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Reunida en Bruselas (Bélgica) del 18 al 20 de junio de 2018,

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Visto el Acuerdo de Asociación entre los miembros del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú), así como las revisiones de este acuerdo adoptadas en 2005 y 2010 (2),

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Vista su Resolución de 20 de diciembre de 2017 sobre la economía azul: oportunidades y retos para los países ACP,

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Vistas las políticas, estrategias, acciones y normativas en materia de gestión de residuos aplicadas por los Estados y las regiones ACP, como en el caso de la Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente [Cleaner Pacific 2025 (Un Pacífico más limpio para 2025) (2016)], Ruanda (2015), Sudáfrica (2009), Nigeria (2007), Jamaica (2002), Uganda (1999), Gambia (1994) y Barbados (1985), entre otros,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (3),

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Vista la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4),

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Visto el estudio de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011, titulado «Implementing EU Waste Legislation for Green Growth» (Aplicación de la legislación de residuos de la Unión en pro de un crecimiento ecológicamente sostenible) (5),

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Visto el informe de la Comisión, de 1 de abril de 2011, titulado «Plastic waste in the environment» (6) (Residuos de plásticos en el medio ambiente),

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Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (7),

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Visto el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (8),

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Vista la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (9),

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Vista la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos [notificada con el número C(2000) 1147] (10),

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Vista la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (11),

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Visto el Convenio de Estocolmo, de 22 de mayo de 2001, sobre contaminantes orgánicos persistentes,

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Visto el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, de 10 de septiembre de 1998,

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Vista la Convención de Bamako sobre la prohibición de la importación de desechos peligrosos a África y el control de sus movimientos transfronterizos en África, de 30 de enero de 1991,

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Visto el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, de 22 de marzo de 1989,

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Visto el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, adoptado por 108 gobiernos y la Comisión Europea,

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Vistas las conclusiones de la II Conferencia Tripartita sobre la Urbanización Sostenible en cuanto Respuesta para la Mitigación de la Pobreza Urbana organizada por el Grupo de Estados ACP, la Comisión Europea y ONU-Hábitat,

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Vista la nota de ONU-Hábitat, de 14 de febrero de 2014, sobre los desafíos de la urbanización, la gestión de residuos y el desarrollo (12),

A.

Considerando que la contaminación y sus efectos nocivos para la salud de las personas, el medio ambiente y el planeta han sido a menudo ignorados por los gobiernos y la comunidad internacional, tanto los efectos directos (como los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana y del uso de plaguicidas en el medio ambiente y la biodiversidad) como los efectos indirectos (como la contaminación del suelo en el que se cultiva y las repercusiones en la salud humana);

B.

Considerando que la contaminación es en la actualidad la principal causa ambiental de enfermedades y fallecimientos en el mundo y que se calcula que en 2015 provocó nueve millones de muertes prematuras;

C.

Considerando que el 92 % de las muertes por contaminación se producen en los países de renta baja y media y que, en algunos países, las cifras son muy alarmantes;

D.

Considerando que las Naciones Unidas han señalado que el porcentaje de la población mundial que reside en zonas urbanas ya era del 54 % en 2014 y, de acuerdo con los cálculos, llegará a ser del 66 % en 2050;

E.

Considerando que las previsiones indican que la población urbana de África habrá aumentado en un 54 % para 2050;

F.

Considerando que el crecimiento de la población urbana presenta numerosos retos, pero también tiene el potencial de mejorar la prosperidad y el desarrollo, así como la integración de los países ACP en las redes mundiales, lo que aumenta las posibilidades de encontrar soluciones a los retos;

G.

Considerando que el 62 % de la población urbana del África subsahariana vive en suburbios degradados, en la mayoría de los casos ubicados en zonas cuyo medio ambiente es frágil y donde no hay acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, energía, transporte o sistemas de gestión de los residuos; que, por lo tanto, estas poblaciones están extremadamente expuestas a fuentes de contaminación y a sus consecuencias sobre el medio ambiente y la salud;

H.

Considerando que las estrategias para reducir la producción de residuos deben tener prioridad, mientras que el reciclado y el tratamiento de residuos deben considerarse solo como último recurso;

I.

Considerando que lo insuficiente de los servicios de recogida de residuos y sistemas de reciclado, los vertederos peligrosos y el daño medioambiental, así como el riesgo que se deriva para la salud, repercuten de manera negativa sobre las vidas de millones de habitantes en los Estados ACP;

J.

Considerando que la mala gestión de residuos frena el desarrollo económico y social de los Estados ACP, especialmente de sus barrios de chabolas;

K.

Considerando que la falta de capacidad para tratar los residuos industriales y domésticos tiene graves consecuencias negativas para la biodiversidad de los países ACP, sus ecosistemas particulares y la flora y fauna que dependen de estos ecosistemas;

L.

Considerando que en algunos Estados ACP, por faltar la tecnología apropiada, los empleados de basuras están expuestos a los múltiples riesgos que se derivan de los residuos tanto industriales tóxicos como sanitarios infecciosos;

M.

Considerando que las malas prácticas de gestión de residuos, junto con la falta de un sistema eficiente y sostenible en este sentido, en particular en las zonas rurales, están en el origen de problemas crónicos como la falta de eficacia en la recogida de basuras, el escaso cumplimiento por parte de la población en lo que respecta a la separación de residuos y la quema incontrolada de estos al aire libre;

N.

Considerando que las islas del Pacífico tienen problemas particulares para tratar los residuos no tratados, en particular los residuos plásticos;

O.

