Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la «Revisión intermedia del marco financiero plurianual: la posición del nivel regional y local»

(2023/C 257/03)

Ponente: Thomas HABERMANN (DE/PPE), presidente del Ejecutivo del Distrito de Rhön-Grabfeld

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

1.

señala que la guerra de agresión rusa en Ucrania y la ocupación continuada de territorios ucranianos en violación del Derecho internacional no solo están provocando una destrucción y un sufrimiento inmensos sobre el terreno, sino que también están teniendo un impacto tangible en la Unión Europea, sus Estados miembros y los entes locales y regionales, tanto en las zonas rurales como en las urbanas;

2.

señala, además, que la Unión Europea aún no se ha recuperado completamente de la pandemia de COVID-19, que ya supuso una carga financiera adicional, en particular para los entes locales y regionales;

3.

observa que el actual marco financiero plurianual (MFP) se elaboró antes del inicio de la guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19, la subida de los costes de la energía y el aumento de la inflación. Dos años después de su adopción está claro que el marco vigente no es apto para responder a las crisis actuales;

4.

acoge con satisfacción, en este contexto, que el Acuerdo Interinstitucional que acompaña al marco financiero plurianual obligue a la Comisión Europea a presentar una revisión intermedia del MFP y pide que se realice una evaluación exhaustiva de su alcance, incluidos sus límites presupuestarios, su funcionamiento y sus medidas de flexibilidad;

5.

subraya la importancia de los principios horizontales que sustentan el MFP y todas las políticas conexas de la UE, en particular en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de la Unión en materia de clima y biodiversidad y al fomento de la igualdad de género; insiste en que la revisión debe mantener estos principios en el centro del MFP y cumplir el compromiso de la Unión de garantizar una recuperación equitativa, resiliente, sostenible y socialmente justa para todos, incluida la aplicación del marco para 2030 revisado de los objetivos climáticos, energéticos y medioambientales de la UE, con el fin de lograr que la Unión sea climáticamente neutra de aquí a 2050;

6.

subraya que el diseño del MFP tiene un impacto significativo en el desarrollo de los entes locales y regionales y que gran parte de los fondos europeos se utiliza directamente para reforzar los municipios y las regiones;

7.

reitera la importancia de la política de cohesión de la UE para lograr la cohesión económica, territorial y social en todas las regiones. Sin este pilar clave del apoyo europeo, el éxito del mercado interior europeo quedaría en entredicho. Se compromete a trabajar en la Alianza para la Cohesión para que en el futuro MFP se asegure una política de cohesión fuerte y mejorada que continúe ocupando un lugar central en Europa;

8.

observa que, en algunos países, la baja tasa de absorción de los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión se debe principalmente a la aprobación tardía de los programas operativos y al hecho de que varios programas de apoyo de la UE se rigen por normativas y plazos divergentes en lo referente a compromisos y los pagos se efectúan en paralelo (por ejemplo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, React-UE, el Fondo de Transición Justa, así como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) y que los períodos de planificación y ejecución de las medidas de intervención autorizadas a posteriori para hacer frente a crisis son demasiado cortos. Hace un llamamiento a alinear las normas de los diferentes fondos de gestión compartida con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre Disposiciones Comunes y hace hincapié en que las bajas tasas de absorción actuales relativas a algunos de los programas no pueden utilizarse como criterio para reducir los fondos de cohesión asignados;

Un MFP que apoye las inversiones en los niveles regional y local

9.

destaca que la elevada inflación, el coste de la vivienda, la atención y la integración de los refugiados y el fuerte aumento de los costes de la energía también plantean grandes retos a los entes locales y regionales. Incluso en los Estados miembros más fuertes desde el punto de vista económico, con frecuencia los entes locales y regionales ya no pueden realizar las inversiones necesarias por sus propios medios. Asimismo, la escasez de materias primas, la falta de personal cualificado y la inestabilidad de las cadenas de suministro plantean nuevos retos que ponen en peligro la estabilidad económica en Europa;

10.

