Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0313(01)

Estrategia 2019-2023 relativa a la Justicia en Red Europea

ST/5139/2019/REV/1

OJ C 96, 13.3.2019, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 96/3


Estrategia 2019-2023 relativa a la Justicia en Red Europea

(2019/C 96/04)

I.   Introducción

1.

La justicia en red europea tiene por objeto mejorar el acceso a la justicia en un contexto paneuropeo y se ocupa de desarrollar tecnologías de la información y la comunicación y de incorporarlas al acceso a la información jurídica y al funcionamiento de los sistemas judiciales. Los procedimientos gestionados digitalmente y la comunicación electrónica entre quienes participan en los procedimientos judiciales se han convertido en un componente fundamental para el funcionamiento eficiente del poder judicial en los Estados miembros.

2.

El compromiso de la Unión Europea con la justicia en red europea se remonta a hace más de una década. El Consejo (1), la Comisión (2) y el Parlamento Europeo (3) han demostrado su determinación para fomentar la justicia en red.

3.

Hasta la fecha, los trabajos en el ámbito de la justicia en red han estado impulsados por dos planes de acción relativos a la justicia en red europea (4) y por la Estrategia 2014-2018 relativa a la Justicia en Red (5). El Consejo, a través de sus órganos preparatorios pertinentes, y los Estados miembros, la Comisión y la Oficina de Publicaciones han aplicado estos dos planes de acción.

4.

El Portal Europeo de e-Justicia (en lo sucesivo, «el Portal») se ha enriquecido con páginas de información (6), herramientas de búsqueda (7) y formularios dinámicos (8). También se ha renovado el diseño, en un intento de mejorar y facilitar la experiencia al usuario.

5.

El desarrollo de herramientas electrónicas para la justicia en red ha sido exponencial, puesto que ahora dichas herramientas hacen posible el uso de canales electrónicos seguros para los procedimientos judiciales digitales (9), la comunicación fidedigna entre las autoridades judiciales (10), la simplificación de la información sobre disposiciones jurídicas para los ciudadanos (11) y el acceso a determinados registros nacionales que son competencia de los Estados miembros (12) o de organizaciones profesionales.

6.

También se han incorporado a EUR-Lex otros tipos de documentos y herramientas de búsqueda. Asimismo, se ha actualizado con la introducción de jurisprudencia y actos legislativos nuevos, por ejemplo, medidas de transposición nacional y jurisprudencia nacional, así como resúmenes de legislación que explican los actos legislativos de la UE en lenguaje sencillo. Además, se han mejorado el funcionamiento y la estructura de EUR-Lex tomando como base las observaciones de los ciudadanos.

7.

El Consejo (13) y la Comisión (14) han redactado sendos informes sobre el estado de ejecución del Plan de Acción 2014-2018.

II.   Relaciones entre los principios de la justicia en red y los de la administración electrónica

8.

Los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la justicia en red pueden aportar beneficios en otros ámbitos. En particular, el proyecto e-CODEX puede facilitar componentes fundamentales, como la entrega electrónica, a varios ámbitos. De forma similar, los resultados del proyecto e-SENS, ya finalizado, tienen por objeto facilitar la utilización de servicios públicos digitales transfronterizos a través de componentes técnicos genéricos y reutilizables.

9.

A través de la simplificación del acceso a la información y la justicia, la justicia en red debe contribuir al desarrollo del mercado único digital, lo que constituye uno de los objetivos de la administración electrónica, como se menciona en la Declaración de Tallin sobre administración electrónica (15). Las iniciativas sobre la justicia en red europea deben tratar de aumentar la coherencia del marco de la administración electrónica, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales relativas al poder judicial en los Estados miembros (independencia judicial y separación de poderes), de acuerdo con las Conclusiones del Consejo de 20 de septiembre de 2016 sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020: Acelerar la transformación digital de la administración (16) y con la Comunicación de la Comisión de 19 de abril de 2016 titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020: Acelerar la transformación digital de la administración» (17).

10.

De conformidad con las Conclusiones del Consejo de 20 de septiembre de 2016, las iniciativas que se ejecuten en el marco de la justicia en red europea deben respetar los principios (18) expuestos en la Comunicación de la Comisión de 19 de abril de 2016 (19).

