(1)

El 29 de noviembre de 2018, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2019/440 (1) relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos (en lo sucesivo, «Acuerdo de pesca»).

(2)

El 4 de marzo de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/441 (2), relativa a la celebración del Acuerdo de pesca y de su Protocolo de aplicación.

(3)

El Reglamento (UE) 2019/440 reparte posibilidades de pesca, entre otras, en la categoría 6 (pelágica industrial), entre los Estados miembros, incluido el Reino Unido.

(4)

De conformidad con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo de retirada»), el Reino Unido ya no es un Estado miembro de la Unión desde el 1 de febrero de 2020. El período transitorio establecido en el Acuerdo de retirada finalizó el 31 de diciembre de 2020. Por consiguiente, con posterioridad a esa fecha el Reino Unido ya no está autorizado a utilizar dichas posibilidades de pesca, que deben reasignarse a los Estados miembros desde el 1 de enero de 2021.

(5)

La reasignación de las posibilidades de pesca debe ser transparente y proporcional a la asignación original de la cuota.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2019/440 en consecuencia.

(7)

Debido a su impacto en las actividades de pesca de 2021, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2021. Esta aplicación retroactiva no afecta a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, ya que las posibilidades de pesca en cuestión no han sido utilizadas por el Reino Unido y se incrementan para los Estados miembros interesados.

(8)

Habida cuenta de la urgencia ligada a la aplicación retroactiva del presente Reglamento, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El artículo 55, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE establece que, en determinadas condiciones, los Estados miembros deben exigir a las entidades y las sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), de dicha Directiva que incluyan una cláusula contractual por la que la contraparte del acuerdo o instrumento que dé origen a un pasivo reconozca que podrán aplicarse a dicho pasivo las competencias de amortización y conversión.

(2)

En virtud del artículo 55, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE, los Estados miembros están obligados a velar por que, cuando alguna de dichas entidades o sociedades llegue a la conclusión de que no es viable, por motivos jurídicos o de otra índole, incluir tal cláusula («conclusión de inviabilidad del reconocimiento contractual»), esa entidad o sociedad notifique su conclusión a la autoridad de resolución.

(3)

La Comisión debe adoptar normas técnicas de ejecución por las que se especifiquen las plantillas y formatos uniformes para dicha notificación a las autoridades de resolución.

(4)

Las plantillas y formatos uniformes para la notificación de la conclusión de inviabilidad del reconocimiento contractual deben diseñarse de tal modo que garanticen una evaluación pertinente y uniforme de dicha conclusión por parte de las autoridades de resolución en toda la Unión.

(5)

A fin de mejorar la calidad de los datos y garantizar su comparabilidad, los datos previstos en las plantillas de notificación deben ajustarse al modelo de puntos de datos único. El uso del modelo de puntos de datos único es una práctica habitual en la presentación de información con fines de supervisión. El modelo de puntos de datos único debe consistir en una representación estructural de los datos y determinar todos los conceptos de negocio pertinentes para una notificación uniforme de la conclusión de inviabilidad del reconocimiento contractual.

(6)

Con el fin de velar por la calidad, coherencia y exactitud de los datos notificados, dichos datos deben estar sujetos a normas de validación comunes.

(7)

Por su propia naturaleza, las normas de validación y las definiciones de los puntos de datos se actualizan periódicamente con el fin de garantizar que cumplan, en todo momento, los requisitos normativos, analíticos e informáticos aplicables. Conviene establecer criterios cualitativos estrictos para el modelo de puntos de datos único y las normas comunes detalladas de validación que publicará por vía electrónica la Autoridad Bancaria Europea en su sitio web.

