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Document 22021P0908(01)

Resolución sobre la consolidación de los procesos democráticos: el papel de los partidos políticos, la sociedad civil, un entorno electoral justo y unos medios de comunicación libres y pluralistas 2021/C 361/01

OJ C 361, 8.9.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 361/1


RESOLUCIÓN

sobre la consolidación de los procesos democráticos: el papel de los partidos políticos, la sociedad civil, un entorno electoral justo y unos medios de comunicación libres y pluralistas

(2021/C 361/01)

LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURONEST,

Vista el Acta constitutiva de la Asamblea Parlamentaria Euronest, de 3 de mayo de 2011,

Vistas la Declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Bruselas el 24 de noviembre de 2017, así como sus declaraciones anteriores,

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest, de 3 de abril de 2012, sobre la consolidación de la sociedad civil en los países de la Asociación Oriental, incluida la cuestión de la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil y la cuestión de las reformas destinadas a otorgar poderes a la sociedad civil,

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest de 1 de noviembre de 2017 sobre la garantía de la libertad y la integridad de los medios de comunicación en la Unión y los Estados socios de Europa Oriental,

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest de 19 de diciembre de 2019 sobre el control parlamentario como instrumento para reforzar la democracia, la rendición de cuentas y la eficacia de las instituciones del Estado en los países de la Asociación Oriental,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de marzo de 2006, sobre los partidos políticos europeos,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2011, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea,

Vista la resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones a la Comisión acerca del establecimiento de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de comunicación en la Unión,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre la injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos nacionales y europeos,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de abril de 2018 sobre la necesidad de establecer un instrumento de defensa de los valores europeos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven valores fundamentales en el seno de la Unión Europea a nivel local y nacional,

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2020 al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020,

Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y del Alto Representante de 9 de junio de 2017 tiulado «Eastern Partnership-20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» Asociación Oriental – Veinte metas para 2020, enfoque en las prioridades clave y resultados tangibles), y su Comunicación conjunta de 18 de marzo de 2020 sobre «Reforzar la resiliencia: una Asociación Oriental eficaz para todos»,

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2020, sobre la política de la Asociación Oriental más allá de 2020,

Vista la Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, sobre la constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación,

Vistos los Acuerdos de Asociación entre la Unión por una parte y Georgia, Moldavia y Ucrania por otra,

Visto el Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la UE, por una parte, y la República de Armenia, por otra, que entró plenamente en vigor el 1 de marzo de 2021,

Vistas las resoluciones pertinentes de la APCE, incluidas la de (2007) sobre el código de buenas prácticas para los partidos políticos, la de (2020) sobre las amenazas a la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas, y la de (2020) sobre la fijación de normas mínimas para los sistemas electorales con el fin de establecer la base para unas elecciones libres y justas,

A.

Considerando que la consolidación de los procesos democráticos sigue siendo un objetivo fundamental de la cooperación entre la UE y los países de la Asociación Oriental (AO);

B.

Considerando que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son de gran importancia para el buen funcionamiento de las instituciones estatales, los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación a escala nacional y transnacional;

C.

Considerando que, en un intento de resolver las dificultades a las que se enfrentan las instituciones democráticas, es absolutamente necesario desarrollar soluciones para hacer frente a los retos futuros derivados de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19; destaca que todas las medidas adoptadas deben ser claras, necesarias y estrictamente proporcionadas, especialmente en vista de las restricciones y limitaciones a las libertades fundamentales que pueden tener graves repercusiones en la vida política, las elecciones, la sociedad civil y los medios de comunicación;

D.

Considerando que promover y proteger la igualdad de derechos y el derecho a la participación política para todos requiere el desarrollo de sociedades integradoras y resilientes en las que se escuche la voz de todos;

E.

Considerando que la labor libre e independiente de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación es la piedra angular de una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho; que los partidos políticos, la sociedad civil, un entorno electoral justo y unos medios de comunicación libres y pluralistas son componentes esenciales del proceso democrático;

F.