11.

En particular, la justicia en red europea debe:

respaldar un planteamiento digital por defecto, en especial:

comprometiéndose a proporcionar a los ciudadanos y a las empresas la posibilidad de interactuar con las autoridades por vía digital, e

incorporando un planteamiento digital por defecto a la legislación nacional y de la UE, a fin de velar por la pertinencia de las disposiciones jurídicas y de garantizar, en consecuencia, la seguridad jurídica y la fluidez en las interacciones, tanto en un contexto nacional como transfronterizo,

regirse por el principio de «solo una vez», lo que supone evitar la duplicación de procedimientos y, en consonancia con las normas en materia de protección de datos, reutilizar la información que ya figura en el sistema para procedimientos posteriores, cuando dicha información no esté desfasada,

centrarse en el usuario, es decir, diseñar aplicaciones, sitios web, herramientas y sistemas teniendo en cuenta la facilidad de uso y la autonomía de los usuarios.

III.   Objetivos de la justicia en red europea

12.

La finalidad de la justicia en red es facilitar el acceso a la justicia y al funcionamiento de los sistemas judiciales, también en casos transfronterizos, a los ciudadanos, los profesionales de la justicia y las autoridades, teniendo en cuenta la independencia judicial y la separación de poderes. Logra este objetivo mediante la simplificación y digitalización de las comunicaciones, del acceso a los procedimientos y a la información jurídica, y de las conexiones a los sistemas nacionales y entre estos en un contexto transfronterizo.

A.    Acceso a la información

13.

El objetivo es mejorar el acceso a la información en el ámbito de la justicia en la Unión Europea, en particular:

la información sobre los derechos de los ciudadanos, lo que contribuye a concienciarlos,

la información sobre el Derecho de la Unión y la transposición de este al ordenamiento interno,

la información sobre los procedimientos que ayudan a los ciudadanos a utilizar las distintas herramientas puestas a su disposición para llevar a cabo dichos procedimientos, tales como formularios dinámicos o herramientas de búsqueda para profesionales y autoridades (judiciales),

la información sobre las autoridades competentes para ayudar a los ciudadanos a encontrar a las autoridades competentes y la normativa nacional pertinente en el marco de procedimientos judiciales o extrajudiciales;

la información puesta a disposición del público que figura en registros nacionales, y

los datos pertinentes para utilizar la justicia en red (20) y el Derecho en línea (21).

14.

El Portal, junto con EUR-Lex, desempeña un importante papel en la consecución de este objetivo.

15.

El Portal debe seguir desarrollándose para convertirse en una ventanilla única sobre justicia más interactiva, que ofrezca acceso a soluciones y servicios electrónicos.

16.

EUR-Lex debe evolucionar para seguir respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y permitirles encontrar fácilmente toda la información pertinente sobre el Derecho de la Unión.

17.

Con el fin de proporcionar acceso a la información que puede utilizarse en procedimientos judiciales y extrajudiciales, los registros pertinentes, como los registros mercantiles y los registros de resoluciones concursales, se han interconectado o se están interconectando actualmente. Deben establecerse más interconexiones entre los registros y las bases de datos, cuando sea necesario, para facilitar el acceso a la información y simplificar los procesos de trabajo a los profesionales.

18.

En este contexto, deben proseguir los trabajos para lograr la participación activa de los profesionales de la justicia, que tienen una doble función: la de usuarios de la información proporcionada en los proyectos sobre la interconexión de registros o bases de datos y, en algunos casos, la de responsables de la aplicación y utilización de dichos registros y bases de datos.

B.    Comunicación electrónica en el ámbito de la justicia

19.

Debe mantenerse la desmaterialización de los procedimientos judiciales y extrajudiciales a fin de simplificar y agilizar el acceso a los tribunales y de facilitar el uso de procedimientos extrajudiciales mediante el empleo de herramientas de comunicación electrónicas seguras, en especial e-CODEX, en situaciones transfronterizas.

20.

La justicia en red debe promover la interacción y la comunicación electrónicas entre las autoridades judiciales y con los ciudadanos y profesionales en procedimientos judiciales (es decir, a través de servicios de videoconferencia o del intercambio seguro de datos electrónicos) de conformidad con el marco jurídico vigente.

