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Document 52023IE0493

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el impacto de la crisis energética en la economía europea (Dictamen de iniciativa)

EESC 2023/00493

DO C 293 de 18.8.2023, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2023   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 293/8


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el impacto de la crisis energética en la economía europea

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 293/02)

Ponente:

Alena MASTANTUONO

Decisión de la Asamblea

25.1.2023

Base jurídica

Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

16.5.2023

Aprobado en el pleno

14.6.2023

Pleno n.o

579

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

194/4/10

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las mayores repercusiones de la crisis energética son la inflación y la presión sobre las finanzas públicas. Los precios de la energía impulsados por los precios del gas y del petróleo fueron el catalizador de la inflación y afectaron gravemente a los hogares de renta baja y media y a las empresas de elevado consumo energético. La elevada inflación fue el fenómeno más visible de los resultados económicos de 2022, con un efecto dominó en otros elementos de la cesta de la compra y un fuerte impacto en el consumo y el comportamiento. El elevadísimo nivel de declaraciones de quiebra en la Unión también muestra la gravedad de la situación.

1.2.

Al impacto de la crisis energética se sumaron las anteriores consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19, que debilitaron de manera significativa los resultados económicos de la Unión tras la mayor caída del crecimiento del PIB registrada en muchos decenios. Algunos sectores podrían verse más afectados por este efecto acumulativo. También hace difícil tener una visión general del impacto de la crisis energética en la economía, debido a los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19. El hecho de que los datos estadísticos actuales en algunos ámbitos, como el empleo, sean moderadamente positivos no significa ni mucho menos que la situación sea perfecta. Un análisis claro del impacto económico solo podrá llevarse a cabo cuando la crisis haya terminado y cuando se disponga de todos los datos desglosados.

1.3.

La crisis energética ha afectado a la economía en términos de elevada inflación, débil crecimiento económico, fuerte presión sobre las finanzas públicas y el poder adquisitivo de los hogares y las empresas, así como pérdida de competitividad económica exterior. Partiendo de las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE), el Comité Económico y Social Europeo (CESE) propone que se establezca un criterio de «triple T verde» para que las futuras intervenciones sean adaptadas, selectivas y resistentes a la transición (tailored, targeted and transition-proof). Las medidas no selectivas relacionadas con los precios solo prolongarían el período de elevada inflación a largo plazo.

1.4.

El CESE se muestra convencido de que la lección que debe extraerse de los efectos negativos de la crisis energética en los resultados económicos tiene que reflejarse en los próximos pasos políticos. La crisis energética, provocada principalmente por la invasión rusa de Ucrania, puso de manifiesto y detectó algunas de las carencias y perturbaciones sustanciales del sistema económico de la Unión, que debe mejorarse y ajustarse estructuralmente para poder hacer frente a perturbaciones exógenas similares de manera más eficaz, sobre todo en términos de resiliencia, eficiencia y autonomía estratégica.

1.5.

El CESE considera que la Unión debe ir más allá de las respuestas presupuestarias de emergencia y centrarse en los cambios estructurales para poder desvincularse más rápidamente de los combustibles fósiles. Para garantizar un desarrollo económico fluido y competitivo, la Unión necesita suministros fiables y seguros de energía asequible sobre la base de un mercado integrado de la energía con una amplia proporción de energía limpia, que sea resiliente y capaz de hacer frente a perturbaciones e impactos.

1.6.

Respalda con firmeza todas las medidas políticas destinadas a reducir la inflación de forma sostenible a lo largo de este año y se muestra favorable a una recuperación económica basada en inversiones en sectores e industrias ecológicos, digitales y con importancia estratégica, apoyando la base industrial de la Unión y la competitividad mundial, a la vez que se aprovechan todas las ventajas del mercado único. Es absolutamente vital que la producción de tecnologías limpias se convierta en un argumento comercial para Europa. Los interlocutores sociales quieren garantizar, a cualquier precio, que los conocimientos, las capacidades y la base de producción no abandonen Europa. Para garantizar una independencia inteligente, la industria (y los puestos de trabajo que crea) tiene que permanecer en Europa. Por lo tanto, la competitividad y la creación de empleos de calidad deben convertirse en un modo de vida y en un elemento fundamental de la elaboración y la aplicación de nuestras políticas.

