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Document 52019IR3730

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación

OJ C 141, 29.4.2020, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/15


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación

(2020/C 141/04)

Ponente:

Franco IACOP (IT/PSE), miembro de la Asamblea Regional de Friuli-Venecia Julia

Documento de referencia:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación — COM (2019) 343 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

acoge con agrado la propuesta de la Comisión, que reconoce y ensalza el Estado de Derecho como premisa para el proceso de integración europea y valor fundamental de la Unión, afirmado por los Tratados y común a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros; subraya que las iniciativas presentadas por la Comisión para promover los principios del Estado de Derecho, prevenir posibles violaciones de estos principios y aportar una respuesta proporcionada en caso de infracción completan positivamente el sistema actual;

2.

coincide en que el control del respeto del Estado de Derecho, si bien corresponde en primera instancia a cada Estado miembro individualmente, es una responsabilidad compartida entre estos y la Unión; el artículo 2 del TUE constituye una base jurídica sólida para que las instituciones de la Unión puedan ejercer este control;

3.

subraya, asimismo, que un papel importante en el refuerzo del Estado de Derecho recae en la sociedad civil y en los entes locales y regionales, que constituyen un nivel fundamental de legitimación democrática y deben promover constantemente la cultura del Estado de Derecho y supervisar la observancia de los principios relacionados. Los entes locales y regionales pueden contribuir a las actividades de divulgación propuestas por la Comisión y, además, actuar como fuentes de información para el seguimiento que esta pretende realizar; por su parte, el CDR puede facilitar y coordinar el esfuerzo de estos entes en el refuerzo del Estado de Derecho, por ejemplo, alentándolos a construir acuerdos entre partidos sobre aspectos de la democracia local que se consideren innegociables y que se defenderán conjuntamente en caso de ser atacados;

4.

subraya que el respeto del Estado de Derecho debe garantizarse en interés de todos, puesto que es una condición previa para ejercer los derechos y las libertades fundamentales que la legislación de la Unión atribuye a los individuos; el refuerzo del Estado de Derecho en los Estados miembros se traduce en un refuerzo de los derechos garantizados a cada persona;

5.

se muestra convencido de que un sistema completo de protección del Estado de Derecho requiere un control sobre los Estados miembros, pero también una supervisión de las instituciones de la Unión; considera, por tanto, que el sistema de control del respeto del Estado de Derecho, elaborado por la Unión, debe completarse con mecanismos externos a la Unión. Por consiguiente, aunque es consciente de las dificultades jurídicas que deben superarse, el CDR aprecia la intención de la Comisión de relanzar el proceso de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), como exige el artículo 6, apartado 2, del TUE;

6.

celebra que la Comunicación indique de manera precisa los elementos que caracterizan el Estado de Derecho, como la independencia del poder judicial, la salvaguarda de los derechos fundamentales, la presencia de una sociedad civil activa y el pluralismo de los medios de comunicación. Se trata de elementos esenciales para asegurar la confianza recíproca entre los Estados miembros, el correcto funcionamiento de la Unión, la cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros y, sobre todo, la plena observancia de los derechos que el sistema jurídico de la Unión confiere a los ciudadanos;

7.

subraya que el respeto del Estado de Derecho, la garantía de los derechos fundamentales y la observancia de los principios de la democracia son elementos estrechamente vinculados e interrelacionados, y han de ser respetados, protegidos y reforzados en todos los niveles de gobierno: el CDR invita, por tanto, a la Comisión a que vele por que los mecanismos para proteger el Estado de Derecho, en particular el sistema anual de supervisión, tengan debidamente en cuenta el riesgo de violación de los derechos fundamentales y de desviación con respecto a los principios democráticos vigentes en los Estados miembros en todos los niveles de gobierno;

8.

recuerda a la Comisión que, a la hora de evaluar el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros, también es necesario tener en cuenta las particularidades y tradiciones jurídicas de los ordenamientos nacionales;

9.

recuerda que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a recurrir ante órganos jurisdiccionales, que deben ser y mostrarse independientes. Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para regular la organización y el funcionamiento del poder judicial, las normas de eficiencia de los sistemas jurisdiccionales estatales y las garantías de independencia de los jueces que aplican el Derecho de la Unión deben ser equivalentes; el CDR invita a la Comisión a que siga ejerciendo un control constante para evitar posibles violaciones de la independencia del poder judicial;

