Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IP0027

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la Unión (2016/2100(INI))

OJ C 252, 18.7.2018, p. 78–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 252/78


P8_TA(2017)0027

Informe anual sobre la política de competencia de la UE

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la Unión (2016/2100(INI))

(2018/C 252/09)

El Parlamento Europeo,

Vistos el informe de la Comisión, de 15 de junio de 2016, sobre la política de competencia 2015 (COM(2016)0393) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, publicado en la misma fecha (SWD(2016)0198),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en particular, sus artículos 39, 42 y 101 a 109,

Visto el Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general,

Visto el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

Visto el marco universal para la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA), desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

Vistas las normas, directrices, resoluciones, comunicaciones y documentos pertinentes de la Comisión en materia de competencia,

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (1),

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2016, sobre el informe de situación en materia de energías renovables (2),

Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre el dumping social en la Unión Europea (3),

Vistas su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE de 2014 (4), y su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE de 2013 (5),

Vista la Decisión de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, sobre la apertura de una investigación del comercio electrónico de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (C(2015)3026),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080),

Visto el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta (6),

Visto el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (7) (en lo sucesivo, «Reglamento general de exención por categorías», (RGEC))

Visto el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (8),

Visto el Libro Blanco, de 9 de julio de 2014, titulado «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE» (COM(2014)0449),

Vistas las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas de los miembros del Parlamento E-000344/2016, E-002666/2016 y E-002112/2016,

Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2015, sobre el sector de la aviación (9), en particular los apartados 6, 7 y 11 de la misma en relación con la revisión del Reglamento (CE) n.o 868/2004 a fin de salvaguardar la competencia leal en las relaciones exteriores de la Unión en el ámbito de la aviación y de reforzar la posición competitiva de la industria de la aviación de la Unión, impedir con mayor eficacia la competencia desleal, garantizar la reciprocidad y eliminar las prácticas desleales, entre ellas las subvenciones y las ayudas estatales que se han concedido a todas las compañías aéreas de determinados terceros países y que distorsionan el mercado, al ser la transparencia financiera en la cláusula de competencia leal un elemento esencial para garantizar la igualdad de condiciones,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento único para las OCM»),

Visto el Reglamento (UE) n.o 1218/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de especialización (11),

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0001/2017),

A.

Considerando que una política de competencia sólida y eficaz de la Unión ha sido siempre una piedra angular del mercado interior, puesto que fomenta la eficiencia económica y crea un clima favorable para el crecimiento, la innovación y el progreso tecnológico al tiempo que reduce los precios;

B.

Considerando que la política de competencia de la Unión es un instrumento fundamental para combatir la fragmentación del mercado interior y, por tanto, para crear y mantener la igualdad de condiciones para las empresas en toda la Unión;

C.

Considerando que la Unión, bajo el liderazgo de la Comisión, debe promover una «cultura de competencia» tanto dentro de la Unión como en el mundo;

D.

Considerando que la política de competencia es en sí misma una herramienta de salvaguarda de la democracia europea, en tanto en cuanto impide la excesiva concentración de poder económico y financiero en pocas manos, lo que supone en sí mismo un riesgo para la independencia del poder político europeo respecto de los grandes grupos industriales y bancarios;

E.

Considerando que la aplicación correcta de las normas de competencia (incluidas las normas de defensa de la competencia) de conformidad con la economía social de mercado debe impedir una concentración excesiva de poder económico y financiero en manos de unas pocas empresas privadas, y alienta asimismo a los agentes al brindarles un incentivo para ser dinámicos e innovadores y diferenciarse en los mercados;

F.

Considerando que una política de competencia leal mantiene los mercados eficientes y abiertos, lo que comporta precios inferiores, la aparición de nuevos agentes, unos productos y servicios de mejor calidad y más opciones para los consumidores, además de fomentar la investigación y la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo de empresas más resilientes;

G.

Considerando que la política de competencia puede y debe aportar una contribución significativa a prioridades políticas clave como impulsar la innovación, empleos de calidad, combatir el cambio climático, crecimiento sostenible y desarrollo sostenible, inversión, utilización eficiente de los recursos, protección de los consumidores y de la salud humana junto con el fortalecimiento del mercado único, prestando especial atención al mercado único digital y a la Unión de la Energía;

H.

Considerando que una política de competencia eficaz no debe orientarse exclusivamente a la reducción de los precios de consumo, sino que también ha de tener presente la capacidad de innovación de la industria europea y su actividad inversora, así como las condiciones particulares de competencia para las pymes;

I.

Considerando que la política de competencia de la Unión se define también por los valores de justicia social, independencia política, transparencia y respeto de la legalidad;

J.

Considerando que la política de competencia está interrelacionada con otras grandes políticas de la Unión, en particular fiscal, industrial y digital, cuya coordinación tiene por objeto garantizar el respeto de principios fundamentales recogidos en los Tratados, en particular la transparencia y la lealtad;

K.

Considerando que la evasión fiscal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales cuestan a los contribuyentes de la Unión miles de millones de euros al año (algunas estimaciones apuntan que la cifra alcanza el billón de euros) en pérdidas de ingresos y distorsionan la competencia en el mercado único entre aquellas empresas que pagan la parte de impuestos que les corresponde y las que no lo hacen;

L.

Considerando que la cooperación global en materia de aplicación de las normas de competencia contribuye a evitar incoherencias en las vías de recurso y en los resultados de las medidas de ejecución, y que ayuda a las empresas a reducir sus costes de cumplimiento;

M.

Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la práctica decisoria de la Comisión interpretan de manera diferente el concepto de «actividad económica» en función de si se aplican las normas del mercado interior o las de competencia; que esta práctica confusa complica aún más el concepto de «actividad económica», ya de por sí complejo;

N.

Considerando que un entorno regulador claro, coherente y práctico en términos de adaptación de la política de competencia a las particularidades agrícolas puede contribuir a reforzar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria remediando los desequilibrios de poder entre operadores, aumentando la eficiencia de los mercados y garantizando la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones en el mercado único;

O.

Considerando que la modalidad, la intensidad y el momento de los riesgos económicos son difíciles de predecir y que es necesario que una política agraria común (en lo sucesivo, «PAC») orientada al mercado proporcione apoyo a los agricultores y más excepciones temporales a las normas de competencia en caso de desequilibrios acusados del mercado; que durante la crisis del sector lechero, la Comisión decidió aplicar el artículo 222 del Reglamento único para las OCM como último recurso para eximir de la aplicación de la legislación sobre competencia la planificación colectiva de la producción de leche por agrupaciones de agricultores;

P.

Considerando que la política de competencia por sí sola es inadecuada para resolver problemas de prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria;

Q.

Considerando que el artículo 102 del TFUE indica claramente que imponer prácticas comerciales desleales, directa o indirectamente, a otros sectores de la cadena alimentaria constituye una infracción de dicho Tratado;

R.

Considerando que el Grupo operativo sobre mercados agrícolas se estableció a fin de mejorar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria explorando las posibilidades de reforzarla, en particular las posibilidades jurídicas de establecer relaciones contractuales y organizar acciones colectivas por parte de los agricultores; que las conclusiones del Grupo operativo sobre mercados agrícolas deben tenerse en cuenta, en su caso, con miras a debates futuros y las medidas que deban adoptarse;

1.

Acoge con satisfacción el informe anual de la Comisión sobre la política de competencia, que demuestra que una política europea de competencia adecuada puede contribuir a recuperar un nivel suficiente de inversión y de innovación mediante la creación de un entorno de competencia leal; Acoge con satisfacción la atención que presta el informe a la contribución de la política de competencia en la eliminación de las barreras y las medidas distorsionadoras de las ayudas estatales, en beneficio del mercado interior; reitera asimismo que el futuro de Europa debe basarse en la innovación, la economía social de mercado y la eficiencia de los recursos, lo que crea un nivel de vida elevado para todos los ciudadanos de la Unión;

Integración del mercado único

2.

Acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de abrir nuevas oportunidades para los ciudadanos y las empresas, y recuerda que la libre circulación de capitales, servicios, bienes y personas constituyen las cuatro libertades del mercado único y que su aplicación es fundamental para acercar la Unión a sus ciudadanos; destaca que, sin una política eficaz de la Unión en materia de competencia, el mercado único no puede desplegar completamente su potencial; celebra que la Comisión utilice los distintos instrumentos de que dispone, en particular el control de las concentraciones, la lucha contra los abusos de posición dominante y las prácticas anticompetitivas, la represión de los cárteles, el control de las ayudas estatales, la coordinación con las autoridades nacionales y, en su caso, regionales de competencia así como las investigaciones sectoriales;

3.

Resalta que una política de competencia eficaz debe tener en cuenta las especiales condiciones de mercado que se aplican a las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYMES»), las microempresas y las empresas emergentes, y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y una fiscalidad justa;

4.

Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que den prioridad a la consolidación del mercado único después del Brexit garantizando el pleno cumplimiento de las normas de competencia de la Unión e intensificando aún más la cooperación entre los Estados miembros en temas fiscales; señala asimismo que el Brexit podría afectar negativamente a la política de competencia de la Unión; subraya, en particular, el riesgo de que se dupliquen los procedimientos, lo que incrementaría los costes administrativos y retrasaría los procesos de investigación;

5.

