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Document 52020AE0358

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Salarios mínimos dignos en toda Europa» (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo/Consejo)

EESC 2020/00358

OJ C 429, 11.12.2020, p. 159–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 429/159


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Salarios mínimos dignos en toda Europa»

(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo/Consejo)

(2020/C 429/22)

Ponentes:

Stefano MALLIA y Oliver RÖPKE

Consulta

Parlamento Europeo, 30.1.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

9.7.2020

Aprobado en el pleno

18.9.20

Pleno n.o

554

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

209/0/8

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La pandemia de COVID-19 ha afectado duramente a Europa. La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros se enfrentan a una recesión económica de proporciones históricas, con consecuencias dramáticas tanto para las personas como para las empresas. Se requieren medidas coordinadas y decisivas a corto y medio plazo para garantizar el empleo y la renta, así como para garantizar una reactivación rápida y sostenible de las actividades económicas, la competitividad y un modelo económico y social que funcione bien. Como parte de la solución se requieren empleos de calidad, con salarios justos —incluidos salarios mínimos dignos en toda Europa—. También deben tenerse en cuenta factores económicos como la productividad y la sostenibilidad de las empresas. El diálogo civil eficaz es clave para garantizar un resultado fructífero y conservar la confianza de los ciudadanos. A fin de hacer frente a las dificultades económicas y del mercado laboral, además de garantizar la recuperación, también son fundamentales un diálogo social y una negociación colectiva sólidos y eficaces.

1.2.

El Parlamento Europeo ha solicitado este Dictamen exploratorio en previsión de la iniciativa legislativa de la Comisión sobre salarios mínimos justos. El Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa del Comité Económico y Social Europeo (CESE) respaldan la idea de que todos los trabajadores de la UE deberían estar protegidos por salarios mínimos justos que les permitan tener un nivel de vida digno con independencia de donde trabajen. Se trata de un derecho fundamental. El Grupo de Empresarios considera que establecer salarios mínimos es un asunto que compete al ámbito nacional, que se hace con arreglo a las características específicas de los respectivos sistemas nacionales.

1.3.

Todavía existen importantes disparidades en los niveles de salario mínimo legal entre los Estados miembros, lo cual es un reflejo de los diferentes niveles de desarrollo económico y social y, en algunos, el nivel se encuentra muy por debajo del umbral salarial de «riesgo de pobreza». El CESE ha declarado con anterioridad su convicción de que es necesario seguir trabajando en favor de la convergencia salarial y establecer salarios mínimos en los Estados miembros, haciendo hincapié además en que, de conformidad con las prácticas nacionales, se han de respetar plenamente las competencias y la autonomía de los interlocutores sociales nacionales en relación con los procesos de fijación de salarios (1). Estos esfuerzos deberían tener por objeto asimismo el refuerzo de la negociación colectiva, lo que también contribuiría en general a unos salarios más justos.

1.4.

Los salarios —incluidos los salarios mínimos— son un aspecto importante del modelo de economía social de mercado de la Unión Europea. Garantizar salarios mínimos dignos en todos los Estados miembros contribuiría al logro de varios de los objetivos de la UE, entre ellos la convergencia salarial al alza, la mejora de la cohesión económica y social, la eliminación de la brecha salarial de género, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en general y asegurar la igualdad de condiciones en el mercado único. Los salarios representan el pago por el trabajo hecho, y son uno de los factores que garantizan beneficios mutuos a las empresas y los trabajadores. También van ligados a la situación económica de un país, región o sector. Los cambios pueden tener un impacto en el empleo, la competitividad y la demanda macroeconómica.

1.5.

Los salarios mínimos deberían ser justos en relación con la distribución salarial de los distintos países y su cuantía también debería ser adecuada en términos de los precios reales, para que permitan vivir con dignidad y, al mismo tiempo, salvaguarden la sostenibilidad de las empresas que proporcionan empleos de calidad.

1.6.

Al CESE continúa preocupándole que la pobreza en general y la pobreza de los ocupados siga siendo un problema importante en muchos Estados miembros. Se requiere un planteamiento integral a escala de la UE y de los Estados miembros para abordar estas inquietudes, incluido el apoyo de sistemas eficaces de inclusión activa, acompañado de servicios sociales esenciales y facilitadores. También se requieren mercados laborales, servicios públicos de empleo y políticas activas del mercado laboral que funcionen bien. El Comité ha propuesto además un enfoque gradual encaminado a fijar normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo en los Estados miembros (2). El CESE ya ha reclamado previamente que se estableciera un marco europeo vinculante para una renta mínima digna (3). Si bien el Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa apoyaron el Dictamen, el Grupo de Empresarios no compartió la visión del Dictamen de instaurar un instrumento vinculante para el establecimiento de una renta mínima a nivel europeo.

1.7.

La Comisión Europea ha manifestado su intención de proponer un instrumento jurídico para garantizar que todos los trabajadores de la Unión Europea tengan un salario mínimo justo. Para el Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa esta iniciativa de la Comisión constituye un aspecto clave de la aplicación del principio 6 del pilar europeo de derechos sociales. La Comisión ha aclarado que la intención no es establecer un único «salario mínimo europeo», armonizar directamente la cuantía de los salarios mínimos en toda la UE ni introducir salarios mínimos legales en los Estados miembros que cuentan con una gran cobertura de negociación colectiva y en los que los salarios se fijan exclusivamente por medio de convenios colectivos. También ha subrayado que respetará plenamente las competencias y las tradiciones nacionales, y las especificidades de cada país, así como la libertad contractual y la autonomía de los interlocutores sociales, y que ninguna acción socavará el correcto funcionamiento de los sistemas de negociación colectiva.

1.8.

En su documento sobre la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre una posible acción para abordar los retos relacionados con un salario mínimo justo, la Comisión ha indicado que cree que existe margen para adoptar medidas tanto legislativas como no legislativas en el ámbito de la UE con arreglo al artículo 153, apartado 1, letra b), del TFUE, dentro de los límites de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como de los límites impuestos en el artículo 153, apartado 5, del TFUE. Hace referencia a una Directiva y a una Recomendación como los instrumentos jurídicos objeto de consideración. Sin embargo, existen opiniones divergentes en el seno del CESE sobre la legitimidad de cualquier iniciativa legislativa de la UE emprendida en virtud del artículo 153, especialmente una Directiva. El CESE señala asimismo que los interlocutores sociales europeos tienen la posibilidad de negociar y alcanzar acuerdos en virtud del artículo 155 del TFUE.

1.9.

Por tanto, reconoce que la posibilidad de que la UE actúe en este ámbito plantea diversos problemas. Entre las principales inquietudes se incluye el hecho de que la UE no tiene competencia para actuar en materia de «remuneraciones», incluidos los niveles de remuneración, y que esta acción podría interferir en la autonomía de los interlocutores sociales y socavar los sistemas de negociación colectiva, sobre todo en los Estados miembros en los que los suelos salariales mínimos se establecen mediante convenios colectivos. Además, existen distintos puntos de vista con respecto al valor añadido de la acción de la UE, incluso dentro del propio Comité: si bien la mayoría de los miembros del CESE considera que dicha actuación podría aportar un valor añadido, otros no están de acuerdo.

1.10.

El Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa consideran que es necesario adoptar medidas, ya que en la UE existen trabajadores, sobre todo trabajadores vulnerables, que quedan excluidos de los salarios mínimos legales o situaciones en las que el nivel del salario mínimo no es adecuado para garantizar un nivel de vida digno. Por consiguiente, sería beneficioso acordar umbrales comunes de la UE para determinar qué es un «nivel de vida digno». El Grupo de Empresarios considera que este aspecto de los umbrales no debe abordarse mediante la acción de la UE, ya que esta no tiene competencia en el ámbito de las remuneraciones.

1.11.

El CESE no subestima las complejidades de los aspectos implicados. Es importante que cualquier acción de la UE se base en el análisis y la comprensión precisos de la situación y las sensibilidades en los Estados miembros, y respetar plenamente la función y la autonomía de los interlocutores sociales, así como los diferentes modelos de relaciones laborales. Es asimismo esencial que cualquier iniciativa de la UE salvaguarde los modelos existentes en aquellos Estados miembros donde los interlocutores sociales no consideren que sea necesario establecer salarios mínimos legales.

1.12.

