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Document 52020XR2639

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Marco financiero plurianual revisado y Plan de Inversiones para una Europa Sostenible

COR 2020/02639

OJ C 324, 1.10.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 324/1


Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Marco financiero plurianual revisado y Plan de Inversiones para una Europa Sostenible

(2020/C 324/01)

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Marco financiero plurianual revisado y «Next Generation UE» (nuevo instrumento de recuperación de la Unión Europea)

1.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual (MFP) dotado de 11 000 000 millones EUR y la iniciativa «Next Generation UE» (nuevo instrumento de recuperación de la Unión Europea) por valor de 750 000 millones EUR, que pueden allanar el camino hacia una Unión más fuerte, más sostenible, cohesionada y resiliente. Ofrece una primera respuesta para afrontar los efectos inminentes de la crisis de la COVID-19 y abordar los objetivos a largo plazo de la Unión;

2.

reconoce los esfuerzos de la Comisión para dar respuesta a las preocupaciones de los Estados miembros más afectados por la crisis y de aquellos cuyas regiones siguen rezagadas, intentando al mismo tiempo encontrar un equilibrio entre la necesidad de subvenciones y el efecto palanca de los instrumentos financieros;

3.

expresa preocupación, no obstante, por el hecho de que la propuesta revisada para el MFP de 1 100 000 millones EUR se sitúe 34 600 millones EUR por debajo de la propuesta de la Comisión de 2018 y que sea inferior incluso a lo recomendado por el CDR y el Parlamento Europeo, con la consiguiente reducción de la capacidad de la UE para alcanzar sus objetivos a largo plazo; el CDR y el Parlamento Europeo deben ser asociados más seriamente, y de la manera adecuada, en esta cuestión particular;

4.

señala que aumentar el margen en el presupuesto de la UE mediante un incremento temporal del límite máximo de los recursos propios en un 0,6 % de la RNB de la UE dota a esta última de un presupuesto más adecuado para respaldar su recuperación y estar a la altura de las ambiciones expuestas en la agenda estratégica de la UE;

5.

toma nota de las propuestas anunciadas por la Comisión sobre los posibles nuevos recursos propios vinculados a los objetivos del plan de recuperación; destaca, no obstante, que dos años después de su primera propuesta para un MFP posterior a 2020, la Comisión aún no ha presentado propuestas legislativas para disponer de unos recursos propios verdaderos; reitera, a este respecto, su llamamiento a la Comisión para que presente urgentemente propuestas legislativas concretas en este ámbito;

6.

reitera que tanto el MFP como el plan de recuperación deben centrarse en la cohesión como valor fundamental de la Unión Europea, a fin de afrontar retos importantes, como la recuperación de la crisis posterior a la COVID-19, el Pacto Verde Europeo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el pilar europeo de derechos sociales, así como estimular la competitividad, superar las disparidades, y apoyar la transformación digital para garantizar que ninguna persona o lugar se quede atrás;

7.

hace hincapié en que los entes locales y regionales representan un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública; aplican el 70 % de toda la legislación de la UE, el 70 % de las medidas de mitigación del cambio climático y el 90 % de las políticas sobre adaptación al cambio climático, por lo que debe tomarse una decisión esencial sobre la necesidad de asociar a todos los entes locales y regionales en la elaboración, consulta, aplicación y gestión de los fondos, así como de obligar a los Estados miembros a permitir a todos los entes locales beneficiarse y utilizar los fondos para inversiones, como la inversión territorial integrada;

La cohesión como aspecto fundamental de la recuperación

8.

destaca que el impacto asimétrico de la pandemia de COVID-19 en la cohesión económica, social y territorial de la UE y sus regiones requiere una respuesta política adecuada;

9.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de garantizar el papel de la política de cohesión como una sólida política de inversión de la UE a largo plazo, así como las inversiones adicionales en el marco de la nueva iniciativa de apoyo complementario denominada REACT-UE y se congratula del enfoque que garantiza una ayuda proporcional a las repercusiones de la crisis. En este sentido, la continuidad es fundamental para los entes locales y regionales a medida que van avanzando hacia las fases de recuperación, prestando ayuda a las personas y lugares que más la necesitan. En su conjunto, estas propuestas representan una respuesta inmediata y eficaz a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas; destaca, sin embargo, que la flexibilidad de este nuevo programa no debe gestionarse de forma centralizada, sino que debe aplicarse conforme al principio de gestión compartida, sin perjuicio de las prerrogativas de los entes locales y regionales;