señala que más de la mitad de los recursos del Fondo de Transición Justa (FTJ) proceden del instrumento NextGenerationEU (NGEU) y solo cuentan con un período de ejecución reducido hasta 2023; observa con preocupación que eso provoca una enorme presión de inversión durante los años iniciales de un FTJ completamente nuevo —que no existe en el caso de los Fondos de Cohesión establecidos—; pide una ampliación del período de inversión de los recursos del FTJ procedentes de NGEU (por ejemplo, ampliando los plazos para los compromisos) con el fin de no poner en peligro los desembolsos y garantizar que los recursos del FTJ se utilicen en su totalidad para proyectos eficaces y sostenibles en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo;

11.

señala que, además, una gran parte de las normas establecidas para alcanzar los objetivos europeos comunes requiere importantes inversiones a escala local y regional, lo que tiene efectos directos en los presupuestos subnacionales. Esto es lo que sucede, por ejemplo en el caso de los objetivos digitales de la UE, el Pacto Verde Europeo o el paquete de medidas «Objetivo 55», que requieren que más de la mitad de las inversiones necesarias se realicen en los niveles regional y local;

12.

pide que se eliminen gradualmente las subvenciones perjudiciales —que deberían haberse eliminado hace ya tiempo— y que haya coherencia entre todos los fondos y programas de la UE en el MFP posterior a 2027; insiste en que los proyectos y programas que no sean coherentes con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 oC, o con el objetivo de detener y revertir la pérdida de biodiversidad, no deben poder optar a ayudas en el próximo MFP;

13.

observa que los entes locales y regionales se ven desbordados por sus actuales obligaciones de inversión debido a la mala situación presupuestaria en muchos lugares y teme que la disminución generalizada de la inversión pública ponga en grave peligro la consecución de los objetivos paneuropeos (como los del Pacto Verde Europeo, por ejemplo) y obre en detrimento de la prosperidad de la ciudadanía y, en general, del potencial económico de las regiones y municipios de la UE;

14.

considera, por tanto, que reforzar el MFP por sí solo sin reforzar al mismo tiempo la capacidad de inversión de los entes locales y regionales no obtendrá los resultados deseados. Considera también importante, en este contexto, promover estrategias de desarrollo territorial (desarrollo local participativo/inversión territorial integrada), cuando sea necesario haciendo su uso obligatorio, con el fin de implicar a los niveles de gobierno más próximos a la ciudadanía en la planificación, consulta, ejecución y gestión de los fondos;

15.

señala que, si bien los fondos europeos pueden contribuir de manera significativa a apoyar a los entes subnacionales, no serán suficientes en todas partes para permitir las inversiones necesarias a escala local y regional a fin de llevar a término los proyectos europeos;

16.

observa, a este respecto, que en la mayoría de los Estados miembros no existen mecanismos de compensación automática y completa de los costes de ejecución de los proyectos europeos para los entes locales y regionales por parte de los niveles superiores;

17.

considera que una Unión Europea fuerte, competitiva y sostenible solo puede lograrse si los presupuestos de todos los niveles de gobierno disponen de recursos suficientes, interconectados y complementarios; pide, por tanto, una genuina revisión del MFP, que tenga en cuenta los nuevos retos y proporcione recursos adicionales para su gestión;

18.

considera que, cuando se presenten nuevas propuestas legislativas de la UE, la Comisión debe estimar el coste de la aplicación en el nivel pertinente, si existen mecanismos de compensación a nivel nacional y valorar en qué medida los recursos del MFP contribuirán a la compensación de los costes; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en caso de déficit de inversión, garanticen la disponibilidad de fondos suficientes para compensar los gastos, a fin de garantizar un desarrollo generalizado y coherente;

19.

pide a la Comisión Europea que, para evaluar estos aspectos, antes de elaborar las propuestas lleve a cabo una evaluación exhaustiva del impacto territorial, en la que participen tanto los Estados miembros como los centros regionales;

20.

hace hincapié en que en el octavo informe sobre la cohesión se pide que se refuercen las evaluaciones del impacto territorial y la verificación rural, para tener en cuenta en mayor medida las necesidades y especificidades de los distintos territorios de la Unión; se remite, a este respecto, al Dictamen del CDR titulado No perjudicar a la cohesión — Un principio transversal que contribuya a la cohesión como objetivo general y valor de la UE (1); pide a la autoridad presupuestaria que aproveche la revisión del MFP para añadir medios financieros con vistas a financiar estas evaluaciones del impacto territorial;