De acuerdo con la decisión que se tome en el ámbito nacional, los interlocutores sociales —con total respeto a su autonomía y al nivel que estos elijan— son los mejor posicionados para determinar los salarios. En lo que se refiere a los sistemas de fijación de salarios mínimos legales, es importante que se consulte de forma adecuada y oportuna a los interlocutores sociales para garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de ambas partes del mercado laboral. El CESE lamenta que, en determinados Estados miembros, no se involucre de forma adecuada a los interlocutores sociales ni se les consulte sobre los sistemas de fijación de salarios legales o los mecanismos de ajuste. El CESE celebra que la Comisión reconozca que hay margen para que la UE promueva el papel de la negociación colectiva en apoyo a la adecuación y la cobertura del salario mínimo. Las medidas de apoyo a la negociación colectiva podrían incluirse en la iniciativa de la UE sobre salarios mínimos, al tiempo que se respetan los distintos sistemas de relaciones laborales nacionales. Esto concuerda con las recomendaciones anteriores del CESE en las que pidió el fortalecimiento de la negociación colectiva y el diálogo social, además del apoyo al desarrollo de capacidades de los interlocutores sociales. Los contratos públicos también podrían emplearse como vía complementaria para respaldar la negociación colectiva en toda la UE.

2.   Antecedentes y contexto

2.1.

El Parlamento Europeo ha solicitado este Dictamen exploratorio en previsión de la iniciativa legislativa de la Comisión sobre salarios mínimos justos. La Presidencia alemana, que empieza en julio de 2020, ha señalado también que una de sus prioridades serán los salarios mínimos. El CESE agradece la oportunidad de seguir contribuyendo al debate sobre qué actuaciones emprender a escala europea, teniendo en cuenta las distintas realidades de los Estados miembros y el reparto de competencias entre el ámbito europeo y nacional.

2.2.

La pandemia de COVID-19 representa la mayor emergencia sanitaria, social y económica de esta generación. Ademas de las acciones de emergencia ya tomadas, se requiere una acción política coordinada y determinante a gran escala, a corto y a medio plazo, para evitar un impacto negativo duradero en la sociedad, la economía y el mundo laboral.

2.3.

La UE y sus Estados miembros se enfrentan a una recesión económica de proporciones históricas. Según las previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea, el PIB total de la UE podría caer un 7,5 % en 2020 y crecer aproximadamente un 6 % en 2021, aunque con grandes diferencias entre los Estados miembros (4). Las empresas, en particular las pymes y las microempresas, se enfrentan a unas consecuencias económicas sin precedentes y a decisiones difíciles para su supervivencia, entre ellas mantener los puestos de trabajo o despedir a empleados. Muchos sectores económicos han sido duramente castigados debido a las medidas de confinamiento y muchas empresas temen una quiebra inminente, por ejemplo, en los sectores de los servicios, la hostelería, la restauración y el catering, así como en el sector cultural.

2.4.

Los servicios públicos se han visto duramente golpeados, en especial los sistemas de asistencia sanitaria y de protección social, que están sometidos a la presión de atender a las personas necesitadas. Sin una acción y apoyo públicos firmes, la COVID-19 también podría causar un aumento del desempleo, del subempleo y de la pobreza. Más de una cuarta parte de los encuestados en una encuesta de Eurofound sobre la COVID-19 indicó que había perdido su empleo, ya sea de forma temporal (23 %) o permanente (5 %) (5). La Comisión prevé (6) que la tasa de desempleo de la UE pueda aumentar del 6,7 % al 9 % en 2020 antes de disminuir al 8 % aproximadamente en 2021, de nuevo con diferencias entre los Estados miembros.

2.5.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto claramente de manifiesto la especial vulnerabilidad de los trabajadores autónomos, los atípicos y los precarios, que con demasiada frecuencia se enfrentan a la exclusión de las redes de seguridad de protección social que amortiguarían su pérdida de ingresos o de empleo. Los trabajadores de los servicios esenciales han sido elogiados públicamente por su contribución a la sociedad, al estar a menudo expuestos a un gran riesgo personal. Sus puestos de trabajo, por ejemplo, en los servicios de atención médica y servicios sociales, minoristas y servicios de distribución y limpieza han sido importantes para el conjunto de la sociedad, pero están a menudo infravalorados y es necesario que se les otorgue una mejor consideración.

2.6.

Las mujeres, los trabajadores inmigrantes y los pertenecientes a minorías étnicas —que están representados de manera desproporcionada en estos sectores esenciales—, requieren una mayor atención para garantizar que obtienen todos sus derechos laborales y también pueden necesitar una mayor protección de las redes de seguridad social. Los jóvenes menores de 25 años se han visto especialmente afectados por la pérdida de empleo (incluidos los programas de formación de aprendices) y la interrupción de su educación y su formación. Ahora se enfrentan a obstáculos incluso mayores para acceder al mercado laboral, al igual que otros grupos vulnerables, como las personas con discapacidad y otras que sufren discriminación, ya desfavorecidas para acceder al mercado de trabajo.

2.7.

Europa no puede permitirse perder otro decenio. A corto plazo, la atención debe centrarse en la salvaguardia de las empresas y la protección de los puestos de trabajo. Es preciso aprender las lecciones de las respuestas a la crisis económica y financiera de 2008, que tuvo consecuencias importantes y duraderas para la UE y sus ciudadanos. Es necesario tomar medidas para garantizar el empleo y la renta, así como también para facilitar una reactivación rápida y segura de la actividad económica, con el objeto de garantizar un crecimiento sostenible, una recuperación más estable, competitividad y un modelo económico y social más justo y productivo que funcione bien. El diálogo civil y la implicación efectiva de todas las partes interesadas es fundamental para garantizar una respuesta efectiva a la COVID-19 y conservar la confianza de los ciudadanos.

2.8.

La creación de puestos de trabajo de calidad, los salarios dignos —incluido el salario mínimo— que permitan a todos los trabajadores gozar de un nivel de vida digno y que tengan en cuenta factores económicos como la productividad, deben ser parte de la solución. La negociación colectiva y el diálogo social desempeñan un papel importante en este empeño y deben ser fortalecidos o apoyados a todos los niveles, de acuerdo con los sistemas nacionales de relaciones laborales.

El pilar europeo de derechos sociales y el compromiso renovado con unos salarios justos y la negociación colectiva en la UE

2.9.

Proclamando el pilar europeo de derechos sociales (también denominado «pilar social»), en la Cumbre de Gotemburgo de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reafirmaron su compromiso de trabajar por una Europa más justa y equitativa. El pilar debería servir de brújula hacia una renovada convergencia al alza para lograr unas condiciones de vida y de empleo mejoradas y guiar las reformas en los mercados laborales y las políticas sociales.

2.10.

El CESE ha destacado sistemáticamente la necesidad de adoptar medidas concretas para llevar los principios del pilar a la práctica. Además de incrementar la competitividad y la productividad, conforme al principio 6 del pilar, un eje fundamental de la convergencia debería ser el fomento de salarios mínimos adecuados para que los trabajadores y sus familias vivan con dignidad, en vista de las condiciones económicas y sociales nacionales, y que se establezcan de manera transparente y predecible con arreglo a las prácticas nacionales y respetando la autonomía de los interlocutores sociales (7).

3.   Observaciones generales

3.1.   Consideraciones generales

3.1.1.

En sus orientaciones políticas para la Comisión Europea 2019-2024 (8), la presidenta Ursula von der Leyen expone su intención de proponer «un instrumento jurídico para garantizar que todos los trabajadores de nuestra Unión tengan un salario mínimo justo». El 14 de enero de 2020, la Comisión Europea puso en marcha la primera fase de la consulta a los interlocutores sociales en virtud del artículo 154 del TFUE sobre posibles actuaciones para abordar los retos que plantea un salario mínimo justo. En la segunda fase de consulta, publicada el 3 de junio, la Comisión de la UE expone la necesidad de que la UE actúe y aclara su objetivo de seguir trabajando en un posible instrumento jurídico, es decir, una Directiva o una Recomendación.

3.1.2.

El Comité Económico y Social Europeo ha declarado con anterioridad su convicción de que es necesario seguir trabajando en favor de la convergencia salarial y establecer salarios mínimos en los Estados miembros, haciendo hincapié además en que se han de respetar plenamente, de conformidad con las prácticas nacionales, las competencias y la autonomía de los interlocutores sociales nacionales en relación con los procesos de fijación de salarios (9). El objetivo debería ser garantizar que los salarios mínimos en todos los Estados miembros de la UE proporcionen a todos los trabajadores un nivel de vida digno, teniendo en cuenta al mismo tiempo los factores económicos. Esto contribuiría a alcanzar la meta de la UE de mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos y la ambición de la Comisión de lograr «una Unión que se esfuerza por lograr más resultados».