Considerando que dotar de mayor visibilidad a los valores y principios democráticos y reforzar la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información requieren que los Estados miembros de la UE y los países de la AO realicen los esfuerzos adecuados, incluidas sus autoridades a escala nacional, regional y local, así como las distintas instituciones y agencias;

G.

Considerando que el fortalecimiento de la capacidad legislativa de los países de la AO para establecer un modelo eficaz de transparencia financiera de los partidos políticos, unas normas sólidas para la realización de campañas electorales, además del desarrollo ulterior de unos medios de comunicación públicos independientes y la participación de la sociedad civil en los procesos democráticos, revisten una enorme importancia y deben seguir siendo respaldados por la Unión Europea y respetados también por sus Estados miembros;

H.

Considerando que mantener el equilibrio de los sistemas políticos de los países de la AO y de los Estados miembros de la UE mediante los controles adecuados y el equilibrio pertinente entre las diferentes instituciones puede consolidar la capacidad de los Estados para ofrecer una respuesta eficaz mediante una cooperación internacional y europea reforzada, incluido el intercambio de buenas prácticas y metodologías, ya que ninguna de nuestras sociedades es inmune a los desafíos comunes actuales, como las pandemias, las crisis migratorias, la desinformación o las tendencias intolerantes;

I.

Considerando que debe promoverse la intensificación de la cooperación entre las organizaciones regionales e internacionales, como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones Unidas, con el fin de generar nuevas sinergias, prevenir posibles déficits democráticos y abordar retos actuales y emergentes como la pandemia de la COVID-19;

J.

Considerando que una mayor participación democrática, a través de partidos políticos basados en un amplio número de afiliados y en programas políticos inequívocos, mecanismos institucionales para la participación de la sociedad civil, medios independientes y responsables y marcos electorales estables, puede estimular la aplicación de modelos de gobernanza que partan aún más de las bases comunitarias y la mejora de su calidad, reforzando la resiliencia de las instituciones y los procesos democráticos, incluso contra las injerencias externas;

K.

Considerando que los juicios por motivos políticos contra representantes de la oposición, que constituyen una práctica lamentablemente prolongada en algunos países de la AO, ponen en duda la independencia del poder judicial frente a la injerencia política y, por tanto, debilitan el proceso democrático;

L.

Considerando que una fuerte dependencia financiera de algunos partidos políticos de los países de la AO respecto a grandes grupos industriales, o a oligarcas, pone de relieve la necesidad de disponer de una legislación más detallada sobre las cuotas de afiliación, el acceso a los fondos públicos y la financiación de campañas, para evitar que el dinero de actividades delictivas corruptas influya en los procesos democráticos;

M.

Considerando que existen tendencias negativas relacionadas con la monopolización de la autoridad en algunos Estados miembros de la UE, que son motivo de preocupación en lo que atañe al mantenimiento y la consolidación de las instituciones democráticas, la separación de poderes, la aplicación del principio de control y equilibrio, la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación y el desarrollo de la sociedad civil;

N.

Considerando que la lucha contra la desinformación requiere el acceso a fuentes autorizadas para obtener información actualizada, y la promoción de fuentes fiables con el fin de reducir la visibilidad de contenidos falsos o engañosos y eliminar los contenidos nocivos e ilegales;

O.

Considerando que la Federación de Rusia interfiere en los procesos democráticos de los Estados miembros de la UE y los países de la AO, ya sea directamente o mediante el uso de personal interpuesto procedente de empresas, medios de comunicación o círculos políticos, amenazando así la soberanía, independencia y seguridad de dichos Estados;

P.

Considerando que la Federación de Rusia sigue cometiendo violaciones flagrantes de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y Georgia, socavando la seguridad y la situación humanitaria y de derechos humanos, y conculcando principios y normas fundamentales del Derecho internacional en las regiones ocupadas de Georgia de Abjasia y Osetia del Sur, así como en la República Autónoma de Crimea ocupada ilegalmente, en la ciudad de Sebastopol, y en ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania;

Q.