1.7.

La aplicación del Pacto Verde, incluida la transición hacia una economía neutra en carbono y el mantenimiento de una industria competitiva de la UE, requiere enormes inversiones procedentes de fuentes públicas y privadas. Sin embargo, la UE carece de un marco a largo plazo para una financiación sólida de la aplicación del Pacto Verde. En consecuencia, el CESE pide un marco adecuado para apoyar medidas que financien la transición hacia una economía climáticamente neutra de manera sencilla y eficiente.

1.8.

En tiempos de crisis e incertidumbre, una información objetiva y un liderazgo político fuerte resultan determinantes. Por consiguiente, el CESE recomienda que se siga garantizando una comunicación adecuada, incluso a lo largo de todo el período en que se aborden las consecuencias de la crisis. La reforma del mercado y del sistema de la energía repercutirá en todas las industrias y consumidores; es absolutamente esencial que las partes interesadas puedan intervenir en el proceso legislativo y reciban información adecuada sobre esta transición fundamental.

2.   Datos básicos y contexto

2.1.

La crisis energética y su impacto en la vida de las personas y en la prosperidad de las empresas siguen su curso. Esto dificulta la medición de su impacto global final en la economía. Sin embargo, podemos afirmar sin duda que el mayor impacto de la crisis se ha reflejado en la inflación (la más alta en muchos decenios) y en las finanzas públicas (que han desempeñado un papel importante a la hora de paliar los efectos de los elevados precios y costes, y de apoyar sin fisuras las inversiones para hacerlas menos vulnerables). La causa de los elevados precios de la energía fue la escalada de los precios del gas (1).

2.2.

Conviene recordar los hitos clave de la Unión de la Energía, que han marcado de forma específica el rumbo del desarrollo futuro del sistema energético. Algunos de sus pilares, en especial los relacionados con la seguridad energética, se han subestimado recientemente, debido sobre todo al marcado interés y preferencia por el gas ruso barato, considerado en aquel momento una fuente temporal durante la transición económica ecológica, y al abandono precipitado por motivos puramente políticos de fuentes estables de energía limpias.

2.3.

En cuanto a la combinación energética, que varía de un Estado miembro a otro debido, entre otros aspectos, a sus condiciones geomorfológicas, las circunstancias nacionales influyen de forma muy decisiva en el cumplimiento de los objetivos de la Unión de la Energía. Este factor se refleja visiblemente en la velocidad de la transición ecológica de la Unión. No obstante, una cosa sigue estando clara: la principal prioridad de la Unión de la Energía durante la crisis fue la seguridad del suministro, contraviniendo en ocasiones los objetivos de la transición ecológica.

2.4.

La actual crisis energética ha puesto de manifiesto la gravedad de la vulnerabilidad del sistema energético de la UE y la importancia de perseguir la autonomía energética estratégica abierta de toda la cadena del sector energético. Al mismo tiempo, ha demostrado la capacidad del sistema para afrontar y absorber intensas perturbaciones exógenas y sus consecuencias. La crisis energética se desencadenó por una combinación de circunstancias económicas, políticas y técnicas. Comenzó con las perturbaciones económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, que impulsaron la demanda mundial de energía, mientras que la interferencia de terceros países y los bajos niveles de almacenamiento de gas en algunos países europeos durante la temporada de invierno 2021-2022, combinados con una mayor demanda, expusieron la gravedad de la situación. Esta situación, ya de por sí difícil, empeoró con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que se agravó por la dependencia de la Unión de fuentes de energía fósiles, con una fuerte influencia directa en los precios de la energía y la seguridad del suministro.