Reitera que una competencia fiscal justa es indispensable para la integridad del mercado único de la Unión, por lo que todos los agentes del mercado deben abonar la parte de impuestos que les corresponde, que ha de pagarse en el lugar en el que se generen los beneficios; subraya que, desde que LuxLeaks salió a la luz, la Unión ha reconocido que —a fin de reforzar la competencia leal en el mercado único— necesita unas políticas y normativas fiscales sencillas y transparentes, y también ha reconocido que es necesario poner fin a una competencia fiscal desleal (incluidas las ventajas fiscales ilegales concedidas) por parte de los Estados miembros, que supone un riesgo moral y una carga fiscal adicional para los contribuyentes honestos e impide el desarrollo de las pymes, también cuando los nuevos actores y las pymes que desarrollan su actividad en un único país resultan penalizados en comparación con las multinacionales, que pueden deslocalizar beneficios o aplicar otras modalidades de planificación fiscal agresiva mediante variados instrumentos y decisiones de los que solamente ellas disponen; subraya la necesidad de investigar exhaustivamente todos los casos en los que se sospeche que el objetivo de las multinacionales es la optimización fiscal; celebra, mientras tanto, la iniciativa de la Comisión de investigar a fondo prácticas contrarias a la competencia como las ventajas fiscales selectivas, que pueden incluir los sistemas de resolución de beneficios extraordinarios, y acoge también con satisfacción los recientes resultados de las investigaciones, que demuestran que las exenciones fiscales selectivas constituyen una ayuda estatal ilegal con arreglo a las normas de competencia de la Unión; subraya la necesidad de garantizar que la Comisión disponga de un amplio acceso a la información a fin de permitir que se investiguen más casos sospechosos; solicita a la Comisión que elabore directrices claras sobre las ayudas estatales en materia de fiscalidad para incluir los casos de competencia desleal y también que haga pleno uso de sus poderes en virtud de la normativa de competencia de la Unión para ayudar a los Estados miembros a abordar eficazmente la cuestión de las prácticas fiscales perniciosas; resalta que también se necesitan más esfuerzos por lo que respecta a las prácticas fiscales agresivas; pone de relieve que es especialmente decisiva la información que hayan intercambiado las autoridades tributarias de los Estados miembros sobre resoluciones fiscales y acuerdos de precios de transferencia; lamenta que los Estados miembros nieguen a la Dirección General de Competencia el acceso a dicha información; recomienda un mayor intercambio de información entre las autoridades nacionales, y pide asimismo a los Estados miembros que publiquen información sobre sus resoluciones fiscales y les sugiere que la presenten desglosada por regiones, cuando proceda; considera que las decisiones de la Comisión que han establecido una metodología clara para calcular el valor y las ventajas competitivas excesivas de las que gozan las empresas implicadas en resoluciones inadecuadas constituyen un buen fundamento jurídico para fomentar la convergencia;

6.

Hace hincapié en que la corrupción en el ámbito de la contratación pública tiene un grave efecto de distorsión en el mercado y la competitividad europea; reitera que la contratación pública es una de las actividades gubernamentales más vulnerables a la corrupción; destaca que en determinados Estados miembros, las adquisiciones financiadas por la Unión presentan riesgos de corrupción mayores que las adquisiciones financiadas a nivel nacional; recuerda el uso generalizado de convocatorias de licitación a medida para limitar la competencia de mercado; pide a la Comisión que siga trabajando para impedir la malversación de fondos de la Unión y estimular la rendición de cuentas en el ámbito de la contratación pública; insta a que se establezca la Fiscalía Europea con los derechos necesarios para investigar mejor los supuestos delitos en relación con los fondos de la Unión;

7.

Subraya que, por sí solos, los procedimiento de ayudas estatales no pueden acabar de forma definitiva con la competencia fiscal desleal en los Estados miembros; recomienda, por tanto, el establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS plena), que ayudará a eliminar distorsiones de la competencia y ofrecerá una garantía de que los beneficios no salgan de la Unión sin tributar, la divulgación pública de las informaciones pertinentes en materia de resoluciones fiscales, una revisión de la Directiva sobre el IVA para prevenir el fraude, y la obligación para las grandes empresas internacionales de notificar públicamente y por países sus ventas y beneficios, y hace un llamamiento a los Estados miembros para que introduzcan una mayor transparencia en sus prácticas fiscales y requisitos de información mutua; reitera la necesidad de aplicar el paquete de lucha contra la elusión fiscal, las normas de intercambio de información entre los países de la Unión y el mecanismo de reacción rápida para combatir el fraude en el ámbito del IVA a fin de garantizar una competencia leal;

8.

Considera que la competencia leal puede verse obstaculizada por la planificación fiscal; celebra la recomendación de la Comisión de adaptar la definición de «establecimiento permanente» de modo que las empresas no puedan evitar artificialmente tener presencia fiscal en los Estados miembros en los que desarrollan una actividad económica; subraya que dicha definición también debería abordar las situaciones específicas del sector digital y garantizar que se considere que las empresas que desarrollan actividades totalmente desmaterializadas tienen un establecimiento permanente en un Estado miembro si mantienen una importante presencia digital en la economía de dicho país;

9.

Subraya la necesidad de reforzar las normas del mercado único, también al nivel de los Estados miembros, y resolver las infracciones con objeto de abordar la fragmentación del mercado único;

10.

pide que se introduzcan mejoras de la ventanilla única partiendo de la experiencia actual con las miniventanillas únicas para productos digitales; señala que incluso con la mini ventanilla única, las empresas pequeñas y las microempresas se enfrentan a una carga administrativa importante;

11.

Hace hincapié en la necesidad de fortalecer aún más el mercado único eliminando las barreras y obstáculos que subsisten;

12.

Recuerda a la Comisión que, para que el mercado único de la Unión funcione sin problemas, es imprescindible permitir que los entes nacionales y regionales intervengan en situaciones que son producto de las desventajas geográficas que impiden la mejora de la capacidad del mercado tanto en su dimensión económica como en la social;

13.

Insiste en la necesidad de combatir el dumping fiscal y social, la planificación fiscal abusiva y la evasión fiscal para garantizar la competencia leal en el mercado único;

14.

Insta a la Comisión a completar la aplicación del espacio ferroviario europeo único, a garantizar la plena transparencia en los flujos de dinero entre los gestores de infraestructuras y las empresas ferroviarias y a verificar que todos los Estados miembros cuentan con un regulador nacional fuerte e independiente;

15.

Insta al Consejo a aprobar rápidamente la propuesta de la Comisión relativa a la armonización de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS);

16.

Entiende que la adopción del euro por parte de los Estados miembros que no se han adherido hasta la fecha a la moneda única reforzaría la libre competencia en el seno del mercado interior;

El mercado único digital

17.

Acoge con satisfacción la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Comisión y destaca el papel fundamental de la política en materia de competencia en la consecución del Mercado Único Digital; apoya asimismo los esfuerzos de la Comisión para garantizar que la política de competencia de la Unión se aplique plenamente al mercado único digital, teniendo en cuenta que la competencia no solo brinda a los consumidores mayor selección, sino también unas condiciones de competencia equitativas, y lamenta que la inexistencia en la actualidad de un marco digital europeo haya puesto de relieve la incapacidad de conciliar los intereses de los grandes y los pequeños proveedores; de servicios subraya que los modelos de mercado tradicionales de la política de competencia a menudo no son lo bastante pertinentes para el mercado único digital; pide un enfoque más centrado en los nuevos modelos de negocio de las empresas digitales; reitera que un mercado único digital unificado podría crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo y aportar 415 000 millones de euros anuales a la economía de la Unión;

18.

En aras de la credibilidad de la Estrategia para el Mercado Único Digital, subraya la necesidad de que la Comisión concluya con diligencia todas las investigaciones pendientes en defensa de la competencia sin menoscabo de la calidad; pide que se agilicen los procedimientos para poder obtener resultados cuanto antes; acoge favorablemente, por tanto, el pliego de cargos complementario enviado por la Comisión sobre el servicio de comparación de compras así como el pliego de cargos de la Comisión sobre el caso Android; pide a la Comisión que continúe examinando con determinación todas las cuestiones detectadas en sus investigaciones, incluidos otros ámbitos de sesgo en las búsquedas (hoteles, búsquedas locales, vuelos), a fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia para todos los participantes en el mercado digital; pide que se investiguen las plataformas dominantes de reserva de hoteles;

19.

Acoge con satisfacción la investigación sectorial que la Comisión realiza sobre el comercio electrónico, cuyos resultados provisionales identifican determinadas prácticas comerciales en este sector que podrían restringir la competencia en línea; celebra asimismo el compromiso de la Comisión con el mercado único digital europeo y su propuesta sobre el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación basadas en la nacionalidad y el lugar de residencia de los clientes; pide a la Comisión que adopte medidas ambiciosas para eliminar los obstáculos ilegítimos a la competencia en línea con objeto de garantizar compras en línea sin barreras para los consumidores de la Unión que recurren a vendedores establecidos en otro Estado miembro; considera, por tanto, que se necesitan acciones específicas para mejorar el acceso a bienes y servicios, en especial poniendo fin a las prácticas de bloqueo geográfico injustificadas y a la discriminación desleal de precios sobre la base de la localización geográfica o la nacionalidad, que a menudo tienen como efecto la creación de monopolios o el recurso de los consumidores a contenidos ilegales; pide asimismo el etiquetado de los sitios a escala de la Unión a fin de garantizar la existencia y la calidad de los servicios o productos ofrecidos, a fin de garantizar un nivel aún mayor de competencia leal y de reforzar asimismo la protección del consumidor;

20.

Considera esencial aumentar la participación de las pymes para promover un mercado único digital unificado y subraya la necesidad de evaluar la posible repercusión de cada iniciativa, en particular de aquellas destinadas a promover el comercio electrónico y aclarar la condición de establecimiento permanente en el sector digital, en la capacidad de las pymes para obtener provecho del mercado único digital;

21.

Recuerda que la neutralidad de la red es un factor de vital importancia para impedir la discriminación entre los servicios de internet y velar por una competencia plena (entendiendo por «neutralidad de la red» el principio según el cual todo el tráfico de internet recibe el mismo trato, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación);

22.

Destaca que la presencia cada vez mayor de empresas digitales nuevas, en particular las aplicaciones de internet y móviles, junto con los operadores existentes, que ha abierto nuevos canales para que los consumidores encuentren, comparen y escojan bienes y servicios en todo el mercado único, lo que favorece la capacitación de los consumidores a la hora de tomar decisiones fundadas basadas en sus necesidades y objetivos personales;

23.

