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Document 52017XC1006(02)

Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas

OJ C 335, 6.10.2017, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 335/1


Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas

(2017/C 335/01)

ÍNDICE

Lista de abreviaturas 5
PREFACIO 9
INTRODUCCIÓN 10

1.

Descripción general de la orden de detención europea (ODE) 10

1.1.

Contexto de la ODE 10

1.2.

Definición y características principales de la ODE 10

1.3.

Formulario de la ODE 11
PARTE I: EMISIÓN DE UNA ODE 12

2.

Requisitos para la emisión de una ODE 12

2.1.

Ámbito de aplicación de la ODE 12

2.1.1.

Ejercicio de acciones penales 12

2.1.2.

Ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad 12

2.1.3.

Requisito de una sentencia judicial firme 13

2.2.

Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación 13

2.3.

Infracciones accesorias 14

2.4.

Proporcionalidad 14

2.5.

Otras medidas disponibles en el marco de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal 15

2.5.1.

Orden europea de investigación (OEI) 16

2.5.2.

Traslado de condenados 16

2.5.3.

Orden europea de vigilancia (OEV) 17

2.5.4.

Transmisión de resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas 17

2.5.5.

Sanciones pecuniarias 18

2.5.6.

Transmisión de procesos penales 18

2.6.

Principio de especialidad: posible enjuiciamiento por otras infracciones 18

3.

Procedimiento de emisión de una ODE 19

3.1.

Otros procesos penales en curso y ODE sobre la misma persona 19

3.1.1.

En el Estado miembro de emisión 19

3.1.2.

En otro Estado miembro 20

3.2.

Cumplimentar el formulario de la ODE 20

3.2.1.

Información obligatoria 20

3.2.2.

Información complementaria de utilidad de la autoridad judicial emisora 20

3.3.

Transmisión de la ODE 21

3.3.1.

Si se desconoce el paradero de la persona buscada 21

3.3.2.

Si se conoce el paradero de la persona buscada 22

3.3.3.

Transmisión de la ODE a los Estados miembros que no usan el SIS 22

3.4.

Traducción de la ODE 22

3.5.

Tras el arresto de la persona buscada: cooperación y comunicación con las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución 22
PARTE II: EJECUCIÓN DE UNA ODE 23

4.

Procedimiento de ejecución de una ODE 23

4.1.

Plazos para tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE 23

4.2.

Plazos para la entrega de una persona buscada (después de tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE) 23

4.3.

Traducción de la ODE 24

4.4.

Comunicación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros antes de la resolución de entrega 24

4.4.1.

Cuándo comunicarse 24

4.4.2.

Cómo comunicarse 25

4.5.

Obligación de la autoridad judicial de ejecución en materia de información a la autoridad de emisión tras la decisión sobre la entrega 26

4.5.1.

Información sobre la decisión relativa a la entrega 26

4.5.2.

Información sobre el tiempo de privación de libertad 26

4.6.

Mantenimiento de la persona buscada en detención en el Estado miembro de ejecución 27

5.

Decisión sobre la entrega 28

5.1.

Obligación general de ejecución de las ODE 28

5.2.

Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación 28

5.3.

Infracciones accesorias 28

5.4.

Motivos para la no ejecución (denegación) 29

5.4.1.

Motivos para la no ejecución obligatoria 29

5.4.2.

Motivos para la no ejecución facultativa 30

5.5.

Juicios en rebeldía 31

5.6.

Consideraciones sobre los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial de ejecución 33

5.7.

Proporcionalidad: la función del Estado miembro de ejecución 34

5.8.

Garantías que debe dar el Estado miembro de emisión 34

5.8.1.

Revisión de la cadena perpetua o de una medida privativa de libertad a perpetuidad 35

5.8.2.

Retorno de nacionales y residentes 35

5.9.

Suspensión o entrega temporal 35

5.9.1.

Motivos humanitarios graves 35

5.9.2.

Proceso penal en curso o ejecución de una pena privativa de libertad 36

5.9.3.

Entrega provisional en vez de suspensión 36

5.9.4.

Aplazamiento de la ODE debido a la identificación de un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a la persona buscada 36

5.10.

Varias ODE relativas a la misma persona 36

5.10.1.

Decidir qué ODE debe ejecutarse 36

5.10.2.

«Procedimientos paralelos» 37

6.

Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución 37

7.

Entrega ulterior 38

7.1.

A otro Estado miembro 38

7.2.

A un tercer Estado 39

8.

Obligaciones con respecto a terceros países 39

8.1.

ODE y solicitudes de extradición simultáneas de la misma persona 39

8.1.1.

Solicitudes de terceros Estados 39

8.1.2.

Solicitudes de la Corte Penal Internacional (CPI) 40

8.2.

Extradición anterior desde un tercer Estado miembro y principio de especialidad 40

9.

Tránsito 40

9.1.

Tránsito a través de otro Estado miembro 40

9.2.

Nacionales y residentes del Estado miembro de tránsito 41

9.3.

Extradición desde un tercer Estado a un Estado miembro 41

10.

ODE no ejecutadas 41

10.1.

Garantizar que la persona no es detenida nuevamente en el mismo Estado miembro 41

10.2.

Comunicación al Estado miembro de emisión 41

10.3.

Consideración de las autoridades judiciales de emisión sobre el mantenimiento de la ODE 41

10.4.

Examen de ODE antiguas en el SIS 41

11.

Derechos procesales de la persona buscada 42

11.1.

Derecho a traducción e interpretación 42

11.2.

Derecho a la información 42

11.3.

Derecho a la asistencia de letrado 43

11.4.

Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero 43

11.5.

Derecho a comunicarse con terceros 43

11.6.

Derecho a comunicarse con las autoridades consulares 43

11.7.

Derechos específicos de los menores 44

11.8.

Derecho a recibir asistencia jurídica gratuita 44

ANEXO I —

Decisión marco sobre la ODE, consolidación no oficial 45

ANEXO II —

FORMULARIO DE LA ODE, contenido en el anexo a la Decisión marco sobre la ODE 60

ANEXO III —

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE LA ODE 65

ANEXO IV —

LENGUAS ACEPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LAS ODE QUE RECIBEN 74

ANEXO V —

LISTA DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA RELATIVAS A LA DECISIÓN MARCO SOBRE LA ODE 76

ANEXO VI —

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA RELATIVAS AL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 77

ANEXO VIII —

FORMULARIO NORMALIZADO PARA LA DECISIÓN SOBRE LA ODE 80

ANEXO VIII —

LISTA DE ESTADOS MIEMBROS CUYOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUEDEN PERMITIR LA ENTREGA POR INFRACCIONES SANCIONADAS CON UNA PENA INFERIOR AL UMBRAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, APARTADO 1, DE LA DECISIÓN MARCO SOBRE LA ODE, CUANDO DICHAS INFRACCIONES SEAN ACCESORIAS A LA INFRACCIÓN O INFRACCIONES PRINCIPALES DE LA ODE 82

ANEXO IX —

MODELO INDICATIVO DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN APLICACIÓN DE UNA ODE 83

Lista de abreviaturas

CAAS

Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen

COE

Consejo de Europa

Decisión marco sobre la orden de detención europea

Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros

ODE

Orden de detención europea

OEI

Orden europea de investigación

OEV

Orden europea de vigilancia

RJE

Red Judicial Europea

SIRENE

Solicitud de información complementaria a la entrada nacional

SIS

Sistema de Información de Schengen

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Exención de responsabilidad

Este manual no es jurídicamente vinculante ni exhaustivo y se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de la Unión en vigor y su ulterior desarrollo. También se entiende sin perjuicio de la interpretación preceptiva del Derecho de la Unión que pueda realizar el Tribunal de Justicia.

EMISIÓN DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA

Pasos principales

(AJ = autoridad judicial)

Image

EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA

Pasos principales

(AJ = autoridad judicial)

Image

PREFACIO

El presente manual es una versión revisada del Manual europeo para la emisión de órdenes de detención europeas publicado por el Consejo en 2008 (1) y revisado en 2010 (2). Una vez finalizado el período transitorio de cinco años contemplado en el Tratado de Lisboa relativo a los denominados instrumentos jurídicos correspondientes al antiguo tercer pilar (3), incluida la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (4) («Decisión marco sobre la ODE»), la Comisión asumió la tarea de actualizar y revisar el manual.

El presente manual tiene en cuenta la experiencia adquirida durante los últimos trece años de aplicación de la orden de detención europea en la Unión. Los objetivos de esta revisión son actualizar el manual y hacerlo más exhaustivo y accesible. Para preparar esta última versión del manual, la Comisión consultó a diversas partes interesadas y expertos, incluidos Eurojust, la Secretaría de la Red Judicial Europea y los expertos de las administraciones y autoridades judiciales de los Estados miembros.

El manual está disponible en internet en la dirección https://e-justice.europa.eu en todas las lenguas oficiales de la Unión.

INTRODUCCIÓN

1.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA (ODE)

1.1.   Contexto de la ODE

La Decisión marco sobre la ODE fue adoptada por el Consejo el 13 de junio de 2002 y los Estados miembros estaban obligados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la misma antes del 31 de diciembre de 2003. El nuevo régimen de entrega sustituyó a los sistemas de extradición, con escasas excepciones, a partir del 1 de enero de 2004. Por lo que respecta al régimen de entrega entre los Estados miembros, las disposiciones correspondientes de los siguientes convenios han sido sustituidas:

a)

el Convenio europeo de extradición, de 13 de diciembre de 1957 (ETS n.o 024), su protocolo adicional, de 15 de octubre de 1975 (ETS n.o 086), su segundo protocolo adicional, de 17 de marzo de 1978 (ETS n.o 098), y el Convenio europeo para la represión del terrorismo, de 27 de enero de 1977 (ETS n.o 090), en lo que se refiere a la extradición;

b)

el Acuerdo entre los doce Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y a la modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición, de 26 de mayo de 1989;

c)

el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (5), de 10 de marzo de 1995;

d)

el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (6), de 27 de septiembre de 1996;

e)

el capítulo IV del título III del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (7), de 19 de junio de 1990.

1.2.   Definición y características principales de la ODE

La ODE es una resolución judicial con fuerza ejecutiva en la Unión, emitida por un Estado miembro y ejecutada en otro sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

Como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en los asuntos C-452/16 PPU Poltorak  (8) y C-477/16 PPU Kovalkovas  (9), del artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE se desprende que la ODE constituye una «resolución judicial», que debe ser emitida por una «autoridad judicial», en el sentido de su artículo 6, apartado 1. El Tribunal de Justicia dictaminó que los términos «autoridad judicial», que se encuentran en el artículo 6, apartado 1 de la Decisión marco sobre la ODE, no se limitan a designar a los jueces u órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, sino que son extensivos, en sentido lato, a las autoridades que participan en la administración de la justicia en el ordenamiento jurídico de que se trate. No obstante, el Tribunal de Justicia falló que el concepto de «autoridad judicial», a que se refiere dicha disposición, no puede interpretarse en el sentido de que es también extensivo a los servicios de policía o a un órgano del poder ejecutivo de un Estado miembro, como un ministerio, y que los actos emitidos por dichas autoridades no pueden considerarse una «resolución judicial».

La ODE ha supuesto la sustitución del sistema tradicional de extradición por un mecanismo más simple y más rápido de entrega de personas buscadas para el enjuiciamiento penal o la ejecución de penas de prisión o medidas de seguridad privativas de libertad. Se podrá emitir una orden para:

a)

el enjuiciamiento penal de hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses (durante las fases de investigación, instrucción y juicio, hasta que la sentencia sea firme) o

b)

la ejecución de sentencias o de medidas de seguridad privativas de libertad de duración no inferior a cuatro meses.

Los objetivos de las letras a) y b) no son acumulativos.

A fin de simplificar las solicitudes y de facilitar su cumplimiento, estas se formulan ahora por un procedimiento normalizado, mediante la cumplimentación de un formulario. No obstante, siempre será necesario que se haya dictado una sentencia nacional firme, una orden de detención nacional o una resolución judicial similar previamente y de forma independiente a la ODE (véase el apartado 2.1.3).

Las autoridades centrales, que solían desempeñar una función importante en el proceso de extradición, quedan excluidas del proceso de toma de decisiones en los procedimientos de ODE. Sin embargo, el artículo 7 de la Decisión marco sobre la ODE establece que los Estados miembros pueden designar autoridades centrales para que auxilien y apoyen a las autoridades judiciales, especialmente en la transmisión y recepción de las ODE.

En los Estados miembros en los que el Sistema de Información de Schengen (SIS) está en funcionamiento (en el momento de adoptarse este Manual, todos los Estados miembros salvo Chipre e Irlanda), los servicios nacionales SIRENE desempeñan un importante papel en el procedimiento de la ODE al crear la descripción correspondiente en el SIS. Las normas y procedimientos de cooperación de los Estados miembros en relación con las descripciones para detenciones basadas en las ODE se establecen en los artículos 24 a 31 de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (10) («Decisión SIS II») y el punto 3 del Manual SIRENE (11).

La Decisión marco sobre la ODE se inscribe en una filosofía de integración en un espacio judicial común. Es el primer instrumento jurídico que supone una cooperación entre los Estados miembros en materia penal basada en el principio del reconocimiento mutuo. La decisión de los Estados miembros emisores debe reconocerse sin más trámites y únicamente sobre la base de criterios judiciales.

La entrega de los nacionales del país de ejecución se ha constituido en principio y norma general, con escasas excepciones. Estas excepciones se refieren a la ejecución de una pena privativa de libertad en el país de origen y se aplican por igual a los residentes. La práctica demuestra que aproximadamente la quinta parte de las entregas en la Unión se refieren a nacionales del país de ejecución.

Los motivos por los que se puede denegar la ejecución son tasados y se enumeran exhaustivamente en los artículos 3, 4 y 4 bis de la Decisión marco sobre la ODE. No consta el control de la doble tipificación como motivo admisible para denegar la ejecución y la entrega en relación con una lista de treinta y dos categorías de delitos enumeradas en la lista del artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, tal como se definen en el Derecho del Estado miembro de emisión, siempre que dichas categorías estén castigadas en este con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de al menos tres años en su grado máximo.

Si la autoridad del Estado miembro de emisión no considera las infracciones en cuestión como infracciones contempladas en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, se puede seguir aplicando el control de la doble tipificación. El Tribunal de Justicia dictaminó, en el asunto C-289/15, Grundza  (12), que incumbe a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los hechos que dan lugar a la infracción también serían objeto, en cuanto tales, de una sanción penal en el territorio del Estado miembro de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio (véase el apartado 5.2).

Desde el 28 de marzo de 2011, la Decisión marco sobre la ODE ha sido modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo (13), que ha suprimido el artículo 5, apartado 1, e insertado un nuevo artículo 4 bis sobre las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (juicio en rebeldía).

1.3.   Formulario de la ODE

La ODE es una resolución judicial dictada empleando el formulario previsto en un anexo de la Decisión marco sobre la ODE. El formulario está disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión. Únicamente puede emplearse este formulario, que no debe alterarse. La intención del Consejo era implantar una herramienta de trabajo que las autoridades judiciales de emisión pudieran cumplimentar con facilidad y que fuera reconocida por las autoridades judiciales de ejecución.

La utilización del formulario evita traducciones largas y costosas y hace que la información necesaria sea más fácilmente accesible. Puesto que este formulario constituye, en principio, la única base para la detención y ulterior entrega de la persona buscada, debe ser cumplimentado con especial cuidado, a fin de evitar solicitudes innecesarias de información adicional.

El formulario puede cumplimentarse directamente en línea mediante la herramienta electrónica Compendium de la Red Judicial Europea (RJE), disponible en el sitio web de la (RJE), o mediante un formulario en formato Word que puede descargarse de la sección Biblioteca Judicial del sitio web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu).

Usar la herramienta electrónica es tan sencillo como cumplimentar el formulario en formato Word, pero cuenta con varias funcionalidades modernas, útiles y fáciles de utilizar como:

a)

la posibilidad de importar directamente la autoridad judicial de ejecución competente desde la herramienta Atlas Judicial de la RJE;

b)

obtener el formulario en la lengua o lenguas aceptadas por el Estado miembro de ejecución;

c)

guardarlo y enviarlo por correo electrónico.

PARTE I: EMISIÓN DE UNA ODE

2.   REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE UNA ODE

2.1.   Ámbito de aplicación de la ODE

Una autoridad judicial puede emitir una ODE por dos motivos (artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE):

a)

ejercicio de acciones penales o

b)

ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

La letra a) se refiere a procesos penales en los que la persona buscada pueda ser enjuiciada. La letra b) se refiere a penas o medidas de seguridad privativas de libertad firmes por delitos, emitidas por un órgano jurisdiccional. No es posible emitir una ODE para todos los delitos, sino solo para aquellos que sean suficientemente graves, como se explica más en detalle a continuación.

En los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, se puede emitir una ODE para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, incluso si la pena no es definitiva y sigue estando sujeta a revisión judicial. En los ordenamientos jurídicos de otros Estados miembros, este tipo de ODE puede emitirse únicamente cuando la pena o medida de seguridad privativas de libertad es definitiva. Se recomienda que la autoridad judicial de ejecución reconozca la tipificación de la autoridad emisora a efectos de ejecución de la ODE, incluso si no se corresponde con su propio ordenamiento jurídico a este respecto.

En este contexto, cabe señalar que se aconseja a las autoridades judiciales emisoras considerar si, en un caso concreto, sería proporcionado emitir una ODE (véase el apartado 2.4) y si se podría usar una medida de la Unión menos coercitiva para lograr un resultado adecuado (véase el apartado 2.5)

2.1.1.   Ejercicio de acciones penales

Se puede emitir una ODE para el ejercicio de acciones penales relacionadas con hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses (artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

Esta referencia se hace a la pena máxima posible de la infracción prevista en la legislación nacional del Estado miembro de emisión. La pena máxima en la legislación del Estado miembro de ejecución no es pertinente a este respecto.

Auto del Tribunal de Justicia en el asunto C-463/15 PPU, Openbaar Ministerie/A  (14)

«Los artículos 2, apartado 4, y 4, punto 1, de la Decisión marco 2002/584 del Consejo […] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la entrega con fundamento en una orden de detención europea se someta en el Estado miembro de ejecución no solo a la condición de que el hecho por el que se ha emitido esa orden de detención constituya un delito según el Derecho de ese Estado miembro, sino también a la condición de que sea punible según ese mismo Derecho con una pena privativa de libertad de una duración máxima no inferior a doce meses».

El ejercicio de acciones penales incluye la fase previa al proceso penal. Sin embargo, la finalidad de la ODE no es simplemente trasladar personas para interrogarlas como sospechosos. Para esa finalidad, se pueden considerar otras medidas, como la orden europea de investigación (OEI). En el apartado 2.5 se describen brevemente otras medidas de cooperación judicial.

2.1.2.   Ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad

Se puede emitir una ODE para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de al menos cuatro meses (artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). Sin embargo, en situaciones en las que solo quede por cumplir una pequeña parte de la pena, se aconseja a las autoridades judiciales competentes que consideren si emitir una ODE supondría una medida proporcionada (véanse los apartados 2.4 y 2.5).

Las normas nacionales sobre libertad anticipada o condicional, libertad vigilada u otras normas similares que resultan en una pena de prisión efectiva más corta y que se pueden aplicar tras la entrega al Estado miembro de emisión, no son pertinentes para determinar el período mínimo de cuatro meses.

No existe conexión entre la duración de la pena real y la de la pena potencial. Esto significa que, cuando una persona ya ha sido condenada a una pena privativa de libertad combinada por múltiples infracciones y dicha pena es de cuatro meses o más, la ODE puede ser emitida independientemente de la pena máxima posible para cada una de las infracciones.

Cuando se sepa que la persona reside en otro Estado miembro, se aconseja a las autoridades competentes del Estado miembro de emisión que consideren la posibilidad de transmitir la pena ejecutoria al Estado miembro de residencia, en lugar de emitir una ODE, teniendo en cuenta los lazos sociales y la posibilidad de una mejor rehabilitación en dicho Estado miembro, así como otros requisitos de conformidad con la Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (15) (véase el apartado 2.5.2).

2.1.3.   Requisito de una sentencia judicial firme

Las autoridades judiciales emisoras deben garantizar en todo momento que existe una sentencia judicial nacional firme antes de emitir una ODE. La naturaleza de esta resolución depende de la finalidad de la ODE. Cuando la ODE se emita a efectos de entablar una acción judicial, las autoridades judiciales competentes del Estado miembro de emisión deben haber emitido una orden de detención nacional o cualquier otra sentencia judicial firme con el mismo efecto [artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco sobre la ODE] antes de emitir una ODE. El Tribunal de Justicia confirmó en el asunto C-241/15, Bob-Dogi  (16) que la orden de detención nacional u otra resolución judicial es distinta de la propia ODE. Cuando se emita una ODE para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad debe existir una sentencia nacional firme a tal efecto.

Como señaló el Tribunal de Justicia en ese asunto, el sistema de la ODE entraña una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada: la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, y la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una ODE. Esa tutela judicial en dos niveles en principio no se produciría en una situación en la que, antes de la emisión de la ODE, ninguna autoridad judicial nacional haya adoptado una resolución nacional en la que la ODE se sustente.

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-241/15, Bob-Dogi

«El artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco 2002/584 […] debe interpretarse en el sentido de que, cuando una orden de detención europea, que se basa en la existencia de una “orden de detención” a efectos de dicha disposición, no mencioné la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si, habida cuenta de la información facilitada con arreglo al artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, en su versión modificada, así como de todos los demás datos de que disponga, dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida por haber sido emitida sin que se hubiera dictado efectivamente una orden nacional distinta de la orden de detención europea.»

El concepto de «resolución judicial» (que es distinto de la ODE misma) fue aclarado de nuevo por el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto C-453/16 PPU, Özçelik  (17), en el que se concluyó que la ratificación por el Ministerio Fiscal de una orden de detención emitida por un servicio de policía, y sobre la que se basa la ODE, está comprendida en el concepto de «resolución judicial».

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-453/16 PPU, Özçelik

«El artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo […] debe interpretarse en el sentido de que constituye una “resolución judicial”, a efectos de dicha disposición, una ratificación, como la controvertida en el asunto principal, por el Ministerio Fiscal, de una orden de detención nacional emitida anteriormente, con el fin de ejercitar una acción penal, por un servicio de policía.»

La existencia de la resolución judicial u orden de detención nacional debe indicarse en el formulario de la ODE cuando esta sea emitida [artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco sobre la ODE; véase asimismo el apartado 3.2 del presente manual]. No es necesario adjuntar la resolución u orden a la ODE.

2.2.   Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación

Antes de emitir una ODE, la autoridad judicial competente debe determinar si uno o más de los delitos pertenecen a una de las treinta y dos categorías para las que no se requiere el control de la doble verificación. La lista de delitos se encuentra en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE así como en el formulario de la ODE en el que se deben señalar los delitos que pertenecen a la lista.

Es la legislación del Estado miembro de emisión la que resulta decisiva, como quedó confirmado en el asunto C-303/05, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, sentencia de 3 de mayo de 2007) (18), en el que el Tribunal consideró que el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE no es incompatible con el principio de legalidad de los delitos y las penas y no viola el principio de igualdad y no discriminación.

La autoridad judicial de ejecución solo puede controlar la doble tipificación de los delitos que no se incluyan en la lista de treinta y dos delitos del artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 5.2 del presente manual).

2.3.   Infracciones accesorias

El Convenio Europeo de Extradición de 1957 contiene disposiciones sobre infracciones accesorias:

«Artículo 2 — Hechos que dan lugar a extradición

1.

Darán lugar a la extradición aquellos hechos que las Leyes de la Parte requirente y de la Parte requerida castiguen, bien con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de un año por lo menos bien con pena más severa. Cuando en el territorio de la Parte requirente se hubiere pronunciado condena a una pena o se hubiere infligido una medida de seguridad, la sanción impuesta deberá tener una duración de cuatro meses cuando menos.

2.

Si la solicitud de extradición se refiere a varios hechos distintos castigados, cada uno de ellos, por la Ley de la Parte requirente y por la Ley de la Parte requerida con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad pero algunos de tales hechos no cumplieren el requisito relativo a la duración mencionada de la pena, la Parte requerida tendrá la facultad de conceder también la extradición por estos últimos.»

La Decisión marco sobre la ODE no incluye ninguna disposición similar a esta. No regula la entrega por infracciones sancionadas con una pena inferior al umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, cuando estas son accesorias a las infracciones principales que alcancen el umbral. En la práctica, algunos Estados miembros han decidido permitir dicha entrega, mientras que otros no lo han hecho.

El anexo VIII contiene una lista de los Estados miembros cuyos ordenamientos jurídicos conceden la posibilidad de realizar la entrega por infracciones accesorias.

La autoridad judicial emisora puede incluir estas infracciones accesorias en el formulario de la ODE con la finalidad de obtener el consentimiento del Estado miembro de ejecución para el enjuiciamiento de esas infracciones. Sin embargo, siempre se debe exigir que la ODE se emita para al menos una de las infracciones que alcanzan el umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE.

Si el Estado miembro de ejecución no realiza entregas por infracciones accesorias, el principio de especialidad (artículo 27 de la Decisión marco sobre la ODE) puede impedir que el Estado miembro de emisión enjuicie estas infracciones (véase el apartado 2.6 del presente manual).

2.4.   Proporcionalidad

Una ODE debe ser siempre proporcional a su objetivo. Incluso cuando las circunstancias del caso recaigan en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, se aconseja a las autoridades judiciales emisoras que consideren si la emisión de una ODE está justificada en un caso concreto.

Al tener en cuenta las graves consecuencias que la ejecución de una ODE tiene para la libertad de la persona buscada y las restricciones a la libre circulación, las autoridades judiciales emisoras deben considerar, antes de decidir emitir una ODE, la evaluación de un una serie de factores.

En particular, se podrían tener en cuenta los factores siguientes:

a)

la gravedad de la infracción (por ejemplo, el daño o el peligro que ha causado);

b)

la posible sanción que vaya a imponerse a la persona en caso de que sea declarada culpable de la infracción que se le imputa (por ejemplo, si fuera una pena privativa de libertad);

c)

la posibilidad de detención de la persona en el Estado miembro de emisión tras la entrega, y

d)

los intereses de las víctimas de la infracción.

Además, las autoridades judiciales emisoras deben considerar si pueden utilizarse otras medidas de cooperación judicial en lugar de la emisión de una ODE. Otros instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal ofrecen otras medidas que, en muchas situaciones, son efectivas, pero menos coercitivas (véase el apartado 2.5).

En términos más generales, aplicar el control de proporcionalidad antes de emitir una ODE puede reforzar la confianza mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Por tanto, este control contribuye de manera significativa al correcto funcionamiento de la ODE en toda la Unión.

2.5.   Otras medidas disponibles en el marco de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal

Antes de decidir emitir una ODE, se aconseja a las autoridades judiciales de emisión que tengan debidamente en cuenta otras posibles medidas.

Existen varias medidas jurídicas disponibles en el marco de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal, basadas en el principio del reconocimiento mutuo, que complementan a la ODE. En determinadas situaciones, estas medidas pueden ser más adecuadas que la ODE. Se trata, en particular, de:

a)

la orden europea de investigación;

b)

el traslado de condenados;

c)

la transmisión de resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas;

d)

la orden europea de vigilancia;

e)

la aplicación de sanciones pecuniarias.