Condenando la ocupación continuada y los pasos dados hacia la anexión de facto de las regiones de Georgia de Abjasia y Osetia del Sur, así como el intento de anexión de la República Autónoma de Crimea y la agresión armada en curso por parte de la Federación de Rusia en el este de Ucrania, instando a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para restablecer la soberanía de Georgia y Ucrania y su integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;

R.

Considerando que la salvaguarda de la libertad en el territorio propio y el apoyo a una política exterior que proteja los valores y derechos fundamentales en el extranjero son esenciales para fomentar una mejor comprensión de los principios democráticos por parte de la población, especialmente entre los jóvenes;

S.

Considerando que las elecciones del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia han sido definidas por numerosos ciudadanos bielorrusos y representantes de la sociedad civil bielorrusa, así como por diversos agentes internacionales, como unas «elecciones robadas»;

T.

Considerando que se han producido protestas en todo el país para condenar los resultados oficiales de las elecciones en Bielorrusia;

El papel de los partidos políticos

1.

Observa que los partidos políticos desempeñan un papel importante en todos los niveles de la sociedad, en la medida en que agrupan intereses y opiniones, formulan respuestas políticas a problemas políticos y retos sociales y las canalizan hacia el sistema político a través de representantes electos, promoviendo así la participación efectiva de todos los ciudadanos y nacionalidades que residen en un país regularmente, no solo durante el período electoral, sino también en todos los demás aspectos de la vida política; subraya en este contexto que la volatilidad del entorno político en la mayoría de los países de la AO debe abordarse mediante el refuerzo del papel de los partidos políticos, con el fin de consolidar las normas democráticas y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y los procesos democráticos;

2.

Pide a los parlamentos nacionales que consoliden un poder judicial independiente e imparcial, y que adopten una legislación a favor de la financiación transparente de los partidos, en particular, estableciendo la responsabilidad jurídica de los partidos políticos por aceptar donaciones de fuentes desconocidas o delictivas o de fuentes que pretendan distorsionar y socavar la democracia, abogar por el terrorismo o inspirar guerras y conflictos civiles, y facilitando la identificación de la publicidad política pagada y las organizaciones responsables de la misma; subraya que la corrupción política destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, los representantes electos y los agentes políticos y, en última instancia, erosiona los controles y equilibrios democráticos;

3.

Insta a los partidos políticos a seguir potenciando la democracia interna de los partidos y a adherirse al principio de la igualdad de género, y les anima a mejorar su diversidad para representar mejor las sociedades a las que sirven, por ejemplo, garantizando una mejor representación de las mujeres y las minorías en las listas electorales y entre los miembros electos;

4.

Pide a las autoridades nacionales que penalicen la compra de votos en todas sus formas, así como el uso de recursos administrativos en la realización de campañas; Deben establecerse sanciones disuasorias adecuadas, como la restricción del acceso de las campañas de infractores a la financiación pública; Deben adoptarse medidas adecuadas para prevenir el discurso del odio en todas sus formas, la incitación a la violencia, las noticias falsas y la desinformación con fines políticos.

5.

Pide a los parlamentos nacionales que adopten una legislación que garantice los derechos de los partidos de la oposición y de sus grupos políticos representados en el parlamento y en los ayuntamientos, con el fin de supervisar las intenciones declaradas y las actividades emprendidas por los ejecutivos; considera que estas actuaciones contribuirán a dotar de transparencia las decisiones adoptadas y mejorarán la supervisión del respeto del Estado de Derecho y del gasto de las haciendas públicas, lo que es importante para garantizar la calidad del debate político y de los servicios públicos prestados por la Administración, y contribuirán asimismo a garantizar un papel adecuado para la oposición, incluido su derecho a la expresión política de sus puntos de vista y sus posiciones;

6.