Subraya que la economía colaborativa ofrece a los consumidores de la Unión numerosos productos y servicios innovadores; pone de relieve que las plataformas de la economía colaborativa han introducido la idea de desafiar a los operadores tradicionales y dominantes con objeto de crear un entorno más competitivo para los consumidores y las empresas; reitera que, además de la fiscalidad, el marco administrativo y los aspectos relacionados con la seguridad, la Comisión también debe examinar los aspectos relativos a la competencia y eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las empresas para acceder al mercado, a fin de asegurar la igualdad de condiciones; pone de relieve que este tipo de economía ya se estableció hace varios años, y que, en aras de la coherencia jurídica, deben resolverse las posibles irregularidades a escala de la Unión, en cumplimiento del principio de subsidiariedad; resalta la necesidad de garantizar en el mercado único digital un alto nivel de protección de los consumidores y de los datos personales; insta a la Comisión a que establezca un conjunto de instrumentos, lo cual resulta indispensable para que las diversas formas y modalidades de la economía colaborativa reciban apoyo, tanto a escala de la Unión como en los distintos Estados miembros, se implementen, ganen credibilidad y gocen de confianza, y es consciente de que este marco reglamentario permisivo y propicio no ha de dar lugar a distorsiones de la competencia; pide a la Comisión que vuelva a abordar estas preocupaciones a fin de que, dentro de un marco legislativo, los beneficios que tales modelos empresariales ofrecen a la sociedad efectivamente puedan hacerse realidad;

24.

Insta a la Comisión a que haga una revisión completa de la eficacia de los instrumentos disponibles en materia de competencia para la era digital y que, si procede, los perfeccione;

25.

Destaca que, precisamente en un sector dinámico como es el de la industria digital, es absolutamente decisivo que los procedimientos en materia de competencia concluyan rápidamente para que el abuso de una posición dominante de mercado no lleve a un saneamiento de mercado;

26.

Insta a la Comisión a que considere la convergencia creciente en los mercados digitales equiparando servicios comparables como la mensajería instantánea con servicios equivalentes procedentes del sector de telecomunicaciones en general;

27.

Acoge con satisfacción el que la Comisión investigue determinadas prácticas contrarias a la competencia de una serie de empresas, en especial de los gigantes de las telecomunicaciones y los servicios de internet y otras empresas de medios de comunicación, estudios cinematográficos y distribuidores de televisión; pide a la Comisión que agilice todos los procedimientos contra conductas anticompetitivas que vulneran las normas de la Unión de defensa de la competencia;

28.

Se congratula de la decisión de la Comisión con respecto a la recuperación en el caso de la ayuda estatal de Apple, que representa un hito clave para abordar el tema de la ayuda estatal ilegal a través de ventajas fiscales; destaca, no obstante, que la Unión ha de endurecer la legislación relativa a las resoluciones fiscales y prever asimismo un sistema eficaz y un mecanismo de recaudación de la deuda a favor de los recursos propios del presupuesto de la Unión; pide a la Comisión que remedie toda infracción a fin de garantizar una competencia leal en todo el mercado único;

29.

Pide a la Comisión que presente una estrategia de regulación que tenga en cuenta el movimiento de convergencia de las tecnologías y, en particular, la multiplicación de las plataformas; recuerda que, a tal fin, las regulaciones sectoriales ex ante deben conciliar la defensa del pluralismo, la libertad de expresión y la protección de los datos personales, la protección de la autonomía y la libertad de elección del consumidor, así como la promoción equitativa de ofertas competidoras en Europa y convergentes para los líderes europeos en la competencia internacional; pide la corrección de desigualdades en las relaciones de fuerza y la mitigación de situaciones de dependencia entre operadores económicos, con vistas a un reparto equitativo del valor;

30.

Celebra el enfoque más centrado en los efectos de las redes y en la acumulación y análisis de datos a la hora de establecer el poder en los mercados digitales; opina que los datos cumplen una función importante en la industria digital y, por tanto, deben entrar en el análisis en materia de competencia;

31.

Considera que la competencia en el sector de las búsquedas de internet y el sector de las telecomunicaciones es esencial no solo para impulsar la innovación, la inversión en redes y la economía digital, sino también para fomentar unos precios accesibles y una gama amplia en los servicios para el consumidor; pide, por consiguiente, a la Comisión que proteja la competencia en estos sectores, también en lo que se refiere a los servicios de internet y la asignación del espectro; acoge con satisfacción en este sentido la intención de la Comisión de considerar favorablemente los objetivos estratégicos del paquete de telecomunicaciones a la hora de aplicar las directrices sobre ayudas estatales para las redes de banda ancha; celebra la decisión de la Comisión de detener la fusión de los proveedores de servicios de telefonía móvil O2 y Three en el Reino Unido en beneficio de los consumidores europeos; reitera la importancia de aplicar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y mejorar la conectividad en toda la Unión;

32.

Estima que no basta con poner fin a las tarifas de itinerancia en la Unión sino que también es necesario regular las llamadas dentro de la Unión al mismo nivel que las llamadas locales; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para regular las llamadas dentro de la Unión;

33.

Considera que las medidas destinadas a eliminar las tarifas de itinerancia en la Unión no son suficientes a largo plazo si se pretende ampliar aún más el mercado único y que deben crearse incentivos para que las llamadas dentro de la Unión estén en el mismo nivel que las llamadas locales mediante la facilitación de inversiones en redes totalmente europeas o compartidas; pide a la Comisión que lleve a cabo una consulta exhaustiva de los operadores de redes y las partes interesadas pertinentes acerca de cómo bajar las tarifas de las llamadas dentro de la Unión al nivel de las llamadas locales de la manera más eficiente, de forma que se fomenten, al mismo tiempo, las inversiones y se garantice la competitividad mundial y la innovación;

34.

Pide a la Comisión que utilice su política e instrumentos financieros y promueva el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros para fomentar las inversiones en varios sectores tradicionales y pymes que se están quedando rezagados con respecto a la revolución industrial digital;

35.

Subraya que la Unión debe animar a todas las empresas (como a aquellas con una cuota de mercado dominante y también a las de reciente creación) a que innoven;

36.

Pide a la Comisión que muestre la misma firmeza a la hora de llevar a cabo y concluir la actual investigación contra McDonald's;

Ayuda estatal

37.

Se congratula de la revisión de las normas sobre ayudas estatales y sugiere que se presente al Parlamento un informe anual específico; recuerda a los Estados miembros que el objetivo era que las medidas de ayuda estuvieran mejor orientadas hacia el crecimiento económico sostenible a largo plazo, la creación de empleos de calidad y la cohesión social, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones y el libre funcionamiento de la economía social de mercado; Subraya que los Estados miembros incurren en una mayor responsabilidad cuando conceden ayudas sin notificación previa a la Comisión; subraya que la Comisión debe prever un fundamento jurídico suficiente en materia de Derecho de la competencia para fomentar el turismo como importante factor económico de la Unión, y que, en consecuencia, la financiación de las organizaciones públicas de turismo debe regirse por el Reglamento general de exención por categorías; insta a la Comisión a que controle cualquier transacción de última hora realizada por un Estado miembro independientemente de la presión política que este pueda ejercer; recuerda también a la Comisión la necesidad de evitar que algunos gobiernos actúen de mala fe, tal como hacen al gastar indebidamente los fondos de la Unión;

38.

Destaca que los incentivos estatales o regionales constituyen uno de los instrumentos políticos para garantizar servicios cruciales de apoyo a las condiciones económicas y sociales en regiones aisladas, alejadas o periféricas y en regiones insulares de la Unión, pero que también conviene tener en cuenta las experiencias del pasado y que este tipo de intervenciones no deben contravenir los principios del mercado único; destaca que la conectividad de las regiones insulares periféricas también es fundamental y acoge con satisfacción la inclusión de ayudas sociales para transporte para los residentes de regiones alejadas en el Reglamento general de exención por categorías, allí donde se identifique un problema de conectividad; solicita a la Comisión que, durante la revisión en curso del Reglamento general de exención por categorías, tenga plenamente en cuenta las especificidades de las regiones europeas ultraperiféricas, tal como se establece en el artículo 349 del TFUE, ya que la conectividad es vital para las pymes locales de las regiones europeas ultraperiféricas, que también son las menos proclives a afectar a la competencia en el mercado interior;

39.

Celebra la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal como parte de la iniciativa para la modernización de las ayudas estatales; reconoce los beneficios de las normas simplificadas que aportan seguridad tanto a los poderes públicos como a las empresas; insta a la Comisión, al mismo tiempo, a que controle más estrechamente las ayudas estatales prohibidas, que tienen un gran efecto negativo en el mercado único;

40.

Insta a la Comisión a que establezca lo antes posible un documento de orientación sobre el concepto de ayuda estatal, a la luz de los cambios importantes en la jurisprudencia y en la práctica, para asegurar la certidumbre y la previsibilidad jurídica;

41.

Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta para conceder menos ayudas estatales pero mejor orientadas, con el fin de permitir la posibilidad de reducir las ayudas estatales mediante una reducción de impuestos, estimulando con ello a las nuevas empresas y la competencia leal, en lugar de servir de apoyo a viejas estructuras y operadores establecidos;

42.

Subraya que, al utilizar ayudas estatales para promover servicios de interés general, lo crucial es el beneficio para los consumidores y los ciudadanos, y no el de las empresas o entidades públicas;

43.

Insta a la Comisión a que controle estrechamente la renacionalización de servicios públicos en los Estados miembros de la Unión e impida que se concedan ayudas estatales ilegales en forma de compensación por servicio público;

44.

Insta a la Comisión a que presione a las organizaciones internacionales de competencia, como la Red Internacional de Competencia, para establecer una definición armonizada de ayuda estatal;

45.

Con el fin de garantizar una Unión de la Energía que funcione correctamente, así como de evitar que se infrinjan las normas relativas a las ayudas estatales e impedir un uso inapropiado de los fondos de la Unión, destaca que deben controlarse de manera estricta e investigar en profundidad todos los casos de ayudas estatales e irregularidades en la contratación pública relacionados con las inversiones energéticas y medioambientales, como el controvertido proyecto de ampliación de la central nuclear de Paks en Hungría;

46.