10.

destaca la necesidad de garantizar que todos los Estados miembros de la UE estén sujetos al mismo nivel de control, sin diferenciación alguna basada en criterios adicionales;

11.

destaca que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación constituyen componentes esenciales del Estado de Derecho; invita, por tanto, a la Comisión a que lleve a cabo un control constante de las posibles injerencias de los poderes públicos sobre los medios de comunicación y a que intervenga con los instrumentos que le confieren los Tratados en caso de violación de la libertad de información;

12.

observa que el ejercicio independiente y profesional del periodismo se ve amenazado por la apropiación sin contraprestación de los contenidos periodísticos por parte de las plataformas digitales, así como por la tendencia a buscar en las redes sociales información y noticias que no han sido verificadas y, en muchos casos, no constan de justificación, o incluso que son fruto de la manipulación y carecen de fundamento alguno;

13.

recuerda, por consiguiente, la necesidad de evitar la desprofesionalización del periodismo, de apoyar económicamente a los medios de comunicación independientes de calidad, de potenciar el periodismo de investigación y proteger a quienes lo ejercen, y de promover sistemas de comprobación de los fundamentos de las noticias divulgadas a través de las plataformas en línea. El CDR sugiere que se aprovechen y refuercen las experiencias de supervisión ya emprendidas por la Comisión;

14.

subraya que las amenazas serias al Estado de Derecho pueden venir no solo de autoridades estatales, sino también de grandes operadores económicos privados activos en el ámbito de los medios de comunicación y la economía digital. La Comisión no puede ignorar las amenazas que puede plantear la economía digital al pluralismo de los medios de comunicación y al derecho a una información correcta y verificada, así como al libre ejercicio del derecho de voto. Una sección específica del informe anual propuesto por la Comisión podría dedicarse a los riesgos de violación por parte de agentes no estatales.

Invitación a tener en cuenta la Resolución del CDR de los días 22 y 23 de marzo de 2017

15.

pide que, a la hora de aplicar sus propuestas, la Comisión tenga lo más en cuenta posible los criterios formulados por el CDR en su Resolución de los días 22 y 23 de marzo de 2017 titulada El Estado de Derecho en la UE desde una perspectiva local y regional;

16.

subraya que el respeto de los principios del Estado de Derecho exige una lucha eficaz contra la corrupción y el uso correcto y transparente de los fondos de la Unión; los fraudes en la gestión de esta financiación deben denunciarse rápidamente ante las autoridades jurisdiccionales y perseguirse con rigor a todos los niveles;

17.

valora positivamente que un refuerzo de los principios del Estado de Derecho pueda resultar de procedimientos que supeditan el desembolso de los fondos de la Unión a la plena observancia de estos principios;

18.

subraya la importancia de evitar que los mecanismos de control del respeto del Estado de Derecho puedan percibirse como una sanción por las comunidades estatales, regionales y locales y puedan socavar el sentimiento de pertenencia de estas comunidades a la casa común europea;

19.

observa, en este sentido, que la reducción de la financiación de la Unión destinada a los entes locales y regionales podría interpretarse como una sanción impuesta a unos niveles de gobernanza que no son responsables de las violaciones de los principios del Estado de Derecho denunciadas por la Comisión. Además, la reducción de los fondos que se plantea podría ser percibida por los beneficiarios y, más en general, los ciudadanos de las comunidades afectadas como una sanción injustificada, dado que no guarda relación con violaciones específicas en la realización de proyectos financiados. En consecuencia, estas medidas podrían alimentar un sentimiento de hostilidad hacia las instituciones de la Unión;

20.

opina, por tanto, que la solución de la condicionalidad de los fondos solo debería utilizarse cuando se produzcan violaciones graves y sistémicas; en los casos en que debiese adoptarse esta medida, se expondrá con claridad, ante la opinión pública de las comunidades afectadas, la grave responsabilidad de las autoridades que ha provocado la reducción de la financiación;

21.

considera, sin embargo, prioritarios los mecanismos de diálogo político y de supervisión que ponen a los Estados miembros en el mismo plano y permiten prevenir violaciones del Estado de Derecho.

