trató de convencer a Japón y a su industria de transformación de mineral de níquel para que invirtieran en Indonesia. Sin embargo, el Gobierno japonés se opuso a las restricciones a la exportación indonesias, ya que las consideraba incompatibles con las normas de la OMC y amenazó con iniciar un asunto contra Indonesia ante la OMC (116).

(547)

El Gobierno de Indonesia tuvo éxito en su acercamiento al Gobierno chino. Como resultado de la cooperación bilateral sancionada en los acuerdos de 2011 y 2013 y, posteriormente intensificada, los chinos comenzaron a construir y desarrollar fundiciones en Indonesia. Las exportaciones a China alcanzaron su punto máximo en 2013 con 58 millones de toneladas, mientras que la capacidad interna de Indonesia aumentó progresivamente de 7,81 millones de toneladas en 2014, cuando entraron en vigor la obligación de transformación nacional y las restricciones a la exportación, hasta 61 millones de toneladas en 2019 (véase el cuadro 3).

(548)

Entre los acuerdos bilaterales pertinentes firmados a lo largo de los años entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China, y las declaraciones emitidas conjuntamente, se cuentan:

(549)

Además, algunas leyes nacionales promulgadas por el Gobierno de Indonesia aplicaban los acuerdos bilaterales antes mencionados o estaban relacionadas con ellos:

(550)

La Comisión solicitó al Gobierno de Indonesia que facilitara determinada información relativa al marco de cooperación bilateral establecido por el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China y, en particular, las condiciones en la que se estableció inicialmente el Parque Morowali, y si dicho parque y la ayuda financiera proporcionada por el Gobierno de China eran parte de la cooperación bilateral entre los Gobiernos de Indonesia y China, y en qué medida.

(551)

La Comisión pidió en concreto al Gobierno de Indonesia que facilitaran un documento, firmado el 3 de octubre de 2013 por Xiang Guanda de Shanghai Decent Investment y Halim Mina del Grupo Bintang Delapan en presencia de los presidentes de China e Indonesia. El Gobierno de indonesia no proporcionó este documento que, según la información de que dispone la Comisión, recoge el acuerdo para establecer conjuntamente IMIP y para el posterior desarrollo del Parque Industrial de Morowali (117). Asimismo, durante la verificación a distancia del Gobierno de Indonesia, este confirmó la existencia del acuerdo, aunque afirmó que no estaba en su poder.

(552)

Como se explica en el considerando 573, la Comisión pidió al Gobierno de Indonesia que facilitara la lista de proyectos prioritarios seleccionados para su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Programa Indonesia-China. El Gobierno de Indonesia presentó en su lugar una lista diferente de proyectos, a saber, la lista de los proyectos de cooperación entre Indonesia y China en el marco del diálogo económico de alto nivel.

(553)

Asimismo, como se expone en el considerando 639 y siguientes, la Comisión solicitó al Gobierno de Indonesia que presentara documentación relativa a la aplicación de los acuerdos facilitados, así como de los mecanismos de consulta establecidos por los Gobiernos de Indonesia y China a este respecto. No obstante, el Gobierno de Indonesia respondió que el equipo de KIT Indonesia creado en este contexto, no había generado políticas de importancia y se negó a facilitar cualquier información al respecto.

(554)

Por lo tanto, la Comisión informó al Gobierno de Indonesia de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, podría tener que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones a empresas situadas en el Parque Industrial de Morowali.

(555)

En ausencia de la información solicitada, la Comisión consideró que no había recibido información crucial y necesaria para este aspecto de la investigación. Por lo tanto, aplicó el artículo 28 del Reglamento de base y se basó en los datos disponibles con respecto a estas cuestiones.

(556)

Como se ha recordado en el considerando 15, la Comisión, en el anuncio de inicio, invitó al Gobierno de China a convertirse en parte interesada y, el mismo día de su publicación, le envió el anuncio de inicio, haciendo especial hincapié en la invitación. Mediante correo electrónico de 19 de febrero de 2021, el Gobierno de China afirmó que se había registrado como parte interesada.

(557)

La Comisión envió una solicitud de información al Gobierno de China a fin de recabar datos sobre el panorama del sector financiero en China, información relacionada con la Comisión de Regulación Bancaria de China, e información sobre la ayuda financiera, las garantías y seguros a la exportación en el contexto del Parque Morowali y las zonas de comercio y cooperación en el extranjero. Sin embargo, el Gobierno de China se negó a facilitar esta información.

(558)

Por ello, la Comisión informó al Gobierno de China de que podría tener que recurrir al uso de los datos disponibles en virtud del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en relación con el régimen de subvenciones en cuestión. No se recibieron observaciones del Gobierno de China.