Subraya, como señala la Comisión por sexta vez consecutiva en su informe anual sobre competencia, que las ayudas estatales temporales en el sector financiero se consideraban necesarias para estabilizar el sistema financiero mundial, pero que hay que reducirlas rápidamente o eliminarlas y controlarlas totalmente en el plazo más breve posible; pide a la Comisión y a la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV) que garanticen la aplicación coherente de toda la legislación relativa a la protección de los consumidores (como la MiFID o la Directiva sobre la distribución de seguros) en el mercado único, y pide a la Comisión y a la AEMV que velen por evitar un arbitraje regulatorio al aplicar estos actos legislativos; pide a la Comisión que considere la posibilidad de que las ayudas públicas a las entidades bancarias se vinculen a la condicionalidad de la concesión de créditos a las pymes;

47.

Reitera su posición respecto a la investigación en marcha de la Comisión sobre activos por impuestos diferidos y créditos fiscales diferidos en beneficio del sector bancario en varios Estados miembros; opina que los activos por impuestos diferidos y los créditos fiscales diferidos deberían ser autorizados con carácter retroactivo con arreglo a las disposiciones sobre ayudas estatales si se vinculan a condiciones explícitas en relación con la financiación de objetivos para la economía real;

48.

Considera lamentable que la Comisión no haya tomado medidas para hacer frente a los abusos cometidos en la reestructuración de bancos privados, incluidos los que han afectado a los pequeños ahorradores y pequeños tenedores de instrumentos financieros, como acciones preferentes, que en muchos casos se comercializaron sin cumplir plenamente la legislación de la Unión; pide a la Comisión que haga frente a los efectos generalizados de la venta indebida de productos financieros descubierta durante la reestructuración de los bancos afectados por la crisis económica;

49.

Recuerda su petición a la Comisión de estudiar si el sector bancario se ha beneficiado desde el comienzo de la crisis de subvenciones implícitas y de ayudas estatales por medio de la prestación de aportes de liquidez no convencionales;

50.

Observa que el Tribunal de Cuentas Europeo ha detectado errores relativos a las ayudas estatales en aproximadamente una quinta parte de los proyectos que auditó y que fueron cofinanciados por programas de cohesión y considerados pertinentes a efectos de ayudas estatales en el período de 2010-2014 (12); apunta que se ha evaluado que un tercio de esos errores tienen impacto financiero y se considera que han contribuido al nivel de error en la política de cohesión; considera, por tanto, que puede mejorarse la manera de afrontar la falta de conformidad con las normas relativas a las ayudas estatales en la política de cohesión; considera que es necesario mejorar, en concreto, el conocimiento de las normas relativas a las ayudas estatales en los países receptores para evitar errores cometidos de buena fe, así como mejorar el registro de las anomalías con el fin de tener una mejor visión general de la cuestión;

51.

Opina que se requiere una mejor comprensión a nivel local y nacional respecto a la clasificación de ayudas estatales ilegales; acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión que clarifican las acciones de fomento público que pueden realizar los Estados miembros sin necesidad de someterlas a una evaluación por parte de la Comisión; considera que estas decisiones orientaciones son útiles para proyectos locales y municipales, lo que reduce la carga administrativa y, a la vez, eleva la seguridad jurídica;

52.

Insta a la Comisión a que revise la interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de competencia respecto a la Directiva sobre la garantía de los depósitos, para que los instrumentos previstos por la legislación europea para la estabilización temprana puedan aplicarse de forma realmente efectiva;

53.

Resalta la importancia de las investigaciones realizadas por la Comisión en materia de ayudas estatales de naturaleza fiscal, como soporte necesario de la agenda fiscal europea e internacional, en particular para la lucha contra la optimización fiscal agresiva;

54.

Solicita a la Comisión que asigne más recursos para investigar las resoluciones fiscales que suscitan preocupación en relación con las ayudas estatales, y que aborde dichas investigaciones de manera sistemática; toma nota de que la Comisión considera como ayudas de estado ilegales las resoluciones tributarias opacas (tax rulings) concedidas por algunos Estados miembros a determinadas multinacionales, por suponer un falseamiento de la competencia en el seno del mercado interior; celebra que exista una mayor conciencia de las interrelaciones entre las políticas fiscales y las prácticas administrativas en el ámbito fiscal, por un lado, y en el de la política de competencia, por otro; solicita a la Comisión que publique un resumen de las principales resoluciones fiscales aprobadas el año anterior, sobre la base de la información contenida en un directorio central seguro, que incluya al menos una descripción de las cuestiones tratadas en la resolución fiscal, y una descripción de los criterios seguidos para determinar un acuerdo previo sobre precios de transferencia, y se identifiquen los Estados miembros que pueden resultar afectados con más probabilidad;

Defensa de la competencia, procedimiento en materia de prácticas colusorias y control de concentraciones

55.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por elaborar orientaciones acerca de sus procedimientos, así como su evaluación continua del marco jurídico de la Unión;

56.

Subraya la importancia de detener los cárteles por el bien de los ciudadanos y de las empresas europeas, en particular las pymes; anima a la Comisión a reestructurar los procedimientos administrativos en este aspecto para acelerar los procesos judiciales;

57.

Opina que las concentraciones propuestas entre las mayores empresas agroquímicas y de semillas del mundo llevarían aparejado el riesgo de aumento de los precios de las semillas y la reducción de la selección de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas; subraya que, si se producen dichas concentraciones, el 61 % del mercado mundial de semillas y el 65 % del mercado mundial de plaguicidas estaría controlado por solo tres empresas;

58.

Solicita a la Comisión que refuerce su acción a nivel mundial para garantizar que las normas de competencia de terceros países no entren en conflicto con las disposiciones de la Unión en detrimento de las empresas europeas;

59.

Pide a la Comisión que mantenga su sólido registro de aplicación de la legislación en materia de prácticas colusorias en todos los casos en los que existan pruebas suficientes de infracción; recuerda que la política de competencia permite a los competidores cooperar en materia de innovación, sin que dicha cooperación se utilice de forma abusiva con fines contrarios a la competencia; toma nota de las cinco decisiones del año pasado relativas a un total de aproximadamente 365 millones de euros en multas, como se registra en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a su informe sobre la política de competencia 2015;

60.

Opina que las disposiciones vigentes en materia de multas en caso de infracción pueden completarse con sanciones más severas contra los responsables; insta a la Comisión a que considere la posibilidad de complementar las multas por prácticas de concertación con la imposición de sanciones personales a los responsables de la toma de decisiones empresariales, así como de sanciones individuales a los empleados responsables de que su empresa vulnere en la práctica la normativa de competencia; de tal forma que la Comisión quedara facultada para imponer, cuando fuera necesario, medidas como la inhabilitación de los directores o sanciones pecuniarias personales;

61.

Expresa su convicción de que el recurso a la imposición de multas cada vez más cuantiosas como único instrumento de defensa de la competencia podría resultar una medida demasiado contundente; destaca que esa política de multas elevadas no debe servir de mecanismo alternativo de financiación presupuestaria; aboga por un enfoque de «premio y castigo», con sanciones que sirvan de medida disuasoria eficaz, en particular en caso de reincidencia, al tiempo que fomenta el cumplimiento;

62.

Observa que el número de concentraciones de empresas notificadas aumentó significativamente en 2015; pide, por lo tanto, que los servicios pertinentes reciban los recursos necesarios (mediante la redistribución interna del personal) que les permitan continuar gestionando esta situación de manera eficaz;

63.

Acoge con satisfacción la consulta llevada adelante recientemente por la Comisión sobre determinados aspectos procesales y jurídicos del control de fusiones en la Unión; insta a la Comisión a que estudie exhaustivamente, en el marco de la reforma prevista del Reglamento de control de fusiones, si la práctica actual de evaluación contempla lo suficiente las circunstancias dominantes en los mercados digitales y la internacionalización de los mercados; opina que deben adaptarse los criterios de aplicación para la evaluación de fusiones, sobre todo en la industria digital;

64.

Comparte la preocupación por las negociaciones en curso relativas a la fusión de Bayer AG y Monsanto Company Inc.; llama la atención sobre el hecho de que la fusión prevista crearía un oligopolio europeo y mundial potencial, si se permite que tenga lugar; hace hincapié en que dicha fusión podría dar lugar a una situación de monopolio en los mercados de las semillas y los plaguicidas, que son importantes para el sector agrícola; pide, por tanto, a la Comisión, que presente una evaluación ex ante del impacto de esta fusión en ese sector y pide una visión clara de la planificación temporal de la Comisión;

65.

Opina que es necesario incluir el precio de compra como criterio de aplicación en el control europeo de fusiones, puesto que las fusiones en los mercados digitales han puesto de manifiesto que los umbrales de aplicación en función de las ventas no son suficientes;

66.

Alienta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que establezca un marco europeo de coordinación de las autoridades nacionales en materia de competencia para el control de las concentraciones;

67.

Insta nuevamente a la Comisión a que controle exhaustivamente la transposición por parte de los Estados miembros de la Directiva 2014/104/UE sobre daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia; señala que esta Directiva deberá haberse transpuesto debidamente antes del 27 de diciembre de 2016; deplora que la transposición solo haya avanzado hasta el momento a paso lento y que muchos Estados miembros no hayan presentado hasta la fecha ningún proyecto de ley; insta a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, a que recuerde a los Estados miembros su obligación;

Aspectos sectoriales

68.

Acoge con satisfacción la Estrategia Marco de la Comisión para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva, y está de acuerdo con sus cinco dimensiones políticas interrelacionadas; destaca que las decisiones sobre el combinado energético es competencia de los Estados miembros;

69.