3.1.3.

El CESE también ha expresado su preocupación por la falta de cobertura efectiva del diálogo social en algunos Estados miembros y, por tanto, ha declarado que es necesario promover dicho diálogo social y la negociación colectiva a todos los niveles oportunos, en consonancia con los sistemas nacionales de relaciones laborales.

3.2.   El contexto general

3.2.1.

Repercuten en una convergencia económica y social al alza y en la lucha contra la pobreza unas consideraciones importantes más amplias, por ejemplo, sobre el correcto funcionamiento de los mercados laborales, el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y las políticas activas del mercado laboral, así como el funcionamiento de los sistemas tributario, de seguridad social (incluidas las prestaciones de desempleo), bienestar, enseñanza y formación, así como el mercado único.

3.2.2.

Los salarios también van ligados a la situación económica de un país, región o sector. Los cambios pueden tener un impacto en el empleo, la competitividad y la demanda macroeconómica. La productividad es un aspecto importante para el funcionamiento del mercado laboral y las perspectivas de empleo, en particular de los trabajadores con una baja cualificación y las personas en busca del primer empleo, al igual que las oportunidades de progreso profesional para quienes cobran el salario mínimo. Todos los trabajadores deberían beneficiarse de la evolución de la productividad y del crecimiento, incluidos los peor pagados. Al mismo tiempo, si los costes totales de emplear a un trabajador aumentan, también es muy importante incrementar la productividad para garantizar la competitividad de la economía europea. Los impuestos y los costes laborales no salariales, incluidas las cotizaciones a la seguridad social de empresarios y trabajadores, pueden en ocasiones generar grandes diferencias entre salarios brutos y netos e influir también en el salario neto de los trabajadores, así como en los costes para los empresarios.

3.2.3.

Los salarios mínimos también tienen efectos colaterales sobre toda la estructura salarial. Otros factores importantes que deben tenerse en cuenta son el porcentaje de trabajadores remunerados con el salario mínimo, las tendencias en la evolución de los salarios, los niveles de precios y el poder adquisitivo, y el nivel de los salarios mínimos en relación con la distribución general de los salarios en el país. Los salarios mínimos deberían ser justos en relación con la distribución salarial de los distintos países y su cuantía también debería ser adecuada en términos de los precios reales, para que permitan vivir con dignidad y, al mismo tiempo, salvaguarden la sostenibilidad de las empresas que proporcionan empleos de calidad. Desde 2010, los salarios mínimos brutos nacionales expresados en estándares de poder adquisitivo en la UE registraron un patrón de convergencia al alza gracias, en particular, a la evolución de los países de Europa central y oriental hacia la media europea (10). No obstante, las diferencias siguen siendo muy importantes y el patrón de convergencia se ha ralentizado en los últimos años (11).

3.3.   La necesidad de salarios mínimos dignos en Europa

3.3.1.

El derecho a condiciones de trabajo y remuneración justas y equitativas son derechos fundamentales consagrados en los instrumentos de derechos humanos internacionales y europeos. Los salarios —incluidos los salarios mínimos— son un aspecto importante del modelo de economía social de mercado de la Unión Europea. Representan el pago por el trabajo hecho, son uno de los factores que garantizan beneficios mutuos a las empresas y los trabajadores como parte de unos mercados de trabajo funcionales y suelen ser un elemento clave de la negociación colectiva.

3.3.2.

Los salarios mínimos también tienen otras funciones, como proteger a los trabajadores de remuneraciones desproporcionadamente bajas y de la pobreza de los ocupados (12). Aunque el empleo de calidad continúa siendo el mejor camino para salir de la pobreza, tener un puesto de trabajo no es actualmente una garantía automática de no ser pobre, especialmente para las personas que no trabajan a tiempo completo. En la UE, aproximadamente uno de cada diez trabajadores cobra «alrededor de» o menos del salario mínimo legal nacional (13). En 2018, se determinó que una de cada diez personas mayores de 18 años estaba en riesgo de pobreza y que los trabajadores de ocho Estados miembros ganaban menos en términos reales que al principio de la crisis de 2008. Además, en los últimos diez años, el porcentaje de personas empleadas en riesgo de pobreza ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros, mientras que en algunos se ha mantenido o reducido. En algunos países, los niveles de salario mínimo existentes no son adecuados actualmente para que los trabajadores salgan de la pobreza solo mediante el empleo (14).

3.3.3.

Reina el consenso en torno a que la Unión Europea y los Estados miembros deben hacer algo más para luchar contra la pobreza, incluida la que afecta a personas empleadas. En los documentos de consulta sobre salarios mínimos dignos, la Comisión reconoce que los salarios mínimos dignos pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza entre los trabajadores pobres. El CESE considera que la forma más eficaz de reducir la pobreza de los ocupados es mediante salarios mínimos dignos y políticas de inclusión activas, integradas y centradas en la persona, que promuevan el acceso a una renta mínima adecuada, a servicios de empleo y a empleos de calidad, así como a servicios sociales esenciales y capacitadores, con arreglo a la Recomendación de la Comisión de 2008.

3.3.4.

Muchas son las causas que originan la pobreza de los ocupados y Eurofound (15) ha llegado a la conclusión de que, si bien un salario mínimo adecuado es un pilar fundamental de cualquier modelo de protección social para los trabajadores pobres, el vínculo entre los salarios mínimos y la pobreza de los ocupados es complejo. Un factor importante que hay que tener en cuenta es el número de personas que conviven en el hogar: aunque en algunos países el salario mínimo puede ser suficiente para proteger del riesgo de pobreza a una persona adulta que viva sola, a menudo no basta para sustentar a más de una persona si dentro del hogar no hay nadie más que tenga ingresos.

3.3.5.

El coste de la vida también puede ser un elemento clave para que un hogar caiga en la pobreza y deberá tomarse en consideración, cuando proceda a escala nacional, para determinar si los salarios mínimos son adecuados. Las prestaciones vinculadas al trabajo, las prestaciones sociales, las transferencias sociales y las prestaciones familiares también pueden desempeñar un papel importante en el alivio o la prevención de la pobreza de los ocupados, según la composición de la unidad familiar.

3.3.6.

Muchos gobiernos han optado también por reducir el impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social, como forma de incrementar la renta neta de quienes cobran el salario mínimo legal y otros salarios bajos. Sin embargo, esto puede tener importantes repercusiones en la política pública, como el debilitamiento de los sistemas públicos de salud y bienestar, y los servicios públicos en general. Además de estas medidas directas, el informe de Eurofound también explora el despliegue de medidas indirectas para combatir la pobreza de los ocupados (16), si bien no ha sido fácil valorar su impacto y hace falta una evaluación más específica.

3.3.7.

En términos más generales, en relación con la lucha contra la pobreza, el CESE ya ha reclamado previamente el establecimiento de un marco europeo vinculante para una renta mínima digna, que permita generalizar, apoyar y convertir en «decentes» (adecuados) los sistemas de renta mínima de los Estados miembros, como primera respuesta europea de calado al grave y persistente problema de la pobreza en Europa (17). Si bien el Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa apoyaron el Dictamen, el Grupo de Empresarios no compartió la visión del Dictamen de instaurar un instrumento vinculante para el establecimiento de una renta mínima a nivel europeo, prefiriendo en su lugar el método abierto de coordinación (18). El Comité también ha propuesto un enfoque gradual encaminado a fijar normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo en los Estados miembros, a fin de proporcionar redes de seguridad adecuadas para los trabajadores que pierdan sus empleos y como protección contra la pobreza (19). Esto también funcionaría automáticamente como factor de estabilización y favorecería la convergencia al alza en la UE.

3.3.8.

También se requiere un enfoque integral que incluya, entre otros, regímenes eficaces de renta mínima, reformas adecuadas de la seguridad social y mayor inversión en los servicios públicos. Es fundamental que, para que las personas salgan de la pobreza, se siga debatiendo la forma de cumplir el umbral de riesgo de pobreza (indicador de la tasa de riesgo de pobreza en el ámbito de la UE (20)), combinado con los presupuestos nacionales de referencia que calculan el coste de los bienes y servicios necesarios (incluyendo las diferentes metodologías utilizadas). Se deberían tener en cuenta la redistribución social, la fiscalidad y los factores de nivel de vida en cada Estado miembro de la UE (21) y ayudar a contextualizar el umbral de la tasa de riesgo de pobreza a la realidad multidimensional de esta.