(559)

En ausencia de la información solicitada, la Comisión consideró que no había recibido información crucial y necesaria para este aspecto de la investigación. Por lo tanto, la Comisión aplicó el artículo 28 del Reglamento de base y se basó en los datos disponibles con respecto a estas cuestiones.

(560)

La cooperación promovida por el Gobierno de Indonesia con el Gobierno de China sobre el trato preferente para establecer y favorecer la creación y desarrollo de la industria indonesia del acero inoxidable se remonta a principios de la década de 2000. Consiste en una serie de documentos bilaterales que establecen el marco jurídico y normativo que condujo a la adopción de diversas políticas específicas de apoyo y programas preferenciales que constituyen las subvenciones sujetas a medidas compensatorias objeto de la presente investigación.

(561)

Estos documentos muestran que, a lo largo de los años, ambos países han establecido un marco de cooperación sobre la base de una serie de documentos jurídicos y normativos bilaterales destinados a aumentar progresivamente su colaboración. Contienen todas las condiciones de la cooperación y el objetivo primordial de establecer y desarrollar una industria nacional del acero inoxidable en Indonesia a través de una serie de medidas y políticas preferenciales aplicables a entidades chino-indonesias fomentadas y respaldadas por los respectivos gobiernos para llevar a cabo esta cooperación.

(562)

La cooperación entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China en el sector minero y metalúrgico comenzó en 2005 con la firma de una declaración conjunta entre Indonesia y China sobre una asociación estratégica, en la que se afirmaba que ambas partes «mejorarán la cooperación en materia de inversión aumentando el entendimiento mutuo y estableciendo redes entre las autoridades de inversión, también de los sectores privados, y creando un clima ecosociopolítico y jurídico más propicio para el flujo de inversiones». Ya en ese momento, el Gobierno de China había pedido al Gobierno de Indonesia que garantizara los intereses de los inversores extranjeros a fin de obtener beneficios (118). Se afirmó además, en ese momento, que en los últimos diez años de desarrollo económico, el Gobierno chino había garantizado siempre que todas las inversiones en China fueran rentables. Esta cooperación estaba en la línea de la política de «internacionalización» de China que comenzó en 1999 y propició el establecimiento en el extranjero y la exportación e internacionalización de las empresas chinas.

(563)

En enero de 2010, como aplicación de la Declaración Conjunta de 2005, Indonesia y China firmaron del documento del Plan de Acción Indonesia-China («Plan de Acción de 2010») para continuar con su asociación estratégica. Este documento contiene un plan para fomentar la inversión china en industrias basadas en recursos en Indonesia, entre ellas, la minería (119). En la sección 3.2 sobre «Cooperación comercial», el artículo 3.2.14 se refería a «formular y aplicar un plan quinquenal para la cooperación económica y comercial entre China e Indonesia», que se firmó poco después (véase más adelante). El capítulo sobre «Cooperación en materia de inversión» prevé el «fomento» de la participación de agentes privados (artículo 3.4.3) y el «fomento» de «la inversión china en industrias basadas en los recursos en Indonesia, como (...) la minería y la energía (...)» (artículo 3.4.8). El documento se refiere también a un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China sobre cooperación en materia de infraestructuras y recursos naturales firmado el 25 de abril de 2005.

(564)

La investigación constató la existencia de tres memorandos de entendimiento y un reglamento técnico firmados por los representantes de los Gobiernos chino e indonesio durante una visita del entonces primer ministro chino, el Sr. Wen Jiabao a Yakarta a finales de abril de 2011. La Comisión solicitó al Gobierno de Indonesia que facilitara los tres memorandos de entendimiento y el reglamento técnico.

(565)

El Gobierno de Indonesia presentó tres documentos. El primero era un Protocolo por el que se modificaba el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia y la Administración Oceánica Estatal de la República Popular China sobre cooperación marítima firmado el 29 de abril de 2011.

(566)

El segundo documento era un Acuerdo entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China sobre la ampliación y profundización de la cooperación económica y comercial bilateral firmado el 29 de abril de 2011. Con arreglo a este acuerdo, los «dos Gobiernos acordaron alentar a las empresas» a llevar a cabo una cooperación económica en formas distintas y en diversos ámbitos como la industria del acero, el parque industrial y la zona franca industrial.