(8)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(9)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(1)

La Directiva (UE) 2019/904 establece objetivos sobre la recogida separada, para su reciclado, de residuos de botellas para bebidas de plástico de un solo uso a que se refiere la parte F del anexo de esa Directiva («residuos de botellas de un solo uso»). De conformidad con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/904, el objetivo para 2025 es el 77 % en peso de todas las botellas de un solo uso introducidas en el mercado y, para 2029, el 90 %. La Comisión debe establecer la metodología para el cálculo y la verificación de esos objetivos de recogida separada, así como el formato en el que los Estados miembros deben comunicar los datos sobre los residuos de botellas de un solo uso que se hayan recogido por separado cada año.

(2)

Para garantizar la comparabilidad de los datos, es necesario establecer normas detalladas para determinar los puntos en los que se pesan los residuos de botellas de un solo uso recogidos. Esas normas deben tener en cuenta las prácticas de recogida separada existentes y la cantidad de otros materiales y sustancias presentes en los residuos recogidos además de esas botellas.

(3)

A fin de garantizar la comparabilidad de los datos que deben comunicarse, es necesario establecer normas detalladas sobre cómo aplicar los dos métodos alternativos, mencionados en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/904, para determinar la cantidad de tales botellas de un solo uso introducidas en el mercado.

(4)

Para garantizar la exactitud de los datos sobre el peso de los residuos de botellas de un solo uso recogidos, el formato de comunicación debe ser tal que permita indicar todos los parámetros pertinentes para el cálculo de la cantidad de residuos de botellas de un solo uso recogidos por separado y presentar una descripción de las metodologías aplicadas para el cálculo y la verificación de los datos relativos a dichos parámetros.

(5)

Aunque la obligación de recoger residuos por separado exige que estos se separen por tipo y naturaleza, debe ser posible recoger juntos determinados tipos de residuos, siempre que esto no impida un reciclado de alta calidad, en consonancia con la jerarquía de residuos, con arreglo al artículo 10, apartado 2, y apartado 3, letra a), de la Directiva 2008/98/CE.

(6)

La metodología para el cálculo y la verificación de los objetivos de recogida separada de residuos de botellas de un solo uso a que se refiere el artículo 9, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/904 está estrechamente vinculada al formato para la comunicación de datos sobre esa recogida separada a que se refiere el artículo 13, apartado 4, de dicha Directiva, teniendo en cuenta el objeto de esas medidas y el contexto en el que deben aplicarse. Procede, por tanto, adoptar el presente acto sobre la base de ambas disposiciones a fin de garantizar la coherencia entre las normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de los datos sobre la recogida separada de residuos de botellas de un solo uso y facilitar el acceso a esas normas.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(1)

Las entidades deben cumplir requisitos de capital de forma que reflejen adecuadamente los riesgos que asuman, entre ellos el riesgo de crédito, teniendo en cuenta los diversos contextos geográficos en los que operen. El riesgo de crédito asumido por las entidades y que se derive de exposiciones frente a entes situados fuera de la Unión viene determinado, a igualdad de todos los demás factores, por la calidad del marco regulador y de supervisión aplicado a estos entes en el tercer país considerado.

(2)

Las entidades también deben limitar sus exposiciones frente a clientes individuales para evitar estar expuestas a un riesgo de concentración excesivo. Al calcular sus exposiciones frente a clientes individuales, se podrá permitir que las entidades excluyan de dicho cálculo determinados tipos de exposiciones frente a entidades. No obstante, cuando los clientes están situados fuera de la Unión, la posibilidad de considerarlos entidades depende también de la calidad del marco regulador y de supervisión aplicado a dichos entes en el tercer país considerado.

(3)

El Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) introdujo, entre otras cosas, en el artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, una disposición por la que se faculta a la Comisión para adoptar decisiones de ejecución sobre si un tercer país aplica requisitos prudenciales de supervisión y de regulación al menos equivalentes a los aplicados en la Unión, a efectos de determinar el tratamiento de las exposiciones con arreglo a la parte cuarta del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Por consiguiente, debe establecerse una lista de terceros países y territorios cuyos requisitos prudenciales de supervisión y regulación se consideren equivalentes a los aplicados en la Unión a efectos del artículo 391 de dicho Reglamento. En aras de la seguridad jurídica y la coherencia, es necesario incluir en una única Decisión todas las disposiciones sobre la equivalencia de los requisitos de supervisión y regulación de terceros países y territorios a efectos del tratamiento de las exposiciones de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013. Por lo tanto, es necesario derogar y sustituir la Decisión de Ejecución 2014/908/UE de la Comisión (3).