El ámbito de aplicación de estas medidas se explica brevemente en los apartados 2.5.1 a 2.5.5. Además, las autoridades competentes pueden tener en cuenta las posibilidades ofrecidas por otras medidas internacionales, como el Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimientos en Materia Penal del Consejo de Europa, de 15 de mayo de 1972 (ETS n.o 073), como se explica brevemente en el apartado 2.5.6.

Para saber más acerca de la aplicación práctica de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal, véase el sitio web de la RJE: www.ejn-crimjust.europa.eu.

La sección Biblioteca Judicial del sitio web de la RJE contiene información exhaustiva y práctica acerca de todos los instrumentos jurídicos, incluidos los textos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, los actos de modificación, el estado de aplicación, formularios en formato Word, notificaciones, declaraciones, informes, manuales y otra información práctica. Para un fácil acceso a los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal y a su estado de aplicación en los Estados miembros, existen puntos de entrada (accesos directos) independientes en la página de inicio del sitio web de la RJE.

Las siguientes medidas, en particular, pueden ser consideradas en la fase previa de los procesos penales:

a)

emitir una orden europea de investigación (OEI) para la audiencia de un sospechoso a través de videoconferencia en otro Estados miembro;

b)

emitir una orden europea de investigación (OEI) para la audiencia de un sospechoso en otro Estado miembro por parte de sus autoridades competentes;

c)

emitir una orden europea de vigilancia (OEV) para ejecutar una medida de vigilancia que no suponga la privación de libertad del sospechoso por parte del Estado miembro de residencia de este en la fase previa al proceso;

d)

emitir una descripción en el SIS a efectos de establecer el lugar de residencia o domicilio del sospechoso (artículo 34 de la Decisión SIS II). Estas descripciones difieren de las descripciones para la detención descritas en el apartado 3.3.1 del presente manual. Tan pronto como se facilite a la autoridad judicial emisora el lugar de residencia o domicilio, dicha autoridad deberá tomar las medidas de seguimiento necesarias (como citar al sospechoso para que comparezca en un proceso penal) y suprimirá la descripción del SIS de conformidad con el punto 6.5 del Manual SIRENE;

e)

citar a un sospechoso ubicado en el Estado miembro de ejecución para que comparezca en un proceso penal en el Estado miembro de emisión;

f)

invitar a comparecer voluntariamente en el proceso penal.

Las siguientes medidas, en particular, pueden ser consideradas en la fase posterior al proceso, una vez se haya dictado sentencia:

a)

transmitir la pena privativa de libertad al Estado miembro de residencia del condenado para que sea ejecutada por dicho Estado miembro;

b)

transmitir la pena sustitutiva (por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad) o el auto de libertad vigilada al Estado miembro de residencia del condenado para que sean ejecutados por dicho Estado miembro.

2.5.1.   Orden europea de investigación (OEI)

Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal  (19)

La OEI puede usarse para obtener pruebas de otro Estado miembro. La OEI comprende todas las medidas de investigación con excepción de la creación de equipos conjuntos de investigación. El objetivo es permitir a los Estados miembros solicitar a otro Estado miembro que lleve a cabo medidas de investigación sobre la base del reconocimiento mutuo. Las OEI relativas a medidas de investigación que no existen o no están disponibles en los Estados miembros de ejecución pueden ser ejecutadas, no obstante, recurriendo a una medida de investigación sustitutiva.

La OEI sustituye al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (20) y al anterior conjunto de disposiciones jurídicas relativas a este ámbito. La incorporación de las medidas existentes a un nuevo instrumento único tiene como objetivo lograr que la cooperación en las investigaciones sea más rápida y eficiente. La OEI puede usarse en los procesos penales, pero también en los procedimientos incoados por autoridades administrativas, con validación judicial, cuando exista una dimensión penal. Los Estados miembros deben decidir sobre el reconocimiento o la ejecución de la OEI antes de treinta días y llevar a cabo las medidas de investigación antes de noventa días tras la adopción de dicha decisión.

En determinadas situaciones, puede emitirse una OEI para interrogar al sospechoso a través de videoconferencia para determinar si debe emitirse una ODE a fin de enjuiciarlo.

Ejemplo 1: Pierre se ha mudado recientemente del Estado miembro A al Estado miembro B. Existen pruebas que apuntan a que fue cómplice de una infracción grave en A. Sin embargo, las autoridades de A necesitan interrogarlo antes de poder decidir si lo enjuician. La autoridad judicial de A puede emitir una OEI para interrogar a Pierre a través de videoconferencia en B.

Ejemplo 2: De forma alternativa, teniendo en cuenta los hechos del ejemplo 1, la autoridad judicial de A podría emitir una OEI solicitando a las autoridades competentes de B que interroguen a Pierre y que redacten una transcripción escrita del interrogatorio.

2.5.2.   Traslado de condenados

Decisión marco del Consejo 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea

La Decisión marco 2008/909/JAI prevé un sistema para el traslado de condenados a su Estado miembro de nacionalidad o de residencia o a otro Estado miembro con el que tengan vínculos próximos. La Decisión marco 2008/909/JAI también se aplica cuando el condenado ya se encuentra en ese Estado miembro. El consentimiento del condenado para el traslado ya no representa un requisito previo en todos los casos. Esta Decisión marco ha sustituido, en los Estados miembros, al Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983 (ETS n.o 112), y su protocolo adicional, de 18 de diciembre de 1997 (ETS n.o 167).

En determinadas situaciones, en lugar de emitir una ODE para la entrega de la persona para que cumpla la pena en el Estado miembro en el que esta fue impuesta, la Decisión Marco 2008/909/JAI podría usarse para ejecutar la pena en el lugar donde el condenado resida y pueda tener mejores oportunidades de reinserción.

Asimismo, el artículo 25 de la Decisión marco 2008/909/JAI contiene una disposición específica para la ejecución de penas privativas de libertad en el Estado miembro de ejecución en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE (véanse los apartados 5.4.2 y 5.8.2 del presente manual). En los supuestos en los que se apliquen el artículo 4, apartado 6, o el artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE, también debe aplicarse la Decisión marco 2008/909/JAI para transmitir la pena al Estado miembro donde esta se ejecutará.

Ejemplo 1

Jerzy es nacional del Estado miembro B y tiene su residencia habitual en él. Durante su visita al Estado miembro A comete una infracción. Es condenado a dos años de prisión en A.

Las autoridades de A pueden transferir la condena para su ejecución en B sin el consentimiento de Jerzy, si esto mejora sus posibilidades de reinserción y se cumplen otras condiciones de la Decisión marco 2008/909/JAI.

Ejemplo 2

Gustav es nacional del Estado miembro B pero vive en el Estado miembro A, donde tiene un trabajo fijo y también vive su familia. Es condenado en el Estado miembro B por un delito fiscal y se le impone una pena privativa de libertad. En lugar de emitir una ODE para la ejecución de la pena, las autoridades de B pueden transferir la pena privativa de libertad para que se cumpla en A.

2.5.3.   Orden europea de vigilancia (OEV)

Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional  (21)

La Decisión marco 2008/829/JAI introduce la posibilidad de transmitir una medida de vigilancia que no suponga privación de libertad desde el Estado miembro en el que se sospecha que un no residente ha cometido una infracción, al Estado miembro en el que este reside. De este modo, el sospechoso puede estar sometido a una medida de vigilancia en su entorno habitual antes de la celebración del proceso en el Estado miembro extranjero. La orden europea de vigilancia (OEV) puede usarse para todas las medidas de vigilancia previas al proceso que no supongan privación de libertad, por ejemplo, la restricción de desplazamientos y el deber de informar periódicamente.

El Estado miembro en el que se incoan las diligencias determinará si se ordena la transmisión de la decisión sobre medidas de vigilancia. Los tipos de medidas de vigilancia contemplados se enuncian en la Decisión marco 2009/829/JAI, y algunos de ellos se prevén mediante las en declaraciones posteriores de los Estados miembros (enumeradas en el sitio web de la RJE). La transmisión de una medida de vigilancia exige el consentimiento de la persona sometida a dicha medida.

Ejemplo: Sonia vive y trabaja en el Estado miembro B. Temporalmente, su lugar de residencia se encuentra en el Estado miembro A, en el que está siendo investigada por fraude. La autoridad judicial de A sabe dónde reside Sonia en B y considera que el riesgo de fuga antes del juicio es bajo. En lugar de mantenerla detenida antes del juicio en A, la autoridad judicial de A puede emitir una orden que la obligue a informar periódicamente a la autoridad policial de B. A fin de permitir a Sonia volver y permanecer en B hasta la celebración del juicio en A, la autoridad competente de A puede, con el consentimiento de Sonia, emitir una OEV para reconocer y ejecutar en B la obligación de informar.

2.5.4.   Transmisión de resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas

Decisión marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas  (22)

La Decisión marco 2008/947/JAI introduce la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de penas sustitutivas de la detención y medidas que faciliten la libertad anticipada. Se relaciona con la fase posterior del proceso.

Dispone que una resolución de libertad vigilada u otra pena sustitutiva pueda ser ejecutada en un Estado miembro diferente a aquel en el que la persona fue condenada, siempre que esta esté de acuerdo.

Ejemplo: Anna es nacional del Estado miembro A, pero se encuentra de vacaciones en el Estado miembro B. Es declarada culpable de una infracción en B y condenada a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de a una pena privativa de libertad. Puede volver a A, tras lo cual las autoridades de A están obligadas a reconocer la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y vigilar que Anna la cumpla.

2.5.5.   Sanciones pecuniarias

Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias  (23)

La Decisión marco 2005/214/JAI aplica el principio de reconocimiento mutuo a las sanciones pecuniarias impuestas por autoridades judiciales o administrativas. El objetivo es facilitar la ejecución de estas sanciones en un Estado miembro diferente a aquel en el que se impusieron. Permite a una autoridad judicial o administrativa transmitir una sanción pecuniaria directamente a una autoridad de otro Estado miembro de la Unión y que dicha sanción sea reconocida y ejecutada sin más trámite.

El ámbito de aplicación de la Decisión marco 2005/214/JAI abarca todas las infracciones penales [artículo 1, letra a), incisos i) y ii)] y también la «infracción a normas legales», con la condición de que sea posible presentar un recurso ante «un órgano jurisdiccional competente en asuntos penales» (el Tribunal de Justicia ha dado indicaciones sobre esta última idea, en particular, en su sentencia en el asunto C-60/12 Baláž, apartados 39 y 40) (24).

El procedimiento se aplica en situaciones transfronterizas en las que se dicta una sanción pecuniaria en un Estado miembro y se espera que esta sea ejecutada en el Estado miembro en el que el infractor reside, posee propiedades u obtiene ingresos.

En los ordenamientos de algunos Estados miembros, una sanción pecuniaria no pagada puede convertirse en una pena privativa de libertad. En estas situaciones, puede emitirse una ODE para la ejecución de la pena privativa de libertad. Se aconseja que, cuando sea posible, la Decisión marco 2005/214/JAI sea considerada como uno de los métodos para ejecutar el pago antes de convertir la sanción pecuniaria en una pena privativa de libertad, y evitar de este modo la necesidad de emitir una ODE.

2.5.6.   Transmisión de procesos penales

La transmisión de procesos penales al Estado miembro en el que reside el sospechoso debe considerarse en los casos pertinentes. La base jurídica para la transmisión es el Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimientos en Materia Penal de 1972. Para los Estados miembros que no ratificaron este Convenio, la transmisión puede basarse en la competencia ordinaria del Estado miembro receptor para iniciar una investigación penal. En este último caso, las solicitudes se basan normalmente en el artículo 21 del Convenio del Consejo de Europa sobre ayuda mutua en materia penal, de 20 de abril de 1959 (ETS n.o 030).

2.6.   Principio de especialidad: posible enjuiciamiento por otras infracciones

En general, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado su entrega. Este es el principio de especialidad, previsto en el artículo 27 de la Decisión marco sobre la ODE.

El principio de especialidad está sujeto a una serie de excepciones. La Decisión marco sobre la ODE ofrece la posibilidad a los Estados miembros de informar de que, en su relación con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, renuncian al principio de especialidad, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega (véase el artículo 27, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). Según la información a disposición de la Comisión, únicamente Estonia, Austria, y Rumanía han enviado dichas notificaciones.

Además, el artículo 27, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE, enumera otras situaciones en las que no se aplica el principio de especialidad:

«a)

cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;

b)

la infracción no sea punible con una pena o medida de seguridad privativas de libertad;

c)

el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona;

d)

cuando la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual;

e)

cuando la persona hubiere dado su consentimiento, en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13;

f)

cuando la persona hubiere renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su entrega. La renuncia se efectuará ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona tendrá derecho a la asistencia de un abogado;».

En otros casos, es necesario solicitar el consentimiento del Estado miembro de ejecución original para enjuiciar o dar curso a otras infracciones [artículo 27, apartado 3, letra g), de la Decisión marco sobre la ODE]. Se dará el consentimiento cuando la infracción que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en la Decisión marco sobre la ODE, a menos que sea de aplicación un motivo obligatorio o facultativo de no ejecución.

Cuando proceda, la autoridad judicial de ejecución puede someter su consentimiento a una de las condiciones relativas a las penas privativas de libertad a perpetuidad y al retorno de nacionales y residentes establecidas en el artículo 5 (véase el apartado 5.8 del presente manual). En esos casos, el Estado miembro de emisión debe dar unas garantías adecuadas (artículo 27, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

Procedimiento para renunciar al principio de especialidad con el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución

La solicitud de consentimiento debe presentarse mediante el mismo procedimiento y contener la misma información que una ODE normal. De este modo, la autoridad judicial competente transmite la solicitud de consentimiento directamente a la autoridad judicial de ejecución que entregó a la persona. La información incluida en la solicitud, como prevé el artículo 8, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, debe traducirse con arreglo a las mismas normas que una ODE. La autoridad judicial de ejecución debe adoptar la resolución en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud (artículo 27, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

El Tribunal de Justicia, en el asunto C-388/08 PPU, Leymann y Pustovarov  (25), examinó cómo determinar si la infracción considerada no es una «infracción distinta» de la que hubiera motivado la entrega, en el sentido del artículo 27, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, que exija la incoación del procedimiento de consentimiento previsto en el artículo 27, apartados 3, letra g), y 4, de dicha Decisión marco. El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

«[…] debe comprobarse si, según la tipificación jurídica que se hace de la infracción en el Estado miembro de emisión, los elementos constitutivos de aquella son los mismos por los cuales la persona ha sido entregada y si existe una correspondencia suficiente entre los datos que figuran en la orden de detención y los mencionados en el acto de procedimiento posterior. Son admisibles cambios en las circunstancias de tiempo y de lugar, siempre que se deriven de elementos obtenidos durante el procedimiento seguido en el Estado miembro de emisión en relación con los comportamientos referidos en la orden de detención, no alteren la naturaleza de la infracción y no impliquen ningún motivo de no ejecución, en virtud de los artículos 3 y 4 de la Decisión marco».

3.   PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE UNA ODE

3.1.   Otros procesos penales en curso y ODE sobre la misma persona

3.1.1.   En el Estado miembro de emisión

Antes de emitir una ODE, se aconseja a la autoridad judicial competente que compruebe si existen otros procesos penales iniciados u otras ODE emitidas sobre la persona buscada en el Estado miembro de emisión.

Si existen otros procesos penales en curso o penas privativas de libertad ejecutorias contra la persona buscada en el Estado miembro de emisión, es aconsejable comunicarse y, cuando sea posible, coordinarse con otras autoridades nacionales antes de emitir una ODE. Es importante garantizar que la ODE comprende todas las infracciones por las que la persona buscada será procesada o ha sido condenada en el Estado miembro de emisión. Esto es aconsejable, en particular, a causa del principio de especialidad, que puede impedir el enjuiciamiento o condena por infracciones distintas de aquellas por las que la persona fue entregada por el Estado miembro de ejecución (véase el apartado 2.6). Aunque después de la entrega puede solicitarse el consentimiento de la persona buscada o del Estado miembro de ejecución para incoar la acción penal o ejecutar la pena por estas infracciones [véase el artículo 27, apartado 3, letras f) y g), de la Decisión marco sobre la ODE], la práctica ha demostrado que obtener dicho consentimiento puede ser un proceso lento o laborioso.

Si es posible, todas las infracciones deben incluirse en una sola ODE, ya que esto permite que el procedimiento en el Estado miembro de ejecución sea más rápido y eficiente. Si existe una ODE anterior emitida para la misma persona, esta puede ser sustituida, cuando sea posible, por una nueva ODE que abarque las infracciones de la anterior ODE y las nuevas. Si existe una descripción anterior para la detención emitida para la misma persona, esta debe ser actualizada para incluir la nueva ODE. Es posible introducir más de una ODE por cada descripción para la detención (véase el punto 3.1 del Manual SIRENE).

3.1.2.   En otro Estado miembro

Si existen indicaciones de otros procesos penales en curso o penas privativas de libertad ejecutorias contra la persona buscada en otro u otros Estados miembros, puede ser aconsejable contactar con las autoridades de estos antes de emitir una ODE. En estos casos, las autoridades de los diferentes Estados miembros pueden estudiar la posibilidad de coordinar qué Estado miembro debe emitir la (primera) ODE y la posibilidad de trasmitir procesos penales a un único Estado miembro o, al menos, a un número menor de Estados miembros.

Las autoridades competentes deben comprobar en el SIS si otro Estado miembro ha emitido una descripción para la detención sobre la misma persona. Varios Estados miembros pueden introducir una descripción para la detención sobre la misma persona. En caso de detención, el servicio SIRENE del Estado miembro de ejecución informará de forma simultánea a cada Estado miembro afectado (véase el punto 3.2 del Manual SIRENE).

Las autoridades competentes también pueden ponerse en contacto con Eurojust, con los puntos de contacto de la RJE o con ambos, o contactar directamente con la autoridad competente de otro Estado miembro (26).

Cabe señalar que cuando el Estado miembro de ejecución recibe varias ODE sobre la persona buscada, dicho Estado debe decidir, en cualquier caso, si esa persona debe ser entregada en primer lugar (véase el apartado 5.10). Por tanto, puede resultar más eficiente buscar el acuerdo entre las autoridades judiciales emisoras sobre a cuál de los Estados miembros debe entregarse la persona buscada, en primer lugar, antes de emitir varias ODE. Aunque la autoridad judicial de ejecución no está vinculada por los acuerdos relacionados con ODE simultáneas alcanzados entre autoridades judiciales emisoras, la autoridad de ejecución debería tenerlos en cuenta.

Por tanto, es aconsejable cumplimentar la sección «f» (Otras circunstancias relacionadas con el caso) del formulario de la ODE relativa a estos acuerdos, de forma que las autoridades judiciales de ejecución tengan un conocimiento inmediato de ellos.

3.2.   Cumplimentar el formulario de la ODE

El anexo III contiene directrices detalladas sobre cómo cumplimentar la ODE.

3.2.1.   Información obligatoria

La autoridad judicial de ejecución debe contar siempre con la información mínima necesaria para poder pronunciarse sobre la entrega (véase el artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). En particular, la autoridad judicial de ejecución necesita poder confirmar la identidad de la persona y evaluar si es de aplicación alguno de los motivos para la no ejecución. Por tanto, la autoridad judicial emisora debe prestar especial atención a la descripción de la infracción o infracciones en el formulario de la ODE.

La información exacta que debe facilitarse depende de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, es aconsejable tener en cuenta que la autoridad judicial de ejecución puede no saber nada o muy poco acerca del caso que dio origen a la ODE o del ordenamiento jurídico del Estado miembro de emisión. Por tanto, resulta vital que las autoridades judiciales emisoras garanticen la claridad, veracidad y exhaustividad de la información incluida en la ODE. Cuando un formulario de ODE está bien cumplimentado, no se necesitan documentos adicionales.

La experiencia ha demostrado que las solicitudes de información complementaria entre las autoridades judiciales emisoras y de ejecución suponen una de las causas principales de demora en la ejecución de las ODE. A menudo, esto deriva en el incumplimiento de los plazos previstos en la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 4.1 referente a los plazos).

3.2.2.   Información complementaria de utilidad de la autoridad judicial emisora

Las fotografías y las huellas dactilares de la persona buscada deben añadirse a la descripción del SIS cuando estén disponibles. Por otra parte, deberían indicarse siempre las señas de contacto y el número de teléfono móvil del agente de guardia y de la persona encargada del expediente, a fin de que se les pueda informar de inmediato y en cualquier momento cuando se localice a la persona buscada.

Cuando sea probable que el Estado miembro de ejecución exija garantías al Estado miembro emisor sobre la base del artículo 5 de la Decisión marco sobre la ODE, se aconseja añadir la información pertinente a la ODE. Por ejemplo, la autoridad emisora puede manifestar ya en ese momento su consentimiento de devolver a la persona buscada al Estado miembro de ejecución bajo determinadas condiciones (véase el apartado 5.8).

3.3.   Transmisión de la ODE

El procedimiento para transmitir la ODE depende de si la autoridad emisora conoce el paradero de la persona buscada (artículo 9 de la Decisión marco sobre la ODE). En la mayoría de los casos, no se conoce el paradero de la persona y la ODE debe transmitirse a todos los Estados miembros a través del SIS. Incluso cuando este se conoce, la autoridad judicial emisora puede decidir emitir una descripción en el SIS (artículo 9, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

3.3.1.   Si se desconoce el paradero de la persona buscada

Si se desconoce el paradero de la persona buscada, la ODE debe transmitirse a todos los Estados miembros. A tal fin, debe crearse una descripción para la detención o la entrega en el SIS, de conformidad con el artículo 26 de la Decisión SIS II. Es importante resaltar que la autoridad judicial emisora debe emitir la ODE antes de introducir la descripción en el SIS.

La autoridad judicial emisora debe enviar, en su caso una copia del original de la ODE y toda la información pertinente relacionada con la persona al servicio nacional SIRENE, a través de la autoridad policial competente.

El servicio nacional SIRENE del Estado miembro de emisión comprueba que la información es completa (por ejemplo, si hay fotografías y huellas dactilares que puedan adjuntarse), adjunta la copia del original de la ODE a la descripción junto con una traducción, si se dispone de ella, y valida la introducción de la descripción en el SIS. Además, el servicio SIRENE comunica los contenidos de la ODE al resto de servicios SIRENE mediante el intercambio de información complementaria (formulario A). El formulario A se emite en inglés. Es importante indicar en el formulario A (campo 311) si la búsqueda de la persona se limita únicamente a los territorios de determinados Estados miembros (búsqueda geográfica).

Tras recibir este formulario, el resto de servicios SIRENE comprueban si la información incluida en él y en la ODE está completa. De conformidad con el artículo 25 de la Decisión SIS II, los servicios SIRENE también pueden comprobar, bajo control judicial, si resulta obvio que la ejecución de la ODE tendrá que denegarse y, en ese caso, añadirán una «indicación» a la descripción encaminada a impedir la detención. Durante este proceso de verificación, la descripción debe seguir disponible para los usuarios finales. Si un Estado miembro no ejecuta la ODE y, por tanto, decide añadir una indicación a una descripción, la descripción seguirá siendo visible para los usuarios finales. Esta acción no consistirá en detener a la persona buscada sino en averiguar su paradero (véase el punto 3.6 del Manual SIRENE).

Los servicios SIRENE receptores también comprueban las bases de datos nacionales, como las policiales y las de los sistemas penitenciarios, para verificar si ya conocen a la persona buscada o incluso si esta ya se encuentra detenida por otra infracción. Si se localiza a la persona a partir de esta verificación, el servicio SIRENE remite la información incluida en el formulario A a la autoridad competente que se encargará de ejecutar la ODE.

La descripción para la detención está a disposición de las autoridades competentes de todos los Estados miembros (normalmente, autoridades policiales y judiciales). Si la persona es detectada y detenida a partir de la descripción del SIS en otro Estado miembro, se informará a la autoridad judicial emisora mediante el servicio nacional SIRENE.

Las descripciones para la detención introducidas en el SIS que contengan una copia del original de la ODE constituirán y tendrán los mismos efectos que una ODE (Decisión SIS II, artículo 31, apartado 1). Desde la entrada en funcionamiento de la segunda generación del SIS, ya no se exige la transmisión del original en papel de la ODE, ya que la copia del original de esta se adjunta directamente a la descripción. No obstante, dado que la ODE original se emite en la lengua del Estado de emisión y el formulario A se emite en inglés, puede que sea necesario que la autoridad emisora remita una ODE traducida al Estado miembro de ejecución después de que la persona buscada haya sido detenida. Asimismo, es posible adjuntar a la descripción, de forma inmediata, una copia de una traducción de la ODE en más de una lengua oficial de la Unión.

El sitio web de la RJE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) contiene una lista de las lenguas aceptadas por los Estados miembros (véase el apartado 3.4).

La autoridad judicial emisora debe garantizar que la descripción introducida en el SIS solo se conservará durante el tiempo necesario para alcanzar los fines para los que haya sido introducida (Decisión SIS II, artículo 44, aparatado 1). Esto implica que la descripción debe ser suprimida cuando se retire la ODE (véase el apartado 10.4 del presente manual) o cuando se haya producido la entrega (véase el punto 3.11 del Manual SIRENE).

3.3.2.   Si se conoce el paradero de la persona buscada

Si se conoce el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora puede enviar la ODE directamente a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución para que la ejecute (artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

En caso de que no conozca la autoridad judicial de ejecución competente, la autoridad judicial emisora debe hacer indagaciones, en particular a través de los puntos de contacto de la red judicial europea, con el fin de obtener dicha información del Estado miembro de ejecución (artículo 10, apartado 1). La herramienta Atlas del sitio web de la RJE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) también contiene información y datos de contacto de todas las autoridades competentes de los Estados miembros.

A fin de reducir el riesgo de fuga de la persona buscada, la autoridad judicial emisora también puede remitir la ODE a su servicio nacional SIRENE para su transmisión al resto de Estados miembros a través del SIS (véase el apartado 3.3.1, de la Decisión marco sobre la ODE). La descripción del SIS permite a las autoridades policiales de los Estados miembros saber que la persona es buscada para su detención. No obstante, debe indicarse claramente a todos los servicios SIRENE que se conoce el paradero de la persona para evitar el trabajo innecesario de comprobar si la persona es conocida o está presente en su territorio.

3.3.3.   Transmisión de la ODE a los Estados miembros que no usan el SIS

Actualmente, los siguientes Estados miembros de la Unión no usan el SIS: Irlanda y Chipre. Cuando se necesita transmitir una ODE a estos Estados miembros, esta se puede remitir directamente o a través de la oficina nacional de Interpol. El artículo 10, apartado 3 de la Decisión marco sobre la ODE prevé la transmisión a través de Interpol.

Con todo, conviene señalar que, en algunos Estados miembros, una descripción de Interpol no es base suficiente para proceder a una detención. Por tanto, es importante indicar claramente la existencia de la ODE en la descripción ya que esta siempre conlleva la obligación de arrestar a la persona buscada.

3.4.   Traducción de la ODE

El formulario de la ODE deberá cumplimentarse o traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución. Sin embargo, cuando el Estado miembro de ejecución haya declarado que aceptará también una traducción en uno o varias lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, la ODE debe, alternativamente, traducirse a una de esas lenguas (artículo 8, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

El sitio web de la RJE (herramienta Fichas belgas — http://www.ejn-crimjust.europa.eu) contiene una lista de las lenguas aceptadas por los Estados miembros.

