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Document 52018XR3900

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Las políticas económicas para la zona del euro y con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019

COR 2018/03900

OJ C 461, 21.12.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 461/1


Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Las políticas económicas para la zona del euro y con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019

(2018/C 461/01)

Presentada por los grupos políticos PPE, PSE, ADLE, AE y CRE

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018 (1), y habida cuenta del Semestre Europeo de 2018,

vistas su Resolución, de 11 de octubre de 2017, sobre el Semestre Europeo de 2017, con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018, y su Resolución, de 1 de febrero de 2018, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018 de la Comisión Europea, y

vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre las políticas económicas de la zona del euro (2) y de 14 de marzo de 2018, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018,

1.

toma nota del ritmo por lo general lento y desigual de las reformas estructurales pertinentes para la UE en toda la Unión, medido en función del porcentaje de aplicación de las recomendaciones específicas por país (REP) (3); subraya que las reformas son necesarias en todos los Estados miembros para fomentar la competitividad y el crecimiento e incrementar la cohesión económica, social y territorial y la convergencia económica, así como la resiliencia a las perturbaciones exteriores, lo cual es crucial para la estabilidad de la zona del euro; recalca que, sobre todo, la falta de apropiación a nivel nacional y, en parte también, una capacidad administrativa e institucional insuficiente se consideran de forma generalizada los principales factores que contribuyen a un grado de aplicación insatisfactorio de las recomendaciones específicas por país (REP) (4);

2.

observa el gran aumento del número de REP dirigidas directamente a los entes locales y regionales (un 36 % en 2018, frente a un 24 % en 2017) (5); toma nota, asimismo, de que, teniendo en cuenta las REP que afectan a los entes locales y regionales, incluso de forma indirecta, y aquellas que no afectan a los entes locales y regionales pero tienen repercusión territorial, las recomendaciones relativas al territorio suponen el 83 % de todas las REP (frente a un 76 % en 2017);

3.

señala que el 48 % de las 124 recomendaciones específicas dirigidas en 2018 a los entes locales y regionales, o que plantean retos relativos a las desigualdades territoriales, reitera lo que ya se publicó en 2015; acoge favorablemente, por tanto, la evaluación plurianual de la aplicación de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea, que refleja que más de dos tercios de las REP emitidas desde el inicio del Semestre Europeo en 2011 se han aplicado al menos con «algunos avances» (6); lamenta, no obstante, la persistente falta de transparencia en cuanto a los criterios en los que se basa dicha evaluación;

4.

hace hincapié en que el Semestre Europeo debe ajustarse a una estrategia a largo plazo de la UE que traslade la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al nivel europeo. La fase de transición hacia un nuevo marco estratégico europeo que suceda a la Estrategia Europa 2020 sería adecuada para reformar la gobernanza del Semestre Europeo;

5.

insiste con firmeza en que las recomendaciones específicas por país deben dar una respuesta explícita a los desafíos territoriales y al papel de los entes locales y regionales a la hora de detectarlos y abordarlos, mientras que los desafíos relacionados con el territorio y los futuros escenarios deben analizarse y afrontarse con claridad en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y los informes por país, y reflejarse en los Programas Nacionales de Reformas;

6.

recalca la necesidad de velar por que el Semestre Europeo sea plenamente coherente con el objetivo de la cohesión económica, social y territorial establecido en el Tratado de la Unión Europea, y sugiere que las recomendaciones específicas por país aborden los retos de cohesión plurianuales de los Estados miembros;

7.

celebra que el Semestre Europeo centre su atención en el pilar europeo de derechos sociales, y subraya que el 45 % de las recomendaciones específicas por país para 2018 otorgan un papel a los entes locales y regionales o plantean retos relativos a las desigualdades territoriales en el ámbito de los derechos sociales (7);

8.

reitera que la implicación de los entes locales y regionales como socios en la planificación y ejecución del Semestre Europeo, junto con la adopción de disposiciones de gobernanza multinivel y un papel estructurado, permanente y explícitamente reconocido de los entes locales y regionales, aumentaría notablemente la apropiación de las REP a nivel nacional; hace hincapié en que esta implicación cobra aún más importancia en el contexto de unos vínculos más estrechos entre la política de cohesión y el Semestre Europeo en virtud del MFP 2021-2027, y de la posible adopción del programa de apoyo a las reformas, que también se gestionaría en el marco del Semestre Europeo;

9.