Observaciones sobre el sistema anual de supervisión del respeto del Estado de Derecho

22.

recuerda que el principio de igualdad de trato de todos los Estados miembros representa un requisito previo de todo el proceso de integración europea; en este sentido, el CDR acoge favorablemente la propuesta de crear un sistema anual de supervisión para todos los Estados miembros;

23.

subraya que el seguimiento de todos los Estados miembros muestra claramente que el objetivo de la Unión es defender valores comunes, y no cuestionar modelos de organización de las instituciones estatales, establecidos por cada Estado miembro en el ejercicio de sus competencias; además, un control transversal pone de manifiesto que se pueden observar en todos los Estados miembros desviaciones, más o menos significativas, con respecto a los principios del Estado de Derecho;

24.

destaca la importancia de garantizar una participación adecuada de los Estados miembros en el establecimiento del sistema de supervisión del Estado de Derecho y en el propio proceso de supervisión;

25.

insiste en que la realización del sistema de supervisión anual debe ser prioritaria para la nueva Comisión. Por tanto, el CDR invita a la Comisión a que actúe de inmediato y a que facilite los recursos necesarios en términos de financiación y de personal; asimismo, deberían identificarse con la misma prontitud en cada Estado miembro los puntos de contacto, que deberían operar en colaboración con los entes locales y regionales y la sociedad civil;

26.

recalca la importancia de parámetros objetivos y transparentes para poder llevar a cabo la supervisión de manera correcta; la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desempeña un papel central en la elaboración de dichos parámetros. El CDR sugiere desarrollar los sistemas utilizados en el ámbito del cuadro de indicadores de la justicia, utilizar y perfeccionar la lista de criterios de evaluación del Estado de Derecho (Rule of law checklist) elaborada por la Comisión de Venecia y, de manera más general, valorizar las lecciones aprendidas por los órganos del Consejo de Europa;

27.

de conformidad con lo indicado por el Parlamento Europeo en la Resolución del 25 de octubre de 2016, el CDR insiste en la oportunidad de coordinación y, cuando sea posible, de integración en un único mecanismo de supervisión de los instrumentos de evaluación ya previstos a nivel de la Unión en materia de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales;

28.

considera muy importante que el seguimiento se base en un sistema de denuncia de posibles violaciones abierto a contribuciones del mayor número posible de fuentes pertinentes, incluidos los entes locales y regionales y el mundo económico, pero también de particulares y de la sociedad civil organizada;

29.

coincide en que la Comisión debe conservar la dirección del sistema de supervisión; plantea, sin embargo, la cuestión del papel que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea podría y debería desempeñar en el ámbito de la supervisión anual. El CDR invita a la Comisión a que estudie si es necesaria una modificación del mandato de la Agencia para aprovechar plenamente su potencial.

Propuestas concretas para una mayor participación del CDR y de los entes regionales y locales en el refuerzo del Estado de Derecho en la Unión

30.

propone reforzar la participación del CDR, de los entes locales y regionales y de la sociedad civil en la promoción de la cultura del respeto del Estado de Derecho;

31.

observa que el acto anual para promover el Estado de Derecho, propuesto por la Comisión, debería constituir el punto de llegada de una serie de encuentros, desarrollados a nivel regional y estatal, que culminen en el acto común a nivel de la Unión; el CDR invita, por tanto, a la Comisión a organizar, en colaboración con los entes locales y regionales y los Estados miembros, unos encuentros regionales sobre el Estado de Derecho que precedan y preparen el acto anual;

32.

señala que el acto anual no debería celebrarse necesariamente en Bruselas: una ciudad o región europea distinta podría acoger este acto en cada ocasión. Por consiguiente, el CDR propone a la Comisión que designe cada año una «Ciudad del Estado de Derecho» en la que celebrar el evento anual;

33.

considera que deberían aumentarse considerablemente los fondos actualmente previstos para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en el marco financiero plurianual. Una parte de esta financiación debería destinarse a los medios de comunicación locales;

34.

observa que, además de a las redes judiciales europeas, en las actividades de promoción y de supervisión propuestas por la Comisión debería implicarse asimismo a los colegios y las asociaciones de abogados. A nivel local, la abogacía se percibe como la primera barrera contra posibles abusos y violaciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales; además, los colegios de abogados están repartidos por todo el territorio de la Unión y se articulan en todos los niveles de gobernanza europea (local, regional, estatal y de la Unión);