Un MFP que refuerce la Unión Europea y la haga más resiliente

21.

observa que, en los últimos años, en caso de crisis, la Unión Europea se ha visto limitada en su capacidad de respuesta debido a los largos debates sobre el presupuesto y la financiación de nuevas medidas, y a la insuficiencia de los instrumentos de flexibilidad presupuestaria disponibles; insiste en su convencimiento de que la revisión intermedia del MFP se acordó para tener en cuenta esos nuevos retos imprevisibles;

22.

considera que el marco financiero plurianual ya no está actualizado y debe revisarse;

23.

señala que el MFP y los recursos propios están interrelacionados; insta al Consejo y a la Comisión a que se atengan a la hoja de ruta para la instauración de nuevos recursos propios, tal como se acordó en el Acuerdo Interinstitucional jurídicamente vinculante firmado en diciembre de 2020, lo cual es necesario para asumir al menos el reembolso de NextGenerationEU;

24.

acoge con satisfacción el hecho de que en 2023 la Comisión Europea vaya a presentar propuestas para nuevos recursos propios auténticos. Subraya que estos nuevos ingresos deben incluirse en el presupuesto de la UE como ingresos no afectados y no deberían solo servir para refinanciar la deuda de NextGenerationEU, sino también para reforzar, en el sentido del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la capacidad a largo plazo de la UE, los Estados miembros y los entes locales y regionales para responder a las crisis. En el marco de los preceptos del Derecho primario y respetando plenamente las competencias de los Estados miembros, también deberían contribuir a abordar cuestiones políticas urgentes en un contexto económico marcado por la inflación y los elevados precios de la energía y a reducir la dependencia de la UE de los recursos de la renta nacional bruta. La reforma del sistema de recursos propios debe examinar el impacto en los municipios y regiones a través de evaluaciones de impacto territorial, tener plenamente en cuenta las disposiciones pertinentes del Tratado de la UE y limitar aún más la dependencia de los recursos propios basados en la renta nacional bruta;

25.

señala que, antes de recaudar nuevos recursos propios, debe examinarse su impacto en los entes locales y regionales, las empresas y los hogares de la UE. En particular, deben tenerse en cuenta los sistemas de imposición existentes a escala nacional, regional y local para evitar la competencia entre los niveles europeo y nacional, regional o local, o incluso la doble imposición. En este contexto, también se remite al Dictamen del CDR titulado La nueva generación de recursos propios para el presupuesto de la UE (2);

26.

reitera la petición que formuló en el Dictamen sobre el tema Hacer que el RCDE y el MAFC funcionen para las ciudades y regiones de la UE (3) de asignar una parte de los nuevos ingresos directamente al nivel responsable del cumplimiento de los requisitos de los proyectos europeos correspondientes;

27.

considera que el MFP debe contribuir a la descentralización mediante el refuerzo de la resiliencia y la capacidad de inversión de los entes locales y regionales sobre el terreno. La puesta en común de capacidades a escala europea no debe ir en detrimento de la resiliencia frente a las crisis y la capacidad de respuesta de los entes subnacionales;

28.

insta expresamente a la Comisión Europea a que analice los posibles modelos de participación en la negociación, distribución, programación y ejecución de los fondos de cohesión (en particular los fondos del RDC y el Feader), con el fin de optimizar la participación de los entes regionales y locales en cada una de las etapas de la gestión de los fondos europeos 2028-2034. Para llevar a cabo este análisis deberán aprovecharse las lecciones extraídas de la primera mitad del MFP;

29.

propone que en el MFP se cree una reserva central y global de respuesta a las crisis que, si no se utiliza antes del final del período presupuestario —con períodos de ejecución ampliados para las acciones ya programadas—, se use en el marco de los fondos respectivos para reforzar la prevención de crisis a escala local y regional;

30.