10.

solicita más transparencia en relación con la interacción entre los distintos mecanismos nuevos, como REACT-UE, el Fondo de Transición Justa y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para evitar una mayor complejidad y que los Estados miembros impongan restricciones nacionales más severas;

11.

observa que la propuesta de prorrogar los programas operativos actuales debería contribuir a una rápida realización de las inversiones esenciales. Pide que se aprueben rápidamente las propuestas orientadas a aumentar la flexibilidad y ampliar el número de ámbitos que requieren apoyo, entre otros, los servicios de salud, el turismo, la agricultura, la educación, los sectores de la cultura y las pymes, ya que contribuirían a que las ciudades y regiones invirtieran fondos donde más se necesitan, de conformidad con los principios de la política de cohesión;

12.

manifiesta su preocupación por el carácter temporal de algunas de las ayudas —en particular en relación con la política de cohesión y el desarrollo rural— que no se corresponden con las necesidades de desarrollo a largo plazo y los recortes iniciales previstos por la Comisión en sus propuestas de 2018; por tanto, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisar las asignaciones nacionales para la política de cohesión en 2024 y posiblemente añadir un nuevo importe de 10 000 millones EUR a la dotación de la política de cohesión, sin que ningún Estado miembro pierda parte de sus asignaciones;

13.

lamenta que la Comisión no haya revocado su decisión de separar el Feader del Reglamento sobre Disposiciones Comunes, lo que podría impedir el (tan necesario) desarrollo integrado de las zonas urbanas y rurales;

14.

lamenta, asimismo, que la parte más importante de los recursos financieros se destine a medidas a escala de los Estados miembros y no a nivel local y regional, ya que muchas de las competencias en materia de asistencia sanitaria, medidas sociales y resiliencia corresponden al nivel local o regional, por lo que destaca la necesidad de respetar los principios de asociación, descentralización y gobernanza multinivel;

15.

recuerda la importancia de la cooperación territorial europea para ayudar a las personas, las comunidades y las empresas a cooperar a través de las fronteras, superar los efectos perjudiciales de la crisis y acelerar la recuperación económica; la colaboración será imprescindible para la recuperación y, en este sentido, el nuevo instrumento para las inversiones interregionales en innovación resultará fundamental para apoyar el desarrollo de cadenas de valor industriales y de innovación europeas, en línea con las estrategias de especialización inteligente;

16.

se congratula de que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta contenga una adecuada evaluación del impacto territorial de las repercusiones asimétricas a escala regional;

17.

valora positivamente que se mantenga el estrecho vínculo con los objetivos políticos estratégicos de la UE (Pacto Verde, digitalización, etc.) y que la Comisión proponga estos objetivos como herramientas para una recuperación europea; lamenta, no obstante, que el pilar europeo de derechos sociales no sea uno de los aspectos fundamentales de la estrategia de recuperación de la UE;

18.

considera importante que la recuperación, en consonancia con una política de cohesión robusta, se desarrolle de conformidad con los principios de la subsidiariedad activa;

Plan de recuperación y Semestre Europeo

19.

acoge con satisfacción la ambiciosa propuesta de la Comisión para un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que permitirá conceder ayuda financiera a gran escala para las reformas e inversiones necesarias; recuerda que los entes locales y regionales son responsables de más de la mitad de la inversión pública, por lo que deben contar con una ayuda suficiente en el marco de esta iniciativa; destaca, a este respecto, que la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de los programas nacionales quizás no permita informar y comunicar de manera adecuada sobre la intervención de la UE en favor de sus ciudadanos;

20.

pide a la Comisión Europea que garantice la coherencia de los planes de recuperación y evite la duplicación de las inversiones, el exceso de burocracia o las cargas administrativas para que esta estrategia sea eficaz y alcance el objetivo común de superar la crisis climática, económica y social lo antes posible;

21.