2.5.

El impacto de la crisis energética en la economía de la Unión ha sido perjudicial. En 2022, contribuyó directamente a alcanzar la inflación más elevada de la historia reciente de la integración de la Unión, con una tasa de inflación media del 9,2 % (2), que se espera descienda hasta el 6,7 % (aún muy elevada) en 2023 y el 3,1 % un año después (3). La elevada inflación ha sido el fenómeno más visible en los resultados económicos de 2022, con un efecto dominó en otros elementos de la cesta de la compra y un fuerte impacto en el consumo y el comportamiento. Esta situación ha tenido un enorme impacto en los hogares y las empresas. No solo fueron las personas más vulnerables las que sufrieron a causa de las subidas de precios. Los hogares de rentas bajas y medias se han visto gravemente afectados y las tasas de pobreza energética podrían aumentar. Todo ello afectó profundamente a las finanzas personales y a la confianza de los consumidores de la UE, la mayoría de los cuales ha adaptado sus hábitos para hacer frente a la crisis energética. La confianza de los consumidores registró un mínimo histórico en septiembre de 2022 y posteriormente se recuperó ligeramente.

2.6.

La situación también ha influido negativamente en la posición de las empresas. Con un aumento sustancial del 26,8 % en comparación con el trimestre anterior, las declaraciones de quiebra en la Unión se situaron en 113,1, el nivel más alto jamás registrado, según un índice utilizado por Eurostat para calibrar el nivel de quiebra en la Unión en comparación con el valor de referencia de 100 en 2015. Los datos revelan que el índice empezó a aumentar en el segundo trimestre de 2020 y se incrementó de manera significativa a lo largo de 2022. La cifra del cuarto trimestre de 2022 reflejó un deterioro de la situación en la que las empresas, especialmente las pymes, se enfrentaron a la disminución de la demanda, al endurecimiento de las calificaciones crediticias (4) y a un futuro sombrío e incierto.

2.7.

La crisis energética también ha tenido un efecto negativo en los resultados económicos de la Unión, principalmente en términos de consumo privado (su disminución se considera la principal causa del estancamiento del PIB), inversiones (a pesar del enorme potencial de la actividad inversora, de hecho, el déficit de inversión ha aumentado desde 2021) y competitividad exterior (con un empeoramiento sustancial en comparación con el período anterior a 2020). Se prevé que el PIB global de la Unión, tras un sólido crecimiento del 3,5 % en 2022, crezca ligeramente (1,0 %) en 2023 y se acelere de forma moderada (1,7 %) en 2024.

2.8.

Otra carga adicional que se deriva directamente de la crisis energética es la evolución de las finanzas públicas. En 2022, el déficit presupuestario medio ascendió al 3,4 % del PIB (5), y se estiman cifras bastante similares (superando las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) para los próximos dos años. La crisis energética junto con la transición ecológica ejercen una presión significativa sobre el gasto público, mientras que debe utilizarse un enfoque prudente para mantener el equilibrio presupuestario. Un uso más amplio del apalancamiento de la inversión privada basado en sistemas de garantía (similar al del FEIE) debería servir de modelo para asignar inversiones suficientes de manera prudente desde el punto de vista presupuestario.

2.9.

Hasta la fecha, los datos estadísticos agregados relativos al impacto de la crisis energética en el mercado laboral no han sido negativos. En diciembre de 2022, la tasa de desempleo se situó en el 6,1 % en la Unión (sin cambios desde abril). Se trata de la cifra más baja desde 2000. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica estimada a finales del año pasado y proyectada para principios del 2023 debería afectar al ritmo de crecimiento del empleo. Las empresas de gran consumo de energía se vieron gravemente afectadas por la crisis y se espera que el mercado laboral tenga que hacer frente en el futuro a retos importantes.

2.10.