Cuando la ODE se transmite a través del SIS, el Estado miembro de emisión también puede adjuntar una copia de la traducción de la ODE en una o más lenguas oficiales de las instituciones de la Unión a la descripción, como se prevé en el artículo 27, apartado 2, de la Decisión SIS II. Estas traducciones, al igual que los formularios A, deben servir como base suficiente para llevar a cabo las verificaciones que se indican en el apartado 3.3.1 del presente manual. Cabe señalar que esto no afecta a la obligación de traducir la ODE a una lengua aceptada por el Estado miembro de ejecución.

Cuando se pueda prever el lugar de detención de la persona buscada, quizá sea mejor traducir la ODE por adelantado a la lengua de ese Estado miembro. Esto facilita que se cumplan los ajustados plazos del procedimiento de ejecución de la ODE.

Las ODE que se remitan directamente a la autoridad judicial de ejecución o a una autoridad central deberán ir acompañadas de una traducción. Dado que las ODE deben transmitirse y ejecutarse con carácter de urgencia (artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE), el Estado miembro de emisión debe enviar la traducción lo antes posible y, en cualquier caso, dentro del plazo establecido por el Estado miembro para la recepción de ODE traducidas (véase el apartado 4.3 del presente manual).

Las traducciones deben realizarse usando el formulario normalizado de las ODE que se encuentra disponible en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión. Todas las versiones lingüísticas del formulario están disponibles en el sitio web de la RJE (Biblioteca Judicial y Compendium, tanto en formato Word como PDF).

3.5.   Tras el arresto de la persona buscada: cooperación y comunicación con las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución

Tras el arresto de la persona buscada en otro Estado miembro, las autoridades competentes del Estado miembro de emisión deben responder rápidamente a las peticiones de información o cualquier otra petición de las autoridades del Estado miembro de ejecución. Se aconseja a las autoridades competentes del Estado miembro de emisión que consulten la PARTE II de este manual para obtener directrices sobre una buena cooperación y comunicación con las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución. La RJE o Eurojust pueden ayudar en caso de que surjan problemas de comunicación. Los servicios SIRENE también facilitan habitualmente la comunicación si la persona ha sido arrestada de conformidad con una descripción para la detención emitida en el SIS.

En caso de que la autoridad judicial emisora decida retirar su ODE, debe notificarlo sin demora a la autoridad judicial de ejecución, especialmente si la persona buscada ha sido privada de libertad. Asimismo, debe asegurarse de que la descripción del SIS es suprimida.

La autoridad judicial emisora podrá transmitir en cualquier momento a la autoridad judicial de ejecución cuanta información complementaria sea de utilidad (artículo 15, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

PARTE II: EJECUCIÓN DE UNA ODE

4.   PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UNA ODE

4.1.   Plazos para tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE

Se establecen unos plazos estrictos para la ejecución de una ODE. Estos plazos dependen de si la persona buscada consiente en su entrega. Cabe destacar que, a pesar de los plazos, todas las ODE deben transmitirse y ejecutarse con carácter de urgencia (artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

Si la persona buscada consiente en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE debería tomarse en el plazo de 10 días desde la manifestación del consentimiento (artículo 17, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

Si la persona buscada no consiente en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE debería tomarse en el plazo de 60 días desde la detención de la persona buscada (artículo 17, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

Según la Decisión marco sobre la ODE, el consentimiento será, en principio, irrevocable. No obstante, todo Estado miembro podrá establecer que dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia a acogerse al principio de especialidad (véase el apartado 2.6) podrán revocarse de conformidad con las normas aplicables en sus respectivos Derechos internos. Si la persona buscada revoca su consentimiento, el límite inicial de diez días deja de aplicarse y pasa a ser de sesenta días, a contar desde el día de la detención (artículo 13, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE). Al establecer dicho plazo, el período comprendido entre la fecha del consentimiento y la de su revocación no se toma en consideración.

De manera excepcional, cuando en un caso concreto la ODE no pueda ser ejecutada dentro de los plazos aplicables, estos podrán prorrogarse otros 30 días. En tal caso, la autoridad judicial de ejecución debe informar inmediatamente a la autoridad judicial emisora de los motivos de la demora (artículo 17, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

Como dictaminó el Tribunal de Justicia en el asunto C-168/13 PPU Jeremy F.  (27), todo posible recurso suspensivo establecido por la normativa nacional contra la decisión sobre la entrega debe ejercerse en cualquier caso con observancia de los plazos previstos en la Decisión marco sobre la ODE para la adopción de una decisión definitiva.

En el asunto C-237/15 PPU Lanigan  (28), el Tribunal de Justicia sostuvo que la expiración de los plazos para la toma de una decisión sobre la ejecución de una ODE no exime al órgano jurisdiccional competente de su obligación de adoptar una decisión a ese respecto y no impide, en sí misma, el mantenimiento en detención continuada de la persona buscada. Sin embargo, si la duración de la privación de libertad es excesiva, debe ordenarse la puesta en libertad de la persona buscada, junto con las medidas necesarias para evitar su fuga.

Obligación de informar a Eurojust acerca de las demoras

Cuando un Estado miembro no pueda cumplir los plazos, las autoridades competentes deberán informar a Eurojust, precisando los motivos de la demora (Artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco sobre la ODE). Dada la vital importancia de cumplir los plazos en el funcionamiento de la ODE, Eurojust supervisa los casos en los que no se cumplen dichos plazos, si se informa de ello. Sobre esta base, Eurojust puede ayudar a identificar los problemas que causan las demoras. En muchas situaciones, Eurojust puede ayudar a las autoridades competentes a respetar estos plazos, por ejemplo, facilitando el intercambio de información entre las autoridades competentes.

4.2.   Plazos para la entrega de una persona buscada (después de tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE)

El plazo para la entrega de una persona buscada empieza a contar inmediatamente después de tomar la decisión definitiva sobre la ejecución de una ODE. Las autoridades interesadas deben organizar y acordar la entrega de la persona lo antes posible (artículo 23, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). En cualquier caso, la entrega deber tener lugar a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE (artículo 23, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). Por esta razón, es necesario acordar las disposiciones prácticas de la entrega sin demora.

Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados miembros interesados impida entregar a la persona buscada dentro del plazo de diez días, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se deberán poner inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega deberá tener lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada (Artículo 23, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

En el asunto C-640/15 Vilkas  (29), el Tribunal de Justicia concluyó que la autoridad judicial de ejecución puede acordar una nueva fecha de entrega con la autoridad judicial emisora, incluso si los dos anteriores intentos de entrega fracasaron debido a la resistencia opuesta por la persona buscada, siempre que dicha resistencia no haya podido ser prevista por las autoridades y que las consecuencias de esta resistencia para la entrega no hayan podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada por dichas autoridades, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. Dichas autoridades siguen estando obligadas a acordar una nueva fecha de entrega en caso de expiración de los plazos fijados en el artículo 23.

En cuanto a la suspensión de la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, enfermedad grave de la persona buscada, véase el apartado 5.9.1.

4.3.   Traducción de la ODE

La autoridad judicial de ejecución puede establecer un plazo para recibir la traducción de la ODE. La ODE debe traducirse a una de las lenguas oficiales de los Estados miembros ejecutivos u otra lengua que un Estado miembro haya indicado. Se anima encarecidamente a las autoridades judiciales de ejecución a que fijen un plazo de entre seis y diez días naturales.

La experiencia ha demostrado que, habitualmente, un plazo inferior a seis días es demasiado reducido para facilitar la traducción (con una calidad adecuada). Dar más de diez días podría ser percibido como una dilación excesiva del procedimiento, en particular cuando la persona buscada se halle detenida.

4.4.   Comunicación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros antes de la resolución de entrega

4.4.1.   Cuándo comunicarse

Información complementaria necesaria para permitir la resolución de entrega

Las peticiones de información complementaria deben ser excepcionales. Esta comunicación debe realizarse a través de los servicios SIRENE usando los formularios correspondientes (formulario M). El funcionamiento de la ODE se funda en la presunción general de que la autoridad judicial de ejecución puede pronunciarse sobre la entrega basándose en la información contenida en la ODE. Esta presunción descansa en el principio de reconocimiento mutuo y en la necesidad de pronunciarse rápidamente sobre la entrega. No obstante, las peticiones de información complementaria son necesarias en determinadas situaciones a fin de cumplir la obligación de ejecutar la ODE.

Si la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para que la autoridad judicial de ejecución pueda pronunciarse sobre la entrega, la autoridad judicial de ejecución debe comunicarse con la autoridad judicial emisora para obtener la información complementaria necesaria. Cabe destacar que en la Decisión marco sobre la ODE esto se contempla como una obligación de la autoridad judicial de ejecución (artículo 15, apartado 2).

La comunicación entre las autoridades judiciales de emisión y ejecución antes de la resolución de entrega debe referirse principalmente a la información complementaria que resulta pertinente para la resolución (véase el apartado 5.6). Por tanto, las peticiones de información complementaria deben referirse, en particular, al contenido exigido en el formulario de la ODE que es necesario para evaluar la posibilidad de ejecutar la ODE y la aplicabilidad de cualquier motivo de denegación.

De conformidad con el principio de reconocimiento mutuo, la autoridad judicial de ejecución no puede poner en tela de juicio los fundamentos de las resoluciones de las autoridades judiciales del Estado miembro de emisión.

La comunicación se debe realizar siempre lo más rápido posible y, en cualquier caso, respetando los plazos de la ODE establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE.

Algunas situaciones típicas en las que la petición de información complementaria puede ser necesaria son las siguientes:

a)

una parte importante del formulario de la ODE no se ha cumplimentado;

b)

el contenido de la ODE no está claro;

c)

existe un error manifiesto en la ODE;

d)

no es seguro que se haya detenido a la persona correcta de conformidad con la ODE.

Antes de alegar un motivo de denegación

En muchas situaciones, la autoridad judicial de ejecución puede ponerse en contacto con la autoridad judicial de emisión antes decidir aplicar un motivo de no ejecución. Esto puede resultar beneficioso, por ejemplo, para establecer si existen otras medidas de cooperación judicial que puedan utilizarse cuando una ODE no pueda ser ejecutada.

Otras razones para la comunicación

También puede ser necesaria una comunicación complementaria:

a)

para obtener garantías del Estado miembro de emisión relativas a penas privativas de libertad a perpetuidad o para devolver a los nacionales o residentes para que cumplan las penas privativas de libertad en el Estado miembro de ejecución (véase el apartado 5.8) y

b)

en el caso de varias ODE relacionadas con la misma persona (véase el apartado 5.10).

4.4.2.   Cómo comunicarse

La ODE se basa en el principio de contacto directo entre las autoridades competentes. La comunicación directa entre las autoridades judiciales de emisión y ejecución tiene la ventaja de ser rápida y fiable.

Sin embargo, la comunicación debe realizarse a través de las autoridades centrales cuando el Estado miembro haya designado una autoridad central para que se ocupe de la correspondencia oficial de conformidad con el artículo 7 de la Decisión marco sobre la ODE. El sitio web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) incluye información sobre los Estados miembros que han hecho uso de esta posibilidad.

Atlas Judicial (datos de contacto)

La herramienta Atlas del sitio web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) contiene los datos de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros. Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de identificar a las autoridades locales con competencias para recibir la resolución que debe ser ejecutada y de contactar con la persona interesada para debatir aspectos prácticos relacionados con la ODE y otros instrumentos de reconocimiento mutuo.

Métodos de comunicación

La Decisión marco sobre la ODE no contiene normas específicas sobre los formularios o procedimientos de comunicación posteriores a la recepción de la ODE. La comunicación puede llevarse a cabo a través de cualquier medio disponible y suficientemente seguro (por ejemplo, teléfono o correo electrónico). La forma más eficiente es comunicarse directamente con las mínimas formalidades y, cuando sea posible, acordando el uso de una lengua común.

Es aconsejable que el lenguaje usado en la comunicación escrita sea lo más simple posible. Deben evitarse o explicarse aquellos términos y conceptos que puedan tener diferentes connotaciones en los distintos ordenamientos jurídicos. Esto ayudará a evitar malentendidos y problemas con las traducciones.

Una buena comunicación ayuda a que el procedimiento siga siendo rápido, a evitar malentendidos y a respetar los reducidos plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE (véanse los apartados 4.1 y 4.2 de este Manual sobre los plazos).

Siempre urgente

La autoridad judicial emisora debe tramitar las peticiones de información complementaria con carácter de urgencia. La autoridad judicial de ejecución puede establecer un plazo (razonable) para la recepción de esta información teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos que establece el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE (artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

Asimismo, las autoridades competentes deben tener en cuenta las demoras que las peticiones de información complementaria puedan causar y deben intentar minimizarlas.

Los contactos de Eurojust o la RJE pueden facilitar la comunicación

Los puntos de contacto de la RJE o los miembros nacionales de Eurojust pueden facilitar la comunicación con las autoridades de otros Estados miembros. Tanto la RJE como Eurojust pueden ofrecer una comunicación rápida e informal entre los representantes de los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros.

Resulta especialmente aconsejable usar la RJE o Eurojust de acuerdo con sus funciones concretas en situaciones de urgencia o cuando resulta difícil contactar con la autoridad adecuada.

Por ejemplo, el sitio web de la RJE (Atlas Judicial, Fichas belgas) y sus puntos de contacto pueden ayudar a identificar a las autoridades judiciales de ejecución competentes y a ofrecer información acerca de los requisitos específicos del Estado miembro de ejecución, mientras que el miembro nacional de Eurojust debería participar en caso de que se repitan las demoras o se deniegue la ejecución, o en caso de solapamiento de ODE. Además, la conexión de telecomunicaciones protegida de la RJE puede usarse como canal para transmitir las ODE, como prevé el artículo 10, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE. Es una buena práctica mencionar en el formulario de la ODE si los puntos de contacto de la RJE, los miembros nacionales de Eurojust u otras personas a cargo de un caso han participado en la preparación de la ODE (30).

Función de los servicios SIRENE

En cuanto a las descripciones para la detención emitidas en el SIS, los servicios SIRENE son responsables del intercambio de información desde el momento en que se encuentra a la persona hasta, al menos, el inicio del procedimiento de entrega formal. Las autoridades judiciales deben mantener informado al servicio SIRENE acerca de las novedades que se produzcan entre la detección y la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE.

4.5.   Obligación de la autoridad judicial de ejecución en materia de información a la autoridad de emisión tras la decisión sobre la entrega

Tras tomar la decisión sobre la entrega de la persona buscada, la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de informar a la autoridad del Estado miembro de emisión acerca de la decisión así como sobre el tiempo de privación de libertad.

4.5.1.   Información sobre la decisión relativa a la entrega

La autoridad judicial de ejecución debe notificar a la autoridad de emisión la decisión relativa a la entrega. Con independencia de si la persona buscada es entregada, esta notificación debe llevarse a cabo inmediatamente después de tomar la decisión a fin de permitir a las autoridades del Estado miembro de emisión tomar las medidas oportunas. Esta obligación de notificar al Estado miembro de emisión inmediatamente deriva del artículo 22 de la Decisión marco sobre la ODE.

A tal fin, es aconsejable usar el formulario normalizado incluido en el anexo VII del presente manual. Asimismo, se recomienda que la autoridad judicial de ejecución comunique la decisión directamente a la autoridad judicial de emisión, ya que esto facilita una comunicación rápida y clara (véase el apartado 4.4.2).

Toda denegación de ejecución de la orden de detención europea deberá justificarse (artículo 17, apartado 6 de la Decisión marco sobre la ODE).

Es importante que las autoridades de ejecución indiquen claramente la infracción o infracciones a las que se refiere la decisión de entrega. Esto resulta pertinente debido al principio de especialidad, consagrado en el artículo 27 de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 2.6 del presente manual). El principio de especialidad puede impedir que el Estado miembro de emisión incoe acciones penales por infracciones cometidas antes de la entrega, distintas a aquella o aquellas por las que se entregó a la persona buscada.

En los casos en que la ODE haya sido introducida en el SIS, la autoridad judicial de ejecución debe notificar su decisión al servicio SIRENE de su Estado miembro.

4.5.2.   Información sobre el tiempo de privación de libertad

Toda la información relativa a la duración de la privación de libertad de la persona buscada sobre la base de la ODE debe ser remitida a la autoridad judicial de emisión. La Decisión marco sobre la ODE exige que esta información sea remitida en el momento de la entrega (artículo 26, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). Esta información puede ser transmitida por la autoridad judicial de ejecución o la autoridad central designada.

Es importante que las autoridades del Estado miembro de emisión conozcan el tiempo exacto de privación de libertad. Este tiempo debe ser deducido de la condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad (artículo 26, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

El formulario normalizado del anexo VII contiene un espacio para informar sobre el tiempo de privación de libertad.

En el asunto C-294/16 PPU JZ  (31), el Tribunal de Justicia falló como sigue:

«47.

[…] debe interpretarse el concepto de “privación de libertad”, a los efectos del artículo 26, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, en el sentido de que comprende, además del encarcelamiento, cualquier medida o conjunto de medidas impuestas a la persona afectada, que, por su tipo, duración, efectos y modalidades de ejecución, privan a dicha persona de su libertad de manera comparable a un encarcelamiento.

[…]

53.

Al aplicar el artículo 26, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, la autoridad judicial del Estado miembro emisor de la orden de detención europea debe examinar si las medidas adoptadas con respecto a la persona afectada en el Estado miembro de ejecución deben asimilarse a una privación de libertad, conforme se indica en el apartado 47 de la presente sentencia, y constituir, por tanto, una privación de libertad en el sentido de este artículo 26, apartado 1. Si, en el marco de este examen, dicha autoridad judicial llega a la conclusión de que tal es el caso, el artículo 26, apartado 1, impone la obligación de deducir del período de privación de libertad que esta persona debería cumplir en el Estado miembro emisor de la orden de detención europea la totalidad del período durante el cual se aplicaron esas medidas.

[…]

55.

Sin embargo, dado que el artículo 26, apartado 1, se limita a imponer un nivel mínimo de protección de los derechos fundamentales de la persona a la que se refiere la orden de detención europea, no puede interpretarse, según indica el Abogado General en el punto 72 de sus conclusiones, que se oponga a que, sobre la base exclusiva del Derecho nacional, la autoridad judicial del Estado miembro emisor de esta orden de detención pueda deducir del período total de privación de libertad que la persona afectada debería cumplir en este Estado miembro todo o parte del período durante el cual esta persona, en el Estado miembro de ejecución, fue objeto de medidas que no implican una privación de libertad, sino una restricción de esta.

56.

Finalmente, es importante recordar que, al proceder al examen al que se ha hecho referencia en el apartado 53 de la presente sentencia, la autoridad judicial del Estado miembro emisor de la orden de detención europea, sobre la base del artículo 26, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, puede solicitar a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución toda la información cuya comunicación considere necesaria».

4.6.   Mantenimiento de la persona buscada en detención en el Estado miembro de ejecución

Tras la detención de la persona buscada sobre la base de la ODE, la autoridad judicial de ejecución debe decidir si esa persona debe permanecer detenida o si es puesta en libertad hasta la decisión sobre la ejecución de la ODE. Por tanto, la detención no se exige necesariamente y la libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución (artículo 12, de la Decisión marco sobre la ODE).

Cuando no se mantiene detenida a la persona, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tiene la obligación de tomar las medidas que considera necesarias para evitar la fuga de la persona (artículo 12, de la Decisión marco sobre la ODE). Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, la prohibición de viajar o la obligación de comparecer de manera periódica o estar sometido a vigilancia electrónica.

La decisión sobre la detención se toma con arreglo a la legislación nacional y de conformidad con el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prevé que toda persona tenga derecho a la libertad y a la seguridad.

En el asunto C-237/15 PPU Lanigan, el Tribunal de Justicia falló:

«Los artículos 15, apartado 1, y 17 de la Decisión marco 2002/584/JAI […] deben interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución sigue estando obligada a adoptar la decisión sobre la ejecución de la orden de detención europea tras la expiración de los plazos establecidos en el artículo 17.

El artículo 12 de la Decisión marco, en relación con el artículo 17 de esta y a la luz del artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en tal situación, a que se mantenga en detención a la persona buscada, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, aunque la duración total del período de detención de esa persona supere los plazos establecidos, siempre que esa duración no sea excesiva en relación con las características del procedimiento seguido en el asunto controvertido en el litigio principal, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente. Si la autoridad judicial de ejecución decide poner fin a la detención de la persona buscada, deberá acompañar la puesta en libertad provisional de esa persona de todas las medidas que considere necesarias para evitar su fuga y velar por que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para su entrega efectiva mientras no se haya tomado ninguna decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea».

5.   DECISIÓN SOBRE LA ENTREGA

5.1.   Obligación general de ejecución de las ODE

La autoridad judicial de ejecución tiene la obligación general de ejecutar toda ODE, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión marco sobre la ODE (artículo 1). Estas disposiciones se describen en los apartados 5 a 8 del presente manual. La decisión sobre la entrega debe tomarse dentro de los plazos mencionados en el apartado 4.

Además, las autoridades competentes deben garantizar que se respeten los derechos procesales mínimos de la persona buscada, tal y como se menciona en el apartado 11.

5.2.   Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación

La autoridad judicial de ejecución debe comprobar si alguna de las infracciones ha sido considerada por la autoridad judicial de emisión como una de las treinta y dos categorías de delitos enumerados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE. La autoridad de ejecución solo puede controlar la doble tipificación de las infracciones que no están enumeradas en la lista de treinta y dos infracciones.

Cabe destacar que solo tiene relevancia la definición de la infracción y la pena máxima contempladas en la legislación del Estado miembro emisor. La autoridad de ejecución debe reconocer lo indicado por la autoridad de emisión en la ODE.

En el asunto C-289/15 Grundza, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 7, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión marco 2008/909/JAI (en concreto, cómo debe apreciarse la condición de doble tipificación). El Tribunal de Justicia falló como sigue:

«38.

[…] incumbe a la autoridad competente del Estado de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los hechos que dan lugar a la infracción, tal como fueron plasmados en la sentencia dictada por la autoridad competente del Estado de emisión, también estarían sujetos, en cuanto tales, a una sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio.

[…]

49.

[…] a la hora de apreciar dicha doble tipificación, lo que la autoridad competente del Estado de ejecución debe comprobar no es si ha resultado lesionado el interés protegido por el Estado de emisión, sino que debe tratar de determinar si, en el supuesto de que la infracción en cuestión se hubiera cometido en el territorio del Estado miembro al que pertenece aquella autoridad, se habría considerado que un interés semejante, protegido por el Derecho nacional de ese Estado, ha resultado lesionado.»

En caso de que la autoridad judicial de ejecución considere que existe un error manifiesto a este respecto, debe contactar con la autoridad judicial de emisión para aclarar el asunto (véase el apartado 4.4 sobre la comunicación).

5.3.   Infracciones accesorias

Las infracciones accesorias se refieren a la entrega por una o más infracciones sancionadas con una pena inferior al umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE. Estas infracciones pueden ser incluidas en la ODE como infracciones accesorias. La autoridad judicial de emisión puede incluir dichas infracciones en el formulario de la ODE aunque estas no entren en el ámbito de aplicación de la ODE (véase el apartado 2.3).

Sin embargo, la ODE debe emitirse para al menos una de las infracciones que alcanzan el umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE.

La Decisión marco sobre la ODE no dispone expresamente el procedimiento aplicable a las entregas por infracciones accesorias. Algunos Estados miembros han decidido permitirlas, mientras que otros no lo han hecho. Si el Estado miembro de ejecución no realiza entregas por infracciones accesorias, el principio de especialidad puede impedir que el Estado miembro de emisión enjuicie dichas infracciones (véase el apartado 2.6 sobre el principio de especialidad).

Si la ODE incluye infracciones accesorias, se aconseja que la autoridad judicial de ejecución indique claramente en la decisión de entrega si esta última también se refiere a infracciones accesorias. La entrega por infracciones accesorias otorga al Estado miembro de emisión la competencia de incoar una acción penal o ejecutar una pena privativa de libertad por dichas infracciones.

El anexo VIII contiene una lista de los Estados miembros cuyo sistema legal permite realizar la entrega por infracciones accesorias.

5.4.   Motivos para la no ejecución (denegación)

La obligación general de ejecutar ODE (consagrada en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE) está limitada por los motivos para la no ejecución obligatoria y facultativa de la ODE, es decir, los motivos de denegación (artículos 3, 4 y 4 bis de la Decisión marco sobre la ODE). Cabe destacar que, de acuerdo con la Decisión marco sobre la ODE, estos motivos son los únicos que la autoridad judicial de ejecución puede alegar como base para la no ejecución. En cuanto a los motivos para la no ejecución facultativa, la autoridad judicial de ejecución solo puede alegar aquellos transpuestos a su legislación nacional. EL Tribunal de Justicia ha aclarado que la lista de motivos es exhaustiva (en particular, en sus sentencias en el asunto C-123/08 Wolzenburg, apartado 57, y asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU Aranyosi y Căldăraru, apartado 80) (32).

La autoridad judicial de ejecución puede contactar con la autoridad judicial de emisión antes de decidir denegar la entrega. Esto puede resultar aconsejable cuando existan dudas sobre la aplicación de cualquiera de los motivos para la no ejecución. La autoridad judicial de ejecución también puede informar acerca de otras medidas posibles, como el traslado de condenados, antes de tomar la decisión de denegación (véase el apartado 4.4 sobre la comunicación y el apartado 2.5 sobre otras medidas de la Unión sobre cooperación judicial).

Después de tomar la decisión de denegar la entrega, la persona buscada ya no puede permanecer detenida sobre la base de la ODE.

5.4.1.   Motivos para la no ejecución obligatoria

Cuando sean de aplicación uno o más de los motivos para la no ejecución obligatoria, la autoridad de ejecución deberá denegar la ejecución de la ODE (artículo 3 de la Decisión marco sobre la ODE). Por tanto, una vez que la autoridad judicial de ejecución haya establecido que uno de estos motivos de denegación es aplicable, dicha autoridad deberá denegar la ejecución. Estos motivos se enumeran en el artículo 3 de la Decisión marco sobre la ODE.

Amnistía (artículo 3, apartado 1)

El delito en que se basa la orden de detención europea está cubierto por la amnistía en el Estado miembro de ejecución. También se exige que el Estado miembro de ejecución tenga competencia para perseguir dicho delito según su propio Derecho penal.

Ne bis in idem (artículo 3, apartado 2)

De la información de que dispone la autoridad judicial de ejecución se desprende que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro. También se exige que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena.

El Tribunal de Justicia ha dictado varias sentencias sobre la interpretación del principio ne bis in idem en relación con el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS). Estas sentencias son aplicables a la Decisión marco sobre la ODE en virtud de la sentencia del asunto C-261/09 Mantello  (33) y aclaran conceptos como «sentencia firme», «mismo hecho» y «pena ejecutada». En el asunto C-129/14 PPU Spasic  (34), el Tribunal de Justicia dictaminó que el artículo 54 del CAAS es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, en la que se consagra el principio.

El anexo VI contiene resúmenes de las sentencias del Tribunal de Justicia relativas al principio ne bis in idem.

Artículo 54 del CAAS

«Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.»

