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Document 52019IR1053

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación

OJ C 79, 10.3.2020, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/50


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación

(2020/C 79/10)

Ponente

:

Randel LÄNTS (EE/PSE), concejal del Ayuntamiento de Viljandi

Documento de referencia

:

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de Acción contra la desinformación»

JOIN(2018) 36 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones

1.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea para combatir la desinformación (1), que sensibiliza sobre el problema y advierte de los efectos negativos que puede tener la desinformación en los procesos electorales y en la integridad de las instituciones democráticas. El CDR acoge con satisfacción el enfoque multilateral frente a la desinformación, que fomenta la participación de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, y se basa en la cooperación, la educación y la regulación;

2.

confirma las opiniones expresadas en su Dictamen «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo» (2). En particular, el CDR desea llamar la atención sobre la necesidad de familiarizar mejor a los ciudadanos con este problema y subraya que una manera de conseguirlo es a través del aprendizaje en la escuela;

3.

observa con satisfacción que el tema de la desinformación, tanto en lo que se refiere a los procesos dentro de la Unión Europea como a los acontecimientos más allá de sus fronteras, y que implica a agentes de dentro y fuera de la Unión, ocupa un lugar destacado en la agenda de la Comisión Europea entrante; espera con interés cooperar estrechamente con el equipo de comisarios europeos recientemente constituido para aportar la experiencia y transmitir las preocupaciones de los niveles subnacionales de gobierno en este ámbito;

4.

acoge con satisfacción la Resolución del Parlamento Europeo sobre la injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos nacionales y europeos y reitera la necesidad de adoptar un enfoque multinivel y multilateral para atajar el fenómeno, integrando, en particular, la perspectiva de los entes locales y regionales;

5.

señala que la desinformación, como problema inherente a las complejas y rápidas transformaciones socioeconómicas, debe abordarse de manera integral. El CDR considera que los entes locales y regionales están bien preparados para participar en los debates sobre la amenaza de la desinformación, así como para tomar iniciativas y coordinar contramedidas apropiadas;

6.

destaca que existen verdaderos centros de difusión de información falsa y que, para neutralizarlos, se necesita un compromiso común y constante por parte de las instituciones, las plataformas de medios sociales y la sociedad civil;

7.

constata que las nuevas formas de obtener y difundir información requieren que se capacite a los ciudadanos para combatir la desinformación en línea mediante conocimientos, competencias digitales y medidas. Desarrollar la alfabetización mediática de los ciudadanos fomenta su pensamiento crítico y les permite examinar en profundidad la información y sus fuentes. Este proceso permite a los ciudadanos elegir con conocimiento de causa los contenidos consumidos, reforzando así notablemente su resiliencia social. La cuestión es urgente, como refleja el hecho de que más de la mitad de la población de los Estados miembros de la UE recibe sus noticias diarias a través de las redes sociales;

8.

no obstante, considera que los hábitos y las competencias de las personas en el uso de los medios de comunicación siguen estando marcados por la credibilidad de los medios «tradicionales», que, a su vez, se basan en una elaboración responsable de sus publicaciones. Ser conscientes de que una empresa que proporciona contenidos periodísticos es garante, desde el punto de vista legal, económico y ético, de la veracidad de la información que publica y que defiende con su reputación ha hecho que, hasta ahora, nos hayamos movido en un entorno de información pública fiable y constructivo;

9.

constata que los editores y la fiabilidad de la información difundida en los nuevos medios de comunicación están sujetos a escaso o nulo control. Al mismo tiempo, en los últimos años han surgido nuevas formas y medios que permiten mostrar la información falsa de un modo creíble y realista;

10.

llama la atención sobre la experiencia adquirida hasta ahora en diversas cuestiones y sobre las campañas relacionadas con la educación cívica, que demuestran claramente que solo un proceso largo y complejo puede concienciar a la población y cambiar su comportamiento, entre otras cosas gracias a la puesta en práctica de la denominada «alfabetización mediática», es decir las competencias en relación con los medios y la información. Los medios de comunicación, los políticos y los diferentes responsables pueden hablar largo y tendido sobre la cuestión de la información falsa, pero solo tienen un efecto limitado en el cambio de comportamiento de las personas;

11.

reconoce que todavía no ha sido posible incluir todos estos aspectos en los programas de educación cívica e integrarlos en la sensibilización general de los ciudadanos y en el trabajo diario de los nuevos medios. Para lograr cambios de comportamiento a largo plazo, es preciso contar con educación cívica e impulsar las labores de comunicación. Además de fomentar el sistema educativo y desarrollar el pensamiento y la actuación cívicos, también es fundamental que el trabajo de comunicación tenga una base amplia y que el grupo destinatario reciba la información a través de los canales que prefiera;

12.

subraya que las plataformas de redes sociales generan beneficios significativos en la Unión Europea, pero no ofrecen a los usuarios un servicio de asistencia rápida en lo que se refiere a sus contenidos. La comunicación con las plataformas de redes sociales es específica, individualizada y ocasional; se echan en falta una comunicación normalizada, rápida y eficaz contra la desinformación o la incitación al odio;

13.