35.

subraya que, en las actividades de promoción y de supervisión propuestas por la Comisión, deberían participar asimismo en calidad de socios los defensores del pueblo, que son muy populares a nivel local y regional. Estas instituciones de garantía deberían participar en la recogida de información, así como en los encuentros y actos regionales organizados para promover los principios del Estado de Derecho;

36.

acoge muy positivamente la intención de la Comisión de apoyar a las universidades y los centros de investigación para el estudio de los temas relativos al Estado de Derecho; considera que deberían destinarse contribuciones significativas a investigadores que operen en aquellos Estados miembros donde los principios del Estado de Derecho se encuentren, basándose en parámetros inequívocos, en mayor riesgo. Parte de la actividad financiada debería guardar relación con la divulgación de estos principios en las comunidades regionales y locales, también con la participación de la sociedad civil organizada;

37.

destaca que, a través de la gestión de los fondos de la Unión, miles de administradores y operadores locales deberán familiarizarse con las normas y las estrategias de la Unión; el CDR considera que los entes locales y regionales que gestionan fondos de la Unión deberían formar a sus funcionarios también sobre temas relacionados con el Estado de Derecho;

38.

observa que, aprovechando su propia experiencia en la divulgación de las políticas de la Unión y coordinándose con las iniciativas ya existentes, el CDR podría organizar —con el apoyo de la Comisión y en colaboración con el CESE— formaciones para funcionarios y operadores locales;

39.

en particular, el CDR propone evaluar la utilidad de un proyecto piloto para aplicar a un grupo seleccionado de entes locales y regionales una lista de criterios de evaluación del Estado de Derecho, basada en la lista elaborada por la Comisión de Venecia. Dentro de los límites de los recursos a disposición de la institución, la iniciativa podría seguir uno de los modelos de red ya respaldado por el CDR, como por ejemplo la red de supervisión de la subsidiariedad o la red de centros regionales; un número limitado de ciudades y regiones podría, con carácter voluntario, realizar una verificación del respeto de los principios del Estado de Derecho por parte de sus propias autoridades y oficinas; el CDR podría definir una lista de parámetros que deban aplicarse y coordinar la actividad de autoverificación por parte de los entes locales y regionales, los cuales se comprometerían a implicar en esta actividad a socios locales, como las universidades, los defensores del pueblo, los colegios de abogados y la sociedad civil organizada.

Conclusiones

40.

En virtud de las consideraciones expuestas, el CDR:

pide a la Comisión que vele por que los mecanismos para proteger el Estado de Derecho, en particular el sistema anual de supervisión, tengan debidamente en cuenta el riesgo de violación de los derechos fundamentales y de desviación con respecto a los principios democráticos en los Estados miembros, también a nivel regional y local;

invita a la Comisión a que siga ejerciendo un control constante sobre las posibles violaciones de la independencia del poder judicial y las posibles injerencias de los poderes públicos en los medios de comunicación;

sugiere que se valoricen y refuercen las experiencias de seguimiento de los medios de comunicación ya emprendidas por la Comisión;

pide que se aumenten considerablemente los fondos actualmente previstos para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en el contexto del marco financiero plurianual y sugiere que una parte de la financiación se destine a los medios de comunicación independientes locales;

propone dedicar una sección específica del informe anual sobre el Estado de Derecho a los riesgos de violación por parte de agentes no estatales, en particular por grandes operadores económicos privados activos en la economía digital;

solicita que se prosiga con la intención de relanzar el proceso de adhesión de la Unión al CEDH;

invita a considerar la condicionalidad de los fondos como una solución que solo deba utilizarse en casos de violaciones graves y sistémicas y pide que se garantice que los entes locales y regionales no se vean injustamente afectados por las sanciones;

solicita a la Comisión que considere prioritaria la activación del sistema de supervisión de los Estados miembros y que destine recursos financieros y personales adecuados a la creación de este nuevo instrumento;

pide que se apliquen las propuestas formuladas en el presente Dictamen, destinadas a reforzar la participación del CDR, los entes locales y regionales y la sociedad civil en la promoción de la cultura del respeto del Estado de Derecho.

Bruselas, 12 de febrero de 2020.

El Presidente del Comité Europeo de las Regiones

Apostolos TZITZIKOSTAS


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