3.3.9.

En casi todos los Estados miembros, las mujeres están sobrerrepresentadas en el colectivo de trabajadores que cobran el salario mínimo (22). Existen pruebas de que los salarios mínimos dignos también pueden tener efectos positivos sobre la brecha salarial de género en el extremo inferior de la distribución salarial, si también se acompañan de medidas políticas que corrijan las desigualdades de género estructurales en los mercados de trabajo y en la sociedad. Del mismo modo, otras personas desfavorecidas, como los trabajadores inmigrantes, las personas con discapacidad y las minorías étnicas, también se beneficiarían considerablemente de un salario mínimo digno. Además, para mejorar las tasas de empleo de los trabajadores con discapacidad, las autoridades públicas competentes deberían conceder a los empresarios subsidios salariales o desgravaciones fiscales con el fin de cubrir los costes adicionales relacionados con su empleo.

3.3.10.

Por último, en el contexto de los salarios dignos en Europa, el CESE también hace hincapié en que el buen funcionamiento de los sistemas de negociación colectiva —en particular, la negociación colectiva sectorial— es crucial para que los salarios sean justos y adecuados en toda la estructura salarial, incluidos los salarios mínimos legales, en su caso. También son necesarios para promover la convergencia salarial al alza en los países y entre estos, así como para garantizar un enfoque equilibrado entre las consideraciones económicas y sociales.

3.4.   La necesidad y viabilidad de actuaciones de ámbito europeo

3.4.1.

En la primera fase de su consulta a los interlocutores sociales, la Comisión ha establecido una serie de maneras en que la acción de la UE podría aportar valor añadido: contribuir a garantizar salarios mínimos justos, ayudar a los Estados miembros a lograr la convergencia al alza de las condiciones laborales, asegurar la igualdad de condiciones en el mercado único e incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios bajos.

3.4.2.

En la segunda fase de la consulta a los interlocutores sociales, la Comisión Europea aclara las metas de la acción de la UE y los objetivos políticos de una posible iniciativa (23). Según la Comisión, los objetivos generales de dicha iniciativa serían garantizar que todos los trabajadores de la UE estén protegidos por un salario mínimo justo que les permita un nivel de vida digno dondequiera que trabajen, y que los salarios mínimos se fijen en niveles adecuados, al mismo tiempo que amparen el acceso al empleo y se tengan en cuenta los efectos en la creación de puestos de trabajo y la competitividad. La mayoría de los miembros del CESE celebra los objetivos definidos por la Comisión y considera que deberían abordarse mediante la acción de la UE en materia de salarios mínimos justos. No obstante, una minoría considera que la acción de la UE en algunos de estos objetivos no sería adecuada.

3.4.3.

La Comisión ha destacado que su intención no es establecer un «salario mínimo europeo» único ni armonizar directamente el nivel de los salarios mínimos en toda la UE y ha subrayado que respetará plenamente las competencias nacionales, las tradiciones nacionales y las especificidades de cada país, así como la libertad contractual de los interlocutores sociales.

3.4.4.

Aunque la mayoría de los Estados miembros tiene un salario mínimo legal o nacional, existen importantes disparidades entre los niveles de salario mínimo legal o nacional, que reflejan los distintos grados de desarrollo económico y social. En enero de 2020, los salarios mínimos legales de los Estados miembros oscilaban entre 312 EUR y 2 142 EUR mensuales. Los salarios mínimos mensuales son generalmente inferiores a 600 EUR en el este y superiores a 1 500 EUR en el noroeste de la UE (24). En el documento sobre la segunda fase de consulta, la Comisión observa que la adecuación del salario mínimo ha mejorado en la mayoría de los Estados miembros (25). Sin embargo, siguen existiendo disparidades y, en un número significativo de Estados miembros, el salario mínimo legal alcanza como máximo el 50 % de la mediana del salario bruto a jornada completa (26) y se sitúa notablemente por debajo del umbral salarial de «riesgo de pobreza» del 60 % de la mediana salarial, de modo que por sí solo no basta para sacar a los trabajadores de la pobreza.

3.4.5.

Los salarios mínimos deberían garantizar un nivel de vida digno. El Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa consideran que en varios Estados miembros los niveles del salario mínimo siguen sin ser adecuados y que el salario mínimo legal neto «de referencia» debe fijarse notablemente por encima del umbral de pobreza —establecido en el ámbito de la UE mediante el indicador de la tasa de riesgo de pobreza del 60 % de la renta disponible equivalente mediana de una unidad familiar tras descontar las transferencias sociales— y ser justo con relación al conjunto de los salarios en el mercado laboral. Contar con una referencia de este tipo garantizaría unos niveles de prestaciones adecuados y evitaría que los trabajadores se vieran obligados a aceptar trabajos precarios con condicionalidades negativas vinculadas a los sistemas de renta mínima. Subir el segmento de los salarios más bajos mediante una progresión hacia salarios mínimos que protejan contra la pobreza también ampliaría la base impositiva de los gobiernos, y ayudaría a financiar sistemas de protección social adecuados. Sin embargo, el Grupo de Empresarios considera que este aspecto no debe abordarse mediante la acción de la UE, ya que esta no tiene competencia en el ámbito de los niveles de remuneración, y concretamente sobre los niveles de remuneración en consonancia con las sentencias del TJUE. Según quienes proponen este último punto de vista, lo que podría hacerse, como mucho, es debatir e intercambiar puntos de vista a través del método abierto de coordinación o el proceso del Semestre Europeo para analizar de qué modo garantizar niveles adecuados de prestaciones y regímenes adecuados de renta mínima y de qué modo esto, junto con el empleo, puede apoyar la financiación de unos sistemas de protección social adecuados.

3.4.6.

El CESE reconoce los diversos problemas planteados con relación a la posibilidad de que la UE actúe en este ámbito. En particular, existen grandes discrepancias en cuanto a la competencia de la Unión. Hay quien argumenta que, puesto que el artículo 153, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea excluye las «remuneraciones» de la competencia legislativa de la Unión, no hay margen de actuación en el ámbito de la UE. Por otra parte, también hay quien alega, incluida la Comisión, que existen opciones de actuación en el ámbito de la UE y que el artículo 153, apartado 5, no las excluye.

3.4.7.

Por otra parte, existe el temor —en particular en los Estados miembros donde los suelos salariales se definen principal o exclusivamente a través de la negociación colectiva— de que dicha actuación constituya una injerencia en la autonomía de los interlocutores sociales. Por consiguiente, es esencial que cualquier iniciativa de la UE salvaguarde los modelos existentes en aquellos Estados miembros donde los interlocutores sociales no consideren que sea necesario establecer salarios mínimos legales. Del mismo modo, las medidas que favorezcan la negociación colectiva —en particular, la negociación sectorial— deberían respetar al máximo los distintos sistemas de relaciones laborales nacionales y no presionar en favor de un enfoque de «talla única».

3.4.8.

Otro motivo de inquietud es que una política europea de salarios mínimos legales podría tener efectos negativos para el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación, y podría agravar el incumplimiento, que también podría empujar a algunos trabajadores con salarios bajos hacia la economía sumergida (27). Sin embargo, a esto se podría replicar que si la cuantía del salario mínimo se establece de forma apropiada, es decir, favorece la renta de los trabajadores sin perjudicar al empleo, depende de factores específicos del país, incluida la reacción de los empresarios, el grado de competencia en los mercados de productos y de trabajo y su interacción con otras políticas, en particular los impuestos y las prestaciones (28). Además, existen ejemplos concretos de Estados miembros en los que la introducción de los salarios mínimos no ha afectado negativamente a la creación de empleo y en los que incluso los incrementos sustanciales del salario mínimo han tenido efectos macroeconómicos positivos, incluido el crecimiento del empleo (29).

3.4.9.

El CESE es plenamente consciente de la complejidad de las cuestiones que se plantean en este debate y reconoce que los salarios mínimos no son la panacea capaz de resolver todos los problemas. Sin embargo, un enfoque común de la UE con objetivos políticos claros que puedan alcanzar los Estados miembros, por diferentes medios, y que garantice la participación de los interlocutores sociales como parte de sistemas de negociación colectiva funcionales, podría garantizar la protección de los derechos de los trabajadores a una remuneración justa y a la libertad de asociación y las necesidades de los empresarios en relación con la productividad y la competitividad. Si se combina con medidas más amplias, también podría contribuir a la convergencia al alza y al progreso social en toda la UE, reduciendo las diferencias de renta y salarios entre los Estados miembros, disminuyendo la pobreza de los ocupados y alcanzando la igualdad de condiciones en el Mercado Único.