considera esencial, a fin de garantizar un intercambio de información pública equilibrado y basado en pruebas, que para las plataformas de redes sociales en las que se publican informaciones políticas remuneradas se apliquen requisitos uniformes en relación con la veracidad de dichas informaciones. En caso de que se demuestre que una información política remunerada no cumple estos requisitos, debe obligarse a la plataforma de redes sociales a retirar el contenido correspondiente;

14.

expresa su preocupación por que las plataformas de redes sociales hayan podido hasta ahora eludir con éxito la legislación que obliga a estas empresas a apoyar a los usuarios en lo que respecta a los contenidos y resolver sus problemas en tiempo real y en la lengua del Estado miembro de que se trate;

15.

expresa su preocupación por que las personas a menudo carezcan de las competencias y los conocimientos necesarios y no sepan cómo reaccionar ante la información falsa o cómo comportarse cuando ellos mismos o sus allegados son víctimas de información falsa o de incitación al odio. Los municipios pequeños, en especial, siguen careciendo de la experiencia necesaria y no saben cómo tratar con las plataformas globales de redes sociales en una situación de crisis;

16.

lamenta que los problemas se vean a menudo exacerbados por el hecho de que los representantes de las plataformas de redes sociales quizás no comprendan el contexto cultural y las particularidades locales y que la comunicación se realice principalmente en inglés y lleve mucho tiempo. En caso de que se difunda desinformación, es preciso encontrar una solución rápida, pero hasta ahora las plataformas de redes sociales han sido pasivas y faltas de transparencia;

17.

lamenta que los entes locales, que son las instituciones mejor informadas de lo que sucede sobre el terreno, asuman solo un papel secundario en la lucha contra la difusión de información falsa y a menudo carezcan de los conocimientos, las capacidades y los recursos necesarios. Además, la lucha contra la desinformación —en contraposición a los servicios sociales, la educación y el bienestar de las personas— no es una de las competencias tradicionales de los entes regionales y locales;

18.

señala que los entes locales y regionales podrían hacer mucho para combatir la desinformación. Podrían ayudar a los ciudadanos a distinguir entre la información real y la desinformación haciendo su trabajo más abierto y transparente y organizando diálogos ciudadanos y debates públicos en directo y en línea. Para llevar a cabo estos esfuerzos, deberían asociarse con periodistas locales y regionales, instituciones científicas, grupos de reflexión, la sociedad civil, las autoridades nacionales y los organismos de la UE, instituciones, activistas y comentaristas políticos;

19.

señala que la lucha contra la desinformación y las modalidades para llevarla a cabo requieren capacidades e instrumentos específicos que no están al alcance, de momento, del funcionario o el especialista promedio de un ente regional o local. Las carencias en materia de capacidades y conocimientos y la falta de experiencia constituyen importantes desventajas estratégicas que dificultan la detección eficaz de la desinformación y la prevención de su difusión;

20.

recuerda que la importancia de la infoesfera pública y la velocidad de difusión de la información tienen repercusiones considerables en los procesos políticos y en el estado de ánimo de una sociedad. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de reforzar la capacidad de combatir la desinformación en el seno de los entes regionales y locales y entre otros agentes sobre el terreno;

21.

subraya que la lucha contra la difusión de la desinformación no debe ser una forma de control de las actitudes o de censura ni dar la impresión de que lo es. La posible difusión de desinformación debe ser objeto de un seguimiento sistemático y continuo en los períodos previos a las elecciones, en momentos de crisis y en épocas de rápidos cambios sociales, pero no siempre. Prevenir la desinformación no debe equipararse a la restricción de la libertad de expresión, a un control político de la opinión o a un paso hacia una sociedad de vigilancia, sino que constituye una condición para la libertad de expresión y de opinión;

22.

destaca que la lucha contra la desinformación solo debe llevarse a cabo en condiciones de absoluta transparencia, dando a los ciudadanos la posibilidad de recibir información completa y mantenerse actualizados, por ejemplo, en temas como la protección de datos, el tratamiento de los datos personales y los aspectos financieros. Sin transparencia suficiente, existe un gran riesgo de que las medidas destinadas a luchar contra la desinformación se conviertan en sí mismas en blanco de ataques informativos;

23.

opina que los medios de comunicación y la sociedad civil regionales y locales deben participar de la manera más amplia posible en la lucha contra la desinformación. En razón de su labor diaria y su experiencia profesional, los periodistas están formados para detectar desinformación, son más conscientes y están más atentos que otros agentes que no se mueven diariamente por el entorno de la información;

24.

señala que proporcionar recursos financieros, reforzar la cooperación y mejorar los conocimientos son modos de fomentar diferentes iniciativas para permitir a los periodistas y la sociedad civil comprobar hechos, desmontar mitos y difundir información veraz;

25.

considera importante que los agentes de la sociedad civil, incluidos los entes regionales y locales, participen en la creación de redes de verificadores de datos, lo que aumentará la transparencia y proporcionará conocimientos sobre las circunstancias locales. También podría adoptarse el denominado principio de credibilidad de la economía colaborativa, que significa que los verificadores de datos podrían ser compensados en función de la intensidad y precisión de su actividad, a fin de aumentar el número de personas que participan. En un sistema de estas características, la comunidad de verificación de datos regularía su propio trabajo y también garantizaría sus propias normas mediante una revisión por pares. Además, es fundamental seguir desarrollando redes y herramientas institucionales a nivel nacional y europeo;

26.

constata que la formación y la concienciación de los representantes de la sociedad civil contribuyen a reforzar el trabajo en red contra la difusión de noticias falsas e información no veraz y reducir el riesgo de censura o los intentos de restringir la libertad de expresión por parte de las autoridades públicas.