Celebra las diferentes investigaciones de defensa de la competencia, en especial las que conciernen a Gazprom y Bulgargaz, destinadas a garantizar la integración del mercado en la Unión de la Energía; lamenta, sin embargo, la práctica de algunos Estados miembros de adquirir gas a través de empresas extraterritoriales, lo que constituye un ejemplo típico de evasión fiscal y va en contra del correcto funcionamiento de la Unión de la Energía; destaca, asimismo, la importancia de impedir la creación de estructuras de mercado que podrían obstaculizar la competencia efectiva en el sector de la energía;

70.

Toma nota de los esfuerzos de la Comisión por fomentar la integración del mercado de las fuentes de energía renovables a fin de evitar las distorsiones de la competencia; destaca, no obstante, los compromisos jurídicamente vinculantes asumidos por los Estados miembros en la conferencia sobre el clima COP21, que no pueden cumplirse sin unas medidas (estatales) concretas para fomentar y financiar la producción y la utilización de energías renovables;

71.

Resalta que la política europea de competencia tiene un gran potencial para fomentar mejoras en el medio ambiente y la sociedad; observa con preocupación que el Gobierno húngaro distorsiona la competencia en el sector de las energías renovables imponiendo impuestos elevados e impidiendo el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética y energías renovables; pide a la Comisión que continúe apoyando la utilización de energías renovables en Europa con el fin de alcanzar los objetivos de medio ambiente establecidos en la estrategia de crecimiento de la Unión Europea con perspectiva de diez años, Europa 2020; solicita a la Comisión que siga apoyando la integración de los requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de contratación pública;

72.

Pide a la Comisión que revise íntegramente el Reglamento (UE) n.o 267/2010 de la Comisión de exención de ciertos acuerdos en el sector de seguros, ya que el intercambio de información necesaria para el cálculo de los riesgos y la cobertura en común de estos mejora la seguridad jurídica y la competitividad del sector, facilitando la entrada de nuevas empresas en el mercado, incrementando la elección para los consumidores y mejorando las condiciones económicas;

73.

Señala la necesidad de distinguir, desde el punto de vista conceptual y político, entre las normas de competencia y la política social de los respectivos Estados miembros; reconoce que todo Gobierno tiene la obligación de intervenir para evitar la pobreza energética de sus ciudadanos;

74.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reduzcan las cargas fiscales de los productos energéticos y que luchen de manera eficaz contra la pobreza energética;

75.

Recuerda que el sistema energético es una infraestructura en red que requiere un tratamiento especial, que permita y favorezca además el autoconsumo;

76.

Observa que los monopolios gubernamentales existentes, como los monopolios de juegos, pueden llevar a prácticas desleales y contrarias a la competencia; llama la atención sobre el riesgo de que, al proporcionar licencias sin licitaciones de concesión o a través de licitaciones de concesión no transparentes y cuestionables, los gobiernos de los Estados miembros pueden favorecer a unas empresas más que a otras y crear así un entorno muy contrario a la competencia; solicita a la Comisión que supervise de forma estricta los monopolios gubernamentales existentes y la legalidad de las licitaciones de concesión a fin de evitar cualquier distorsión excesiva de la competencia;

77.

Solicita a la Comisión que proponga cambios en el Reglamento (CE) n.o 261/2004 para garantizar la misma protección para los pasajeros aéreos que vuelen desde terceros países, independientemente de si el transportista aéreo es de la Unión o no;

78.

Recuerda que el artículo 42 del TFUE otorga un estatuto particular al sector agrícola en materia de aplicación del Derecho de la competencia, confirmado en la última reforma de la PAC mediante la introducción de una serie de excepciones y exenciones con respecto a lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE; estima que la actual crisis en el sector agrícola está empeorando la situación de los agricultores, cuya posición ya era débil, en la cadena agroalimentaria;

79.

Considera que las actividades colectivas de las organizaciones de productores y sus asociaciones, como la planificación de la producción y la negociación de la venta y, en su caso, las negociaciones de términos contractuales, son necesarias para lograr los objetivos de la PAC definidos en el artículo 39 del TFUE, por lo que, en principio, deben beneficiarse de una presunción de compatibilidad con el artículo 101 del TFUE; toma nota de que no se aprovechan al máximo las excepciones actuales y de que su falta de claridad, las dificultades a la hora de ponerlas en práctica, y la falta de uniformidad en su aplicación por parte de las autoridades nacionales de competencia priva a los agricultores y a sus organizaciones de una seguridad jurídica suficiente, impidiéndoles organizarse por sí mismos, y socavando el buen funcionamiento del mercado interior; pide, por tanto, a la Comisión que mejore los instrumentos disponibles velando por que la política de competencia tenga más en cuenta las especificidades del sector agrícola y clarificando debidamente el alcance de la excepción general agrícola, las normas específicas para los sectores de la leche, del aceite de oliva, de la carne de vacuno y de los grandes cultivos, así como las excepciones específicas contempladas en el artículo 101, apartado 3, del TFUE;

80.

pide a la Comisión que luche, y que adopte medidas reglamentarias vinculantes a escala de la Unión, contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, que perjudican a los agricultores y a los consumidores; pide a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia que den respuesta a la inquietud generada por el efecto conjunto de la rápida concentración de la distribución a escala nacional y la formación de alianzas entre los principales distribuidores a escala europea e internacional, tanto en los eslabones iniciales de la cadena agroalimentaria como en distribuidores y consumidores; toma nota de que esta evolución estructural podría dar lugar a la volatilidad de los precios y la reducción de los ingresos de los agricultores, y es motivo de preocupación por la posibilidad de alineaciones estratégicas, reducción de la competencia y reducción de los márgenes de inversión en innovación en la cadena agroalimentaria;

81.

Destaca que la política de competencia defiende los intereses de los consumidores pero no tiene en cuenta los de los productores agrícolas; destaca que la política de competencia debe conceder a la defensa de los intereses de los productores agrícolas la misma importancia que otorga a la defensa de los intereses de los consumidores, garantizando unas condiciones equitativas de competencia y acceso al mercado interior para fomentar la inversión, el empleo y la innovación, la viabilidad de las empresas agrícolas y un desarrollo equilibrado de las zonas rurales en la Unión;

82.

Insiste en que el concepto de «precio justo» no debe considerarse solamente como como el precio más bajo posible para el consumidor, sino que debe ser razonable y permitir una remuneración justa para todas las partes de la cadena agroalimentaria;

83.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes por agricultores de distintos Estados miembros en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para las OCM y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101, apartado 3, del TFUE; pide a la Comisión que aclare en particular si los acuerdos de sostenibilidad establecidos en la cadena agroalimentaria para atender a demandas societales y cuyas medidas rebasan las obligaciones legales pueden quedar exentos de la legislación sobre competencia en caso de que contribuyan a mejorar la producción y promover la innovación, beneficiando al mismo tiempo a los consumidores;

84.

Pide a la Comisión que adopte un enfoque más amplio para definir «posición dominante» y el abuso de una posición dominante por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización;

85.

Considera que, en el marco de un mercado agrícola único, el concepto de «mercado de referencia» debe evolucionar y entenderse ante todo desde la perspectiva del conjunto de la Unión antes de tener en cuenta niveles inferiores, a fin de no contrarrestar los esfuerzos de concentración de la oferta agrícola compartimentando de manera restrictiva las actividades que pueden emprender las explotaciones;

86.

Considera que debe garantizarse a los agricultores de todos los sectores de producción el derecho de negociación colectiva, incluido el derecho de acordar precios mínimos;

87.

Considera que los agricultores deben participar plenamente en organizaciones de productores y aprovechar su potencial, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de productores y sus asociaciones y los organismos intersectoriales; pide a la Comisión que propicie que estos instrumentos colectivos de autoayuda acrecienten sus competencias y su eficiencia aclarando y simplificando las normas que les son aplicables a fin de reforzar su capacidad de negociación y su competitividad, dentro del respeto de los principios establecidos en el artículo 39 del TFUE;

88.

Pide a la Comisión que vele por una rápida aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento único para las OCM en periodos de desequilibrios graves en los mercados y asimismo que analice la eficiencia de esta medida en su aplicación al mercado de productos lácteos con miras a proponer más adaptaciones transitorias de la legislación en materia de competencia y procedimientos para dichos periodos;

89.

Acoge con satisfacción, a este respecto, la reciente publicación de directrices sobre aplicación de estas normas específicas; considera, no obstante, que su alcance jurídico es excesivamente limitado y los criterios que deben cumplirse son demasiado estrictos y diferentes de un sector a otro, por lo que no aportan la necesaria claridad y seguridad jurídica a los agricultores que deseen acogerse a estas excepciones;

90.

Considera que la categoría de mercado de referencia no se adapta por completo a la situación actual del sector del aceite de oliva, por lo que debe considerarse como un mercado único para los consumidores con miras a mejorar la aplicación de las disposiciones del artículo 169 del Reglamento único para las OCM;

91.

Considera que, habida cuenta de las variaciones en la producción de aceite de oliva, debidas principalmente a las condiciones meteorológicas, y al objeto de garantizar los objetivos de los miembros de las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores, deben tomarse en consideración los casos en los que las organizaciones de productores se ven forzadas a adquirir aceite de oliva de productores que no son sus miembros, garantizando al mismo tiempo la naturaleza auxiliar de esta actividad respecto de la comercialización de los productos de sus propios miembros;

92.

Propone ampliar el ámbito de aplicación de las normas del artículo 170 relativas a la producción de carne de vacuno al sector del engorde a fin de garantizar una mejor aplicación;

93.

Se congratula, en el contexto del fin de las cuotas en el sector del azúcar, del mantenimiento de un marco contractual (13) entre los productores de remolacha, sus organizaciones y las empresas azucareras, que les permite, en particular, negociar en términos de reparto del valor en función de la evolución del mercado del azúcar u otras materias primas; pide a los Estados miembros que garanticen que esta posibilidad se ofrezca a todos los operadores del sector a fin de alcanzar los objetivos del Reglamento único para las OCM y con ello un equilibrio justo de derechos y obligaciones entre las empresas azucareras y los productores de remolacha azucarera;

94.