destaca que el estrecho vínculo que mantiene el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el Semestre Europeo hace más urgente llevar a cabo una profunda reforma del Semestre Europeo y de la gobernanza económica de la UE hacia un proceso transparente, inclusivo y democrático. Si no se reforma el Semestre Europeo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podría dar lugar a una mayor centralización, a un enfoque descendente para los planes de recuperación y a la vuelta de políticas que no tienen en cuenta la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros, y dentro de ellos, y que obstaculizan la inversión pública en favor de la recuperación sostenible de la UE que se necesita con urgencia;

22.

considera, por tanto, que el Semestre Europeo debe integrar la dimensión territorial e incorporar con mayor rapidez los principios de asociación, gobernanza multinivel y dimensión territorial para que se convierta en un mecanismo de ejecución legítimo, transparente y eficaz. Por lo tanto, urge más que nunca llevar a la práctica la propuesta del CDR de crear un Código de conducta para la participación en el Semestre de los entes locales y regionales a nivel nacional y, a nivel europeo, del Comité Europeo de las Regiones;

23.

hace suya la ambición de la Comisión de impulsar la recuperación de la UE, así como su resiliencia y autonomía estratégica, mediante una actualización de InvestEU y la creación del Instrumento de Inversiones Estratégicas;

24.

acoge con satisfacción la propuesta de crear un nuevo Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que reactivará la economía de la UE mediante incentivos a las inversiones privadas y preparará a las empresas de toda la economía para un futuro neutro en carbono y digital. Sería conveniente debe desplegar este instrumento con rapidez y establecer directrices que permitan ajustar claramente las inversiones a las prioridades de la UE para que pueda alcanzarse el objetivo de ayudar a las empresas que en circunstancias normales serían viables a superar la crisis actual; destaca que esta ayuda debe concederse conforme a criterios transparentes que contemplen no solo la repercusión específica en el sector y la región, sino también cualquier otro tipo de ayuda financiera pública percibida;

Una Unión más resiliente y ecológica

25.

celebra el incremento sustancial de la dotación del Fondo de Transición Justa (FTJ) para las regiones que se enfrentan a grandes desafíos en la transición energética, con lo que el importe total del FTJ se eleva a 40 000 millones EUR. No obstante, pide que se tengan en cuenta aquellas regiones que, anticipándose a la adopción de medidas reglamentarias eficaces para la protección del clima, invirtieron en una etapa muy temprana y de manera muy amplia en las energías renovables y en las correspondientes tecnologías y seguirán haciéndolo. Destaca la situación especial de las regiones que dependen de los combustibles fósiles y disponen de sistemas energéticos aislados, como las islas y las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, observa con gran preocupación que los recursos financieros necesarios para descarbonizar la economía de la UE son muy superiores al importe propuesto por la Comisión Europea;

26.

acoge con beneplácito el programa EU4Health autónomo dotado de 7 700 millones EUR en recursos adicionales, lo que supone un importe total de 9 400 millones EUR como parte del tercer pilar del plan de recuperación para Europa en consonancia con las recientes reivindicaciones políticas del CDR; insiste en que el instrumento debe seguir siendo un compromiso constante con la salud en el presupuesto de la UE y no solo un instrumento transitorio dentro del MFP para el período 2021-2027;

27.

pide que se sigan reforzando los aspectos regionales y locales de las medidas relacionadas con la salud, en concreto, en cuanto a la atención sanitaria transfronteriza y en las regiones ultraperiféricas, y observa que, debido al carácter descentralizado de los sistemas sanitarios en algunos casos, los Estados miembros y la Comisión Europea deben fomentar una participación más estrecha de los gobiernos regionales en la respuesta sanitaria de emergencia y seguir sus consejos respecto de la asignación de fondos;

28.

celebra que rescEU se haya visto reforzado con un importe de 2 000 millones EUR para desarrollar una capacidad permanente de gestión de crisis de cualquier índole, en particular con la instauración de infraestructuras de respuesta a emergencias, capacidad de transporte y equipos de asistencia en caso de emergencias. Reitera que un instrumento temporal de carácter puntual no será suficiente y que se necesita un compromiso a largo plazo junto con un presupuesto reforzado; acoge favorablemente el compromiso contraído por la Comisión, —en un espíritu de preparación para crisis futuras— de aprender de las lecciones de la pandemia actual y reforzar los programas, en particular, aunque no exclusivamente, rescEU y Horizonte Europa;

29.