(4)

El artículo 107, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 autoriza a las entidades a tratar las exposiciones frente a empresas de inversión, entidades de crédito y mercados organizados de terceros países como exposiciones frente a entidades solo si el tercer país aplica al ente de que se trate requisitos prudenciales y de supervisión que sean al menos equivalentes a los aplicados en la Unión.

(5)

El artículo 114, apartado 7, el artículo 115, apartado 4, y el artículo 116, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 establecen ponderaciones de riesgo específicas aplicables a las exposiciones frente a las administraciones centrales, los bancos centrales, las administraciones regionales, las autoridades locales y los entes del sector público situados en terceros países que apliquen disposiciones de supervisión y regulación al menos equivalentes a las aplicadas en la Unión.

(6)

El artículo 153 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 establece la fórmula para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo frente a empresas, entidades, administraciones centrales y bancos centrales con arreglo al método basado en calificaciones internas y específica los parámetros que deben utilizarse para ese cálculo, incluido el coeficiente de correlación. En el artículo 153, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se fija el coeficiente de correlación aplicable a los entes del sector financiero de grandes dimensiones. De conformidad con el artículo 142, apartado 1, punto 4, letra b), de dicho Reglamento, para entrar en la definición de «ente del sector financiero de grandes dimensiones», el ente del sector financiero o una de sus filiales deben estar sujetos a la legislación de un tercer país que aplique requisitos prudenciales de supervisión al menos equivalentes a los aplicados en la Unión.

(7)

El artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 permite a las entidades establecidas en la Unión tratar una exposición frente a una empresa privada o pública de un tercer país como una exposición frente a una entidad a efectos de la parte cuarta de dicho Reglamento, siempre que la empresa se considerara una «entidad», tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 3, de dicho Reglamento, si estuviera establecida en la Unión, y siempre que haya sido autorizada en un tercer país que aplique requisitos prudenciales de supervisión y regulación al menos equivalentes a los aplicados en la Unión.

(8)

A fin de determinar las exposiciones ponderadas por riesgo adecuadas para el cálculo de los requisitos de capital por riesgo de crédito asociado a las exposiciones frente a determinadas categorías de entes ubicados en terceros países, así como el tratamiento adecuado de las contrapartes a efectos de la parte cuarta del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la Comisión ha evaluado la equivalencia de las disposiciones de supervisión y regulación de terceros países con las correspondientes disposiciones de supervisión y regulación de la Unión.

(9)

La equivalencia se ha determinado mediante un análisis, basado en los resultados, de las disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación del tercer país considerado, en el que se verifica si estas pueden alcanzar los mismos objetivos generales que las disposiciones prudenciales, de supervisión y regulación de la Unión. Estos objetivos se refieren, en particular, a: la estabilidad e integridad del sistema financiero nacional y mundial en su conjunto; la efectividad y adecuación de la protección de los depositantes y otros consumidores de servicios financieros; la cooperación entre los distintos agentes del sistema financiero, incluidas las autoridades de regulación y las de supervisión; la independencia y efectividad de la supervisión; y la aplicación y el cumplimiento efectivo de las normas acordadas a escala internacional pertinentes. De cara al logro de los mismos objetivos generales que las disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación de la Unión, las disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación del tercer país deben responder a una serie de criterios operativos, organizativos y de supervisión que reflejen los elementos esenciales de los requisitos de supervisión y regulación de la Unión aplicables a las categorías pertinentes de entidades financieras.

(10)

A efectos de lo dispuesto en los artículos 114, 115 y 116 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la equivalencia debe determinarse con referencia a las disposiciones de supervisión y de regulación aplicables a las entidades de crédito, ya que estas disposiciones normalmente establecen las ponderaciones de riesgo para el cálculo de los requisitos de capital por riesgo de crédito.

