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Document 32017H0809(08)

Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España

OJ C 261, 9.8.2017, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 261/31


RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 11 de julio de 2017

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España

(2017/C 261/08)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3.

(3)

El informe específico de 2017 sobre España fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por España a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión le indujo a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos que tienen relevancia transfronteriza. En particular, los superávits de la balanza por cuenta corriente se están traduciendo en una reducción de los pasivos netos de España frente al exterior, que, no obstante, siguen siendo considerables y exponen al país a las fluctuaciones de la confianza del mercado. La deuda del sector privado se ha reducido de forma significativa, especialmente en el caso de las empresas, pero el endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel elevado. El crecimiento económico se ha convertido en el principal motor de la reducción de la deuda, sin embargo siguen existiendo riesgos elevados de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. De especial importancia es la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas de los desequilibrios sobre la economía española y, dadas su magnitud y relevancia transfronteriza, sobre la unión económica y monetaria. El sector financiero ha seguido mostrando un alto grado de estabilidad, respaldada por su reestructuración en curso, los bajos costes de financiación y la recuperación económica. La creación de empleo ha sido sólida en los últimos años y el desempleo ha disminuido rápidamente, a pesar de seguir siendo muy elevado. Las reformas del mercado laboral y la moderación salarial han contribuido significativamente a una fuerte creación de empleo y al incremento de la competitividad en los últimos años.

(4)

España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 el 28 de abril de 2017, y su Programa de Estabilidad de 2017 el 29 de abril de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, España prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2018, de acuerdo con la Decisión del Consejo, de 8 de agosto de 2016, por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas para corregir su déficit excesivo (en lo sucesivo, «Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016»). Está previsto que el déficit global siga reduciéndose hasta situarse en el 0,5 % del PIB en 2020. Las previsiones de gasto que figuran en el Programa de Estabilidad de 2017 incorporan la materialización de los pasivos contingentes relativos a las autopistas y el sector financiero, que ascienden a casi el 0,4 % y el 0,2 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente. No se prevé alcanzar, dentro del horizonte temporal del Programa de Estabilidad de 2017, el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. Se prevé que el saldo estructural recalculado (5) se sitúe en el -1,9 % del PIB en 2020. El Programa de Estabilidad de 2017 prevé que la ratio deuda pública/PIB descienda hasta el 98,8 % en 2017, el 97,6 % en 2018 y el 92,5 % en 2020. Las hipótesis macroeconómicas del Programa de Estabilidad de 2017 son verosímiles hasta 2018 y pasan a ser ligeramente favorables posteriormente. En conjunto, la consecución prevista de los objetivos sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas, no exentas, sin embargo, de riesgos. Otros riesgos que ponen en entredicho la consecución de los objetivos presupuestarios están relacionados con la incertidumbre relativa a la incidencia de las medidas tributarias recientemente adoptadas. Además, habida cuenta de la supuesta materialización de los pasivos contingentes (que no se incluyen en las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión), el Programa de Estabilidad de 2017 parte de una contención del gasto considerablemente superior a la recogida en las previsiones de la Comisión para 2017 y 2018. Por último, aún no se han concretado las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos para 2018.

(7)

El 8 de agosto de 2016, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las Administraciones Públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, en un 3,1 % del PIB en 2017 y en un 2,2 % del PIB en 2018. Se consideró que esta mejora del déficit de las Administraciones Públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, a partir de las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España alcanzó un déficit global del 4,5 % del PIB en 2016, por debajo del objetivo fijado en la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 3,2 % del PIB en 2017 y aún más hasta el 2,6 % del PIB en 2018, suponiendo que las políticas no varíen, un 0,1 % y un 0,4 % del PIB respectivamente por encima de los objetivos de déficit global del Programa de Estabilidad de 2017 y los fijados por el Consejo. A diferencia del Programa de Estabilidad de 2017, las previsiones no incluyen la materialización de los pasivos contingentes antes mencionados. Se espera que el esfuerzo presupuestario acumulado se alcance a duras penas en el período 2016-2017, mientras que en 2018, y en el supuesto de que no varíen las políticas, se prevé que el esfuerzo fiscal se quede corto en relación con lo exigido en la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Por otra parte, si bien, en agosto de 2016, el Consejo instó a España a que adoptase medidas de mejora del marco presupuestario, el Programa de Estabilidad de 2017 no contempla plan alguno para reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En términos generales, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas, especialmente en 2018, para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en particular los términos de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016.