Insta a la Comisión Europea a evaluar la influencia que los distribuidores ejercen sobre las empresas que fabrican sus productos de marca propia;

95.

Reitera la posición del Parlamento (14) en favor de la adopción de legislación marco a nivel de la Unión para hacer frente a prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria; destaca que esta legislación debe garantizar que los agricultores y los consumidores de la Unión tengan la oportunidad de disfrutar de unas condiciones equitativas de venta y compra;

96.

Estima que la implementación plena y satisfactoria del «Paquete lácteo» (15) es esencial para fortalecer el sector lácteo, y pide a la Comisión que proponga que el «Paquete lácteo» siga aplicándose más allá de mediados de 2020 y evalúe si se podrían ampliar sus normas a otros sectores de la agricultura;

97.

Toma nota de las conclusiones del estudio titulado «Impacto económico de la venta moderna al por menor sobre las posibilidades de elección y la innovación en el sector alimentario en la Unión Europea», de la Dirección General de la Competencia, incluida la posible relación negativa que puede existir entre innovación y penetración de productos con etiquetas privadas en el mercado alimentario; pide a la Comisión que presente al Parlamento el conjunto de conversaciones en curso para determinar si esa relación negativa realmente reduce la innovación y la variedad de los productos disponibles para los consumidores, así como cuáles serían sus consecuencias a largo plazo para la cadena alimentaria y la situación de los agricultores;

98.

Reitera la necesidad de desarrollar progresivamente el marco de competencia de la UE con objeto de incluir en el seguimiento de la cadena de suministro alimentario en Europa los indicadores de la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluidos los indicadores correspondientes a las rúbricas «Precios justos y contratos transparentes» (S2.1.1.) y «Derechos de los proveedores» (S2.2.1);

99.

Hace hincapié en que una imposición excesiva a cualquier industria podría destruir fácilmente la competencia y sería contraria a los intereses de los consumidores;

100.

Solicita que se siga desarrollando el instrumento de supervisión a nivel europeo de los precios de los alimentos para mejorar la detección de crisis en el sector agroalimentario a través de datos mejores y más desglosados; destaca, en este aspecto, la necesidad de la participación de las organizaciones de agricultores en la definición y la recogida de datos;

101.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta los efectos de posibles distorsiones del mercado derivadas de acuerdos comerciales con terceros países que afectarían a los productores agrícolas en Europa, dada su delicada situación financiera y el papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad; estima que la Comisión debe prestar especial atención a los acuerdos con países que disponen de muchos menos reglamentos agrícolas y sanitarios que la Unión;

102.

Pide a la Comisión que investigue la naturaleza y sustancia de las distorsiones en el mercado minorista, y que incluya los posibles efectos de las restricciones territoriales de suministro en los distribuidores, dado que las distorsiones provocan la fragmentación del mercado, así como la posibilidad de que los grandes supermercados adquieran una posición dominante en el mercado y provoquen distorsiones de la competencia en las cadenas de distribución; hace hincapié en la importancia de que todas las partes interesadas proporcionen la información pertinente; insta a la Comisión a empezar a investigar de nuevo las cuestiones de fijación de precios al consumo;

103.

Opina que la Comisión debería reforzar aún más los vínculos entre la política de competencia y la política de transportes; toma nota de que en el Informe Especial n.o 21/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo se afirma que, aparte de los casos específicos de aeropuertos en zonas remotas, la conectividad en Europa debería estar basada en la sostenibilidad económica; deplora el hecho de que las inversiones en los aeropuertos no siempre hayan arrojado los resultados previstos; pide, por consiguiente, a la Comisión que identifique los proyectos de desarrollo aeroportuario concluidos con éxito y fallidos; solicita a la Comisión que revise el Reglamento (CE) n.o 868/2004 a fin de reforzar la posición competitiva de la industria de la aviación de la Unión, impedir con mayor efectividad la competencia desleal, garantizar la reciprocidad y eliminar las prácticas desleales, entre ellas las subvenciones y las ayudas estatales que se han concedido a compañías aéreas de determinados terceros países; Pide a la Comisión que investigue si determinadas prácticas —basadas en los acuerdos bilaterales existentes de servicios aéreos firmados por los Estados miembros con países no pertenecientes a la Unión Europea—van en detrimento de la competencia leal entre las compañías y los aeropuertos, y en contra de los intereses de los consumidores europeos; pide asimismo a la Comisión que aborde de forma efectiva las prácticas contrarias a la competencia que pueden mermar la capacidad de los consumidores europeos para usar una variedad de canales en línea, incluidos los servicios de comparación a través de metabuscadores y las agencias de viajes en línea;

104.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que muestren una mayor voluntad política de continuar con la profundización y el refuerzo del mercado único para los transportes y la instauración de unas condiciones iguales para todos, con el fin de garantizar una competencia abierta y leal entre los operadores públicos y privados en los sectores del transporte, postal y del turismo sin dejar de respetar otras políticas, objetivos y principios de la Unión, por ejemplo la dimensión social, condición importante para el buen funcionamiento del mercado interior del transporte;

105.

Destaca la importancia de la conectividad y de las infraestructuras de transporte para la supervivencia, el desarrollo económico y la prestación de servicios públicos y privados en regiones periféricas y remotas;

106.

Espera, por tanto, que se complete la red global RTE-T;

107.

Subraya que la necesidad de garantizar una protección más efectiva de los derechos de los trabajadores en el sector del transporte frente a los abusos no debe constituir un pretexto para restringir la libre competencia entre operadores de distintos Estados miembros; aboga por que la Comisión respete los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el diseño de leyes que influyan significativamente en el funcionamiento del mercado único de los servicios de transporte;

108.

Toma nota de los retos que afrontan los operadores postales en relación con la creación del mercado único digital; subraya que el éxito de este ambicioso proyecto, en particular en el ámbito del comercio electrónico, depende en gran medida de cómo se organice el mercado de servicios postales de paquetería; subraya la necesidad de garantizar unas condiciones justas y equitativas de competencia transfronteriza para las entidades privadas y los operadores públicos que presten servicios comerciales;

109.

Resalta que toda política de competencia debe respetar los derechos sociales de todos los operadores de los sectores afectados;

110.

Pone de relieve que, con frecuencia, los Estados miembros aplican la legislación de transporte de la Unión de modo deficiente y no respetan los principios de los Tratados, en especial allí donde la administración central se encarga de su gestión de manera monopolista; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen y hagan cumplir correctamente la legislación de la Unión vigente, que es fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior y aportará nuevos beneficios a las empresas y al sector, a los consumidores, a las condiciones sociales de los trabajadores y al medio ambiente;

111.

Destaca la importancia de suprimir los obstáculos físicos, técnicos y normativos entre Estados miembros para evitar la fragmentación dentro del mercado único y facilitar la movilidad transfronteriza y la cooperación territorial y, de este modo, estimular la competencia;

112.

Llama la atención de la Comisión sobre los obstáculos indirectos para la competencia que surgen de la disparidad de normas sobre tributación, seguridad, diferencias entre los períodos de conducción y de descanso, derechos de homologación y de los pasajeros;

113.

Reconoce los progresos en los sectores del transporte y el turismo de las tecnologías digitales, que promueven la competencia, crean empleo, facilitan el acceso de las pymes a mercados más extensos y aportan beneficios tangibles a los consumidores; señala que la digitalización y un desarrollo positivo de la economía colaborativa traerán cambios significativos al entorno operativo de estos sectores, y que es necesario un marco jurídico claro y adecuado para aprovechar los beneficios del proceso de digitalización;

114.

Subraya que quienes operan sobre la base de nuevos modelos de negocio influyen positivamente en el mercado de los servicios de transporte y turísticos de la Unión, en particular mediante la mejora del acceso y la calidad de estos servicios;

115.

Celebra la voluntad de la Comisión de negociar acuerdos exteriores en materia de aviación con varios países y regiones importantes del mundo; considera que estos acuerdos no solo mejorarán el acceso al mercado, sino que también crearán nuevas oportunidades de negocio para el sector europeo de la aviación, sin parangón en el mundo, crearán empleo de calidad, mantendrán unos estrictos niveles de seguridad, tomarán en consideración los derechos de los trabajadores del sector y beneficiarán a los consumidores; destaca que el Parlamento desempeña un papel importante en estas negociaciones;

116.

Pide a la Comisión que, en el marco de la negociación de acuerdos exteriores en materia de aviación, incluya una cláusula de competencia leal a fin de garantizar la igualdad de condiciones;

117.

Considera que en el ámbito de los servicios portuarios es necesario crear un marco normativo cada vez más abierto, competitivo y transparente para los puertos públicos europeos, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades de empleo;

118.

Cree que el aumento de la competencia provocado por la apertura gradual del mercado europeo del transporte de mercancías por carretera puede ser beneficioso para los consumidores, pero condena firmemente el hecho de que determinadas medidas aplicadas por algunos Estados miembros estén dañando la integridad del mercado único en este ámbito; apoya la posición de la Comisión, que se opone a estas medidas;

119.

Espera que esta apertura del mercado de transporte de mercancías no provoque más dumping social, y deplora asimismo el fenómeno de las compañías ficticias;

120.

Lamenta, además, que la política de la Unión no tenga debidamente en cuenta las furgonetas más pequeñas, a pesar de que cada vez se utilizan más para eludir la correcta aplicación de la legislación sobre empleo, seguridad y protección medioambiental;

121.

Invita a la Comisión a supervisar estrechamente las tendencias oligopolistas de dumping de los precios, en particular en la aviación, así como en los sectores de largo recorrido/autobuses de línea, e insiste en la correcta aplicación de la legislación europea y la igualdad de condiciones de competencia intermodal;

122.

Pide que concluyan rápidamente las negociaciones sobre el cuarto paquete ferroviario, y opina que con ello seguirá abriéndose el transporte ferroviario de pasajeros a la competencia y mejorará la eficiencia del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo la calidad y la continuidad de las obligaciones de servicio público;

123.