3.4.10.

Cualquier iniciativa europea en el ámbito de los salarios mínimos justos, incluyendo los aspectos para promover y apoyar el correcto funcionamiento de la negociación colectiva con vistas a la fijación de salarios, debe configurarse basándose en un análisis y la comprensión precisos de la situación en los Estados miembros, y respetar plenamente la función y la autonomía de los interlocutores sociales, así como los diferentes modelos de relaciones laborales.

4.   Hacia una iniciativa legislativa europea en materia de salarios mínimos legales, incluidos el apoyo y la promoción de la participación de los interlocutores sociales

4.1.   El concepto de salario mínimo

4.1.1.

Los salarios se ven afectados por una serie de factores diferentes como el sector y la industria, así como su exposición a la competencia global, el coste de la vida, la oferta y la demanda del mercado, la productividad, la distribución salarial, los niveles salariales colectivos, la competencia y el rendimiento individuales, y tener en cuenta cómo se hacen y se valoran las cosas. Remuneran el trabajo realizado de acuerdo con la legislación vigente, los convenios colectivos aplicables y la práctica establecida. Cabe considerar que el salario total comprende diferentes elementos, según cómo se determine en los Estados miembros, en las regiones o según los distintos convenios colectivos.

4.1.2.

La OIT define el salario mínimo como «la cuantía mínima de la remuneración que un empresario deberá abonar a sus asalariados por las prestaciones que estos hayan efectuado durante un determinado período, sin que dicha cuantía pueda ser rebajada mediante convenio colectivo ni acuerdo individual» (30). Según el Convenio n.o 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos (31), para determinar un salario mínimo justo es necesario tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, incluidos el nivel general de los salarios en el país y el coste de la vida, así como factores económicos como la productividad y el empleo. También establece que debe garantizarse una consulta exhaustiva a los interlocutores sociales en relación con la fijación del salario mínimo. Los diez Estados miembros de la UE (32) que han ratificado el Convenio cuentan con un régimen de salario mínimo legal.

4.1.3.

La eficacia de los salarios mínimos legales depende de muchos factores, que influyen en distinto grado en función del contexto nacional, como la cobertura de los trabajadores; si se fijan y ajustan en un nivel adecuado que cubra las necesidades de los trabajadores y de sus familias, teniendo al mismo tiempo en cuenta factores económicos como la productividad, y si los empresarios cumplen la normativa sobre el salario mínimo (33). También depende de si se apoya la participación de los interlocutores en el diálogo social y si existe un sistema efectivo de negociación colectiva que complemente la fijación del salario mínimo legal. La actuación de la UE debería apoyar las mejoras necesarias en estos ámbitos, entre otros.

4.1.4.

En los Estados miembros en que los interlocutores sociales son los responsables de establecer suelos salariales, la proporción de trabajadores que no cuentan con cobertura salarial por medio de estos convenios va desde el 2 % de Austria, pasando por aproximadamente el 10 % de Suecia, Finlandia e Italia, hasta en torno al 20 % de Dinamarca. En Suecia y Dinamarca debe tenerse presente que la mayoría de estos trabajadores que no cuentan con cobertura formal mediante salarios mínimos son o bien trabajadores cualificados con una elevada remuneración, que tienen sueldos muy superiores a los suelos salariales establecidos en los convenios colectivos, o estudiantes en prácticas u otros jóvenes trabajadores que acceden al mercado de trabajo. En realidad los empresarios también suelen aplicar los salarios mínimos del sector a los trabajadores que no cuentan con la cobertura formal de los salarios mínimos, aunque no tengan la obligación de hacerlo. Sin embargo, en Italia, quienes no cuentan con cobertura son o trabajadores informales o trabajadores autónomos que trabajan con arreglo a condiciones establecidas a título individual en trabajos ocasionales, sobre todo los más jóvenes.

4.1.5.

La Comisión Europea, el Consejo y los interlocutores sociales europeos han destacado la importancia de promover el diálogo social y respetar la autonomía de los interlocutores sociales, y también han pedido a los Estados miembros que favorezcan la mejora y el funcionamiento del diálogo social nacional (34). Es importante que una posible iniciativa sobre salarios mínimos no debilite los sistemas de negociación colectiva de ningún Estado miembro, por ejemplo reduciendo el control de los interlocutores sociales sobre los salarios.

4.2.   Sistemas/instituciones responsables de la fijación de salarios nacionales en la Unión Europea

4.2.1.

Los sistemas de fijación de salarios mínimos y la función y la capacidad de los interlocutores sociales varían considerablemente según los Estados miembros debido a las divergencias en sus tradiciones nacionales y a los diferentes factores económicos y sociales, así como por el marco político y constitucional del país.

4.2.2.

Algunos Estados miembros han optado por establecer un salario mínimo legal, por el que los salarios han de corresponderse al menos con un nivel mínimo establecido por ley. En estos países también puede haber salarios mínimos (más elevados) sectoriales e intersectoriales establecidos por los interlocutores sociales. En otros países que no cuentan con un mínimo legal, los salarios son definidos principal o exclusivamente por los interlocutores sociales en el marco de los convenios colectivos celebrados a nivel nacional, sectorial o de empresa.

4.2.3.

En los Estados miembros que disponen de salarios mínimos legales, la cobertura de los trabajadores tiende a ser integral; sin embargo, pueden admitirse exclusiones para determinadas categorías, de modo que estos trabajadores ganan menos del mínimo legal establecido. Además, once Estados miembros aplican niveles salariales específicos a determinados tipos de trabajadores (35). Estos niveles se aplican principalmente a personas más jóvenes o menos experimentadas o aprendices, pero también pueden abarcar a trabajadores no cualificados y a aquellos que tienen una discapacidad, entre otros ejemplos. Algunos países también especifican niveles más elevados en función de las cualificaciones de los trabajadores (36). Como ha señalado la Comisión, las brechas de cobertura pueden tener consecuencias negativas para esos trabajadores y la economía en general. Deben evaluarse las repercusiones de estas excepciones y también de una cobertura más amplia de los trabajadores para comprender los diferentes enfoques nacionales y las posibles razones de las exclusiones, así como sus implicaciones.

4.2.4.

En los países que carecen de salarios mínimos legales, solo se aplican salarios mínimos a trabajadores cubiertos por convenios colectivos. Aunque la mayoría de estos países tienen muy altos niveles de cobertura de negociación colectiva (por encima del 80 %), hay algunos trabajadores que quedan fuera (37).

4.2.5.

La adecuación es un elemento fundamental a la hora de considerar si los salarios mínimos legales son «justos» y si proporcionan un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. También debe considerarse su cuantía en relación con la distribución salarial general del país. El Grupo de Trabajadores y el Grupo Diversidad Europa consideran que unos criterios comunes de la UE para los umbrales mínimos necesarios para un «nivel de vida digno» resultarían beneficiosos. Existen varias posibilidades para establecer estos umbrales, como utilizar una cesta de productos de referencia que cubran más allá de la mera subsistencia o establecer estos umbrales con relación a un porcentaje del salario mediano o del salario medio bruto a tiempo completo. Es necesario seguir debatiendo sobre cuáles podrían ser estos umbrales y cómo podrían alcanzarse gradualmente. El Grupo de Empresarios considera que la cuestión de los umbrales no debe abordarse mediante la acción de la UE, ya que esta no tiene competencia en el ámbito de los niveles de remuneración en consonancia con algunas sentencias del TJUE (38). En la revisión de los salarios mínimos legales, es importante considerar su adecuación y la periodicidad de las revisiones, así como que exista un procedimiento claro que cuente con la plena participación de los interlocutores sociales.

4.2.6.

Según el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS), el concepto de «nivel de vida digno» va más allá de las meras necesidades materiales básicas, como la alimentación, la ropa y la vivienda, e incluye recursos necesarios para participar en actividades culturales, educativas y sociales. En sus últimas Conclusiones (39), el Comité señala que las cuantías de los salarios mínimos fijados en diferentes Estados miembros no garantizan un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias.

4.2.7.