Expresa su grave preocupación por los casos de procedimientos judiciales motivados políticamente contra dirigentes y miembros de partidos de la oposición y contra aquellos que no convienen con la posición del gobierno en los países de la AO; insta a los gobiernos a abstenerse de utilizar sus estructuras subordinadas y tales procesos judiciales motivados políticamente, y a aplicar los más altos estándares del Estado de Derecho, en particular en lo que atañe a la independencia judicial y el derecho a un juicio justo;

7.

Hace un llamamiento a todos los representantes de los partidos políticos para que garanticen que no se acose a los agentes políticos, incluidos los oponentes, mediante su tratamiento justo y respetuoso, y para que salvaguarden la libertad de expresión, de asociación y de reunión, incluido el derecho a la manifestación pacífica, con el fin de fomentar un debate político temático y de reforzar la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos;

8.

Pide a la Comisión Europea que ofrezca apoyo técnico para reforzar la supervisión parlamentaria en todos los países de la AO y los Estados miembros de la UE, con el fin de reducir las lagunas existentes en los mecanismos de respuesta eficaces;

9.

Pide a las autoridades de los países de la AO que creen las condiciones adecuadas para que la sociedad civil, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas participen más en los asuntos políticos; reconoce la importancia de la supervisión civil del cumplimiento y la aplicación de los principios y valores democráticos, y para detectar y denunciar prácticas corruptas, fraudes y conflictos de intereses con el fin de reducir el papel de los oligarcas en la vida política; pide a los partidos políticos que prioricen su labor en el desarrollo de programas políticos integrales y en la representación de los intereses generales de la sociedad en su conjunto;

10.

Alienta a todos los partidos políticos a participar en la creación de nuevas formas de multipartidismo y cooperación para definir objetivos estratégicos para su respectivo país y la región; subraya que la diversidad de ideologías y opiniones políticas es crucial para el correcto funcionamiento de un parlamento que represente a todos sus ciudadanos y trabaje para ellos;

11.

Pide a los partidos políticos que trabajen en programas claros con temarios políticos concretos; hace hincapié en que el refuerzo de la cultura política en la sociedad solo puede lograrse mediante la aplicación de decisiones políticas transparentes, la educación política en escuelas y universidades, y la lucha contra el populismo y el radicalismo;

12.

Anima a los partidos políticos a utilizar la digitalización para comunicarse directamente con la sociedad y abordar la disminución del número de afiliados, ya que existe una necesidad urgente de adaptarse a las nuevas innovaciones digitales, que pueden ayudar a los partidos a alcanzar sus objetivos;

13.

Subraya que, debido a las restricciones asociadas a las cuarentenas, hacer campaña durante los procesos electorales en condiciones de acceso desigual a los votantes y a los recursos de los medios de comunicación (como fuentes principales de difusión de información y comunicación con los votantes), así como a través de las redes sociales, puede convertirse en un gran reto;

14.

Condena el abuso de la influencia sobre los medios de comunicación por parte de los partidos políticos para su propio beneficio político, y alienta el apoyo de estos a un entorno mediático libre e independiente en la UE y la AO; condena la instrumentalización de los medios de comunicación públicos, financiados con dinero de los contribuyentes, por parte de los partidos políticos en el gobierno para sus propios beneficios políticos, y solicita una supervisión independiente apropiada ejercida por las autoridades reguladoras de los medios de comunicación;

15.

Condena el abuso de las redes sociales por parte de los partidos políticos por crear cuentas falsas con la intención de hacerse pasar por sus rivales políticos, creadores de opinión, grupos de activistas y entidades de medios de comunicación, y de atacar a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil;

El papel de la sociedad civil

16.

Subraya la importancia de una sociedad civil dinámica como indicador del estado de la democracia; aboga por establecer mecanismos que garanticen una participación adecuada de la sociedad civil en el proceso democrático, por ejemplo, mediante consultas públicas, audiencias parlamentarias con expertos, etc.; pide a los partidos políticos que apoyen a la sociedad civil y se comprometan abiertamente con esta en todos los aspectos de su labor en nombre de los ciudadanos, con el fin de tener en cuenta las opiniones diversas, reforzar la supervisión interna de las reformas democráticas y potenciar su transparencia y sostenibilidad;

17.