En 2022, la crisis energética, combinada con un invierno suave, ahorro energético y la interrupción de las actividades empresariales, provocó una disminución del consumo de electricidad (-4,6 %). Según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la caída de la demanda se aceleró a lo largo del año; en el cuarto trimestre de 2022 fue cinco veces mayor que en el primer trimestre. La caída de la demanda aumentó del -1,8 % en el primer trimestre al -9,5 % en el cuarto, en comparación con los mismos períodos de 2021.

2.11.

Al mismo tiempo, la crisis ha tenido algunos aspectos positivos. En primer lugar, en forma de nuevas soluciones que ofrecieron avances para aumentar la eficiencia energética e impulsar (o redescubrir, en algunos casos) las tecnologías limpias, dado que algunas empresas introdujeron soluciones innovadoras en el mercado. En segundo lugar, ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la interconexión de los mercados de la energía y la solidaridad entre los Estados miembros. Tanto las instituciones de la Unión como los Estados miembros pudieron adoptar medidas, reaccionar con bastante rapidez y aceptar la nueva situación de manera muy flexible.

2.12.

La crisis también ha dado lugar a la necesidad de ajustar y redefinir los principales pilares de la política energética de la Unión: la Unión de la Energía, el Pacto Verde y sus elementos específicos (especialmente el paquete de medidas «Objetivo 55»), y el marco de la taxonomía de la Unión. Las respuestas a la grave situación en 2022 incluyen instrumentos estructurales a largo plazo, como REPowerEU y la política industrial del Pacto Verde para la era de las cero emisiones netas, así como medidas inmediatas o a corto plazo para evitar que las consecuencias más dolorosas de la crisis afecten a los hogares y las empresas.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE subraya que la principal causa de la crisis fue la elevada dependencia de la Unión con respecto al suministro de gas de Rusia y propone establecer una visión a largo plazo que haga que la Unión dependa menos de la energía de terceros países; esto incluye también la independencia con respecto a las tecnologías limpias. El CESE subraya que todas las medidas nacionales y de la Unión deben incentivar este cambio estratégico para garantizar la autonomía estratégica de Europa.

3.2.

El CESE es plenamente consciente de que la principal prioridad es abordar no solo las consecuencias, sino sobre todo las razones y causas de la crisis, y se muestra dispuesto a debatir y proponer soluciones. Para ello, es necesario abandonar gradualmente las medidas de emergencia en favor de reformas e inversiones compatibles con el mercado y basadas en datos contrastados, respaldadas a su vez por conceptos estratégicos sostenibles y viables. Estos conceptos estratégicos deben lograr un equilibrio entre sus prioridades, sus fuentes de financiación (públicas y privadas) y el entorno institucional y las condiciones administrativas (permisos, cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión), y basarse en un apoyo público adecuado.

3.3.

Las medidas de ahorro energético adoptadas por los hogares y las empresas ayudaron a evitar cualquier riesgo grave de escasez de energía. Sin embargo, no debe obviarse que algunos ahorros se debieron únicamente al cierre de actividades empresariales. Los sectores industriales más vulnerables en la crisis incluyen lógicamente aquellos que consumen más energía (industria química, productores de fertilizantes, acerías e industria siderúrgica). Se les debe prestar especial atención en lo que respecta a su transición energética y al riesgo de desindustrialización de la Unión (fuga de carbono).

3.4.

La base de la transición ecológica es una infraestructura energética sólida e interconectada, que ha sufrido una grave subinversión en los últimos años. La inversión y la modernización de infraestructuras desempeñarán un papel clave en los próximos años. Por lo tanto, es importante que las nuevas normas envíen una señal clara y a largo plazo a los inversores. Sin embargo, la capacidad de las pymes para invertir en la transición energética ha sido muy limitada desde que estalló la crisis inicial (COVID-19). Las reformas deben respetar los objetivos de la política energética de la Unión en términos de transición ecológica, resiliencia y bienestar social, así como las enormes diferencias entre las estructuras de combinación energética de determinados Estados miembros. La crisis ha tenido efectos graves en la seguridad de las inversiones.