Varios Estados miembros permiten actualmente que los empresarios apliquen deducciones a los salarios mínimos legales (por ejemplo, por averías o compras de equipos) o incluyendo pagos extraordinarios (por ejemplo, horas extras o bonificaciones) en el cálculo del salario. El CEDS y los organismos de supervisión de las Naciones Unidas y de la OIT han dictaminado que en distintos Estados miembros estas prácticas conculcan el derecho de los trabajadores a una remuneración justa.

4.3.   El papel de los interlocutores sociales en los sistemas de fijación de los salarios mínimos legales

4.3.1.

Hay grandes divergencias en la participación de los interlocutores sociales en los sistemas de fijación de los salarios mínimos legales. En algunos países, por desgracia, los gobiernos han adoptado de manera unilateral decisiones relativas a los salarios mínimos sin consultar ni contar debidamente con la participación de los interlocutores sociales.

4.3.2.

Los mecanismos que permiten consultar oportuna y adecuadamente a los interlocutores sociales contribuyen a garantizar que se tengan en cuenta diferentes situaciones económicas y del mercado laboral. También pueden facilitar que se alcancen acuerdos entre las autoridades nacionales competentes y los interlocutores sociales y que el resultado tenga en cuenta de forma equilibrada las necesidades de empresarios y trabajadores.

4.3.3.

Disponer de criterios transparentes, claros y estables para ajustar los salarios mínimos legales a fin de garantizar su adecuación, teniendo al mismo tiempo en cuenta los factores económicos, contribuye a mejorar el entendimiento y la predictibilidad para los empresarios, los trabajadores y sus representantes. Por desgracia, algunos Estados miembros carecen de ellos.

4.3.4.

Los interlocutores sociales deben participar de manera apropiada, según las necesidades de ambas partes del mercado laboral, en las consultas sobre los salarios mínimos legales, incluida la determinación de los criterios apropiados para definir la cuantía adecuada, así como en la evaluación de posibles adaptaciones. Además, el apoyo de la UE y de los Estados miembros a la capacitación de los interlocutores sociales nacionales puede ayudarles a entablar negociaciones colectivas, también cuando sea oportuno para la determinación de los salarios, así como las conversaciones sobre los salarios mínimos legales.

4.4.   El papel de la negociación colectiva en la fijación de los salarios mínimos

4.4.1.

Los salarios negociados por los interlocutores sociales se basan en un acuerdo equilibrado entre ellos, lo que es importante para asegurar que los salarios sean justos para ambos interlocutores sociales. Cinco de los seis países donde se han definido suelos salariales a través de la negociación colectiva sectorial están entre los que presentan los porcentajes más elevados de cobertura de negociación colectiva.

4.4.2.

El CESE celebra la indicación de que una posible iniciativa de la Comisión no trataría de introducir salarios mínimos legales en países con una amplia cobertura de negociación colectiva y donde la fijación de los salarios se organiza exclusivamente por este medio (40). Esta idea refleja el hecho de que, de acuerdo con la decisión que se tome en el ámbito nacional, los interlocutores sociales —con total respeto a su autonomía y en el nivel de su elección— son los mejor situados para formular y aplicar políticas y mecanismos de fijación de salarios.

4.4.3.

La negociación colectiva es también fundamental para definir las cuantías de los salarios en muchos de los países que cuentan con un salario mínimo legal y los acuerdos allí negociados suelen mejorar los niveles marcados por el Gobierno.

4.5.   La necesidad de apoyar y promover la negociación colectiva en los Estados miembros

4.5.1.

Los efectos y la cuantía de los salarios mínimos legales dependen de su interacción con otras políticas e instituciones del mercado laboral. Una de estas interacciones es la que se produce entre los salarios mínimos y la negociación colectiva. La fortaleza relativa de la negociación colectiva en los distintos países es uno de los principales factores determinantes de la existencia de reacciones en cadena y de su alcance (41).

4.5.2.

Allí donde funcionan bien, los sistemas de negociación colectiva están asociados a mayores niveles de empleo y menores tasas de desempleo para todos los trabajadores. La coordinación entre los equipos negociadores ayuda a los interlocutores sociales a tener en cuenta la situación del ciclo de negocio y los efectos macroeconómicos de los convenios salariales sobre la competitividad (42).

4.5.3.

La libertad sindical, de asociación y de negociación colectiva son derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales y europeos de derechos humanos. Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio C087 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio C098 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. El nivel y la cobertura de la negociación colectiva presentan notables variaciones según los Estados miembros, desde solo un 7 % en Lituania hasta un 98 % en Austria. Desde 2000, la cobertura de negociación colectiva ha caído en 22 Estados miembros y se calcula que al menos 3,3 millones de trabajadores han dejado de estar cubiertos por un convenio colectivo.

4.5.4.

Según un informe de la OCDE, la negociación colectiva se enfrenta a desafíos ya conocidos (como el descenso de la cobertura de negociación colectiva y de la afiliación sindical) y a otros nuevos, como la creciente prevalencia de trabajadores en empleos atípicos (como trabajo temporal a tiempo parcial y autoempleo) que pueden no tener acceso a la negociación colectiva (43). La mayoría de Estados miembros ha sufrido una caída de la cobertura de negociación colectiva desde el comienzo de la crisis económica y social (44) ya que desencadenó cambios en los regímenes de negociación salarial en varios países y aumentó la tendencia ya existente a la descentralización en otros. Esto se debió a las diferentes condiciones nacionales y, en algunas ocasiones, a las actuaciones de la UE como requisito para los rescates económicos.

4.5.5.

El CESE ha resaltado frecuentemente los problemas que plantean las nuevas formas de trabajo flexible, en particular que muchos trabajadores podrían quedarse fuera de las estructuras de negociación colectiva y de la representación sindical. También ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el papel del diálogo social y la negociación colectiva, en particular mediante el apoyo de la UE al desarrollo de capacidades, los marcos nacionales propicios y de apoyo, garantizando la fuerza organizativa de ambos interlocutores sociales, así como salvaguardando el buen funcionamiento de los sistemas de negociación colectiva (45).

4.5.6.

También es preciso respetar y promover la libertad sindical y de asociación. Es importante que se entable un debate a escala nacional y europea sobre la forma de garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a representación sindical y ejercer su libertad sindical y su derecho a emprender acciones colectivas.

4.5.7.

El CESE celebra que la Comisión reconozca que hay margen para que la UE promueva el papel de la negociación colectiva en apoyo a la adecuación y la cobertura del salario mínimo. Las medidas de apoyo a la negociación colectiva podrían incluirse en la iniciativa de la UE sobre salarios mínimos, al tiempo que se respetan los distintos sistemas de relaciones laborales nacionales. Esto concuerda con las recomendaciones anteriores del CESE en la que pidió el fortalecimiento de la negociación colectiva y el diálogo social.

5.   Aportaciones de las partes interesadas: visitas virtuales a los países y audiencia pública

5.1.   Panorámica y antecedentes de las visitas

5.1.1.

En la elaboración del Dictamen, para el CESE fue importante recopilar los puntos de vista de las partes interesadas relevantes tanto del ámbito nacional como europeo. Para ello se programaron una serie de visitas a los países, así como una audiencia pública con los agentes del ámbito de la UE. Para las visitas a los países se escogieron cinco Estados miembros (Alemania, Polonia, Rumanía, España y Suecia) con arreglo a los criterios sobre instituciones encargadas de fijar los salarios mínimos en los Estados miembros de la UE que identificó la Comisión Europea en la primera fase de consulta a los interlocutores sociales. Se programaron debates con representantes gubernamentales, órganos nacionales encargados de fijar los salarios, interlocutores sociales nacionales y organizaciones de lucha contra la pobreza. A causa de la pandemia de COVID-19, no pudieron realizarse las visitas y fueron sustituidas por un cuestionario semiestructurado, además de videoconferencias de seguimiento con las correspondientes partes interesadas.

5.2.   Resumen de las videoconferencias

5.2.1.