(8)

España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, concretamente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes adjudicadores a todos los niveles de la Administración. El Gobierno ha presentado en 2017 algunas medidas que mejorarían el sistema de supervisión de la contratación pública y que actualmente están pendientes de aprobación parlamentaria.

(9)

España ha avanzado en la lucha contra la corrupción, en particular por lo que se refiere a la transparencia del proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo y más concretamente en lo que respecta a la promulgación de legislación relativa a la financiación de los partidos políticos, la publicidad patrimonial y los conflictos de interés. Se trata ahora de centrar la atención en la aplicación de estas medidas. No obstante, a pesar del incremento del número de investigaciones en casos de corrupción a escala local y autonómica, ni se han diseñado estrategias preventivas específicas en esos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva común entre ellos. Tampoco se han adoptado todavía medidas específicas respecto de otras deficiencias, como las lagunas en la legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión. Otra cuestión que se plantea se refiere a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. En 2015 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de limitar los plazos establecidos para las investigaciones y reducir los retrasos injustificados en los procesos penales. Sin embargo, con ello podría aumentar el riesgo de que los plazos de los procedimientos sean insuficientes para tratar asuntos complejos de corrupción si las disposiciones que permiten prórrogas resultan restrictivas.

(10)

A pesar de contar con un tipo normal del IVA acorde con la media de la Unión y de registrar una brecha de cumplimiento de las obligaciones de pago del IVA baja y en descenso, los ingresos procedentes del IVA son relativamente bajos en España. Esto se debe principalmente a que España aplica de forma muy generalizada exenciones o tipos reducidos a diversos productos y servicios. Como consecuencia de ello, España registró en 2014 la mayor brecha de la política en materia de IVA de la Unión (un 59 % frente a la media de la Unión, que se sitúa en torno al 44 %). Del mismo modo, en España los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales se sitúan entre los más bajos de la Unión, pese a algunas medidas adoptadas en los últimos años, principalmente en el sector de la energía. La imposición de tributos sobre la contaminación y la utilización de los recursos puede generar mayores ingresos y aportar importantes beneficios sociales y medioambientales. Además, existe una dispersión normativa que tiene como consecuencia la adopción de un enfoque heterogéneo en relación con determinados impuestos medioambientales a nivel autonómico. Por lo que respecta a los gastos, el Gobierno ha encargado a la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, que lleve a cabo una revisión que abarque todos los niveles de gasto de las Administraciones Públicas. Esta revisión puede contribuir a identificar aquellos ámbitos en los que sea posible subvenir a las necesidades de gasto con una utilización más eficiente de los recursos.

(11)

La creación de empleo, a la que han contribuido las reformas del mercado laboral y la moderación salarial, ha sido vigorosa estos últimos años. El desempleo ha disminuido rápidamente, pero sigue siendo uno de los más elevados de la UE, en particular entre los jóvenes y las personas escasamente cualificadas, lo que conlleva riesgos de desvinculación del mercado de trabajo. Casi la mitad de los desempleados lleva sin empleo más de un año. España está adoptando medidas para apoyar a los jóvenes, en particular mediante una ampliación de los criterios para optar a la Garantía Juvenil (6), y para reforzar el apoyo individual a los desempleados de larga duración. Su eficacia depende también del rendimiento de los servicios públicos autonómicos de empleo. Hay margen para potenciar su cooperación con los servicios sociales, con el fin de mejorar la prestación de servicios a los solicitantes de empleo, en particular a los desempleados de larga duración y a los beneficiarios de los sistemas de renta mínima garantizada. Al mismo tiempo, podría mejorarse la cooperación de los servicios públicos de empleo con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes tramitados por los servicios de empleo.