Artículo 50 de la Carta

«Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción.

Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.»

Minoría de edad de responsabilidad penal (artículo 3, apartado 3)

Debido a su edad, la persona buscada no puede ser considerada responsable penalmente de los hechos en que se basa la orden de detención, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución.

Las legislaciones de los Estados miembros definen distintas edades mínimas de responsabilidad penal. También varía el momento en que esa edad se aplica a un caso concreto: el momento pertinente puede ser, por ejemplo, cuando tuvo lugar la infracción penal del sospechoso o cuando se acusó a la persona.

Los motivos para la no ejecución se aplican si, en el Estado miembro de ejecución, la persona buscada, debido a su edad, solo puede afrontar procedimientos civiles o administrativos, pero no penales.

5.4.2.   Motivos para la no ejecución facultativa

Cuando sea de aplicación alguno de los motivos para la no ejecución facultativa transpuestos a la legislación nacional, la autoridad de ejecución podrá negarse a ejecutar la ODE dependiendo de las circunstancias del caso. Estos motivos se enumeran en el artículo 4 de la Decisión marco sobre la ODE.

Falta de doble tipificación (artículo 4, apartado 1)

Los hechos que motivan la ODE no son constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Esto afecta únicamente a los delitos no enumerados en la lista del artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, para las que se ha suprimido el control de doble tipificación. No obstante, incluso si el hecho se corresponde con uno de los delitos enumerados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, pero es punible con una pena o medida de seguridad privativas de libertad por un período máximo inferior a tres años en la legislación del Estado miembro de emisión y no constituye delito en virtud de la legislación del Estado miembro de ejecución, se puede aplicar este motivo para la no ejecución facultativa. En el asunto C-289/15 Grundza, el Tribunal de Justicia aclaró cómo debe apreciarse la condición de doble tipificación (véase el apartado 5.2).

En materia de impuestos o derechos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la ODE aduciendo que la legislación del Estado miembro de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos de aduana o de cambio que la legislación del Estado miembro de emisión.

Proceso penal en curso en el Estado miembro de ejecución (artículo 4, apartado 2)

La persona que es objeto de la ODE está sujeta a un proceso penal en el Estado miembro de ejecución por el mismo hecho que motiva la ODE.

Proceso penal por la misma infracción archivado en el Estado miembro de ejecución (artículo 4, apartado 3)

Las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución han decidido, o bien no incoar acción penal por la infracción que sea objeto de la orden de detención europea, o bien concluirla, o sobre la persona buscada ha recaído en un Estado miembro otra resolución definitiva por los mismos hechos que obstaculiza el posterior ejercicio de diligencias penales.

Véase también el apartado 5.4.1 sobre el principio ne bis in idem.

Delito o pena prescritos (artículo 4, apartado 4)

Ha prescrito el delito o la pena con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución y los hechos son competencia de dicho Estado miembro según su propio Derecho penal.

Véase también el apartado 5.4.1 sobre el principio ne bis in idem.

Resolución definitiva en un tercer Estado (artículo 4, apartado 5)

De la información de que dispone la autoridad judicial de ejecución se desprende que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un tercer Estado siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena.

El Estado miembro de ejecución ejecuta la pena (artículo 4, apartado 6)

Cuando la ODE se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad y la persona buscada sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él, la autoridad judicial de ejecución podría considerar que la pena se ejecutase en su Estado miembro en lugar de entregar a la persona al Estado de emisión.

El artículo 25 de la Decisión marco 2008/909/JAI contiene una disposición específica sobre la ejecución de penas privativas de libertad en el Estado miembro de ejecución en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 2.5.2 del presente manual). La Decisión marco 2008/909/JAI ha sustituido al Convenio de 1983 y su protocolo adicional. Por tanto, debe aplicarse la Decisión marco 2008/909/JAI para la transmisión de la pena al Estado miembro en que esta se ejecute.

De conformidad con la Decisión marco 2008/909/JAI, el consentimiento del condenado para el traslado ya no representa un requisito previo en todos los casos.

En el asunto C-66/08 Kozłowski  (35), el Tribunal de Justicia consideró que los términos «residente» y «habite» del artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco sobre la ODE deben tener una definición uniforme por cuanto se refieren a conceptos autónomos del Derecho de la Unión. Se refieren, respectivamente, a las situaciones en las que la persona buscada haya establecido su residencia real en el Estado miembro de ejecución o haya creado, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese mismo Estado, vínculos con ese Estado que tengan una fuerza similar a los resultantes de una residencia. La determinación de «habite» exige una apreciación global de varios elementos objetivos, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de permanencia de la persona, así como los lazos familiares y económicos con el Estado miembro de ejecución.

Como falló el Tribunal de Justicia en el asunto C-123/08 Wolzenburg, en cuanto al artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco sobre la ODE, y al principio de igualdad de trato de los ciudadanos de la Unión, las normas internas que disponen la no ejecución de una ODE en el caso de los ciudadanos de la Unión migrantes, con vistas a la ejecución de una pena privativa de libertad, cuando estos hayan residido legalmente en territorio nacional de manera ininterrumpida durante cinco años, son compatibles con el antiguo artículo 12 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente artículo 18 del TFUE). Sin embargo, un Estado miembro no puede supeditar la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de una ODE prevista en el artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco sobre la ODE, a otros requisitos adicionales de carácter administrativo, como disponer de un permiso de residencia por tiempo indefinido.

En el asunto C-42/11 Lopes da Silva Jorge  (36), el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco sobre la ODE y el artículo 18 del TFUE deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede, en el contexto de la transposición del artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco sobre la ODE, optar por limitar las situaciones en las que una autoridad judicial de ejecución puede denegar la entrega de una persona comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición, pero no puede excluir de manera absoluta y automática de ese ámbito de aplicación a los nacionales de otros Estados miembros que habiten o residan en su territorio sin tener en cuenta los vínculos que estos tengan con el mismo. Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretar el Derecho a la luz de la letra y objetivos de la Decisión marco sobre la ODE para garantizar su plena efectividad.

Extraterritorialidad (infracciones cometidas fuera del territorio del Estado miembro de emisión) (artículo 4, apartado 7)

La ODE contempla infracciones que:

a)

el Derecho del Estado miembro de ejecución considere cometidas en su totalidad o en parte en el territorio del Estado miembro de ejecución o en un lugar asimilado al mismo o

b)

se hayan cometido fuera del territorio del Estado miembro emisor y el Derecho del Estado miembro de ejecución no permita la persecución por las mismas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio

5.5.   Juicios en rebeldía

La Decisión marco 2009/299/JAI modificó la Decisión marco sobre la ODE suprimiendo el artículo 5, apartado 1, e insertando un nuevo artículo 4 bis sobre resoluciones dictadas en rebeldía. Estas normas se refieren a situaciones en las que una autoridad judicial de ejecución ha recibido una ODE relativa a la ejecución de una pena privativa de libertad derivada de ciertos procedimientos en el Estado miembro de emisión en el que la persona no estaba presente.

El artículo 4 bis de la Decisión marco sobre la ODE contiene un motivo de no ejecución facultativa según el cual la ODE emitida a fin de ejecutar una pena o medida de seguridad privativas de libertad puede ser denegada si la persona no compareció en el juicio en el que se dictó la resolución (resolución dictada en rebeldía).

No obstante, esta norma contiene una serie de excepciones. Una autoridad judicial de ejecución no puede denegar la ejecución de una ODE sobre la base de una resolución dictada en rebeldía Si en la ODE consta, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado miembro de emisión, que el imputado:

a)

con suficiente antelación:

i)

o bien fue citado en persona e informado así de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolución, o bien recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo, y

ii)

fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia, o

b)

teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio, o

c)

tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso —en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios—, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:

i)

declaró expresamente que no impugnaba la resolución, o

ii)

no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido, o

d)

no se le notificó personalmente la resolución, pero:

i)

se le notificará sin demora tras la entrega y será informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial, y

ii)

será informado del plazo en el que deberá solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, tal como conste en la correspondiente orden de detención europea.

El asunto C-399/11 Melloni  (37) se refiere a si el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en los supuestos previstos en esa disposición, la autoridad judicial de ejecución someta la ejecución de una ODE emitida para el cumplimiento de una pena a la condición de que la condena impuesta en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor.

El Tribunal de Justicia consideró que el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, prevé un motivo facultativo de no ejecución de una ODE emitida a fin de ejecutar una pena cuando la persona afectada ha sido condenada en rebeldía. Esa facultad está acompañada, sin embargo, por cuatro excepciones descritas en las letras a) a d) del artículo 4 bis, apartado 1. El Tribunal consideró que, en estas cuatro situaciones, la autoridad judicial de ejecución no puede subordinar la entrega de la persona condenada en rebeldía a la posibilidad de que se revise la sentencia condenatoria, con la presencia de esa persona.

En el asunto C-108/16 PPU Dworzecki  (38) el Tribunal de Justicia consideró lo siguiente:

«El artículo 4 bis, apartado 1, letra a), inciso i), de la Decisión marco 2002/584 […] debe interpretarse en el sentido de que no cumple por sí sola los requisitos establecidos en ese precepto una citación, como la controvertida en el procedimiento principal, que no fue notificada directamente al interesado, sino que se entregó, en el domicilio de este, a un adulto que vive en dicho domicilio y que se comprometió a entregársela, cuando la orden de detención europea no permita dilucidar si y, en su caso, cuándo ese adulto entregó efectivamente la citación al interesado.»

5.6.   Consideraciones sobre los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial de ejecución

La Decisión marco sobre la ODE no contiene una disposición de no ejecución sobre la base de una violación de los derechos fundamentales de la persona buscada en el Estado miembro de emisión.

No obstante, el artículo 1, apartado 3, leído conjuntamente con los considerandos 12 y 13 de la Decisión marco sobre la ODE aclaran que los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales deben ser respetados en el contexto de la ODE.

En los asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU Aranyosi y Căldăraru el Tribunal de Justicia falló como sigue:

«[…] la autoridad judicial de ejecución, de disponer de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados relativos a las condiciones de reclusión imperantes en el Estado miembro emisor que acrediten la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten a ciertos grupos de personas o a ciertos centros de reclusión, deberá comprobar, concreta y precisamente, si existen razones serias y fundadas para creer que la persona objeto de una orden de detención europea emitida a efectos del ejercicio de acciones penales o de la ejecución de una pena privativa de libertad correrá, debido a sus condiciones de reclusión en ese Estado miembro, un riesgo real de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta, en caso de ser entregada a dicho Estado miembro.

A tal efecto, dicha autoridad deberá solicitar información complementaria a la autoridad judicial emisora, la cual, tras haber recabado, en caso necesario, la ayuda de la autoridad central o de una de las autoridades centrales del Estado miembro emisor, en el sentido del artículo 7 de la Decisión Marco, deberá transmitir dicha información en el plazo fijado en la solicitud. La autoridad judicial de ejecución deberá suspender su decisión sobre la entrega de la persona de que se trate hasta que obtenga la información complementaria que le permita excluir la existencia de tal riesgo.

Si la existencia de ese riesgo no puede excluirse en un plazo razonable, la mencionada autoridad deberá decidir si procede poner fin al procedimiento de entrega.»

Cuando la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución disponga de elementos que acrediten un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a las personas encarceladas en el Estado miembro emisor a causa de las condiciones generales de reclusión, dicha autoridad deberá seguir el procedimiento establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU, Aranyosi y Căldăraru (apartados 89 a 104).

Procedimientos que deben seguir las autoridades judiciales nacionales de ejecución si disponen de elementos que acrediten un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a las personas encarceladas en el Estado miembro emisor

Se deben seguir los siguientes pasos:

1.

Verificación de si existe un riesgo real de que se inflija un trato inhumano y degradante a la persona buscada a causa de las condiciones generales de reclusión:

basada en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que pueden proceder en particular de resoluciones judiciales internacionales, como las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de resoluciones judiciales del Estado miembro emisor o de decisiones, informes u otros documentos elaborados por los órganos del Consejo de Europa o del sistema de las Naciones Unidas.

2.

Si se constata la existencia de tal riesgo sobre la base de las condiciones generales de reclusión, verificación de si existen razones serias y fundadas para creer que existe dicho riesgo real de que se inflija un trato inhumano y degradante en las circunstancias del caso de autos para la persona buscada:

obligación de solicitar (sobre la base del artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE) a la autoridad judicial de emisión la transmisión urgente de toda la información complementaria necesaria sobre las condiciones de reclusión previstas para la persona buscada;

posibilidad de solicitar información relativa a la existencia de posibles mecanismos de control de las condiciones de reclusión;

posibilidad de fijar un plazo para la respuesta, teniendo en cuenta el tiempo necesario para recopilar dicha información y los plazos que establece el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE.

3.

Si se constata la existencia de un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a la persona buscada, sobre la base de la información recibida de la autoridad judicial de emisión y de cualquier otra información de la que disponga la autoridad judicial de ejecución (y a la espera de una decisión definitiva sobre la ODE):

obligación de suspender la ejecución de la ODE en cuestión. Se debe informar a Eurojust (de acuerdo con el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco sobre la ODE);

posibilidad de mantener en detención a la persona de que se trate, solo si el procedimiento de ejecución de la ODE se ha llevado a cabo con la suficiente diligencia y la duración de la detención no es excesiva (de acuerdo con la sentencia en el asunto C-237/15, Lanigan, apartados 58, 59 y 60), teniendo en cuenta debidamente el principio de presunción de inocencia garantizado por el artículo 48 de la Carta y respetando el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 52, apartado 1, de la misma;

posibilidad o incluso obligación de poner en libertad provisional a la persona de que se trate junto con la adopción de medidas destinadas a evitar la fuga de la persona.

4.

Decisión definitiva:

si la autoridad judicial de ejecución, sobre la base de la información recibida de la autoridad judicial de emisión, puede excluir la existencia de un riesgo real de que se inflija un trato inhumano y degradante a la persona buscada, dicha autoridad deberá tomar una decisión sobre la ejecución de la ODE;

si la autoridad judicial de ejecución descubre que el riesgo de que se inflija un trato inhumano y degradante no puede excluirse en un plazo razonable, la mencionada autoridad deberá decidir si procede poner fin al procedimiento de entrega.

5.7.   Proporcionalidad: la función del Estado miembro de ejecución

La Decisión marco sobre la ODE no prevé la posibilidad de que el Estado miembro de ejecución evalúe la proporcionalidad de una ODE, ajustándose al principio de reconocimiento mutuo. En caso de que se planteen serias dudas en cuanto a la proporcionalidad de la ODE recibida en el Estado miembro de ejecución, se anima a las autoridades judiciales de emisión y ejecución a que se comuniquen directamente. Se prevé que estos casos surjan únicamente en circunstancias excepcionales. Gracias a las consultas, las autoridades judiciales competentes pueden hallar una solución más adecuada (véase el apartado 4.4. sobre la comunicación entre las autoridades competentes). Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias del caso, cabe la posibilidad de retirar la ODE y utilizar otros medios previstos en el Derecho nacional o de la Unión.

En tales situaciones, las autoridades judiciales también pueden consultar a Eurojust o a los puntos de contacto de la RJE. Estos organismos pueden facilitar la comunicación y ayudar a hallar soluciones.

5.8.   Garantías que debe dar el Estado miembro de emisión

El artículo 5 de la Decisión marco sobre la ODE establece que la ejecución de la ODE por parte de la autoridad judicial de ejecución puede supeditarse, con arreglo a su Derecho nacional, a determinadas condiciones. Estas condiciones pueden estar relacionadas con la revisión de la cadena perpetua y el retorno de nacionales al Estado miembro de ejecución para cumplir sus penas privativas de libertad.

Estas garantías deben estar previstas directamente en el Derecho nacional del Estado miembro de emisión o mediante un acuerdo entre las autoridades competentes de los Estados miembros de emisión y de ejecución. Sin embargo, solo pueden referirse a las condiciones expuestas en el artículo 5 de la Decisión marco sobre la ODE, tal y como confirmó el Tribunal de Justicia (en particular, en los asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU, Aranyosi y Căldăraru, apartado 80, y en el asunto C-237/15 PPU, Lanigan, apartado 36).

Nota: La garantía relativa a un nuevo proceso por resoluciones dictadas en rebeldía prevista en el artículo 5, apartado 1, ha sido suprimida por la Decisión marco 2009/299/JAI y sustituida por el nuevo artículo 4 bis que contiene disposiciones más amplias sobre resoluciones en rebeldía (véase la sección 5.5 del presente manual).

En el asunto C-306/09 I.B. (39) el Tribunal de Justicia concluyó:

«Los artículos 4, punto 6, y 5, punto 3, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo […] deben interpretarse en el sentido de que, cuando el Estado miembro de ejecución de que se trate haya incorporado el artículo 5, puntos 1 y 3, de dicha Decisión marco a su ordenamiento jurídico interno, la ejecución de una orden de detención europea emitida con el fin de ejecutar una pena dictada en rebeldía en el sentido de dicho artículo 5, punto 1, puede supeditarse a la condición de que la persona afectada, nacional del Estado miembro de ejecución o residente en él, sea devuelta a este para, en su caso, cumplir en él la pena que le sea impuesta a raíz de un nuevo juicio celebrado en su presencia en el Estado miembro emisor.»

5.8.1.   Revisión de la cadena perpetua o de una medida privativa de libertad a perpetuidad

En los casos en los que se haya emitido una ODE por una infracción punible con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, el Estado miembro de ejecución podrá exigir una garantía de revisión al Estado miembro de emisión (artículo 5, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

Por pena privativa de libertad a perpetuidad se entiende toda pena que se cumpla en prisión. Por medida de seguridad privativa de libertad a perpetuidad se entiende otro tipo de detención, por ejemplo, en centros de tratamiento psiquiátrico.

El Estado miembro de emisión puede ofrecer esta garantía demostrando que, de conformidad con su ordenamiento jurídico, la pena o medida puede ser revisada a instancia de parte o cuando hayan transcurrido al menos veinte años. De forma alternativa, también constituye garantía suficiente la aplicación de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con arreglo al Derecho o práctica del Estado miembro emisor con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida.

5.8.2.   Retorno de nacionales y residentes

La ODE permite la posibilidad de devolver a la persona buscada para que cumpla la pena privativa de libertad en su país de origen. Según el artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE, cuando la persona contra la que se haya dictado una ODE a efectos de entablar una acción penal sea nacional del Estado miembro de ejecución o residente en él, dicho Estado miembro podrá establecer la condición de que la persona sea devuelta a su territorio por parte del Estado miembro de emisión para cumplir la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en dicho Estado miembro.

Esta condición del Estado miembro de ejecución debe expresarse claramente. Cuando sea posible, los Estados miembros de emisión y de ejecución deben acordar los detalles de esta condición antes de que el Estado miembro de ejecución tome una decisión sobre la entrega.

Cuando, antes de emitir la ODE, se constate que la persona buscada es nacional del Estado miembro de ejecución o residente en él, la autoridad judicial de emisión podrá indicar, en el formulario de la ODE, su consentimiento sobre la condición de una posible vuelta.

El Estado miembro de emisión es responsable de garantizar el cumplimiento de esta condición. Cuando la pena o la medida de seguridad privativas de libertad pronunciada en contra de la persona buscada sea definitiva, el Estado miembro de emisión deberá ponerse en contacto con el Estado miembro de ejecución para organizar el retorno. El Estado miembro de emisión debe garantizar que la pena se traduzca a la lengua del Estado miembro de ejecución.

El artículo 25 de la Decisión marco 2008/909/JAI contiene una disposición específica para la ejecución de las penas privativas de libertad en el Estado miembro de ejecución en relación con los supuestos contemplados en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE. Para transmitir la pena al Estado miembro de ejecución en el que se ejecuta, deben aplicarse el procedimiento y las condiciones exigidas por la Decisión marco 2008/909/JAI (véase el apartado 2.5.2 del presente manual).

5.9.   Suspensión o entrega temporal

5.9.1.   Motivos humanitarios graves

Una vez que la autoridad judicial de ejecución haya decidido ejecutar la ODE, empieza a contar el plazo de diez días para la entrega de la persona (como se explica en el apartado 4.2). No obstante, la autoridad judicial de ejecución puede decidir suspender de manera excepcional y con carácter provisional la entrega por motivos humanitarios graves., por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que la entrega podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada (artículo 23, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

La ejecución de la orden de detención europea debe producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad de ejecución debe informar de ello inmediatamente a la autoridad judicial emisora, y acordará con esta una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega debe tener lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada. Una vez expirado ese plazo, la persona no puede seguir detenida por parte del Estado miembro de ejecución sobre la base de la ODE y debe ser puesta en libertad (artículo 23, apartado 5, de la Decisión marco sobre la ODE).

En situaciones en las que estos motivos humanitarios sean indefinidos o permanentes, las autoridades de emisión y ejecución pueden consultarse y considerar si existen alternativas a la ODE. Por ejemplo, se puede estudiar la posibilidad de transmitir los procedimientos o la pena privativa de libertad al Estado miembro de ejecución o de retirar la ODE (por ejemplo, en caso de enfermedad crónica grave).

5.9.2.   Proceso penal en curso o ejecución de una pena privativa de libertad

La autoridad judicial de ejecución, tras haber decidido la ejecución de la ODE, podrá suspender la entrega de la persona buscada para que pueda ser enjuiciada en el Estado miembro de ejecución por otra infracción (artículo 24, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

En dichas situaciones, la entrega se producirá inmediatamente después de llevar a cabo el enjuiciamiento en una fecha acordada por las autoridades judiciales de emisión y de ejecución.

Si la persona buscada estuviese ya condenada por otra infracción, la entrega podrá suspenderse para que pueda cumplir la pena en el Estado miembro de ejecución (artículo 24, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

En dichas situaciones, la entrega se producirá después de que la persona haya cumplido la pena en una fecha acordada por las autoridades judiciales de emisión y de ejecución.

Nota: Si el proceso penal en el Estado miembro de ejecución tiene por objeto la misma infracción sobre la que se basa la ODE, dicho Estado miembro puede denegar la ejecución de la ODE por esa infracción (véase el artículo 4, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, y el apartado 5.4.2 del presente manual). Cuando se cumplan las condiciones del artículo 3, apartado 2, la ejecución de la ODE deberá denegarse (véase el apartado 5.4.1 del presente manual).

5.9.3.   Entrega provisional en vez de suspensión

En las situaciones descritas en el apartado 5.9.2, en vez de suspender la entrega, la autoridad judicial de ejecución puede entregar provisionalmente al Estado miembro de emisión a la persona buscada a fin de enjuiciar a la persona o de ejecutar una pena impuesta (artículo 24, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

Las autoridades judiciales de ejecución y de emisión deben acordar las condiciones de esta entrega temporal por escrito y con claridad. El acuerdo será vinculante para todas las autoridades del Estado miembro de emisión (artículo 24, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

La entrega temporal permite evitar demoras prolongadas en los procedimientos en el Estado miembro de emisión debido a que la persona ya tiene un procedimiento abierto o ha sido condenada en el Estado miembro de ejecución.

5.9.4.   Aplazamiento de la ODE debido a la identificación de un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a la persona buscada

Según la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU, Aranyosi y Căldăraru, si se constata la existencia de un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a la persona buscada, sobre la base de la información recibida de la autoridad judicial de emisión y de cualquier otra información de la que disponga la autoridad judicial de ejecución (y a la espera de una decisión definitiva sobre la ODE), la ejecución de la ODE debe aplazarse, pero no abandonarse. Cuando la autoridad judicial de ejecución tome una decisión sobre dicho aplazamiento, el Estado miembro de ejecución deberá informar a Eurojust, de acuerdo con el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco sobre la ODE, precisando los motivos de la demora (véanse los apartados 5.6 y 4.1 del presente manual).

5.10.   Varias ODE relativas a la misma persona

5.10.1.   Decidir qué ODE debe ejecutarse

Pueden existir varias ODE relativas a la misma persona al mismo tiempo, tanto por los mismos como por diferentes hechos, y estas pueden ser emitidas por las autoridades de uno o más Estados miembros. Las siguientes directrices se aplican independientemente de si las ODE fueron emitidas por los mismos o diferentes hechos.

En caso de que existan varias ODE de la misma persona, la autoridad de ejecución adoptará la elección teniendo en cuenta todas las circunstancias (artículo 16 de la Decisión marco sobre la ODE).

Se aconseja que, antes de tomar una decisión sobre la entrega, la autoridad judicial de ejecución intente coordinar entre las autoridades judiciales de emisión quién ha emitido las ODE. Si las autoridades judiciales de emisión ya se han coordinado de antemano, la autoridad judicial de ejecución deberá tener en cuenta esta circunstancia, aunque dicha autoridad no esté vinculada por dichos acuerdos en virtud de la Decisión marco sobre la ODE.

La autoridad judicial de ejecución también podrá solicitar el dictamen de Eurojust (artículo 16, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). Este órgano puede facilitar y acelerar la coordinación, y se le puede pedir que dé su opinión sobre la concurrencia de ODE. Idealmente, la decisión sobre qué ODE ejecutar debe basarse en el consentimiento de todas las autoridades judiciales de emisión.

A la hora de considerar qué ODE ejecutar, e independientemente de si las autoridades de emisión alcanzan un acuerdo, la autoridad judicial de ejecución debe tener en cuenta los siguientes factores en particular (artículo 16, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE):

a)

la gravedad relativa de los delitos;

b)

el lugar de los delitos;

c)

las respectivas fechas de las distintas ODE;

d)

el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de la persecución penal o a efectos de la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

Esta lista no es exhaustiva. Además, no existen normas estrictas sobre a cuál de estos factores se le debe dar prioridad (se decidirá caso por caso). De cualquier modo, el artículo 16 de la Decisión marco sobre la ODE exige que la autoridad judicial de ejecución tenga en cuenta la situación. Por tanto, se debe evitar una decisión basada en el orden de llegada.

Asimismo, las autoridades judiciales de ejecución pueden consultar los Criterios aplicables a los casos de ODE concurrentes de Eurojust, incluidos en el Informe anual de Eurojust de 2004 (disponible en www.eurojust.europa.eu).

Al tomar la decisión de entrega, resulta importante que la autoridad judicial de ejecución indique claramente sobre qué ODE se basa dicha entrega. Además, el servicio SIRENE del Estado miembro de ejecución debe enviar entonces un formulario G a cada Estado miembro interesado (punto 3.2 del Manual SIRENE).

La apreciación sobre qué ODE ejecutar solo debe afectar a las ODE firmes. Por tanto, la autoridad judicial de ejecución puede apreciar inicialmente todas las ODE para decidir si es posible ejecutarlas por sí mismas. Cuando se aplique un motivo de no ejecución a cualquiera de las ODE, la autoridad judicial de ejecución puede tomar, en aras de la claridad, la decisión independiente de no ejecutar dicha ODE.

5.10.2.   «Procedimientos paralelos»

Cuando se emiten ODE por infracciones relativas a los mismos hechos y la misma persona por parte de dos o más Estados miembros, las autoridades competentes tienen la obligación de comunicarse y cooperar. Esta obligación se deriva de la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (40). En estas situaciones, se aconseja a las autoridades competentes que consulten su legislación nacional por la que se aplica dicha Decisión marco.

Cuando no se alcance un consenso, cualquiera de las autoridades competentes implicadas debe someter el asunto a Eurojust en los casos en que este sea competente para actuar (41). También se puede consultar a Eurojust en otras situaciones.