(567)

El tercer documento era un Comunicado conjunto entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica entre China e Indonesia firmado el 29 de abril de 2011. Según este comunicado, «[a]mbas partes expresan su satisfacción por el Plan de acción para la aplicación de la Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica entre el Gobierno de China y el Gobierno de Indonesia, firmada el 21 de enero de 2010 y acordaron adoptar medidas concretas para ejecutar el Plan de acción y fomentar la cooperación practica en diversos ámbitos entre los dos países». Asimismo, «[l]a parte china también espera reforzar la cooperación con la parte indonesia sobre el desarrollo de la zona de cooperación económica y comercial».

(568)

El 25 de marzo de 2012, los Gobiernos de Indonesia y China acordaron, en una declaración conjunta emitida en Pekín al término de una visita oficial del presidente indonesio Yudhoyono, desarrollar un acuerdo bilateral de cooperación económica y comercial entre Indonesia y China de conformidad con las políticas preferenciales específicas de Duodécimo plan quinquenal del Gobierno de China y del plan MP3EI del Gobierno de Indonesia (120). Asimismo, el Gobierno de Indonesia animó a las empresas chinas a participar en la mejora de la capacidad industrial de Indonesia y prometió «seguir creando un clima de inversión propicio para los inversores extranjeros, incluidos los procedentes de China». En concreto, el Gobierno de Indonesia esperaba que las empresas chinas «invirtieran más en la industria minera de Indonesia» e «informó a China sobre su labor de mejora de la gestión de sus recursos mineros». Finalmente, ambas partes acordaron «dirigir sus esfuerzos a seguir consolidando y ampliando la cooperación en [...] la minería». Esta declaración muestra que ambas partes trataron de aplicar sus respectivas políticas preferenciales nacionales, en particular, para fortalecer la capacidad de la industria transformadora de Indonesia, haciendo participar e informando a China del desarrollo de la política de materias primas.

(569)

Con respecto a Indonesia, el MP3EI reconoce que la industria debe seguir desarrollándose en Indonesia y señala la provincia de Célebes como una zona de desarrollo para la industria. A fin de respaldar el avance de la industria del acero, el Gobierno de Indonesia concibió, entre otras medidas, cambios normativos para facilitar el suministro de materias primas, la creación de asociaciones empresariales nacionales en fases anteriores y posteriores de la producción, el desarrollo de agrupaciones de empresas de la industria de transformación del acero y la priorización de la integración de la fundición de acero y la producción de acero inoxidable (121). Asimismo, los recursos naturales y, en concreto, la minería y el níquel, son también objetivo a fin de aumentar la transformación industrial en Indonesia para obtener un mayor valor añadido. En cuanto al níquel, el objetivo es reforzar las industrias transformadoras del níquel mediante la facilitación de asociaciones sólidas entre las industrias anteriores y posteriores (122).

(570)

Con respecto a China, el Duodécimo plan quinquenal de desarrollo económico y social, en vigor en el momento de la creación de IMIP, destaca la visión estratégica del Gobierno de China para la mejora y el fomento de industrias clave. Señala que el Gobierno de China formulará políticas para fomentar la mejora técnica de las empresas, de modo que aumente la competitividad en el mercado. Investigaciones anteriores mostraron que la industria del acero ocupaba un lugar destacado entre estas industrias clave (123). Asimismo, el Gobierno de China emitió un plan específico para la industria del acero, a saber, el Duodécimo plan quinquenal para la industria del acero («el Duodécimo plan quinquenal del acero»), también vigente en el momento de la creación de IMIP. El Duodécimo plan quinquenal del acero destaca que la industria siderúrgica es una importante industria básica de la economía nacional y hace hincapié en la importancia de «fortalecer la conexión entre las políticas fiscal, financiera, comercial, de la tierra, de ahorro energético, de protección del medio ambiente, seguridad y otras políticas con la política industrial del acero». Investigaciones anteriores han mostrado que estos planes son jurídicamente vinculantes (124) y han revelado el papel predominante del Gobierno de China a través de empresas estatales en el sector siderúrgico (125). El papel predominante del Gobierno de China en el sector del acero y las consiguientes distorsiones significativas se confirman también en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de la República Popular China a efectos de las investigaciones de defensa comercial, que afirmaba que «[c]on el alto nivel de intervención gubernamental en la industria del acero y una elevada proporción de empresas estatales en el sector, incluso se impide a los productores de acero de propiedad privada operar en condiciones de mercado» y reconocía «la propiedad, control o intervención pública considerables con respecto a las empresas supuestamente privadas del sector siderúrgico» (126).

(571)

El 2 de octubre de 2013, el ministro de Economía de Indonesia y el ministro de Comercio de China firmaron en Yakarta «El Programa Quinquenal de Desarrollo Indonesia-China para la Cooperación Económica y Comercial» («el Programa Indonesia-China»). El programa Indonesia-China preveía «promover la inversión entre los dos países e impulsar la ejecución de proyectos prioritarios comunes» (127) que se esperaba que fueran la expresión concreta del programa.