Acoge favorablemente la adopción del pilar técnico del cuarto paquete ferroviario, y cree que este reforzará la seguridad ferroviaria, eliminando al mismo tiempo las barreras técnicas a la competencia mediante la interoperabilidad;

124.

Subraya la importancia del turismo como motor esencial del crecimiento económico y la creación de empleo, y pide a la Comisión un enfoque proactivo que promueva la competitividad del sector turístico europeo y cree un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo;

125.

Destaca que los servicios postales, y sobre todo la paquetería transfronteriza, revisten una importancia fundamental para el desarrollo del sector del comercio electrónico en la Unión; celebra la investigación antimonopolio de la Comisión en el sector del comercio electrónico y anima a la Comisión a que continúe supervisando el desarrollo de los mercados de correos y paquetes;

126.

Destaca la necesidad de financiar los proyectos de transporte sostenible, accesible y seguro que puedan ayudar a mejorar el funcionamiento de todo el sistema de transporte europeo;

127.

Pide que se utilicen los fondos europeos, como el Mecanismo «Conectar Europa», los Fondos de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Horizonte 2020, para desarrollar las infraestructuras europeas de transporte y mejorar la cantidad y la calidad de los servicios;

128.

Pide a los Estados miembros que presten la atención suficiente a la conclusión de proyectos de infraestructura transfronterizos y que coordinen sus planes de transporte principales con los Estados miembros vecinos;

129.

Considera importante que se utilicen plenamente los instrumentos financieros innovadores, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que pueden financiar proyectos en el sector de los transportes en apoyo del crecimiento y la competitividad; destaca, no obstante, que los recursos destinados al FEIE no deben obtenerse en detrimento del MCE y Horizonte 2020, instrumentos fundamentales para el desarrollo de un mercado común en el sector de los transportes;

130.

Subraya que una total apertura del mercado del transporte ferroviario puede generar numerosos beneficios a los operadores y los pasajeros en todos los Estados miembros; señala, sin embargo, la necesidad de tomar en consideración en este proceso los distintos niveles de desarrollo de la infraestructura ferroviaria en los Estados miembros; subraya la necesidad de mantener en el próximo marco financiero plurianual el nivel actual de inversión, a fin de reducir las diferencias en la infraestructura ferroviaria.

131.

Subraya que la necesidad de garantizar una protección más efectiva de los derechos de los trabajadores en el sector del transporte frente a los abusos no debe constituir un pretexto para restringir la libre competencia entre operadores de distintos Estados miembros; aboga por que la Comisión respete los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el diseño de leyes que influyan significativamente en el funcionamiento del mercado único de los servicios de transporte;

132.

Alienta a la Comisión a que facilite métodos analíticos para la definición de nuevos mercados pertinentes a la vista de la digitalización de la economía, y en particular del fenómeno de convergencia de las tecnologías, y la utilización comercial de los datos personales a gran escala;

133.

Pide a los Estados miembros que, para garantizar una competencia real entre las empresas europeas de transporte por carretera, eliminen cualquier concesión de carreteras que circunden zonas urbanas cuando tales concesiones conlleven el pago de peajes;

134.

Pide a la Comisión que investigue los presuntos casos de fraude en materia de IVA en el sector de la carne de cerdo; lamenta que la Comisión no haya iniciado aún una investigación de este asunto a pesar de las quejas que ha recibido por parte de las asociaciones de agricultores;

135.

Considera que las cuentas corrientes y de ahorro no deben traer aparejado el pago de comisiones para el usuario salvo que estén ligadas a servicios específicos;

136.

Reitera su preocupación (expresada en su Resolución de 11 de junio de 2013 sobre la vivienda social en la Unión Europea (16)) acerca de la definición restrictiva de vivienda social que utiliza la Comisión en el ámbito de la política de competencia; pide a la Comisión que clarifique esa definición sobre la base de un intercambio de mejores prácticas y experiencia entre los Estados miembros, teniendo en cuenta el hecho de que la vivienda social está diseñada y gestionada de diferentes maneras en los distintos Estados miembros, regiones y comunidades locales;

137.

Lamenta la falta de una reacción rápida y decisiva de la Comisión Europea ante el intento de algunos Estados miembros de limitar la libre competencia en el sector del transporte; pide que se ponga fin a este tipo de prácticas y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar un acceso igualitario al mercado único en igualdad de condiciones a los agentes de todos los Estados miembros que operan en este sector;

138.

Entiende que es importante asegurar la competencia en el mercado intraeuropeo de los servicios financieros, incluyendo los seguros, lo que requiere asegurar la capacidad para la adquisición transfronteriza de los mismos;

139.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que publique los resultados de las investigaciones en curso sobre prácticas competitivas en los ámbitos del suministro de alimentos, la energía, el transporte y los medios de comunicación;

140.

Rechaza la exigencia de que los usuarios estén domiciliados en el Estado miembro donde esté domiciliada la entidad financiera o aseguradora en cuestión a efectos de prestación de servicios, dado que esto resulta incompatible con el objetivo de un mercado interior de servicios financieros al por menor;

141.

Solicita que se investiguen inmediatamente los problemas de competencia que surgen de la industria del deporte de fórmula 1;

142.

Pide a la Comisión que, al desarrollar y aplicar la política de competencia, tenga en cuenta el hecho de que las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas constituyen la gran mayoría de empresas de la Unión; subraya, en este contexto, la necesidad de unas normas de competencia simplificadas para los negocios más pequeños que deseen operar en línea y a escala transfronteriza en el mercado único;

143.

Recuerda, asimismo, a la Comisión, que las entidades financieras persisten en la práctica de cancelar el uso de tarjetas de pago cuando el titular se traslada a otro Estado miembro, y pide que se tomen medidas en este terreno, también alertando a las autoridades nacionales;

144.

Subraya la necesidad de asegurar el acceso a los medicamentos combatiendo los abusos de la industria farmacéutica; observa la necesidad de fomentar la utilización de medicamentos genéricos, cuando estén disponibles, en los sistemas sanitarios de los Estados miembros;

145.

Destaca que el acceso a efectivo a través de cajeros automáticos es un servicio esencial que debe ser facilitado, debe estar libre de prácticas discriminatorias, anticompetitivas y abusivas, y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a unos costes excesivos;

146.

Subraya la necesidad de luchar contra los boicots colectivos desleales, definidos como una situación en la que un grupo de competidores acuerdan excluir a un competidor real o potencial, en tanto que restricciones de la competencia por el objeto;

147.

Expresa su preocupación por los escándalos de «puertas giratorias» que afectan a las autoridades de la Unión, y, en particular, el caso de la antigua comisaria de competencia Neelie Kroes, que no solo hará presión en relación con Uber sino que también se ha visto afectada por las revelaciones de las filtraciones de Bahamas;

Autoridades nacionales de competencia más eficaces en la Unión

148.

Acoge con satisfacción la aplicación descentralizada en Europa de las normas en materia de competencia de la Unión, pero considera que la eficacia de la protección de los ciudadanos y las empresas frente a prácticas contrarias a la competencia no debe depender únicamente del Estado miembro en el que residen; opina que el Reglamento (CE) n.o 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, ha sido una contribución fundamental a la creación de condiciones de partida equitativas para las empresas de todo el mercado único europeo; destaca, no obstante, que siguen existiendo diferencias entre los sistemas nacionales y las autoridades nacionales de defensa de la competencia, sobre todo en lo que respecta a la independencia, la fijación de multas administrativas y los programas de clemencia; considera que unas disposiciones procesales igualitarias y efectivas son esenciales para aplicar el Derecho en materia de prácticas colusorias en la Unión con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica a consumidores y empresas; insta a las autoridades de defensa de la competencia de los Estados miembros a que hagan un amplio uso de las posibilidades de la cooperación europea en el marco de la Red Europea de Competencia (REC);

149.

Considera, por tanto, vital que las autoridades nacionales de competencia de la Unión dispongan de los medios e instrumentos necesarios para aplicar de manera eficaz la normativa en materia de competencia de la Unión, incluidos los instrumentos para detectar, combatir y sancionar las infracciones y los programas de clemencia que resultarán indispensables para que las empresas faciliten información sobre cárteles en toda Europa;

150.

Reitera que la independencia de las autoridades nacionales de competencia reviste una importancia fundamental, y que ello incluye garantizar que disponen de los recursos que necesitan para desempeñar sus funciones;

151.

Acoge con satisfacción, en este sentido, el procedimiento de consulta iniciado por la Comisión, que probablemente conducirá a una propuesta legislativa para fortalecer los instrumentos de aplicación y de sanción de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, la denominada REC+; reitera que la aplicación por parte de múltiples autoridades en el mismo caso o en casos relacionados presenta el riesgo de actuar de forma superpuesta e incoherente, lo que reduce la seguridad jurídica y genera unos costes innecesarios para las empresas; pide, por tanto, a la Comisión que presente una propuesta de acción proactiva de la Unión con objeto de garantizar que las autoridades nacionales de competencia sean más eficaces en la aplicación de las normas de forma coherente y convergente, de manera que pueda desarrollarse todo el potencial del sistema descentralizado de aplicación de la normativa en materia de competencia de la Unión; pide que se asocie plenamente al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de codecisión;

152.

Destaca que, en un mundo globalizado, la cooperación internacional entre las autoridades de defensa de la competencia es indispensable; apoya, por tanto, la participación activa de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia en la Red Internacional de Competencia; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de celebrar con otros terceros países acuerdos en materia de competencia que permitan el intercambio de información entre las autoridades de competencia que lleven a cabo una investigación; subraya, en este sentido, que los actuales acuerdos en materia de competencia celebrados con Suiza y con Canadá pueden servir de modelo para futuros acuerdos de este tipo; considera asimismo que los acuerdos comerciales y de inversión internacionales deben constar de una sección sólida sobre competencia;

153.