Los Estados miembros que hayan recibido estas ODE paralelas deberán informar a las autoridades competentes de los Estados miembros de emisión acerca de los procedimientos paralelos.

Las autoridades competentes de los Estados miembros que emitieron las ODE deberán informar a la autoridad judicial de ejecución acerca de su cooperación destinada a solucionar el conflicto de jurisdicción y acerca de cualquier consentimiento obtenido en este procedimiento.

6.   DEDUCCIÓN DEL PERÍODO DE DETENCIÓN TRANSCURRIDO EN EL ESTADO MIEMBRO DE EJECUCIÓN

Tras la entrega de la persona buscada, el Estado miembro de emisión debe tener en cuenta los períodos de detención derivados de la ejecución de la ODE. Todos estos períodos deben deducirse del tiempo total de la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que debe cumplirse en el Estado miembro de emisión (artículo 26 de la Decisión marco sobre la ODE). Si la persona es absuelta, se podrán aplicar las disposiciones del Estado miembro de emisión sobre indemnización por daños.

Por esta razón, como se describe en el apartado 4.5.2, la autoridad judicial de ejecución o la autoridad central del Estado miembro de ejecución deben proporcionar toda la información relativa a la duración de la detención de la persona buscada sobre la base de la ODE. Esta información debe ser facilitada en el momento de la entrega (véase también la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-294/16 PPU, JZ).

7.   ENTREGA ULTERIOR

7.1.   A otro Estado miembro

Tras la entrega de la persona buscada al Estado miembro de emisión sobre la base de una ODE, dicho Estado miembro puede que necesite tomar una decisión sobre la ejecución de otra ODE emitida por otro Estado miembro en relación con la misma persona. Según el artículo 28, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, el Estado miembro de emisión puede entregar ulteriormente a la persona a otro Estado miembro sin el consentimiento del Estado miembro de ejecución original en los casos siguientes:

a)

si la persona buscada, habiendo tenido ocasión de abandonar el territorio del Estado al que hubiere sido entregada, no lo hiciere en el plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o hubiere regresado a dicho territorio después de abandonarlo;

b)

si la persona buscada hubiere consentido en ser entregada a otro Estado miembro distinto del Estado miembro de ejecución en virtud de una orden de detención europea.

El consentimiento debe darse ante la autoridad judicial emisora del Estado miembro. Se debe levantar acta del mismo con arreglo al Derecho interno de este. El consentimiento debe darse en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea;

c)

si la persona buscada no se acoge al principio de especialidad. En caso de ser aplicable, el principio de especialidad evita la privación de libertad de la persona buscada por infracciones por las que dicha persona no fue entregada, evitando, así también, la entrega ulterior (véase el apartado 2.6).

En otros casos, la entrega ulterior exige solicitar el consentimiento del Estado miembro de ejecución original (42). Se dará el consentimiento cuando la infracción que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con las disposiciones de la Decisión marco sobre la ODE, a menos que se aplique un motivo obligatorio o facultativo de no ejecución.

Cuando proceda, la autoridad judicial de ejecución podrá supeditar su consentimiento a una de las condiciones relativas a las penas privativas de libertad a perpetuidad y al retorno de nacionales y residentes establecidas en el artículo 5 de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 5.8 del presente manual). En esos casos, el Estado miembro de emisión debe dar unas garantías adecuadas (artículo 28, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

En el supuesto de que una persona haya sido objeto de más de una entrega entre Estados miembros en virtud de ODE sucesivas, la entrega ulterior de esta persona a un Estado miembro diferente del Estado miembro que realizó la entrega en último lugar estará supeditada a que dé su consentimiento únicamente el Estado miembro que realizó esta última entrega (véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-192/12 PPU West) (43).

Procedimiento

La solicitud de consentimiento debe presentarse mediante el mismo procedimiento y contener la misma información que una ODE normal. La autoridad judicial competente transmite la solicitud de consentimiento directamente a la autoridad judicial de ejecución que entregó a la persona. La información necesaria contenida en la solicitud, como prevé el artículo 8, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, debe ser traducida siguiendo las mismas normas que rigen para la ODE. La autoridad judicial de ejecución debe adoptar la resolución sobre el consentimiento en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud (artículo 28, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

Asunto C-192/12 PPU West (sentencia de 28 de junio de 2012) del Tribunal de Justicia

«El artículo 28, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584/JAI debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que una persona haya sido objeto de más de una entrega entre Estados miembros en virtud de órdenes de detención europeas sucesivas, la entrega ulterior de esta persona a un Estado miembro diferente del Estado miembro que realizó la entrega en último lugar está supeditada a que dé su consentimiento únicamente el Estado miembro que realizó esta última entrega».

7.2.   A un tercer Estado

Una persona a quien se haya entregado en virtud de una ODE no será extraditada a un Estado que no sea un Estado miembro (tercer Estado) sin el consentimiento de la autoridad competente del Estado miembro desde el que dicha persona ha sido entregada. Dicho consentimiento se otorgará de conformidad con los convenios de extradición a que esté vinculado dicho Estado miembro, así como con su Derecho interno (artículo 28, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

8.   OBLIGACIONES CON RESPECTO A TERCEROS PAÍSES

8.1.   ODE y solicitudes de extradición simultáneas de la misma persona

8.1.1.   Solicitudes de terceros Estados

Un Estado miembro puede recibir una ODE y una solicitud de extradición de forma simultánea por parte de un tercer Estado de una misma persona que se encuentre en su territorio. Pueden referirse a los mismos hechos o a hechos diferentes. El Estado miembro puede disponer de diferentes autoridades responsables de tomar una decisión sobre la ejecución de la ODE y de la solicitud de extradición. En estos casos, esas autoridades deben cooperar a la hora de tomar una decisión sobre cómo proceder basándose en los criterios mencionados a continuación. Asimismo, Eurojust o la RJE pueden proporcionar un dictamen o asistencia en la coordinación entre los Estados involucrados.

No existen normas en la Decisión marco sobre la ODE sobre las cuáles dar prioridad. Según el artículo 16, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE, el Estado miembro debe tener debidamente en cuenta todas las circunstancias y, en particular, aquellos criterios mencionados en el artículo 16, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, para decidir qué ODE ejecutar cuando haya más de una ODE que concierna a la misma persona.

Por tanto, las autoridades competentes deben tener en cuenta los siguientes factores:

a)

la gravedad relativa de los delitos;

b)

el lugar de los delitos;

c)

las respectivas fechas de la ODE y la solicitud de extradición;

d)

el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de la persecución penal o a efectos de la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

Asimismo, las autoridades judiciales de ejecución pueden consultar los Criterios aplicables a los casos de ODE concurrentes de Eurojust, incluidos en el Informe anual de Eurojust de 2004 (disponible en www.eurojust.europa.eu).

Además, deben tenerse en cuenta los criterios mencionados en el convenio de extradición relevante. Estos deben corresponder, en particular, a los motivos para denegar la extradición y a las normas sobre solicitudes de extradición múltiples.

Cuando la solicitud de extradición del tercer Estado se envíe a un Estado miembro que cuente con normas por las que se otorga a sus propios nacionales protección frente a la extradición y la solicitud afecte a un nacional de otro Estado miembro, la autoridad judicial de ejecución deberá informar al Estado miembro del que dicho ciudadano es nacional y, cuando proceda, entregar a esta persona a dicho Estado miembro en virtud de su ODE, con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-182/15 Petruhhin  (44).

«Los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro al que se ha desplazado un ciudadano de la Unión, nacional de otro Estado miembro, recibe una solicitud de extradición de un Estado tercero con el que el primer Estado miembro ha celebrado un acuerdo de extradición, deberá informar al Estado miembro del que dicho ciudadano es nacional y, en su caso, a solicitud de este último Estado miembro, entregarle a este ciudadano, con arreglo a las disposiciones de la Decisión Marco 2002/584[/JAI] del Consejo […] siempre que este Estado miembro tenga competencia, conforme a su Derecho nacional, para procesar a esta persona por hechos cometidos fuera de su territorio nacional.

En el supuesto de que un Estado miembro reciba una solicitud de un Estado tercero relativa a la extradición de un nacional de otro Estado miembro, este primer Estado miembro deberá comprobar que la extradición no vulnerará los derechos a que se refiere el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.»

8.1.2.   Solicitudes de la Corte Penal Internacional (CPI)

Si un Estado miembro recibe una ODE y una solicitud de extradición de la CPI de la misma persona de forma simultánea, la autoridad o autoridades competentes deben considerar todas las circunstancias mencionadas anteriormente en el apartado 8.1.1. No obstante, las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional tienen prioridad sobre la ejecución de la ODE (artículo 16, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

8.2.   Extradición anterior desde un tercer Estado miembro y principio de especialidad

Si la persona buscada ha sido extraditada al Estado miembro de ejecución por un tercer Estado, la extradición puede implicar la intervención del principio de especialidad, dependiendo de las normas del convenio de extradición aplicable. Según el principio de especialidad, la persona extraditada solo puede ser enjuiciada o privada de libertad por la infracción o infracciones por las que ha sido extraditada. La Decisión marco sobre la ODE se entiende sin perjuicio de la obligación de respetar el principio de especialidad en tales situaciones (artículo 21 de la Decisión marco sobre la ODE). Esto significa que se puede impedir que el Estado miembro de ejecución entregue a la persona sin el consentimiento del Estado desde el que dicha persona fue extraditada.

Para solucionar estas situaciones, la Decisión marco sobre la ODE exige que el Estado miembro de ejecución adopte las medidas necesarias para solicitar de inmediato el consentimiento del tercer Estado (desde el que la persona buscada fue extraditada) para que la persona pueda ser entregada al Estado miembro que emitió la ODE (artículo 21 de la Decisión marco sobre la ODE).

Los plazos contemplados en el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 4.1 del presente manual) empezarán a contar únicamente en la fecha en que dichas reglas relativas al principio de especialidad dejen de aplicarse. A la espera de la decisión del tercer Estado desde el que la persona buscada ha sido extraditada, el Estado miembro de ejecución debe garantizar que siguen dándose las condiciones materiales necesarias para su entrega efectiva (artículo 21 de la Decisión marco sobre la ODE). En particular, puede que deba adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga de la persona.

9.   TRÁNSITO

9.1.   Tránsito a través de otro Estado miembro

El tránsito (artículo 25 de la Decisión marco sobre la ODE) se refiere a la situación en la que la persona buscada es trasladada al Estado miembro de emisión desde el Estado miembro de ejecución a través del territorio, por tierra o agua, de un tercer Estado miembro de la Unión. En estos casos, el tercer Estado miembro debe permitir el tránsito. No obstante, la autoridad competente del Estado miembro de emisión debe facilitar la siguiente información al tercer Estado miembro:

a)

la identidad y nacionalidad de la persona que es objeto de la orden de detención europea;

b)

la existencia de una orden de detención europea;

c)

el carácter y la calificación jurídica del delito;

d)

la descripción de las circunstancias del delito, incluidos la fecha y el lugar.

Para facilitar el tránsito, esta información debe ser facilitada lo antes posible ante de su organización. Por tanto, se aconseja que la autoridad judicial de emisión tenga en cuenta la posible necesidad de tránsito incluso antes de que haya acordado la fecha de entrega con la autoridad judicial de ejecución. Esto también es importante de cara a respetar los estrictos plazos de entrega de la persona establecidos en el artículo 23 de la Decisión marco sobre la ODE (normalmente, diez días).

Se proporcionará la información a la autoridad responsable de la recepción de las solicitudes de tránsito del Estado miembro en cuestión. El sitio web de la RJE incluye información relativa a estas autoridades en cada Estado miembro (Atlas Judicial, Fichas belgas). La información puede facilitarse a la autoridad pertinente por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita, como el correo electrónico. A continuación, el Estado miembro de tránsito debe dar a conocer su decisión por el mismo procedimiento (artículo 25, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

La Decisión marco sobre la ODE no establece un plazo para las solicitudes de tránsito, pero el Estado de tránsito debe gestionarlas sin demora.

Cuando se utilice la vía aérea sin escala prevista, las normas anteriores no serán de aplicación. No obstante, si se produjera un aterrizaje fortuito, el Estado miembro emisor deberá facilitar a la autoridad designada en el Estado de tránsito la información mencionada anteriormente, como si se tratara de un caso de tránsito por tierra o agua (artículo 25, apartado 4 de la Decisión marco sobre la ODE).

9.2.   Nacionales y residentes del Estado miembro de tránsito

Las excepciones a la obligación de permitir el tránsito afectan a situaciones en las que una persona contra la que se ha dictado una ODE es nacional o residente del Estado miembro de tránsito. Si la ODE se emite a efectos de persecución penal, el Estado miembro de tránsito podrá establecer la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de tránsito para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en contra suya en el Estado miembro emisor (artículo 25, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). Teniendo en cuenta esta condición, el artículo 5, apartado 3 de la Decisión marco sobre la ODE, debe cumplirse mutatis mutandis (véase la sección 5.8.2 del presente manual). Si la ODE se emite a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad, el Estado miembro de tránsito puede denegar el tránsito.

9.3.   Extradición desde un tercer Estado a un Estado miembro

Aunque la Decisión marco sobre la ODE no afecta directamente a la extradición desde terceros países, las normas sobre tránsito del artículo 25 de la Decisión marco sobre la ODE descritas en los apartados 9.1 y 9.2 del presente manual se aplican mutatis mutandis a la extradición desde un tercer Estado a un Estado miembro. En este contexto, la expresión «orden de detención europea» del artículo 25 de la Decisión marco sobre la ODE debe interpretarse como «solicitud de extradición» (artículo 25, apartado 5).

10.   ODE NO EJECUTADAS

10.1.   Garantizar que la persona no es detenida nuevamente en el mismo Estado miembro

Si la autoridad judicial de ejecución decide denegar la ejecución de la ODE, la autoridad competente de ese Estado miembro debe garantizar que, en su territorio, la ODE denegada ya no puede provocar la detención de la persona buscada. Para garantizar esto, debe adoptar medidas para que:

a)

se introduzca una indicación en la descripción del SIS correspondiente y

b)

las descripciones correspondientes de los sistemas internos, en caso de existir, sean anuladas a este respecto. Para saber más sobre el procedimiento relativo a introducir una indicación, véase el punto 2.6 del Manual SIRENE.

10.2.   Comunicación al Estado miembro de emisión

La autoridad judicial de ejecución debe comunicar su decisión sobre la acción que debe adoptarse en relación con la ODE a la autoridad de emisión (artículo 22 de la Decisión marco sobre la ODE). A tal fin, es aconsejable usar el formulario normalizado incluido en el anexo VII del presente manual. Si la autoridad judicial de ejecución decide denegar la ejecución de la ODE, esta comunicación ofrece a la autoridad judicial de emisión la posibilidad de considerar si debe mantener o retirar la ODE.

10.3.   Consideración de las autoridades judiciales de emisión sobre el mantenimiento de la ODE

La Decisión marco sobre la ODE no obliga a retirar una ODE en caso de que un Estado miembro deniegue su ejecución (otros Estados miembros aún podrían ejecutarla). Por tanto, la ODE y la descripción del SIS correspondiente seguirán siendo válidas, a menos que la autoridad judicial de emisión decida retirarla.

Sin embargo, siempre deben existir motivos legítimos para cualquier ODE existente. Al considerar si debe mantener una ODE después de que un Estado miembro haya denegado su ejecución, la autoridad judicial de emisión debe considerar las circunstancias del caso, así como la legislación nacional y de la Unión aplicables, incluidos los derechos fundamentales. En particular, se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

a)

¿Es probable que otros Estados miembros apliquen el motivo para la no ejecución obligatoria aplicado por la autoridad judicial de ejecución? Esto es importante en particular en lo referente al principio ne bis in idem (artículo 3, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE);

b)

¿Sigue siendo proporcionado mantener la ODE (véase el apartado 2.4)?;

c)

¿Es la ODE el único medio que probablemente sea eficaz (véase el apartado 2.5)?

10.4.   Examen de ODE antiguas en el SIS

Las autoridades judiciales de emisión deben permanecer atentas a sus descripciones en el SIS. Puede que tengan que respetar la prescripción de las infracciones de que se trate, así como los cambios pertinentes del proceso penal y la legislación interna que afecten a la posición de la persona buscada.

De conformidad con la Decisión SIS II, las descripciones relativas a personas introducidas en el SIS solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines para los que hayan sido introducidas (artículo 44, apartado 1 de la Decisión SIS II). En el momento en que no existan motivos para su ODE, la autoridad competente del Estado miembro de emisión deberá suprimirla del SIS. Las ODE introducidas permanecerán ahí durante tres años (a menos que sean emitidas para un período de tiempo más corto) y serán suprimidas automáticamente una vez expirado ese plazo (artículo 44, apartado 5 de la Decisión SIS II). Por tanto, en cualquier caso, a los tres años desde la introducción de la ODE en el SIS II, la autoridad judicial de emisión deberá decidir si prolonga su duración. Los Estados miembros pueden determinar un plazo de examen más corto (artículo 44, apartado 3 de la Decisión SIS II).

Las descripciones de la ODE deberán suprimirse del SIS una vez que la persona haya sido entregada.

11.   DERECHOS PROCESALES DE LA PERSONA BUSCADA

La Decisión marco sobre la ODE otorga a la persona buscada varios derechos procesales. Según el artículo 11 de la Decisión marco sobre la ODE, la persona buscada tiene derecho a que se le informe de la existencia de la orden de detención europea y de su contenido, así como de la posibilidad que se le brinda de consentir en su entrega, y tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado y de un intérprete. Estos derechos deben facilitarse de acuerdo con la legislación nacional del Estado miembro de ejecución. Además, varias disposiciones de la Decisión marco sobre la ODE otorgan derechos a la persona buscada, en particular, el artículo 4 bis, apartado 2 (derecho a la información sobre sentencias dictadas en rebeldía), el artículo 13, apartado 2 (derecho a la asistencia de un abogado para tomar una decisión sobre el consentimiento), el artículo 14 y el artículo 19 (derecho a que se le tome declaración), así como el artículo 23, apartado 5 (liberación una vez expirados los plazos de entrega de la persona).

Estos derechos se ven reforzados por los instrumentos específicos sobre garantías procesales, como se explica en los apartados 11.1 a 11.8.

11.1.   Derecho a traducción e interpretación

El derecho a traducción e interpretación se aplica a la ejecución de la ODE, como prevé la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (45).

El artículo 2, apartado 7, de la Directiva 2010/64/UE exige que las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución faciliten los siguientes derechos a toda persona sujeta a un procedimiento de ODE que no hable o entienda la lengua del procedimiento:

a)

derecho a interpretación, sin demora, en los procesos penales ante las autoridades de investigación y judiciales, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias;

b)

derecho a interpretación para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio o toma de declaración durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales;

c)

derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación y la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.

El artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2010/64/UE exige que las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución faciliten una traducción escrita de la ODE a toda persona sujeta a los procedimientos de ejecución de una ODE y que no entienda la lengua en que esté redactada la ODE. Como excepción, una traducción o un resumen oral, siempre y cuando estos no afecten a la equidad del proceso.

La interpretación y la traducción deben tener una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado en un proceso penal tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. También cabe destacar que los Estados miembros deben sufragar los costes de traducción e interpretación, con independencia del resultado del proceso.

11.2.   Derecho a la información

El derecho a la información escrita sobre los derechos en el momento de la detención se aplica a las personas detenidas a efectos de la ejecución de una ODE, como prevé la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (46).

El artículo 5 de la Directiva 2012/13/UE exige que toda persona que sea detenida a efectos de la ejecución de una ODE reciba con prontitud una declaración de derechos adecuada que contenga información sobre sus derechos de conformidad con la legislación de aplicación de la Decisión marco sobre la ODE en el Estado miembro que la ejecuta. En el anexo II de la Directiva 2012/13/UE figura un modelo indicativo de la declaración de derechos (reproducido en el anexo IX del presente manual).

Cuando se proporcione información, se hará constar mediante el procedimiento de registro del Estado miembro de que se trate. De conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, el sospechoso o acusado en un proceso penal puede impugnar el hecho de que las autoridades competentes no hayan proporcionado la información o se hayan negado a hacerlo.

11.3.   Derecho a la asistencia de letrado

El derecho a la asistencia de letrado se aplica a personas sujetas a una ODE, con arreglo a la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (47).

Toda persona sujeta a una ODE tiene derecho a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución tan pronto como se produzca su detención en virtud de una ODE (artículo 10, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva 2013/48/UE). Respecto al contenido de este derecho a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución, las personas buscadas tienen los siguientes derechos:

a)

el derecho a la asistencia de letrado en el momento y del modo que permitan ejercer a la persona reclamada sus derechos efectivamente, y en cualquier caso sin demora injustificada tras la privación de libertad;

b)

el derecho a comunicarse y reunirse con el letrado que las represente;

c)

el derecho a que el letrado esté presente e intervenga, con arreglo a los procedimientos de la normativa nacional, durante la toma de declaración por parte de la autoridad judicial de ejecución.

Además, la persona reclamada tiene derecho a designar a un letrado en el Estado miembro emisor (artículo 10, apartados 4, 5 y 6, de la Directiva 2013/48/UE). La función de dicho letrado consistirá en prestar asistencia al letrado del Estado miembro de ejecución, facilitándole información y asesoramiento con vistas a que la persona reclamada pueda ejercer efectivamente los derechos que le confiere la Decisión marco sobre la ODE.

11.4.   Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero

A partir del momento de su detención en el Estado miembro de ejecución, la persona sujeta a una ODE tiene derecho a que se informe al menos a una persona que él mismo designe, como un familiar o un empleador, de su privación de libertad sin demora injustificada (48).

11.5.   Derecho a comunicarse con terceros

A partir del momento de su detención en el Estado miembro de ejecución, la persona sujeta a una ODE tiene derecho a comunicarse sin demora injustificada con, al menos, un tercero de su elección, por ejemplo, un familiar (49).

11.6.   Derecho a comunicarse con las autoridades consulares

A partir del momento de su detención en el Estado miembro de ejecución, la persona sujeta a una ODE que no sea nacional del Estado miembro de ejecución tiene derecho a que se informe, sin demora injustificada, a las autoridades consulares del Estado del que sea nacional de que se encuentra privado de libertad, y a comunicarse con dichas autoridades (50).

Tiene asimismo derecho a que lo visiten sus autoridades consulares, a conversar y mantener correspondencia con ellas, y a que estas le faciliten representación legal.

11.7.   Derechos específicos de los menores

Se aplican salvaguardias específicas para los menores sujetos a una ODE a partir del momento de su detención en virtud de una ODE en el Estado miembro de ejecución (51). Se refieren, en particular a:

a)

el derecho a la información;

b)

el derecho a que el titular de la patria potestad sea informado;

c)

el derecho a asistencia letrada;

d)

el derecho a un reconocimiento médico;

e)

el derecho a tratamiento específico en caso de privación de libertad;

f)

el derecho a la protección de la vida privada;

g)

el derecho a estar acompañado por el titular de la patria potestad durante el proceso.

11.8.   Derecho a recibir asistencia jurídica gratuita

El derecho a recibir asistencia jurídica gratuita se aplica a las personas sujetas a una ODE, como prevé la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (52).

Toda persona sujeta a una ODE tiene derecho a recibir asistencia jurídica gratuita en el Estado miembro de ejecución desde el momento de su detención en virtud de una ODE y hasta su entrega, o hasta que la decisión de no proceder a la entrega sea firme (artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/1919).

Además, las personas buscadas que ejerciten su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución, de conformidad con el artículo 10, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/48/UE, tendrán derecho a recibir asistencia jurídica gratuita en el Estado miembro emisor, en la medida en que dicha asistencia sea necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva [artículo 5, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/1919].

Los Estados miembros pueden aplicar en ambos casos criterios para evaluar los medios económicos de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/1919, que se aplica mutatis mutandis a la asistencia jurídica gratuita en el marco de un procedimiento de ODE (artículo 5, apartado 3, de dicha Directiva). Por tanto, dicha evaluación de medios económicos debe tomar en consideración todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situación familiar del interesado, así como el coste de la asistencia de un letrado y el nivel de vida de dicho Estado miembro, con el fin de determinar si, de conformidad con los criterios aplicables en dicho Estados miembro, la persona buscada carece de medios suficientes para sufragar la asistencia de un letrado.


(1)  8216/2/08 REV 2 COPEN 70 EJN 26 EUROJUST 31.

(2)  17195/1/10 REV 1 COPEN 275 EJN 72 EUROJUST 139.

(3)  Protocolo (n.o 36) sobre las disposiciones transitorias.

(4)  DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

(5)  DO C 78 de 30.3.1995, p. 2.

(6)  DO C 313 de 23.10.1996, p. 12.

(7)  DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.

(8)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 noviembre 2016Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858.

(9)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 noviembre 2016Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861.

(10)  DO L 205 de 7.8.2007, p. 63.

(11)  Decisión de Ejecución (UE) 2016/1209 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, por la que se sustituye el anexo de la decisión de Ejecución 2013/115/UE de la Comisión relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 203 de 28.7.2016, p. 35).

(12)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 enero 2017Grundza, C-289/15, apartado 38, ECLI:EU:C:2017:4, apartado 38.

(13)  Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (DO L 81 de 27.3.2009, p. 24).

(14)  Auto del Tribunal de Justicia de 25 septiembre 2015A., C-463/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:634.

(15)  DO L 327 de 5.12.2008, p. 27.

(16)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 junio 2016Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385.

(17)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 noviembre 2016Özçelik, C-453/16, ECLI:EU:C:2016:860.

(18)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 mayo 2007Advocaten voor de Wereld, C-303/05, ECLI:EU:C:2007:261, apartados 48 a 61.

(19)  DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.

(20)  Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 3).

(21)  DO L 294 de 11.11.2009, p. 20.

(22)  DO L 337 de 16.12.2008, p. 102.

(23)  DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.

(24)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 noviembre 2013Baláž, C-60/12, ECLI:EU:C:2013:733.

(25)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 diciembre 2008Leymann y Pustovarov, C-388/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:669.

(26)  Para una introducción general sobre las tareas de Eurojust y la RJE, véase el documento «Asistencia en cooperación internacional en materia penal de los profesionales de la justicia-Red Judicial Europea y Eurojust — ¿Qué podemos hacer por usted?», disponible en los sitios web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) y de Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu).

(27)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 mayo 2013Jeremy F., C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358.

(28)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 julio 2015Lanigan C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474.

(29)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 enero 2017Vilkas, C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39.

(30)  Para una introducción general sobre las tareas de Eurojust y la RJE, véase el documento «Asistencia en cooperación internacional en materia penal de los profesionales de la justicia-Red Judicial Europea y Eurojust — ¿Qué podemos hacer por usted?», disponible en los sitios web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) y de Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu).

(31)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 julio 2016JZ, C-294/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:610.

(32)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 octubre 2009Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, sentencia del Tribunal de Justicia de 5 abril 2016Aranyosi y Căldăraru, asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.

(33)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 noviembre 2010Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683.

(34)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 mayo 2014 PPU Spasic, C-129/14, ECLI:EU:C:2014:586.

(35)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 julio 2008Kozłowski, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437.

(36)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 septiembre 2012Lopes da Silva Jorge, C-42/11, ECLI:EU:C:2012:517.

(37)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 febrero 2013Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107.