(12)

España presenta uno de los porcentajes más elevados de empleo temporal de la UE, y muchos de los contratos temporales son de muy corta duración. Los índices de transición de contratos temporales a contratos indefinidos son muy bajos en comparación con la media de la Unión. El recurso generalizado a contratos temporales va asociado a un menor crecimiento de la productividad (por ejemplo mediante un número inferior de oportunidades de formación en el puesto de trabajo), peores condiciones de trabajo y mayor riesgo de pobreza. Las reformas introducidas recientemente en el mercado de trabajo parecen haber producido un efecto ligeramente positivo en la reducción de la segmentación entre los contratos indefinidos y los contratos temporales, y el refuerzo que se está llevando a cabo de las inspecciones de trabajo está dando resultados positivos en la lucha contra el abuso de la contratación temporal. Sin embargo, algunas de las características del mercado laboral español, como la incertidumbre jurídica en el caso de litigios por despido o las indemnizaciones comparativamente elevadas por despido de los trabajadores con contratos indefinidos, todavía pueden desincentivar la contratación indefinida. Por otra parte, el sistema de incentivos a la contratación sigue siendo disperso y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. Aunque recientemente España ha creado un grupo de trabajo sobre la calidad del empleo, aún no ha elaborado un plan exhaustivo para luchar contra la segmentación del mercado laboral, a tenor del acuerdo alcanzado en 2014 entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

(13)

Sigue habiendo disparidades en las condiciones de elegibilidad de los sistemas de renta mínima garantizada y en el vínculo entre activación y protección en función de los distintos sistemas y comunidades autónomas. Determinados grupos vulnerables quedan fuera de los sistemas de renta mínima garantizada. La escasa eficacia de los sistemas se explica, en parte, por las grandes diferencias en las condiciones de acceso y adecuación de los regímenes autonómicos de renta mínima y por la fragmentación del sistema nacional de prestaciones en múltiples sistemas que se dirigen a distintas categorías de demandantes de empleo, gestionados por diversas administraciones. La fragmentación introduce discontinuidad en la ayuda concedida a aquellos que la necesitan y menoscaba la oferta de itinerarios integrados. En respuesta a los múltiples problemas que se plantean, un estudio que se está llevando a cabo en la actualidad pretende evaluar la eficacia de los regímenes nacionales y autonómicos de apoyo a las rentas. La orientación de las prestaciones familiares deja bastante que desear. Por otra parte, si tenemos en cuenta el efecto de los créditos fiscales, el sistema fiscal y de prestaciones es, en conjunto, ligeramente regresivo. Además, a medida que aumentan los ingresos familiares se incrementa netamente el uso de servicios de atención a los niños, lo que sugiere la existencia de obstáculos de acceso para los padres con bajos ingresos. Aunque mejora la prestación de cuidados de larga duración, existen disparidades entre las distintas comunidades autónomas y aún no se han cubierto las necesidades actuales.

(14)

Los deficientes resultados en materia educativa afectan negativamente al potencial de crecimiento a largo plazo de la productividad en España. Pese a las mejoras significativas registradas en los últimos años, la tasa de abandono escolar prematuro sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Existen grandes disparidades entre las distintas comunidades autónomas en materia de abandono escolar y rendimiento de los estudiantes, en particular en lo que respecta a las competencias básicas. Entre los factores que han contribuido al éxito de la educación escolar en las comunidades autónomas que obtienen mejores resultados se encuentra la formación del profesorado y el apoyo a los estudiantes de forma individualizada. España ocupa el segundo puesto en cuanto a tasa de repetición en la Unión, lo que aumenta el riesgo de abandono escolar, reduce las expectativas en cuanto al nivel de formación que se alcanzará y aumenta el coste de la educación. La empleabilidad de los titulados universitarios sigue siendo comparativamente baja. La escasa movilidad de los estudiantes y del personal académico, las oportunidades limitadas de períodos de prácticas, la falta de incentivos y la rigidez de la gobernanza universitaria siguen siendo obstáculos a la cooperación con las empresas en materia de educación o investigación.