Considerando que el vertido generalizado de basuras en masas de agua y los vertederos incontrolados no hacen más que agravar el problema de baja calidad en general del saneamiento que padecen los distintos Estados ACP;

P.

Considerando que la distancia entre la política y la normativa en materia de gestión de residuos y su puesta en práctica en la realidad se está agrandando en los Estados ACP a causa de las persistentes restricciones a la capacidad y a la falta de instalaciones para la gestión de los distintos flujos de residuos;

Q.

Considerando que el consumo mundial de aparatos eléctricos y electrónicos va en aumento; que abordar todo el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos es fundamental para la Agenda 2030;

R.

Considerando que muchas ciudades en los Estados miembros de la Unión han tenido que hacer frente a retos provocados por la creciente producción de residuos y la deficiente gestión de los residuos en el pasado, pero pudieron encontrar maneras de hacer frente a esta situación, mediante una combinación de campañas educativas y una legislación mejorada y mejor aplicada;

S.

Considerando que los países, entre los que en ocasiones se encontraban los Estados miembros de la Unión, han exportado sus residuos peligrosos y tóxicos a los Estados ACP desde los años setenta; que la responsabilidad de los países exportadores de dichos residuos debe considerarse tan importante como la de los países importadores;

T.

Considerando que los tipos de residuos que se generan en los entornos urbanos suelen tener graves repercusiones sobre la salud humana y la sostenibilidad medioambiental;

U.

Considerando que, como ya se señala en su Resolución, de 20 de diciembre de 2017, sobre la economía azul, la intensificación de los esfuerzos en la gestión de residuos, sobre todo en relación con las recomendaciones del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino, es esencial para salvaguardar el potencial de la economía azul, ya que la contaminación del mar se debe, en gran medida, a factores con origen en tierra como la acumulación de residuos plásticos;

V.

Considerando que los objetivos de la economía azul, expresados en la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 20 de diciembre de 2017, tienen por objetivo proteger el medio ambiente a través de una acción conjunta entre los Estados ACP y los operadores privados en diferentes sectores, incluida la gestión sostenible y adecuada de los residuos;

W.

Considerando que las catástrofes naturales, como los terremotos y los huracanes, que afectan muy a menudo a los países ACP, con una intensidad que solo puede aumentar en el caso de los huracanes teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, pueden dar pie a que se generen grandes cantidades de residuos que acarreen riesgos desconocidos hasta la fecha para la salud de la población;

X.

Considerando que la urbanización y la mala gestión de los residuos son, asimismo, factores relacionados con la contaminación de los océanos y, en consecuencia, repercuten sobre las actividades locales ligadas a los recursos marinos (pesca, turismo);

Y.

Considerando que el uso en rápido aumento de las TIC y el acelerado ritmo del recambio tecnológico, en particular en lo que respecta a ordenadores y móviles, resultan en flujos de residuos electrónicos, y en especial de metales raros y peligrosos, cada vez mayores para los cuales todavía no existe una capacidad de gestión sostenible, y que se acumulan en los vertederos junto con los residuos urbanos;

Z.

Considerando que las medidas para mejorar la situación se han quedado a la zaga por la celeridad del crecimiento de la población y la urbanización; y que los residuos per cápita aumentan conforme crecen las economías;

AA.

Considerando que el uso de plástico es una de las principales lacras en las zonas costeras y en las islas, tal y como ha indicado la Conferencia sobre los océanos de las Naciones Unidas de junio de 2017;

BB.

Considerando que las autoridades públicas son las responsables últimas de velar por la correcta prestación de los servicios de gestión de residuos y que el principal método de eliminación de la basura en la mayoría de los Estados ACP es que sea llevada al camión de recogida cuando este toque la bocina, un sistema que gestionan los municipios;

CC.

Considerando que, en muchos de los Estados ACP, los sistemas de gestión de residuos se ven condicionados por el escaso saber hacer en lo que respecta a las distintas posibilidades en cuanto a la recogida selectiva y por el elevado coste que entraña la recogida de residuos mixtos, por lo que las opciones de reutilización, reciclado y transformación se ven limitadas;

DD.

Considerando que, en la mayoría de los municipios de los Estados ACP, las ordenanzas vigentes atribuyen la competencia de la gestión de residuos a entidades locales que no están preparadas para ocuparse de la recogida y eliminación, por lo que dichas ordenanzas representan en la actualidad una traba a la inversión del sector privado en la gestión de residuos;

EE.

Considerando que se debe animar a los operadores informales procedentes de la sociedad civil local que contribuyen en la gestión de residuos a regularizar y formalizar su trabajo a fin de poder participar de forma plena y oficial en esta actividad económica;

FF.

Considerando que hay casos en los que la entrada de operadores privados ha supuesto una mejora en la recogida de residuos sólidos; que, no obstante, un poder público dotado de los medios adecuados tiene toda la legitimidad para encargarse en primer lugar de la recogida de residuos;

GG.

Considerando que las actividades de reciclado pueden mejorar los entornos urbanos y redundar al mismo tiempo en más oportunidades de obtención de ingresos y en el refuerzo de los medios de vida;

HH.

Considerando que las prácticas integrales de gestión de residuos a escala nacional y local reducen los efectos perjudiciales sobre la salud humana y ayudan a los servicios sanitarios a hacer frente a los costes de estos problemas;

II.

Considerando que la aplicación y observancia de la normativa y los convenios en materia de residuos queda coartada sobremanera por la ausencia de buen gobierno y transparencia, así como, en ocasiones, por la corrupción imperante;

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