3.5.

El CESE está convencido de que los requisitos clave de reforma incluyen principalmente una actualización de la configuración del mercado de la energía para permitir una transición ecológica sostenible. El CESE pide a los colegisladores que alcancen un consenso sobre las principales categorías de diseño del mercado, influyendo directamente en la futura propensión a invertir en este sector, incluidos los contratos a largo plazo, instrumentos de apoyo e incentivos para las energías renovables, un modelo que constituya la base de la generación de precios de la energía y la cuestión de la flexibilidad general.

3.6.

El Pacto Verde Europeo, complementado por la iniciativa REPowerEU, tiene el potencial de invertir aproximadamente 350 000 millones EUR con carácter anual hasta finales de la década (más del 2 % del PIB anual de la UE). Las previsiones de inversión a corto plazo de la UE siguen siendo sustancialmente más modestas. Ello requiere la movilización de recursos financieros adicionales para dar cabida a las necesidades prioritarias de inversión. Estos tipos de inversiones podrían ser el desencadenante de una recuperación económica más sólida de la UE y de inversiones adicionales en infraestructuras, digitalización de las redes energéticas, capacidades de interconexión y almacenamiento.

3.7.

El CESE es plenamente consciente de que se necesitan enormes recursos financieros para acometer este proceso. La transición ecológica no será posible sin inversiones en investigación, innovación, infraestructuras y personas, que han de estar debidamente preparadas a través de la educación, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional. A pesar de las cuantiosas sumas que ofrecen los nuevos programas de financiación de la Unión para este fin, las fuentes nacionales públicas y privadas son absolutamente esenciales para hacerla realidad. El CESE destaca la necesidad de una financiación sencilla, eficiente y de fácil acceso y pide métodos innovadores para movilizar capital privado por medio de instrumentos financieros. El CESE también tiene en cuenta el papel ampliado que desempeña el apoyo a las ayudas estatales y la financiación para un fin específico, pero recomienda garantizar unas condiciones de competencia equitativas en la Unión.

3.8.

Los Gobiernos de la Unión asignaron y destinaron 758 000 millones EUR para proteger a los hogares y las empresas entre septiembre de 2021 y enero de 2023. Solo un tercio de las intervenciones presupuestarias ejecutadas por los Estados miembros estaban dirigidas a categorías vulnerables. El CESE recomienda partir de las recomendaciones del BCE y establecer un criterio de «triple T verde» para que las futuras intervenciones sean adaptadas, selectivas y resistentes a la transición. El FMI también definió las medidas no selectivas relacionadas con los precios como la creación de las condiciones para un período prolongado de inflación elevada a largo plazo. Retrasar su eliminación progresiva podría comprometer la capacidad del BCE para alcanzar sus objetivos a medio plazo, lo que daría lugar a un endurecimiento monetario durante más tiempo del que sería deseable.

3.9.

El CESE está convencido de que la recuperación económica podría, por tanto, conducir a la creación de nuevas oportunidades de empleo y mejorar la competitividad exterior de la economía de la Unión, mediante la creación de nuevas industrias y proyectos empresariales necesarios para que la transición a una economía climáticamente neutra se realice con éxito. La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de calidad serán decisivos para gestionar el proceso de transición. Es absolutamente vital que la producción de tecnologías limpias se convierta en un argumento comercial para Europa. Los interlocutores sociales quieren garantizar, a cualquier precio, que los conocimientos, las capacidades y la base de producción no abandonen Europa. Para garantizar una independencia inteligente, la industria (y los puestos de trabajo que crea) tiene que permanecer en Europa. Existe una necesidad urgente de recuperar terreno, y la transición hacia una economía ecológica nos brinda esa oportunidad siempre que se gestione correctamente. Por lo tanto, la competitividad y la creación de empleos de calidad deben convertirse en un modo de vida y en un elemento fundamental de la elaboración y la aplicación de nuestras políticas.