(38)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 mayo 2016Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346.

(39)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 octubre 2010 I.B., C-306/09, ECLI:EU:C:2010:626.

(40)  DO L 328 de 15.12.2009, p. 42.

(41)  Véase la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).

(42)  El artículo 28, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE prevé la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen que se presume que han dado su consentimiento para dicha entrega o extradición ulterior, en su relación con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación. Según la información a disposición de la Comisión, únicamente Rumanía ha enviado dicha notificación.

(43)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 junio 2012West, C-192/12 PPU, ECLI:EU:C:2012:404.

(44)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 septiembre 2016Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

(45)  DO L 280 de 26.10.2010, p. 1. Dinamarca no está vinculada por esta Directiva.

(46)  DO L 142 de 1.6.2012, p. 1. Dinamarca no está vinculada por esta Directiva.

(47)  DO L 294 de 6.11.2013, p. 1. La fecha límite para la transposición de esta Directiva fue el 27 de noviembre de 2016. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no están vinculadas por esta Directiva.

(48)  Directiva 2013/48/UE, artículo 5.

(49)  Directiva 2013/48/UE, artículo 6.

(50)  Directiva 2013/48/UE, artículo 7.

(51)  Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1). La fecha límite para la transposición por parte de los Estados miembros es el 11 de junio de 2019. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no están vinculadas por esta Directiva.

(52)  DO L 297 de 4.11.2016, p. 1. La fecha límite para la transposición de esta Directiva es el 25 de mayo de 2019. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no están vinculadas por esta Directiva.


ANEXO I

Decisión marco sobre la ODE, consolidación no oficial  (1)

Texto en español de la Decisión marco sobre la ODE

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

de 13 de junio de 2002

relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros

(2002/584/JAI)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular las letras a) y b) de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la propuesta de la Comisión (2),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3),

Considerando lo siguiente:

(1)

Conforme a las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de los días 15 y 16 de octubre de 1999, y en particular el punto 35, conviene suprimir entre los Estados miembros el procedimiento formal de extradición para las personas que eluden la justicia después de haber sido condenadas por sentencia firme y acelerar los procedimientos de extradición relativos a las personas sospechosas de haber cometido un delito.

(2)

El programa de medidas destinado a poner en práctica el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal que figura en el punto 37 de las Conclusiones del Consejo de Tampere y adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 2000 (4), menciona la cuestión de la ejecución mutua de las órdenes de detención.

(3)

La totalidad de los Estados miembros, o algunos de ellos, son partes en diversos convenios relativos a la extradición, entre ellos, el Convenio Europeo de Extradición, de 13 de diciembre de 1957, y el Convenio Europeo para la represión del terrorismo, de 27 de enero de 1977. Los Estados nórdicos tienen leyes de extradición de contenido idéntico.

(4)

Por añadidura, los Estados miembros han aprobado los tres convenios siguientes, relativos en todo o en parte a la extradición, y que forman parte del acervo de la Unión: el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, de 19 de junio de 1990 (5) (por lo que respecta a los Estados miembros que son partes en dicho Convenio), el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 10 de marzo de 1995 (6) y el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 27 de septiembre de 1996 (7).

(5)

El objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados miembros, debiéndose sustituir por un sistema de entrega entre autoridades judiciales. Por otro lado, la creación de un nuevo sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias en materia penal permite eliminar la complejidad y los riesgos de retraso inherentes a los actuales procedimientos de extradición. Es preciso sustituir las relaciones clásicas de cooperación que prevalecían entre Estados miembros por un sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a la sentencia como definitivas, en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

(6)

La orden de detención europea prevista en la presente Decisión marco es la primera concreción en el ámbito del Derecho penal del principio del reconocimiento mutuo que el Consejo Europeo ha calificado como «piedra angular» de la cooperación judicial.

(7)

Como los Estados miembros, actuando unilateralmente, no pueden alcanzar de manera suficiente el objetivo de sustituir el sistema de extradición multilateral fundamentado en el Convenio europeo de extradición, de 13 de diciembre de 1957, y, por consiguiente, debido a su dimensión y a sus efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, el Consejo puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en este último artículo, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(8)

Las decisiones relativas a la ejecución de la orden de detención europea deben estar sujetas a controles suficientes, lo que significa que la decisión de entregar a una persona buscada tendrá que tomarla una autoridad judicial del Estado miembro en el que ha sido detenida esta persona.

(9)

La función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo.

(10)

El mecanismo de la orden de detención europea descansa en un grado de confianza elevado entre los Estados miembros. Su aplicación solo podrá suspenderse en caso de violación grave y persistente, por parte de uno de los Estados miembros, de los principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, constatada por el Consejo en aplicación del apartado 1 del artículo 7 de dicho Tratado, y con las consecuencias previstas en el apartado 2 del mismo artículo.

(11)

La orden de detención europea debe sustituir, en las relaciones entre Estados miembros, a todos los instrumentos anteriores relativos a la extradición, incluidas las disposiciones del título III del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen relativas a esta cuestión.

(12)

La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (8), en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse en el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea cuando existan razones objetivas para suponer que dicha orden de detención europea ha sido dictada con fines de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.

La presente Decisión marco no impedirá a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas al respeto del derecho a un proceso equitativo, la libertad de asociación, libertad de prensa y libertad de expresión en los demás medios.

(13)

Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

(14)

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y conviene que los datos de carácter personal tratados en el marco de la aplicación de la presente Decisión marco estén protegidos conforme a los principios de dicho Convenio.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

CAPÍTULO 1

Principios generales

Artículo 1

Definición de la orden de detención europea y obligación de ejecutarla

1.   La orden de detención europea es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

2.   Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión marco.

3.   La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

Artículo 2

Ámbito de aplicación de la orden de detención europea

1.   Se podrá dictar una orden de detención europea por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad.

2.   Darán lugar a la entrega, en virtud de una orden de detención europea, en las condiciones que establece la presente Decisión marco y sin control de la doble tipificación de los hechos, los delitos siguientes, siempre que estén castigados en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, tal como se definen en el Derecho del Estado miembro emisor:

pertenencia a organización delictiva,

terrorismo,

trata de seres humanos,

explotación sexual de los niños y pornografía infantil,

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,

corrupción,

fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,

blanqueo del producto del delito,

falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro,

delitos de alta tecnología, en particular delito informático,

delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,

ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,

homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,

tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,

secuestro, detención ilegal y toma de rehenes,

racismo y xenofobia,

robos organizados o a mano armada,

tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,

estafa,

chantaje y extorsión de fondos,

violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías,

falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,

falsificación de medios de pago,

tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,

tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares,

tráfico de vehículos robados,

violación,

incendio voluntario,

delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,

secuestro de aeronaves y buques,

sabotaje.

3.   El Consejo podrá decidir en todo momento, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 39 del Tratado de la Unión Europea (TUE), añadir otras categorías de delitos a la lista incluida en el apartado 2 del presente artículo. El Consejo considerará, a la vista del informe que le presente la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 34, si procede ampliar o modificar dicha lista.

4.   Para los delitos distintos de los mencionados en el apartado 2, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo.

Artículo 3

Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea

La autoridad judicial del Estado miembro de ejecución (denominada en lo sucesivo «autoridad judicial de ejecución») denegará la ejecución de la orden de detención europea en los casos siguientes:

1.

cuando el delito en que se base la orden de detención europea esté cubierto por la amnistía en el Estado miembro de ejecución si este tuviere competencia para perseguir dicho delito según su propio Derecho penal;

2.

cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena;

3.

cuando la persona que sea objeto de la orden de detención europea aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución.

Artículo 4

Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea

La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea:

1)

cuando, en uno de los casos citados en el apartado 4 del artículo 2, los hechos que motiven la orden de detención europea no fueren constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución; no obstante, en materia de tasas e impuestos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la orden de detención europea por el motivo de que la legislación del Estado miembro de ejecución no imponga el mismo tipo de tasas o de impuestos o no contenga el mismo tipo de reglamentación en materia de tasas o impuestos, de aduana y de cambio, que la legislación del Estado miembro emisor;

2)

cuando la persona que fuere objeto de la orden de detención europea esté sometida a un proceso penal en el Estado miembro de ejecución por el mismo hecho que el que motive la orden de detención europea;

3)

cuando las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución hubieren decidido, o bien no incoar acción penal por la infracción que sea objeto de la orden de detención europea, o bien concluirla, o cuando sobre la persona buscada pese en un Estado miembro otra resolución definitiva por los mismos hechos que obstaculice el posterior ejercicio de diligencias penales;

4)

cuando haya prescrito el delito o la pena con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución y los hechos sean competencia de dicho Estado miembro según su propio Derecho penal;

5)

cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un tercer Estado siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena;

6)

cuando la orden de detención europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno;

7)

cuando la orden de detención europea contemple infracciones que:

a)

el Derecho del Estado miembro de ejecución considere cometidas en su totalidad o en parte en el territorio del Estado miembro de ejecución o en un lugar asimilado al mismo o

b)

se hayan cometido fuera del territorio del Estado miembro emisor y el Derecho del Estado miembro de ejecución no permita la persecución por las mismas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.

Artículo 4 bis

Resoluciones dictadas a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia del imputado

1.   La autoridad judicial de ejecución también podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la orden de detención europea conste, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado miembro de emisión, que el imputado:

a)

con suficiente antelación:

i)

o bien fue citado en persona e informado así de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolución, o bien recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo,

y

ii)

fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia;

o

b)

teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio,

o

c)

tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso —en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios—, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:

i)

declaró expresamente que no impugnaba la resolución,

o

ii)

no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido,

o

d)

no se le notificó personalmente la resolución, pero:

i)

se le notificará sin demora tras la entrega y será informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial,

y

ii)

será informado del plazo en el que deberá solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, tal como conste en la correspondiente orden de detención europea.

2.   En caso de que una orden de detención europea se emita a efectos de ejecutar una pena privativa de libertad o una orden de detención con arreglo a las condiciones del apartado 1, letra d), y el interesado no haya recibido con anterioridad una información oficial sobre la existencia de una acción penal contra él, dicha persona, al serle informado el contenido de la orden de detención europea, podrá solicitar recibir una copia de la sentencia antes de ser entregada. Inmediatamente después de haber sido informada sobre la petición, la autoridad de emisión proporcionará la copia de la sentencia a través de la autoridad de ejecución a la persona buscada. La solicitud de la persona buscada no deberá demorar el procedimiento de entrega ni la decisión de ejecutar una orden de detención europea. El suministro de la sentencia a la persona interesada se hará con fines puramente informativos; no se considerará ni envío formal de la sentencia ni servirá para establecer plazos a efectos de solicitar un nuevo proceso o interponer un recurso.

3.   En caso de que una persona que sea entregada con arreglo a las condiciones del apartado 1, letra d), y haya solicitado un nuevo proceso o interpuesto un recurso, se revisará la detención de la persona que aguarde dicho nuevo proceso o recurso hasta que las actuaciones hayan finalizado, de conformidad con la legislación del Estado miembro de emisión, ya sea de forma periódica o a solicitud de la persona interesada. Dicha revisión incluirá, en particular, la posibilidad de suspensión o interrupción de la detención. El nuevo proceso o el recurso comenzará en el plazo debido tras la detención.

Artículo 5

Garantías que deberá dar el Estado miembro emisor en casos particulares

La ejecución de la orden de detención europea por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, a una de las condiciones siguientes:

1)

[eliminado]

2)

cuando la infracción en que se basa la orden de detención europea esté castigada con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden de detención europea podrá estar sujeta a la condición de que el Estado miembro emisor tenga dispuesto en su ordenamiento jurídico una revisión de la pena impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos 20 años, o para la aplicación de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con arreglo al Derecho o práctica del Estado miembro emisor con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida;

3)

cuando la persona que fuere objeto de la orden de detención europea a efectos de entablar una acción penal fuere nacional del Estado miembro de ejecución o residiere en él, la entrega podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor.

Artículo 6

Determinación de las autoridades judiciales competentes

1.   La autoridad judicial emisora será la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea competente para dictar una orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado.

2.   La autoridad judicial de ejecución será la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución que sea competente para ejecutar la orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado.

3.   Cada Estado miembro informará a la Secretaría General del Consejo de la autoridad judicial competente con arreglo a su Derecho interno.

Artículo 7

Intervención de la autoridad central

1.   Cada Estado miembro podrá designar una autoridad central o, si su ordenamiento jurídico lo dispone, varias autoridades centrales para que auxilien a las autoridades judiciales competentes.

2.   Un Estado miembro podrá decidir, si es necesario debido a la organización de su ordenamiento jurídico interno, confiar a su autoridad o autoridades centrales la transmisión y recepción administrativas de las órdenes de detención europeas, así como de toda correspondencia oficial relacionada con ellas.

El Estado miembro que desee hacer uso de las posibilidades contempladas en el presente artículo comunicará a la Secretaría General del Consejo la información relativa a la autoridad o autoridades centrales. Estas indicaciones serán vinculantes para todas las autoridades del Estado miembro emisor.

Artículo 8

Contenido y formas de la orden de detención europea

1.   La orden de detención europea contendrá la información siguiente, establecida de conformidad con el formulario que figura en el anexo:

a)

la identidad y la nacionalidad de la persona buscada;

b)

el nombre, la dirección, el número de teléfono y de fax y la dirección de correo electrónico de la autoridad judicial emisora;

c)

la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2;

d)

la naturaleza y la tipificación jurídica del delito, en particular con respecto al artículo 2;

e)

una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, incluidos el momento, el lugar y el grado de participación en el mismo de la persona buscada;

f)

la pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas prevista para el delito por la ley del Estado miembro emisor;

g)

si es posible, otras consecuencias del delito.

2.   La orden de detención europea deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución. Todo Estado miembro podrá, en el momento de la adopción de la presente Decisión marco o en una fecha posterior, manifestar en una declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción en una o varias de las lenguas oficiales de las instituciones de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 2

Procedimiento de entrega

Artículo 9

Transmisión de una orden de detención europea

1.   Cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención europea.

2.   La autoridad judicial emisora podrá decidir, en cualquier circunstancia, introducir una descripción de la persona buscada en el Sistema de Información de Schengen (SIS).

3.   Dicha descripción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes de 19 de junio de 1990. Una descripción en el SIS equivaldrá a una orden de detención europea acompañada de la información que figura en el apartado 1 del artículo 8.

Con carácter provisional, hasta el momento en que el SIS tenga capacidad para transmitir toda la información que figura en el artículo 8, la descripción equivaldrá a una orden de detención europea hasta que la autoridad judicial de ejecución reciba el original en buena y debida forma.

Artículo 10

Procedimiento de transmisión de una orden de detención europea

1.   En caso de que no conozca la autoridad judicial de ejecución competente, la autoridad judicial emisora hará las indagaciones necesarias, en particular a través de los puntos de contacto de la red judicial europea (9), con el fin de obtener dicha información del Estado miembro de ejecución.

2.   Si la autoridad judicial emisora lo deseare, la transmisión podrá efectuarse mediante el sistema de telecomunicaciones protegido de la red judicial europea.

3.   Si no es posible recurrir al SIS, la autoridad judicial emisora podrá recurrir a los servicios de Interpol para la comunicación de la orden de detención europea.

4.   La autoridad judicial emisora podrá transmitir la orden de detención europea por cualesquiera medios fiables que puedan dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado miembro de ejecución establecer su autenticidad.

5.   Cualquier dificultad que surja en relación con la transmisión o la autenticidad de algún documento necesario para la ejecución de la orden de detención europea se solventará mediante consulta directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando sea pertinente, con la participación de las autoridades centrales de los Estados miembros.

6.   Si la autoridad que recibe una orden de detención europea no es competente para darle curso, transmitirá de oficio dicha orden a la autoridad competente de su Estado miembro e informará de ello a la autoridad judicial emisora.

Artículo 11

Derechos de la persona buscada

1.   Cuando una persona buscada sea detenida, la autoridad judicial de ejecución competente informará a dicha persona, de conformidad con su Derecho interno, de la existencia de la orden de detención europea, de su contenido, así como de la posibilidad que se le brinda de consentir en su entrega a la autoridad judicial emisora.

2.   Toda persona buscada que sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención europea tendrá derecho a contar con la asistencia de un abogado y, en caso necesario, de un intérprete, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución.

Artículo 12

Mantenimiento de la persona en detención

Cuando se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución si la persona buscada debe permanecer detenida. La libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, siempre que la autoridad competente de dicho Estado miembro tome todas las medidas que considere necesarias para evitar la fuga de la persona buscada.

Artículo 13

Consentimiento a la entrega

1.   Si la persona detenida indica que consiente en su entrega, el consentimiento y, en su caso, la renuncia expresa a acogerse al principio de especialidad, definido en el apartado 2 del artículo 27, deberán manifestarse ante la autoridad judicial de ejecución, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución.

2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consentimiento y, en su caso, la renuncia contemplados en el apartado 1 se obtengan en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha formulado voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado.

3.   Se levantará acta del consentimiento y, en su caso, de la renuncia contemplados en el apartado 1, con arreglo al procedimiento establecido por el Derecho interno del Estado miembro de ejecución.

4.   El consentimiento será, en principio, irrevocable. Todo Estado miembro podrá establecer que dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia podrán revocarse de conformidad con las normas aplicables en sus respectivos Derechos internos. En tal caso, el período comprendido entre la fecha del consentimiento y la de su revocación no se tomará en consideración para determinar los plazos previstos en el artículo 17. El Estado miembro que desee recurrir a dicha posibilidad informará de ello a la Secretaría General del Consejo en el momento de la adopción de la presente Decisión marco e indicará las modalidades conforme a las cuales es posible revocar el consentimiento, así como cualquier modificación de estas.

Artículo 14

Audiencia de la persona buscada

Cuando la persona detenida no consienta en su entrega, tal como se menciona en el artículo 13, tendrá derecho a ser oída por la autoridad judicial de ejecución, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución.

Artículo 15

Decisión sobre la entrega

1.   La autoridad judicial de ejecución decidirá la entrega de la persona, en los plazos y condiciones definidos en la presente Decisión marco.

2.   Si la autoridad judicial de ejecución considerare que la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para poder pronunciarse sobre la entrega, solicitará urgentemente la información complementaria necesaria, especialmente en relación con los artículos 3 a 5 y el artículo 8, y podrá fijar un plazo para su recepción, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos que establece el artículo 17.

3.   La autoridad judicial emisora podrá transmitir en cualquier momento a la autoridad judicial de ejecución cuanta información complementaria sea de utilidad.

Artículo 16

Decisión en caso de concurrencia de solicitudes

1.   En el caso de que dos o más Estados miembros hubieran emitido una orden de detención europea en relación con la misma persona, la elección sobre cuál de las órdenes de detención europeas será ejecutada será adoptada por la autoridad judicial de ejecución, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y en particular el lugar y la gravedad relativa de los delitos, las respectivas fechas de las distintas órdenes, así como el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de la persecución penal o a efectos de ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

2.   La autoridad judicial de ejecución podrá solicitar el dictamen de Eurojust (10) con vistas a la elección mencionada en el apartado 1.

3.   En caso de conflicto entre una orden de detención europea y una solicitud de extradición presentada por un tercer Estado, la decisión sobre si debe darse preferencia a la orden de detención europea o a la solicitud de extradición recaerá en la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, una vez consideradas todas las circunstancias, y en particular las contempladas en el apartado 1 y las mencionadas en el convenio o acuerdo aplicable.

4.   El presente artículo se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Artículo 17

Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución de la orden de detención europea

1.   La orden de detención europea se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia.

2.   En los casos en que la persona buscada consienta en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse en el plazo de diez días tras haberse manifestado el consentimiento.

3.   En los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse en el plazo de sesenta días tras la detención de la persona buscada.

4.   En determinados casos, cuando la orden de detención europea no pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos en los apartados 2 y 3, la autoridad judicial de ejecución informará inmediatamente a la autoridad judicial emisora de los motivos de la demora. En ese caso, podrán prorrogarse los plazos en otros treinta días.

5.   Mientras la autoridad judicial de ejecución no haya adoptado una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, dicho Estado miembro velará por que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona.

6.   Toda denegación de ejecución de la orden de detención europea deberá justificarse.

7.   Cuando, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro no pueda cumplir los plazos previstos en el presente artículo, informará a Eurojust precisando los motivos de la demora. Además, un Estado miembro que haya sufrido de forma repetida demoras en la ejecución de órdenes de detención europeas por parte de otro Estado miembro, informará al Consejo con el objetivo de evaluar la aplicación por parte de los Estados miembros de la presente Decisión marco.

Artículo 18

Situación en espera de la decisión

1.   Cuando se haya emitido una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales, la autoridad judicial de ejecución deberá:

a)

bien aceptar que se tome la declaración a la persona buscada con arreglo al artículo 19;

b)

o bien aceptar el traslado temporal de la persona buscada.

2.   Las condiciones y la duración del traslado temporal se determinarán de común acuerdo entre las autoridades judiciales emisora y de ejecución.

3.   En caso de traslado temporal, la persona deberá poder volver al Estado miembro de ejecución para asistir a las vistas orales que le conciernan, en el marco del procedimiento de entrega.

Artículo 19

Toma de declaración de la persona en espera de la decisión

1.   La toma de declaración de la persona buscada la realizará una autoridad judicial asistida por cualquier otra persona designada de conformidad con el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional solicitante.

2.   La toma de declaración de la persona buscada se realizará con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución y en las condiciones determinadas de común acuerdo entre las autoridades judiciales emisora y de ejecución.

3.   La autoridad judicial de ejecución competente podrá designar otra autoridad judicial del Estado miembro de que depende para que participe en la toma de declaración de la persona buscada con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente artículo y las condiciones establecidas.

Artículo 20

Privilegios e inmunidades

1.   Cuando la persona buscada goce de un privilegio o inmunidad de jurisdicción o de ejecución en el Estado miembro de ejecución, los plazos contemplados en el artículo 17 únicamente empezarán a contar si la autoridad judicial de ejecución ha sido informada de que dicho privilegio o dicha inmunidad se hubieren retirado, y únicamente a partir del día en que esa autoridad judicial haya sido informada de tal hecho.

El Estado miembro de ejecución garantizará que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando la persona haya dejado de disfrutar de un privilegio o inmunidad de este tipo.

2.   Cuando la retirada del privilegio o de la inmunidad competa a una autoridad del Estado miembro de ejecución, la autoridad judicial de ejecución le formulará la solicitud sin demora. Cuando la retirada del privilegio o de la inmunidad competa a una autoridad de otro Estado o a una organización internacional, corresponderá hacer la solicitud a la autoridad judicial emisora.

Artículo 21

Concurrencia de obligaciones internacionales

La presente Decisión marco se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que incumban al Estado miembro de ejecución en caso de que la persona buscada hubiere sido extraditada a dicho Estado miembro desde un Estado tercero, y de que dicha persona estuviere protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del cual hubiere sido extraditada relativas al principio de especialidad. El Estado miembro de ejecución adoptará las medidas necesarias para solicitar de inmediato el consentimiento del Estado que haya extraditado a la persona buscada, para que pueda ser entregada al Estado miembro emisor. Los plazos contemplados en el artículo 17 empezarán a contar únicamente en la fecha en que dichas reglas relativas al principio de especialidad dejen de aplicarse. A la espera de la decisión del Estado al que la persona buscada ha sido extraditada, el Estado miembro de ejecución garantizará que siguen dándose las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva.

Artículo 22

Notificación de la decisión

La autoridad judicial de ejecución notificará de inmediato a la autoridad judicial emisora la decisión relativa al curso dado a la orden de detención europea.

Artículo 23

Plazo de entrega de la persona

1.   La persona buscada deberá ser entregada lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas.

2.   Será entregada a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea.

3.   Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados miembros afectados impida entregar a la persona buscada dentro del plazo que establece el apartado 2, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.

4.   Podrá suspenderse de manera excepcional y con carácter provisional la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada. La ejecución de la orden de detención europea deberá producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución informará de ello inmediatamente a la autoridad judicial emisora, y acordará con esta una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.

5.   Una vez expirados los plazos que citan los apartados 2 a 4, si la persona se hallare aún detenida será puesta en libertad.

Artículo 24

Entrega suspendida o condicional

1.   La autoridad judicial de ejecución, tras haber decidido la ejecución de la orden de detención europea, podrá suspender la entrega de la persona buscada para que pueda ser enjuiciada en el Estado miembro de ejecución o, si estuviese ya condenada, para que pueda cumplir en su territorio la pena que se le hubiere impuesto por otros hechos distintos del que motivare la orden de detención europea.

2.   En lugar de suspender la entrega, la autoridad judicial de ejecución podrá entregar provisionalmente al Estado miembro emisor a la persona buscada, en condiciones que se determinarán de común acuerdo entre las autoridades judiciales de ejecución y emisora. Dicho acuerdo se formalizará por escrito y las condiciones serán vinculantes para todas las autoridades del Estado miembro emisor.

Artículo 25

Tránsito

1.   Cada Estado miembro permitirá, excepto en el caso en que haga uso de la posibilidad de denegación cuando se solicite el tránsito de un nacional o un residente a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad, el tránsito por su territorio de una persona buscada que vaya a ser objeto de entrega, siempre que se le haya facilitado información sobre:

a)

la identidad y nacionalidad de la persona que es objeto de la orden de detención europea;

b)

la existencia de una orden de detención europea;

c)

el carácter y la calificación jurídica del delito;

d)

la descripción de las circunstancias del delito, incluidos la fecha y el lugar.

Cuando la persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea a efectos de persecución penal es nacional del Estado miembro de tránsito o residente en él, el tránsito podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de tránsito para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en contra suya en el Estado miembro emisor.

2.   Cada Estado miembro designará una autoridad responsable de la recepción de las solicitudes de tránsito y de la documentación necesaria, así como de toda correspondencia oficial relacionada con solicitudes de tránsito. Los Estados miembros comunicarán esta designación a la Secretaría General del Consejo.

3.   La solicitud de tránsito, así como la información contemplada en el apartado 1, podrán remitirse a la autoridad designada de conformidad con el apartado 2 por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita. El Estado miembro de tránsito dará a conocer su decisión por el mismo procedimiento.

4.   La presente Decisión marco no se aplicará en caso de utilizarse la vía aérea sin escala prevista. No obstante, si se produjera un aterrizaje fortuito, el Estado miembro emisor facilitará a la autoridad designada de conformidad con el apartado 2 la información prevista en el apartado 1.

5.   Cuando se trate del tránsito de una persona que ha de ser extraditada de un tercer Estado a un Estado miembro, el presente artículo se aplicará, mutatis mutandis. En particular, la expresión «orden de detención europea» se entenderá referida a «solicitud de extradición».

CAPÍTULO 3

Efectos de la entrega

Artículo 26

Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución

1.   El Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que debería cumplirse en el Estado miembro emisor como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea.

2.   Para ello, la autoridad judicial de ejecución o la autoridad central designada a tenor del artículo 7 remitirá a la autoridad judicial emisora, en el momento de la entrega, toda la información relativa a la duración de la privación de libertad de la persona buscada a efectos de la ejecución de la orden de detención europea.