(15)

A fin de aumentar la productividad y la competitividad, a España le beneficiaría un mayor fomento de la investigación y la innovación. Sin embargo, los resultados en materia de innovación han ido decayendo hasta situarse actualmente en un nivel inferior al de 2007, mientras que el desfase con la media de la Unión ha aumentado a lo largo del tiempo. El bajo rendimiento en innovación coincide con la disminución del gasto privado en I+D y apunta a la existencia de deficiencias en el marco de gobernanza de la investigación y la innovación. La Agencia Estatal de Investigación, encargada de gestionar la financiación de la investigación y la innovación procedente de la Administración central, comenzó a ser operativa a principios de 2017. Hasta ahora, no existe una planificación plurianual sistemática de los presupuestos destinados a los programas de apoyo. Además, la eficacia de los programas de apoyo no se evalúa sistemáticamente con vistas a mejorar su concepción y aplicación. Debido a la falta de incentivos y a la rigidez de la gobernanza de las universidades, la cooperación entre los sectores público y privado también sigue siendo escasa y la movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado es baja. La coordinación entre los distintos niveles de la Administración no es óptima, y, como consecuencia de ello, las políticas nacionales y autonómicas no funcionan en completa sinergia.

(16)

Las pequeñas empresas españolas suelen presentar una productividad significativamente inferior a la de sus homólogas en otros grandes Estados miembros. Dado el predominio de las empresas pequeñas en España, ello tiene un impacto significativo en la productividad del conjunto de la economía. Por tanto, si se logra eliminar los obstáculos que dificultan la creación de empresas, su funcionamiento y crecimiento, se conseguiría aumentar la inversión y la productividad. En los últimos años el Gobierno español ha adoptado diversas medidas destinadas a facilitar la creación de empresas y su crecimiento. La consolidación y la plena realización de estas reformas es fundamental para aprovechar plenamente sus ventajas. La Ley de garantía de la unidad de mercado adoptada en 2013 ha contribuido a contener los costes adicionales que ocasionan a los empresarios las diferencias y solapamientos sustanciales que existen en la reglamentación aplicable a las empresas en las distintas comunidades autónomas. El recurso creciente por parte de las empresas al mecanismo de denuncia previsto en esa Ley para obtener reparación por los obstáculos al acceso al mercado apunta a una posible necesidad de simplificar aún más los procedimientos de concesión de licencias. La coordinación entre las distintas administraciones públicas, incluida la realizada a nivel de conferencia sectorial, requiere esfuerzos adicionales. Ello es esencial para que la legislación actual y futura a todos los niveles aborde de forma efectiva los obstáculos innecesarios al acceso al mercado, también para los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa. En el sector minorista, la existencia de dobles autorizaciones para los establecimientos minoristas sigue restringiendo innecesariamente el acceso al mercado. Los requisitos de acceso al mercado previstos en la legislación autonómica relativa al sector de los servicios de vehículos con conductor y a los alquileres de corta duración podrían obstaculizar innecesariamente el desarrollo equilibrado de la economía colaborativa. En los primeros meses de 2017 España ha tomado medidas para sacar todo el provecho de la Ley de garantía de la unidad de mercado, como ejemplifican la recientemente adoptada guía relativa a su puesta en práctica y la publicación del catálogo de buenas y malas prácticas en su aplicación.

(17)

La regulación de los servicios profesionales sigue siendo relativamente restrictiva. Se conceden derechos proteccionistas («actividades reservadas») de forma selectiva a algunos proveedores de servicios, excluyendo a otros con cualificaciones similares pertinentes. En numerosas profesiones es obligatorio afiliarse a un colegio profesional. El nivel de restricción es mayor en España que en la media ponderada de la Unión por lo que respecta a los ingenieros civiles, arquitectos y guías turísticos. Es inferior a la media de la Unión respecto de los agentes de patentes y los abogados, si bien el acceso en España a esta última profesión se encuentra más restringido que para cualquier otra. Está pendiente de aprobación el proyecto de Ley de servicios profesionales que prevé, entre otras cosas, una racionalización de la afiliación a los colegios profesionales. Esta reforma establece también una mayor transparencia y responsabilidad de los colegios profesionales, mediante la apertura de las actividades reservadas injustificadamente y la preservación de la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y el ejercicio de los mismos en España.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

(19)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(20)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

RECOMIENDA a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

1.

Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016, incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto.

2.

Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes.

3.

Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración. Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.

Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

Por el Consejo

El Presidente

T. TÕNISTE


(1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

(3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

(4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

(5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.

(6)  Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (DO C 120 de 26.4.2013, p. 1).

(7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


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