conviene en la necesidad de seguir desarrollando la capacidad de respuesta de la UE ante emergencias y desastres y respalda la propuesta de la Comisión de reforzar los instrumentos de emergencia, como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia, a fin de que sean más flexibles. Hace hincapié, no obstante, en que los instrumentos y las medidas propuestos también deben tener en cuenta las necesidades y circunstancias locales y regionales, sobre todo en las zonas particularmente vulnerables como las regiones ultraperiféricas;

30.

recuerda el valor añadido que revisten las zonas rurales para el éxito del proyecto europeo y, en particular para afrontar situaciones extremas. Los entes regionales y locales desarrollan soluciones innovadoras y satisfacen las necesidades básicas de seguridad alimentaria, también para el resto de la población europea. La emergencia actual exige cambios en el paradigma social, económico y territorial a fin de cerrar la brecha y mejorar la conexión e impulsar la cooperación entre las zonas urbanas y rurales;

31.

lamenta la propuesta de la Comisión de reducir el presupuesto del Feader en comparación con el período de programación anterior, ya que va en contra del objetivo de cohesión territorial de la Unión Europea. Acoge con satisfacción la ayuda adicional de 15 000 millones EUR prevista para el desarrollo rural; hace hincapié, no obstante, en que este ligero aumento no compensa el recorte presupuestario del 28 % propuesto por la Comisión en 2018 para el Feader; lamenta, asimismo, que en la propuesta revisada del MFP de la Comisión Europea se contemple una reducción del 9 % para la financiación de la política agrícola común, en comparación con el MFP para el período 2014-2020;

32.

pide que se refuerce el presupuesto del POSEI, que establece medidas específicas para la agricultura en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y que se revierta la reducción propuesta por la Comisión para el período 2021-2027;

33.

destaca que la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural debe reflejar las necesidades y la ambición de la recién publicada Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia «de la granja a la mesa» y apoyar a los agricultores y las zonas rurales para llevar a cabo los cambios estructurales necesarios para una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles; la Estrategia sobre Biodiversidad necesita, no obstante, instrumentos concretos, una financiación sólida y un desarrollo conjunto con las regiones y ciudades, que también tendrán que aplicarla;

34.

reitera su rechazo categórico a las soluciones propuestas por la Comisión Europea, que, en comparación con la situación actual, entrañarán un empeoramiento de la situación de los entes locales y regionales en lo que se refiere al plazo para la utilización de los créditos anuales de los programas de la UE y al nivel de prefinanciación, en particular el nivel de cofinanciación de los proyectos;

35.

acoge con satisfacción la asignación adicional de 10 500 millones EUR al Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) en comparación con la última propuesta para el MFP, con lo cual la dotación del instrumento se eleva a 86 000 millones EUR, de los cuales 1 000 millones EUR ya estarán disponibles en 2020;

36.

apoya la intención de impulsar el crecimiento después de la pandemia mediante la inversión en infraestructuras de transporte indispensables y conexiones transfronterizas, a fin de promover la transición verde hacia una movilidad sin emisiones, en particular por medio de la provisión de un millón de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Señala que la disponibilidad de combustibles limpios es importante para la cohesión territorial y social y que se debe compensar la demanda más baja de las zonas rurales e insulares con un régimen especial, similar al programa WiFi4EU destinado a las zonas rurales;

37.

lamenta que no se haya ampliado la base general del nuevo programa Derechos y Valores, que deberá financiar los esfuerzos para proteger los derechos y valores fundamentales de la UE y fomentar la ciudadanía activa europea, a fin de asumir los enormes desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros en este sentido;

38.

recuerda que el Pacto Verde se concibió como una estrategia de transformación que protege el medio ambiente —y, con él, nuestros medios de subsistencia—; destaca que las energías renovables, las tecnologías limpias, la economía circular y la transformación digital brindan una importante oportunidad económica e industrial para impulsar el crecimiento y el empleo y crear un nuevo modelo de prosperidad;

39.

señala que el CDR respalda plenamente la aplicación del Pacto Verde y el desarrollo del Pacto sobre el Clima mediante medidas e iniciativas coordinadas y transversales que garantizan la toma en consideración de la gobernanza multinivel, la diversidad territorial y el principio por el que ninguna persona o lugar debe quedar atrás; considera que las regiones y las ciudades están en condiciones de acelerar el proceso mediante una serie de actividades, entre otras, la contratación pública, la renovación de edificios, el transporte limpio, una gestión mejorada de los residuos, la modernización digital y una transformación sostenible del turismo;