(572)

En el capítulo III del Programa Indonesia-China, el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China aclararon que el programa se materializa a través de proyectos prioritarios cuyo «principio de selección debe responder al interés estratégico y a las necesidades de desarrollo socioeconómico de los dos países, debe ser coherente con la planificación a medio y largo plazo del desarrollo económico de ambos países y ajustarse a los planes de desarrollo de las empresas participantes».

(573)

La Comisión pidió al Gobierno de Indonesia que facilitara la lista de proyectos prioritarios seleccionados para su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Programa Indonesia-China. El Gobierno de Indonesia presentó en su lugar una lista diferente de proyectos, a saber, la lista de los proyectos de cooperación entre Indonesia y China en el marco del diálogo económico de alto nivel. Sobre la base de la aplicación del artículo 28, apartado 1, debido a esta negativa a cooperar, la Comisión dedujo que el proyecto de Morowali también se incluía en la lista de proyectos prioritarios cubiertos por la cooperación bilateral. En efecto, se trata de un proyecto importante en el que la presencia de empresas chinas es considerable.

(574)

El Programa Indonesia-China también confirmó la declaración de 2012 de que uno de los principales objetivos de la cooperación era la aplicación de políticas preferenciales para el sector del acero. En el capítulo I, punto 1.2.3, se afirma que uno de los objetivos generales de la cooperación es «alentar a empresas e instituciones financieras chinas competitivas y de renombre a participar en el desarrollo de seis corredores económicos en Indonesia y en el proyecto que figura en el plan MP3EI del Gobierno de Indonesia y animar a empresas indonesias competitivas y de renombre a participar en el desarrollo del Duodécimo plan quinquenal del Gobierno de China» (128).

(575)

El Programa Indonesia-China muestra que ambos Gobiernos determinaron ámbitos clave de cooperación (129) que incluían, entre otros, la minería, la industria metalúrgica y los parques industriales (incluidas las zonas económicas especiales). En las actuaciones dirigidas a la minería, en la sección 2.4.2, los Gobiernos indonesio y chino acordaron «colaborar en la exploración, las refinerías y la transformación de recursos minerales, como [...] el níquel»«acelerar y facilitar la cooperación bilateral en proyectos mineros y metalúrgicos cooperativos»«promover el desarrollo de recursos minerales mediante la construcción de parques y zonas industriales específicos en los seis corredores económicos [...]», «colaborar en el desarrollo de los recursos minerales en Indonesia».

(576)

En la sección 2.7.8 del Programa Indonesia-China, con respecto a la industria metalúrgica el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China acordaron específicamente «alentar a los productores metalúrgicos chinos a realizar inversiones directas en Indonesia, a utilizar los recursos naturales de Indonesia y a invertir en forma de parques industriales metalúrgicos integrados para contribuir a la mejora de su industria metalúrgica y aumentar el valor añadido de los proyectos relativos a los minerales» (130). El Programa confirma asimismo que se anima a los productores metalúrgicos chinos a formar empresas conjuntas con empresas indonesias. En la sección 2.9 sobre parques industriales (incluidas las zonas económicas especiales), el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China llegaron a un acuerdo sobre la promoción de parques industriales, «alentar a las empresas chinas a invertir en parques industriales de Indonesia [...]», «[...] facilitar y prestar apoyo político para desarrollar parques industriales». Así pues, el Gobierno de Indonesia buscó activamente y aceptó el apoyo político concedido por el Gobierno de China a proyectos específicos como el Parque Industrial de Morowali.

(577)

El 27 de marzo de 2015 ambos Gobiernos publicaron la «Declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre la República Popular China e Indonesia» (131). En dicha declaración «[...] [a]mbas partes se comprometieron a aplicar activamente el Plan Quinquenal de Desarrollo Indonesia-China para la Cooperación Económica y Comercial y a finalizar la lista de proyectos prioritarios en una fecha temprana con vistas a [...]». De manera similar, ambos Gobiernos «[...] opinaron que la iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI propuesta por el presidente Xi Jinping y la estrategia del Eje Marítimo Mundial iniciada por el presidente Joko Widodo son sumamente complementarias». Asimismo, ambos Gobiernos «[...] prometieron acelerar la construcción de parques industriales integrados China-Indonesia y establecer el comité intergubernamental de coordinación lo antes posible». La parte Indonesia «[...] introducirá políticas preferenciales para los parques industriales a fin de ofrecer salvaguardias y facilitar que más empresas chinas entren en los parques, de conformidad con la legislación y reglamentación indonesias, al objeto de acelerar el desarrollo de los parques industriales», y China se comprometió a «[...] seguir proporcionado apoyo financiero para la construcción de infraestructuras y grandes proyectos en Indonesia, a través de canales financieros bilaterales y multilaterales».