Las mayores inquietudes y muestras de oposición ante una iniciativa legislativa de la UE sobre salarios mínimos fueron las de los representantes de Suecia, en donde hubo un consenso general relativo a que la UE no tiene competencia para adoptar medidas sobre salarios. El temor que compartían los interlocutores sociales suecos es que una iniciativa de la UE pudiera interferir con las tradiciones nacionales de negociación salarial, entre otros aspectos, y vulnerar su propia autonomía. En su lugar, propusieron iniciativas no vinculantes para promover el diálogo social y la negociación colectiva, al tiempo que pusieron de relieve que los sistemas nacionales son el resultado de décadas de desarrollo y no pueden trasladarse de un país a otro. En Suecia, la cobertura de la negociación colectiva alcanza el 90 % y menos del 1 % de los trabajadores ganan menos del 60 % de la mediana salarial (46). El representante del Gobierno sueco respaldó las posturas de los interlocutores sociales y señaló que la UE tiene un importante papel que desempeñar en la contribución al incremento del empleo y la mejora de la evolución de la situación social. Hacer frente a los desafíos sociales es importante para la cohesión de la Unión y del mercado interior. Sin embargo, no consideraban que una iniciativa legalmente vinculante, incluida una Directiva, fuese la vía correcta y aseguraron que una iniciativa de la UE no debería establecer el requisito de que los Estados miembros introdujeran convenios colectivos aplicables con carácter universal o salarios mínimos legales.

5.2.2.

Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil de los otros cuatro países se mostraron a favor de que se adoptasen medidas en el ámbito de la UE e incluso algunos mencionaron que podrían adoptar la forma de una Directiva marco. Entre los argumentos en apoyo de esta iniciativa se incluyen: el potencial de coordinar las políticas salariales internacionales, luchar contra el dumping social, promover la convergencia salarial, reducir la pobreza de los ocupados, ofrecer protección a los trabajadores que no cuentan con cobertura mediante convenios colectivos, evitar la explotación de los grupos de trabajadores vulnerables, como los migrantes, y contribuir a reducir la brecha salarial de género. Algunos representantes también se refirieron a la posibilidad de unos criterios comunes de la UE sobre umbrales mínimos para la adecuación de los salarios mínimos, por ejemplo mediante el uso de una cesta de productos de referencia y servicios clave que necesitan todas las personas. Varios representantes mencionaron también que una iniciativa de la UE sobre salarios mínimos debería ir acompañada de otras medidas, en concreto, una Directiva sobre una renta mínima adecuada y una iniciativa para reforzar la labor del diálogo social y la representación de los sindicatos.

5.2.3.

Las organizaciones de empresarios de los tres países (47) manifestaron sus inquietudes con respecto a medidas vinculantes o su oposición a estas. Algunos señalaron de forma explícita que, según el artículo 153 del TFUE, la UE no tiene competencias sobre los salarios y que el debate debería centrarse en cómo mejorar el proceso del Semestre Europeo. Las organizaciones de empresarios se oponían a una iniciativa legislativa, basándose en que interferiría con los sistemas nacionales de fijación de salarios y afectaría negativamente a la competitividad de los Estados miembros y al empleo, así como a la integración de los desempleados en el mercado laboral. Asimismo señalaron que los debates sobre el salario mínimo no pueden aislarse de aspectos más amplios que afectan al mercado laboral, incluidos los sistemas de seguridad social. En algunos países, los representantes de los empresarios manifestaron sus inquietudes sobre las subidas del salario mínimo legal basadas en decisiones políticas gubernamentales sin tener en cuenta factores económicos. En un país también se mencionó que en las recomendaciones específicas por país se había señalado el efecto negativo de las subidas del salario mínimo para la competitividad. En otro de los países se mencionó como posible instrumento una recomendación no vinculante, y se señaló que el refuerzo de la negociación colectiva es un asunto que compete al ámbito nacional, y que se requiere el apoyo de la UE para ello, en especial en lo que se refiere al aumento de la capacidad de los interlocutores sociales.

5.2.4.

Los representantes gubernamentales no manifestaron una postura tan directa como la de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Mientras que algunos acogieron de buen grado que se promoviera una iniciativa marco sin calificarla (Alemania), otros se mostraron más partidarios de una Directiva marco (España). En lo que se refiere a las siguientes medidas, los representantes alemanes confirmaron que la Presidencia alemana estaba dispuesta a respaldar el proceso en curso durante el segundo semestre de 2020.

5.3.   Audiencia pública

5.3.1.

El 25 de junio se celebró una audiencia pública en línea, con la participación del comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, la ponente del Parlamento Europeo sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores, y los coordinadores de Empleo y Asuntos Sociales de los grupos PPE y S&D, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y BusinessEurope, así como la Plataforma Social. La Comisión reiteró su intención de presentar un instrumento jurídico sobre salarios mínimos justos en Europa, que respetaría la autonomía de los interlocutores sociales, así como los sistemas nacionales de negociación colectiva, y no interferiría con el buen funcionamiento de los sistemas de negociación colectiva. También reconoció que el tema de los salarios mínimos justos es difícil y controvertido. Entre los tres diputados al Parlamento Europeo hubo consenso político sobre la necesidad de una acción por parte de la UE para trabajar en pos de garantizar que los trabajadores de Europa tengan un nivel de vida digno y hacer frente a la pobreza de los ocupados. Los interlocutores sociales europeos se hallaban en la fase de responder a la segunda fase de consulta de la Comisión, pero es evidente que tienen puntos de vista muy distintos sobre la necesidad de una acción por parte de la UE, así como sobre su viabilidad y fundamento jurídico. La Plataforma Social destacó la importancia de contar tanto con unos ingresos mínimos como con unos salarios mínimos adecuados, y de que el salario mínimo sea mayor que la renta mínima.

6.   Ámbito de actuación a escala de la UE

6.1.   El acervo europeo

6.1.1.

El CESE observa que existe un amplio conjunto de instrumentos europeos e internacionales que consagran y apoyan el concepto de remuneración «justa» que proporcione a los trabajadores y a sus familias «un nivel de vida digno» (48). El CESE observa que se sugiere una iniciativa legislativa de la UE sobre «salarios mínimos justos» que se proponga en virtud del título de política social del TFUE. Dicha iniciativa debería vincularse a los objetivos de la Unión consagrados en el artículo 3 del Tratado: promover una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo, al progreso social, al bienestar de sus pueblos y al desarrollo sostenible de Europa.

6.1.2.

El Comité también reconoce que la situación jurídica en relación con una posible iniciativa de la UE sobre salarios mínimos es muy compleja. La UE puede dotarse de instrumentos jurídicos sobre las condiciones laborales en virtud de los artículos 151 y 153, apartado 1, letra b), del TFUE. El Tratado establece que las disposiciones del artículo 153 no se aplicarán a las remuneraciones. Por otra parte, se dispone de jurisprudencia de la UE al respecto y las Directivas vigentes que contemplan la cuestión de las remuneraciones consideran que constituye una condición de trabajo fundamental. Existen opiniones claramente divergentes sobre este extremo y el CESE reconoce que la Comisión tendrá que adoptar un planteamiento cauto y equilibrado.

6.1.3.

Los interlocutores sociales europeos también tienen la facultad de alcanzar acuerdos en virtud del artículo 155 del TFUE, incluido en su título sobre política social.

6.2.   Posible iniciativa legislativa de la UE sobre salarios mínimos justos: Directiva o Recomendación del Consejo

6.2.1.

En relación con los salarios mínimos, la responsabilidad de cumplir los compromisos del pilar europeo de derechos sociales incumbe principalmente a cada uno de los Estados miembros. La Comisión ha identificado la necesidad y las posibles vías de actuación de la UE en materia de salarios mínimos justos. Si bien la mayoría de los miembros del CESE considera que dicha actuación podría aportar un valor añadido, otros no están de acuerdo con ello. Cualquier actuación que se emprenda a escala de la UE deberá respetar plenamente la autonomía de los interlocutores sociales y el reparto de competencias entre la esfera europea y la nacional.

6.2.2.

En el documento sobre la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales, la Comisión señala que la UE está considerando la posibilidad de dotarse de instrumentos tales como una Directiva y una Recomendación del Consejo. Existen opiniones divergentes en el seno del CESE sobre la legitimidad de cualquier iniciativa legislativa de la UE emprendida en virtud del artículo 153, especialmente una Directiva, ya que, según el artículo 153, apartado 5, del TFUE, las disposiciones de dicho artículo no se aplicarán a las remuneraciones. Conforme a la consulta a los interlocutores sociales y en ausencia de negociación entre los interlocutores sociales, sea cual sea el instrumento que pueda considerar la Comisión para emprender una iniciativa sobre los salarios mínimos justos, el objetivo debería ser garantizar que los salarios mínimos legales —cuando existan— sean justos en relación con la distribución salarial del país y que se garantice el respeto del derecho de los trabajadores a una remuneración justa, de modo que proporcione a los trabajadores y sus familias al menos de un nivel de vida digno. También es preciso tener en cuenta aspectos económicos importantes, como la productividad.