40.

solicita en este contexto instrumentos adicionales que permitan a los entes locales y regionales acceder directamente a los fondos de la UE para financiar medidas sostenibles —por ejemplo, el mecanismo «European City Facility» existente en el marco del programa Horizonte 2020— con cargo al nuevo MFP;

41.

aboga por una mayor flexibilidad en el uso de los nuevos recursos del MFP para evaluar y adaptar los costes reales asociados con la transición a un desarrollo sostenible y a una recuperación ecológica, e insta a las ciudades y regiones a que emprendan iniciativas innovadoras mediante una colaboración entre los sectores públicos y privados;

42.

pide que la financiación de la UE siempre esté sujeta a una evaluación del impacto sobre el clima y la sostenibilidad. Las subvenciones, las ayudas y los programas de apoyo directa o indirectamente perjudiciales para el medio ambiente deberían revisarse para comprobar su grado de adecuación a los objetivos climáticos y de sostenibilidad;

43.

expresa su preocupación por el déficit de inversiones en la transformación ecológica que, según una estimación reciente, asciende a 470 000 millones EUR al año; hace hincapié en que urge elaborar un plan pormenorizado sobre cómo financiar este déficit masivo;

44.

acoge con satisfacción la «Ola de renovación» propuesta y pide una financiación apropiada y la participación de toda la cadena de valor para impulsar la recuperación. Habida cuenta de las marcadas diferencias entre los territorios, se debería conceder a las regiones y ciudades la autonomía necesaria para planificar, en particular, en la fase de ejecución de sus planes, así como un acceso directo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La formación y el intercambio de conocimientos también deberían formar parte del marco europeo, a fin de promover las sinergias que deberán aprovecharse y aumentar el uso eficaz de los fondos;

Una Unión orientada al futuro

45.

acoge con satisfacción el refuerzo de Horizonte Europa con 7 800 millones EUR, de Europa Digital con 1 500 millones EUR y del MCE sobre el transporte con 1 500 millones EUR. La asignación de fondos adicionales para investigación, en particular en ámbitos como la salud, la economía ecológica y el Consejo Europeo de Innovación, tiene un impacto local evidente; destaca, en este contexto, que muchas universidades e instituciones de investigación dependen de entes regionales y que, por lo tanto, pueden beneficiarse indirectamente de estos programas; subraya la necesidad de una distribución competitiva de los fondos de investigación para poder mantener la competitividad a escala mundial en los ámbitos de la investigación y la innovación, así como de reforzar los consorcios europeos de investigación;

46.

lamenta, no obstante, los recortes persistentes en las vertientes de energía y digitalización del MCE;

47.

valora positivamente las propuestas presentadas por la Comisión Europea en relación con el Fondo Social Europeo Plus, a fin de reforzar el apoyo a las medidas destinadas al desempleo juvenil y la pobreza infantil, así como el enfoque adicional en el apoyo a la población activa en las transiciones ecológica y digital y en la duplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);

48.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reforzar, solo hasta cierto punto, la inversión en los jóvenes y en los sectores cultural y creativo, mediante la asignación de más de 3 400 millones EUR al programa Erasmus y de 150 millones EUR al Programa Europa Creativa; expresa su preocupación, no obstante, por que estos incrementos sigan siendo insuficientes respecto de la propuesta de la Comisión de mayo de 2018, por lo que mantiene su solicitud de triplicar el número de participantes en el programa Erasmus (1) y asignar un importe de 2 000 millones EUR al Programa Europa Creativa (2);

49.

aplaude que se haya prestado especial atención a la cultura, el patrimonio cultural, el sector audiovisual y la industria creativa, seque l junto con el turismo se han visto afectados de manera significativa, y conviene en que estos sectores podrían beneficiarse de la iniciativa REACT-UE;

50.

pide que las regiones con escasa diversificación económica y especializadas en los sectores más afectados por el impacto de la crisis de la COVID-19 se integren adecuadamente en el marco del plan de recuperación económica de la UE a corto, medio y largo plazo;

51.