Artículo 27

Posibles actuaciones por otras infracciones

1.   Todo Estado miembro podrá notificar a la Secretaría General del Consejo que, en su relación con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, el consentimiento para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad por toda infracción cometida antes de su entrega distinta de la que motivó esta última, se presumirá que ha sido dado, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.

2.   Excepto en los casos previstos en los apartados 1 y 3, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado su entrega.

3.   El apartado 2 no se aplicará en los casos siguientes:

a)

cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;

b)

la infracción no sea punible con una pena o medida de seguridad privativas de libertad;

c)

el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona;

d)

cuando la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual;

e)

cuando la persona hubiere dado su consentimiento, en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13;

f)

cuando la persona hubiere renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su entrega. La renuncia se efectuará ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona tendrá derecho a la asistencia de un abogado;

g)

cuando la autoridad judicial de ejecución que hubiere entregado a la persona dé su consentimiento con arreglo al apartado 4.

4.   La solicitud de consentimiento se presentará a la autoridad judicial de ejecución, acompañada de la información mencionada en el apartado 1 del artículo 8, y de una traducción conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8. Se dará el consentimiento cuando la infracción que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión marco. El consentimiento se denegará en los casos previstos en el artículo 3, y por lo demás podrá denegarse únicamente por los motivos previstos en el artículo 4. La resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud.

En las situaciones contempladas en el artículo 5, el Estado miembro emisor deberá dar las mismas garantías.

Artículo 28

Entrega o extradición ulterior

1.   Todo Estado miembro podrá notificar a la Secretaría General del Consejo que, en su relación con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, el consentimiento para la entrega de una persona a un Estado miembro, distinto del Estado miembro de ejecución, en virtud de una orden de detención europea dictada para una infracción cometida antes de su entrega, se presumirá que ha sido dado, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.

2.   En cualquier caso, será posible, sin el consentimiento del Estado miembro de ejecución entregar, a una persona, que haya sido entregada al Estado miembro emisor en ejecución de una orden de detención europea, a otro Estado miembro distinto del de ejecución de conformidad con una orden de detención europea emitida por otra infracción cometida antes de su entrega, en los casos siguientes:

a)

si la persona buscada, habiendo tenido ocasión de abandonar el territorio del Estado al que hubiere sido entregada, no lo hiciere en el plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o hubiere regresado a dicho territorio después de abandonarlo;

b)

si la persona buscada hubiere consentido en ser entregada a otro Estado miembro distinto del Estado miembro de ejecución en virtud de una orden de detención europea. El consentimiento se dará ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, y se levantará acta del mismo con arreglo al Derecho interno de este. El consentimiento se dará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado;

c)

si la persona buscada no se acoge al principio de la especialidad, de conformidad con lo dispuesto en las letras a), e), f) y g) del apartado 3 del artículo 27.

3.   La autoridad judicial de ejecución dará su consentimiento para la entrega de la persona de que se trate a otro Estado miembro de conformidad con los principios siguientes:

a)

se solicitará dicho consentimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, adjuntando a la solicitud la información mencionada en el apartado 1 del artículo 8 y una traducción conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8;

b)

se dará el consentimiento cuando la infracción que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con la presente Decisión marco;

c)

la resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud;

d)

el consentimiento se denegará en los casos previstos en el artículo 3, y por lo demás podrá denegarse únicamente por los motivos previstos en el artículo 4.

En las situaciones contempladas en el artículo 5, el Estado miembro emisor deberá dar las mismas garantías.

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una persona a quien se haya entregado en virtud de una orden de detención europea no será extraditada a un tercer Estado sin el consentimiento de la autoridad competente del Estado miembro desde el que dicha persona ha sido entregada. Se otorgará el consentimiento de conformidad con los convenios a que esté vinculado dicho Estado miembro, así como con su Derecho interno.

Artículo 29

Entrega de objetos

1.   A petición de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, la autoridad judicial de ejecución intervendrá y entregará, de conformidad con su Derecho interno, los objetos:

a)

que pudieren servir como prueba o

b)

que posea la persona buscada como resultado del delito.

2.   Los objetos a que se hace mención en el apartado 1 deberán entregarse aun cuando la orden de detención europea no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasión de la persona buscada.

3.   Si los objetos a que se hace mención en el apartado 1 fueren susceptibles de embargo o comiso en el territorio del Estado miembro de ejecución, este podrá, si dichos objetos son necesarios para un proceso penal en curso, retenerlos temporalmente o entregarlos al Estado miembro emisor, a condición de que sean devueltos.

4.   Se mantendrán todos los derechos que el Estado miembro de ejecución o terceros puedan haber adquirido sobre los objetos a que se hace mención en el apartado 1. Cuando dichos derechos existan, el Estado miembro emisor deberá devolver los objetos sin cargo alguno al Estado miembro de ejecución, lo antes posible una vez terminado el proceso.

Artículo 30

Gastos

1.   Los gastos causados en el territorio del Estado miembro de ejecución por la ejecución de la orden de detención europea serán sufragados por dicho Estado miembro.

2.   Los demás gastos correrán a cargo del Estado miembro emisor.

CAPÍTULO 4

Disposiciones generales y finales

Artículo 31

Relación con otros instrumentos jurídicos

1.   Sin perjuicio de su aplicación en las relaciones entre Estados miembros y terceros Estados, las disposiciones contenidas en la presente Decisión marco sustituirán a partir del 1 de enero de 2004 a las disposiciones correspondientes de los convenios siguientes aplicables en materia de extradición en las relaciones entre Estados miembros:

a)

el Convenio europeo de extradición, de 13 de diciembre de 1957; su protocolo adicional, de 15 de octubre de 1975; su segundo protocolo adicional, de 17 de marzo de 1978, y el Convenio europeo para la represión del terrorismo, de 27 de enero de 1977, en lo que se refiere a la extradición;

b)

el Acuerdo entre los doce Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y a la modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición, de 26 de mayo de 1989;

c)

el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 10 de marzo de 1995;

d)

el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 27 de septiembre de 1996;

e)

El capítulo 4 del título III del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, de 19 de junio de 1990.

2.   Los Estados miembros podrán seguir aplicando los acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales en vigor en el momento de la adopción de la presente Decisión marco en la medida en que estos permitan ir más allá de los objetivos de la misma y contribuyan a simplificar o facilitar más los procedimientos de entrega de las personas que fueren objeto de una orden de detención europea.

Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales después de la entrada en vigor de la presente Decisión marco en la medida en que estos permitan ir más allá de las disposiciones de la misma y contribuyan a simplificar o facilitar más los procedimientos de entrega de las personas que fueren objeto de una orden de detención europea, en particular, estableciendo plazos más reducidos que los contemplados en el artículo 17, ampliando la lista de infracciones previstas en el apartado 2 del artículo 2, limitando más los motivos de denegación previstos en los artículos 3 y 4, o reduciendo el umbral previsto en los apartados 1 o 2 del artículo 2.

Los acuerdos y convenios contemplados en el segundo párrafo no podrán en ningún caso afectar a las relaciones con los Estados miembros que no sean parte en los mismos.

Los Estados miembros notificarán, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Decisión marco, al Consejo y a la Comisión los acuerdos o convenios existentes contemplados en el primer párrafo que desean seguir aplicando.

Los Estados miembros notificarán asimismo al Consejo y a la Comisión, en el plazo de 3 meses desde su firma, cualquier nuevo acuerdo o convenio como se contempla en el segundo párrafo.

3.   En la medida en que los convenios o acuerdos contemplados en el apartado 1 se apliquen a territorios de los Estados miembros, o a territorios cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro, a los cuales no se aplique la presente Decisión marco, esos instrumentos seguirán regulando las relaciones existentes entre dichos territorios y los demás Estados miembros.

Artículo 32

Disposición transitoria

Seguirán aplicándose a las solicitudes de extradición que se reciban antes del 1 de enero de 2004, los instrumentos vigentes en materia de extradición. A las solicitudes recibidas después del 1 de enero de 2004 se aplicará la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisión marco. No obstante, los Estados miembros podrán hacer, en el momento de la adopción de la presente Decisión marco, una declaración en la que se indique que como Estado miembro de ejecución seguirá tramitando las solicitudes relativas a los actos cometidos antes de una fecha que especificarán, con arreglo al sistema de extradición aplicable antes del 1 de enero de 2004. La fecha de que se trate no podrá ser posterior al 7 de agosto de 2002. Dicha declaración será publicada en el Diario Oficial. Podrá ser retirada en cualquier momento.

Artículo 33

Disposiciones relativas a Austria y a Gibraltar

1.   Mientras que Austria no haya modificado el apartado 1 del artículo 12 de la «Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz» y, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2008, Austria podrá permitir a sus autoridades judiciales de ejecución que denieguen la ejecución de una orden de detención europea si la persona buscada es un ciudadano austriaco y si el acto por el que se ha emitido la orden de detención europea no es punible con arreglo al Derecho austriaco.

2.   La presente Decisión marco se aplicará a Gibraltar.

Artículo 34

Aplicación

1.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión marco antes del 31 de diciembre de 2003.

2.   Los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de adaptación de sus legislaciones nacionales en virtud de las obligaciones derivadas de la presente Decisión marco. Al hacer esta transmisión, cada Estado miembro podrá indicar que aplicará inmediatamente la presente Decisión marco en sus relaciones con aquellos Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación.

La Secretaría General del Consejo comunicará a los Estados miembros y a la Comisión la información recibida con arreglo al apartado 2 del artículo 7, al apartado 2 del artículo 8, al apartado 4 del artículo 13 y al apartado 2 del artículo 25. Se encargará asimismo de la publicación en el Diario Oficial.

3.   Sobre la base de las informaciones transmitidas por la Secretaría General del Consejo, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 2004, un informe sobre la aplicación de la presente Decisión marco acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

4.   A lo largo del segundo semestre de 2003, el Consejo evaluará, especialmente la aplicación práctica, las disposiciones de la presente Decisión marco por los Estados miembros, así como el funcionamiento del SIS.

Artículo 35

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Hecho en Luxemburgo, el 13 de junio de 2002.

Por el Consejo

El Presidente

M. RAJOY BREY


(1)  Esta consolidación no oficial solo contiene los considerandos de la Decisión marco 2002/584/JAI. No incorpora los considerandos de la Decisión marco 2009/299/JAI, que modificó la Decisión 2002/584/JAI.

(2)  DO C 332 E de 27.11.2001, p. 305.

(3)  Dictamen emitido el 9 de enero de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(4)  DO C 12 E de 15.1.2001, p. 10.

(5)  DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.

(6)  DO C 78 de 30.3.1995, p. 2.

(7)  DO C 313 de 13.10.1996, p. 12.

(8)  DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

(9)  Acción común 98/428/JAI, de 29 de junio de 1998, por la que se crea una red judicial europea (DO L 191 de 7.7.1998, p. 4).

(10)  Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).


ANEXO II

FORMULARIO DE LA ODE, contenido en el anexo a la Decisión marco sobre la ODE

ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA (1)

La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuación, a efectos de enjuiciamiento penal o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad.

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(1)  La presente orden deberá redactarse o traducirse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, si se conoce dicho Estado, o en cualquier otra lengua aceptada por este.


ANEXO III

Orientaciones para la cumplimentación del FORMULARIO DE LA ODE

La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuación, a efectos de su enjuiciamiento penal o de la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad.

Observación

Al redactar una ODE, se recomienda usar la herramienta Compendium de la RJE incluida en el sitio web de esta. Usar esta herramienta electrónica presenta la ventaja de que cumplimentar el formulario es tan sencillo como cumplimentar un formulario en formato Word, pero cuenta con varias características modernas y accesibles como: la posibilidad de importar directamente las autoridades de ejecución competentes desde la herramienta Atlas Judicial de la RJE; obtener de forma inmediata el texto estático del formulario en la lengua o lenguas aceptadas por el Estado miembro de ejecución, guardarlo y enviarlo por correo electrónico.

No obstante, puede ser aconsejable que descargue el formulario en formato Word desde el sitio web de la RJE (sección Biblioteca Judicial) en la lengua de la autoridad judicial de emisión (la suya) y lo guarde en su ordenador, en caso de que no se puede acceder al sitio web cuando sea necesario en casos urgentes.

Asimismo, puede ser aconsejable descargar el formulario desde el sitio web de la RJE (Biblioteca Judicial) en todas las lenguas, especialmente en aquellas que suelen ser aceptadas por otros Estados miembros, y guardarlo en su ordenador.

Si utiliza el formulario Word, cumpliméntelo en su propia lengua usando un ordenador (no a mano). Si utiliza la herramienta Compendium, el formulario siempre se cumplimentará en el ordenador.

Cuando una casilla no resulte pertinente, escríbase «no procede» o indíquese claramente que no procede, por ejemplo mediante un símbolo especial (ej.: —). Nunca suprima una casilla o modifique de alguna manera el formulario de la ODE.

Si la ODE cubre varias infracciones, asígnenseles los números 1, 2, 3, etc., y manténgase esta numeración a lo largo de toda la ODE, y en particular en el recuadro b).

Recuadro a)

Información necesaria para identificar a la persona buscada

Observación:

Se ruega cumplimenten todos los campos, siempre que sea posible.

a)

Información relativa a la identidad de la persona buscada:

Apellidos: Observación: campo obligatorio. Si ha lugar y se conoce, indíquese el apellido oficial anterior; el nombre y los apellidos deben consignarse en la lengua original, sin traducirlos. Asegúrese de que el orden es correcto, que no indica como nombre un apellido, y realice las verificaciones necesarias en caso de que haya dos o más personas con apellidos similares (quizás en diferente orden o con pequeñas diferencias) en el mismo expediente.

Nombre(s): Observación: campo obligatorio.

Apellido(s) de soltera (en su caso):

Alias (en su caso): Observación: indíquense los nombres falsos. Escríbanse los alias entre corchetes. Si la persona utiliza una identidad falsa, esta ha de consignarse en todos los campos, por ejemplo, fecha de nacimiento falsa y dirección falsa.

Sexo: Observación: campo obligatorio.

Nacionalidad: Observación: campo obligatorio. Indíquelas todas en caso de múltiples nacionalidades.

Fecha de nacimiento: Observación: campo obligatorio.

Lugar de nacimiento: Observación: campo obligatorio si se dispone de la información.

Residencia y/o domicilio conocido: Observación: campo obligatorio si se dispone de la información.

En caso contrario, indíquese «desconocido».

En caso de conocerse, idioma(s) que entiende la persona buscada:

Rasgos físicos particulares/descripción de la persona buscada: Observación: campo obligatorio si la información está disponible. Indíquese asimismo si la persona es peligrosa y/o puede estar armada.

Fotografía e impresiones dactilares de la persona buscada, si están disponibles y pueden transmitirse, o señas de la persona a la que dirigirse a fin de obtenerlas o de obtener una caracterización del ADN (si no se ha incluido tal información y se dispone de ella para su transmisión): Observación: esta información debe facilitarse obligatoriamente, a través de Interpol o del SIS, cuando esté disponible, ya que es fundamental para estar seguros de que se detiene a la persona correcta.

Realice las verificaciones necesarias en caso de que haya dos o más personas con apellidos similares (quizá con un orden diferente o con pequeñas variaciones) en el mismo expediente.

Recuadro b)

Información sobre la resolución en la que se basa la orden de detención europea

Observación:

El formulario debe cumplimentarse atendiendo al fin para el cual se solicita la ODE (ejercicio de diligencias penales o ejecución de una sentencia). En el recuadro b) se emplea el término «Decisión sobre la que se basa la orden de detención», que se refiere a una resolución judicial distinta de la ODE. El término «resolución judicial» cubre las resoluciones de las autoridades que participan en la administración de la justicia penal de los Estados miembros, con exclusión de los servicios de policía. Cuando la decisión que ha dado lugar a la detención pasa a ser, por ejemplo, una resolución dictada en rebeldía, deberá dictarse una nueva ODE (con la nueva denominación).

 

Fase previa al proceso (ODE dictada para la realización de diligencias penales)

b) 1. Indíquese la decisión en la que se basa la orden (por ejemplo, una resolución judicial o una orden de detención, dictada el dd/mm/aaaa, de la que dimana la medida coercitiva de detención preventiva). Obsérvese que si se cumplimenta el punto b).1, también debe cumplimentarse el punto c) 1.

 

Fase posterior al proceso (ODE dictada para la ejecución de una sentencia o de una sentencia dictada en rebeldía)

b) 1. Cuando la ODE se haya dictado por un procedimiento en rebeldía, indíquese la resolución judicial.

b) 2. Menciónese la sentencia o resolución judicial y la fecha en que se hizo firme (dd/mm/aaaa), e indíquese el número de procedimiento y el órgano jurisdiccional que la ha dictado. En algunos Estados miembros, las sentencias que aún no sean firmes, para las que se pueda interponer un recurso, mientras no sean definitivas, constituyen un motivo para cumplimentar el punto b).1 y NO el punto b) 2.

Obsérvese que si se cumplimenta el punto b).2, también debe cumplimentarse el punto c) 2.

b)

Decisión sobre la que se basa la orden de detención:

1.

Orden de detención o resolución judicial ejecutiva de igual fuerza:

Tipo: Observación: precísese la resolución u otra medida judicial de que se trata, así como la fecha y el número de procedimiento.

2.

Sentencia firme: Observación: si la sentencia es firme, indíquese también la fecha en que se hizo definitiva.

Referencia: Observación: indíquese la fecha, el número de procedimiento y el tipo de resolución. No traducir las referencias.

Recuadro c)

Información sobre la duración de la pena o medida de seguridad privativas de libertad

Observación:

El objeto de este recuadro es hacer constar que la ODE cumple los requisitos referidos a los umbrales de las penas establecidos en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE. Durante la fase previa al proceso, la duración mínima se referirá a la pena aplicable según el Código y, cuando se haya dictado una sentencia condenatoria, a la duración de la pena impuesta. Como ocurre en el recuadro b), cumplimente el apartado o apartados pertinentes teniendo en cuenta la fase del proceso penal.

 

Fase previa al proceso (ODE dictada para la realización de diligencias penales)

c) 1. Indíquese la pena máxima que puede imponerse. Obsérvese que según el artículo 2, apartado 1, se podrá dictar una ODE por aquellos hechos para los que se señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses. Si se cumplimenta el recuadro b).1, también debe cumplimentarse el recuadro c) 1.

 

Fase posterior al proceso (ODE dictada para la ejecución de una sentencia o de una sentencia dictada en rebeldía)

c) 2. Indíquese la duración de la pena o medida de seguridad privativas de libertad impuestas. Obsérvese que según el artículo 2, apartado 1, se podrá dictar una ODE para el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad. Si se cumplimenta el punto b) 2., también debe cumplimentarse el punto c) 2.

c) 2. Indíquense años, meses y días. Cabe señalar que la Decisión marco sobre la ODE no fija una cantidad mínima de pena que resta por cumplir. Se aconseja sopesar cuidadosamente la proporcionalidad de emitir una ODE en los casos en que la pena que resta por cumplir es inferior a cuatro meses, aunque la pena impuesta en un principio fuera de cuatro meses o más.

c)

Indicaciones sobre la duración de la pena:

1.

Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativas de libertad que puede dictarse por la infracción o las infracciones:

2.

Duración de la pena o medida privativa de libertad impuesta: Observación: en aquellos casos en que se haya dictado una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad, la duración del período de privación de libertad puede ser indefinida; puede tratarse, por ejemplo, de cadena perpetua o de una sentencia que suponga la reclusión en un centro psiquiátrico.

Pena que resta por cumplir: Observación: si la privación de libertad es por un período indefinido pero no inferior a cuatro meses, indíquese que quedan al menos cuatro meses de pena por cumplir.

Recuadro d)

Casos en que las resoluciones se dictan en rebeldía

d)

Indique si el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución:

1.

☐ Sí, el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución.

2.

☐ No, el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución.

3.

Si ha marcado la casilla del punto 2, sírvase confirmar la concurrencia de uno de los siguientes hechos:

3.1a.

☐ el imputado fue citado en persona el … (día/mes/año) e informado así del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolución, y se le informó de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia en el juicio;

O

3.1b.

☐ el imputado no fue citado en persona, pero recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que ha podido establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo, y se le informó de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia en el juicio;

O

3.2.

☐ teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, el imputado dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio;

O

3.3.

☐ al imputado le fue notificada la resolución el … (día/mes/año) y se le informó expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer recurso, en el que tendría derecho a comparecer y se volverían a examinar los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial, y

el imputado declaró expresamente que no impugnaba la resolución;

O

no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido;

O

3.4.

☐ al imputado no le fue notificada personalmente la resolución, pero:

se le notificará la resolución sin demora tras la entrega; y

cuando se le notifique, el imputado será informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial; y

se le informará del plazo en el que tiene que solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, que será de …días.

4.

Si ha marcado la casilla de los puntos 3.1b, 3.2. o 3.3., se ruega que proporcione información sobre cómo se cumplió la condición pertinente:

Recuadro e)

Infracciones de que se trata

Observación:

La autoridad judicial de emisión decide, de conformidad con la definición de la infracción en el Derecho penal de los Estados miembros de emisión, si esta pertenece a una de las treinta y dos categorías para las que no se aplica el control de doble tipificación. No es preciso incorporar el texto del Derecho nacional a la ODE o adjuntarlo a esta. Se evitan también así traducciones innecesarias de textos jurídicos.

Las circunstancias del caso deben describirse siempre plenamente, incluida toda la información pertinente, de forma que las autoridades de ejecución de los Estados miembros puedan evaluar la aplicación del principio de especialidad y los motivos para la no ejecución, como el principio ne bis in idem y la prescripción.

Fases previa y posterior al proceso

Indíquese el número de infracciones de que se trata.

Sea coherente con las que describa.

Tenga en cuenta las observaciones del Manual sobre infracciones accesorias al decidir su inclusión (apartado 2.3).

Inclúyase una explicación precisa de los hechos que motivan la ODE:

Céntrese en los hechos relativos a la persona que debe ser entregada.

Descríbanse siempre los hechos necesarios para dicha finalidad (persona responsable, grado de participación o ejecución, lugar, momento, cantidad, medios, daños o lesiones resultantes, intención o motivo, beneficio, etc.).

La descripción factual debe incluir únicamente un breve resumen, y no la transcripción completa de todas las páginas del expediente. Sin embargo, en los casos más complejos, y en particular cuando se aplique el principio de doble tipificación (infracciones no enumeradas), puede que se precise una descripción más larga para documentar los aspectos principales de los hechos. En tales casos, indíquense los datos que resulten esenciales para que la autoridad judicial de ejecución pueda tomar una decisión sobre la ODE, en particular para que pueda determinar los posibles motivos de no ejecución o para la aplicación del principio de especialidad.

En caso de varias infracciones, si es posible, descríbanse los hechos de forma que la descripción se corresponda con la tipificación legal correspondiente.

Emplee frases concisas y sencillas que resulten fáciles de traducir.

Una breve descripción resultará también útil para que el servicio nacional SIRENE pueda incluir una descripción en el SIS.

Indíquese la tipificación legal de la infracción (las disposiciones del Código Penal que vulnera). Sin embargo, no es preciso añadir a la ODE los textos jurídicos. Ello solo da lugar a traducciones innecesarias.

Si la autoridad judicial de emisión reconoce la infracción como uno de los treinta y dos delitos enumerados, y esta es castigada con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos 3 años, se debe marcar la casilla pertinente de la lista.

Se recomienda, cuando sea posible, utilizar un solo formulario para una ODE relativa a una sola persona. Si el formulario se refiere a varias infracciones, se debe asignar un número (con la indicación «infracción 1», «infracción 2», «infracción 3», etc.) a cada casilla marcada [véase en particular el recuadro b)]. Obsérvese que el SIS solo permite la inclusión de una descripción para la detención. No obstante, se puede adjuntar más de una ODE por cada descripción para la detención.

Si en un mismo Estado miembro se han dictado varias ODE relativas a la misma persona, estas no deben considerarse concurrentes.

e)

Infracción o infracciones:

La presente orden se refiere a un total de: …infracciones.

Descripción de las circunstancias en que se cometió/cometieron la infracción o infracciones, incluido el momento (fecha y hora), lugar y grado de participación en la(s) misma(s) de la persona buscada: Observación: en aras de la claridad, si la ODE se refiere, por ej., a tres infracciones, las descripciones de cada una de ellas deben numerarse del 1 al 3. Utilícense frases breves, sin olvidar que es preciso dar una descripción factual completa. Se ruega precisión.

Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable:

Observación: indíquense la tipificación legal de la infracción y las disposiciones del Derecho nacional aplicable que vulnera.

I.

Márquense las casillas correspondientes si se trata de una o varias de las infracciones siguientes castigadas en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos 3 años, según están definidas en el Derecho del Estado miembro emisor:

pertenencia a organización delictiva;—

terrorismo;

trata de seres humanos;

explotación sexual de los niños y pornografía infantil;

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos;

corrupción;

fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas;

blanqueo del producto del delito;

falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro;

delito informático;

delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas;

ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal;

homicidio voluntario, agresión con lesiones graves;

tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos;

secuestro, detención ilegal y toma de rehenes;

racismo y xenofobia;

robos organizados o a mano armada;

tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte;

estafa;

chantaje y extorsión de fondos;

violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías;

falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos;

falsificación de medios de pago;

tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento;

tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares;

tráfico de vehículos robados;

violación;

incendio voluntario;

delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional;

secuestro de aeronaves y buques;

sabotaje.

II.

Descripción detallada de la infracción o infracciones distinta(s) de las enumeradas en el punto I: Observación: no debe repetirse en la parte II la información que ya se haya dado en la parte I del recuadro e). Se necesita aquí la descripción completa de la infracción, y no información sobre la legislación nacional.

Si se han indicado antes las circunstancias de los hechos, no es necesario repetirlas. No incluya textos jurídicos si las circunstancias de los hechos se han indicado claramente antes; empléese este recuadro únicamente si es de aplicación el principio de doble tipificación y es preciso detallar más las circunstancias antes expuestas. Para controlar la doble tipificación, el juez no necesita disponer del texto jurídico, sino únicamente conocer las circunstancias concretas del caso, aunque algunos órganos jurisdiccionales sí piden copia de dicho texto.

Recuadro f)

Otras circunstancias relacionadas con el caso (información facultativa)

Observación:

No es necesario cumplimentar este recuadro.

Puede utilizarse para formular observaciones sobre la extraterritorialidad, la suspensión de plazos de prescripción y otras consecuencias de la infracción. En general, no es necesario indicar la interrupción de los posibles plazos, pero si la infracción se cometió hace mucho tiempo, este dato puede ser útil.

También puede utilizarse cuando se den circunstancias especiales en la ejecución de la ODE y siempre que dicha ejecución se vea facilitada gracias a información complementaria, a pesar de las posibilidades de comunicación directa, por ejemplo:

Observaciones sobre la restricción de los contactos con terceros tras la detención, la mención de que existe riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de reincidencia.

Indicación de circunstancias que, en virtud de la Decisión marco 2008/909/JAI, hacen probable que la persona buscada se encuentre en posición de ser trasladada tras cumplir la posible pena privativa de libertad en el Estado miembro de ejecución en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE (como tener residencia, trabajo, vínculos familiares, etc. en el Estado miembro de ejecución).

Solicitud de consentimiento prevista en el artículo 27, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE.

Otras solicitudes de cooperación judicial, por ejemplo, una orden europea de investigación, que deban ejecutarse simultáneamente.