(11)

A efectos del artículo 142 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la equivalencia debe limitarse a las disposiciones de supervisión y de regulación aplicables a las empresas de terceros países cuya actividad principal sea comparable a la de una entidad de crédito o empresa de inversión, de conformidad con la definición del artículo 4, apartado 1, punto 27, de dicho Reglamento, y teniendo en cuenta la definición que figura en su artículo 4, apartado 1, punto 3.

(12)

A efectos de lo dispuesto en el artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la equivalencia se debe limitar a las disposiciones de supervisión y regulación aplicables a las empresas de terceros países cuya actividad principal sea equiparable a la de una entidad de crédito o una empresa de inversión, de conformidad con la definición que figura en el artículo 4, apartado 1, punto 3, de dicho Reglamento.

(13)

Teniendo en cuenta las evaluaciones independientes de organizaciones internacionales, como las efectuadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la Comisión ha evaluado las disposiciones de supervisión y regulación de determinados terceros países aplicables a las entidades de crédito, las empresas de inversión y los mercados organizados. Este análisis ha permitido a la Comisión adoptar la Decisión de Ejecución 2014/908/UE, por la que se establece una lista inicial de terceros países y territorios considerados equivalentes en términos de disposiciones de supervisión y de regulación, a efectos de determinar el tratamiento de las categorías pertinentes de exposiciones a que se refieren los artículos 107, 114, 115, 116 y 142 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(14)

La lista de países equivalentes que figura en la Decisión de Ejecución 2014/908/UE no estaba destinada a ser exhaustiva ni definitiva. Sobre la base del seguimiento periódico de la evolución de las disposiciones de supervisión y regulación de terceros países y territorios a fin de evaluar su equivalencia con las de la Unión, dicha Decisión de Ejecución fue modificada posteriormente por las Decisiones de Ejecución (UE) 2016/230 (4), 2016/2358 (5), 2019/536 (6) y 2019/2166 (7) de la Comisión. Dichas Decisiones ampliaron las listas de terceros países y territorios considerados equivalentes, teniendo en cuenta las fuentes de información disponibles, incluida la evaluación realizada por las organizaciones internacionales y, posteriormente, por la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

(15)

Desde la adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2166, la Comisión ha seguido supervisando la evolución de los marcos prudenciales, de supervisión y de regulación de terceros países, teniendo en cuenta las fuentes de información disponibles, incluidas las evaluaciones realizadas por la ABE. Como resultado de una de estas evaluaciones, la ABE recomendó que los marcos prudenciales, de supervisión y de regulación aplicables a las entidades de crédito de Bosnia y Herzegovina y de Macedonia del Norte se consideren equivalentes al marco jurídico de la Unión a efectos del artículo 107, apartado 4, el artículo 114, apartado 7, el artículo 115, apartado 4, el artículo 116, apartado 5, el artículo 142, apartado 2, y el artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(16)

La Comisión reconoce que la evaluación del marco prudencial, de supervisión y de regulación aplicable a las entidades de Bosnia y Herzegovina y de Macedonia del Norte realizada por la ABE solo cubría a las entidades de crédito autorizadas en virtud de la legislación nacional respectiva. Por consiguiente, la presente Decisión no debe aplicarse a otros entes establecidos en Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte.