(578)

El 7 de mayo de 2018, el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de China firmaron el Memorando de Entendimiento «sobre el fomento de la cooperación para el desarrollo de corredores económicos regionales integrales» en el que ambas partes acordaron cooperar en el desarrollo de, entre otros, el norte de la provincia de Célebes. En este Memorando, ambas partes acordaron «movilizar y coordinar a las correspondientes agencias gubernamentales y a empresas e instituciones cualificadas para participar en la formulación del plan de desarrollo de estos corredores».

(579)

El 23 de octubre de 2018, los Gobiernos de Indonesia y de China firmaron un Memorando de Entendimiento «sobre el establecimiento de un comité rector conjunto para el desarrollo de corredores económicos regionales integrales». Este memorando establece la estructura organizativa de la cooperación: secretaría conjunta, grupos de trabajo conjuntos, mecanismos de trabajo, comité rector, etc. Una vez más, esta estructura demuestra que el marco de cooperación bilateral se aplica conjuntamente a través de órganos administrativos conjuntos.

(580)

Los mencionados acuerdos y documentos bilaterales muestran que la cooperación bilateral se materializó en acuerdos que especificaban los términos y la contribución de cada gobierno. Los datos relativos a la financiación, la gestión a través de IMIP y los demás mecanismos administrativos bilaterales se describirán en las siguientes secciones. No obstante, los documentos incluidos en la presente sección confirman que los dos Gobiernos establecieron acuerdos concretos para aplicar sus políticas preferenciales en favor de las industrias y proyectos específicos cubiertos por esta cooperación. Muestran que se incluyen, en concreto, políticas destinadas a favorecer el desarrollo de la industria de la transformación del mineral de níquel y de la industria transformadora del acero inoxidable en Indonesia, mediante la promoción de la inversión china a través de ayudas preferenciales chinas. El Grupo IRNC fue un claro beneficiario de estas políticas acordadas en el marco de la cooperación bilateral.

(581)

Los acuerdos y documentos mencionados anteriormente muestran el marco de la cooperación entre Indonesia y China y la evolución y la constante profundización de dicha cooperación. Esta cooperación cada vez más intensa permite a los inversores y a las empresas chinas beneficiarse de las materias primas y la ubicación geográfica de Indonesia. La parte china proporciona financiación para inversiones en los «corredores» seleccionados en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras que la parte indonesia mantiene activamente un marco legislativo, normativo y político propicio para fomentar la ejecución de proyectos en partes concretas de su propio territorio. La creación del parque Morowali en la provincia de Célebes y el establecimiento del principal productor exportador plenamente integrado en dicho parque, se produjo en este marco y contexto, tal y como se explica en más detalle en las secciones siguientes.

(582)

Uno de los pilares de la cooperación bilateral en el sector del acero inoxidable consistía en que la parte china proporcionaría apoyo financiero preferencial a las empresas chinas para desarrollar la industria del acero inoxidable en Indonesia. Esta era una condición impuesta por Indonesia para dar acceso a las empresas chinas a sus grandes reservas de mineral de níquel adecuadas para su proceso de producción.

(583)

Como se ha visto anteriormente, ya en 2005 en el contexto de la Declaración Conjunta entre Indonesia y China sobre la asociación estratégica, el Gobierno chino destacó la necesidad de proteger los intereses de los inversores para lograr un beneficio y mostró que en años anteriores el Gobierno chino siempre se había asegurado de alcanzar este objetivo. Eran los años en los que la política china de «internacionalización» se estaba aplicando con éxito tras su introducción en 1999, con el fin, entre otras cosas, de promover e incentivar la inversión china en el extranjero y la expansión de la exportación.

(584)

El artículo 3.1.10 del Plan de Acción de 2010 en el contexto de la «cooperación financiera» establece que ambas partes «reforzarán periódicamente las consultas bilaterales y la coordinación para acelerar la utilización y la aplicación del mecanismo de créditos preferenciales a los compradores exportadores y de préstamos en condiciones concesionarias, así como de otros regímenes financieros de apoyo al desarrollo.».

(585)

Se ha publicado en prensa (132) que, ya en 2011, el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China se comprometieron a conceder un préstamo de capital de 8 000 millones USD a empresas con sede en China que desearan invertir en Indonesia.