Relación con otras ODE.

Acuerdos relacionados con ODE simultáneas alcanzados entre autoridades emisoras, de forma que la autoridad de ejecución tenga conocimiento inmediato de dichos acuerdos y esté en posición de tenerlos en cuenta, especialmente aquellos alcanzados en reuniones de coordinación en Eurojust.

De conformidad con la Directiva 2013/48/UE, información sobre el abogado del Estado miembro de emisión que puede ayudar al abogado del Estado miembro de ejecución (el abogado elegido o el de oficio).

De conformidad con el artículo 22 de la Decisión marco 2009/829/JAI, información sobre cualquier medida de vigilancia previa (incumplimiento de las medidas de vigilancia).

f)

Otras circunstancias relacionadas con el caso (información facultativa):

(Nota: Pueden incluirse observaciones sobre la extraterritorialidad, la suspensión de plazos de prescripción y otras consecuencias de la infracción).

Recuadro g)

Incautación

Observación:

Fase previa al proceso (ODE dictada para la realización de diligencias penales)

Descríbase brevemente lo que se pide (teléfono móvil, ordenador portátil, tableta, arma, documentos de identidad o de viaje, etc.). Cuando no se solicite este tipo de cooperación, indíquese «No procede».

Descríbase, por ejemplo, el arma cuya incautación se solicita.

Menciónese toda la información disponible acerca de otras órdenes europeas de investigación o de embargo.

El recuadro g) no se refiere a «efectos personales»; indíquense aquí objetos que puedan constituir pruebas (por ejemplo, ordenadores portátiles, documentos personales, teléfonos móviles), a fin de que se pueda proceder a su incautación.

g)

La presente orden se refiere igualmente a la intervención y entrega de los objetos que puedan servir de prueba.

La presente orden se refiere igualmente a la intervención y entrega de objetos en poder de la persona buscada de resultas de la infracción:

Descripción y localización de los objetos (en caso de conocerse):

Recuadro h)

Observación:

Los guiones del formulario anejo a la Decisión marco se han sustituido por casillas. Márquese la casilla correspondiente, si ha lugar. Si la legislación no permite penas a perpetuidad, indíquese «No procede».

 

Fase previa al proceso (ODE dictada para la realización de diligencias penales)

Márquese la casilla, si ha lugar.

 

Fase posterior al proceso (ODE dictada para la ejecución de una sentencia o de una sentencia dictada en rebeldía)

Márquese la casilla, si ha lugar.

h)

La infracción o infracciones por la(s) que se ha emitido la presente orden es/son punible(s)/ha(n) dado lugar a una pena o medida de seguridad privativas de libertad de carácter perpetuo:

el ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor dispone revisar la pena impuesta —a instancia de parte o cuando hayan transcurrido al menos 20 años—, a efectos de la no ejecución de la pena o medida,

y/o

si el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia del Estado miembro emisor permite la aplicación de medidas de clemencia con vistas a la no ejecución de tal pena o medida.

Recuadro i)

Información relativa a la autoridad judicial de emisión

Observación:

Nombre de su representante: se incluirá, en las diferentes versiones lingüísticas, una referencia al «titular» de la autoridad judicial.

Indíquense las señas de la autoridad judicial de emisión.

Indíquense los números de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico de la autoridad judicial de emisión, preferiblemente en los que esta pueda ser contactada las veinticuatro horas del día.

Señas de contacto para gestiones prácticas: si es posible, indíquese el nombre y las señas de contacto de un funcionario de la administración de justicia que pueda comunicar en un idioma pertinente.

i)

Autoridad judicial emisora de la presente orden:

Denominación oficial: …

Nombre de su representante: …

Función (cargo/grado): …

Referencia del expediente: …

Dirección: …

N.o de tel. (prefijo de país) (prefijo de ciudad) […] …

N.o de fax (prefijo de país) (prefijo de ciudad) […] …

Correo electrónico: Observación: indíquese una dirección de correo electrónico oficial que se consulte frecuentemente

Señas de la persona de contacto para los aspectos prácticos de la entrega: …

Información de contacto de la autoridad central

En caso de designarse una autoridad central para la transmisión y recepción administrativas de las órdenes de detención europeas:

 

Nombre de la autoridad central: …

 

Persona de contacto, en su caso (cargo/grado y nombre): …

 

Dirección: …

 

N.o de tel. (prefijo de país) (prefijo de ciudad) […] …

 

N.o de fax (prefijo de país) (prefijo de ciudad) […] …

 

Correo electrónico: …

Firma de la autoridad judicial de emisión e información correspondiente

Observación:

Puede tratarse de la autoridad judicial o, por ejemplo, del secretario del tribunal o juzgado que firma en nombre de este.

Firma de la autoridad judicial emisora, de su representante o de ambos: …

Nombre: …

Función (cargo/grado): …

Fecha: …

Sello oficial (si lo hay) Observación : se trata del sello oficial, según el Derecho nacional, de la autoridad judicial de emisión. Utilícese siempre que exista.


ANEXO IV

Lenguas aceptadas por los estados miembros para las ode que reciben

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, los Estados miembros han depositado las siguientes declaraciones sobre las lenguas que aceptan para las órdenes de detención europeas que reciben:

Austria:

Alemán u otra lengua con carácter de reciprocidad (acepta recibir una ODE en la lengua oficial del Estado miembro que a su vez acepte recibir una ODE emitida por las autoridades judiciales austriacas en alemán).

Bélgica:

Francés, neerlandés, alemán.

Bulgaria:

Búlgaro.

Chipre:

Griego, turco, inglés.

República Checa:

Checo; en lo que respecta a la República Eslovaca, la República Checa aceptará una ODE dictada en eslovaco o que vaya acompañada de una traducción al eslovaco; en lo que respecta a Austria, la República Checa aceptará una ODE en alemán.

Dinamarca:

Danés, inglés, sueco.

Estonia:

Estonio, inglés.

Finlandia:

Finés, sueco, inglés.

Francia:

Francés.

Alemania:

Alemania aplica un régimen de reciprocidad (acepta recibir una ODE en la lengua oficial del Estado miembro que a su vez acepte recibir una ODE emitida por las autoridades judiciales alemanas en alemán).

Grecia:

Griego.

Hungría:

Húngaro o una traducción de la ODE al húngaro. En el caso de los Estados miembros que no exigen que la ODE esté exclusivamente en su propia lengua o en una de sus lenguas oficiales para aceptarla, Hungría acepta la ODE en inglés, francés o alemán, o una ODE que vaya acompañada de una traducción a una de esas lenguas.

Irlanda:

Irlandés o inglés o una lengua que el Ministerio de Justicia pueda fijar mediante decreto, o la ODE acompañada de una traducción al irlandés o al inglés.

Italia:

Italiano.

Letonia:

Letón, inglés.

Lituania:

Lituano, inglés.

Luxemburgo:

Francés, alemán, inglés.

Malta:

Maltés, inglés.

Países Bajos:

Neerlandés, inglés o cualquier otra lengua oficial de la Unión, siempre que se facilite conjuntamente una traducción al inglés.

Polonia:

Polaco.

Portugal:

Portugués.

Rumanía:

Rumano, francés, inglés.

Eslovaquia:

Eslovaco o, en virtud de acuerdos bilaterales anteriores, alemán en el caso de Austria, checo en el caso de la República Checa y polaco en el caso de Polonia.

Eslovenia:

Esloveno, inglés.

España:

Español. Cuando la ODE se emita mediante la introducción de una descripción en el SIS, la autoridad judicial de ejecución se encargará de la traducción de la ODE si esta no está en español.

Suecia:

Sueco, danés, noruego, inglés o una traducción a una de estas lenguas.


ANEXO V

Lista de sentencias del Tribunal de Justicia relativas a la Decisión marco sobre la ODE

C-303/05, Advocaten voor de Wereld (sentencia de 3 de mayo de 2007)

C-66/08, Kozłowski (sentencia de 17 de julio de 2008)

C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea (sentencia de 12 de agosto de 2008)

C-388/08 PPU, Leymann y Pustovarov (sentencia de 1 de diciembre de 2008)

C-123/08, Wolzenburg (sentencia de 6 de octubre de 2009)

C-306/09, I.B. (sentencia de 21 de octubre de 2010)

C-261/09, Mantello (sentencia de 16 de noviembre de 2010)

C-192/12 PPU, West (sentencia de 28 de junio de 2012)

C-42/11, Lopes da Silva Jorge (sentencia de 5 de septiembre de 2012)

C-396/11, Radu (sentencia de 29 de enero de 2013)

C-399/11, Melloni, (sentencia de 26 de febrero de 2013)

C-168/13 PPU, Jeremy F. (sentencia de 30 de mayo de 2013)

C-237/15 PPU, Lanigan (sentencia de 16 de julio de 2015)

C-463/15 PPU, A. (auto de 25 de septiembre de 2015)

Asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU Aranyosi y Căldăraru (sentencia de 5 de abril de 2016)

C-108/16 PPU, Dworzecki (sentencia de 24 de mayo de 2016)

C-241/15, Bob-Dogi (sentencia de 1 de junio de 2016)

C-294/16 PPU, JZ (sentencia de 28 julio de 2016)

C-182/15, Petruhhin (sentencia de 6 de septiembre de 2016)

C-452/16 PPU, Poltorak (sentencia de 10 de noviembre de 2016)

C-477/16 PPU, Kovalkovas (sentencia de 10 noviembre de 2016)

C-453/16 PPU, Özçelik (sentencia de 10 de noviembre de 2016)

C-640/16, Vilkas (sentencia de 25 de enero de 2017)

Pendientes:

 

C-579/15, Popławski

 

C-473/15, Schotthöfer & Steiner

 

C-191/16, Pisciotti

 

C-367/16, Piotrowski

 

C-496/16, Aranyosi


ANEXO VI

Sentencias del Tribunal de Justicia relativas al principio ne bis in idem

Asuntos acumulados C-187/01 y C-385/01, Gözütok y Brügge (sentencia de 11 de febrero de 2003)

El principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 54 del CAAS, se aplica también a los procedimientos de extinción de la acción pública, como los controvertidos en los litigios principales, por los que el ministerio fiscal de un Estado miembro ordena el archivo, sin intervención de un órgano jurisdiccional, de un proceso penal sustanciado en dicho Estado, una vez que el imputado haya cumplido determinadas obligaciones y, en particular, haya abonado determinado importe fijado por el ministerio fiscal.

C-469/03, Miraglia (sentencia de 10 de marzo de 2005)

El principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 54 del CAAS, no se aplica a una decisión de las autoridades judiciales de un Estado miembro de archivar un asunto después de que el ministerio fiscal haya decidido no proseguir la acción penal debido únicamente a que se han iniciado actuaciones penales en otro Estado miembro contra el mismo imputado y por los mismos hechos, sin que exista apreciación alguna en cuanto al fondo.

C-436/04, Van Esbroeck (sentencia de 9 de marzo de 2006)

1.

El principio ne bis in idem, consagrado por el artículo 54 del CAAS, debe aplicarse en un proceso penal entablado en un Estado contratante por hechos que ya han dado lugar a la condena del interesado en otro Estado contratante, aun cuando el citado Convenio no estuviera todavía en vigor en este último Estado en el momento en que recayó dicha condena, siempre que estuviera en vigor en los Estados contratantes de que se trata en el momento de apreciar los requisitos de aplicación del principio ne bis in idem por la instancia que conoce del segundo procedimiento.

2.

El artículo 54 del mismo Convenio debe interpretarse en el sentido de que:

el criterio pertinente a efectos de la aplicación del citado artículo del CAAS está constituido por el de la identidad de los hechos materiales, entendido como la existencia de un conjunto de hechos indisolublemente ligados entre sí, con independencia de su calificación jurídica o del interés jurídico protegido;

los hechos punibles consistentes en la exportación y la importación de los mismos estupefacientes y perseguidos en diferentes Estados contratantes del CAAS deben considerarse, en principio, como «los mismos hechos» en el sentido del referido artículo 54, si bien la apreciación definitiva a este respecto corresponde a las instancias nacionales competentes.

C-467/04, Gasparini y otros (sentencia de 28 de septiembre de 2006)

1.

El principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 54 del CAAS, resulta aplicable a la resolución de un tribunal de un Estado contratante, dictada tras haberse ejercitado la correspondiente acción penal, en virtud de la cual se absuelve definitivamente a un inculpado por haber prescrito el delito que dio lugar a la incoación de diligencias penales.

2.

El mencionado principio no se aplica a personas distintas de las que han sido juzgadas en sentencia firme por un Estado Contratante.

3.

Un tribunal penal de un Estado Contratante no puede considerar en libre práctica en su territorio una mercancía por el mero hecho de que un tribunal penal de otro Estado Contratante haya declarado, en relación con esa misma mercancía, que el delito de contrabando ha prescrito.

4.

La comercialización de una mercancía en otro Estado miembro, con posterioridad a su importación en el Estado miembro que ha pronunciado la absolución, constituye un comportamiento que puede formar parte de «los mismos hechos» a efectos del citado artículo 54.

C-150/05, Van Straaten (sentencia de 28 de septiembre de 2006)

1.

El artículo 54 del CAAS debe interpretarse en el sentido de que:

El criterio pertinente a efectos de la aplicación de este artículo es la identidad de los hechos materiales, entendida como la existencia de un conjunto de hechos indisolublemente ligados entre sí, con independencia de su calificación jurídica o del interés jurídico protegido.

En cuanto a los delitos sobre estupefacientes, no se exige que las cantidades de droga de que se trata en los dos Estados contratantes concernidos o que las personas que supuestamente hayan tomado parte en los hechos en ambos Estados sean idénticas.

Los hechos punibles consistentes en la exportación y la importación de los mismos estupefacientes y perseguidos en diferentes Estados contratantes de dicho Convenio deben considerarse, en principio, como «los mismos hechos» en el sentido del referido artículo 54, correspondiendo la apreciación definitiva a este respecto a las instancias nacionales competentes.

2.

El principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 54 de dicho Convenio, es aplicable a una resolución de las autoridades judiciales de un Estado contratante mediante la cual se absuelve definitivamente a un acusado por falta de pruebas.

C-288/05, Kretzinger (sentencia de 18 de julio de 2007)

1.

El artículo 54 del CAAS debe interpretarse en el sentido de que:

El criterio pertinente a efectos de la aplicación de este artículo es la identidad de los hechos materiales, entendida como la existencia de un conjunto de hechos indisolublemente ligados entre sí, con independencia de su calificación jurídica o del interés jurídico protegido.

Hechos consistentes en recibir tabaco extranjero de contrabando en un Estado contratante y en importar y poseer ese mismo tabaco en otro Estado contratante, caracterizados por la circunstancia de que el acusado, inculpado en dos Estados contratantes, tenía desde el principio la intención de transportar el tabaco, tras tomar posesión del mismo por primera vez, a un destino final atravesando varios Estados contratantes, constituyen comportamientos que pueden estar incluidos en el concepto de «los mismos hechos» a efectos del citado artículo 54. La apreciación definitiva a este respecto corresponde a los órganos nacionales competentes.

2.

A efectos del artículo 54 del CAAS, la sanción impuesta por un tribunal de un Estado contratante «se ha ejecutado» o «se está ejecutando» cuando, en aplicación del Derecho de dicho Estado contratante, se haya condenado al inculpado a una pena privativa de libertad cuya ejecución haya sido dejada en suspenso.

3.

A efectos del artículo 54 del CAAS, no debe considerarse que la sanción impuesta por un tribunal de un Estado contratante «se ha ejecutado» o «se está ejecutando» cuando el inculpado haya permanecido por breve tiempo en detención preventiva y/o en prisión provisional, y cuando, según el Derecho del Estado de condena, el tiempo de tal privación de libertad deba computarse a efectos de la posterior ejecución de la pena privativa de libertad.

4.

No puede influir en la interpretación del concepto de «ejecución», a efectos del artículo 54 del CAAS, el hecho de que un Estado miembro en el que una persona haya sido objeto de una sentencia condenatoria firme en virtud de su Derecho interno pueda emitir una ODE destinada a hacer que se detenga a la persona en cuestión con el fin de ejecutar dicha sentencia al amparo de la Decisión marco sobre la ODE.

C-367/05, Kraaijenbrink (sentencia de 18 de julio de 2007)

El artículo 54 del CAAS debe interpretarse en el sentido de que:

El criterio pertinente a efectos de la aplicación de este artículo es la identidad de los hechos materiales, entendida como la existencia de un conjunto de hechos indisolublemente ligados entre sí, con independencia de su calificación jurídica o del interés jurídico protegido.

Unos hechos diferentes —consistentes, por un lado, en poseer en un Estado contratante cantidades de dinero procedentes del tráfico de estupefacientes y, por otro lado, en cambiar por otra divisa, a través de las oficinas de cambio de moneda situadas en otro Estado contratante, cantidades de dinero procedentes también de tal tráfico— no deben considerarse «los mismos hechos», a efectos del artículo 54 del CAAS, por la simple razón de que el órgano judicial nacional competente compruebe que los hechos en cuestión están relacionados entre sí por una misma intención criminal.

Corresponde a dicho órgano judicial nacional determinar si el grado de identidad y de conexión entre todas las circunstancias de hecho que han de compararse llega hasta el extremo de que resulte posible constatar, aplicando el criterio pertinente mencionado más arriba, que se trata de «los mismos hechos» a efectos del artículo 54 del CAAS.

C-297/07, Bourquain (sentencia de 11 de diciembre de 2008)

El principio ne bis in idem establecido en el artículo 54 del CAAS se aplica a un proceso penal abierto en un Estado contratante por hechos por los que el acusado ya fue juzgado con sentencia firme en otro Estado contratante, aun cuando en virtud del Derecho del Estado donde fue condenado no haya podido ejecutarse directamente la pena que le fue impuesta debido a particularidades procesales como las que son objeto del procedimiento principal.

C-491/07, Turanský (sentencia de 22 de diciembre de 2008)

El principio ne bis in idem consagrado en el artículo 54 del CAAS no es de aplicación a una resolución por la cual una autoridad de un Estado contratante, después de examinar el fondo del asunto de que conoce, ordena, en una fase previa a la inculpación de una persona sospechosa de un delito, el archivo de las diligencias penales, cuando esta decisión de archivo, de acuerdo con el Derecho nacional de ese Estado, no extingue definitivamente la acción pública y no impide por tanto que se emprendan nuevas diligencias penales, por los mismos hechos, en ese Estado.

C-398/12, M. (sentencia de 5 de junio de 2014)

El artículo 54 del CAAS debe interpretarse en el sentido de que un auto de sobreseimiento por el que se decide no remitir el asunto a un tribunal competente para conocer sobre el fondo y que impide, en el Estado contratante en el que se dictó, nuevas diligencias por los mismos hechos contra la persona a la que ampara dicho auto, a menos que aparezcan nuevas pruebas contra ella, debe considerarse una resolución judicial firme, en el sentido de dicho artículo, que impide la apertura de nuevas diligencias contra la misma persona por los mismos hechos en otro Estado contratante.

C-261/09, Mantello (sentencia de 16 de noviembre de 2010)

A efectos de emisión y de ejecución de una ODE, el concepto de los «mismos hechos», recogido en el artículo 3, punto 2, de la Decisión marco sobre la ODE constituye un concepto autónomo de derecho de la Unión Europea.

En circunstancias como las del proceso principal, en el que, en respuesta a una solicitud de información en el sentido del artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE formulada por la autoridad judicial de ejecución, la autoridad judicial emisora, de conformidad con su Derecho nacional y respetando las exigencias derivadas del concepto de los «mismos hechos» recogido en ese mismo artículo 3, punto 2, de la Decisión marco sobre la ODE, declaró expresamente que la sentencia anterior dictada en su sistema jurisdiccional no era una sentencia firme que contemplara los mismos hechos mencionados en su orden de detención y que, por lo tanto, no impedía la práctica de las diligencias mencionadas en dicha orden de detención, la autoridad judicial de ejecución no tiene razón alguna para aplicar, en relación con tal sentencia, el motivo de no ejecución obligatoria establecido en el artículo 3, punto 2 de la Decisión marco sobre la ODE.

C-129/14 PPU, Spasic (sentencia de 27 de mayo de 2014)

1.

El artículo 54 del CAAS, que somete la aplicación del principio ne bis in idem a la condición de que, en caso de condena, la sanción «se haya ejecutado» o «se esté ejecutando», es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el referido principio.

2.

El artículo 54 del CAAS debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que se haya pagado únicamente la multa penal impuesta a una persona, condenada por la misma resolución de un tribunal de otro Estado miembro a una pena privativa de libertad que no se ha ejecutado, no permite considerar que la sanción se haya ejecutado o se esté ejecutando, en el sentido de esa disposición.

C-486/14, Kossowski (sentencia de 29 de junio de 2016)

El principio ne bis in idem enunciado en el artículo 54 del CAAS, interpretado a la luz del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe entenderse en el sentido de que una resolución del Ministerio Fiscal por la que se sobreseen las diligencias penales y se cierra con carácter definitivo, sin perjuicio de la eventualidad de una posterior reapertura del procedimiento o de una anulación de la resolución, el procedimiento de instrucción seguido contra una persona, sin imponerle sanciones, no puede calificarse de resolución firme, en el sentido de dichos artículos, cuando se desprende de la motivación de esa resolución que se puso fin al procedimiento sin llevar a cabo una instrucción en profundidad, siendo indicio de la inexistencia de esa instrucción la falta de audiencia de la víctima y de un eventual testigo.


ANEXO VII

Formulario normalizado para la decisión sobre la ODE

No podrá interpretarse que el presente formulario sustituye a la decisión relativa a la entrega que deberá notificarse a tenor del artículo 22 de la Decisión marco 2002/584/JAI, ni tampoco, cuando sea de aplicación y así lo solicite la autoridad emisora, al texto completo de la resolución judicial sobre la orden de detención europea

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ODE

REF. DE EMISIÓN:

REF. DE EJECUCIÓN:

 

REF. SIS:

AUTORIDAD EMISORA:

FECHA DE EMISIÓN:

AUTORIDAD DE EJECUCIÓN:

PERSONA BUSCADA

NACIONALIDAD DE LA PERSONA

 

II.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA SOBRE LA ODE

REF. DE LA AUTORIDAD, N.o DE SENTENCIA O RESOLUCIÓN

DE FECHA

-A- ☐ EJECUTADA:

CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA BUSCADA (Art. 13 DM ODE)

☐ 

RENUNCIA AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (Art. 13(2) DM ODE)

☐ 

☐ NO

EN CASO DE ENTREGA PARCIAL, SE RUEGA INDICAR PARA QUÉ INFRACCIONES NO SE ACEPTA LA ODE:

☐ NO

PLAZO DE DETENCIÓN EN EL ESTADO MIEMBRO DE EJECUCIÓN EN ESPERA DE LA ENTREGA (Art. 26 DM ODE)

☐ DETENCIÓN

INICIO (FECHA/HORA DE LA DETENCIÓN):

JUICIO EN REBELDÍA (Art. 4 bis DM ODE)

☐ 

☐ NUEVA NOTIFICACIÓN

☐ NUEVO JUICIO

☐ AMBOS INNECESARIOS (se cumplen los requisitos del artículo 4 bis)

FIN (FECHA/HORA DE LA ENTREGA)  (1) :

☐ NINGUNO

☐ NO

GARANTÍAS

(Art. 5 DM ODE)

☐ REVISIÓN DE LA CONDENA A PERPETUIDAD

(Art. 5(2) DM ODE)

SUSPENSIÓN

(Art. 24(1) DM ODE)

☐ 

☐ PARA ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO MIEMBRO DE EJECUCIÓN

☐ DEVOLUCIÓN DE NACIONAL O RESIDENTE DEL ESTADO MIEMBRO DE EJECUCIÓN

(Art. 5(3) DM ODE)

☐ PARA CUMPLIMIENTO DE PENA EN EL ESTADO MIEMBRO DE EJECUCIÓN

DURACIÓN TOTAL DE LA PENA IMPUESTA

 

☐ NO

ENTREGA TEMPORAL

☐ NO

☐ SÍ

HASTA EL (FECHA)

(Art. 24(2) DM ODE)

1.1.1.

MOTIVOS DE NO EJECUCIÓN OBLIGATORIA:

1.1.2.

MOTIVOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN NACIONAL:

☐ Principio NE BIS IN IDEM (Art. 3(2) DM ODE)

☐ MINORÍA DE EDAD (Art. 3(3) DM ODE)

☐ AMNISTÍA (Art. 3(1) DM ODE)

☐  SE RUEGA ESPECIFICAR:

III.- OBSERVACIONES:

 

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente del Estado miembro de ejecución

A LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL ESTADO MIEMBRO EMISOR


(1)  Esta nota a pie de página asumirá la siguiente forma: «La autoridad que efectúa la entrega consignará la fecha cuando la conozca. Podrá consignarla asimismo la autoridad que recibe la entrega.»


ANEXO VIII

Lista de Estados Miembros cuyos ordenamientos jurídicos pueden permitir la entrega por infracciones sancionadas con una pena inferior al umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, cuando dichas infracciones sean accesorias a la infracción o infracciones principales de la ODE  (1)

 

República Checa

 

Dinamarca

 

Alemania

 

Francia

 

Letonia

 

Lituania

 

Hungría

 

Austria

 

Eslovenia

 

Eslovaquia

 

Finlandia

 

Suecia


(1)  La lista se basa en las respuestas de veinte Estados miembros al cuestionario de la Comisión (no refleja necesariamente la situación de todos los Estados miembros). La lista ofrece una visión general de los Estados miembros en los que existe alguna posibilidad de realizar entregas por infracciones accesorias. Cabe destacar que esta posibilidad puede depender de varios factores, por ejemplo, la doble tipificación, y de la discreción de la autoridad judicial de ejecución caso por caso.


ANEXO IX

MODELO INDICATIVO DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN APLICACIÓN DE UNA ODE

ANEXO II de la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales  (1)

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Modelo indicativo de la declaración de derechos de las personas detenidas en aplicación de una orden de detención europea

Este modelo tiene como finalidad exclusiva ayudar a las autoridades nacionales a elaborar la declaración de derechos nacional. Los Estados miembros no están obligados a utilizar este modelo. Al elaborar la declaración de derechos, las autoridades competentes pueden modificar este modelo a fin de armonizarlo con las normas nacionales aplicables y añadir otra información útil.

A.   INFORMACIÓN SOBRE LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA

Tiene derecho a ser informado sobre el contenido de la orden de detención europea en virtud de la cual ha sido detenido.

B.   ASISTENCIA DE UN ABOGADO

Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite más información a la policía.

C.   INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

Si no habla o no entiende la lengua de la policía o de otras autoridades competentes, tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido de esa comunicación. Tiene derecho a una traducción de la orden de detención europea en una lengua que usted entienda. En determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales.

D.   POSIBILIDAD DE MANIFESTAR SU CONSENTIMIENTO

Puede aceptar o no aceptar ser entregado al Estado que lo reclama. Su consentimiento aceleraría el procedimiento. [Posible texto adicional para determinados Estados miembros: puede resultar difícil o incluso imposible modificar esta decisión en una fase posterior.] Solicite más información a las autoridades o a su abogado.

E.   AUDIENCIA

Si no acepta su entrega, tiene derecho a comparecer ante una autoridad judicial.


(1)  DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.


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