21.

El acceso a algunas funciones debe restringirse exclusivamente a miembros de las autoridades judiciales a través de un acceso seguro mediante derechos de acceso específicos y de un método de autenticación uniforme e interoperable, basado en sistemas conformes con el marco eIDAS.

22.

Las disposiciones del marco jurídico eIDAS deben examinarse y ejecutarse siempre que se apliquen o potencien servicios de confianza en el ámbito de la justicia.

23.

Los sistemas de justicia en red también pueden utilizarse para facilitar el funcionamiento de varias redes existentes a nivel europeo, tales como la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil o la Red Judicial Europea en materia penal. Para ello, podrían seguirse aprovechando las posibilidades que brindan el sistema de justicia en red europea y el Portal en consulta con las autoridades mencionadas.

C.    Interoperabilidad

24.

Corresponde a cada Estado miembro garantizar la instrumentación técnica y la gestión de los sistemas nacionales de justicia en red necesarios para facilitar la interconexión y la interoperabilidad entre los sistemas de los Estados miembros. Debe velarse por la compatibilidad de los distintos aspectos técnicos, organizativos, jurídicos y semánticos seleccionados para las aplicaciones del sistema judicial, dejando al mismo tiempo flexibilidad a los Estados miembros. En este contexto, deben tenerse en cuenta los principios establecidos en el Marco Europeo de Interoperabilidad.

IV.   Principios para la justicia en red

A.    Orientaciones para el Plan de Acción

i)   Priorización

25.

La inclusión de proyectos en el Plan de Acción debe decidirse a partir de las prioridades fijadas de acuerdo con la importancia estimada para los ciudadanos, las empresas y el poder judicial, la perspectiva sobre sostenibilidad, los avances tecnológicos y el número de Estados miembros que participan desde el principio. Los proyectos prioritarios deben basarse en una tecnología que esté suficientemente desarrollada, de forma que puedan ponerse en marcha a un coste razonable, al tiempo que se garantiza una estabilidad y una calidad del servicio adecuadas. Los proyectos deben beneficiar a los ciudadanos, a las empresas y al poder judicial y deben poder aplicarse en procedimientos amplios o importantes. Asimismo, deben tener potencial para que participe la totalidad o la práctica totalidad de los Estados miembros. Las instituciones de la UE podrán formar parte de los proyectos.

26.

Los proyectos que se consideren prioritarios, ya sea por la fase en que se encuentran, por la urgencia o por su relación con otros proyectos, se incluirán en una lista principal en el Plan de Acción.

27.

En paralelo, se elaborará una lista de reserva con los proyectos que, en el momento, no cumplan con algunas de las condiciones previas. Los proyectos menos prioritarios de esa lista de reserva podrían llevarse a cabo con la participación de los Estados miembros que deseen desarrollar el proyecto cuando se encuentren soluciones a los impedimentos existentes o a las condiciones no satisfechas, e incluso podrían beneficiarse de financiación cuando las convocatorias cubran su ámbito de aplicación.

ii)   Continuidad

28.

Deben tenerse en cuenta los proyectos en curso de planes de acción anteriores, con el fin de incluirlos en la fase de redacción del Plan de Acción y promover así la continuidad. Debe darse prioridad a la inclusión de proyectos que han sido beneficiosos y han demostrado resultados positivos.

iii)   Capacidad de evolución

29.

El Plan de Acción debe ser flexible respecto de los cambios futuros, ya sean de tipo jurídico o técnico, lo que implica que podría añadirse un proyecto concreto al Plan de Acción si un acto legislativo exige medidas en el ámbito de la justicia en red.

30.

Deben seguirse de cerca los ámbitos tecnológicos al servicio del Derecho, como la inteligencia artificial, la tecnología de cadena de bloques, el sistema eTranslation o la realidad virtual, entre otros, a fin de identificar y aprovechar las oportunidades que pueden tener efectos positivos en la justicia en red.

31.

En particular, la inteligencia artificial y la tecnología de cadena de bloques podrían tener un efecto positivo en la justicia en red, por ejemplo aumentando la eficiencia y la fiabilidad. Deben tenerse en cuenta los riesgos y desafíos que plantean los cambios futuros y el uso de estas tecnologías, en especial en lo relativo a la protección de datos y a la ética.

iv)   Cooperación con profesionales

32.