Subraya que, en algunos países de la Asociación Oriental, las organizaciones de la sociedad civil siguen encontrándose con dificultades, sobre todo en lo que atañe al acceso a la financiación, la injerencia del Estado o la falta de digitalización;

18.

Reitera que una democracia vigorosa requiere una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación independientes que puedan actuar en un entorno seguro y puedan efectuar un control riguroso de las instituciones públicas que conduzca a los controles y equilibrios necesarios en una sociedad democrática; insta a la UE y a sus socios orientales a contrarrestar la reducción del espacio para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y a garantizar que estos puedan trabajar sin restricciones y asumir la responsabilidad de crear condiciones favorables para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil;

19.

Condena los ataques públicos de dirigentes y políticos contra organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos mediante la promoción de mentiras, teorías conspirativas, demonizaciones y otras formas de descrédito; en este sentido, todo intento de restringir legislativamente la actividad de grupos de la sociedad civil basado en ese discurso intolerante constituye un ataque a las libertades democráticas básicas;

20.

Pide a la UE que adapte y comunique un sistema claro y estructurado para conceder subvenciones a las ONG, incluido un mecanismo renovado para la evaluación por parte de las delegaciones de la Unión y los grupos de expertos, y un mecanismo para procurar una amplia participación de las diferentes organizaciones, otorgando prioridad a las ONG que trabajan en los estándares democráticos, evitando así la adjudicación de subvenciones a las «ONGOG» (ONG establecidas y financiadas por los gobiernos a través de canales informales), así como a las ONG que trabajan para combatir las consecuencias negativas de la pandemia de la COVID 19;

21.

Insta a los gobiernos a abstenerse de abusar de la pandemia de la Covid y su respuesta a la misma como excusa para silenciar voces críticas, acallar a la oposición o retroceder en lo que atañe a los estándares democráticos;

22.

Pide a la UE y a sus socios orientales que establezcan mecanismos inclusivos concretos para convertir la cooperación y la consulta con la sociedad civil, incluidas las organizaciones que abogan por los derechos de las minorías y de las mujeres y los defensores de los derechos humanos, en un elemento estándar de la labor de sus instituciones;

23.

Pide a los donantes que no suspendan su apoyo a las ONG en los países de la AO debido a la crisis económica que puede seguir a la pandemia de la COVID-19, y que inviertan en financiación sostenible a largo plazo para las organizaciones de la sociedad civil; promueve la simplificación de los métodos de solicitud y los requisitos para la obtención de subvenciones, con el fin de ofrecer la posibilidad de la ayuda financiera no solo a las grandes organizaciones experimentadas, sino también a las ONG regionales de menor dimensión;

24.

Promueve la movilización de recursos financieros para las redes locales, regionales e internacionales de ONG con el fin de facilitar su cooperación, ya que esto les permitirá avanzar en la búsqueda de ejemplos legislativos adecuados que proporcionen seguridad jurídica a los ciudadanos en los ámbitos social, económico y político; subraya que las ONG desempeñarán asimismo el papel esencial de esbozar las cuestiones que atañen directamente a la falta de respeto por el Estado de Derecho, la vulneración de la libertad de expresión, la desinformación y el fraude;

25.

Incide en que el Estado debe prestar asistencia de manera transparente para identificar y apoyar a los movimientos y organizaciones de base comunitaria, con el fin de promover el cambio social, la mejora del bienestar general y unas sociedades más integradoras, equitativas y sostenibles;

26.

Insta a los países de la UE y de la AO a que refuercen su apoyo a las autoridades locales con el fin de garantizar la participación y la representación sostenibles de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en situaciones de restricción por las cuarentenas, en particular mediante el uso de plataformas en línea y métodos de consulta virtual, el diseño de estrategias de participación y la aplicación de métodos de diálogo apropiados, procurando el contacto con la totalidad de partes interesadas y grupos sociales, en particular, teniendo en cuenta sus opiniones, percepciones e ideas innovadoras; subraya al mismo tiempo la importancia de abstenerse de utilizar a las autoridades locales y sus recursos antes y durante las elecciones para presionar a los ciudadanos en favor del partido que gobierne en cada momento;

27.