considera que la reconstrucción de Ucrania es una necesidad europea y un deber moral que exigirá una coordinación a escala europea de las ayudas directas de los Estados miembros y recursos adicionales más allá del vigente marco financiero plurianual (MFP) de la UE (4); estos últimos podrían proporcionarse, entre otros, a través del mecanismo, apoyado por la Comisión, de la Plataforma de Coordinación de Donantes para Ucrania. La estrategia de reconstrucción debe basarse, en la medida de lo posible, en la metodología de la política de cohesión de la UE para preparar mejor a Ucrania en la senda de la adhesión a la Unión y de la aproximación a su acervo;

Un MFP que financie adecuadamente la aplicación de las políticas europeas

31.

observa que, en el pasado, la Comisión Europea ha propuesto con regularidad nuevas medidas y, por lo que respecta a la financiación, ha hecho una referencia general a la política regional o al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sin comprobar en absoluto si los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo los programas o planes están disponibles para financiar las medidas sobre el terreno;

32.

subraya, en este contexto, que las nuevas tareas de la Unión Europea también requieren nuevos recursos y acoge con satisfacción la adopción del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre nuevos recursos propios, incluida una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios. Además, en el contexto de las nuevas políticas europeas, se invita a la Comisión Europea a valorar si hay fondos disponibles para este fin en el marco financiero plurianual y si estos fondos pueden utilizarse en todos los Estados miembros para alcanzar los objetivos. Por lo que se refiere a los fondos de la política regional, debería estudiarse detenidamente si los fondos existentes ya se han asignado a otros propósitos o si su utilización requiere una adaptación de los programas operativos;

33.

pide que el MFP se armonice con las políticas de la Unión y que proporcione los medios financieros necesarios para ejecutarlas; subraya que la revisión del MFP debe aprovecharse para subsanar las deficiencias del actual presupuesto plurianual;

34.

destaca que la Comisión Europea debe garantizar que la Unión cumpla sus compromisos climáticos internacionales en términos financieros y aporte fondos —de acuerdo con las promesas hechas— a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático, en particular al Fondo de Pérdidas y Daños acordado en la COP27 y a los programas pertinentes del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global (IVCDCI);

35.

señala que, desde su creación hace casi treinta años, el CDR ha estado infrafinanciado en comparación con los órganos de la Unión con funciones similares atribuidas por el Derecho primario (5); no obstante, ha promovido de manera efectiva una mejor regulación y medidas de evaluación del impacto territorial y ha reforzado la democracia europea a través de los representantes elegidos a nivel local y regional;

36.

recuerda que en 2022 el presupuesto institucional del CDR representó menos del 1 % de la rúbrica 7 («Administración pública europea») (6) y que invertir en este Comité significa cumplir las prioridades políticas de la UE, teniendo en cuenta que el 70 % de las políticas de la Unión se aplican a escala local y regional y que los entes locales y regionales son, en promedio, responsables de la mitad de la inversión pública, de un tercio del gasto público y de un cuarto de los ingresos fiscales;

37.

destaca, por consiguiente, que el dinero de los contribuyentes debería utilizarse más a través del capítulo administrativo del MFP (rúbrica 7) para restaurar la confianza y aumentar el diálogo con la ciudadanía, en particular a través de las dos asambleas políticas de la UE compuestas por miembros elegidos democráticamente, a saber, el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, habida cuenta de la gran confianza que los ciudadanos tienen en sus responsables políticos regionales y locales y las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (7);

38.

lamenta que la propuesta consolidada de la Comisión Europea para el presupuesto de 2024 en la rúbrica 7 del MFP («Administración pública europea») no haya incluido el proyecto de presupuesto para 2024 del CDR, aprobado por amplia mayoría el 15 de marzo de 2023 (proyecto «Aprovechar el potencial de los entes regionales y locales para reforzar la UE» o proyecto «Cenicienta»), especialmente teniendo en cuenta la coyuntura excepcional de las próximas elecciones europeas de 2024, los beneficios de los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y las lecciones aprendidas de las múltiples crisis con los niveles de gobierno local y regional, más presentes cada vez en primera línea;

Un MFP que promueva la cohesión económica, social y territorial

39.

pide que todo el marco financiero plurianual se ajuste a los objetivos del artículo 174 del TFUE y contribuya a la cohesión económica, social y territorial global mediante una distribución equilibrada de los recursos. También debe garantizarse que los pequeños municipios gocen de igualdad de acceso a la financiación, en particular simplificando los procedimientos de solicitud y contando con apoyo específico de la Unión Europea;