6.2.3.

Según la Comisión, son posibles tanto los instrumentos legislativos como no legislativos. Según indica, una Directiva en el ámbito de las «condiciones laborales» dejaría en manos de los Estados miembros la decisión de cómo aplicar los requisitos mínimos y qué obligaciones de procedimiento deben cumplirse. La Comisión señala asimismo que si se propusiera una Recomendación del Consejo, la supervisión de su puesta en práctica podría llevarse a cabo mediante un marco de evaluación comparativa específico integrado en el Semestre Europeo. En este podrían debatirse y supervisarse, entre otros, los principios relativos a los mecanismos de regímenes legales efectivos de fijación de salarios, la participación de los interlocutores sociales y la adecuación.

6.3.   El recurso a la contratación pública

6.3.1.

La contratación pública es un medio por el que las instituciones públicas, a nivel nacional y de la UE, pueden promover salarios dignos, condiciones de trabajo justas y negociaciones colectivas sin dejar de perseguir objetivos económicos, de prestación de servicios de calidad y de interés público. Todo ello con arreglo al Convenio C094 de la OIT sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), gracias a un mejor uso de los criterios sociales en la legislación existente de la UE en materia de contratación pública.

6.3.2.

La introducción de cláusulas de negociación colectiva en la normativa europea sobre contratación pública, que obligasen a que el respeto del derecho a la negociación colectiva y los convenios colectivos fuera condición para la adjudicación de todos los contratos públicos, podría ser un complemento eficaz para apoyar la negociación colectiva en el ámbito de la UE.

6.4.   Mejoras en la recopilación de datos

6.4.1.

La UE podría ayudar a los Estados miembros de varias maneras mediante la recopilación de datos y la asistencia en el desarrollo —previa consulta a los interlocutores sociales— de indicadores y herramientas de control del cumplimiento en relación con la evolución de los salarios mínimos legales.

Bruselas, 18 de septiembre de 2020.

Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 10.

(2)  DO C 97 de 24.3.2020, p. 32.

(3)  DO C 190 de 5.6.2019, p. 1.

(4)  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en .

(5)  Eurofound (2020), Vida, trabajo y COVID-19 — Primeras conclusiones — Abril de 2020, Dublín.

(6)  Véase la nota a pie de página 5.

(7)  Principio 6 — Pilar europeo de derechos sociales.

(8)  Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados — Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024

(9)  Véase la nota a pie de página 1.

(10)  Eurofound: Los salarios mínimos en 2019 — Informe anual (2019).

(11)  Galgóczi, B., y Drahokoupil, J.: Condemned to be left behind? Can Central and Eastern Europe emerge from its low-wage model? ETUI, 2017.

(12)  Sin embargo, los trabajadores que reciben un salario mínimo, según por ejemplo la composición del hogar, pueden seguir necesitando ayudas con cargo a otros sistemas de protección social, prestaciones vinculadas al trabajo e incluso desgravaciones fiscales o créditos para alcanzar un nivel de vida aceptable.

(13)  Eurofound, Los salarios mínimos en 2019 — Informe anual.

(14)  Statutory Minimum Wages in the EU: Institutional Settings and Macroeconomic Implications, IZA Policy Paper N.o 124, febrero de 2017.

(15)  Eurofound (2017), In work poverty in the EU (La pobreza activa en la UE).

(16)  Se identifican cinco categorías de medidas indirectas que pueden ayudar a reducir la pobreza en el empleo: servicios de atención a la infancia asequibles; organización flexible del horario de trabajo; medidas para favorecer el progreso laboral o mejorar las competencias profesionales; medidas que ayuden a mejorar el nivel de vida de los trabajadores con salarios bajos; medidas para crear entornos laborales inclusivos a fin de mejorar las oportunidades para los migrantes, las personas con discapacidades u otros grupos de trabajadores desfavorecidos (véase la página 41).

(17)  DO C 190 de 5.6.2019, p. 1 (Este Dictamen no fue apoyado por el Grupo de Empresarios, véase la enmienda a la totalidad que figura como anexo al Dictamen del CESE).

(18)  Véase el concepto de competitividad señalado en el Dictamen del CESE, (DO C 190 de 5.6.2019, p. 1).

(19)  Véase la nota a pie de página 2.

(20)  Fijado en el 60 % de la renta mediana disponible equivalente nacional tras descontar las transferencias sociales.

(21)  Esto está en línea con el Dictamen «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima» emitido por el CESE en 2019. (DO C 190, 5.6.2019, p. 1). Véase la nota a pie de página 13.

(22)  Eurofound (2019), Los salarios mínimos en 2019 — Informe anual.

(23)  Segunda fase de consulta a los interlocutores sociales con arreglo al artículo 154 del TFUE sobre una posible acción para abordar los retos relacionados con un salario mínimo justo.

(24)  Disparities in minimum wages across Europe, Eurostat 03/02/2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200203-2.

(25)  Documento de la Comisión Europea sobre la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales.

(26)  Información obtenida durante la primera fase de consulta a los interlocutores sociales, p. 2, que hace referencia a la encuesta de Eurostat sobre la estructura de ingresos y a la encuesta EU-SILC (véanse las notas a pie de página 6 y 7).

(27)  Eurofound (2019), Upward convergence in employment and socioeconomic factors (Convergencia al alza en materia de empleo y factores socioeconómicos).

(28)  «Good Jobs for All in a Changing World of Work, The OECD Jobs Strategy» (Buenos puestos de trabajo para todos en un mundo laboral cambiante: La Estrategia de Empleo de la OCDE).

(29)  Dube, The impact of minimum wages — review of the international evidence, 2019, London: HM Treasury: https://www.gov.uk/government/publications/impacts-of-minimum-wages-review-of-the-international-evidence; A. Godøy, M. Reich, Minimum Wage Effects in Low-Wage Areas, IRLE Working Paper 106-19, junio de 2019.

(30)  Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (2014): Estudio general sobre la fijación de salarios mínimos, apartado 68.

(31)  Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (n.o 131), https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131.

(32)  Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía.

(33)  Guía de sobre políticas en materia de salario mínimo, OIT.

(34)  Véanse: Conclusiones del Consejo: Un nuevo comienzo para un diálogo social fuerte http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10449-2016-INIT/es/pdf.; Declaración de los interlocutores sociales europeos, la Comisión Europea y la Presidencia del Consejo de la UE: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2562.

(35)  Bélgica, España, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía.

(36)  Véase la nota a pie de página 22.

(37)  Véase la nota a pie de página 22.

(38)  Sentencia del TJUE, C-268/06, Impact.

(39)  https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/protection-of-workers-rights-in-europe-shortcomings-found-but-also-positive-developments-in-certain-areas.

(40)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_51

(41)  Grimshaw, D., Bosch, G. y Rubery, J. (2013), «Minimum wages and collective bargaining: what types of pay bargaining can foster positive pay equity outcomes?», British Journal of Industrial Relations, D OI 10.1111 / bji r.12021.

(42)  OCDE, Negotiating our way up: Collective bargaining in a changing world of work.

(43)  Véase la nota a pie de página 42.

(44)  Eurofound, Developments in collectively agreed pay 2000-2017 (Evolución de los salarios establecidos mediante convenios colectivos) — Anexo 1 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18049en.pdf.

(45)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 54; DO C 434 de 15.12.2017, p. 30; DO C 13 de 15.1.2016, p. 161; DO C 125 de 21.4.2017, p. 10.

(46)  Según la contribución por escrito de la organización de la sociedad civil de lucha contra la pobreza EAPN SE, es importante que la UE trabaje para establecer un sistema que regule los salarios mínimos en cada uno de los Estados miembros, pero también lo es respetar a aquellos países que cuentan con un sistema de negociación colectiva que regula los salarios mínimos.

(47)  La organización patronal española CEOE no pudo asistir a la videollamada, pero manifestó los mismos puntos de vista en su contribución por escrito.

(48)  Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDSFT/1989-CDSFT.htm; artículo 23, apartado 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf; artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx; artículo 4, apartado 1, de la Carta Social Europea (CSE) del Consejo de Europa de 1961; Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular ODS 1, ODS 8 y ODS 10; Convenio de la OIT sobre la protección del salario, 1949 (n.o 95); artículo 4, apartado 5 de la CSE; Convenio de la OIT sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (n.o 173); artículo 25 de la Carta Social Europea (revisada), 1996) https://rm.coe.int/168047e013.


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