Anima a las instituciones europeas a aplicar los programas de la UE existentes o futuros relativos a los valores europeos, como el Programa Derechos y Valores, no solo a los Estados miembros de la UE, sino también a los países de la AO y a las ONG, mediante la creación y el fomento de posibles métodos de cooperación entre entidades homólogas en la UE y los países vecinos;

28.

Subraya la importancia de la libertad de los medios de comunicación, que debe conllevar la igualdad de acceso de todos los agentes políticos a tales medios, la independencia editorial y una cobertura pluralista independiente, imparcial y no discriminatoria de las opiniones políticas en los programas de los organismos de radiodifusión privados y, en particular, públicos, así como la transparencia en la propiedad de dichos medios;

El papel de los medios de comunicación libres y plurales

29.

Subraya la necesidad de fomentar la sensibilización y desarrollar la alfabetización crítica en materia de medios de comunicación e información, que constituye una capacidad necesaria para todos los ciudadanos; incluidas las personas pertenecientes a minorías nacionales, para poder navegar en un entorno mediático cada vez más complejo, con el fin de reducir las posibilidades de manipulación de las percepciones de los hechos y sucesos y de comprender tanto el origen de las noticias en las que se basan los medios como la forma en que se producen, los intereses que subyacen a su producción, y las fuerzas editoriales, tecnológicas y de otra índole que intervienen en el filtrado de la información;

30.

Insta a los gobiernos y parlamentos nacionales a crear y mantener un entorno seguro y protegido para los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, incluidos los extranjeros, procurando evitar así el uso indebido de diversas leyes o disposiciones que pueda repercutir en la libertad de los medios de comunicación –como las relativas a la difamación, la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional, el orden público, la incitación al odio, la blasfemia o las leyes de memoria histórica– y que se aplican con demasiada frecuencia para intimidar y silenciar a los periodistas; destaca la importancia de adoptar un enfoque de género a la hora de considerar medidas encaminadas a abordar la seguridad de los periodistas;

31.

Condena estrictamente todas las formas de presión utilizadas con fines políticos para silenciar a los medios críticos o a los periodistas independientes críticos, y en particular, los actos de violencia, los procesos penales y todas las demás formas de intimidación; expresa su preocupación por las amenazas a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación formuladas por algunos políticos, oligarcas y sus secuaces mediante la compra de medios de comunicación comerciales y el secuestro de los medios de servicio público para servir a intereses partidistas;

32.

Pide a los gobiernos que promuevan la transparencia y garanticen un acceso adecuado a la información de interés público, también mediante la publicación de esta, en particular en lo que atañe a los medios de comunicación y a las organizaciones de defensa de intereses ciudadanos; condena los esfuerzos de los gobiernos por restringir indebidamente el acceso a la información sobre cuestiones importantes para el público mediante el uso de barreras administrativas injustificadas;

33.

Insta a los países de la AO a investigar de manera exhaustiva y transparente las agresiones físicas, las amenazas y el acoso en línea contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y a garantizar un entorno de trabajo seguro para aquellos de estos profesionales que informan desde zonas de conflicto, en manifestaciones públicas y durante las elecciones;

34.

Condena en los términos más enérgicos posibles los secuestros y encarcelamientos por motivos políticos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas y personal de los medios de comunicación encarcelados de manera ilícita en los países de la AO;

35.

Pide a la UE y a sus socios orientales que aumenten el apoyo, también financiero, a los medios de comunicación libres e independientes, como base para la consecución de un discurso público informado y unas sociedades plurales, en un contexto de crecientes desafíos y problemas de financiación;

36.