Los proyectos propuestos o gestionados por profesionales y aquellos en los que estos participan deben proponerse para su inclusión en el Plan de Acción si reúnen los criterios mencionados en los tres párrafos anteriores.

33.

Los proyectos propuestos por profesionales se ejecutarán a iniciativa de estos últimos.

34.

Se entiende que no todos los Estados miembros estarán en condiciones de contribuir a la aplicación de estos proyectos, debido a las diferencias que existen entre los distintos sistemas nacionales.

B.    Ejecución del Plan de Acción

i)   Participación voluntaria

35.

Los proyectos de justicia en red se basan en el principio de acción voluntaria, salvo en los casos en que un instrumento jurídico concreto impone obligaciones. Sin embargo, desde el comienzo de cada iniciativa debe buscarse una amplia participación de los Estados miembros, ya que esto contribuye a generar un mayor efecto positivo y a mejorar el potencial de sostenibilidad.

ii)   Sostenibilidad

36.

En términos generales, la sostenibilidad debe considerarse un requisito previo para incluir un proyecto de justicia en red en el Plan de Acción. Dicha sostenibilidad engloba aspectos organizativos, jurídicos, técnicos y financieros.

37.

Deberá procurarse, a su debido tiempo, un marco sostenible para la gobernanza y el desarrollo de proyectos, posiblemente a través de instrumentos jurídicos de la UE (22).

38.

La conformidad plena de los proyectos de justicia en red con el marco jurídico de la UE es una condición previa de su sostenibilidad.

39.

Los Estados miembros deben poder adoptar con facilidad los requisitos técnicos y seguir desarrollándolos, teniendo en cuenta la evolución tecnológica. Debe garantizarse un nivel suficiente de ciberseguridad.

40.

Debe establecerse la diferencia entre los proyectos piloto y las soluciones a gran escala. Estas últimas se desarrollarán y gestionarán a partir de instrumentos jurídicos existentes, que incluirán disposiciones relativas a la gobernanza y a la sostenibilidad. Los proyectos estarán limitados en el tiempo. Cada vez que termine un proyecto piloto se escogerá entre transformarlo en una solución a gran escala, darle continuidad de forma autónoma, preferiblemente sin financiación de la UE, o finalizarlo.

iii)   Sostenibilidad financiera

41.

La Comisión Europea, los Estados miembros y las organizaciones de profesionales deben velar por que se disponga de financiación adecuada de forma puntual para los proyectos de justicia en red (23).

42.

A escala de la UE, debe facilitarse el acceso a la financiación, sobre todo simplificando los trámites administrativos cuanto sea posible, dentro del respeto de lo dispuesto en el Reglamento Financiero (24).

iv)   Descentralización

43.

La justicia en red europea se basa en el principio de un modelo descentralizado a nivel europeo que conecta entre sí los distintos sistemas que ya existen en los Estados miembros. El planteamiento descentralizado de la justicia en red respeta, por tanto, los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

44.

No obstante, también puede contemplarse un planteamiento centralizado en determinadas situaciones concretas o este puede venir impuesto por el Derecho de la Unión.

v)   Organización de los trabajos sobre la justicia en red

45.

La ejecución general del Plan de Acción relativo a la Justicia en Red Europea es objeto de seguimiento por el órgano preparatorio competente del Consejo de la Unión Europea.

46.

Si fuera necesario, un número limitado de grupos de expertos asociados a proyectos concretos podrá reunirse con el fin de avanzar en estos ámbitos de trabajo, intercambiando información y buenas prácticas y fomentando la participación.

47.

A fin de contribuir a que la justicia en red europea se aplique de forma satisfactoria, en los trabajos sobre esta cuestión deben tenerse en cuenta la promoción y la sensibilización tanto a escala nacional como de la UE.

48.

Al menos una vez por semestre el Grupo hará un seguimiento de la ejecución del Plan de Acción relativo a la Justicia en Red, que debe adaptarse si fuera necesario en función de la evolución actual.

vi)   Cooperación con profesionales

49.