señala, pues, la necesidad acuciante de velar por una coordinación y sinergias mejores entre el proceso del Semestre Europeo y el enfoque de la gestión compartida, y el carácter descentralizado de los Fondos EIE; reitera su propuesta de que la UE adopte un código de conducta para involucrar a los entes locales y regionales en el Semestre Europeo (8), y subraya que dicha propuesta es coherente con el principio de subsidiariedad y la actual división de poderes y competencias entre los niveles de gobierno dentro de los Estados miembros; toma nota de que el código de conducta debe tener en cuenta la experiencia pertinente del código de conducta europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos EIE de la política de cohesión (9), así como unas buenas prácticas existentes que involucren de manera generalizada a los entes locales y regionales en el Semestre en determinados países;

10.

se congratula de la «encarecida» recomendación del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad de la UE para que los Estados miembros sigan las orientaciones que la Comisión ha facilitado y que fomentan una mayor participación y apropiación de las recomendaciones específicas por país, en vista de que «las reformas económicas […] pueden tener implicaciones en todos los niveles de gobernanza […] Esto debería ir más allá de las administraciones nacionales e incluir a las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil en general» (10);

11.

lamenta que la Comisión Europea aún no haya establecido una definición de «reformas estructurales» en el contexto de la gobernanza económica de la UE y de un posible apoyo mediante programas de la UE, como el proyecto de programa de apoyo a las reformas. En este contexto, reitera que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, el alcance de las reformas estructurales que puedan beneficiarse de apoyo de la UE debe limitarse a los ámbitos de actuación que resulten pertinentes de cara a la aplicación de los objetivos del Tratado de la UE y que guarden una relación directa con las competencias de la Unión. El CDR se opone a toda propuesta de financiar reformas estructurales indeterminadas en los Estados miembros que no hayan sido objeto previamente de una evaluación del valor añadido europeo y que no guarden una relación directa con las competencias de la UE consagradas en el Tratado. En este contexto, se remite a su Resolución de 1 de febrero de 2018, en la que rechaza la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013, de 6 de diciembre de 2017, por el que se establecen disposiciones comunes (11);

12.

hace hincapié en que el estado de las finanzas locales y regionales merece una atención renovada a nivel europeo y nacional, y recibe con agrado, por tanto, la solicitud de la Presidencia austriaca de que el CDR estudie el asunto; recuerda que los presupuestos de los entes locales y regionales, incluido el gasto y el bienestar sociales en particular, fueron de los primeros afectados por la crisis financiera y económica y por el consiguiente saneamiento y recortes presupuestarios en las transferencias del gobierno central; señala que, si bien han pasado diez años desde el comienzo de la crisis, numerosas finanzas de los entes locales y regionales aún están limitadas;

13.

reitera su preocupación por la persistencia del reducido nivel de inversión pública en la UE, en particular la inversión de los entes locales y regionales, que en 2017 seguía siendo más de un 30 % más baja que en 2009, expresada como un porcentaje del PIB (12); señala con pesar, por tanto, que la inversión pública es a menudo la más afectada por las políticas de saneamiento presupuestario, a pesar de que dichas inversiones tienen un impacto directo sobre las economías locales y la vida diaria de los ciudadanos; expresa también su preocupación por la creciente centralización de la inversión: el porcentaje de inversión pública efectuada por entes locales y regionales —si bien aún está por encima del 50 % en la UE, de media— ha disminuido de manera visible en comparación con el nivel del 60 % de los años noventa (13);

14.

se felicita por la aspiración de la Comisión de basarse en mayor medida en la experiencia del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el Plan de Inversiones para Europa con su propuesta para el Programa InvestEU; reconoce que la propuesta puede simplificar el uso de los instrumentos financieros, una demanda planteada desde hace tiempo por el CDR, puesto que su complejidad actual es un obstáculo para hacer un uso extendido y eficaz de ellos;

15.

lamenta la tendencia actual hacia un mayor proteccionismo en el comercio internacional y advierte de las consecuencias negativas de poner en peligro la cooperación comercial multilateral y los sistemas de solución de diferencias; reitera, no obstante, su opinión de que las nuevas iniciativas de libre comercio deben ir precedidas por evaluaciones de impacto que faciliten la detección temprana de posibles impactos asimétricos sobre las regiones europeas y los cuantifiquen, a fin de facilitar respuestas rápidas en materia de políticas públicas;

16.

recalca que la política comercial es competencia exclusiva de la UE y que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es en la actualidad uno de los instrumentos que mitigan los posibles efectos secundarios negativos de las decisiones en materia de política comercial; lamenta que los fondos disponibles a través del FEAG no se hayan utilizado plenamente en el pasado y señala que algunos Estados miembros han optado con anterioridad por el uso del FSE en su lugar. El CDR analizará en detalle en un dictamen específico si la propuesta de la Comisión Europea de ampliar el ámbito de aplicación y la misión del FEAG, así como la reducción de sus umbrales, garantizarán que el FEAG reformado aporte valor añadido y evite solapamientos y compensaciones con el FSE+, como ocurre actualmente (14);