40.

señala que los objetivos de la política de cohesión europea solo pueden alcanzarse si hay fondos disponibles para inversiones a largo plazo. La política de cohesión ha resultado un instrumento útil de respuesta inmediata a las crisis recientes gracias, entre otros motivos, a la agilidad y eficacia que ofrece el principio de asociación y gobernanza multinivel y la existencia de un ecosistema especializado de gestores de fondos europeos asentados en el terreno. Pero recuerda que, aunque debe haber cierta flexibilidad, los fondos no deben utilizarse para dar respuesta inmediata a las crisis, como se ha hecho en los últimos meses y años. Es necesaria una partida presupuestaria protegida y a prueba de crisis que permita a las autoridades administrativas y a los beneficiarios llevar a cabo inversiones previsibles y a largo plazo;

41.

hace hincapié en que es de suma importancia que las dotaciones nacionales de cohesión estén disponibles para todos los Estados miembros lo antes posible, de conformidad con los requisitos legales, a fin de no obstaculizar la aplicación y garantizar la igualdad de condiciones para todos los beneficiarios;

42.

pide que todos los fondos se sigan distribuyendo respetando plenamente el principio de asociación. Los fondos pueden ser más beneficiosos si los socios pertinentes participan en la determinación de los retos sobre el terreno. Para garantizar una participación integral, aumentar la seguridad jurídica de las autoridades administrativas y reducir la carga administrativa, se pide a la Comisión Europea que revise el «Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» (8) lo antes posible;

43.

considera que el sistema de gestión compartida ha demostrado ser un éxito para los Fondos Estructurales y que debe mantenerse en el futuro. Los nuevos fondos que se creen, al igual que los ya existentes, también deberían seguir este sistema y, en la medida de lo posible, distribuirse en el marco de una gestión descentralizada;

44.

critica, en este contexto, que los fondos para la recuperación posterior a la crisis (NextGenerationEU) no formen parte formalmente del presupuesto y que esta estructura dificulte el uso coherente de los recursos. Todos los fondos actuales y futuros deben integrarse plenamente en el presupuesto;

45.

pide que se intensifiquen los esfuerzos para reducir las disparidades a escala local y regional en Europa, que se han visto agravadas como consecuencia de las distintas crisis;

46.

subraya que muchas regiones con una fuerte base industrial están experimentando una profunda transformación estructural y pide, a este respecto, que la futura política de inversión y cohesión contribuya a la transformación y que se preste un apoyo específico a las regiones afectadas para dar forma a las transiciones ecológica, social, demográfica y digital, respetando el principio de «no perjudicar a la cohesión», por el que «ninguna acción debe obstaculizar el proceso de convergencia ni contribuir a las disparidades regionales»;

47.

a este respecto, al elaborar y ejecutar el fondo de transición deben tenerse en cuenta no solo los territorios que se enfrentan a los mayores retos, sino también aquellos que ya han iniciado su transición en algún nivel. Además, si los entes locales y regionales no participan adecuadamente en este proceso, existe el riesgo de que los fondos se asignen de forma desequilibrada, sin dar prioridad al nivel NUTS 3;

48.

pide a la Comisión Europea que facilite recursos presupuestarios para la transición justa de las regiones con industria de automoción no más tarde de cuando se diseñe el próximo marco financiero plurianual (MFP) que comenzará en 2028, pero idealmente ya en la revisión intermedia del MFP actual. En este contexto, debe permitirse a las regiones flexibilidad en el uso de la financiación, ya que los retos que afronta cada una son muy diferentes;

Un MFP que haga el uso más eficiente posible de los recursos existentes

49.

pide, por tanto, a la Comisión Europea que examine cómo podrían utilizarse los fondos existentes de la manera más eficiente posible. Los requisitos a nivel europeo deben garantizar que no solo el presupuesto de la Unión Europea, sino también los presupuestos locales y regionales puedan utilizarse de la manera más eficiente posible y que el uso de los recursos no se vea dificultado por una burocracia innecesaria;

50.