destaca la importancia de revisar las políticas educativas de la Unión Europea, así como la necesidad de actualizar el Plan de Acción de Educación Digital que se necesita para el período posterior a la COVID-19, ayudando a las regiones, en particular las menos desarrolladas, a estar bien preparadas y equipadas para la educación digital, lo que ayudaría a las zonas afectadas por la brecha digital;

Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (3)

52.

considera que no se puede permitir que la crisis de la COVID-19 obre en detrimento de la ambición europea de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr la neutralidad climática antes de 2050, ambición que solo puede ser realista si va acompañada de recursos financieros suficientes y de un marco regulador y fiscal adecuado;

53.

acoge favorablemente el objetivo de la Comisión Europea de movilizar 1 billón EUR en inversiones sostenibles privadas y públicas durante la próxima década, pero le preocupa que: a) esta suma solo represente una proporción relativamente reducida de las inversiones totales necesarias, que la propia Comisión Europea estima en 260 000 millones EUR al año de aquí a 2030; b) esta estimación se limita a la inversión relativa al clima y la energía, por lo que se necesitarían sumas todavía más elevadas para alcanzar objetivos de sostenibilidad más amplios, como las inversiones en capital social y humano; c) la cifra global de 1 billón EUR no depende en gran medida de nuevos fondos o iniciativas «adicionales», sino de políticas e instrumentos de la UE en curso o ya previstos;

54.

deplora el hecho de que, al parecer, se haya sobrestimado la cifra global del plan, mientras que el plan en sí mismo parece adolecer de un déficit de financiación y de un alcance limitado, por lo que se descuidan aspectos socioeconómicos fundamentales;

55.

señala que, desde la energía hasta el transporte o la vivienda, los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la realización de las inversiones necesarias para la transición a la sostenibilidad; considera, por lo tanto, que los objetivos del plan no podrán alcanzarse sin la participación efectiva de los entes locales y regionales, y lamenta que la Comisión no reconozca esta realidad;

56.

cree que la inversión en la transición a un modelo económico sostenible precisa de un sistema financiero y fiscal que incentive a los inversores a realizar inversiones sostenibles; a este respecto, acoge con beneplácito la labor realizada constantemente por la Comisión en relación con la financiación sostenible, pero recuerda la necesidad de ampliar rápidamente el marco regulador para abarcar también la sostenibilidad social (4);

57.

está firmemente convencido de que, con señales de precios apropiadas, la fiscalidad puede dar lugar a que los productores, usuarios y consumidores adopten un comportamiento sostenible, por lo que insta al Consejo a que adopte cuanto antes la legislación propuesta relativa al impuesto sobre el valor añadido (IVA), de modo que los Estados miembros puedan hacer un uso más selectivo de los tipos del IVA para reflejar su mayor grado de ambición medioambiental;

58.

expresa sus reservas respecto de los planes de la Comisión para promulgar una nueva legislación sobre la contratación pública ecológica; a pesar de que puede ser una herramienta útil en este sentido, muchos poderes públicos siguen trabajando para adaptar el marco actual tras la reforma de 2014, por lo que los requisitos legislativos adicionales deben ser sencillos, pero eficaces (5); acoge favorablemente la indicación de la Comisión de que las futuras directrices revisadas sobre ayudas estatales aportarán mayor flexibilidad para que los poderes públicos fomenten y respalden la transición hacia un modelo económico sostenible;

59.

cree firmemente que, tomando en consideración las lecciones extraídas de su suspensión en respuesta a la crisis de la COVID-19, las normas fiscales de la UE deben integrar en mayor medida los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la UE;

60.

subraya la necesidad de realizar un esfuerzo específico para comunicar de manera fácilmente comprensible sobre las nuevas oportunidades que ofrece el MFP a los ciudadanos y también al millón de responsables políticos locales y regionales de la UE en un esfuerzo concertado de todas las instituciones de la UE.

Bruselas, 2 de julio de 2020.

El Presidente del Comité Europeo de las Regiones

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Erasmus, programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte» (DO C 168 de 16.5.2019, p. 49).

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Europa Creativa y Una nueva Agenda Europea para la Cultura» (DO C 168 de 16.5.2019, p. 37).

(3)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Inversiones para una Europa Sostenible — Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo [COM(2020) 21 final].

(4)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» (DO C 86 de 7.3.2019, p 24).

(5)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe sobre la aplicación de la contratación pública (DO C 39 de 5.2.2020, p. 43).


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