Insta a los reguladores nacionales a garantizar la transparencia plena por parte de las empresas privadas y públicas en el uso de algoritmos, la inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada, que no deben emplearse con el fin de manipular a la opinión pública, así como a asegurar ese mismo grado de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación privados y a reforzar los requisitos de transparencia para los medios de comunicación extranjeros de titularidad estatal;

37.

Recomienda que la Comisión establezca y apoye una agrupación de medios de comunicación de la AO basada en la innovación y la sostenibilidad; cree que tal agrupación consolidaría el espacio informativo transnacional y reforzaría las coproducciones entre los agentes de los medios de comunicación de la UE y los países de la AO, con el fin de poner de relieve su diversidad y promover una calidad elevada, sobre todo en la radiodifusión pública;

38.

Observa que los países deben desarrollar su política y estrategia digitales con arreglo a un enfoque basado en los derechos humanos, de plena conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y del CEDH;

El papel de un entorno electoral justo

39.

Reafirma que la celebración de elecciones justas, equitativas y transparentes que se lleven a cabo mediante votación secreta y se basen en principios democráticos, con pleno respeto del derecho electoral de participación activa y pasiva de los ciudadanos, sigue constituyendo la condición principal para la representación democrática y el buen gobierno efectivo; insta a los agentes políticos a debatir y adoptar reformas electorales basadas en el apoyo entre partidos y las consultas con la sociedad civil, con el fin de lograr el apoyo más amplio posible; insta asimismo a los Estados miembros de la UE y de la Asociación Oriental a mejorar sus sistemas de votación y recuento;

40.

Subraya la importancia de unos parlamentos fuertes, especialmente en las democracias en proceso de consolidación, para evitar la tentación de unos regímenes presidenciales hipercentralizados que acaben adquiriendo tintes autoritarios;

41.

Insta a todos los países de la AO a aplicar las recomendaciones pendientes de la OSCE/OIDDH y de la Comisión de Venecia, y a abordar las deficiencias identificadas en el marco electoral o en la preparación y organización de las elecciones, en lo que atañe, entre otras cuestiones, a la financiación de campañas, la representación de la oposición en la administración electoral y la resolución de conflictos;

42.

Acoge con satisfacción el nombramiento de Christian Danielsson como enviado personal del Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para el diálogo mediado por la UE en Georgia, e insta a todas las fuerzas políticas de Georgia a dejar de lado sus intereses partidistas en aras del futuro del país, a trabajar constructivamente para resolver la crisis con un espíritu de compromiso y conciliación, y a abstenerse de seguir agitando un clima político ya de por sí acalorado;

43.

Condena enérgicamente las deficientes elecciones celebradas en 2020 en Bielorrusia y, en particular, la represión aplicada por las autoridades contra sus propios ciudadanos, que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente;

44.

Reitera la exigencia de la UE de respetar la soberanía y la integridad territorial de Moldova, subrayando que la retirada incondicional del ejército, los vehículos de combate y el armamento rusos de los territorios de la República de Moldova representa la única garantía para una solución pacífica del conflicto. Subraya que las concesiones unilaterales solicitadas por 5 + 2 mediadores y observadores no pueden llevarse a cabo a costa de las libertades constitucionales de los ciudadanos democráticos de Moldova. Reconoce que los ciudadanos moldavos deben disfrutar de su derecho a vivir en un país protegido frente a amenazas de seguridad, defensa e híbridas fuertemente arraigadas, a circular libremente por el territorio de Moldavia, a estar protegidos contra los registros ilícitos y las detenciones discrecionales de estructuras no reconocidas de los órganos separatistas en Tiraspol, lo que debe considerarse una prioridad en comparación con otros elementos de la resolución del conflicto;

45.

Apoya la decisión de la UE y de muchos Estados europeos de no reconocer ni los resultados electorales anunciados por el Comité Electoral Central de Bielorrusia, ni a Alexander Lukashenka como presidente legítimo del país una vez expirado su mandato;

46.