Los profesionales deben tomar parte en la ejecución del Plan de Acción en calidad de asesores o colaboradores en proyectos que cuenten con su participación o que pudieran beneficiarse de ella.

(1)  Conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 12 y 13 de junio de 2007, página 43 del documento 10267/07.

(2)  En respuesta al Consejo, la Comisión presentó su Comunicación «Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)», de 5 de junio de 2008 [COM(2008) 329 final, documento del Consejo 10285/08].

(3)  Resolución sobre la justicia en línea (e-Justicia) en el Pleno del 18 de diciembre de 2008 [2008/2125 (INI)].

(4)  Plan de Acción Plurianual 2009-2013 relativo a la Justicia en Red Europea (DO C 75 de 31.3.2009, p. 1). Plan de Acción Plurianual 2014-2018 relativo a la Justicia en Red Europea (DO C 182 de 14.6.2014, p. 2).

(5)  Proyecto de Estrategia 2014-2018 relativa a la Justicia en Red Europea (DO C 376 de 21.12.2013, p. 7).

(6)  Estas páginas incluyen información que va desde el Derecho de familia y la formación de profesionales de la justicia en Derecho de la Unión, hasta los derechos de las víctimas en procesos penales o el Derecho en materia de consumo.

(7)  Estas herramientas permiten realizar búsquedas a los profesionales de la justicia, las empresas y las autoridades competentes en materia de protección de los derechos humanos.

(8)  Por ejemplo, documentos públicos, como partidas de nacimiento o certificados de residencia, procedentes del Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 (DO L 200 de 26.7.2016, p. 1).

(9)  Tales como los formularios dinámicos de litigios de escasa cuantía, que se facilitan en el Portal de e-Justicia.

(10)  A través de pasarelas e-Codex, como está previsto para el proyecto relativo a las pruebas electrónicas, entre otros.

(11)  Como la utilización del Identificador Europeo de Legislación (ELI) y del Identificador Europeo de Jurisprudencia (ECLI) para la búsqueda y el análisis de textos jurídicos y de jurisprudencia.

(12)  Por ejemplo, registros mercantiles, a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles o de registros de resoluciones concursales.

(13)  Versión actual de 10 de octubre de 2018: WK 598/2018 REV 2.

(14)  WK 8440/2018; versión definitiva disponible en: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d72311d9-c070-11e8-9893-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

(15)  Declaración de Tallin sobre la administración electrónica en la reunión ministerial celebrada el 6 de octubre de 2017 durante la Presidencia estonia del Consejo de la UE: https://www.eu2017.ee/news/insights/tallinn-declaration-egovernment-ministerial-meeting-during-estonian-presidency.

(16)  Documento 12359/16.

(17)  Documento 8097/16 [COM(2016) 179 final].

(18)  Estos principios son: versión digital por defecto (por ejemplo, propiciando que las iniciativas legislativas sean aptas para la era digital), principio de «solo una vez» (cumpliendo plenamente las normas en materia de protección de datos), inclusión y accesibilidad, apertura y transparencia, escala transfronteriza por defecto (cuando proceda), interoperabilidad por defecto (basada en normas y especificaciones abiertas acordes con los principios sobre normalización), fiabilidad y seguridad.

(19)  «Digitalización de la industria europea. Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital» [COM/2016/0180 final].

(20)  Por ejemplo los datos que, aunque no tengan carácter jurídico, fomentan el uso de herramientas de justicia en red, como los registros de profesionales, la información sobre empresas o la situación de insolvencia de personas y empresas.

(21)  Tales como los datos relacionados con la legislación, por ejemplo los metadatos. El acceso a estos datos debe facilitarse en formatos reutilizables, con el fin de promover la interoperabilidad —ya sea técnica (uso de formatos de datos abiertos), o semántica (uso de vocabularios controlados, como EuroVoc)— y la facilidad de uso simplificando el acceso a los datos jurídicos a través del uso de identificadores como el ELI y el ECLI.

(22)  Tales como, por ejemplo, e-CODEX (sin perjuicio de soluciones técnicas futuras).

(23)  Dicha financiación debe proceder, por ejemplo, de los programas de subvenciones de la Comisión, como el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE).

(24)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC


Top