27.

por otro lado, destaca que disponer públicamente de determinadas herramientas tecnológicas que permitieran detectar de manera oportuna y sencilla campañas de desinformación masivas facilitaría la lucha contra la desinformación. Los algoritmos pertinentes para efectuar el seguimiento de la actividad en las redes sociales podrían desarrollarse en mayor medida al objeto de identificar campañas de desinformación a gran escala y, cuando se detecten casos graves, dar las respuestas adecuadas;

28.

subraya que el intercambio rápido y eficaz de información y experiencias es esencial en la lucha contra la desinformación. Analizar las experiencias en las comunidades regionales y locales y los casos en que se ha difundido información falsa puede poner de relieve las similitudes, las pautas, los errores y los éxitos de estas campañas. Por consiguiente, la Unión Europea debería promover el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre los entes territoriales y los Estados miembros, tanto en lo que respecta a la financiación como a través de su red;

Propuestas

29.

propone que se anime a las plataformas de redes sociales, mediante recomendaciones políticas o medidas reguladoras, a realizar un trabajo de información mucho mayor con el fin de instruir a los usuarios sobre la desinformación y reforzar su espíritu crítico ante las fuentes. En los períodos previos a las elecciones o los referendos y en momentos de crisis, las redes sociales podrían mostrar contenido que explique el contexto específico y alerte a los usuarios de las fuentes de desinformación; a este respecto, señala que el análisis precoz de la reciente campaña electoral europea sugiere que muchas plataformas facilitaron información para alertar a los usuarios sobre situaciones específicas, lo que contribuyó a limitar el impacto de cualquier tipo de actividad de desinformación;

30.

considera que, si es necesario, deben fomentarse las plataformas de redes sociales mediante recomendaciones políticas o medidas reguladoras, para contribuir en mayor medida al desarrollo de redes globales de verificadores de datos, lo que probablemente requerirá algún tipo de sistema de compensación basado en los ingresos generados por los nuevos medios de comunicación; estima también de suma importancia promover medios de comunicación fidedignos, tanto a nivel nacional como regional y local; en este sentido, los agentes de los servicios públicos, en particular, tienen un papel importante que desempeñar, y seguirán teniéndolo en el futuro;

31.

recomienda que se aprueben medidas normativas con el fin de detectar y neutralizar campañas de difusión de información falsa, en particular mediante a la cooperación con las plataformas de redes sociales y mediante la difusión de información. Introducir normas comunes para informar sobre la lucha contra la desinformación permitiría supervisar las actividades de las plataformas de redes sociales durante un período de tiempo más prolongado y, en su caso, hacer que las supervisen terceros independientes, obteniendo así una visión más completa de la magnitud de los problemas relacionados con la propagación de la desinformación;

32.

recomienda establecer un marco jurídico a escala europea que obligue a las plataformas globales de redes sociales a ofrecer un servicio de asistencia y un punto de contacto en cada Estado miembro que trabajen en la lengua del país correspondiente. Cualquier ciudadano, representante comunitario o representante de una organización no gubernamental debería poder dirigirse fácilmente a los servicios de asistencia al cliente, que deben basarse en principios similares en toda la Unión Europea. Garantizar este apoyo al cliente en la lengua materna y contar con la presencia física de un servicio de asistencia facilitarían enormemente la lucha contra la información falsa y reforzarían los derechos de los ciudadanos;

33.

recomienda que las plataformas de redes sociales proporcionen a los ciudadanos la posibilidad de informar, en caso necesario y sin grandes esfuerzos, sobre la difusión de información falsa o sobre el mero intento de difundirla;

34.

pide que se considere la posibilidad de prestar apoyo económico a los entes regionales y locales y las asociaciones de ciudadanos en toda Europa con el fin de aumentar la capacidad de detectar la desinformación, combatir su difusión y reforzar la cooperación, también a través de las fronteras, entre las autoridades públicas y las asociaciones de ciudadanos;

35.

recomienda que se facilite, a través de la red de verificadores de datos, una «Guía para tratar la desinformación»con el fin de generar aprendizajes a través de los centros docentes y los entes locales para fomentar el pensamiento crítico en la lucha contra la desinformación;

36.

constata la necesidad de desarrollar en los más jóvenes la capacidad de análisis de los hechos, el espíritu crítico y el sentido común para descifrar y contrastar la información que reciben y, para ello, considera necesario fomentar acciones divulgativas (debates, diálogos, etc.) en los centros educativos y de formación destinadas a luchar contra la desinformación.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de Acción contra la desinformación»

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo».


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