(17)

Teniendo en cuenta la recomendación de la ABE y basándose en su propia evaluación, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte han establecido disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación que cumplen una serie de criterios operativos, organizativos y de supervisión que reflejan los elementos esenciales de las disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación de la Unión aplicables a las entidades de crédito. Por tanto, procede considerar que los requisitos prudenciales, de supervisión y de regulación aplicados a las entidades de crédito situadas en Bosnia y Herzegovina y en Macedonia del Norte son al menos equivalentes a los aplicados en la Unión a los efectos del artículo 107, apartado 4, el artículo 114, apartado 7, el artículo 115, apartado 4, el artículo 116, apartado 5, el artículo 142, apartado 2, y el artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(18)

Por consiguiente, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte deben incluirse en las listas de terceros países y territorios cuyos requisitos y disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación se consideran equivalentes al régimen de la Unión a efectos del tratamiento de las exposiciones de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(19)

A raíz de las evaluaciones realizadas hasta la fecha, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, China, las Islas Feroe, Groenlandia, Guernesey, Hong Kong, la India, la Isla de Man, Japón, Jersey, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Turquía y los Estados Unidos han establecido disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación que cumplen una serie de criterios operativos, organizativos y de supervisión que reflejan los elementos esenciales de las disposiciones prudenciales, de supervisión y de regulación de la Unión aplicables a las entidades de crédito. Por lo tanto, procede considerar que los requisitos prudenciales, de supervisión y de regulación aplicados a las entidades de crédito situadas en estos países son al menos equivalentes a los aplicados en la Unión a los efectos del artículo 107, apartado 4, el artículo 114, apartado 7, el artículo 115, apartado 4, el artículo 116, apartado 5, el artículo 142, apartado 2, y el artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(20)

Sobre la base de las evaluaciones realizadas hasta la fecha, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Australia, Brasil, Canadá, China, Hong Kong, Indonesia, Japón (únicamente en relación con los operadores de instrumentos financieros de tipo I), México, Corea del Sur, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica y los Estados Unidos han establecido disposiciones de supervisión y de regulación que cumplen una serie de criterios operativos, organizativos y de supervisión que reflejan los elementos esenciales de las disposiciones de supervisión y de regulación de la Unión aplicables a las empresas de inversión. Por tanto, procede considerar que los requisitos de supervisión y regulación aplicables a las empresas de inversión situadas en estos terceros países son al menos equivalentes a los aplicados en la Unión a los efectos del artículo 107, apartado 4, el artículo 114, apartado 7, el artículo 115, apartado 4, el artículo 116, apartado 5, el artículo 142, apartado 2, y el artículo 391 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(21)

A raíz de las evaluaciones realizadas hasta la fecha, la Comisión ha concluido que Australia, Brasil, Canadá, China, la India, Indonesia, Japón, México, Corea del Sur, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica y los Estados Unidos cuentan con disposiciones de supervisión y de regulación que cumplen una serie de criterios operativos que reflejan los elementos esenciales de las disposiciones de supervisión y de regulación de la Unión aplicables a los mercados organizados. Por tanto, procede considerar que los requisitos de supervisión y de regulación aplicables a los mercados organizados situados en esos terceros países son al menos equivalentes a los aplicados en la Unión a los efectos del artículo 107, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en lo que atañe solo a las exposiciones frente a mercados organizados situados en esos terceros países.

(22)

Las listas de terceros países y territorios considerados equivalentes a efectos de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.o 575/2013 no son exhaustivas. La Comisión, con la asistencia de la Autoridad Bancaria Europea, seguirá controlando regularmente la evolución de las disposiciones de supervisión y de regulación de terceros países y territorios con vistas a actualizar, según proceda y al menos cada cinco años, las listas de terceros países y territorios que establece la presente Decisión, habida cuenta, en particular, de la evolución de las disposiciones de supervisión y de regulación, tanto en la Unión como a escala mundial, y atendiendo a las nuevas fuentes de información pertinente que estén disponibles.

(23)

La revisión periódica de los requisitos prudenciales y de supervisión aplicables en los terceros países y territorios que se enumeran en los anexos I a VI de la presente Decisión debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad que tiene la Comisión de proceder a una revisión específica en relación con un tercer país o territorio en cualquier momento, al margen de la revisión general, cuando hechos pertinentes hagan necesario que la Comisión reevalúe el reconocimiento que otorga la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la revocación del reconocimiento de equivalencia.

(24)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Bancario Europeo.