17.

reitera su petición de una estrategia política industrial de la UE firme e integral que permita a la industria europea, y en particular a las pymes, abordar los retos y oportunidades de la digitalización y la descarbonización, prestando especial atención a la inversión en la mejora tecnológica de las pymes y en la especialización mediante la formación permanente de los trabajadores; hace hincapié de nuevo en el papel vital de los entes locales y regionales en la creación de ecosistemas y agrupaciones de innovación regionales, esenciales para una innovación exitosa; subraya que el mercado único europeo se encuentra en el núcleo de la integración económica y política de la UE, y señala que la creación del mercado único es un proyecto en marcha que sigue incompleto en algunos aspectos importantes, lo que afecta en especial a los consumidores y pymes; acoge con satisfacción, asimismo, la propuesta de la Comisión de crear un nuevo programa sobre el mercado único después de 2020 que facilite un marco con el fin de apoyar medidas para la mejora de la competitividad de las pymes europeas;

18.

advierte que la necesidad de mejorar la capacidad administrativa e institucional se encuentra en el núcleo de la mayoría de las reformas estructurales definidas en el marco del Semestre Europeo; recalca que otras prioridades políticas constituyen uno de los motivos fundamentales de la aplicación insatisfactoria de las reformas estructurales en el contexto del Semestre Europeo; a ello se añade, en algunos Estados miembros, una capacidad administrativa e institucional insuficiente en diversos niveles de gobierno que obstaculiza la inversión pública y privada, reduce la calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos y ralentiza la aplicación de los Fondos EIE y otros programas de la UE; subraya que, en 2018, el 63 % de las recomendaciones dirigidas directamente a los entes locales y regionales versaban sobre la mejora de la capacidad administrativa;

19.

observa que, si bien las solicitudes presentadas en el marco del programa de apoyo a las reformas estructurales provenían de la mayoría de los Estados miembros, el reto de la calidad y la capacidad de la administración pública es más grave en muchos países del sur y el este de Europa (15); acoge con satisfacción la posibilidad de que los entes locales y regionales tengan acceso a dicho programa de apoyo y pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a que aborden las necesidades de creación de capacidad de los gobiernos subnacionales; celebra el compromiso de la Comisión con el refuerzo de la coordinación entre las diversas líneas de creación de capacidad financiadas por la UE y reitera que la Comisión debe hacerlo de forma transparente emitiendo un único documento estratégico (16);

20.

pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de cómo se han incorporado a la legislación nacional las normas de contratación pública de la UE y cómo se están llevando a la práctica, haciendo hincapié en cómo se aplican a nivel local y regional —en vista del peso de las autoridades subnacionales en el ámbito de la contratación pública— y el grado en que las nuevas normas han simplificado o complicado la regulación en este campo; advierte que deben hacerse mayores progresos en la contratación pública digital y que los Estados miembros han de esforzarse por lograr una rápida transformación digital de los procedimientos e introducir procesos electrónicos en todas las fases principales;

21.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Presidencia austriaca del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo.

Bruselas, 10 de octubre de 2018.

El Presidente del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2017) 690 final.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0418&language=ES&ring=A8-2017-0310.

(3)  Comunicación de la Comisión sobre las REP de 2018, p. 3 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-communication-en.pdf); véase asimismo la evaluación de impacto de la Comisión Europea de la propuesta de un programa de apoyo a las reformas http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-310-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.

(4)  Véanse las pp. 23-26 de la evaluación de impacto mencionada en la anterior nota a pie de página.

(5)  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/2018-Territorial-Analysis-of-CSRs/2018_CSRs_draft_final.pdf.

(6)  Comunicación de la Comisión sobre las REP de 2018, p. 3.

(7)  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/2018-Territorial-Analysis-of-CSRs/2018_CSRs_draft_final.pdf.

(8)  Véase el Dictamen del CDR sobre el tema «Mejorar la gobernanza del Semestre Europeo: un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales», aprobado el 11 de mayo de 2017.

(9)  Reglamento Delegado relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (n.o 240/2014).

(10)  https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.

(11)  COM(2017) 826 final.

(12)  Fuente: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00022&language=en).

(13)  Comisión Europea, Séptimo Informe sobre la Cohesión (p. 168).

(14)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_07/SR13_07_ES.pdf.

(15)  Las pruebas de ello se resumen en la página 27 de la evaluación de impacto de la Comisión Europea de la propuesta de un programa de apoyo a las reformas http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-310-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.

(16)  https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00502-00-00-AC-TRA-ES.docx.


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