Pide a la Comisión Europea, al Consejo de la UE y al Consejo Europeo que promuevan una visión ambiciosa del futuro de la AO, teniendo en cuenta la voluntad de los socios, incluida la República de Moldavia, de seguir desarrollando una cooperación reforzada con la UE en consonancia con sus aspiraciones de integración europea;

47.

Subraya la necesidad de una mejor regulación de las campañas electorales digitales y basadas en datos en las redes sociales, fundamentadas en la segmentación y la elaboración de perfiles de los usuarios (especialmente la publicidad encubierta en plataformas dirigida a posibles votantes), con el fin de garantizar la transparencia y la protección de los datos;

48.

Le preocupa enormemente la actual injerencia externa en los procesos electorales soberanos, con la que se persigue influir en el debate público y afectar las preferencias de los votantes; considera que esta práctica genera la necesidad de establecer medidas preventivas adecuadas; pide, por lo tanto, que se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas, de sus Estados miembros y de los países de la Asociación Oriental por combatir las campañas de desinformación y los ciberataques organizados de forma consciente, a menudo efectuados directamente por terceros países o apoyados indirectamente por sus autoridades; señala, en este sentido, las recientes campañas de desinformación apoyadas por Rusia y China sobre las causas y los efectos de la pandemia de la COVID-19;

49.

Pide a los parlamentos nacionales que se abstengan de adoptar cambios en la legislación electoral menos de un año antes de las elecciones, o que introduzcan tales cambios únicamente en situaciones críticas, sobre la base de un amplio consenso entre todos los actores políticos y en la sociedad;

50.

De conformidad con el objetivo de la UE en materia de cooperación al desarrollo con todos sus socios dispuestos, tal como se indica en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo y en el Programa para el Cambio de 2015, y suponiendo que el acercamiento de Moldavia a los programas, políticas y normas de la UE repercutirá en la calidad de la democracia participativa y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el buen gobierno, una economía de mercado que funcione y el desarrollo sostenible, la Unión Europea considerará la opción de invitar a Moldavia a incorporarse a nuevos ámbitos y prioridades políticos, como la política de desarrollo rural de la UE y el programa de financiación Leader;

51.

Pide a los gobiernos y a las autoridades que alienten reformas electorales encaminadas a garantizar elecciones libres, justas, competitivas y transparentes y que fomenten la plena conformidad de los procesos electorales —en especial en la adopción de modificaciones legislativas de la legislación electoral y la financiación de los partidos— con las normas internacionales, las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y los dictámenes de la Comisión de Venecia;

52.

Acoge favorablemente las misiones de observación electoral internacionales, independientes y periódicas a los países de la Asociación Oriental, con el fin de apoyar el proceso de fortalecimiento de las instituciones, los procesos electorales y la rendición de cuentas democrática;

53.

Observa que las decisiones de llevar a cabo o posponer elecciones o referendos en una situación de pandemia deben adoptarse únicamente después de evaluar detenidamente las ventajas e inconvenientes de ambos escenarios, y de consultar a las distintas partes interesadas en el proceso electoral, así como a las autoridades responsables de garantizar la salud pública, la seguridad y la protección;

54.

Condena enérgicamente la votación ilegal y las denominadas elecciones organizadas por la Federación de Rusia en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Georgia y Moldavia, e insta a todas las instituciones internacionales y de la Unión Europea y a sus Estados miembros a abstenerse de toda forma de reconocimiento de la legitimidad de la votación, los referendos y las personas «electas» en el territorio de las regiones de Crimea, Luhansk y Donetsk y las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur; Reconoce que los ciudadanos moldavos deben disfrutar de su derecho a circular libremente por su país, sin restricciones de control ilegales, y a vivir sin amenazas contra su vida, y a estar protegidos contra los registros ilícitos y las detenciones discrecionales de estructuras no reconocidas de los órganos separatistas en Tiraspol, lo que debe considerarse una prioridad en comparación con otros elementos de la resolución del conflicto;

55.

Encarga a sus copresidentes que transmita la presente Resolución al Parlamento Europeo, al Consejo, al Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Comisario de Vecindad y Ampliación, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE y de los países de la AO.

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