3.10.

Además de las nuevas medidas de reforma, la Unión debe centrarse en primer lugar en aplicar y hacer cumplir la legislación adoptada en el marco del Pacto Verde. También se plantea la cuestión de por qué los Estados miembros no han ejecutado estas medidas. Una de las razones es que la capacidad de los Estados miembros para absorber la oleada de legislación es muy baja. Lo mismo ocurre con las empresas, principalmente las pymes.

4.   Observaciones particulares

4.1.

El CESE pide a la Comisión Europea y a sus colegisladores que hagan todo lo posible para garantizar un consenso sobre los parámetros y las categorías clave de diseño del mercado. Por ejemplo, en el caso de los contratos de compraventa de energía (CCE), sería conveniente definir normas comunes de la Unión sobre licitaciones públicas para ellos, requisitos para las garantías estatales conexas o un marco de incentivos para que las empresas aprovechen todo el potencial de los CCE. El CESE desearía ver resultados pronto. De lo contrario, debido a la falta de transparencia y previsibilidad a largo plazo, los inversores aplazarán sus decisiones de inversión o abandonarán el mercado y las inversiones no se realizarán hasta que el marco esté absolutamente claro para ellos.

4.2.

El CESE se muestra muy preocupado por los resultados macroeconómicos de la Unión que se registran desde hace muchos decenios y es plenamente consciente de su gravedad. Sin embargo, también es consciente de que la partida no ha terminado y de que es necesario actuar para mejorar la situación. El CESE espera que el mayor peligro, la inflación, se esté controlando y que, si no hay ninguna otra perturbación externa, podría comenzar pronto un período caracterizado por un nuevo sistema energético limpio, justo y resiliente.

4.3.

El CESE recomienda encarecidamente que las medidas extraordinarias relativas a los ingresos sean estrictamente temporales. Utilizarlas durante un período más largo del necesario puede dar lugar a algunos cambios de comportamiento, efectos sociales y distorsiones innecesarias del mercado, y a desincentivar la inversión para los inversores de los sectores afectados. Durante un período transitorio, la política de fijación de límites máximos debería reflejar de forma flexible la realidad económica y adaptarse a la evolución del mercado; de lo contrario, podría perjudicar a los consumidores en caso de que descendiesen los precios de la electricidad.

4.4.

El CESE apoya firmemente un sistema reforzado de protección de los consumidores como lección extraída del impacto de la actual crisis energética en ellos. Esto significa un servicio integral, que incluye protección jurídica, servicios de información y asesoramiento, instrucciones detalladas, intercambio de buenas prácticas, etc. Debe prestarse especial atención a las personas en riesgo de pobreza energética.

Bruselas, 14 de junio de 2023.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Los precios de la electricidad aumentaron considerablemente, con un impacto diverso en función de la importancia local del gas en la cartera de generación, alcanzando los 150-300 EUR/MWh en 2022.

(2)  La edición 2023 del índice armonizado de precios de consumo de la energía que publicó la Comisión muestra que la tasa anual en 2022 alcanzó una media del 20 %. Sin embargo, se registraron diferencias entre los distintos Estados miembros, siendo Italia donde se alcanzó un nivel máximo del 65 %.

(3)  Previsiones económicas de primavera de 2023: Eurostat.

(4)  Según la encuesta sobre préstamos del BCE de enero de 2023, los criterios para la concesión de préstamos siguieron endureciéndose de forma considerable en el cuarto trimestre de 2022, tanto para las empresas como para los hogares. Las empresas experimentaron el mayor endurecimiento neto de los criterios de concesión de créditos desde la crisis de la deuda soberana de la zona del euro en 2011.

(5)  Previsiones económicas de primavera de 2023: Eurostat.


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