considera que los proyectos de la UE y su ejecución nacional en los Estados miembros, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y de autonomía local, deberían, siempre que sea posible, conceder a los entes locales y regionales un amplio margen de apreciación para permitir enfoques prácticos y de base local;

51.

señala asimismo que, en particular en la legislación sobre ayudas estatales y contratación pública, la densidad normativa y la complejidad de las cuestiones jurídicas son elevadas. Una parte significativa de los entes locales y regionales ya no están en condiciones de llevar a cabo por sus propios medios la evaluación jurídica y técnica completa de los proyectos y están obligados a solicitar asesoramiento jurídico y técnico a terceros. Los fondos utilizados para este fin no pueden utilizarse para inversiones, lo que limita de manera considerable la capacidad de inversión de los entes locales y regionales; pide a la autoridad legislativa que garantice medidas de simplificación y subraya la necesidad de evitar la sobrerregulación; también se solicita financiación para mejorar la capacidad administrativa regional y local;

52.

señala asimismo, en este contexto, que los largos procedimientos de contratación pública dificultan considerablemente la ejecución de los proyectos dentro de su plazo o del período de financiación;

53.

pide que, con el fin de reforzar la competitividad de la UE y de sus entes locales y regionales, se adapten las normas de la Unión sobre ayudas estatales a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para la inversión en tecnologías de vanguardia y su producción para todas las regiones;

54.

considera que, en el ámbito de los Reglamentos de los Fondos Estructurales, también deberían estudiarse nuevas posibilidades de simplificar las solicitudes y la gestión; propone que, a la hora de definir las ayudas, la Comisión y los Estados miembros evalúen la carga administrativa correspondiente, teniendo en cuenta las especificidades, diferencias y objetivos de las regiones. Por ejemplo, debe mejorarse la coherencia de los distintos fondos a escala europea y su interacción con la financiación nacional y regional. Incide igualmente en las particularidades de las regiones ultraperiféricas, las zonas rurales y los territorios con desventajas naturales o con retos demográficos y pide que se valoren excepciones a determinadas obligaciones que, en la mayoría de los casos, solo pueden ser asumidas de forma eficaz por beneficiarios con mayor presupuesto, equipamiento y población. Además, debe preverse también a largo plazo un uso flexible de los fondos, tal y como se hizo posible en respuesta a la pandemia de COVID-19. Por una parte, esto reduciría las cargas administrativas y, por otra, las simplificaciones beneficiarían sobre todo a los municipios y las empresas de menor tamaño;

55.

considera que un posible «fondo para la soberanía» de la Unión Europea, en respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, debería apoyar a las empresas europeas movilizando, en forma de garantías, los recursos presupuestarios liberados, de manera similar al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), pero con un mejor equilibrio geográfico que considere a las regiones menos desarrolladas de una manera más justa y proporcione una mayor flexibilidad.

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(1)  COTER-VII/026 (véase la página 16 del presente Diario Oficial)

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «La nueva generación de recursos propios para el presupuesto de la UE» (DO C 79 de 2.3.2023, p. 99).

(3)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacer que el RCDE y el MAFC funcionen para las ciudades y regiones de la UE (DO C 301 de 5.8.2022)

(4)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «El papel de las regiones y ciudades de la UE en la reconstrucción de Ucrania» (DO C 498 de 30.12.2022, p. 12).

(5)  Fortalecer la democracia en Europa: liberar el potencial de un millón de políticos locales y regionales, Comité Europeo de las Regiones, p. 6.

(6)  154.o pleno del CDR, 15.3.2023 — Anexo 1, proyecto de presupuesto del CDR para 2024 detallado, COR-2023-00005-01-00-NB-REF, p. 9.

(7)  Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), informe sobre el resultado final, mayo de 2022, entre otras propuestas: el refuerzo de la democracia representativa «no solo durante las elecciones europeas, sino también antes de las elecciones nacionales, regionales y locales» (propuesta 38, apartado 4), la participación en los asuntos de la Unión Europea de la Salud (propuesta 10, apartado 2) y la creación de consejos locales de la juventud (propuesta 36, apartado 8).

(8)  Reglamento Delegado (UE) n o 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014 , relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).