Invita a la Comisión a evaluar, sin comprometer la independencia de las autoridades nacionales de competencia, los diferentes niveles de sanciones nacionales que existen para las infracciones en los Estados miembros, y a valorar la posibilidad y la conveniencia de racionalizar estas diferencias;

154.

Considera fundamental que la Comisión siga promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades nacionales de competencia de la Unión;

155.

Subraya que la independencia de la DG Competencia reviste una importancia capital a la hora de lograr sus objetivos de manera satisfactoria; aboga de nuevo por una rigurosa separación entre los servicios que elaboran directrices y aquellos que tienen la responsabilidad de aplicarlas; pide a la Comisión que asigne a la DG Competencia suficientes recursos financieros y humanos; solicita que la Comisión esté suficientemente equipada con ingenieros que dispongan de las habilidades técnicas necesarias para investigar a las empresas de alta tecnología; insta a la Comisión a que armonice las normas éticas del equipo del economista jefe de la DG Competencia con las de otros funcionarios de la Comisión;

Fortalecimiento democrático de la política de competencia

156.

Celebra los esfuerzos de la Sra. Vestager, actual comisaria responsable de la competencia, por establecer un diálogo estructurado periódico con el Parlamento, en especial con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y el grupo de trabajo sobre la política de competencia; solicita a la Comisión que proporcione una respuesta más completa a las peticiones específicas realizadas en el informe anual sobre competencia del Parlamento; estima que un diálogo estructurado específico podría contribuir a un proceso de seguimiento más exhaustivo de los respectivos informes anuales sobre competencia;

157.

Celebra las iniciativas de consulta al público emprendidas por la Comisión en el marco de la aplicación del control de las concentraciones y pide que se debatan los resultados con el Parlamento;

158.

Pide que se amplíe el diálogo entre las instituciones europeas y las autoridades nacionales de competencia, en particular a intercambios de puntos de vista con las comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo;

159.

Reitera la petición a la Comisión de integrar las directrices sobre multas administrativas en una legislación vinculante;

La dimensión internacional de la política de competencia

160.

Celebra el hecho de que la Comisión esté comprometida a un diálogo abierto y constructivo sobre temas de competencia a nivel mundial; acoge con satisfacción los avances logrados en las disposiciones relativas a la competencia de algunos acuerdos de libre comercio, pero insta también a la Comisión a que continúe trabajando para incluir unas disposiciones relativas a la competencia y las ayudas estatales en las negociaciones de todos los acuerdos de libre comercio;

161.

Destaca que la competencia leal en el ámbito del comercio, los servicios y las inversiones tiene un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la Unión y sus socios comerciales; pide a la Comisión y al Consejo que terminen con celeridad su trabajo de modernización de los instrumentos de defensa comercial necesarios para garantizar la competencia leal en el mercado de la Unión, y opina que los acuerdos comerciales deben abordar sistemáticamente el reto que plantean las prácticas comerciales desleales en terceros países;

162.

Pide a la Comisión que colabore con sus socios comerciales para garantizar una mayor apertura de sus mercados a las empresas de la Unión, en especial en los sectores de la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la contratación pública y los servicios, incluidos los servicios prestados en el ejercicio de profesiones reguladas;

163.

Pide a la Comisión que incluya disposiciones ambiciosas en materia de competencia en todos los acuerdos comerciales y que lleve a cabo un seguimiento eficaz que permita comprobar si las partes aplican adecuadamente dichas disposiciones respetando todas las normas, incluidas las disposiciones relativas a las ayudas estatales, y respetando a todos los agentes económicos, incluidas las empresas estatales;

164.

Hace hincapié en la importancia de apoyar la labor de los países en desarrollo en la promoción y aplicación prácticas de las normas en materia de competencia;

165.

Pide a la Comisión que apoye la labor de creación de una base datos completa y de fácil uso que contenga disposiciones en materia de competencia recopiladas a partir de acuerdos de libre comercio, y de cuya gestión podría encargarse la Secretaría de la OMC;

166.

Celebra los progresos registrados en la Conferencia Ministerial de la OMC de Nairobi en materia de reducción de las subvenciones a las exportaciones con objeto de garantizar una competencia no falseada en los mercados internacionales de los productos agrícolas; destaca, en este contexto, la sensibilidad del sector agrícola y la necesidad de tomar medidas claras y efectivas, también en el marco de los acuerdos de la OMC, que permitan a los productores europeos seguir siendo competitivos en los mercados internacionales;

167.

Reitera que la igualdad de acceso a los recursos naturales, incluidas las fuentes de energía, es un factor esencial para garantizar una competencia leal y equitativa en el mercado mundial, y pide a la Comisión que en los acuerdos comerciales incluya disposiciones que mejoren el acceso a estos recursos, entre ellas disposiciones sobre las prácticas contrarias a las normas de competencia que adoptan las empresas estatales, así como en materia de no discriminación y tránsito.

168.

Destaca que la política de competencia es parte importante del mercado interior, como establecen los Tratados; reitera que es necesario un mercado único competitivo y que funcione plenamente para impulsar el crecimiento sostenible, el empleo y la innovación en la Unión, y que los esfuerzos por preservar la libre competencia en el conjunto de la Unión redundan en interés de los consumidores, las empresas emergentes y las pymes; considera que la aplicación de la legislación europea no debe verse debilitada por la utilización de EU Pilot en lugar de unos procedimientos formales de infracción, y que es necesaria para intentar preservar la competencia;

169.

Anima a la Comisión a no dirigir todos sus esfuerzos por garantizar una competencia leal a los casos de gran repercusión mediática contra grandes empresas muy conocidas; recuerda a la Comisión que la aplicación de la competencia justa también es importante para las pymes;

170.

Pide que se refuerce la libertad de elección de los consumidores; considera que el derecho de la portabilidad de datos incluido en el Reglamento general de protección de datos constituye un buen enfoque para reforzar tanto los derechos de los consumidores como la competencia; destaca la necesidad de examinar cómo puede garantizarse la interoperabilidad entre las redes digitales mediante estándares e interfaces abiertos;

171.

Pide a la Comisión que examine y corrija la situación de los minoristas independientes, a quienes la legislación en materia de competencia permite trabajar juntos en sus establecimientos físicos pero que son acusados de competencia desleal si ofrecen sus productos de manera conjunta en el comercio electrónico;

172.

Pide a la Comisión que garantice que las normas de contratación pública de la Unión se aplican de manera oportuna, en particular en cuanto a la implantación de la contratación pública electrónica y las nuevas disposiciones por las que se favorece la subdivisión de los contratos en lotes, lo cual es fundamental para fomentar la innovación y la competencia y apoyar a las pymes en los mercados de contratación pública;

173.

Pide a la Comisión que evite crear monopolios o cadenas de valor cerrado mediante la estandarización; considera que debe introducirse un proceso de apelación para revisar los estándares allá donde puedan suponer un riesgo para la competitividad;

174.

Manifiesta su preocupación por el nivel de concentración en algunos sectores, como el químico, a la luz de las recientes fusiones; pide a la Comisión que explique de qué manera autoriza la posibilidad de entrada en el mercado, en especial para las empresas emergentes; pide a la Comisión que examine si el poder de mercado de una empresa resultante de la información y los datos, el manejo de dicha información y dichos datos por parte de la empresa, y el número de usuarios deben tenerse en cuenta como un criterio de las pruebas para el control de fusiones; pide que se considere si la fusión de datos e información, en especial sobre clientes, puede provocar una distorsión de la competencia;

175.

Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial para impulsar la innovación y la inversión en redes, así como para la elección de servicios para los consumidores; considera la rápida expansión de la banda ancha como clave para completar el mercado único digital; acoge con satisfacción, en este contexto, que la Comisión valore los objetivos de conectividad estratégica, establecidos en el paquete de telecomunicaciones, al aplicar las guías de ayuda estatales a la banda ancha;

176.

Se remite al último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, relativo al incumplimiento de las normas en materia de ayuda estatal en la política de cohesión, en el que se observa un significativo nivel de incumplimiento y se pide la aplicación de ciertas recomendaciones; expresa su preocupación ante estas constataciones, pues perjudican al buen funcionamiento del mercado interior, y, por lo tanto, pide a la Comisión que tome en consideración las recomendaciones formuladas por el Tribunal y redoble sus esfuerzos para evitar otros defectos;

177.

Apoya las acciones de la Comisión relativas a la aplicación de la legislación de lucha contra las prácticas colusorias, como las acciones recientes en sectores de los alimentos al por menor y de unidades de discos ópticos, a fin de garantizar unos precios justos para los consumidores;

178.

Solicita a la Comisión que examine si hay discrepancias en relación con la venta de productos en el mercado único, lo que podría repercutir negativamente sobre los productores locales, especialmente las pymes;

179.

Recuerda que, en su Resolución sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE 2014, el Parlamento pidió a la Comisión Europea que vigilara de cerca las alianzas de los grandes distribuidores en Europa, y celebra la voluntad de la Comisión de debatir el impacto de estas alianzas en los productores y consumidores en el marco de la Red Europea de Competencia;

o

o o

180.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las autoridades nacionales y, en su caso, regionales de competencia.

(1)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0310.

(2)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0292.

(3)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0346.

(4)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0004.

(5)  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0051.

(6)  DO L 123 de 19.5.2015, p. 1.

(7)  DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.

(8)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(9)  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0394.

(10)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.

(11)  DO L 335 de 18.12.2010, p. 43.

(12)  Informe Especial n.o 24/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Son necesarios más esfuerzos para dar a conocer mejor y hacer cumplir la normativa sobre ayudas estatales en la política de cohesión» http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_ES.pdf

(13)  Reglamento delegado (UE) 2016/1166 de la Comisión de 17 de mayo de 2016 que modifica el anexo X del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de compra de remolacha en el sector del azúcar a partir del 1 de octubre de 2017 (DO L 193 de 19.7.2016, p. 17).

(14)  Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (P8_TA(2016)0250).

(15)  Reglamento (UE) n.o 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 94 de 30.3.2012, p. 38).

(16)  DO C 65 de 19.2.2016, p. 40.


Top